Después de más de una semana de caminata, la movilización conocida como “El Grito del Agua” dejó Caquetá y entró al Huila. Son 25 personas —líderes sociales, ambientalistas y habitantes del barrio Cataleya 2— que recorren a pie la vía hacia Bogotá para pedir al Gobierno nacional una solución a la contaminación del río Caguán, fuente del acueducto municipal.
Su reclamo central es la falta de infraestructura para tratar las aguas residuales. Decenas de barrios siguen descargando directamente al río, mientras un plan maestro de alcantarillado formulado en 2018 continúa sin financiación.
¿Por qué esta marcha importa para San Vicente?
San Vicente del Caguán es uno de los municipios más extensos del país: tiene cerca de 55 mil habitantes repartidos en 17.875 kilómetros cuadrados. Según un reportaje publicado por Consonante el año pasado, más de la mitad de su población (51,77 por ciento) vive en zonas rurales, donde la cobertura de servicios básicos como acueducto y saneamiento sigue siendo limitada. Incluso en el casco urbano —donde reside el 48,23 por ciento restante—, abrir una llave y confiar en el agua sigue siendo una incertidumbre cotidiana.
En la sabana del municipio, veredas como Santa Rosa, Tres Esquinas y Puerto Betania consumen agua directamente del río Caguán sin ningún tipo de tratamiento. Otros centros poblados —Villa Lobos, La Novia, Las Damas, Ciudad Yarí, Villa Carmona y Los Pozos— dependen de aljibes o represas artesanales, impulsadas con motobombas a gasolina o paneles solares privados.
Wilman Fierro, diputado del Caquetá y oriundo del municipio, resume la magnitud del problema:
“El municipio no cuenta con planta de tratamiento de agua en ninguno de los 18 centros poblados. Los habitantes se abastecen de ríos, caños o aljibes, a veces en pésimas condiciones. En verano los reservorios se secan y la gente termina tomando agua de donde beben los animales”.
Un río que abastece, pero también recibe descargas
En el casco urbano, la fuente principal de preocupación es el río Caguán. Pocos metros antes del punto de captación para la planta municipal, el afluente recibe vertimientos provenientes del caño El Temblón y de conexiones domésticas directas, debido a que ningún barrio cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales.
Las denuncias llegaron primero a medios comunitarios como Contacto Nacional, que documentaron cómo el crecimiento urbano no fue acompañado de inversiones en saneamiento. Esa situación —dicen los caminantes— se repite desde hace más de una década sin una solución estructural.
En 2018, la Alcaldía y la Gobernación del Caquetá formularon un plan maestro de acueducto y alcantarillado que incluía la construcción de cuatro plantas de tratamiento y tenía un costo estimado de 50 mil millones de pesos. El proyecto no logró financiación nacional ni departamental.
Un reportaje previo de Consonante también registró otros intentos comunitarios: habitantes compraron un terreno y lo cedieron al municipio para levantar una PTAR que evitara descargas en otro afluente. Un año después, la obra no ha comenzado. Además, existe un espacio destinado a una futura represa, pero la iniciativa no ha recibido respaldo institucional y su costo supera la capacidad económica de las comunidades.
Dayana Alexandra Gil Parra, comunicadora comunitaria y una de las caminantes, asegura que llegarán a Bogotá con documentos técnicos para insistir en la viabilidad del proyecto.
“No vamos solo a exigir: llevamos el plan con estudios y especificaciones. Queremos que nos escuchen”, dice.
¿Qué dicen las autoridades?
La marcha comenzó el 2 de febrero en el parque del Hacha, en San Vicente del Caguán. Desde entonces, los caminantes han enfrentado largas jornadas bajo el sol, ampollas y cansancio físico. En municipios del Huila, como Altamira, fueron recibidos por autoridades locales y organizaciones sociales que escucharon sus reclamos y ofrecieron hospedaje y alimentación.
Allí reiteraron que su movilización no es una petición simbólica, sino una exigencia por el derecho al agua.
Además, los organizadores afirman que invitaron a la Alcaldía de San Vicente y a varias dependencias desde el inicio del proceso, sin obtener acompañamiento. Tres concejales expresaron respaldo, pero no pudieron sumarse al recorrido.
Hasta el cierre de esta publicación, la administración municipal no había respondido a solicitudes de información enviadas por los marchantes ni por este medio.
Lo que sigue
Cuando lleguen a Bogotá, los caminantes esperan reunirse con congresistas y funcionarios del Gobierno nacional para destrabar la financiación del plan maestro y reactivar los proyectos de saneamiento básico.
La caminata busca algo más que atención mediática: poner cifras, documentos y voces locales en el centro del debate sobre un problema que —según los propios habitantes— define la salud, la economía y la permanencia de cientos de comunidades en el territorio.
