Por qué es importante
En total, 398 candidatos y candidatas de 167 municipios se disputarán 16 curules en la Cámara de Representantes. Todos son víctimas y representantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país, o al menos así lo estipula que debería ser el decreto con el que el Gobierno reglamentó las CTEP el pasado octubre. Para varios candidatos del Chocó, estas curules son una oportunidad para tener una voz en el Congreso, y garantizar que sus necesidades y propuestas sean escuchadas.
"Al llegar al Congreso no solo seremos voces de las víctimas sino que tendremos la capacidad de participar del debate nacional y desde ahí proponer proyectos de ley que ayuden a aliviar las cargas de esta región que tiene el nivel más alto de necesidades básicas insatisfechas del país"
José de la Cruz Valencia, candidato de Bojayá
¿Qué está pasando con las campañas en Chocó?
Los candidatos y candidatas aún están a la espera de que lleguen los recursos estatales para hacer sus campañas a pesar de que las elecciones son el próximo 13 de marzo. Por ahora, han tenido que pedir favores a familiares y amigos para diseñar la imagen de sus campañas, usar las redes sociales para visibilizar sus propuestas, valerse de los líderes de cada una de las comunidades donde entra la señal para hacer la pedagogía por teléfono y costear de su bolsillo la gasolina para hacer reuniones. “Estamos haciendo campaña vía telefónica; esto es muy berraco”, cuenta José Sócrates, el candidato del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia. En su opinión, “esto parece un chiste”, pues “hay posibilidad de inscripción pero no hay posibilidad de hacer campaña porque no hay recursos”.
La principal preocupación en este momento es que no tienen los recursos para poder trasladarse hacia las comunidades a las que se llega por vía fluvial. Solo un recorrido de seis días para hacer campaña podría costar 10 o 11 millones de pesos. “Movilizarse tiene costos elevados; y así no vamos a poder llegar a los rincones de estos 14 municipios, hablar con la gente y plantear nuestras propuestas”, afirma José de la Cruz. Las víctimas reclaman que se está produciendo una “competencia desleal”; pues el que tenga los recursos propios para ir a las zonas más alejadas y hacer campaña tendrá más posibilidades para ganar la curul. “El gobierno por un lado nos puso a pelear y por el otro a que hagamos campaña con las uñas”, comenta la candidata Zenaida Riosucio, desplazada de la masacre de Bojayá.
¿Qué pasa con la financiación?
La financiación de las campañas por las curules de paz es diferente al de las elecciones regulares. El acto legislativo 2 del 25 de agosto de 2021, que creó las circunscripciones especiales de paz, plantea una financiación “preponderantemente” estatal, a través de la reposición de votos y anticipos; y un pequeño porcentaje de financiación privada que debe estar en un fondo común, controlado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que debe repartir este dinero entre todos los y las candidatas. Este modelo no permite la financiación directa de privados.
Sin embargo, este proceso de financiación no está funcionando como se esperaba para el caso del Chocó; tampoco para el resto de los departamentos.
En realidad, esto es lo que está sucediendo:
- Hay preocupación respecto al censo electoral de las zonas rurales, sobre el cual se define el monto de financiación que la CNE debe distribuir a los candidatos. Pese a que ya terminó el proceso de inscripción de cédulas en los 167 municipios, hay indicios de que el censo está desactualizado por la cantidad de barreras tanto tecnológicas como de movilidad que tienen estas comunidades. “Si el censo está desactualizado no se sabe cual es el valor de los anticipos y su cálculo podría ser inferior al que los candidatos necesitan para sus campañas”, advierte Mauricio Vela, coordinador del Observatorio Político Electoral para la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE). Además, reclama Zenaida, se quedaron por fuera las víctimas que están en los casos urbanos o las que no han podido tener un retorno con garantías a sus comunidades.
- Existen demasiados trámites que superan las capacidades económica y de gestión de las organizaciones sociales y de los candidatos de estas regiones, donde la mayoría son indígenas, campesinas o afros de bajos recursos. Por ejemplo, uno de los requisitos para pedir los anticipos que deben cumplir los candidatos es pagar una policía, que puede costar entre 5 y 7 millones de pesos, para “salvaguardar” los recursos públicos. Además, el acto legislativo exige la apertura de cuentas bancarias; lo que resulta un obstáculo más debido a la baja bancarización de estas zonas. Lo que refleja, según Mauricio, “que realmente no se analizaron las condiciones de estos territorios al crear esta reglamentación. Faltó un poco de sentido común, debería ser menos engorrosa”.
- No se sabe cómo funciona el fondo de recursos privados y para muchos candidatos no tiene sentido. “Eso tiene algo complejo porque el financiador privado estaría apoyando a todos los candidatos; no parece ser una estrategia muy atractiva”, comenta Julio Cesar Paredes, experto del fondo territorial de capital humano del Instituto para las Transiciones Integrales (Ifit, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que brinda asesoría técnica, imparcial e independiente a tomadores de decisión en contextos de negociaciones o transiciones.
- También existen reclamos sobre algunos candidatos que posiblemente están recibiendo dinero y respaldo de partidos políticos tradicionales de la región, o que su candidatura incumple alguno de los requisitos del decreto en cuanto a su condición de víctima o por haber sido candidatos/as a cargos públicos con avala de movimientos políticos con representación en el Congreso. Todo esto está prohibido según el decreto 1207 de 2021.
- Todavía hay muchas dudas sobre el acto legislativo y sus diferentes resoluciones, en especial en lo que respecta a las fuentes de financiación, procedimientos, fechas, plazos e inhabilidades. De acuerdo a los candidatos y candidatas esto ha traído toda clase de obstáculos y retrasos en la solicitud de los anticipos y muchas dudas respecto a cómo manejar los recursos propios.
Los expertos explican que esta clase de inconsistencias y retrasos con respecto a la financiación puede traer consecuencias graves. Si los candidatos comienzan a improvisar con el dinero sin conocer qué fuentes de financiación están prohibidas y cómo deben manejar sus recursos propios, podrían ser sancionados o, en el peor de los casos, podrían provocar que su candidatura fuera inhabilitada por el CNE según lo reglamentado por el decreto y por ende quedara la “la silla vacía”. Para José de la Cruz, “el riesgo es que toda la región se quede sin representación, que no haya esa persona que ayude a legislar en beneficio de esta colectividad, que no haya esa voz de los que no tiene voz en el Congreso”.
Organizaciones como la Moe insisten en la necesidad de que el Ministerio del Interior cree comisiones de seguimiento y hacen una llamado a la CNE para que haga pedagogía en los territorios sobre el manejo de los recursos para que los candidatos, con el fin de atender de manera preventiva las situaciones de estos municipios y adoptar de manera conjunta medidas de prevención o mitigación de estos riesgos.
Qué dice la gente
Para varios candidatos y candidatas, si no se hace una campaña pedagógica sobre la importancia de las curules de paz, no se podría garantizar que las elecciones sean realmente democráticas y que las comunidades voten de manera informada. Por eso, reclaman por la falta de garantías electorales.
- “Puede que haya mucha abstención porque le van a restar importancia; o van a votar por gente apoyada por los partidos tradicionales; tenemos que llegar a las comunidades para que ellos sepan y que no compren su conciencia”, advierte José Sócrates.
- “El pueblo tiene que actuar con libertad a la hora de elegir. Queremos una representación más cercana a la comunidad, alguien que pueda elevar la voz frente a las necesidades que tenemos, más cuando el departamento está asediado por la situación de violencia”, comenta José de la Cruz.
- “Hago un llamado al gobierno para que asuma su responsabilidad; no nos han dado las garantías para que podamos hacer esto dignamente. Tienen que asumir la seguridad de nosotros en los territorios”, reclama Zenaida.
Otros riesgos
También hay otros factores que ponen en riesgo la campaña de los y las aspirantes a las curules de paz. Los dos más graves son la situación de seguridad en los territorios y la financiación de las campañas. Según la Moe, el 100 por ciento de los municipios que representan la Circunscripción No.6 (12 municipios de Chocó y 2 de Antioquía), presentan algún nivel de riesgo por violencia y un 71 por ciento un riesgo por fraude electoral.
Una situación parecida viven otros municipios dentro de las demás circunscripciones. Según la Moe, en este momento el 86 por ciento del total de los municipios inscritos a nivel nacional tiene algún nivel de riesgo por violencia y alrededor del 56 por ciento de los municipios tiene algún riesgo de fraude electoral.
Lo que sigue
Aún no hay indicios de que el CNE determine cuándo y cómo llegarán los recursos. La votación se hará el 13 de marzo, el mismo día que se elegirá el nuevo Congreso y también las candidaturas únicas de las tres coaliciones que se conformaron para competir por la Presidencia.
