El pasado 2 de febrero, en horas de la tarde, se registró un accidente de tránsito entre una motocicleta y un tractocamión. En la motocicleta iban dos jóvenes que fueron arrolladas por el vehículo de carga y una de ellas, identificada como Rosabel Romero, perdió una pierna. El hecho ocurrió en la calle 17 con la carrera 21, en el barrio Alto Prado, Fonseca.

La motocicleta que se desplazaba sobre la calle 21 tenía prioridad, pero el conductor del tractocamión no se detuvo en la intersección, ya que en ninguna de las cuatro esquinas hay una señal de tránsito que indique “Pare”. El conductor alegó ante las autoridades que no es de Fonseca, no conoce la ciudad y mucho menos la preferencia de las calles y carreras. 

Este fue el hecho más reciente de accidentalidad en Fonseca y que se suma a las quejas de la ciudadanía por falta de señalización en el municipio. 

Consonante consultó al Tránsito Municipal y al Hospital de Fonseca y ninguno de estos entregó cifras oficiales de los accidentes ocurridos este año. El cuerpo de bomberos voluntarios, que llega por lo general primero a estas emergencias, señala que en lo que va del año no se han registrado fallecidos, pero sí varios heridos. Hasta el 21 de marzo, el cuerpo de bomberos ha atendido 6 accidentes con 8 personas lesionadas. La mayoría son por exceso de velocidad, no respetar las señales de tránsito, no portar los elementos mínimos de seguridad e ir hablando o chateando en el celular.

“En cuanto a las medidas hay mucho por hacer tanto por parte de la administración y del Instituto de Tránsito municipal. Deben trabajar de la mano con el gobierno departamental y nacional para conseguir apoyos que ayuden a mejorar y avanzar en materia de movilidad. Este es un trabajo de todos y tenemos que ser responsables con nosotros mismos a la hora de desplazarnos ya sea en vehículos pesados, livianos o a pie”, concluye José Carlos Mendoza, comandante del cuerpo de bomberos de Fonseca.

Consonante recorrió las principales calles del municipio, donde se han registrado accidentes, con el fin de detallar qué hace falta en estas intersecciones. También, se le preguntó a la audiencia para que enviaran sus reportes.

1. Calle 13 con carrera 19. No funcionan los semáforos

Esta es una intersección céntrica en donde convergen los bancos, la zona rosa, almacenes de cadena y hay alto comercio local. En este punto los semáforos llevan nueve meses apagados.

2. Calle 13 con carrera 17. No funcionan los semáforos

Es una arteria que tiene alto flujo comercio local y que conduce al corregimiento de El Hatico. Los semáforos llevan nueve meses apagados.

3. Calle 13 con carrera 14. No funcionan los semáforos

Esta zona es de alto flujo vial porque conecta con la carretera que conduce de Fonseca al corregimiento de Conejo. Hay gran presencia comercial. Los semáforos llevan nueve meses apagados.

4. Calle 18 con carrera 11. Entrada a la plaza principal, no hay señalización

Se evidencia un callejón que conduce a la plaza principal sin ninguna señalización y donde hay alta movilización de vehículos y de personas que se dirigen a la Institución Educativa María Inmaculada. En la plaza además está la iglesia San Agustín y la salida hacia el corregimiento de El Hatico.

5. Calle 15 con carrera 14. Intersección de alto riesgo

Este cruce está en una zona residencial que le da la preferencia a quienes se desplazan por la carrera y que comunica con algunos barrios periféricos de Fonseca o al corregimiento de Conejo. Algunos conductores no respetan el “Pare” sobre la calle ocasionando frecuentes accidentes.

6. Calle 17 con carrera 9. Intersección de alto riesgo 

Es una arteria de movilidad continúa por ser una de las calles principales. Conduce a barrios periféricos y subnormales. Acá faltan reductores de velocidad.

7. Calle 10 con carrera 21, en la esquina del cementerio. Señal de “Pare” vandalizada

Ruth Mendoza, habitante de Fonseca, reporta que en esta intersección hay un alto riesgo de accidentes de tránsito porque, a menudo, los conductores eluden la señal de "Pare". Esta calle es transitada constantemente por los transportadores que buscan evitar el tráfico de la vía principal en su camino hacia Distracción.

“Una sobrina casi pierde la vida y estuvo un mes hospitalizada porque un irresponsable en su carro se voló el pare del cementerio en la calle 10 con carrera 21, ese punto es peligrosísimo, realmente uno que respeta las normas anda con miedo porque no falta el loco”, cuenta Mendoza.

Habitantes y conductores piden pronta intervención

A los puntos detallados se suma que hay calles con grietas, falta de alumbrado público y las pocas señales de tránsito existentes han sido vandalizadas o están en malas condiciones. Todos estos factores hacen que la movilidad en general no sea la más adecuada. 

Fredy Romero, transportador intermunicipal, indica que los semáforos nunca han funcionado y pide que sean intervenidos: “Las señales de tránsito son muy necesarias, pero en Fonseca están mal, los semáforos no sirven desde septiembre del año pasado y al comienzo prestaron un servicio a medias. Fonseca ya creció y amerita más semáforos”.

Romero también habla de la falta de cultura ciudadana. “La gente es imprudente, yo he presenciado muchos accidentes en la glorieta en donde convergen la calle 13, la diagonal 12, y la carrera 20. Aparte de que no hay la adecuada señalización muchos conductores ignoran quién lleva la preferencia y cometen imprudencias”. 

“Vengo del Huila y la diferencia es abismal. No sirven ni los semáforos, aquí estoy en plena avenida principal con la carrera 19 y como puede evidenciarse tengo que jugar para atravesar o para hacer un giro. Acá la gente es muy imprudente y fomentan el desorden”, asegura por su parte Manuel Agustín, motociclista.

Freddy Palacios, comerciante y quien tiene un negocio en la calle 13 con carrera 19, también advierte del mal estado de las señales. “Los semáforos no funcionan y ahora con la oscuridad que reina en las noches las pocas que hay ni se ven. Algunas señales las tapan los árboles, se las han robado y otras ya no se distingue lo que dicen por su antigüedad”.

“En la esquina diagonal a mi negocio todos los días veo entre dos y tres accidentes. Las autoridades tienen que entender que Fonseca creció, es una ciudad intermedia y no está para tener tres semáforos dañados e insuficiencia en señales de tránsito”, cuestiona.

Lo mismo opina Jhony Brito Rosado, conductor y empleado de Cerrejón: “La señalización es mala, de uno a diez le daría un cuatro. No hacen mantenimiento, ni reponen las que son vandalizadas. Hay calles muy oscuras como la carrera 14 entre calles 10 y 9. En ese túnel han resultado personas atropelladas y fallecidos por la poca visibilidad”. 

¿Qué dicen las autoridades?

El Instituto de Tránsito de Fonseca (Instrafon) ha tenido dos directores en lo que va de 2024. El primero fue José Vicente Velásquez Peralta, nombrado el 29 de diciembre de 2023 por el exalcalde Hamilton García. Velázquez fue destituido y en su reemplazo llegó Luis Emiro Idárraga Peña, quien fue el primer secretario de Gobierno de la anterior administración.

Luis Emiro Idárraga Peña, actual director de Instrafon, reconoce que hace falta invertir en la señalización, pero aclara que todavía no hay plan de trabajo claro ni de cómo se realizarán las campañas de movilidad. “Vamos a implementar programas y jornadas de capacitación, sensibilización e información para lograr que la comunidad respete las señales de tránsito. Somos conscientes que hay que hacer una inversión para optimizar la señalización en el casco urbano. Esperamos contar con el apoyo del Gobierno y las entidades comprometidas con la movilidad para brindarle seguridad a los conductores de todo el parque automotor y a los peatones en general”.

Por su parte, la comunidad espera que los nuevos funcionarios del tránsito le den cumplimiento a las acciones a las que se han comprometido como charlas pedagógicas, cursos, optimización de las señales de tránsito, incluyendo la semaforización, para mejorar la movilidad en el municipio de Fonseca.

Después de la tragedia en la vía que comunica a Quibdó con Medellín ocurrida el 12 de enero, se visibilizaron en el resto del país distintos problemas por los que atraviesa el departamento del Chocó: los hospitales están en mal estado y sin recursos, la única universidad pública no tiene alcance en las subregiones, hay poca inversión en el campo y la conectividad en el departamento es inestable. 

Sobre este último punto, la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba Curi, anunció en su cuenta de Twitter la construcción de un segundo nodo de fibra óptica para el departamento, la cual mejoraría la conectividad sobre todo en Quibdó, que tiene una penetración de internet de un poco más del 10 por ciento, de acuerdo con el último boletín trimestral del MinTIC. Es decir, este es el porcentaje de personas respecto a la población total que se conecta a internet, porque cuentan con una conexión fija en sus hogares.

El proyecto con el que se busca crear una segunda entrada de fibra óptica, y al que hizo referencia Córdoba Curi, está andando desde octubre de 2023 y es el programa con el que el Gobierno busca conectar a 175 municipios con bajo acceso a internet en el Pacífico, La Guajira y el Urabá antioqueño. De acuerdo con el ministerio, este programa busca conectar a los 30 municipios del Chocó; empezando en una primera fase con más de 22.000 conexiones fijas en Quibdó y casi 600 en El Carmen de Atrato, que es por donde entrará el nuevo nodo de fibra óptica. Este trabajo se hará con la empresa InterNexa, que será el nuevo proveedor de internet.

Aunque en El Carmen ya hay un trabajo adelantado por parte de pequeñas empresas, la poca socialización del proyecto con las comunidades y los Proveedores de Servicio de Internet locales (ISP, por sus siglas en inglés) genera dudas en un municipio que ya ha visto el fracaso de otros proyectos de conectividad. 

1. Los retrasos desde el anuncio del programa

A mediados de octubre del año pasado, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, lanzó el programa junto al gerente de InterNexa, Arbey Gómez, para una primera fase que tendrá una duración de dos años, en la que se priorizaron 38 municipios a nivel nacional. En el Chocó fueron seleccionados Quibdó y El Carmen de Atrato. Además, puntualizó que en El Carmen se instalarán 571 conexiones fijas de fibra óptica, mientras que en la capital del departamento se harán 22.529 conexiones. 

Aunque el MinTIC anunció que al finalizar el 2023 las más de 23.000 conexiones en ambos municipios ya serían una realidad, solo hasta el 19 de diciembre del año pasado estuvieron listos para conectarse los primeros municipios en Nariño, según estimó Juan Manuel Guerrero, subdirector de infraestructura del Viceministerio de Conectividad en una entrevista para Consonante en noviembre. 

Guerrero explicó que dependen de que InterNexa les habilite por departamento la capacidad de internet para que luego pueda ser llevado a los hogares, pero hasta ese momento no había sido habilitada la del Chocó. También agregó que entre los meses de diciembre de 2023 y febrero de 2024 se activaría esta capacidad en el departamento. “Lo que se va a mirar a través de los ISP regionales y las redes que ya existen, por ejemplo en El Carmen de Atrato, es cómo pueden hacer parte del proyecto para garantizar que ese municipio cuente con una estabilidad en el servicio de fibra óptica”. Una vez se garantice esta estabilidad, explicó Guerrero, los ISP pueden llevar la conexión a los 571 hogares proyectados. 

De acuerdo con información actualizada del MinTIC, a la que tuvo acceso Consonante, los dos nodos de InterNexa para Quibdó y El Carmen de Atrato entrarán en funcionamiento el 8 de marzo. Según el ministerio, esto va de acuerdo con lo programado, sin embargo todavía no se han seleccionado los proveedores locales (ISP) que son los que hacen las instalaciones de internet, es decir, son ellos los que llevan el servicio a los hogares. Los ISP son fundamentales para el funcionamiento de este programa, pues son, en muchos casos, los únicos que han logrado conectar a los hogares cuando los grandes operadores no llegan hasta allá o el Estado ha fallado en proveer un servicio gratuito o subsidiado de calidad.

En noviembre del año pasado el MinTIC lanzó una convocatoria para que los ISP pudieran adherirse al proyecto y ser ellos los que en esta primera fase puedan proveer los servicios de internet a los hogares priorizados. Sin embargo, en El Carmen de Atrato las ISP aún no tienen una respuesta. “Nosotros vimos la noticia y aplicamos a través de la página del MinTIC, subimos la documentación requerida pero no nos han confirmado nada, ni sabemos si quedamos seleccionados”, dice Héctor Herrera, técnico de Intercom, un ISP que funciona en el municipio.

De acuerdo con la información provista por el ministerio, esta selección de los ISP se hará a mediados de marzo. Esto permitirá que “los ISP seleccionados, una vez firmen el contrato de fomento, se puedan conectar a los nodos implementados por Internexa. Una vez los ISP se conecten a los nodos, podrán iniciar las actividades de comercialización e instalación del servicio de Internet fijo de banda ancha a nuevos hogares de estratos 1 y 2”, afirmó el ministerio.

Para esta primera fase, el transporte en la red troncal, los equipos, la instalación y la conectividad de las redes no tendrá ningún costo para los ISP seleccionados que instalen los servicios internet de los nuevos hogares. Además, solo podrán cobrar una tarifa máxima de 11.917 pesos para estrato 1 y 26.319 pesos para estrato 2, sólo en las cabeceras municipales.

Aunque el MinTIC asegura que los tiempos van de acuerdo a lo planeado, la información que se ha dado sobre los plazos se ha ido modificando, generando confusión en los ISP y en las empresas que le proveerán los servicios a InterNexa, como es el caso de la Empresa de Telecomunicaciones de El Carmen de Atrato.

Su gerente, Oscar Restrepo, cuenta que desde julio del año pasado InterNexa los contactó para evaluar si el anillo y las redes que ellos usaban les podían servir para entrar al Chocó por el departamento de Antioquia. Oscar les contó que él ya tenía eso adelantado, pues por las fallas que presenta el actual proveedor de internet del departamento, Azteca, su empresa ya había “tirado” un cable de fibra óptica desde Caldas (Antioquia) hacia Ciudad Bolívar, pasando por los municipios de Fredonia y Venecia para poder ofrecer una alternativa de conexión a sus clientes. “Lo que me dijo InterNexa es que nuestra empresa ya tiene la vía y lo que harían ellos es alquilarnos y suministrar el servicio de esta troncal”, agrega.

Restrepo explica que ahora lo que necesitan es hacer una inversión en infraestructura desde El Carmen hasta Ciudad Bolívar para que puedan hacerse las nuevas conexiones en los hogares. Esto, por supuesto, ha significado una inversión importante para ellos. “Hemos invertido en la red, en la compra de linderos y toda la infraestructura de aquí a Ciudad Bolívar. Todavía nos faltan unos kilómetros para hacer el empalme porque aún hay zonas donde no hay postería, pero estamos trabajando en esa instalación”, dice.

Tener un terreno abonado en la instalación de una red alterna ha ayudado a que el trabajo en El Carmen de Atrato avance más rápido, pero dice que la comunicación con InterNexa ha sido esporádica. Además, explica que el derrumbe en la vía Quibdó-Medellín en enero “retrasó el trabajo y sumado a eso no hubo internet por cuatro días, quedamos incomunicados”. 

2. La relación del proyecto con el actual proveedor, Azteca Telecomunicaciones

Restrepo explica que el mal servicio que presta Azteca, el único proveedor de fibra óptica en el departamento, ha hecho que su negocio sea poco rentable. “Este pueblo se ha quedado incomunicado hasta cinco días. Para nosotros no es rentable esa situación porque nosotros también conectamos a colegios y alcaldías y ha sido un dolor de cabeza. Con estas fallas lo que hacen los usuarios es buscar otras alternativas como internet satelital”, comenta. 

Restrepo cuenta que la raíz del problema con Azteca es que el cable de fibra que sale desde Risaralda es susceptible a accidentes y cortes, lo que lo convierte en un servicio inestable. Además, los propietarios de los predios por donde pasa el cable también cobran una comisión a los ISP. “El servicio de Azteca realmente ha sido muy deficiente. Al cable le pasan muchas cosas: mochan la fibra, hay accidentes, se caen árboles. El Chocó es un departamento donde el internet es un caos, es un desorden. Es por eso que necesitamos una red alterna”. 

Otro problema que tiene Azteca son sus altos precios, Marvin Córdoba, gerente de la ISP MakroSistem, que funciona en Tadó, Cértegui y Las Ánimas, explica que para hacer sostenible la operación deben cobrarle a sus usuarios entre 50.000 y 70.000 pesos mensuales por 10 o 15 megas. “Azteca nos cobra entre 8.000 y 12.000 pesos la mega en Tadó, pero no sabemos qué criterios utilizan para hacer esos cobros. ¿Cómo vamos a ser competitivos si el proveedor no nos da buen servicio, buen precio ni buen respaldo?”, se pregunta. 

Juan Manuel Guerrero explicó en noviembre que la llegada de un nuevo proveedor puede ayudar a bajar los precios de Azteca y para que las IPS tengan otra opción para contratar. “Al tener un nuevo actor, que es InterNexa, los costos se van a disminuir. Los precios que hoy en día se pagan por capacidad de transporte y por parte de los ISP va a disminuir y va a generar competencia, porque si Azteca quiere seguir compitiendo, tiene que mejorar sus costos. El “chorro” de InterNexa va a estar ahí para que ellos se puedan conectar, si así lo consideran”, dice. 

La llegada de InterNexa como una red alterna, que funcione paralelamente a Azteca, no es tan clara. El Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, firmado entre Internexa y el Fondo Único de TIC en noviembre del año pasado, explica que para optimizar recursos Internexa puede utilizar las redes desplegadas por Azteca Telecomunicaciones, “siempre y cuando cumplan con los estándares y niveles de servicio dispuestos para el proyecto ‘ConectiVIDAd para Cambiar Vidas’”, dice el ministerio. Esto, además, preocupa a los ISP por el mal servicio que han tenido con este proveedor. 

3. No hay una comunicación constante con las Juntas de Acción Comunales o Comunidades de Conectividad

En la primera fase de este programa las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las comunidades étnicas –que se han denominado para el programa Comunidades de Conectividad– contarán con el apoyo de los ISP seleccionados para llevar internet a los hogares beneficiarios. Guerrero explica que, durante los dos años que dura la primera fase, estas comunidades recibirán capacitaciones para poder encargarse de la manipulación y el mantenimiento de la red después, si así lo desean.

Esta propuesta del Gobierno, si bien suena como una salida al poco acceso y a los altos costos de conectividad que tienen algunas comunidades, necesita tiempo para llevarse a cabo. La primera fase de este programa está contemplada para finalizar en junio de 2026, hasta ese entonces los ISP seleccionados por el ministerio serán los encargados de prestar los servicios y, mientras tanto, las comunidades de conectividad se irán capacitando para lograr operar estas redes en dos años. Si no tienen el interés o la capacidad podrán seguir contratando los servicios de los ISP, pero asumiendo los costos. 

Uno de los objetivos de ‘Conectividad para Cambiar Vidas’, no solo es llevar conectividad a los lugares con menor acceso y poder que las personas estudien, accedan a servicios médicos y citas por teleconsultas, comprar productos para desarrollar sus actividades económicas, sino lograr que las comunidades se apropien de las tecnologías, y puedan, en un futuro, generar ingresos. Pero, si quieren lograr el mantenimiento de esas redes, deben primero dominar los conocimientos técnicos de las redes. “La verdad para mí ha sido un tema muy difícil de entender”, dice Inés Vásquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Siete. Marvin Córdoba piensa que esta capacitación será difícil de lograr puesto que, en muchos casos, los representantes de las JAC son personas mayores que no tienen mucho interés en la tecnología.

MinTIC asegura que han hecho la divulgación y han dado la información sobre el proyecto a organizaciones sin ánimo de lucro y entre ellas a varias Juntas de Acción Comunal, pero este no ha sido el caso en El Carmen de Atrato. Luz Estela Buitrago, presidenta de la JAC Central, que es la que opera en la cabecera municipal, dice que aún no ha sido informada sobre ninguna capacitación por parte del ministerio ni ha sido invitada a ninguna socialización. “Hasta el momento no nos han notificado nada. Y me parece algo muy importante porque las JAC son el enlace directo con las comunidades y la alcaldía, estamos legalmente constituidos y siempre se nos ha relegado, entonces es importante que a través de nosotros se canalicen esos proyectos”, dice. Buitrago enfatiza en que el servicio de internet en el municipio falla constantemente, “a veces no podemos descargar cosas, se demora mucho y las videollamadas se caen”, agrega. 

Sumado a esto, muchas comunidades enfrentan dificultades a la hora de pagar servicios como agua y luz por el mal servicio que prestan. Vásquez piensa que con este servicio no será distinto. “Nuestra vereda es más comercial que familiar, y el internet sí es muy necesario, pero aquí tenemos otras prioridades como por ejemplo garantizar que a la gente le llegue el agua, nosotros tenemos un problema muy grave de agua”. Vásquez dice que, en el caso de que logren conectarse, la gente pagará unas cuotas, pero luego será difícil que sostengan el pago. 

“Las prioridades son muchas, y el internet es una de ellas, porque necesitamos informarnos, capacitarnos y estudiar, pero aquí en el municipio tenemos otros temas que tenemos que resolver: el acceso a las veredas, la carreteras son muy malas, el trabajo en el campo y también la drogadicción en el municipio, que se ha ido desbordando”, puntualiza Buitrago. 

4. ¿Qué ocurre con la conectividad de la zona rural?

La poca infraestructura (postes y cableado de luz), la distancia entre las veredas y el bajo poder adquisitivo, enmarcado en una desatención estatal ha hecho que las zonas rurales sean los lugares con menor penetración de internet. 

La zona rural de El Carmen de Atrato tiene 30 veredas donde el acceso a internet es muy bajo. Laura Giraldo, presidenta de Asocomunales, que reúne a las JAC de la zona urbana y rural, si bien acepta que en las cabeceras municipales hay más pobreza, son las zonas rurales las que más necesitan urgentemente este servicio. “La zona urbana cuenta con servicio de internet, ellos pagan 20.000 o 30.000 pesos, que son unas tarifas muy económicas. Mientras que nosotros en las zonas rurales tenemos que pagar 120.000, 150.000 o 200.000 pesos si es satelital. En las zonas rurales hay una necesidad inminente de conexión, sobre todo cuando no tenemos señal de celular, entonces la conectividad nos permite conectarnos con el mundo y estudiar”, explica. 

En septiembre de 2022, más de 10 familias de la vereda La Argelia se organizaron para contratar los servicios de un operador de internet de radiofrecuencia, Esotel, para poder hacer trámites, recibir y buscar información. En la vereda La Argelia, así como en Guaduas, El Once, El Quince, El Lamento, El Yarumo, El Dauro, El Cinco, La Puria Sabaleta y El Consuelo, no hay señal de móvil.

La zona rural de El Carmen ha sido la que más se ha visto afectada por los proyectos de conectividad de anteriores gobiernos que han fracasado.El último fue el de los centros digitales, que prometía conectar a 20 escuelas de la zona rural de este municipio para brindar internet tanto a la comunidad educativa como a los vecinos de estas veredas. Pero un par de meses después de la instalación, el internet dejó de funcionar.

Estos centros digitales hicieron parte del contrato que el MinTIC del gobierno de Iván Duque firmó con la Unión Temporal Centros Poblados y que estuvo en el centro de un escándalo el que el ministerio le entregó un anticipo de 70 mil millones de pesos al contratista que había presentado una supuesta garantía bancaria falsa y que, además, no tenía la experiencia ni la capacidad para asumir el contrato. Esto terminó en la renuncia de la ministra TIC de entonces, Karen Abudinen. Mientras tanto, los estudiantes y los docentes de la zona rural, se quedaron con salas llenas de equipos pero sin internet, afectando los procesos educativos y docentes. 

El MinTIC asegura que está desarrollando proyectos de acceso a las TIC en las zonas rurales y apartadas del país, dentro del que destaca ‘Centros Digitales’, que tiene como propósito “instalar 14.057 soluciones de acceso comunitario a Internet en las zonas rurales y apartadas del país, cuyos puntos de conectividad prestarán el servicio de forma gratuita hasta 24 horas al día, los siete días de la semana, y de manera ininterrumpida al menos hasta el año 2032”. En El Carmen de Atrato tienen prevista la instalación de 14 Centros Digitales con una inversión de 2.278.909.124 millones de pesos, pero todavía 13 se encuentran en instalación y ninguno en operación. 

*Esta infografía fue publicada originalmente en marzo de 2023 pero debido a la emergencia por un derrumbe en la vía Quibdó-Medellín el 12 de enero de 2024, se ha republicado.

Carmen Soreli Romero vive con sus tres hijos y su esposo desde hace más de dos años en el corregimiento de Curazao, en San Juan del Cesar. Aunque su casa está ubicada a la orilla del río San Francisco, el acceso al agua para ella y su familia es difícil. Para cocinar, bañarse y lavar deben pedir prestadas mangueras a sus vecinos para sacar agua de pozos artesanales.

Por esto, el anuncio que hizo la Gobernación el pasado 18 de septiembre llenó de ilusión a los habitantes de Curazao y dos corregimientos más (La Peña y La Junta). La gobernadora Diala Wilches informó la construcción de la línea de conducción que llevará agua desde la válvula de la represa del río Ranchería hasta San Juan del Cesar las 24 horas del día. En la primera etapa, según dijo, se contempla llevar el servicio a estos tres lugares con una inversión de más de 10 mil millones ($10.696.897.523). Sin embargo, dos meses después, el proyecto se encuentra en licitación y no ha sido socializado con las comunidades.

Para Romero, de 33 años de edad e integrante de la Junta de Acción Comunal de Curazao, esta es una promesa que siempre se hace. “No lo veo como una solución, pienso que más que palabras quisiéramos hechos, todo el mundo sabe en La Junta, Curazao y La Peña estamos sufriendo. Con decirnos que nos van a colocar el agua no nos solucionan nada, seguimos igual. Hasta que no veamos movimiento en marcha no podemos creer ni alegrarnos”, asegura.

"Ese anuncio fue algo que se hizo público en las redes, nadie ha venido hasta acá a reunirse con nosotros para exponer algún proyecto o algo. Nos gustaría que nos aclaren y reúnan a las tres comunidades y nos digan algo. Cada cuatro años es el tema de los políticos y como es la necesidad fundamental que tenemos lo utilizan como estrategia de política, venimos siendo usados en ese sentido", agrega.

En Curazao reciben agua desde un acueducto ubicado en el corregimiento de Potrerito, el cual le suministra el servicio a toda esa zona, pero esto solo es posible en épocas de invierno. Las familias en Curazao han durado hasta 2 años sin el servicio y, por tanto, decidieron construir un acueducto alterno que funciona por medio de turbinas que halan el agua desde pozos artesanales construidos a las orillas del río Santo Tomás. Estas mangueras son de propiedad de algunos vecinos y quienes quieran usarlas deben pagar. "La hora de llenado sale de 7 mil a 10 mil pesos, antes costaba 5 mil y ahora lo han elevado", asegura Carmen Romero.

Romero paga por este servicio cada cuatro días para llenar unos tanques que tiene en el baño y la cocina. Además, cuando va de visita a Carrizal, una vereda cercana donde viven sus suegros, lleva canecas y trae agua para consumir, puesto que la que reciben no es tratada y causa enfermedades.  "Es agua que llega de los pozos y es salobre, está contaminada porque hay muchas personas que tienen el ganado suelto y hacen sus necesidades en el río y así se consume. Eso está causando enfermedades", recalca.

Del otro lado de Curazao vive Jorge Luis Mendoza, líder comunitario de 32 años de edad. Cuestiona que aunque el acceso al agua es un derecho fundamental en su comunidad no lo están recibiendo. "Es un servicio vital y no lo tenemos, solo hay acceso día por medio con muchas dificultades porque el río está seco y desde allí depende el agua que nosotros consumimos. Cuando no tiene suficiente caudal pasamos necesidad", relata.

Los habitantes de Curazao reciben un carrotanque cada 15 días que es enviado por la alcaldía municipal, pero este no pasa por todo el corregimiento y no es suficiente. "Nos mandan un carrotanque cada 15 o 20 días, 500 litros de agua por casa, es agua solo para consumir y no alcanza porque hay casas con bastantes personas. Además, hay partes en el corregimiento que son de difícil acceso", asegura José Luis Mendoza.

Mendoza puntualiza que está no es la primera vez que les prometen agua. "Ya van como tres veces que nos prometen eso y nada. Ese es un caballito de troya que tienen todos los políticos cada vez que hay elecciones, nos dicen que nos van a suplir esa necesidad y pasan los años, pasan gobiernos y seguimos igual", dice.

‘En La Peña deben esperar que en la Junta y Curazao recojan agua’

Romero y Mendoza no son los únicos que viven esta problemática de no tener agua las 24 horas del día. En esa misma situación está Beltran Acosta Mendoza, de 69 años de edad, residente en el corregimiento de La Peña, a 15 minutos de San Juan del César. Acosta se dedica a trabajar como conductor de transporte. Para poder recoger agua, asegura que debe esperar a que los otros dos corregimientos que están antes del suyo terminen de llenar. "Aquí el agua nos llega cuando ya todo mundo recoge en La Junta y en Curazao y nos llega un poquito. La recogemos por medio de turbina, en mi caso yo la recojo en la noche que es donde puede llegar mejor, porque a esa hora no hay nadie agarrando. Pero hay momentos que queda uno con la turbina puesta porque no llega nada", asegura Acosta.

El agua llega a La Peña cada 8 días, de allí se abastecen cerca de 400 personas en todo el corregimiento. Hay días y temporadas en las que no les llega el servicio y deben ir hasta el río a llenar las canecas. Cuando es época de verano y el río está seco deben conectar turbinas a los pozos que están a orillas del afluente para halar el agua que no es apta para el consumo humano.

"Ahí al frente de mi casa hay un anillo con agua de la misma playa del río y ahí va la gente en burro, a pie o en carro a buscar un poquito de agua, que solo es apta para bañarse y lavar, para tomar no sirve", relata Acosta, quien tiene dos hijos que viajan a Valledupar, a casi 45 minutos de La Peña, y le traen canecas de agua potable. En su pueblo hay quienes no tienen el dinero para comprar el agua y mucho menos quien se las traiga, es por eso que se ven obligados a consumir el agua que reciben de los pozos la cual ha causado enfermedades en la piel y el estómago. En La Peña hay alrededor de 200 casas, habitadas de 3 a 4 personas y en otras hasta 7 personas.

Por esto, Beltrán Acosta dice que la comunidad está a la expectativa de que el proyecto se ejecute: "Cuando oí el anuncio por la radio de que nos van a traer el agua de la represa, nosotros nos pusimos contentos en el pueblo porque yo sé que esa represa tiene agua para todo San Juan y sus corregimientos".

"Según los anuncios, nos tienen satisfechos de que sí va a llegar el agua. Siempre las cosas se mueven más cuando están en política pero esto ya viene desde hace tiempo", agrega.

“Desde que yo nací nos están prometiendo agua"

En el corregimiento de La Junta también carecen de agua. Para sus (3.000 habitantes aproximadamente) es una fortuna cuando llueve porque esto implica que el caudal del río incrementa y que tengan agua. Pero el afluente casi siempre está seco y cuando es verano la situación empeora.

"A pesar de que en algunas partes la lluvia hace daño, a nosotros nos favorece porque estamos en zona alta y no sufrimos de inundaciones, más aún el caudal del río aumenta", manifiesta Jhon Jairo Acosta, presidente de La JAC. 

Acosta, de 48 años de edad, advierte que llevar agua a su comunidad ha sido una promesa de toda la vida: "Desde que yo nací nos están prometiendo agua". "No es la primera vez que nos hacen ese tipo de ofrecimiento y más cuando llega la política. De pronto para darle impulso a los candidatos, se basan en esos anuncios para tratar de dominar la mente de las personas”.

Y agrega: “Yo le pongo 40 años más o menos para que podamos ver el agua acá. Muchos de nosotros no alcanzaremos a verlo".

"Es importante el agua porque es una de las necesidades más grandes del ser humano, además es un derecho fundamental que se está vulnerando", sostiene.

Acosta rescata que la comunidad espera que el proyecto se ejecute. "Hay quienes están muy ilusionados, creen que esto ya se resolvió e incluso que el alcalde de San Juan del Cesar antes de dejar el mandado va a entregar ese acueducto". “Hay falta de comunicación, de conocimiento porque un proyecto de esos no se ejecuta en dos o tres meses. Lleva un proceso largo, unos estudios y eso mucha gente no lo sabe", advierte.

“En el momento nos da alegría pero cuando uno analiza, vuelve y cae uno en la misma tristeza porque es algo a largo plazo, cuándo veremos a San Juan con agua las 24 horas del día, si ahora mismo con la empresa Veolia hay un desastre por el mal servicio con la cantidad de agua que tiene”, cuestiona.

¿Quiénes son los jurados de votación?

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), los jurados son la máxima autoridad en la mesa de votación. Son las personas encargadas de atender a los votantes, hacer el pre conteo de votos y registrar los resultados en los documentos electorales. Los jurados cumplen una función pública transitoria, ya que son los encargados de garantizar la transparencia durante el proceso de votación.

¿Cualquier persona puede ser designada como jurado de votación? 

Pueden ser designados como jurados funcionarios y empleados públicos, empleados de empresas privadas, estudiantes de educación superior mayores de 18 años y miembros de partidos y movimientos políticos. Todas estas personas deben ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos y ser menores de 60 años.

La Registraduría hace el sorteo de los nombres de forma aleatoria utilizando un software que a su vez se alimenta de unas listas que proporcionan los jefes de recursos humanos de entidades públicas y privadas, las universidades y otros establecimientos educativos y también desde los directorios políticos. 

Para Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares, este amplio número de personas que son susceptibles de ser elegidos como jurados, le dan un manto de confianza y de credibilidad al proceso. “Al tener un ramillete amplio de personas, con diferentes ocupaciones, intereses e inclinaciones políticas y que además son elegidas al azar, logra que de alguna u otra forma se blinde el proceso y genera confianza a la hora de hacer el conteo y el escrutinio de los votos”, explica. 

Si soy designado como jurado, ¿debo aceptar obligatoriamente?

Sí. De acuerdo con la MOE, la publicación de las listas de jurados se hace 15 días calendario antes de las elecciones por parte de la Registraduría Nacional. Es decir que desde el 14 de octubre ya es posible consultar si fue elegido como jurado. 

Para saber si fue elegido debe consultar en la página de la Registraduría con su número de cédula. Las registradurías municipales también deben hacer público este listado, así que si no tiene acceso a internet puede acercarse a la sede de esta institución en su municipio. Allí podrá encontrar el sitio de votación y la mesa que le fueron asignados. 

Las personas que no asistan y no tengan una causa justa pueden ser multadas por una suma equivalente a 10 salarios mínimos legales vigentes y si son funcionarios públicos serán despedidos de sus cargos. 

¿Qué debe hacer un jurado antes, durante y después de la jornada electoral?

En cada mesa de votación deben haber seis jurados: tres principales y tres suplentes. 

Antes de que se abran las urnas, los jurados deben verificar el kit electoral y que esté completo. Luego, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. deben atender a los votantes. Los jurados deben verificar la identidad de los votantes, solicitando siempre la cédula de ciudadanía y diligenciar correctamente los formularios y otro tipo de material electoral. Después de las 4:00 p.m. los jurados cierran las urnas, hacen el pre conteo de los votos, destruyen los tarjetones no utilizados y diligencian los formularios que corresponden al escrutinio. 

¿Y qué no debe hacer?

El jurado de votación no debe portar ningún elemento alusivo o distintivo que se asocie con un partido político o un candidato. Tampoco deben abandonar la mesa de votación ni ayudar, guiar o influir en el voto de las personas de ninguna forma. Es por esto que el jurado solo le entregará los tarjetones que usted le solicite. Para estas elecciones usted puede pedir hasta cinco tarjetones: Alcaldía, Gobernación, Concejo Municipal, Asamblea Departamental y Juntas de Acción Local (JAL). Recuerde que no todos aplican para todos los municipios y que en algunos tarjetones, como los de alcaldía y gobernación, podrá encontrar la foto, el nombre del candidato y el partido y en otros como los del concejo, la asamblea y la JAL, solo encontrará el nombre, el logo del partido y el número que lo identifica. 

En este panorama, donde hay tantos cargos que elegir y tantos candidatos por los que votar, Juan Alejandro Pérez piensa que la pedagogía es crucial para que los votantes puedan ejercer este derecho libremente. “A la gente debe enseñársele a votar y esta pedagogía debe ser fortalecida por las instituciones. En este momento tenemos 35 partidos políticos más los movimientos y coaliciones, sumado a varios formatos y tarjetas electorales que se marcan de forma distinta. Realmente le queda muy difícil a la persona de a pie entender el sistema electoral”, explica. 

Pérez piensa que la mayoría de jurados de votación se toman en serio su trabajo, no solo porque no hacerlo bien podría acarrear multas o sanciones, si no porque cada vez más crece el interés de la ciudadanía en cuidar los votos. Libi Astudillo, coordinadora del nodo sur occidente de la línea de Incidencia Política en Extituto -una oenegé que fortalece  liderazgos y procesos colectivos para que puedan incidir y habitar la política- coincide, al ver el interés que ha generado la figura de los testigos electorales en los últimos años. “Evidentemente existe una preocupación, un interés ciudadano por garantizar que las elecciones sean transparentes en un contexto de alta corrupción en el país”, dice.

¿Quiénes son los testigos electorales?

De acuerdo con el Código Electoral, los testigos electorales son ciudadanos que vigilan el proceso de votación y de conteo de votos en representación de partidos y movimientos políticos, coaliciones, movimientos sociales y promotores del voto en blanco.

A diferencia de los jurados de votación, esta labor es voluntaria. Astudillo explica que aunque la figura del testigo y sus funciones están reglamentadas desde hace más de 10 años, ha venido tomando fuerza “desde que se han presentado casos en campañas y candidaturas que pierden sus curules por unos cuantos votos. Esto es perder el trabajo no solo de tres meses de campaña, sino de un año o más solo por unos votos que se pudieron haber cuidado. Muchas candidaturas, sobre todo las que pertenecen a movimientos nuevos e independientes tienen ese temor y por eso cada vez se hace más importante la preparación del día de las elecciones”, dice.

Pérez, por su parte, indica que en algunos casos la labor de los testigos electorales le ha permitido a los partidos recuperar curules. “Tal vez el caso más emblemático es el de las elecciones al Congreso en 2014, donde el partido Mira gracias al trabajo juicioso de sus testigos electorales durante el reconteo pudo recuperar curules. Entonces es por eso que cada vez más los partidos y movimientos están capacitando de mejor manera a sus testigos”, explica. 

¿Quiénes eligen a los testigos electorales?

Los partidos y movimientos políticos, coaliciones, movimientos sociales y promotores del voto en blanco postulan a sus testigos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien es el organismo encargado de acreditarlos y de asignarles el puesto y la mesa de votación donde harán vigilancia. Sin embargo, la MOE indica que esta función de acreditación se le ha delegado a la Registraduría Nacional a través de sus registradores especiales, distritales o municipales, ya que la CNE no tiene la capacidad instalada en todos los municipios del país.

El código electoral especifica que solo debe haber un testigo electoral por cada mesa de votación y uno por comisión escrutadora. En el caso en el que no haya suficientes, un testigo podrá vigilar más de una mesa. 

Los partidos, movimientos, coaliciones y movimientos de ciudadanos son los encargados de garantizar que sus testigos se capaciten. Para que puedan ser acreditados por la CNE y la Registraduría deben haber completado y aprobado la capacitación que se ofrece para ellos en línea.

¿Qué pueden hacer los testigos durante la jornada de elecciones?

Antes de que se abran las urnas los testigos pueden verificar la identidad de los jurados de votación, comprobar que las actas, documentos electorales y las tarjetas electorales no estén diligenciadas; verificar que la urna esté vacía y sellada y asegurarse que las votaciones no empiecen antes de las 8:00 a.m. y que por lo menos haya dos jurados cuando se abra la mesa. 

Durante la jornada de votación, los testigos deben garantizar que los votantes concurran libremente, verificando que las personas voten en secreto y que no haya ningún tipo de presión o interferencia y que presenten la cédula como único documento válido para votar. 

Durante el proceso de escrutinio de mesa los testigos están encargados vigilar de que el primer conteo de votos y luego el reconteo se haga de forma correcta. Esto implica verificar que los formatos que debe diligenciar el jurado durante este proceso sean correspondientes al conteo y si hay errores o enmendaduras garantizar que se consigne de forma explícita que se incurrió en un error.

Los testigos pueden hacer registro fotográfico o de video durante el proceso de escrutinio y pueden presentar reclamaciones cuando se presenten inconsistencias en el número de votos realizados en la mesa y los registrados o si hay errores en los datos del votante. 

Juan Alejandro Pérez indica que el escrutinio de mesa y posterior re conteo de votos es el momento donde se hace importante la presencia de los testigos electorales, sobre todo por las dudas que existen sobre la transparencia de las registradurías municipales. “Lamentablemente muchas registradurías en los municipios están bajo el poder de clanes políticos y nos preocupa lo permeadas que puedan estar los resultados por los intereses de estos grupos políticos”, dice.

¿Qué no pueden hacer?

Al igual que los jurados de votación, los testigos electorales no deben portar ningún elemento que tenga propaganda o distintivo de algún candidato o de un partido político, tampoco deben hacer proselitismo político, interferir con el proceso de las votaciones y tampoco deben actuar como guías electorales ni darles orientaciones a las personas que están votando. Esto, aunque esté en la norma, es difícil que se cumpla en muchos lugares donde la gente no sabe cómo votar. 

Pérez explica que esto, de nuevo, tiene que ver con la poca pedagogía electoral y por la cantidad de tarjetas electorales que se deben diligenciar. “Cuando estas personas se enfrentan a esta cantidad de opciones y además no saben cómo manipular el tarjetón, es el momento en el que personas vinculadas a grupos políticos se aprovechan de la situación y terminan influyendo los votos de las personas”, dice. 

Astudillo piensa que aunque es incorrecto que los testigos se presten para guiar los votos hacia algunos candidatos, es importante entender que hay una distancia entre la imagen que se plantea y se espera del testigo en los códigos electorales -ciudadanos objetivos guiados por el servicio a la comunidad- y lo que son en la vida real: personas politizadas. “Para ser testigo electoral un partido o movimiento político tuvo que haber inscrito tu nombre, son personas que están ahí para proteger los votos de un candidato y ellos están ahí por compromiso o convicción. Entonces es muy difícil en ese caso garantizar una distancia o transparencia absoluta. Por eso me parece más importante la formación de testigos interesados en unas elecciones limpias, que la capacitación de más y más personas", dice. 

Esta distancia entre la norma y la práctica también se ve en la forma como algunos partidos políticos o movimientos reconocen el trabajo de sus testigos. Aunque el trabajo de los testigos electorales debería ser completamente voluntario, muchos partidos deciden remunerar económicamente a sus testigos, además de ofrecerles alimentación y gastos de transporte. “Hay partidos que no tienen la suficiente capacidad interna para buscar gente voluntaria, entonces busca ayuda paga. Y claro, esto no debería pasar, pero también se entiende que mucha gente tampoco va a perder el sustento de un día, pudiendo trabajar un domingo. Entonces lo que hacen es cambiar una actividad por otra”, indica Juan Alejandro Pérez. 

Aquí puedes descargar esta historieta en PDF.

Las quejas contra el servicio de energía que presta Air-e han aumentado en San Juan del Cesar desde que el 11 de junio la compañía anunció que reportaría ante las centrales de riesgo a los usuarios que acumulan deudas en el pago de sus facturas. En las últimas dos semanas, la Inspección de Servicios Públicos ha recibido cerca de 88 reclamaciones sobre el servicio de la empresa. Antes del anuncio, a está dependencia llegaban aproximadamente 12 quejas semanales vinculadas al servicio del agua, alumbrado público, aseo y energía eléctrica. 

Entre las principales inconformidades de la gente se encuentran: el cobro que consideran excesivo en la facturación, predios que siguen recibiendo factura a pesar de no tener conexiones eléctricas o estar abandonados, cambios en los medidores sin previo aviso, denuncias por malos tratos de los funcionarios y poca respuesta por parte de la empresa ante las quejas. Incluso, algunos usuarios aseguran que los empleados de Air-e realizan conexiones arbitrarias para reportar a las personas y demostrar resultados.

Según varias fuentes consultadas por Consonante, los principales temores de los usuarios están relacionados no solo con ser reportados a centrales de riesgo sino perder sus predios, vehículos, motos u otros bienes por los embargos que la compañía advirtió que solicitará ante un juez como penalidad contra los usuarios morosos. Sin embargo, la ley establece que las empresas de servicios públicos deben resolver las quejas de sus usuarios antes de reportarlos a las centrales de riesgo.

Sin luz y sin respuesta

Los y las habitantes afectadas han optado por interponer tutelas, radicar derechos de petición y realizar denuncias públicas en redes sociales y medios de comunicación departamentales. Incluso, algunos han recurrido a retirar por su cuenta los medidores en señal de protesta. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos ha funcionado para recibir alguna solución de fondo frente a sus casos.  

Sergio Luis Márquez, habitante del barrio La Esperanza, cuenta que no tiene ningún tipo de medidor que contabilice el consumo mensual y, aún así, recibe una factura de energía por 300 mil pesos. Cuello sostiene que Air-e no ha cumplido con la instalación de postes y cableados a pesar de que lo han solicitado. Por lo tanto, la poca infraestructura que surte de energía a las casas ha sido adquirida y colocada por la misma comunidad. 

“Yo compré los troncos para el poste, los cables y mandé a poner mi luz. Ellos se han basado en mis cables. El poste de Air-e con la conexión más cercana nos queda casi a 200 metros. La traemos de allá para acá”, afirma Márquez. Agrega que, con las debilidades en las redes de energía y a pesar de que ha pagado cada mes la factura, actualmente tiene una deuda acumulada de 3 millones de pesos. “No sé a qué se deberá la deuda. Es un atropello lo que están haciendo conmigo y con los vecinos”, dice. 

Para Márquez, quien padece una doble discapacidad visual y física, otra de las dificultades que ha tenido que enfrentar es no poder desplazarse hasta la Inspección de Servicios Públicos o de Air-e para interponer alguna queja y visibilizar su caso.

Otra de las personas afectadas es Rosa Ortega, habitante del barrio Rafael de Armas, quien desde hace ocho meses no tiene el servicio de luz ya que la empresa lo suspendió por incumplimiento en el pago, que en ese momento era de 400 mil pesos. A pesar de esto sigue recibiendo facturas por un millón de pesos. Ortega cuenta que no ha podido refinanciar la deuda porque no cuenta con los recursos suficientes pues es madre cabeza de hogar. 

“Tengo que pedir el favor de que me guarden la carne o el hielo todos los días. El agua a veces no me llega y tengo que pedirle al vecino una extensión para encender la turbina y tener agua. Mi mamá está recién operada y no tengo cómo conectar un abanico”, cuenta Ortega. “Para mandar a poner la luz de forma clandestina me cobran 30 mil pesos y no tengo esta plata para estar poniendo y ellos (Air-e) cortando, así que dejé así. La solución para ellos, es que el usuario pague consuma o no, tenga red o no, marque el contador o no”, lamenta. 

Margarita Daza cuenta que su problema con la empresa empezó con la sustitución que considera arbitraria del medidor tradicional por uno de los medidores inteligentes. Desde el cambio, el cobro en la facturación se elevó de 103 mil pesos a 606 mil pesos. “Cuando vinieron a instalar el medidor, les dije que sí se podían esperar hasta las 5 de la tarde y me dijeron que no y de una vez fueron 'enganchando' el contador. Me amenazaron y me dijeron que lo podían poner cuando les diera la gana”, recuerda Daza.

Daza cuestiona que “esa cantidad de dinero que ellos están cobrando no tenemos cómo pagar. Acá no se paga ni siquiera un arriendo de ese de ese valor para venir a pagar el servicio de Air-e, sobre todo cuando aquí no hay artículos que consuman toda esa energía”.

¿Qué dicen las autoridades?

Hugues Alberto Gamez, inspector de Servicios Públicos, afirma que puede haber un subregistro en el número de las quejas que ha recibido en las últimas semanas porque hay personas que no asisten a su oficina o no saben cómo interponer una queja. Reconoce, además, que Air-e se ha convertido en “un bolsillo roto” para los usuarios. 

“Muchos de los usuarios han acumulado deudas millonarias lo que ha demostrado que el único recurso funcional para obtener una respuesta de parte de la empresa es a través de los derechos de petición o de las acciones jurídicas que les ayudamos a formular. En muchos casos prefieren cancelar la matrícula y la refinanciación termina siendo una decisión que atrasa estos procesos", explica el inspector. 

En lo que va corrido del año, el Inspector de Servicios Públicos y la empresa han realizado dos mesas técnicas en las que revisaron las quejas recibidas e intentaron llegar a compromisos para subsanar los inconvenientes. La última se realizó en marzo y la compañía asumió la tarea de extender las redes eléctricas, cambiar las acometidas y reemplazar los medidores tradicionales por los nuevos para mejorar el servicio. 

Gamez agrega que la compañía argumenta que el aumento en las facturas se debe a que la gente no tiene un consumo consciente de la energía pues hace conexiones ilegales, no cancelan a tiempo las facturas y mantienen las bombillas y los electrodomésticos encendidos cuando no es necesario. "Nosotros ya no sabemos qué hacer, Air-e es una empresa que no hay por donde coger. La gente está trabajando para pagar un mal servicio", afirma Hugues Alberto Gámez.

Lo que sigue

Ante la falta de respuesta de Air-e, varias personas crearon dos grupos de Whatsapp. En estos están organizando una movilización para el 2 de septiembre, con el fin de ejercer presión y, de esta manera, llegar a un acuerdo con la empresa o la Superintendencia de Servicios Públicos. Los y las organizadoras están invitando a no pagar la factura.

Por su parte, el Inspector de Servicios Públicos está a la espera de que la Superintendencia se pronuncie sobre las posibles irregularidades y se pueda desarrollar una mesa técnica conjunta entre la empresa y los usuarios. 

A cuatro meses de que se cumpla el plazo para la entrega de 140 viviendas rurales gratuitas en El Hatico por parte de la Alcaldía y Comfacesar, siguen las quejas e inconformidades de las familias que en un comienzo estuvieron en la lista de beneficiarios y que hoy fueron excluidos. 

El 19 de julio Comfacesar publicó en la caseta del salón comunal de El Hatico una lista, con 51 nombres, de las personas que no cumplen los requisitos para la asignación de los subsidios de vivienda. Entre las razones están: “el lote no cumple”, “verificar el riesgo del lote”, “definir tenencia del lote presentado”, “reporta vivienda en el municipio” y “no habita en el corregimiento”. El documento fue firmado por Deimer Perez Solano, coordinador de proyectos de la caja de compensación. 

Aunque en este listado se menciona a quiénes fueron excluidos del proyecto, a la fecha no se conoce quiénes serán los 87 beneficiarios de las viviendas rurales que deben ser entregados hasta diciembre. 

Para este proyecto se suscribió un contrato el 2 de diciembre de 2021 entre Comfacesar y la Alcaldía, con recursos del Sistema General de Regalías OCAD paz, por más de 40 mil millones de pesos (40.902.011.040). Se deben construir 563 viviendas para Conejo, El Hatico, El Jawey, El Puy, Hatico Viejo, Los Altos, Los Toquitos, Mamonal y Quebrachal, beneficiando a 2.218 habitantes. El plazo para realizar el proyecto se cumple el diciembre de este año y para El Hatico faltan por entregar 87 viviendas.

¿Qué dice la gente?

Luego de conocerse el listado de quienes ya no hacen parte de los beneficiarios, unas 30 familias se unieron y el 1 de agosto enviaron un derecho de petición a la Alcaldía y a Comfacesar para pedir respuesta y explicación de por qué fueron excluidos del proyecto.

Amelia Acosta, de 52 años de edad y desplazada de la violencia, vive con su esposo y su hijo Rafael en una casa en obra negra desde hace 20 años. La familia se enteró de los beneficios del Gobierno sobre las entregas de viviendas gratuitas en sitio propio por un concejal que fue a su barrio y en el programa se postularon sus dos hijos, Rodrigo y Rafael.

“Una vez vino aquí un concejal y  me dijo que habían salido beneficiados Rafael y Rodrigo Alfonso,  después cuando fue pasando el tiempo dijeron que Rafael no era favorecido, que solo era Rodrigo. Él se dio cuenta que sí estaba en la lista pero que lo estaban negando”, comenta Amelia Acosta. A su otro hijo, Rodrigo, sí le entregaron la vivienda y hasta hace un mes la terminaron.

Rafael Solano, según el documento de Comfacesar, no puede ser beneficiario del programa porque el terreno no cumple con las condiciones. “Tenemos un solar (lote) en el patio y no lo aceptan, aquí han hecho unas casas en el patio, todo debe ser por igualdad, si ellos hicieron casas en los patios, aquí también pueden. Yo no tengo 10 millones de pesos para darlo por un lote”, recalca Amelia, quien es ama de casa. 

Ante esta situación la familia de Amelia hizo un derecho de petición a la JAC y la Alcaldía. “El presidente de la JAC no quiso firmar la carta de residencia. Yo soy nativa de El Hatico, yo nací y me crié acá, igual que mis hijos. Ellos salieron a buscar otros horizontes, pero son de El Hático (...) Eso es una cosa política, hay personas que no viven en El Hatico y ya tienen su casa”, puntualiza.

Isella Rodriguez Pinto, de 67 años de edad, cedió una parte de su lote para que su hijo, Javier, tuviera una casa. Sin embargo, fue rechazado porque el lote no cumple con las medidas. 

Javier, de 39 años de edad, vive en arriendo y trabaja como agricultor. Según comenta la familia, no fueron seleccionados porque al lote le falta un espacio para hacer una poza en la parte trasera.

“Mi hijo aparecía en el cupo 62 como beneficiario de las casas. Vino un ingeniero y midió el terreno y se le explicó el espacio para las pozas. Le dije al ingeniero que tumbara la cocina o parte de mi casa porque me dijeron que faltaba un metro y el lote es de 5 metros por 10 de largo”, dice Isella.

Norelsy Patiño  Pitre, de 35 años de edad y desplazada, vive en arriendo en Fonseca con sus tres hijos y soñaba con su vivienda para reducir los gastos. Trabaja con el Pit Municipal donde recibe ingresos mensuales por 600 mil pesos, dinero que le alcanza para pagar los  280.000 pesos de arriendo y los gastos de servicios y alimentación.

“Fui una de las voceras del proyecto en el corregimiento. Ese lote me lo regalaron hace años y el problema es que no está a mi nombre. Metí un derecho de petición y estoy esperando que me den respuesta. Me dijeron que yo no era beneficiaria del proyecto porque no vivía en El Hático, me están negando un beneficio. Yo soy desplazada, madre cabeza de familia y no tengo casa. Seguiré peleando por mi casa”, agrega. 

El 25 de julio  funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio realizaron una visita técnica  y social de las 563 viviendas en sitio propio junto a la administración municipal, Grupo Motor, la Secretaría de Planeación, contratistas y la interventoría. “Hace dos semanas me reuní con el representante de la ART y les pregunté si ya estaba el informe, porque a ellos le dan 10 días después de la visita para elaborar un informe de todo el desarrollo y ese tiempo se está venciendo. El proyecto está atrasado y hay negligencia por parte del contratista porque hay beneficiarios a quienes no les han adelantado su vivienda” , comenta Jesús Cobo, miembro del grupo Motor de los Pdet.

Según Cobo, entre El Hatico y Conejo hay 150 familias que fueron excluidas del programa. “Estamos pendiente de averiguar qué va a pasar con las demás familias que no recibirán el subsidio y verificar por qué no califican en el programa”, puntualiza.

Lo que sigue

Varias de las familias excluidas en el programa le pedirán una revisión de carpetas al Departamento Nacional de Planeación para que sea garante de la entrega de subsidios y revisen los documentos de todos los beneficiarios. Algunos líderes y lideresas dicen que de no tener pronta respuesta a los derechos de petición ante la Alcaldía y Comfacesar cerrarán nuevamente el cuarto donde guardan materiales. 

Por su parte, el grupo Motor esperará a que el DNP envíe una copia del informe a la ART para solicitar y observar los hallazgos de las posibles irregularidades en la entrega de las viviendas. 

Anderly Marcela Mosquera Mosquera tiene 17 años y cursa onceavo grado en la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. Se levanta todos los días a las cuatro de la mañana para tomar el bus que la lleva desde su casa, en el corregimiento El Tabor, hasta el colegio. A pesar de que asiste a clases hasta las 2 de la tarde, no desayuna antes de salir. Hasta esa hora, su alimentación depende del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que sirven en la IE Nuestra Señora de Fátima. En el marco de este programa, recibe un complemento alimenticio en la mañana y un almuerzo.

Durante un día de clases, Anderly recibe su primera comida del día a las 8:40 de la mañana, cuando las empleadas de la institución entregan la ración correspondiente del PAE. El desayuno de un día cualquiera consiste de una porción de arroz con huevo y agua de panela con leche. Algunos días, esa es la única ración de comida que recibe durante la jornada de clases. Y es que a veces las porciones asignadas por el Estado no son suficientes para alimentar a todos los estudiantes de la institución. O los platos quedan incompletos pues se acaba el pollo o el pescado. Esto sucedió hace unas semanas cuando Anderly tuvo que almorzar lo mismo que le sirvieron a la hora del desayuno. Ese día, varios estudiantes prefirieron no comer. “Pasamos por los salones preguntando cuántos habían pasado sin comer y en sólo décimo y once nos dimos cuenta que había más o menos unas 17 personas”, cuenta. 

Anderly tiene la fortuna de poder complementar la comida que recibe en el colegio con la de su casa. Entre semana, generalmente regresa a su vivienda entre las tres y las cuatro de la tarde, y prepara algo de comer. Sin embargo, la mayoría de veces espera hasta las siete de la noche cuando todos comen en su casa. La cena más habitual es arroz con pescado o pollo. Pero esta no es la misma situación de todos los estudiantes. “Muchos compañeros no tienen comida cuando llegan a la casa, por lo que el PAE es lo único. Yo he pasado por esa situación, ahora estoy más estable, pero a veces lo único que comía en el día era lo que nos daban en el colegio. Hay personas que tienen la situación económica muy apretada”, sostiene Luz Dayana Mosquera Mosquera, compañera de curso y prima de Anderly.

En las instituciones educativas oficiales de todo el país se sirve un complemento para la jornada de la mañana o de la tarde que se entrega a todos los estudiantes, y un almuerzo, servido normalmente a los estudiantes de décimo y once, quienes tienen una jornada única. En Tadó, unos 2.905 estudiantes reciben el complemento de la mañana o de la tarde, 2.553 el almuerzo y 1.113, ambos, de acuerdo con datos actualizados hasta octubre del 2019 en el Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT) del Ministerio de Educación Nacional. 

La minuta que se reparte en todas las instituciones de Tadó es la misma en todos los casos, y fue determinada por la Gobernación del Chocó. Michael Mosquera, coordinador de educación municipal, explica que una nutricionista nombrada por la gobernación diseñó el plan. “Ella es quien diseña la minuta, luego es aprobada y enviada a los entes territoriales como el municipio de Tadó que es una entidad descertificada”, dice Mosquera. 

El operador encargado de entregar los insumos para esta alimentación en Tadó es la Fundación Social Cultural y Deportiva Fuerza del Pacífico (Funspac). Cada plato se prepara en los restaurantes escolares de las instituciones con los insumos que entrega la fundación. Los alimentos como el arroz o la carne los envían cada dos semanas y están planeados para las raciones de 10 días hábiles. Las legumbres y frutas, por su parte, deben ser enviadas cada ocho días. Un almuerzo del PAE en Tadó le cuesta a la gobernación 2.500 pesos y el refrigerio, 1.750 pesos.

Según la minuta, los almuerzos están compuestos por: pollo en goulash, sopa de fríjoles con huevo cocido, pollo guisado en trozos, sopa de lentejas con huevo cocido y mixto de carne huevo y pollo. Estas proteínas deben ir acompañadas de arroz, ensalada y un jugo frutal en agua o leche. La distribución del menú debe variar según el día. 

Para el complemento de mañana o tarde está establecido que se debe entregar chocolate, aguapanela y/o avena en leche, con huevo, hojaldra, galleta salada, masitas y/o arroz. Un día a la semana, además, el desayuno es solamente arroz con leche y una galleta saltín. También se deben distribuir naranjas o mandarinas dos veces por semana.

Estos menús cumplen con los mínimos nutricionales definidos por el Ministerio de Educación a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa), y tienen en cuenta la diversidad social y cultural de la región. Es decir, quien los diseñó tuvo en cuenta variables como la disponibilidad de alimentos, los hábitos y costumbres alimentarias de la población, los calendarios de cosecha, la inclusión de alimentos autóctonos, y la atención a diferentes grupos étnicos, entre otros. 

Pero la realidad es que los menús que reciben los estudiantes son distintos. “La mayoría de veces el jugo o la ensalada no alcanzan. Si yo he comido una vez ensalada en el almuerzo ha sido mucho”, cuenta Dayana. Las estudiantes cuentan que en su colegio también es frecuente que el pollo y la carne se acaben y sean reemplazados por huevo. Esto, a pesar de que según la minuta patrón solo se debe servir huevo una vez a la semana, y carne o pollo durante los siguientes cuatro días.

A esto se le suma la falta de agua en varios colegios. Según la minuta patrón, los estudiantes deben recibir agua apta para el consumo humano todos los días, por lo menos entre 150 y 180 centímetros cúbicos. Pero esto solo lo hacen, para el caso de Anderly y Dayana, cuando el jugo se acaba.

Otra de las quejas de estudiantes y padres de familia de las instituciones de Tadó es el tamaño de la ración de comida. María Copete, madre de dos hijos asegura que no son suficientes: “Mis hijos a veces llegan con hambre aquí, se quejan que les dan muy poquito, que no están llenos, por eso me toca tener comida”, dice.  

Leidy Mosquera, otra madre de familia, concuerda con esta percepción. “La alimentación escolar que reciben los niños no es suficiente. En ocasiones mi hijo va a la escuela desayunado y otras no, aunque la alimentación escolar mitiga un poco la economía de mi hogar ya que se siente de alguna manera un alivio cuando uno no tiene para el desayuno. Pero considero que este programa lo pueden mejorar aumentando más la ración de cada niño ya que he visto que es muy poquita”, cuenta Mosquera.

Carlos Copete, rector de la institución Nuestra Señora de Fátima, reconoce los problemas del programa, pero dice que las autoridades aún no tienen claras las causas detrás de esta situación. “Esas situaciones sí se han presentado, por lo menos en dos ocasiones. A raíz de eso se le manifestó al operador que hiciera claridad de por qué no estaba alcanzando la comida. Las manipuladoras me informaron también que a veces algunos chicos no pasaban en el momento que era y otros terminaban repitiendo, por eso estamos intentando identificar qué es lo que está sucediendo”, dice el rector. Esta institución garantiza la alimentación de 850 niños y niñas de 11 sedes en todo el municipio.

La principal comida de los estudiantes

El PAE fue creado por el Gobierno nacional como una estrategia de acceso y permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados como estudiantes oficiales en el Sistema de Matrícula como estudiantes oficiales. Es decir no fue pensado para ser la base de la alimentación diaria o la comida más importante de un estudiante, sino para evitar la deserción. 

Según la Resolución 335 del 23 de diciembre del 2021 expedida por la Uapa, el PAE “cubre un porcentaje de las recomendaciones diarias de energía y nutrientes por nivel educativo y tipo de ración en un tiempo de comida. Persigue entonces complementar la alimentación que los beneficiarios reciben en su hogar”.

Sin embargo, para muchos estudiantes de Tadó esta es su única comida del día. “Sabemos que hay estudiantes que únicamente comen eso (la comida del PAE), por eso ellos vienen muy pendientes”, afirma Robert Javier Quiñonez, coordinador de la institución educativa Nuestra Señora de la Pobreza. 

De acuerdo con los cálculos oficiales, el complemento de la mañana o de la tarde debe aportar diariamente el 20 por ciento de energía y nutrientes. El almuerzo, el 30 por ciento. Por lo que a las familias tadoseñas les queda la responsabilidad de cubrir el 50 por ciento restante.  

El gran peso que tiene el PAE en la alimentación de los niños y jóvenes es bien conocido entre los maestros. “En nuestro departamento, en muchas partes, es la alimentación principal”, dice Boris Peña. 

Esto hace que cuando el PAE falla, muchos rectores elijan suspender clases. “El hecho de que a veces los muchachos no reciban el PAE hace que tengamos que salir más temprano de las clases porque muchos no tienen cómo comprar en las tiendas para mitigar el hambre. Sabemos que es un complemento alimentario que solo cumple el 20 por ciento pero a veces para muchos niños es el 100 por ciento”, le dijo Eudecelina Ramírez Mosquera, rectora de la Institución Educativa Demetrio Salazar a Consonante en septiembre de 2022.

El problema está tan bien identificado que incluso los coordinadores se han ingeniado estrategias para intentar hacerle frente al tema. En la institución Nuestra Señora de la Pobreza suelen entregar a los niños que lo necesitan una ración de almuerzo para que la lleven a su casa. En esta institución son por lo menos 50 en la sede principal con esta dificultad. 

“Tenemos focalizados a los estudiantes que tienen dificultad de alimentación en la casa, por eso con el director del grupo acá le damos para que lleve  el almuercito. Por ejemplo, el niño desayuna acá pero no le toca almuerzo, entonces nosotros le damos para que lleve a su casa y almuerce allá”, cuenta Robert Javier Quiñonez. Esta institución entrega el PAE a 1.425 estudiantes de las tres sedes que hay en el municipio.

El impacto en el rendimiento escolar

El Chocó es uno de los departamentos donde más problemas se han denunciado con el PAE en el país. A inicios de 2022, Luis Carlos Pineda, delegado para la Participación Ciudadana de la Contraloría, denunció en entrevista con Blu Radio que: “En el caso de Chocó, el año pasado (2021) no se alcanzó a cubrir más de 100 días el programa de alimentación escolar. Esto genera alertas, sobre todo porque se están asignando los recursos y estos se dan a entidades territoriales, pero no se está garantizando la cobertura total”. 

En municipios como Tadó y El Carmen de Atrato este programa se ha suspendido por lo menos cuatro veces en los últimos 13 meses: en febrero, agosto y septiembre de 2022. y marzo de 2023.

En estas ocasiones, en Tadó, los rectores de varias instituciones del municipio han terminado disminuyendo las horas de clase. En la Institución Nuestra Señora de la Pobreza, por ejemplo, los estudiantes que cursan hasta noveno de bachillerato, salen a las doce del mediodía. Y los de décimo y once a la una de la tarde. 

La situación es más grave en los colegios que reciben estudiantes de las zonas rurales. A la Institución Educativa Instituto Técnico Agroambiental (ITA) de Tadó llegan niños y niñas de El Tapón, Salero, La Ye, La Unión, Las Ánimas, entre otras veredas. “El bus los está recogiendo a las cinco de la mañana, son varios viajes, entonces ya no podemos trabajar en la jornada continua porque a las nueve de la mañana los niños ya tienen mucha hambre”, cuenta Luz Francisca Andrade, encargada del PAE en la institución. 

“Muchos pelaos son muy pobres y vienen de la zona rural. Como no desayunan a las 9:30 de la mañana ya tienen hambre. Nosotros estamos lejos de Tadó, no tenemos tienda escolar ni nada de eso”, explica Luis Enrique Guido, coordinador de la institución. 

Las consecuencias de que los estudiantes no cumplan con los requisitos nutricionales es que tengan retrasos en el desarrollo neurológico y en el rendimiento académico. Según Esperanza Cerón, médica especialista en salud ambiental con énfasis en salud alimentaria y directora de la asociación Educar Consumidores, la falta de alimentación de calidad incide no solo a nivel individual, sino también colectivo.

“Tenemos una desventaja en el desarrollo neurológico, en la atención, en la capacidad de aprendizaje, en la capacidad de resolver los pequeños problemas y en la capacidad del desarrollo individual de cada ser humano. Pero a nivel comunitario también es gravísimo porque estamos impactando el desarrollo de una comunidad, estamos impactando negativamente las posibilidades de que esa comunidad desarrolle la resiliencia y la autonomía necesaria para resolver el conjunto de sus problemas básicos”, explica la especialista.

Sin embargo, según la experta, no solo se debe analizar este impacto bajo la cuenta de calorías, o nutrientes como lo hace el PAE, sino que lo clave debe ser revisar la calidad de la alimentación y respetar el derecho a una alimentación saludable. “Más allá de medir calorías, porque no estamos de acuerdo con ese sistema de medición, lo que un niño necesita son alimentos de calidad. Por supuesto también en cantidad, pero sobre todo de calidad. La preocupación a nuestro juicio tiene que ponerse el foco no es si los niños están recibiendo la cantidad exacta de calorías o no, la preocupación central es si los niños están recibiendo de verdad alimentos de calidad”, comenta Cerón.

Una alimentación incompleta no solo tiene impactos a nivel educativo. Esta dinámica puede favorecer la aparición de enfermedades como la diabetes o la anemia, según explica Natali Gamboa Córdoba, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia y quien ha trabajado en el Chocó desde hace 13 años, incluso acompañando la construcción de las minutas del PAE en el municipio Quibdó. “Se ve reflejado a largo plazo en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, colesterol o cualquier tipo de cáncer, son enfermedades que se gestan con mucho tiempo. Pero también en el crecimiento, desarrollo y la aparición de enfermedades como la anemia que está muy presente en los niños”.

La situación se agrava en los lugares en donde el PAE se convirtió en la comida principal de los niños y niñas: “No solamente en Tadó, en todo el país. En el 90 por ciento del país donde llega el complemento, el PAE cada vez más se constituye como el alimento más consistente que los niños pueden tener en un día. Además con toda la pandemia y las estadísticas mismas de la FAO: la gente que comía tres veces al día hoy come dos y la que comía dos veces al día, hoy come uno. En el segundo país megadiverso del planeta que pase esto es criminal”, agrega Cerón.

La alimentación correcta

La alimentación que dan en Tadó tiene muchas cosas que mejorar, entre ellas la pertinencia de los alimentos. Según los lineamientos para la planificación de los menús es necesario tener en cuenta aspectos que van más allá de la composición nutricional e inocuidad del alimento, como: variedad, textura, consistencia, color, sabor, forma, humedad de los alimentos, y sus métodos de cocción, con el fin de poder ofrecer menús que sean agradables y apetecibles para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero esto se queda en el papel.

“La gente en la costa Pacífica ha desayunado tradicionalmente, por ejemplo, con árbol del pan que es un alimento de alto valor nutricional, o el frijol cocido con agua de panela o con café, o  con chontaduro, productos locales que hoy se han desestimulado mucho. Tú no puedes separar el PAE del contexto, entonces el PAE puede ser el programa más hermosamente diseñado, pero si no lo ponemos en el contexto de la región pues volvemos a quedar en la formulación de unos programas que usualmente que no atienden a las condiciones y a las necesidades en locales”, comenta Cerón.

El arroz con leche, por ejemplo, es uno de los alimentos más polémicos en Nuestra Señora de Fátima, según cuentan Anderly y Dayana. “Yo como cuando es arroz con leche, no como por que no me gusta, no tiene buen sabor y no entendemos por qué nos lo dan si eso es un postre”, dice Anderly, quien asegura que muchos de sus compañeros opinan lo mismo. 

Sobre este alimento, Esperanza Cerón explica que aunque puede cumplir con los nutrientes, tal vez no es el adecuado al contexto: “Probablemente cumpla parcialmente el propósito en términos de matemáticos de calorías, ahora en términos de calidad no estoy segura. Primero de qué leche estamos hablando y en segundo lugar estamos hablando de darle a los niños en la Costa Pacífica galletas saltinas, las galletas saltinas son productos ya procesados, ni siquiera es considerado un alimento desde la Organización Mundial de la Salud. No se corresponde con la cultura, no es un alimento, es un comestible”.

Además, los niños deberían tener como mínimo tres comidas completas al día para garantizar su desarrollo, explica Natali Gamboa. Esto significa incorporar, por lo menos, un alimento de cada uno de los grupos que propone el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en las tres comidas. “Podríamos decir que un desayuno balanceado podría ser el arroz con leche, porque ahí estaría el cereal y el lácteos meterle, pues como un huevo e incluir la fruta. Y como sabemos que dentro de la preparación se utiliza la grasa y el dulce, pues ahí estarían todos los grupos de alimentos”, explica la nutricionista.

Natali también recomienda que la prioridad en una familia siempre sea  la alimentación de los niños: “Yo siempre le digo a las mamás que por muy difícil que esté la situación en la casa, traten de que la alimentación de los niños sea prioridad. Sabemos que estamos en una cultura donde el que recibe la mejor comida es el papá, por eso aconsejamos eso. Así como procurar que cuando el niño vaya al colegio puedan darle, por lo menos, algo de tomar diferente a agua”, agrega.

Para que esto mejore, Boris Peña, secretario de integración social del Chocó, asegura que se debe aumentar radicalmente el presupuesto: “Aquí tenemos que pensar es en nuestros niños y niñas del Chocó, tener un aumento de 15 o 20 mil millones de pesos que es lo que requerimos como mínimo para tener un PAE medianamente programado y que no tenga esas interrupciones. Qué podemos hacer acuerdos, por ejemplo, de 100 días arrancando y ya dependiendo de la ejecución de cada una de las entidades territoriales poder ir haciendo los ajustes”. Para este año los acuerdos de transferencia entre las alcaldías y la gobernación para el pago a los operadores se están renovando cada 30 días hábiles, lo que ha generado interrupciones en varios municipios.

El problema está identificado desde la administración departamental. El departamento recibió inicialmente para la vigencia de este año 29 mil millones de pesos a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar para este servicio, un dinero que según el secretario de Integración Social, Boris Andrés Peña, no es suficiente. “Nosotros hicimos un esfuerzo y aumentamos 400 pesos por plato este año, pero eso no es nada cuando miras el precio del alimento, pero la idea es que pudiéramos aumentar la ración dos mil pesos más de lo que tenemos”, asegura el secretario. Para esto piden que el Ministerio de Educación aumente el presupuesto.

Los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos, de instalación de antenas de telecomunicaciones y hasta la emisión de un código, una norma, una ley y cualquier otra medida que pueda afectar a las comunidades étnicas deben ser consultados ante los pueblos interesados antes de su implementación, para conocer los posibles riesgos y beneficios que este trae a sus vidas a nivel físico, cultural y espiritual.

La consulta previa no es nueva, y tampoco es exclusiva de Colombia. De acuerdo con Fernando Herrera Arenas, Coordinador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), existe desde antes de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la reconociera como un derecho fundamental. “La consulta previa existe desde antes en la Ley de Origen de los pueblos indígenas y es un derecho que al ser ancestral es anterior a la existencia de los Estados, de la repúblicas, de las legislaciones y modelos políticos y económicos contemporáneos”, dice.

De acuerdo con Herrera, la llegada de un nuevo proyecto puede representar un riesgo, pero también un beneficio. Y en ambos casos, los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen el derecho a ser consultados. Estos son los casos del corregimiento de Cañaverales en San Juan del Cesar (La Guajira), y del municipio de Tadó (Chocó). Mientras en el primero el consejo comunitario "Los Negros de Cañaverales” lleva oponiéndose más de 10 años a la llegada de un proyecto de extracción de carbón por parte de la empresa Best Coal Company, por el riesgo que representa para sus cuerpos de agua y para la continuidad de su vocación agrícola; los integrantes del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), acordaron la instalación de antenas de telecomunicación de las empresas Tigo y Claro para que llegara la señal a sus territorios. 

La consulta previa es una herramienta que tienen las comunidades étnicas para hacer escuchar su voz cuando el Estado o una empresa privada llegan a su territorio. Sin embargo, a la hora de implementarla, se evidencia la ruptura que existe entre las comunidades y la Corte Constitucional con el gobierno y el sector privado.

1. ¿Qué es la consulta previa?

Es un derecho fundamental que tienen las comunidades indígenas, afro, raizales, palenqueras y Rom a ser consultadas cuando el Gobierno o una empresa pública o privada pretende adelantar cualquier norma, proyecto, actividad, política pública de orden local, regional o nacional y que puede afectarles directamente. Estas afectaciones van más allá de lo económico, también pueden ser espirituales, culturales, ambientales y políticas.

La consulta previa está orientada a proteger no solo el derecho de las comunidades al territorio, sino también a la integridad, a la autonomía, a los recursos naturales y al desarrollo propio. Como su nombre lo indica, debe ser previa, libre e informada. Por medio de la consulta se busca llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, protegiendo la integridad social, cultural y económica de las comunidades étnicas. 

Fernando Herrera piensa que la consulta previa debe entenderse, además, como un proceso. “De hablar con el otro, de consultarle a otros gobiernos propios distintos al nuestro para que ellos puedan evaluar, desde su propia lógica de vida, desde su propia cosmovisión, si esos proyectos, normas o políticas que les estamos proponiendo les pueden afectar de manera positiva o negativa”, dice.

2. ¿En cuáles casos se necesita una consulta previa?

Existen dos tipos de medidas, jurídicas y administrativas, que abarcan los casos en los que es necesario hacer una consulta previa. Las jurídicas son los códigos, las leyes, los estatutos e incluso los Planes de Desarrollo que indican expresamente que pueden afectar a comunidades étnicas. Es decir, porque evidencian restricciones, impuestos o incluso beneficios que podrían afectar su forma de vida. Estos son algunos ejemplos: Código de Minas, Ley General Forestal, Estatuto de Desarrollo Rural.

Las medidas administrativas son las licencias, autorizaciones o permisos ambientales, los proyectos de exploración, prospección y explotación de recursos no renovables, los planes de manejo ambiental, las fumigaciones, el ingreso de fuerzas armadas e incluso las investigaciones científicas. Es decir, cualquier decisión sobre el territorio que afecte directamente a los grupos étnicos.

3. ¿Es de obligatorio cumplimiento?

Sí, en los casos donde haya una afectación directa, el Gobierno y las empresas públicas o privadas deben garantizar su cumplimiento. Es decir, ellos deberían ser los encargados de iniciar el proceso de consulta previa. Esta característica es la que la hace libre.

La consulta previa no es una reunión informativa y tampoco es una notificación, es un proceso de concertación y participación que debe adelantarse con los y las representantes de las comunidades antes del inicio de cualquier actividad, es decir, debe ser previa.

Además, las comunidades deben tener acceso a toda la información relevante sobre lo que va a pasar (incluyendo de qué maneras puede afectarles positiva o negativamente), esto es lo que la hace informada. 

Ni la Corte ni la Constitución han establecido tiempos específicos de duración. De acuerdo al Convenio 169 de la OIT, se deben respetar los tiempos que consideren las comunidades de acuerdo a sus intereses y a la evaluación de los riesgos o los beneficios que pueda traer determinado proyecto.

4. ¿Cómo se hace una consulta previa?

La consulta previa tiene tres etapas. La primera es el acercamiento inicial o pre-consulta, la segunda es el desarrollo de la consulta previa como tal y la tercera es la de seguimiento y control.

• Pre-consulta: en esta etapa la empresa interesada y dueña del proyecto debe hacer la solicitud de la licencia ambiental para realizarlo. En el momento en el que se presenta el Estudio de Impacto Ambiental, la empresa es la encargada de identificar las comunidades étnicas que están en los territorios y que deberían estar certificadas ante el Ministerio del Interior. 
  
  De acuerdo con Fernando Herrera, es aquí donde empiezan las fallas en su implementación, por dos motivos. El primero está relacionado con la certificación, pues en muchos casos si una comunidad no está certificada ante el Ministerio del Interior y no aparece en sus bases de datos, esta institución notifica que no hay existencia de comunidades étnicas e indica que la consulta no es necesaria. Y por otro, en muchas ocasiones, los estudios de impacto ambiental ya vienen casi listos desde Bogotá. “Por la Ley 99 del 93 estos estudios deben construirse con metodologías concertadas con las comunidades. Cómo vamos a analizar los riesgos al agua, al aire, a la tierra, por contaminación visual, acústica. Pero estos estudios de impacto ambiental o planes de manejo ambiental ya vienen pre formulados muchas veces desde Bogotá, ya llegan montados y “sorpresivamente” muchos llegan con la conclusión de que los proyectos no generan ningún tipo de daño y que son buenos para la comunidad”, dice. 
  
  Herrera comenta que el tiempo para el desarrollo de estos estudios de impacto varían de acuerdo a las necesidades de cada comunidad, y no tienen un tiempo estipulado para su desarrollo. “Lo que hacen es socializar lo que construyeron en consultoría con una universidad, con un instituto de investigación y simplemente se espera que la comunidad diga sí o no, se tome la foto, se llena el listado de asistencia y con eso se valida un proceso copioso que debería ser de 3 a 6 meses y se valida en un taller o una reunión de dos o tres horas”, agrega. 
  
  Es importante anotar que desde el proceso de pre-consulta las comunidades deben contar con el espacio suficiente para analizar los impactos de los proyectos y construir una metodología y ruta de trabajo y garantizar que haya sido ofrecida la información de forma clara, amplia y suficiente. 

• Consulta: la etapa de consulta previa es convocada por la Dirección Nacional de Consulta Previa, que hace parte del Ministerio del Interior. En este marco de tiempo, que no tiene una duración determinada, se hacen reuniones, visitas, recorridos y talleres que le permitan a la comunidad saber cuáles serán los impactos del proyecto e indagar en ellos. Además, deben quedar claros los acuerdos sobre las medidas de corrección y mitigación y las formas de compensación. 
  
  Si el proceso de consulta previa es exitoso, las empresas y las comunidades establecen unos acuerdos que deben incluir de manera clara y precisa cómo participarán las comunidades, los planes de compensación y mitigación y las condiciones en las que se ejecutará el proyecto. Finalmente se hace la protocolización de la consulta, que es donde quedan establecidos estos acuerdos.
  
  Por otro lado, si no hay acuerdo, se continúa con la medida del test de proporcionalidad. Aquí el gobierno, los órganos de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, las agencias estatales involucradas y expertos de universidades y organizaciones ponderan, a través de peritajes o conceptos técnicos y científicos, los riesgos y daños del proyecto en cuestión, en vista de que no pudo establecerse un diálogo intercultural. “Se evalúa el proyecto sin la presencia de las comunidades, básicamente”, puntualiza Herrera. “Uno se da cuenta al revisar los tests de proporcionalidad que la evaluación no fue 100 por ciento científica ni 100 por ciento académica y a veces están escritos usando el lenguaje de intereses de las empresas. Están directa e indirectamente contaminados por los intereses del empresario y por la visión de que todo lo empresarial es necesariamente bueno para el desarrollo”, agrega. 

• Seguimiento: en esta etapa se da el cumplimiento de lo que se acordó en la etapa de la consulta previa. 

5. ¿Qué son los certificados de presencia de comunidades étnicas?

Es el documento que certifica a una comunidad étnica y su área de influencia ante el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Consulta Previa. En el momento en el que una empresa esté adelantando un estudio de impacto ambiental o esté haciendo una solicitud de exploración de un  proyecto extractivo, debe solicitar este certificado para saber si en el área donde se ejecutará el proyecto hay presencia de grupos étnicos y, por ende, comprobar si la consulta previa es necesaria o no. 

Para Diana Quigua, abogada investigadora del área Étnico Racial de Dejusticia, una oenegé dedicada a la promoción de los derechos humanos en el país, esta certificación es limitante porque, por un lado, el derecho a la consulta previa se reduce a la información que se encuentre en la base de datos del Ministerio del Interior, y por otro, esto vulnera la capacidad de las comunidades étnicas de reconocerse como tal haciendo uso del derecho propio. “El ministerio lo que hace es limitar el reconocimiento de las personas o autoridades a un registro y no reconoce las comunidades que no están registradas y certificadas. La Corte Constitucional ha dicho que ese registro es el reconocimiento formal por parte del Ministerio, pero que no representa un elemento sustancial para reclamar la existencia o no de una autoridad. Las comunidades pueden desde el ejercicio del derecho propio una certificación y hacer un proceso jurídico propio de reconocimiento de esa autoridad y el Ministerio y otras instituciones del estado deben reconocerlo”, explica. 

6. ¿Qué son las compensaciones o indemnizaciones?

Son las medidas que solicita la comunidad en la etapa de la consulta para ser reparadas por las afectaciones que haya tenido o pueda tener un proyecto en el territorio. Estas compensaciones representan un pago de carácter económico y de acuerdo con el libro “De la consulta previa al consentimiento libre, previo e informado a pueblos indígenas en Colombia”, de Gloria Amparo Rodríguez, esta representa la forma más común de reparación.

No obstante, la compensación se ha convertido en una forma que encuentran las empresas y las comunidades para instrumentalizar el proceso de consulta previa, en particular en los lugares donde hay poca presencia estatal. “Dicha situación puede ocasionar que los procesos de consulta sean manipulados con prebendas y que terminan atendiendo intereses personales que en nada benefician a la comunidad”, dice Rodríguez. 

Quigua coincide. Cuando los procesos de consulta se reducen a una negociación de compensación, “no se logran dar cuenta de los impactos y de las afectaciones que estos proyectos causan en las comunidades”, dice. Además, agrega que en la Corte Constitucional poco a poco se ha avanzado en la discusión sobre hacia dónde va la consulta previa. “La consulta debe superar esta noción de garantizar la mera participación de las comunidades étnicas sobre las decisiones que va a tomar el Estado sobre sus territorios, sino que debe avanzar hacia un diálogo intercultural, de autoridad a autoridad. Bajo ese principio de igualdad deben darse soluciones que logren satisfacer las necesidades de los pueblos étnicos en general, y las afectaciones menos graves también para la sociedad mayoritaria, en especial en este contexto del cambio climático”, puntualiza.

7. En el caso de las comunidades afro, ¿por qué se hace la consulta previa solo con los consejos comunitarios? ¿Y por qué las compensaciones son solo para ellos y ellas?

Diana Quigua explica que si el proyecto y su área de influencia está en un territorio donde hay un consejo comunitario y se está ejerciendo el derecho a la consulta previa, las compensaciones son una garantía que en este momento solamente está reconocida para las comunidades étnicas. Sin embargo, la abogada apunta que la conversación debería abrirse a todas las comunidades afectadas, como las campesinas, especialmente si los impactos del proyecto son negativos. “Desde mi perspectiva de la justicia ambiental, todas las personas que resulten afectadas, deberían ser parte de esa compensación porque las comunidades vulnerables e históricamente discriminadas no tendrían que soportar el peso de estas decisiones”, dice. 

8. ¿Qué pasa si el Estado no cumple?

En el caso de que no se haya reconocido el derecho a la consulta previa, el proyecto tendría que volver al inicio y las comunidades étnicas pueden hacer uso de la acción de tutela. Esta se ha convertido en una herramienta en las que los pueblos étnicos se han apoyado en múltiples ocasiones, y es en gran medida lo que ha permitido que proyectos extractivos como por ejemplo de fracking o extracción de carbón no avancen en sus territorios. 

9. ¿La consulta previa sirve para frenar un proyecto?

A pesar de sus problemas estructurales y de la forma como se ha instrumentalizado la implementación de la consulta previa, libre e informada sigue constituyendo un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado. Aunque en los últimos 30 años la Corte Constitucional se ha convertido en un gran aliado para la defensa de este derecho, son necesarias más garantías por parte de los gobiernos y las empresas para su cumplimiento y lograr un verdadero diálogo intercultural con las comunidades étnicas. 

Fernando Herrera asegura que la consulta previa por sí sola no es útil, pero con una organización política y social de las comunidades, se pueden lograr resultados positivos. “Para que una consulta previa sea medianamente eficaz, se requiere mucha organización política y social y mucho conocimiento de los alcances legales de la consulta. Se requiere articular acciones jurídicas, políticas de movilización, de manejo de medios de comunicación, de litigio estratégico y la creación de alianzas con organizaciones nacionales e internacionales”, dice. “La consulta es eficiente en la medida que sirve como el plato para poner otros ingredientes en esta receta. Necesitamos volverla una herramienta de protección territorial y de protección cultural y espiritual y no solamente un derecho de consagración constitucional”, agrega.

10. ¿Qué pueden hacer las comunidades para defender su territorio y el derecho a la consulta previa?

Según Herrera, en Colombia el derecho al veto, es decir, la posibilidad de que las comunidades rechacen la llegada de un proyecto, está limitado a casos puntuales y sucede cuando este pone en riesgo de forma evidente la vida y la integridad de las personas. Es decir, cuando se produce una afectación intensa que amenace la subsistencia de los pueblos indígenas o afrodescendientes, como el traslado o reubicación, el almacenamiento de sustancias tóxicas o un impacto social, cultural o ambiental tan alto que ponga en riesgo su cultura. Para estos casos debe aplicarse en primer lugar el consentimiento libre, previo e informado y así el pueblo pueda decidir si la medida se ejecuta o no. Sin embargo, esto sólo es posible en casos puntuales, por lo que el abogado recomienda que en la etapa de pre-consulta durante la definición de riesgos ambientales, se exija que se tenga siempre en cuenta el plan de vida o de salvaguarda. “Por las garantías uno puede frenar cosas, porque nada le impide a una comunidad pedir garantías para el ejercicio de un derecho fundamental”, concluye. 

No es la primera vez que María Pública Mosquera, habitante de la Urbanización Villa Esperanza, sufre de fiebre tifoidea, una enfermedad causada por la bacteria Salmonella typhi, que suele reproducirse en lugares donde el agua no es tratada de forma adecuada y que produce síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor en el abdomen y diarrea. “La doctora me dice que es por el agua que utilizo en la casa. Desde que nos entregaron estas viviendas de interés social nos están prometiendo que nos van a poner acueducto y todo se va en promesas, los gerentes anteriores se reunían con nosotros, reunían firmas y nunca nos pusieron el agua”, dice. La fiebre tifoidea no es la única enfermedad que sufren las personas, otras tienen diarrea, gastroenteritis, lesiones en la piel y algunas mujeres han presentado incluso infecciones vaginales, producto de la presencia de hongos en el agua.

María Mosquera, así como otros habitantes de Tadó, debe recoger el agua lluvia en tinas o tanques de cemento, en vista de que no hay suministro de agua en su casa. Además de recolectar el agua lluvia, algunas personas que no tienen servicio recogen agua del río Mungarrá en contenedores plásticos. El 27 de febrero la empresa de acueducto, Aguas de Tadó, hizo una denuncia en el Concejo Municipal por la presencia de metales pesados como mercurio en este río, que se usan en la extracción de oro en las partes altas. La contaminación de este afluente, que es de donde se hace la captación de agua para el acueducto, es un agravante en especial para las personas a las que no les llega el servicio, como los habitantes de Villa Esperanza y Villas de Remolino, otro conjunto de viviendas de interés social que tiene el mismo problema, y que reúnen en total 294 familias. 

Para Luis Jorge Hernández, médico salubrista y profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, los riesgos del agua contaminada por estos metales van más allá de su uso para tomar o bañarse, también afecta la comida, ya que estos metales intoxican a los peces que habitan allí. Hernández también advierte sobre los efectos que puede tener consumir agua contaminada con mercurio, plomo y cromo. “Estos metales son tóxicos y se bioacumulan en el cuerpo, produciendo enfermedades como cáncer y con el tiempo pueden pueden producir trastornos neurológicos. Los principales afectados son los niños y niñas, con trastornos de aprendizaje, retraso psicomotor y bajo peso y talla”, agrega.

Aunque Emmanuel Murillo Zabala, gerente de Aguas de Tadó, asegura que el agua está tratada con una calidad del 99.9% y que 70% al 80% de la población tiene servicio de acueducto, todavía hay más de 5.000 personas sin acueducto, que usan el sistema de recolección de agua lluvia o compran agua en bolsas. Consonante habló con tres expertos que explican cómo debe ser la limpieza de las tinas y el tratamiento del agua para evitar enfermedades. 

¿Qué enfermedades produce el consumo de agua no tratada o no potable?

Sary Londoño Villamarín, administradora en salud con énfasis en gestión sanitaria y ambiental de la Universidad de Antioquia indica que hay más de 20 enfermedades provocadas por virus, bacterias y otros microorganismos presentes en agua contaminada. Estas son algunas de las más frecuentes: 

• Diarrea: son las heces blandas y líquidas. La diarrea provoca que las personas pierdan líquido y electrolitos, lo que lleva a la deshidratación, que en algunos casos severos y prolongados puede causar la muerte. Los niños y las niñas que tienen diarrea crónica son más vulnerables a sufrir desnutrición y otras enfermedades.
• Fiebre tifoidea: es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal causada por la bacteria Salmonella typhi, que suele transmitirse por agua o alimentos contaminados. A quienes se les diagnostica sufren fiebre alta prolongada, dolor de cabeza y en el abdomen, náuseas y pérdida de apetito, entre otros síntomas.
• Disentería: es la inflamación de los intestinos causada por la bacteria Shigella, y su principal síntoma es la diarrea, que suele tener sangre. De acuerdo con Londoño, los niños son los que más sufren esta enfermedad.
• Paludismo o malaria: es una enfermedad provocada por el Plasmodium, un parásito transmitido por la picadura de mosquitos del género anopheles. Estos habitan en zonas con aguas estancadas. Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza y suelen manifestarse 10 a 15 días después de la picadura del mosquito. 
• Esquistosomiasis: es una infección parasitaria crónica causada por gusanos. Estos parásitos penetran la piel de las personas que están lavando o se están bañando en fuentes de agua dulce contaminada, provocando infecciones que dañan el hígado, los intestinos, los pulmones y la vejiga, entre otros órganos.
• Hepatitis A: es la inflamación del hígado, causada por el virus de la hepatitis A (VHA), al consumir alimentos o agua contaminada con heces de personas infectadas.

¿Cómo se puede identificar si el agua que se tiene en la tina se puede tomar o no?

Londoño Villamarín indica que el agua potable o apta para el consumo no debe tener color ni olor, debe ser completamente transparente. Tampoco debe tener sabor ni olor. 

Luis Jorge Hernández señala que si bien es importante que la comunidad reconozca las cualidades del agua, la responsabilidad de esta educación no debería reposar sólo en la gente. “Es importantísima la comunicación y la educación por parte de las secretarías de salud y de ambiente sobre el manejo del agua y sus cualidades organolépticas, es decir, cómo huele, se ve y sabe el agua. Eso no puede quedar solo en manos de la comunidad “al ojo””. De igual forma, indica que las autoridades ambientales deben hacerle un control a la calidad del agua y de todas las fuentes de donde provenga. “Esto se hace con la medición del índice de riesgo de calidad del agua y además, se deben dar recomendaciones sobre los depósitos de agua”. 

¿De qué otras formas puede filtrar o purificar el agua lluvia que almacena en su tina?

La mayoría de las personas en Tadó que almacenan agua lluvia en las tinas tratan el agua con una pastilla de cloro. Aunque este es un método seguro y efectivo, Londoño sugiere otras dos maneras de filtrar y desinfectar el agua. Además menciona que en el caso de Tadó es preferible que se recoja el agua lluvia y no de los ríos, por su posible contaminación con metales pesados.

• Filtración con un paño y desinfección con cloro: el agua puede filtrarse con un paño limpio, una toalla de papel o un filtro de café, o permitir que se asienten los sedimentos. Luego, se deposita el agua limpia en otra caneca o recipiente para desinfectar. Puede agregarse una gota de cloro por cada litro de agua.

Importante: Hervir el agua puede ayudar, pero no es suficiente. Londoño sugiere filtrar el agua y luego desinfectarla y menciona que es preferible hervirla sólo por precaución, sobre todo si no confía en el agua que llega del acueducto. Agrega que siempre se debe dejar reposar el agua 30 minutos antes de su consumo y el recipiente donde se almacena el agua debe estar tapado, para evitar mosquitos.

• Filtro casero de agua: como una solución alterna puede crear un filtro casero con materiales de fácil acceso. Puede utilizar una botella plástica o un recipiente plástico con una boquilla en la parte de abajo, para que salga el agua. De abajo hacia arriba puede llenarlo con estos materiales en este orden: 1. Algodón 2. Carbón 3. Arena fina 4. Arena gruesa 5. Piedras. Londoño indica que la capa de algodón puede demorar un poco más el proceso de filtrado, pero ayuda a retener más sedimentos. 

¿Si se utiliza otro objeto para canalizar el agua que llega a la tina eso implicaría un proceso adicional en el tratamiento del agua?

Ángela Cuesta Caicedo, bacterióloga, magíster en ciencias de la educación y líder del grupo de investigación “Salud y comunidad” adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud en la  Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), explica que en toda la región es frecuente encontrar que el agua que llega a las tinas pasa primero por los techos. “El techo recoge el agua en algo que se llama una canoera, que es como una especie de tubo y allí se va acumulando el agua, que es la que cae en la tina. Pero entonces lo que pasa es que el agua que llega a la tina trae toda la sedimentación del techo”, cuenta. 

Sary Londoño sugiere que sin importar la forma en como llegue el agua a la tina, siempre debe hacerse el proceso de filtración y desinfección con cloro. Adicionalmente, recomienda poner un recipiente como un balde o una olla al que llegue el agua lluvia directamente, sin pasar por el techo, y destinar esta para el consumo.

Londoño advierte que si se utiliza una teja que además esté oxidada deben tenerse más precauciones pues “las tejas sueltan óxido y esto afecta la salud de la población y además el cloro reacciona con el óxido. Es importante hacer un análisis microbiológico antes de consumirla, para saber cuánto cloro hay en el agua. Mejor no utilizarla”, dice. 

¿Qué puede pasar si no limpia su tina?

Cuesta y Londoño explican que no hacerle una buena limpieza a los tanques puede ocasionar la proliferación de bacterias que generan enfermedades. Londoño indica que acumular agua que no se renueva y que, además, está contenida en un recipiente sucio, “se convierte en agua estancada, lo que da pie a la reproducción de mosquitos, portadores de enfermedades como el paludismo”, dice. 

Ángela Cuesta indica que es importante mantener el tanque limpio, y todavía más si el agua que cae en la tina viene del techo. “Además del material vegetal que arrastra esa canoera, no sabemos si hay material de otro tipo, como las heces de algún animal”, agrega. 

¿Qué debe tener en cuenta para lavar correctamente su tina?

• Lávela vacía: esto debe hacerse para garantizar la remoción de cualquier sedimento o material vegetal que se haya acumulado en el fondo, las paredes o en las esquinas. 
• Use un cepillo exclusivamente para esta labor: seleccione un cepillo o una escoba solo para lavar la tina. Evite usarla para otras actividades. 
• Use cloro: es ideal para remover sedimentos y eliminar microorganismos. Recuerde enjuagar bien una vez haya limpiado. Algunas personas utilizan además de cloro un detergente de ropa. Londoño piensa que este es un buen procedimiento, pero en algunos casos, su combinación puede resultar tóxica. “Es preferible procurar dejar actuar el cloro y lavar bien”.  
• Cúbrala para evitar mosquitos: evite tapar su tina con tejas, ya que en los canales puede acumularse agua que atraiga a los mosquitos. Ángela Cuesta recomienda usar un angeo parecido al que se usa en las ventanas de las casas para evitar la entrada de mosquitos.
• Establezca una frecuencia de lavado: Cuesta explica que aunque la frecuencia la determina el tipo de agua con la que se llena el tanque, si es de agua lluvia o si es del acueducto y si tiene más o menos sedimentos, es importante tener una frecuencia de lavado de la tina. Londoño indica que lo ideal es que sea cada 15 días y si es  agua con menos impurezas puede extender el lavado hasta máximo un mes.

¿Qué tan seguro es usar la pastilla de cloro para tratar el agua?

Sary Londoño explica que es importante realizar pruebas microbiológicas para saber cuál es la calidad del agua antes de agregar el cloro y así medir con precisión la cantidad necesaria para tratar el agua. Ángela Cuesta coincide y señala que esta es una práctica común en el departamento y que ha demostrado ser efectiva, pero esto depende de la cantidad de agua en la que se disuelva la pastilla de cloro. “Es importante que la comunidad esté capacitada sobre la cantidad de cloro que debe usar. Esta pastilla solo es útil en una determinada cantidad de agua. Si se le pone más agua de la que es, pues las propiedades para tratar el agua van a disminuir”, comenta.

Cuesta explica que la mayoría de las tabletas son de 200 gramos y para actuar efectivamente deben diluirse en 20 metros cúbicos de agua. La cantidad de tabletas que necesite dependerá del volumen de la tina. Así lo puede calcular: 

Volumen del tanque = Largo x Ancho x Altura
Mida el largo, el ancho y la profundidad de su tina (en metros), luego multiplique estos valores y encontrará cuál es el volumen de su tanque. 

¿Se puede combinar el agua que llega del acueducto con el agua lluvia que se recoje en la tina?

Evite hacerlo. Cuesta indica que el riesgo al combinarlas es igual al que se tiene con el agua lluvia, pues los sedimentos y las impurezas se trasladan. “La protección que trae el agua del acueducto se diluye en el agua lluvia y ahí tocaría volver a tratar el agua. La recomendación es no combinarlas”, concluye.

La reforma pensional ‘Cambio por la vejez’, presentada por el presidente Gustavo Petro y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, propone renovar el sistema de pensiones para solucionar, en principio, dos de sus principales problemas. Por una parte, la poca cobertura, porque se sabe que en Colombia sólo una de cada cuatro personas con edad para jubilarse logra pensionarse, y por otra, la inequidad, porque casi el 70 por ciento de los aportes pensionales se va a fondos privados y no suman al régimen público, que debe destinar gran parte de sus recursos a cubrir el déficit del sistema.

Para dar una vuelta de tuerca, el gobierno plantea cambios que, en palabras del mandatario, permitan asegurar ingresos mensuales para todos los adultos mayores, incluyendo “a quienes no puedan cotizar, a quienes han dedicado su vida a los trabajos de cuidado del hogar y a quienes trabajan fuera del contrato laboral”. 

Los cambios están enfocados también en fortalecer el ahorro público para financiar los subsidios a quienes más lo necesitan, por lo que el grueso de las cotizaciones se concentraría en Colpensiones y no en las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), como sucede actualmente. 

En el documento se mantienen los requisitos actuales de edad y tiempo de cotización para pensionarse: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, con 1.300 semanas en el régimen público o de prima media. 

El proyecto de ley fue entregado al Congreso de la República y está en trámite en la Comisión Séptima. Esta es la tercera reforma social que el Gobierno de Petro radica, junto con la de salud y la laboral. 

En Consonante le explicamos los puntos clave de esta reforma pensional, para entender qué impacto tendría, quiénes serían los más beneficiados y perjudicados, y cuáles son los vacíos que debería resolver en caso de ser aprobada e implementada.

Mayor cobertura, el punto a favor de la reforma

El cambio más sustancial que propone la reforma es construir un sistema pensional basado en cuatro regímenes, a través de los cuales se busca ampliar la cobertura:

• Pilar solidario: beneficiaría a más de dos millones 500 mil adultos mayores de 65 años, en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, a quienes se les otorgaría una renta de 223.800 pesos mensuales.
  
• Pilar semicontributivo: entregaría una renta vitalicia a quienes no se pudieron pensionar pero que tienen mínimo 150 y máximo 999 semanas cotizadas, ya sea en Colpensiones o en las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP).
  
• Pilar contributivo: beneficiaría a todas las personas trabajadoras afiliadas al sistema, sean dependientes, independientes, servidores públicos o cotizantes. Colpensiones recibiría los aportes hasta los tres primeros salarios mínimos legales vigentes cotizados y las AFP las cotizaciones que excedan ese monto.
  
• Pilar de ahorro individual voluntario: dirigido a aquellas personas que tengan capacidad de pago y pueden ahorrar para obtener una mejor pensión.

Para Juliana Morado, codirectora del Observatorio Laboral de la PUJ de la Universidad Javeriana, este es un ajuste necesario y coherente con las dinámicas productivas del país. “Es un esquema que también ha sido probado en otros países con resultados muy positivos”, afirma. Con este modelo en funcionamiento se podría garantizar un mayor acceso a las pensiones, pues “tal como está diseñado el sistema actual, la posibilidad no supera el 25 por ciento de los adultos mayores”, según cálculos de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). 

¿Quiénes serían los más beneficiados?

• Las personas más pobres y en condición de vulnerabilidad

Con el pilar solidario, las personas que no cuentan con un ingreso mensual de jubilación y que no han ahorrado recibirían un subsidio mensual de 223.000 pesos. Según cálculos del Gobierno, esto se traduciría en 450.000 nuevos beneficiarios. 

“Una persona mayor que no recibe ningún tipo de recursos por parte del Estado, va a empezar a recibir este pago y eso le garantiza al menos la cobertura de los gastos básicos de su alimentación, tal vez su estadía y vestuario”, considera Mario Cruz, director Cámaras de vida y personas Fasecolda.

A través de este régimen se beneficiarían a las madres comunitarias, los campesinos, las personas desempleadas, en situación de discapacidad, población Rrom, indígenas, palenqueros y trabajadores sin recursos para cotizar. 

“En Colombia, apenas 1 de cada 10 personas que vive en el campo tiene una pensión. Los campesinos no se pensionan, trabajan hasta él último de sus días y ahí la reforma constituye un avance importante en la protección de esas personas”, destaca Cruz. 

• Colpensiones

Para fortalecer el ahorro público, la reforma propone que las cotizaciones de hasta tres salarios mínimos (3.480.000 pesos) vayan a la estatal Colpensiones y que las cotizaciones que superen ese monto entren al ahorro individual a través de un fondo privado.

Teniendo en cuenta que más del 80 por ciento de los cotizantes en el país no gana más de tres salarios mínimos, el grueso de los aportes de los asalariados sería destinado a Colpensiones, disminuyendo así el protagonismo de los fondos privados. 

“Gana Colpensiones porque está obteniendo las cotizaciones de todos los trabajadores dependientes e independientes y rentistas de capital de hasta tres salarios mínimos. La mayoría cotiza en el sector privado y tendría que pasarse”, explica Adriana Camacho, profesora de Derecho Laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

La sostenibilidad, la gran incógnita de la reforma

Uno de los puntos que más preocupa tanto a sectores opositores como a cercanos al gobierno es que, con la reforma, el sistema de pensiones no pueda sostenerse financieramente a mediano ni largo plazo. 

De acuerdo con Mario Cruz, director de Cámaras de vida y personas Fasecolda, la sostenibilidad “no está garantizada” porque “se generarán nuevas líneas de gastos por los subsidios, las personas del régimen semicontributivo, la ampliación del número de pensionados por Colpensiones y porque además se debe asumir el pasivo actual”. 

“Ahí va a entrar una plata en los próximos 10 y 15 años, pero luego esos recursos no van a ser suficientes”, advierte Cruz.

En esto insistieron los directivos de Asofondos, la asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, para quienes la reforma es insostenible e inviable. "No habrá suficientes jóvenes para pagar las pensiones de los jóvenes que están hoy, ya que, a mediano y largo plazo, se tendrá una disminución de un 37 por ciento a un 15 por ciento para 2050 en el valor de recursos para financiamiento de pensiones", advirtieron durante una rueda de prensa en la que expresaron sus reparos y preocupaciones. 

¿Quiénes serían los más perjudicados?

• Los fondos de pensiones privados

Con la mayoría de cotizantes migrando hacia Colpensiones, las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) sufrirían un golpe al flujo del dinero que invierten actualmente. De acuerdo con un informe de Davivienda Corredores, esto significaría una caída del 70 por ciento en el mercado de capitales.

Actualmente, los aportes que llegan a las cuentas de ahorro individual están cerca de los 20,3 billones de pesos, dineros que las AFP pueden invertir a través de la compra de acciones o bonos de deuda pública, TES.

Sin estos ingresos, las AFP se convertirían en “las grandes perdedoras" de esta reforma, dice Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, porque “van a recibir menos flujos de cotizaciones y por tanto menos comisiones”. 

En esto coincide Julio Iglesias, experto en pensiones,  para quien esta reforma no tiene en cuenta que el ahorro “es uno de los fundamentos del desarrollo económico” y “golpea muy fuerte el ahorro pensional privado en el país”. 

• Los más jóvenes

La incertidumbre alrededor de la sostenibilidad a futuro va de la mano de los impactos en la vida financiera de las generaciones más jóvenes, quienes tendrían que asumir una carga muy alta en materia tributaria para costear el gasto de la reforma pensional.

“Tal como está diseñado el tope de prima media, puede que a mediano plazo sea insostenible y termine afectando a los que se pensionen en el futuro, es decir, los más jóvenes”, explica Juliana Morado. Aclara que esto se puede resolver disminuyendo el tope de tres salarios mínimos a tres, “no cambiando toda la reforma”. 

Lea el especial completo haciendo clic aquí: Salud interrupida: lo que dejó la liquidación de Comfaguajira