Son cinco hombres los que buscan ser los sucesores del alcalde Hamilton García. Por ahora, los que puntea para llegar a la Alcaldía son Enrique Luis Fonseca, considerado en el municipio como el candidato de la administración porque viene del mismo movimiento, y el exconcejal y diputado Micher Pérez. También están en campaña un excombatiente de las Farc que fue Representante a la Cámara entre 2018 y 2019, un abogado que ha hecho su carrera en el sector público y un profesional en Salud Ocupacional que ha sido empresario y trabajó en la actual Alcaldía.
El cargo es clave porque es la máxima autoridad administrativa, el jefe de la Policía en el municipio y el que maneja el presupuesto municipal que en 2021 fue de más de 37 mil millones de pesos. Además, el alcalde es quien nombra a los cuatro secretarios que estarán al frente de temas de gobierno, planeación, hacienda y desarrollo social.
Consonante revisó quiénes son los candidatos a la Alcaldía de Fonseca y cuáles son sus propuestas. Los cinco planes de gobierno — el documento en el que dicen cuál es su visión y las propuestas que tienen para el municipio – tienen entre 30 y 35 páginas, a excepción del de Orangel Romero que tiene 18. Sólo dos candidatos, Enrique Lusi Fonseca y Micher Pérez, incluyen una sección de contexto y diagnóstico en el que cuentan las problemáticas y oportunidades de Fonseca sustentadas con cifras oficiales. El programa de Pérez es el único que tiene un apartado sobre las fuentes de financiación que tiene en cuenta para los planes propuestos, pero no especifica la inversión que requeriría cada uno. Los demás candidatos tratan las problemáticas sin datos, sin fuentes claras y sin especificar la inversión ni de dónde saldría el dinero para financiar las propuestas.
Todos coinciden en que deben invertir en mejorar la infraestructura física de las instituciones educativas, en capacitar a docentes y en formar a profesores y estudiantes en herramientas digitales. También en fomentar los emprendimientos por medio de incentivos económicos o créditos de fácil acceso. Las propuestas incluyen rescatar el patrimonio cultural del municipio y fomentar la participación y divulgación de eventos culturales como el Festival del Retorno.
La seguridad es otro punto en común en el que proponen fortalecer la relación entre ciudadanos y la fuerza pública, pero algunos le suman programas enfocados en prevención del delito y otros una inversión fuerte en cámaras de seguridad que funcionen todo el día, todos los días (una medida que comenzó con el actual alcalde y tiene como fin combatir la inseguridad). También reconocen la importancia del campo, pero tienen miradas distintas: uno propone un centro de acopio para almacenar y vender productos locales, otro le apuesta a la industrialización del campo, uno quiere impulsar asociaciones y cooperativas de productores y dos hablan de mejoramiento genético para algunos animales.
Su recorrido político inició en 2004 como concejal de Fonseca, cargo en el que estuvo por dos periodos (hasta 2011). Después se lanzó a la Asamblea, quedó electo y desde entonces ha mantenido su curul. Actualmente es el presidente del partido Alianza Social Independiente (ASI) en La Guajira al que ha pertenecido desde que se lanzó al Concejo.
Propuestas:
Aquí el plan de gobierno completo
Es abogado especialista en derecho administrativo. Ha sido inspector de Policía, personero y secretario de Gobierno de Fonseca. También se ha desempeñado como asesor jurídico de la Empresa de Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado de Valledupar (Emdupar), la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y el Hospital San Agustín de Fonseca. Fue senador (2002- 2006) por el Movimiento Renovador de Acción Social (Moral), del político Miguel Pinedo, condenado por nexos con paramilitares. En las últimas dos elecciones ha aspirado sin éxito a la Alcaldía con el apoyo del partido Liberal.
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Profesional en salud ocupacional y técnico profesional en minería. Se ha movido en el sector empresarial fundando varios establecimientos de comercio y como técnico operador de producción en la mina de carbón del Cerrejón. En el sector público ha trabajado en la Registraduría Nacional y como director municipal de Gestión del Riesgo en la actual Alcaldía (2020-2021).
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Estudiante de Ciencias Políticas. Nació en Mompox, Bolívar y fue presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla. Ingresó a las antiguas Farc en 2001 y fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz en 2016. Dos años después, y por seis meses, fue representante a la Cámara en reemplazo de Jesús Santrich, excombatiente que fue capturado.
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Médico veterinario y zootecnista con especialización en producción bovina tropical. Ha sido instructor del Sena, veterinario del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Ranchería (Cenproranchería) y coordinador del programa de trazabilidad bovina del Instituto Colombiano Agropecuario sede La Guajira. En 2021 fue alcalde encargado de Fonseca cuando anularon la elección de Hamilton García por estar inhabilitado, una decisión que tumbó la Corte Suprema. En febrero de este año la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria porque, como alcalde encargado, presuntamente violó la ley que dice que las entidades públicas no pueden celebrar contratos cuatro meses antes de unas elecciones (en ese caso, elecciones atípicas).
Propuestas:
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“Algunas personas creen que los votos en blanco se le suman al candidato más votado”, cuenta Javier Pallares, consejero de juventudes de Fonseca (La Guajira), cuando habla sobre la desinformación que se mueve en las elecciones. Sin embargo, este es tan solo uno de los mitos que circulan en época electoral y que en ocasiones logran confundir al elector o lo llevan a abstenerse o hasta cambiar su voto.
Para que usted pueda votar informado el 29 de octubre, Consonante le explica 10 de los mitos que más están sonando de cara a las próximas elecciones regionales y por qué no debe creerlos.
El 29 de octubre se votará para elegir las cuatro autoridades regionales: el alcalde, que es la máxima autoridad en el municipio; los concejales que harán aparte del Concejo Municipal y cuya labor principal es realizar control político al alcalde; el gobernador, que es la máxima autoridad del departamento; y los diputados que integrarán la Asamblea Departamental y deberán hacerle control político al gobernador. Además, en los distritos o municipios con localidades se elegirán ediles de las Juntas Administrativas Locales.
Esto quiere decir que el 29 de octubre cada votante recibirá cuatro tarjetones.
Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que las autoridades locales se eligen al mismo tiempo y en una fecha distinta a las nacionales como parte de la descentralización del país. “Esto se hizo bajo la lógica de que cuando se hiciera un proceso electoral nacional, que es el que se hace primero, como ocurrió el año pasado, no tuviera injerencia en las elecciones locales”, dice.
Legalmente, los candidatos que se lanzan por primera vez tienen las mismas posibilidades que los demás candidatos y no es un requisito previo haber aspirado antes al mismo cargo de elección popular. Un ejemplo de esto es que el exagobernador de La Guajira, Nemesio Raul Roys, y el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, no habían aspirado a ese cargo antes de ser elegidos. También hay casos como el de Guillermo Torres, conocido como Julián Conrado, actual alcalde Turbaco (Bolívar), un reincorporado de las antiguas Farc que quedó elegido y nunca había sido candidato a un cargo de elección popular.
Para Salazar, la idea de que los candidatos nuevos no son elegidos, pasa sobre todo por imaginarios que existen en zonas “dominadas por los clanes políticos”: “En el resto del país creo que es más bien común que quien se lanza por primera vez tenga unas buenas probabilidades de llegar. Por supuesto que es difícil, no porque los candidatos nuevos nunca se puedan elegir por una regla generalizada, sino porque existen unas condiciones preexistentes que generan que la competencia electoral sea muy difícil”. Como puede ser la financiación de la campaña.
“Las elecciones no se ganan o se pierden solamente el día de las elecciones — dice Esteban Salazar de Pares —, también pueden ganarse o perderse las dos semanas siguientes a la votaciones durante el proceso del escrutinio, que es el que tiene validez jurídica”. En realidad lo que vemos el día de las votaciones en medios de comunicación o en la página de la Registraduría es el preconteo y es de carácter informativo. De ahí sigue el proceso de escrutinio que es el conteo y la consolidación oficial de los resultados de las votaciones para cada candidato y lista de candidatos.
En el escrutinio, por ejemplo, se verifica si lo que se informó en el conteo estuvo bien o si hubo errores que se deben subsanar. A veces hay errores, intencionales o no, de contar un voto que debía ser válido como uno nulo o viceversa. Eso puede aumentar o disminuir el número de votos de un candidato. En el proceso de escrutinio participan a nivel municipal un registrador, testigos electorales, los candidatos, abogados o apoderados de los candidatos y funcionarios de los entes de control como la Procuraduría.
Sí lo tiene, tanto jurídico como simbólico. La Corte Constitucional reconoce el voto en blanco como una expresión de inconformismo, abstención o disentimiento político en la elección. “La importancia del voto en blanco es simbólica, puede mandar un mensaje de hastío de los políticos que están en la contienda electoral”, dice Diógenes Rosero, director del capítulo regional Costa Atlántica de la Fundación Foro Nacional por Colombia, una ONG que busca fortalecer la democracia en el país.
El voto en blanco también se cuenta dentro de los votos válidos como si fuera otro candidato. La diferencia es que sólo puede ganar con la mitad más uno del total de los votos válidos. Según la Constitución Política de 1991, si esto pasa, las elecciones deben repetirse con nuevos candidatos, ya que el triunfo es leído como un inconformismo de los ciudadanos con los candidatos postulados. En la historia del país, al menos tres veces ha ganado el voto en blanco en elecciones regionales: en 2011 en Bello (Antioquia) y en 2015 en Tinjacá (Boyacá) y Florida (Valle del Cauca).
“El voto en blanco es una opción para los que no se sienten representados. Se contabiliza como voto válido, pero no se le suma a ningún otro candidato que gane o pierda, es una opción aparte”, explica Rosero de Foro Nacional por Colombia.
Es decir, la Registraduría contabiliza el voto en blanco de forma independiente como si se tratara de otro candidato.
Según la Registraduría, el voto es nulo — o sea que no es válido para ningún candidato, partido o movimiento— sólo cuando la intención del elector no es clara. Eso pasa, por ejemplo, porque marca dos casillas en el tarjetón y no es posible saber qué era lo que quería manifestar el votante.
Es decir, cualquier marca o rayón que haga sobre una de las casillas de los candidatos que aparecen en el tarjetón es interpretada como un voto a favor del candidato que está ahí. Si usted dibuja un corazón, hace una línea, dibuja un bigote o escribe insultos dentro de una de las casillas del tarjetón, ese voto es válido y es sumado a favor del candidato que estaba en esa casilla porque es considerado como una marca clara e intencional.
Sin embargo, la recomendación es poner siempre una equis (X) en la casilla del candidato por el que quiere votar. De esta manera no hay dudas sobre su intención de voto.
No es necesario elegir a los candidatos del mismo partido o movimiento en cada uno de los tarjetones.
“El sistema político colombiano es muy diverso y permite que tú votes por diferentes partidos a diferentes corporaciones”, afirma Diógenes Rosero de Foro Nacional por Colombia. Dice que una muestra de eso es que hay partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos (que son los que recogen firmas) que no tienen candidatos en todas las corporaciones. Por ejemplo, no es obligatorio que un candidato a la Alcaldía que se inscribió por firmas tenga inscrita una lista al Concejo. Por eso mismo, hay un tarjetón para cada cargo al que aspiran y los votos se cuentan por separado.
Sí lo hace. El sistema electoral del país cuenta cada voto válido y puede ser decisivo para definir si un candidato es elegido o no. Por ejemplo, en las elecciones de 2019, Cristian Copete fue elegido como alcalde de Tadó en el Chocó, por una diferencia de ocho votos.
También hay otros casos en los que un voto puede alterar la balanza. En 2015, dos candidatos al concejo de Barranquilla quedaron empatados y tuvieron que definir quién se quedaba con la curul al azar sacando el nombre del concejal electo de una urna. El procedimiento está contemplado en el Código Electora, la ley que regula los procesos electorales en el país. En este caso, si alguno de los aspirantes al Concejo hubiera tenido un voto más, no hubieran tenido que recurrir a la suerte.
Salazar, coordinador de Pares, también dice que votar tiene varias implicaciones: “El voto no sólo es la decisión sobre el día de las elecciones, sino sobre el futuro de un municipio. Ese voto puede cambiar la dirección y el desarrollo de un territorio en los próximos cuatro años y de muchas personas que dependen del presupuesto público”.
Según el artículo 259 de la Constitución: “Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”. Eso quiere decir que el programa que se inscribe ante la Registraduría — y que contiene las propuestas y las visiones del candidato frente al municipio— deberá coincidir con el Plan de Desarrollo Municipal que deberá formular en caso de ser elegido.
Si hay un incumplimiento, los concejos y las asambleas que hacen control político a alcaldes y gobernadores y las veedurías ciudadanas que vigilan la gestión pública, son los llamados a denunciar ante los entes de control. Esto teniendo en cuenta que hay incumplimientos que obedecen a circunstancias de tiempo, modo y lugar que pueden alterar lo propuesto, como lo fue en su momento la pandemia de covid.
La Ley 403 de 1997 estableció varios beneficios para los votantes, esto como parte de la idea de reconocer y estimular el voto. Entre los beneficios está: media jornada de descanso remunerada en el mes siguiente del día de la votación, rebaja de un mes en la prestación del servicio militar para soldados y auxiliares bachilleres y de dos meses para soldados campesinos y regulares, 10% de descuento en la matrícula de universidad pública y en la expedición del pasaporte, y preferencia de ser elegido en caso de igualdad de puntaje en exámenes para ingreso de universidades públicas y privadas o para empleos de carrera en el Estado.
Para acceder a estos beneficios debe tener el certificado electoral — un pequeño documento que le dan después de votar— que contiene datos como su nombre completo, número de cédula y el puesto de votación, y va firmado por el jurado de votación.
La carrera por reemplazar a Álvaro Díaz en la Alcaldía sólo tiene dos competidores y, hasta el momento, ninguno se perfila como posible ganador. La apretada campaña electoral tiene a San Juan a la expectativa de saber quién será el próximo mandatario que decidirá el rumbo del municipio en los próximos cuatro años.
El cargo es clave porque es la máxima autoridad administrativa, el jefe de la Policía en el municipio y el que maneja el presupuesto del municipio que el año pasado fue de más de 68 mil millones de pesos. Además, el alcalde es quien nombra a los cinco secretarios que estarán al frente de temas de gobierno, planeación, salud, hacienda y asuntos jurídicos.
Consonante revisó quiénes son los candidatos a la Alcaldía de San Juan y cuáles son sus propuestas. En sus programas de gobierno — el documento en el que dicen cuál es su visión y las propuestas que tienen para el municipio— los dos aspirantes coinciden en qué es clave ampliar el acceso de servicios de alimentación y transporte escolar para tener mayor cobertura y una educación de calidad. También, en darle un papel más importante al ecoturismo y al etnoturismo y reactivar el proyecto de distrito de riego de la represa Ranchería, en invertir en las vías terciarias para una mejor conectividad. Así como aumentar la cobertura de servicios como energía y agua potable.
Ambos buscan impulsar el sector agropecuario para dinamizar la economía, pero tienen miradas distintas sobre cómo hacerlo. Por ejemplo, uno propone un centro de investigación de mejora genética para algunos animales y fortalecer la feria ganadera y agropecuaria de San Juan para que sea nivel nacional, mientras el otro quiere garantizar a los campesinos la comercialización de sus productos por medio de contratos. También distan de la relación con Valledupar: mientras uno quiere que San Juan sea parte de su área metropolitana, otro quiere poner fin al lío que hay por los límites entre ambos y dejarlos bien definidos.
Abogado especialista en derecho administrativo. Fue concejal de San Juan de 2012 a 2014. Un año después aspiró a la Alcaldía con el aval del Centro Democrático y el Partido Liberal, pero se quemó con más de 8 mil votos. Cuatro años después volvió a aspirar con el apoyo del partido cristiano Colombia Justa Libres pero quedó de segundo con casi 6 mil votos. En 2020 fue director de Participación Ciudadana de La Guajira y asesor de la Federación Nacional de Departamentos. Va en fórmula con el candidato a la Gobernación Jairo Aguilar, primo del senador Alfredo Deluque de La U. En el municipio es visto como el candidato de la Alcaldía.
Propuestas:
Médico ginecólogo y empresario del sector salud. Es propietario de la Clínica Someda de San Juan del Cesar. En 2002 se lanzó a la Alcaldía sin éxito. Dos años después fue elegido senador por el partido Conservador. En 2008 regresó a San Juan, se lanzó a la Alcaldía y ganó; pero su elección fue anulada un año después porque su hermano era funcionario del municipio y eso lo inhabilitaba para ser candidato. En 2019 apoyó la candidatura de Álvaro Díaz, actual mandatario del que está distanciado.
Propuestas:
A menos de dos meses de las próximas elecciones regionales, las y los candidatos a alcaldía, gobernación, concejo y asamblea han empezado a mover con fuerza sus campañas para quedarse con los puestos a los que aspiran. Sin embargo, no todo está permitido. Hay organismos del Estado y leyes que limitan acciones como la fecha desde la que puede circular propaganda electoral en el espacio público, los lugares en los que puede ponerse, la cantidad de cuñas radiales que puede tener un candidato y los delitos en los que pueden incurrir.
A continuación, le explicamos qué está permitido, cuáles son las sanciones por incumplir la norma y dónde puede denunciar.
Limitar las campañas electorales tiene tres razones principales: proteger al ciudadano para que pueda elegir libremente, sin ser presionado u obligado para votar por un candidato u organización política; moderar los gastos de las campañas y garantizar que todos los candidatos tengan las mismas condiciones de acceso para el ejercicio electoral.
“Ese tipo de límites ayuda a que se pueda dar una contienda política en condiciones medianamente equitativas. Aunque la cantidad de la propaganda depende de la capacidad económica de un candidato, las restricciones ayudan a que no sea invasiva para el elector y pone unas limitaciones razonables para que la campaña no sea una competencia de quien tiene más recursos”, explica Carlos Oviedo, profesional especializado de justicia electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE).
“Ese tipo de límites ayuda a que se pueda dar una contienda política en condiciones medianamente equitativas".
Carlos Oviedo, profesional especializado de justicia electoral de la MOE.
2. Entonces, ¿quiénes definen las reglas en una campaña electoral?
El Consejo Nacional Electoral (CNE) establece las regulaciones sobre el número de vallas que los y las candidatas pueden instalar, y la cantidad de publicidad política que puede circular en medios de comunicación.
Las reglas establecidas por el CNE se complementan con las fijadas por las alcaldías que son las llamadas a regular, señalar y establecer las condiciones y los lugares públicos donde se pueden instalar carteles, pasacalles y afiches con propaganda electoral. Esto lo deben hacer por medio de decretos. El objetivo de las administraciones municipales, en estos casos, es evitar que la publicidad en el espacio público se desborde, afecte la estética del municipio o genere contaminación visual o auditiva.
Por ejemplo, en Fonseca, La Guajira, es común que los candidatos usen jingles y música en carros como parte de su propaganda. Javier Pallares, consejero municipal de juventudes, dice que todos los candidatos a la Alcaldía de su municipio usan esta forma de propaganda de manera desproporcionada: “La gente dice que no los dejan dormir porque pasan con la música desde las 6 de la mañana a todo volumen, sobrepasan los decibeles permitidos y generan contaminación auditiva”. En este caso, la Alcaldía es la encargada tanto de crear la norma como de hacerla cumplir.
3. ¿Qué no está permitido?
Los límites de la propaganda electoral varían si se trata de un distrito, un municipio y, a su vez, la categoría del municipio. Para candidatos y candidatas de municipios de sexta categoría, como Tadó y El Carmen de Atrato, los límites son bastante específicos. Por ejemplo: Al día no pueden tener más de 30 cuñas en radio y ninguna puede superar los 15 segundos de duración. Pueden emitirse en una o varias emisoras, pero las que no salen al aire no son acumulables. Para las cuñas en televisión, sólo pueden emitir una diaria que no supere los 15 segundos.
En los medios de comunicación impresos, no pueden publicar más de cuatro avisos del tamaño de una página por cada edición. No puede tener más de 8 vallas publicitarias y ninguna puede tener un área mayor a los 48 metros cuadrados. La propaganda electoral que quieran hacer las personas de forma individual debe coordinarse con las campañas para respetar los límites impuestos y para que sean sumados como donación en los ingresos y gastos de cada campaña. Todo lo que se invierta en la campaña, incluyendo la propaganda, debe reportarse.
Está prohibido poner propaganda electoral en edificios declarados patrimonio histórico, edificaciones de propiedad del Estado o del municipio, postes de servicio público (de redes eléctricas o telefónicas), pavimento en vías del municipio, puentes, separadores viales, señales de tránsito y monumentos.
Además, existen normas fijadas por las alcaldías. Por ejemplo, en San Juan del Cesar en La Guajira, está prohibida la propaganda política a menos de 50 metros de distancia de los puestos de votación. En Fonseca, quienes aspiran a ser alcaldes o gobernadores tienen derecho a poner hasta 10 pasacalles en la zona urbana, cuatro en corregimientos y dos en otros centros poblados.
4. ¿Qué sí está permitido?
“Todo lo que no esté regulado, está permitido”, explica Carlos Oviedo de la MOE. Esto quiere decir que si la alcaldía no restringe algún tipo de propaganda electoral en el espacio público, los candidatos no tienen límites para usarla. Por ejemplo, en Tadó en el Chocó, el decreto de la Alcaldía no nombra ni limita el número de pasacalles que puede tener cada candidato, así que cada uno puede poner tantos como desee.
5. En esta época los políticos y políticas también intentan asegurar votos. ¿Hay alguna regulación sobre esto?
Sí, el Código Penal tiene prohibiciones que aplican para cualquier momento de la campaña electoral y son sancionados con cárcel y multas. Por ejemplo, es delito que un candidato o cualquier persona del común ofrezca dinero, regalos o engañe a otra persona para que vote a favor, en contra de alguien o se abstenga de ejercer este derecho.
6. ¿Pueden los contratistas de una entidad pública o privada ser presionados para votar a favor de un candidato o candidata?
No, según el Código Penal esa práctica se llama ‘constreñimiento al sufragante’, da cárcel de entre 4 y 9 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos. Para algunas personas es una práctica normalizada: “Pienso que si alguien tiene la dicha de ser empleado, debe ser agradecido”, dice una mujer en San Juan del Cesar luego de leer las denuncias sobre las presiones a algunos trabajadores del Hospital San Rafael para votar por un candidato. Aunque puede ser una práctica común, presionar o amenazar a una persona impidiendo que vote libremente, es un delito.
7. ¿Puede un candidato o candidata asegurar votos a cambio de dinero, puesto de trabajo o materiales de construcción?
“No está permitido. Se llama corrupción al sufragante y puede dar cárcel de entre 4 y 8 años”, dice Edison Ruiz, abogado experto en derecho electoral. Según el Código Penal incurre en este delito toda persona que: “celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero” para que otro se abstenga de votar, vote en blanco o a favor de algún candidato, partido o corriente política.
“No está permitido. Se llama corrupción al sufragante y puede dar cárcel de entre 4 y 8 años”
Edison Ruiz, abogado experto en derecho electoral.
8. ¿Qué sanciones existen para los candidatos que infrinjan las normas con respecto a la propaganda en esta época? ¿Qué es lo peor que les puede pasar?
La sanción máxima es una multa que puede ser de hasta 140 millones de pesos y mínimo de 14. Pero para llegar a esto hay todo un proceso: si un candidato está incumpliendo la norma decretada por la Alcaldía, la administración puede solicitarle al candidato que retire su propaganda — le puede dar mínimo 48 horas— , desmontarla cuando no sigan esa instrucción y denunciarlo ante el CNE para que indaguen sobre su actuar y las posibles infracciones. “El CNE deberá notificar al candidato, escuchar su defensa, conocer las pruebas y definir si hay lugar a una sanción o no”, explica Ruiz. La sanción sólo es económica.
9. ¿Qué pasa si un candidato o candidata desconoce estas normas? ¿Justifica su incumplimiento?
Desconocer una ley no es una excusa para incumplirla según el artículo 9 del Código Civil colombiano y la Corte Constitucional que lo ratificó. Tampoco los exonera de sus responsabilidades ni de las posibles sanciones.
Por ejemplo, es común que los candidatos, equipos de campaña o personas afines a un político pongan propaganda electoral en postes de energía o de telefonía que son propiedad del Estado y no pueden ser utilizados para ese fin. El abogado Ruiz dice que esas infracciones a la ley son responsabilidad del candidato: “Puede que se escondan bajo la idea de que no fueron ellos los que lo pusieron, sino un tercero, pero si es la imagen oficial de la campaña y está ahí, el candidato debe responder”.
10. ¿Qué puede hacer usted si sabe o cree que un candidato está infringiendo los límites de propaganda electoral?
Los ciudadanos pueden denunciar estos incumplimientos ante la alcaldía. Lo pueden hacer de forma presencial en una oficina de atención al ciudadano o por correo electrónico. La entidad debe revisar si hay una infracción, y si es así debe notificar al candidato del incumplimiento, darle un tiempo mínimo de 48 horas para que retire la propaganda. Si incumple, la administración puede desmontarla y denunciarlo ante el CNE para que indague si hubo una infracción y si debe o no ser sancionado.
11. ¿Y qué puede hacer si el candidato que infringe la ley tiene el apoyo de la Alcaldía?
Renato Contreras, exmagistrado del CNE, afirma que para casos como estos un ciudadano puede poner la denuncia ante la Alcaldía y de inmediato ir a la Personería (municipal) y a la Procuraduría (departamental), que son entes de control, pidiendo que le hagan vigilancia y seguimiento a las denuncias y explicando las razones para esto.
“La otra opción es poner una queja formal ante el CNE por el correo electrónico atencionalciudadano@cne.gov.co. La respuesta debería ser casi inmediata, pero a veces es difícil que esta se dé rápido por la cantidad de trabajo que tiene el Consejo en esta época electoral”, dice. La denuncia puede ser anónima, pero debe estar muy bien sustentada, por ejemplo, con fotos georeferenciadas en hora y lugar para que haya las suficientes pruebas que permitan definir si se abre una indagación o investigación contra el candidato.
12. ¿En dónde puede denunciar?
En casos de delitos electorales de los que usted conozca o haya sido testigo o víctima puede presentar una denuncia en la Fiscalía. Lo puede hacer a nombre propio o de forma anónima acompañando la denuncia con pruebas.
Para irregularidades de cualquier tipo en época electoral, la Misión de Observación Electoral (MOE) habilitó la línea de WhatsApp 315 266 1969 y la página web www.pilasconelvoto.com/reportar/.
Hasta el momento de publicar esta historia, el decreto para regularizar la propaganda electoral en El Carmen de Atrato no estaba publicado en la página de la Alcaldía. Solicitamos el documento a la secretaria de Gobierno, pero no tuvimos respuesta.
El hospital San Rafael es la entidad pública de salud más importante de San Juan del Cesar, del sur de La Guajira y de algunos municipios del Cesar y Magdalena. También, es la entidad que en cada campaña electoral resulta fundamental para mover votos o apoyos por un candidato. Su atractivo es que tiene un presupuesto anual de casi 60 mil millones de pesos y, sólo el año pasado, tuvo casi 500 trabajadores, entre la planta permanente, los temporales y contratistas, que además pueden ser potenciales votantes y atraer otros votos a cambio de asegurar su puesto de trabajo. Este año no es la excepción.
En abril, un grupo de trabajadores del Hospital San Rafael, a los que no les renovaron su contrato, hablaron en Radio Cardenal y aseguraron que se quedaron sin trabajo por sus afinidades políticas pues apoyaban la candidatura a la alcaldía de Moisés Daza y no la de Enrique Urbina, a quien señalan como “el candidato del hospital”. Desde entonces, el tema no se ha vuelto a tocar en San Juan.
Más allá de lo sucedido en abril, en el Hospital están presionando a algunos trabajadores para que apoyen y voten por Urbina, a referir personas para que también voten por el candidato y a que asistan a eventos de campaña en su tiempo libre. Así lo aseguran tres personas que vieron o vivieron esas presiones. Los tres, junto con otras dos fuentes que conocen cómo se mueve la política en el municipio, dicen que dentro del hospital siempre han pedido apoyar a determinados candidatos en las elecciones regionales y de Congreso. Esto, que en anteriores campañas lo veían como una sugerencia hoy lo sienten como una obligación.
“Uno podía sugerir que votaran por la persona que uno apoyaba. Yo lo hice y he pedido los votos, pero nunca obligué a nadie”, dice un exdirector del hospital que habló a cambio de no ser citado. Un político que estaba al tanto de lo que pasaba políticamente en el municipio, dijo que hace cuatro años el hospital apoyaba en ese momento al candidato Rodrigo Elías Daza, que quedó cuarto en las elecciones del 2019. Después, en las elecciones del Congreso, estuvo apoyando a candidatos de La U: Carlos ‘Cosa’ Daza a la Cámara y Alfredo Deluque al Senado.
En cálculos rápidos, si al menos la mitad de los trabajadores del hospital (250) dan su voto y el de su familia, sumando al menos cuatro, el candidato que tenga de su lado al hospital podría contar de entrada con mil votos. Una cifra que puede marcar la diferencia, teniendo en cuenta que para ganar la Alcaldía en las últimas dos elecciones se han necesitado menos de 9 mil votos y la diferencia entre los candidatos no ha sido amplia.
Por ejemplo, en 2019, Álvaro Díaz ganó la alcaldía con una diferencia menor a los 800 votos y en 2015 la definición del alcalde fue por menos de 50 votos. Al menos hasta ahora, ese capital político lo quieren poner a favor del candidato Urbina.
Ginna Brito se desempeñó como auxiliar de enfermería del Hospital San Rafael hasta marzo de este año. Brito asegura que la razón detrás de la no renovación de su contrato es evidente: su esposo es el concejal Emiro Mendiola, a quien ella misma reconoce como “el concejal de Moisés Daza”, quien es la competencia de Urbina.
Brito trabajó en el hospital durante casi una década por medio de una cooperativa que contrataba la entidad. Pero en marzo, mientras estaba incapacitada por una cirugía, sus compañeros empezaron a llamarla: “Me decían que por ser la esposa del concejal de Daza era la primera en la lista para sacarla del hospital. Los jefes de proceso que me conocían, me decían ‘busque palanca, usted está en la cuerda floja. hable con el candidato Urbina o con Marcos Bolaños’", asegura.
Brito dice que a Marcos Bolaños lo identifica porque fue quien la citó y le pidió que votara por Carlos ‘Cosa’ Daza a la Cámara y por Alfredo Deluque al Senado en medio de la campaña al Congreso de 2022, a cambio de seguir en el hospital. “Al final yo hice un trato con ellos para que no me sacaran. Yo me comprometí a trabajarles, a hacerles campaña, a asistir a eventos y a buscar gente para asegurar mi puesto en el hospital”, dice.
"Los jefes de proceso que me conocían, me decían ‘busque palanca, usted está en la cuerda floja. hable con el candidato Urbina o con Marcos Bolaños’"
Ginna Brito, exauxiliar de enfermería del hospital.
Bolaños es un odontólogo y exgerente del hospital San Rafael que según las tres fuentes entrevistadas es “el poder” detrás de la entidad. “La gerente es la doctora María Isabel (González), pero el que manda es él (Bolaños)” dice Brito. “A la gerente la nombra el (entonces) gobernador Nemesio Roys (del grupo político del senador Alfredo Duque del partido de La U) porque Bolaños se lo pide, él también es amigo del gobernador y la mano derecha del senador Deluque”, cuenta una de las fuentes que prefiere no ser nombrada.
La misma persona dice que Bolaños es el que da el visto bueno para las contrataciones en el hospital: “Yo lo sé porque mi hijo entró al hospital por recomendación de él y él mismo lo sacó”. Afirma que hizo política con la familia de Bolaños y trabajó con él cuando Álvaro Díaz era apoyado por Daza, pero al romper ese lazo, cada uno se fue a corrientes políticas distintas.
Bolaños le dijo a Consonante que no entendía por qué lo relacionaban con el hospital, si su cargo de gerente fue hace doce años. “Me extraña este tipo de situaciones. Lastimosamente, San Juan es un pueblo y este tipo de especulaciones están a la orden del día”. Dijo que era amigo de la actual gerente, Maria Isabel González, porque cuando él era gerente ella era subgerente científica; que acompañó al senador Deluque desde que aspiró por segunda vez a la Cámara de Representantes en 2014 y que conoce y es amigo de varias personas que trabajan en el hospital, pero que no tiene injerencia en el hospital.
“Si yo tengo algún amigo que trabaja en el hospital y me pregunta por quién voy a votar o me dicen que me van a ayudar, lógicamente yo hago algún tipo de recomendación, pero hasta ahí”, dice Bolaños quien actualmente acompaña la campaña de Urbina.
“A mi hijo no le renovaron el contrato. Lo sacaron con la excusa de que iban a cerrar el quirófano porque no estaba dando. Pero sacaron sólo a los dos doctores que tenían en común que apoyaban o tenían gente apoyando a Daza. Mi hijo no estaba metido en política, pero todos saben que yo sí estoy con Moisés. Para mí esto es una persecución política”, dice. Según cuenta no le terminaron el contrato directamente a él porque siente que le tienen respeto por haber sido un alto funcionario del hospital, pero sí renunció en solidaridad con su hijo y por sentir que era una forma de cobrarle el estar con la campaña contraria.
María Isabel González, gerente del Hospital San Rafael, niega que la decisión de no renovar contratos obedezca a temas políticos: “Nosotros no tenemos nada que ver con situaciones políticas. Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud y no mezcla nada con la política. En ningún momento se ha hecho proselitismo, ni campaña”.
“Nosotros no tenemos nada que ver con situaciones políticas. Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud y no mezcla nada con la política"
María Isabel González, gerente del Hospital San Rafael
González explica que la decisión de cerrar el quirófano, por la que no se le renovó a dos anestesiólogos, fue porque, en los seis meses que estuvo abierto ese quirófano, la programación para cirugías era muy baja y económicamente no era rentable. Frente al caso de la no renovación para auxiliares de enfermería, González dice que estaban contratadas por una cooperativa y que, como parte de un compromiso con el Ministerio de Trabajo, iban a formalizarlas. “En abril, Recursos Humanos, junto con la abogada laboral que hace parte de equipo, recibieron las hojas de vida y, de acuerdo a estas, fueron seleccionando al personal. Eso fue todo”, afirma.
Otro punto en el que coinciden las tres fuentes, todas entrevistadas por aparte, es que Jose Nicolás Vega, un empleado de carrera administrativa en el hospital, es quien se acerca a los trabajadores a pedir que referencien otras personas para que den el voto por Urbina. “José Nicolás iba con lista en mano, sacaba a los trabajadores de las áreas por las que iba pasando y les decía que tenían que dar nombres y número de contacto de los que iban a votar”, asegura Brito.
Un trabajador actual del hospital, que pidió no ser citado porque teme perder su empleo, dijo que a él no lo han presionado directamente, pero que sí es claro que dentro del hospital hay empleados haciéndole campaña a Urbina. “Vega tiene una lista y va pidiendo nombres. A una amiga le dijo ‘necesitamos que nos des tu nombre y el nombre de quienes nos van a colaborar con el voto’”, dijo.
El trabajador del hospital cuenta que por vía Whatsapp, en grupos internos que tienen para temas laborales, los mismos líderes de diferentes procesos envían citaciones para asistir a eventos de la campaña. “A mediados de agosto enviaron un mensaje al grupo de Whatsapp diciendo que quienes no estaban de turno tenían que ir al puesto de salud 20 de julio con distintivos de la campaña, ya fuera color amarilo o blanco, y de ahí caminar hasta el comando”, dice.
Según su testimonio, la citación más reciente fue al evento denominado ‘Tintazo’ que se realizó el sábado 26 de agosto. Antes de que el evento fuera un hecho, contó: “A los que no tienen turno los citaron a las 6:30 de la mañana en la casa de José Nicolás Vega. De ahí dicen que van a salir al centro de San Juan y caminan hasta el comando. Si uno no va a estos eventos, al otro día el líder del proceso te ve y te pregunta: ‘¿Por qué no fuiste?’ entonces, claro, uno se siente presionado. Acá no hay muchas fuentes de trabajo y si tienes estabilidad, terminas apoyando al candidato que te digan” para conservar el puesto, explica.
Vega le dijo a Consonante que en el hospital votan libremente, que ningún gerente de la entidad ha pasado por el cargo pidiendo votos y que él no tiene por qué presionar a nadie para que apoye a un candidato. “Quizá me relacionan porque están buscando una justificación ante el candidato contrario (Daza), buscan beneficios, de pronto que les paguen por llevar información”, cree Vega.
Frente a la citación de trabajadores del hospital en su casa para acompañar un evento de la campaña de Urbina, Vega dice que pudo ser una confusión. Afirma que su casa, en donde tiene un taller de motos, está ubicada en la vía principal y cerca están los comandos (sedes) de las campañas a fines a Urbina. Reconoce que ahí se agruparon personas de la campaña de Urbina, pero dice que fue por el evento y no por citación. “Yo por ahora estoy parcial. La familia no se ha identificado con ningún candidato. Soy amigo de Moisés y conozco sus propuestas, también las de Urbina, son buenos candidatos, pero no me he decidido”.
González, gerente del hospital, dijo que hasta el momento no ha recibido quejas ni denuncias sobre Vega y que no conocía los testimonios contra él. Johana Daza, personera de San Juan del Cesar, dijo que no hay denuncias al respecto y que ella no conocía sobre estas situaciones. Frente al tema de renovación de contratos, dijo que no era un tema de Personería y que la entidad responsable es el Ministerio del Trabajo.
Consonante consultó a Enrique Urbina, candidato a la Alcaldía por el que, según los testimonios, están presionando para votar. Urbina dijo que era “totalmente falso”, que no había escuchado sobre supuestas presiones en el hospital y que el tema de las terminaciones de contratos lo había escuchado por la radio, pero habían quedado aclarados. “Eso acá en el hospital no ha venido pasando. Primera vez que escucho esto”.
Frente a Marcos Bolaños, quien aseguró que lo apoya en la campaña, y José Nicolás Vega, dijo que conocía a ambos, pero que no había escuchado de los señalamientos contra ellos. “Las presiones por votos y asistencias a eventos en ningún momento se ha venido realizando. Eso sí ha pasado en una entidad que presta un servicio público, pero es privada, en la Clínica Someda. Ahí, sí presionan al personal tanto asistencial como administrativo para votar por su propietario, que es el doctor Moisés, el otro candidato, y les piden hasta 20 votos a cada uno”, aseguró Urbina.
Esa ha sido una acusación constante entre los dos únicos candidatos que compiten para llegar a la Alcaldía. Cada uno señala al otro de presionar a trabajadores y pedir entre 10 y 20 votos para la campaña. “Con sólo dos candidatos en la contienda electoral, la sensación de cada uno es ‘estás conmigo o estás con mi enemigo’”, dice un joven del municipio.
Los dos candidatos, Daza y Urbina, son políticos conocidos en el municipio. Moises Daza es un médico ginecólogo y empresario del sector salud propietario de la Clínica Someda en San Juan del Cesar. Su carrera política inició en 2002 cuando se lanzó como candidato a la alcaldía, pero no resultó electo. Dos años después, Daza aspiró al Senado por el partido Conservador y fue elegido. En 2008, tras terminar su periodo como congresista, aspiró y fue elegido como alcalde de San Juan del Cesar. Sin embargo, su elección fue anulada un año después porque su hermano, José Alberto Daza Mendoza, era el registrador de instrumentos públicos de San Juan, lo que lo inhabilitaba para ser candidato en ese mismo municipio.
En las elecciones de 2019, Daza apoyó la candidatura de Álvaro Díaz, actual mandatario, e hizo parte de la Unidad de Gestión de Proyectos del municipio, que buscaba formular proyectos para invertir en San Juan. Ya en el cargo, Díaz y Daza se pelearon y se alejaron. Según una fuente cercana a Daza, una de las varias razones por las que esto pasó fue porque ambos decidieron apoyar candidatos distintos en las elecciones al Congreso. El médico apoyó a la Cámara al liberal Pedro José Solano, conocido como “Pello Pello”.
La relación quedó tan dañada que a finales de marzo, el alcalde Díaz denunció que, desde la casa de los hermanos Daza Mendoza, presuntamente se estaba planificando u orquestando un atentado criminal contra él. Moisés Daza le aseguró que lo iba a denunciar por injuria y calumnia. Esta, su tercera aspiración a la Alcaldía, Daza recogió firmas por el movimiento significativo de ciudadanos ‘Somos progreso’ y va con el apoyo de los conservadores, liberales y el Centro Democrático.
En la carrera por la alcaldía también está Enrique Camilo Urbina, un abogado especialista en derecho administrativo que fue concejal de San Juan. En las últimas dos elecciones ‘Cubita’, como es conocido, ha aspirado, sin éxito, a la Alcaldía: en 2015 tuvo el aval del Centro Democrático y el partido Liberal y quedó como el tercero más votado, y en 2019 lo apoyó el partido cristiano Colombia Justa Libres y quedó de segundo. Esta vez va con el aval de La U y de Cambio Radical y en fórmula con el candidato a la Gobernación, Jairo Aguilar, primo del senador Alfredo Deluque de La U.
A Urbina, según seis fuentes con las que hablemos, lo ven como el candidato de la Alcaldía. Primero porque es el contrincante de Daza, ex aliado del alcalde. Segundo porque a finales del año pasado hizo un video en el que reconoció la labor del alcalde Díaz. Como contó el periodista Hugues Gamez, esto fue visto como un guiño político para el grupo político de Díaz. Y tercero, por las denuncias en el Hospital San Rafael y los rumores de que en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) y la Alcaldía, principales entidades públicas del municipio, están presionando para votar por él.
Aunque la campaña también es para Gobernación, Asamblea y Concejo municipal, el protagonismo se lo llevan los candidatos a la Alcaldía. Mientras pequeñas pancartas con imágenes de los concejales cuelgan de la parte trasera de los mototaxis, en los carros se distinguen los microperforados verdes de Daza. El amarillo, blanco y morado de Urbina y el rostro del candidato están más en las ventanas de las casas en las vías principales que tienden pancartas dando su apoyando o en las rejas que cercan los hogares. En una pared pintada de amarillo en la que cuatro familias le dan su apoyo a Urbina y a su fórmula a la Gobernación y en la camioneta de la campaña que es una publicidad andante forrada por completo de morado y amarillo, con la foto del candidato y su apodo ‘Cubita’. Por las calles del centro de San Juan, la política está en todos lados, incluso en el Hospital.
Un video de hace una semana, en el que más de 10 estudiantes van amontonados en el platón de una camioneta blanca que transita por las calles de San Juan del Cesar, muestra las deficiencias en la prestación del servicio de transporte escolar. No es claro si la camioneta está habilitada para ese servicio o llevaba a los jóvenes como una alternativa de transporte, pero lo que sí muestra el video son los riesgos a los que los estudiantes están expuestos al transportarse de ida o regreso del colegio.
No se trata unicamente del video viral, el problema es más complejo. Los cuestionamientos al servicio de transporte escolar, que le prestan a casi 8 mil estudiantes de 12 municipios no certificados de La Guajira, son constantes y vienen desde inicios del año escolar: retrasos porque los vehículos no contaban con los requisitos técnicos, denuncias por sobrecupo e intermitencia en el servicio.
Detrás del contrato de 18,9 mil millones de pesos está la Unión Temporal Costa Caribe, conformada por Transporte Sensación y Lidertur (Líneas Escolares y Turismo). Aunque esta vez la responsabilidad recae en la unión temporal, las quejas en la prestación del servicio no son solo de este año y se mantienen a pesar del contratista de turno. Incluso, tener un mejor servicio de transporte escolar ha sido bandera de movilizaciones en La Guajira como un paro de docentes en 2017 y el paro cívico de 2019.
“Hay unas circunstancias que dificultan la prestación del servicio como la topografía, lo inhóspito de la región y el tema particular de que las comunidades indígenas han pedido que el operador contrate los vehículos que ellos tienen para prestar el servicio en sus territorios”, dice Nolberto José Larrada, director territorial del Ministerio de Transporte en La Guajira. Las tres razones tienen su peso.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), más del 45% de la población de La Guajira es rural y está dispersa, pero según el Plan Departamental de Desarrollo, esa cifra podría ser superior al 60%. Esto, sumado a que no hay medios ni sistema de transporte público, hace que el transporte escolar que ofrece el Estado sea casi la única alternativa para que los estudiantes se movilicen.
Por eso mismo, la falta de rutas, las fallas en el servicio o la ineficiencia del mismo se siente con mucha más fuerza que en otras regiones. En especial si se tiene en cuenta que el 85% de las instituciones educativas oficiales en La Guajira están ubicadas en zona rural y que el 53,7% de las personas en el departamento viven en pobreza monetaria (no pueden cubrir las necesidades básicas), lo que hace que pagar alternativas de transporte no sea una opción viable. “O comemos y no van al colegio o van al colegio y no comemos. Cuando no hay transporte escolar toca bajarle a la cuchara”, dice Dora Machado, madre de dos niños y ama de casa del corregimiento Bocas del Monte de San Juan del Cesar.
Por esas dificultades, que vienen desde hace años, en 2017 La Guajira fue declarada como Zona Estratégica para el Transporte (ZET), es decir que tiene unas normas especiales y transitorias (que van hasta 2024) para prestar el servicio de transporte, incluyendo el escolar, por las particularidades del territorio. En la resolución del Ministerio de Transporte dice que las mismas comunidades indígenas, y como aparte de su autonomía, plantean que les asignen unos cupos para que ellos mismos presten el servicio de transporte escolar, así disminuyen el desempleo y ofrecen vehículos apropiados técnicamente para transitar por las zonas y conductores que conocen el territorio.
Larrada, del Ministerio de Transporte, dice que contratar con las comunidades indígenas es una exigencia porque estas no permiten que otros vehículos, ajenos a la comunidad, entren a sus territorios como parte de su autonomía. Pero esto tiene sus inconvenientes. “Nos dificulta tener un control sobre las condiciones técnicas de los vehículos. Lo que encontramos es el sometimiento que deben tener las autoridades tradicionales alrededor de la prestación del servicio por el convenio que tienen que hacer exclusivamente con las comunidades indígenas”, dice Larrada. Por temas técnicos, como el modelo de varios vehículos que ya no podía usarse para el transporte escolar, es que ese servicio estuvo quieto cuando inició el año.
Aún con las particularidades y los condicionantes de prestar el servicio de transporte escolar en La Guajira, la responsabilidad de lo que suceda con este servicio y con las actividades que se le asignen a subcontratistas, recae en la Unión Temporal Costa Caribe, quien figura como contratista.
El millonario contrato firmado entre Costa Caribe y la Gobernación de La Guajira tiene un listado de obligaciones generales y específicas que debe cumplir la unión temporal, junto con algunas multas que pueden imponerse si llega a incumplir algunos puntos. Consonante revisó las obligaciones a las que se comprometió Costa Caribe y encontró que ha incumplido al menos cuatro veces.
Uno de los primeros incumplimientos fue a inicio de año cuando el servicio no pudo prestarse porque los vehículos no cumplían con los requisitos técnicos y las comunidades indígenas exigían que se contratara con ellos. Al final el ministerio prorrogó el plazo para que los conductores puedan cambiar los modelos de los vehículos. Entre las causales de multas en el contrato, una de las que nombran es que al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se multará con un salario diario legal vigente por cada día de atraso. Aunque en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), donde reposan los contratos estatales, no figura el acta de inicio firmada por la empresa, el contrato fue adjudicado el 15 de diciembre del 2022, casi dos meses antes de que empezaran las clases y cuando debía empezar a prestarse el servicio.
Un segundo incumplimiento ocurrió cuando el servicio empezó a prestarse en forma. Las obligaciones específicas del contrato, en los puntos 8 y 9, indican que el contratista debe asignar un puesto para cada estudiante y mantener el cupo de pasajeros por cada vehículo. Pero hay registros de camionetas que fueron utilizadas para transportar hasta 25 estudiantes cuando tenían capacidad para 10, como pasó en Fonseca, o de un bus con capacidad para 42 estudiantes que terminó movilizando entre 80 y 100 en San Juan del Cesar. Otras dos personas de corregimientos de San Juan del Cesar y Fonseca, aseguraron que en los primeros meses de la prestación del servicio, entre abril y mayo, sí hubo sobrecupo en los vehículos, aunque los casos no se han vuelto a repetir.
El contrato también dice, en el punto 16 de las obligaciones específicas, que el vehículo debe tener un espacio en el que se identifique la ruta, la institución educativa a la cual presta el servicio y la imagen institucional del departamento de La Guajira. Un líder social de la zona rural de Fonseca aseguró que el vehículo que recoge a los estudiantes en el corregimiento de Pondorito no tiene ningún tipo de identificación. Dice que lo reconocen como transporte escolar porque llevan viéndolo meses y porque se parquea en el lugar donde siempre han recogido a los estudiantes. Por su parte, uno de los conductores de San Juan del Cesar dijo que sí contaba con gran parte de la identificación, excepto por el logo de la Gobernación.
Por último, el contrato dice que multarán por 0,01% del valor del contrato (1,8 millones de pesos) por atrasos o incumplimientos en el pago de salarios u honorarios de empleados o contratistas. Dos conductores de San Juan del Cesar aseguraron que les deben dos meses de salario. Uno de ellos, que prefirió no ser nombrado, dijo que hace 15 días dejaron de prestar el servicio de transporte escolar durante dos días por falta de pago.
En ese mismo sentido habló una de las personas que tiene su buseta subcontratada para el servicio en San Juan del Cesar y aseguró que apenas en agosto le pagaron el mes de mayo. “Toca estar pidiendo prestado, haciendo paro, diciendo en la bomba de gasolina que fíen. Eso genera más deudas”, dice que su contrato, aún con los meses que le adeudan, terminó en agosto y que está a la espera de que lo renueven. El retraso en los pagos a conductores y dueños de los vehículo lleva a que el servicio se vea interrumpido por no tener para la gasolina, los requerimientos técnicos o a modo de protesta para que paguen a tiempo. Al final, los directamente afectados son los estudiantes y sus familias.
Dora Machado, ama de casa en Bocas del Monte, San Juan, dice que desde hace tres semanas no hay servicio de transporte escolar para sus dos hijos que estudian en la institución Ana Joaquina Rodríguez de Cañaverales que queda a 25 minutos en moto. Según cuenta, el mismo conductor le dijo que no estaba prestando el transporte porque no le habían pagado. “Hay quienes han desistido de que sus hijos vayan al colegio porque no tienen cómo. Por fortuna, yo tengo una moto viejita, lo que me toca hacer es pedir pal azúcar, pa' las cositas o pa' la gasolina, porque no me da la plata”, cuenta.
Consonante intentó comunicarse con Nayrobis Alvarado, representante legal de la unión temporal, vía su asistente; con Angelica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar, por llamadas y mensajes; y con Adaulfo Manjarrez, secretario de Educación de la Gobernación de La Guajira y supervisor del contrato, por llamadas, mensajes y vía la oficina de prensa de la entidad, pero hasta el momento de publicar esta historia no recibimos respuesta de ninguno.
Casi todas las semanas, las familias de los casi 8 mil estudiantes de los municipios no certificados de La Guajira tienen alguna queja del servicio de transporte escolar. En Caracolí (corregimiento de San Juan del Cesar), por ejemplo, dicen que las rutas no son suficientes y en Los Tunales aseguran que nunca se sabe si al siguiente día pasará el bus o les tocará caminar para ir a clases.
Detrás de la atropellada prestación del servicio de transporte escolar en el departamento está la Unión Temporal Costa Caribe. Los miembros de esta unión firmaron un contrato con la Gobernación de La Guajira por 18,9 mil millones de pesos en diciembre del año pasado y les aprobaron el funcionamiento de 59 vehículos sólo en los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar. La unión temporal está conformada por Transporte Sensación S.A.S. y Lidertur (Líneas Escolares y Turismo).
Lidertur, una empresa creada en 1990 en Bogotá, compone mayoritariamente la Unión Temporal Costa Caribe. Lida Constanza Chacón es la representante legal de la empresa, y fue visible en la pandemia por aparecer públicamente en varios medios refiriéndose a la crisis que vivía el sector del transporte especial. Lo hizo como vocera de la Asociación Nacional de Transporte Especial y Turismo (Asonaltet).
Lidertur ha prestado servicios de transporte para entidades del Estado desde hace al menos siete años, y actualmente registra un total de 23 contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). La mayoría de estos han sido con entidades relacionadas con las Fuerzas Militares, como el Comando Aéreo de Transporte Militar. De acuerdo con el Secop, el contrato más alto que ha tenido Lidertur fue en diciembre de 2022 por 2,2 mil millones de pesos con la secretaría de Educación de Bogotá para prestar servicio de transporte escolar. Al final, en el acta de adjudicación, el contrato fue por 1,4 mil millones de pesos.
Transporte Sensación, por su parte, tiene el 40 por ciento restante de la Unión Temporal Costa Caribe. La empresa fue creada en 1996 en Santa Marta y su representante legal es Nayrobis Alvarado, quien también es la representante legal de la unión temporal. Alvarado figura como representante en cinco contratos en el Secop. Uno es un acuerdo con Compra Eficiente, tres son para prestar servicio de transporte en la costa Caribe a entidades como el Sena, y uno, que es de 42 millones de pesos, el monto más alto por el que ha contratado de forma individual, es para prestar servicios de otorrinolaringología y exámenes auditivos a la Policía del Atlántico, a nombre de la empresa Unidad Otoacústica del Caribe.
La Unión Temporal Costa Caribe se quedó con el contrato de transporte escolar en La Guajira luego de un proceso que, a pesar de que tardó más de cinco meses, terminó siendo casi que directo.
En junio del año pasado, la Gobernación de La Guajira anunció el inicio del proceso de licitación pública para contratar el servicio de transporte escolar. Este proceso contempla la apertura de una convocatoria pública para que las empresas interesadas, que cumplan con los requisitos establecidos, se postulen para hacerse con el contrato. Al final, se postularon dos proponentes: la Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira (Relaturg) y la Unión Temporal Costa Caribe.
La Asociación de Relacionistas y Transportadores Turísticos de La Guajira (Relaturg) fue creada en 1998 y es representada legalmente por Yolanis Beatriz Varela. La asociación venía de ser una de las integrantes de la unión temporal que prestó el servicio de transporte escolar en 2022 en los mismos 12 municipios no certificados de La Guajira. La empresa ya había sido cuestionada por un contrato de transporte escolar que se ganó en 2018.
Según Las 2 Orillas, el gobernador encargado en ese momento, Jhon Fuentes, al parecer habría beneficiado a la empresa para que se quedara con el contrato. Según el artículo, en ese momento, el poder real de la compañía estaba en Edgar Acosta (quien murió en 2021) y era familiar del exministro de minas, Amylkar Acosta. En noviembre de 2022, la empresa volvió a ser noticia. El periódico El Heraldo registró que algunos conductores de Relaturg bloquearon la entrada del municipio de Albania para reclamar el pago de cinco meses de salario.
Este proceso se interrumpió en septiembre, justo cuando la Gobernación iba a adjudicar el contrato. En ese momento, el ente territorial suspendió el proceso porque desde Costa Caribe argumentaron que Relaturg había adjuntado un documento de paz y salvo de multas y sanciones que, presuntamente, era falso. La Superintendencia de Transporte confirmó la denuncia de Costa Caribe. Al final, la Gobernación declaró desierto el concurso argumentando que ninguna de las propuestas se ajustaban a los requerimientos y condiciones. El sustento en ese caso era que los proponentes no contaban con la capacidad técnica para ejecutar el contrato, como quedó especificado en esta resolución.
La suspensión del proceso llevó a que en septiembre se venciera el contrato anterior y no hubiera un nuevo operador para continuar el servicio. Una situación que obligó a los estudiantes a buscar alternativas de transporte en pleno año escolar. Optaron por caminar largos trayectos, atravesar puentes colgantes a medio construir, pagar motos de su bolsillo para llegar a los colegios o asistir a las clases de forma intermitente de acuerdo a los recursos o capacidades que tenían para transportarse.
En noviembre la Gobernación volvió a abrir el proceso, esta vez bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, como lo ordena la ley tras haber sido declarada desierta una licitación pública. Este tipo de selección abreviada, como su nombre lo indica, es un proceso de contratación más corto en el que, por ejemplo, los que quieran participar del proceso deben manifestar su intención en máximo tres días hábiles desde que se abre el proceso. En ese caso, la única propuesta que hubo fue la de Costa Caribe que esta vez sí pasó la evaluación de capacidad técnica. El contrato fue firmado por José Jaime Vega, gobernador encargado de La Guajira, y Nayrobis Alvarado, representante legal tanto de la Unión Temporal como de la empresa Transporte Sensación.
Lidertur y Sensación, las empresas que integran la unión temporal, tienen experiencia contratando con el Estado y llevan más de 20 años prestando servicios de transporte, pero en esa amplia trayectoria han tenido fallas.
Hasta 2017, Lidertur debía un total de 83,9 millones de pesos, contando intereses, por multas acumuladas entre 2013 y 2016. Por eso, solicitó un acuerdo de pago con la Superintendencia de Transporte. Hasta el momento, y según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), Lidertur no tiene multas ni comparendos pendientes. Pero en los últimos cuatro años sí ha hecho tres cursos de educación vial que son los que realizan para obtener descuentos en las multas de tránsito.
En 2017, la empresa fue noticia porque uno de sus buses cayó a un abismo en la vía al Llano. Un accidente que dejó tres personas muertas, según reportó El Tiempo. En agosto del siguiente año, otro bus de la empresa fue inmovilizado por la Policía de Tránsito y Transporte de Bucaramanga por tener el contrato de movilización vencido mientras transportaba 42 venezolanos que se dirigían a Ecuador y Perú, según contó W Radio.
Actualmente, y según el Simit, Transporte Sensación tiene tres comparendos y una multa pendientes por pagar. Las infracciones son por exceso de velocidad. Además, entre 2015 y 2020 registra la asistencia a 25 cursos de educación vial. Eso quiere decir que al menos ha tenido unas 25 multas en ese lapso de tiempo.
Andrés Castro, exdirector de prevención y promoción de tránsito y transporte de la Superintendencia de Transporte y profesional especializado de la Superintendencia Financiera, asegura que las multas y comparendos son puestas como tal a los conductores. Sólo las empresas de transporte especial, como Transporte Sensación, son relacionadas en las sanciones porque tiene un grado de responsabilidad y el compromiso de capacitar a sus empleados en esos temas. Pero eso no significa, por ejemplo, que la empresa tenga problemas para su funcionamiento.
Las multas y sanciones, según cuenta Castro, no representan, en sí mismas, una limitación ni un pero para participar en procesos de contratación pública: “Eso depende más del pliego de condiciones que se estructure para condicionar la prestación del servicio de transporte escolar. Porque sí puede y debería generar una suerte de veto para empresas que tienen un nivel sancionatorio tan alto, pero no es una condición que impida la contratación”. En el pliego de condiciones publicado en Secop, no había restricciones para que las empresas se postularon si tenían multas o comparendos.
"Porque sí puede y debería generar una suerte de veto para empresas que tienen un nivel sancionatorio tan alto, pero no es una condición que impida la contratación”
Andrés Castro, exdirector de prevención y promoción de tránsito y transporte de la Superintendencia de Transporte
Una muestra de esto es que aún con una alta cifra de infracciones y con las denuncias y quejas por el servicio de transporte escolar en La Guajira, hace dos semanas, Transporte Sensación cerró un acuerdo con la Universidad de Magdalena para prestar servicio de transporte a los estudiantes del municipio de Ciénaga con una tarifa diferencial.
En el caso específico de Lidertur, además de las multas acumuladas que tuvo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le abrió investigación y formuló pliegos contra la empresa y la representante legal Lida Chacón en 2020 porque “habría colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado las conductas restrictivas de la libre competencia económica”.
Según la resolución de la SIC, había una presunta alianza entre varias empresas de transporte y representantes legales para “reparticiones artificiales del mercado en beneficio de uno de los aliados”. Al parecer coordinaban presentaciones a procesos de contratación entre los aliados y fingían ser competidores para que fuera adjudicado a alguna de las empresas de la alianza. Consonante preguntó en la SIC cuál es el estado del proceso, pero hasta el momento de publicar esta historia la entidad no respondió.
Andrés Castro, exdirector de la Superintendencia de Transporte, explica que una investigación y formulación de pliego de cargos no es un impedimento para seguir contratando con el Estado. “Lo primero es que prevalece el principio de buena fe, y lo segundo es que, si es una investigación que está abierta, lo que está pasando hasta ese momento es que es un proceso para probar si hay o no una responsabilidad. Eso sólo se define en un fallo administrativo”.
Castro también dice que, en caso de que existiera un fallo que señalara a la empresa y a los representantes legales como responsables en la investigación, tampoco quedarían inhabilitados. “La única forma en la que eso podría influir es que dentro del fallo administrativo y la multa que deberían pagar, se les restrinja o limite la contratación con el Estado”, pero dice que no es común y que, aunque no descarta que esto pueda suceder, hasta el momento no conoce de sanciones de ese estilo.
Según Castro, esto funciona así porque una empresa puede cambiar de representantes legales y eso implica que tiene otras dinámicas. Además, explica que las sanciones suelen ser más económicas y de acciones como crear políticas institucionales para evitar que se repitan casos como los de limitar la libre competencia: “las consecuencias están enfocadas más en proteger el mercado que en limitar al infractor”.
Aún con el prontuario de infracciones de tránsito, con la investigación que en su momento abrió la Superintendencia de Industria y Comercio a una de las empresas y con las quejas y fallas del contrato de transporte escolar en La Guajira, la prestación del servicio sigue a cargo de la Unión Temporal Costa Caribe. A su vez, puede continuar contratando con el Estado, e incluso postularse a la próxima convocatoria que abra la Gobernación para el mismo contrato.
Consonante intentó comunicarse con la representante legal de la unión temporal, Nayrobis Alvarado, vía su asistente, pero hasta el momento de publicar esta historia no recibimos respuesta.
