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Las pruebas Icfes son el examen más importante de los estudiantes en espera de ingresar a la universidad. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes rurales y comunidades indígenas no alcanzan los resultados necesarios y quedan en los últimos puestos.

Es el caso de los estudiantes wayúu, en el sur de la Guajira. Los jóvenes de los resguardos Caicemapa y Mayabangloma se sienten vulnerados frente a la manera en como se mide la calidad educativa, siendo esta generalizada y sin tomar en cuenta las diferentes realidades de los territorios y resguardos indígenas.

Aunque se han hecho prácticas de preicfes, la falta de inclusión étnica en las pruebas del Icfes sigue siendo evidente. Los estudiantes expresan estar en desventaja y, según la comunidad, falta calidad en las instituciones: las escuelas no cuentan con las dotaciones necesarias, no hay laboratorios de química ni biología y en aquellos temas que son su fuerte, como los saberes tradicionales, el campo, la economía propia y la cultura, no son tenidos en cuenta.

Estudiantes y docentes piden un enfoque diferencial

Shirly Uriana, una joven wayúu del resguardo de Caicemapa, quien presentó las pruebas Saber 11 a principios de este año cuenta que no se sentía preparada. “Me fue muy mal en las pruebas, el puntaje máximo de mi resguardo fue de 230 y solo 2 personas sacaron eso”, dice. Shirly señala que las asignaturas que se le dificultaron más fue el inglés y la lectura crítica.

En el resguardo de Caicemapa la escuela solo llega hasta noveno por lo que quienes quieran terminar el bachillerato deben estudiar en Buena Vista, municipio de Distracción. Shirly tuvo un puntaje de 168 y ese resultado no le alcanzó para estudiar en una universidad y mientras espera presentar la prueba de nuevo, está cursando un técnico en el Sena.

“Hubo preguntas que no alcancé a contestar. Preparan a los estudiantes con el preicfes los sábados y domingos en Fonseca, pero a nosotros se nos dificulta por el traslado. La mayoría de los puntajes que han sacado los estudiantes en Mayabangloma han sido de 188 de 200. Los jóvenes pierden la esperanza de ingresar a la universidad y se van perdiendo en el alcohol o las chicas se embarazan. Es muy triste depender de unas pruebas para seguir los sueños”, cuestiona Shirly.

Juliana Solano se graduó de bachillerato en la Institución Etnoeducativa Rural Mayabangloma y realizó las pruebas saber 11 en agosto de este año. Cuenta que está preocupada porque espera tener un buen puntaje para estudiar en la Universidad de la Guajira. “Hay palabras muy técnicas, son muy occidentales y a nosotros como wayúu se nos dificulta mucho por la lengua y por las costumbres porque son muy diferentes. Me gustaría que aplicaran un enfoque diferencial, para que de verdad sintamos que nos toman en cuenta. Tenemos las ganas de estudiar una carrera que nos gusta, pero no podemos hacerlo porque el puntaje que sacamos en las pruebas nos limita”, señala.

Para Darilis Solano, profesora en el resguardo de Mayabangloma, el sistema educativo en nuestro país no aplica un enfoque diferencial étnico y no se está pensado desde las realidades socioculturales. “Nosotros los indígenas estamos relacionados continuamente con la naturaleza y el funcionamiento de nuestro entorno y el trabajo en las áreas propias para el fortalecimiento de nuestra cultura, muy diferente de los establecimientos urbanos que viven experiencias distintas”, agrega.

Domiciano Epieyu, profesor y sociólogo de Caicemapa (resguardo indígena de Distracción), explica que la falta de inclusión en las pruebas también contribuye a la perdida de la cultura Wayúu, puesto que una vez el estudiante pierde la oportunidad de estudiar en la universidad, le toca salir a buscar de nuevos ingresos económicos fuera de su cultura y ante una sociedad influenciada por lo occidental. “Es importante valorar los saberes wayúu en la verificación de la calidad educativa para que el estudiante empiece a valorarse y resaltar su cultura”.

Además, el profesor Epieyu explica que los estudiantes indígenas tienen pocas posibilidades en lograr un promedio alto en las pruebas Saber por múltiples factores: uno, porque hace falta una política educativa con enfoque étnico especial surgido desde la realidad sociocultural y, por otro lado, la falta de infraestructura tanto física como tecnológica que permitan potenciar el conocimiento de los estudiantes.

“Hasta el momento en las pruebas Icfes no he visto la inclusión del saber de los pueblos indígenas, sino que nos someten a incursionar a un sistema de ellos. Elaboran unas preguntas con un contexto muy diferentes de lo que vivimos, de nuestros saberes, entonces cuando los estudiantes wayúu presentan una prueba de esas se estrella porque no va conocer las problemáticas que allí se plantean y es allí donde el joven tiene dificultades para responder”, puntualiza Epieyu.

El profesor Domiciano Epieyu agrega que se necesita una educación crítica y acorde al contexto, una educación intercultural donde haya un equilibrio: “Los jóvenes que han hecho estas pruebas no pasan de 200 puntos, y con eso no puede ingresar a la Universidad de La Guajira, esta universidad ha puesto en práctica una política de calidad, pero que está vulnerando los derechos del wayúu”.

Tanto profesores como estudiantes advierten que las preguntas que se desarrollan en las áreas de ciencias naturales o química están fuera de la realidad que viven los jóvenes indígenas y que no se puede comparar el nivel de educación con alguno que estudia en la ciudad.

Desde Consonante se consultó al Icfes, al área técnica de evaluación, desde el 15 de septiembre para conocer si se ha estudiado un enfoque diferencial o la realización de cartillas en otras lenguas. A la fecha no se obtuvo ninguna respuesta.

Lo que sigue

Los docentes de las escuelas de Caisemapa y Mayabangloma dicen que no van a cambiar la manera de enseñar. “Estoy formando a un estudiante más critico consigo mismo y que se sienta orgulloso con lo que es. Hemos buscado y no se ha podido llegar a un acuerdo con el Gobierno. hace como un mes se firmó un estatuto para el maestro indígena 1345. Esperamos que la prueba sea incluyente al indígena y lo evalúen de acuerdo a su realidad, traducido a nuestra lengua y con los conocimientos propios de nuestra cultura”, sentencia Domiciano Epieyu.

Los profesores indígenas esperan que el decreto 1345 de 2023, que ampara los saberes ancestrales y la participación de los pueblos indígenas, sea un primer paso para que se tome en cuenta que el sistema educativo debe ser diferencial.

Para las mujeres wayúu el tejido artesanal ha sido históricamente la base de su economía y una de las principales fuentes de ingreso y parte de su tradición. Sin embargo, esa actividad se encuentra en riesgo, según advierten, por la falta de ventas. Anteriormente la comercialización de artesanías eran exclusivas de los resguardos indígenas, pero en la actualidad los grandes comercios del centro de Fonseca han ido ganando terreno.

A pesar del auge que han tenido las artesanías, estas mujeres cuentan que sus ventas han disminuido en los últimos años y no pueden competir frente a los locales comerciales que se han instalado en Fonseca. Mientras tanto ellas siguen vendiendo por encargos o en las calles para tener más oportunidades de clientes.

Edith Uriana, del resguardo de Mayabangloma, aprendió a tejer desde los 11 años. Es ama de casa, tiene cuatro hijos y es técnica en Monitoreo Ambiental. Edith resalta la importancia que tiene el tejido en su familia y cómo lo han mantenido con el paso de los años. “Mi madre siempre me decía que tengo que llevar por delante mi cultura y valorarla y me enseñó el arte de las artesanías. Tengo las palabras de mi madre presente, me decía que, aunque fuera profesional no abandonara lo que me distingue y demostrara el gusto por las artesanías”, afirma.

El precio de las mochilas que vende Edith depende del tamaño que tengan. Las pequeñas las ofrece en 25.000 pesos, y las grandes en 100.000 pesos. Teje accesorios personales para su familia y en ocasiones cuando tiene algún encargo. “Muchas veces los compradores no le dan el valor que tienen nuestras artesanías y suelen decir que están más baratas y cerca en Fonseca”, cuestiona Edith. Es un ingreso que, según cuenta, se ha vuelto más irregular. En un mes que le vaya bien puede vender tres o cuatro mochilas y en otros, no ganar nada.

Edith recuerda que en el pasado los wayúu eran los únicos que vendían los productos relacionados con su cultura, pero hoy hay mucha competencia. “Éramos los únicos que vendíamos las mochilas, los sombreros y la gente que compraba llegaba hasta aquí al resguardo, ya últimamente los alijunas (término que usan para referirse a todo aquel que no es wayúu) también comercializan las artesanías. Ellos tienen ventajas como un local, documentos ante la Cámara de Comercio y pueden vender en lugares más centrales y más baratos, y además tienen la oportunidad de llegar a las ferias”, resalta.

Ediht lamenta que en los últimos años la economía propia de los wayúu esté cayendo. “Los alijunas abren sus comercios y ponen a la venta lo que es nuestra cultura y hay otras personas que no valoran nuestras artesanías porque solo les importa que sea más barata y no lo que significa para nosotros”, agrega.

Como las ventas en los resguardos han disminuido, Edith ofrece sus productos por redes sociales con el impulso de sus amigos y cuenta que la han contactado de Bucaramanga y Barranquilla. “Las personas que vienen de otras partes ya no entran al resguardo a comprar artesanías como lo hacían antes. Se ha disminuido la venta y no ha sido nada fácil y debemos buscar alternativas para poder vender las artesanías porque ya no nos compran”, dice.

Una de las desventajas para las mujeres wayuu es que los resguardos indígenas están retirados de las zonas urbanas. El resguardo de Mayabangloma se encuentra a 6,5 kilómetros del centro de Fonseca, unos 20 minutos en mototaxi y por el que se debe pagar 14 mil pesos por ida y regreso.

Estas mujeres artesanas piden que se valoren los diseños que realizan. Yolida Pushaina nació en Tawaira, Uribia, y vive en el resguardo de Mayabangloma. La artesana, de 52 años, cuenta que desde muy niña aprendió el oficio del tejido. Antes sólo tejía mochilas y chinchorros, pero debido a las peticiones de su clientela ha aprendido a hacer distintas clases de prendas y accesorios desde una pulsera hasta trajes de baños y vestidos totalmente tejidos, para ella cada pieza que construye con sus manos tiene un valor más cultural que económico. “Para cualquier comerciante alijuna la idea es vender. Para el wayúu el valor es más allá del dinero, en cada dibujo, diseño y color ponemos nuestro sueño, representa libertad y nuestras raíces. Una mochila nos cuenta historias”, dice.

A sus 66 años de edad, Carmen Pushaina también sigue practicando el tejido. Es de la alta Guajira, pero desde hace 9 años vive en el barrio 8 de enero, de Fonseca, con su hija y cuatro nietos. Cuenta que sabe tejer desde los 8 años y lo aprendió de las manos de su abuela. En su humilde casa tiene un telar donde teje los chinchorros, mientras su hija y nieta adelantan las mochilas que luego son ofrecidas en las calles de Fonseca. También las llevan a los corregimientos de Conejo y El Hatico. “Por más que me esfuerce en la venta y en mi trabajo, esto no me da para el sustento de mi hogar. Para el wayúu hay muy poco trabajo, por eso yo hago días en casa de familia o me voy a reciclar. Ser artesana es mi trabajo, lo que sé y lo que me gusta, mi familia la he levantado a punta de mochilas, pero hoy en día mi hija y mi nieta me ayudan a vender”, cuenta.

Carmen no entiende muy bien español, por lo que para vender sus productos se apoya de su hija y su nieta. Normalmente vende sus mochilas en 80 mil pesos, aunque cuenta que por necesidad le ha tocado hacer rebajas y ofrecerlas en 50 mil pesos para poder obtener una ganancia. “Si yo tuviera plata montaría mi negocio en Fonseca y no importaría si vendiera poco, pero no tendría que caminar tanto”. El trayecto que Carmen y su hija hacen para vender sus artesanías va desde las vías principales de Fonseca hasta corregimientos más lejanos como Conejo, a 20 minutos; y el Hatico, a 5 minutos, y por el que pagan 20 mil pesos en ida y vuelta.

Falta de apoyo empresarial

El comercio en Fonseca ha venido creciendo y motivando la llegada de inversionistas de otros lugares del país. En la calle principal se concentran al menos 8 locales de prendas tradicionales y de artesanías que atraen a la población local y turistas siendo la principal la mochila wayúu. 

Sin embargo, una de las dificultades principales para estas mujeres es que no cuentan con ingresos para invertir en una mayor producción y poder equiparar a los locales existentes. Tampoco están organizadas en asociaciones o tienen la posibilidad de montar un local, conseguir contratos o formular proyectos, por lo que muchas mujeres wayúus terminan en ventas ambulantes.

Para Maber Solano, historiador de la comunidad Wayúu, uno de los factores que juega en contra de las mujeres wayúu es la limitación económica para mantener organizaciones colectivas. “Son pocas las organizaciones de mujeres que logran asistir a ferias, la mayoría de las mujeres del común no logran llegar a estos espacios por no estar asociadas. Deben enfrentar barreras como costear una gestión y para ellas sería imposible. Para otras está el limitante del idioma, la falta de conocimiento y la invisibilización”, dice.

Maber afirma que sería necesario impulsar un mercado wayúu donde se pueda acceder al comercio propio y no con intermediarios. “Actualmente no hay un mercado local, eso requiere de gestiones o apoyo institucional local, pero eso no existe. Esto se solucionaría si se montara una casa artesanal o un espacio donde se le permita a los indígenas comercializar sus productos y hacer sus muestras artesanales. Esto depende mucho de la voluntad institucional y que apoyen este tipo proyectos”, agrega.

Además, la mayoría de las mujeres indígenas desconocen los procesos para acceder a las convocatorias de emprendimientos, no tienen buena conectividad y se les dificulta viajar hasta el centro a los programas que se impulsan desde las entidades. Hasta la fecha ningún programa ha llegado a los resguardos.

Hilda Lubo, directora de promoción y desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de la Guajira, reconoce que una de las barreras con la que se encuentran es que los programas se llevan a las ciudades y no a las zonas rurales. Actualmente se está implementando “La Guajira Exporta Artesanías” con el que buscan apoyar a las mujeres artesanas en la internacionalización de sus productos. “El punto principal es Riohacha, pero estamos buscando otro punto para descentralizar. Este programa es un piloto y pensaremos en uno para los resguardos de Fonseca, teniendo en cuenta que se les dificulta la conexión, que se deben desplazar”, dice.

“Vemos una cantidad de personas que no son artesanas y están haciendo la comercialización y ganando dividendos y las artesanas no. La idea es generar las capacidades para que sean ellas mismas las que hagan el proceso y no depender de intermediarios”, agrega Lubo.

Desde Artesanías de Colombia, entidad vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a nivel local se apoya el desarrollo de mercados itinerantes. Pero es poca la incidencia que tiene en el sur de la Guajira a pesar de que en Fonseca se cuentan con tres resguardos indígena wayúu, y estos no han tenido un espacio donde puedan exponer y comercializar sus productos artesanales.

Claudia Patricia Garavito, profesional de gestión de Artesanías de Colombia y supervisora para La Guajira, confirma que a la fecha no se cuenta con un proyecto de atención específica en Fonseca. Sin embargo, comenta que “a través del laboratorio de gestión, innovación y creatividad empresarial se realiza una convocatoria abierta donde se invita a los diferentes artesanos a participar de las actividades de fortalecimiento”.

Manuel Salge Ferro, doctor en Antropología de la Universidad de los Andes, explica que la apropiación cultural es un fenómeno en el que el usufructo económico, cultural o simbólico recae en manos de un tercero. “Vale la pena preguntar de base si todas las ideas, saberes, prácticas, bienes y usos están sujetos a ser comercializados, y de paso, entonces, quiénes y cómo podrían lucrarse de ello. Quién y cómo se tendría que definir esto. Cómo proteger y regular estos mercados”, afirma.

“Incluso se podría ir más allá y preguntar quienes hacen parte de una comunidad, si todos los miembros tienen los mismos derechos frente a su cultura o si las creaciones culturales son testimonio de la creatividad humana y, por lo tanto, todos podemos hacer uso de ellas”, agrega.

Salge explica que cualquier grupo o comunidad tiene el derecho de decidir qué hace y qué no parte de su patrimonio y en consecuencia tomar las medidas necesarias para su cuidado. “Si las artesanías tienen un alto valor cultural para las comunidades wayúu y ellas consideran que es importante que esos conocimientos tengan un régimen especial de protección por parte del Estado deben surtir el proceso para incluirlas en las listas oficiales del patrimonio nacional. En el país existe un Sistema Nacional de Patrimonio que incluye definiciones, procedimientos, instituciones y mecanismos de protección. La responsabilidad del Estado está en poner ese sistema al servicio de las comunidades locales para que mediante procesos de diálogo se defina el mejor escenario para garantizar la reproducción en el tiempo de sus expresiones culturales”, recalca. 

Por su parte, para el historiador Maber Solano es evidente que las empresas y mercados locales están comercializando con los productos propios de la cultura wayüu dejando una visible desventaja en las mujeres de la etnia. Muchas de ellas trabajan a base de encargos y en ocasiones les toca caminar por las calles para comercializar sus productos por no contar con un establecimiento que les permita un espacio para vender las artesanías en el centro de Fonseca.

Andrea Jiménez, maestra en Historia del Arte, indica que la apropiación cultural es el dominio frente a un grupo que ha sido minoría y vulnerado. “La apropiación se traduce a una explotación hegemónica. Las mochilas se han instalado en la moda y le han dado relieve y preponderancia a un producto que era ignorado y eso trae lo bueno y lo malo. Las mochilas no son patrimonio, pero contienen conocimientos ancestrales y técnicas y oficios propias de unas comunidades”, dice.

Jiménez afirma que, aunque existe mayor valor frente a las artesanías, se debe aún más resaltar lo propio. “En el mercado se consiguen mochilas de todo tipo y de todos los precios. Hay explotación cuando las comunidades no están de acuerdo en las ventas que se hacen posterior, cuando se sienten utilizadas por las grandes marcas. Cuando se rompe esa cadena de la técnica, ese valor artesanal y cuando la comunidad no se siente identificada ni representada se puede hablar de apropiación cultural”, agrega.

“La pregunta es por qué se están reduciendo las ventas, cuando el mercado se ha ido extendiendo. Puede ser que se esté generando un monopolio, se necesita hacer un censo que vincule a todas las artesanas y que se trabaje con ellas”, recalca.

Edith Uriana, Carmen Pushaina, Yolida Pushaina recalcan que seguirán trabajando con las artesanías y piden que se valore su talento y se incentive la compra de primera mano. “Sueño con ser reconocida por grandes personas por mi trabajo y mis artesanías”, dice Edith. “Ser artesana es mi trabajo, lo que sé y lo que me gusta”, concluye Carmen.

El alcantarillado del corregimiento de Conejo, en Fonseca, se encuentra colapsado y cada vez que llueve las viviendas se inundan de aguas residuales y desechos. Las familias deben enfrentar malos olores por varios días y han reportado afectaciones y brotes en la piel.

Los barrios más perjudicados son Manzanillo, Cristo Rey, Tamaquito y Brisas de San Luis que están ubicados en las zonas bajas del corregimiento de Conejo.  Las calles y viviendas se llenan de agua contaminada, donde los habitantes tienen que resolver por ellos mismos.

Hace un mes se inundaron las calles de los barrios Cristo Rey y Manzanillo con aguas residuales y los habitantes denunciaron la situación cansados de los malos olores. Al no tener respuesta de la Alcaldía tuvieron que destapar las alcantarillas que llevaban varios días desbordadas y que estaban bloqueadas por los escombros.

Luz Aída Lubo, habitante del barrio Cristo Rey, recuerda lo desagradable que fue encontrar en algunos espacios de su casa agua sucia, gusanos y hasta restos de materia fecal. “Fue la primera vez que me pasó eso. Me dijeron que se había inundado mi casa y cuando fui a ver no sabía ni por dónde empezar a sacar el agua. Mis hermanas me ayudaron a limpiar, esto era un desastre, se me mojó todo en el cuarto y tuve que romper la jardinera para sacar el agua porque aquí todo esto estaba invadido de agua y había gusanos”, cuenta.

Las constantes inundaciones de aguas contaminadas también han llevado a que algunas personas alerten de alergias y enfermedades en la piel. Luz Marina Gil señala que uno de sus hijos, de siete años, resultó con una enfermedad en la piel tras una inundación con aguas residuales hace dos años.

“El agua se entraba en la sala, en las habitaciones y todo el piso quedaba sucio. Mis hijos caminaban entre el agua sucia y a los tres días a uno de los niños le empezó una alergia, le eché clotrimazol, pero siguió avanzando. Él decía que le picaba todo, hasta los ojos y le empezó a salir ronchas grandes en toda la piel en forma de flores por todo el cuerpo, lo llevamos al médico a medianoche, le dieron muchos medicamentos, pero ninguno le quitaba esa enfermedad”, recalca Luz Marina.

Luego de seguir en controles médicos con especialistas descubrieron que su hijo, Daiber Khaled Argote, tenía una dermatitis al estar en contacto con agua contaminada y aunque ya fue controlada, las marcas en la piel persisten. “No pierdo la esperanza de que mi hijo se recupere completamente, aunque sé que no tendrá la piel como antes”, asegura.

Después de las inundaciones y ante la ausencia de las autoridades, las personas han tenido que asumir el trabajo de limpieza y desinfección de todos los espacios contaminados. Cuentan que han perdido sus muebles, camas, ropa y otros materiales personales.

Eneida Romero, de 72 años, cuenta que las inundaciones le han causado muchas molestias por su condición de salud. “Mis nietos me ayudan a limpiar cuando esto se inunda de aguas sucias y salen malos olores; yo tenía un canal, pero cuando empezaron a construir esas casas nuevas me dejaron tierra y taparon toda esa zanja”, indica Eneida.

Eneida cuestiona que llegan políticos prometiendo arreglar el acueducto y luego desaparecen. “El deber de los que están en el poder es venir a ver los perjuicios de la comunidad, pero no. Todos son unos sinvergüenzas y después de estar en el poder se olvidan de la gente. Llegó un carro y aquí tomaron fotos y con eso nos endulzaron, dijeron que regresaban al siguiente día a hacer los ajustes, pero no llegó nadie”. Y agrega que ha tenido pérdidas materiales de las que no se ha podido recuperar: “Yo perdí todos los colchones que tenía, un poco de ropa y casi quedo en la calle”.

Más de 100 viviendas sin servicio

El alcantarillado de Conejo tendría que beneficiar a siete barrios del pueblo (Manzanillo, 18 de octubre, Brisas de San Luis, 29 de marzo, Brisas de Guatapurí, Cristo Rey y la plaza principal). Sin embargo, hay unas 100 viviendas que, aunque se encuentran sobre las vías principales, no tienen alcantarillado.

Una de las zonas es la carrera 3 sobre la vía principal. Es una calle que consta de 12 casas a las que no les dejaron cajas de conexión. Los habitantes comentan que la tubería principal quedó muy enterrada y no le construyeron cajillas por eso hoy siguen sin ese servicio.

Yamina Olivella, habitante del corregimiento, tiene su casa en la carrera 3 sobre la calle principal y asegura que, aunque una de las tuberías principales del alcantarillado pasa por la vía, no se construyeron unas cajillas en el sector. Las personas han optado por hacer pozos sépticos, pero con el paso de los años se han convertido en un problema ya que tienen más de un pozo en los patios produciendo olores desagradables.

“No tener el servicio me afecta mucho porque el baño tiene tres pozos ya y están llenos y liberan malos olores”, puntualiza.

Como la casa de Yamina muchas otras en el pueblo no están conectadas al alcantarillado. La comunidad ha enviado a la Alcaldía solicitudes y reclamaciones en todos estos años, y a pesar de ser insistentes no han obtenido respuestas. “Yo me encargué de llevar cartas firmadas al alcalde Hamilton García y a los anteriores, Misael Velásquez y José María Moscote, para pedirles que nos hicieran las mejoras y nunca no respondieron, jamás nos dijeron nada”, dice.

16 años de un alcantarillado a medias

El sistema de alcantarillado de Conejo tiene al menos 16 años de construido. La población del corregimiento ha ido en aumento y expandiéndose a barrios que quedan fuera de la cobertura del alcantarillado como el barrio Nuevo, o también conocido como Invasión Nueva o barrio Chino.

Además, una de las problemáticas es que solo está funcionando una de las dos lagunas de oxidación, que es donde desembocan todas las aguas residuales para tratarlas y cumplen la función de estabilización o auto purificación natural y evitar mayores impactos ambientales. Una de estas lleva siete años sin funcionamiento y está cubierta de arbustos y maleza que representa una afectación para el medioambiente puesto que las aguas contaminadas están pasando directamente al arroyo Masteban.

El líder comunitario Deiber Guerra indica que, desde la construcción, el alcantarillado ha funcionado a medias. “La problemática es que la laguna de oxidación no fue ubicada en el punto exacto para que cumpliera la función correspondiente, entonces está en un punto más alto que el caserío de este corregimiento”.

Deiber Guerra además manifesta que el alcantarillado de Conejo está colapsado por el crecimiento poblacional. A este corregimiento han ido llegando familias que habían sido desplazadas por el conflicto y otras que han salido beneficiadas en los proyectos de viviendas de los PDET. “El alcantarillado fue construido sin proyección a futuro, para esos años había unos 2.000 habitantes y hoy en día, contamos con unos 4.000”.

Por otra parte, Carlos Fernández, habitante de la comunidad, considera que se está contaminando más ya que el proceso de tratamiento no se está dando correctamente. “La contaminación que se está haciendo es grandísima porque no están haciendo un proceso de decantación sino que la contaminación está pasando directamente para allá para el río”, advierte.

Ante la ausencia de autoridades y un operador que gestione y controle el alcantarillado, la comunidad informa que ha tenido que asumir en varias ocasiones el mantenimiento a las alcantarillas. Han ido destapando las tuberías que se encuentran taponadas por los desechos, escombros, materiales plásticos, ropa y bolsos viejos. También se encontraron tuberías totalmente colapsadas con troncos y raíces de árboles.

Sin embargo, la comunidad expresa que estas jornadas de limpieza no representan una solución del problema ya que como las lagunas de oxidación quedaron en la parte alta, influye en que las aguas negras se devuelvan por los bacinetes, y que cuando llueva todo el sistema colapse y se inunden sus casas.

Han pasado seis años desde que 225 exguerrilleros y exguerrilleras de las antiguas Farc llegaron a la vereda Pondores para hacer su proceso de reincorporación, después de firmar el acuerdo de paz. A pesar de que han desarrollado proyectos productivos y han buscado trabajar de la mano con las comunidades, los firmantes de paz aseguran que persisten estigmatizaciones en su contra y esto aumenta los riesgos de seguridad.

Karen Caballero, exguerrillera y habitante del AETCR de Pondores, recuerda que tan solo hace nueve meses el Ejército y el Gaula de la Policía allanaron las instalaciones de Dama Verde, un emprendimiento de vivero y plantas aromáticas. En ese entonces, la Fiscalía aseguró que el operativo se realizó porque “se tuvo conocimiento que en ese lugar se estaba confeccionando material de intendencia de uso exclusivo de las fuerzas militares”.

Desde que ocurrió ese allanamiento, en el que además se llevaron elementos del museo de la memoria (chalecos, radios de comunicación, botas, cantimploras, vajillas, un fusil de madera, entre otros), no han recibido mayor información ni una aclaración pública sobre el incidente, según Caballero. “Eso fue un falso positivo, se pretendió involucrarnos con disidencias de las FARC”, afirma Caballero y concluye que casos como estos genera estigmatización y agranda los riesgos de seguridad tanto física como jurídica en el territorio.

Benedicto González, líder exguerrillero y precandidato a la Alcaldía de Fonseca por la Colombia Humana, señaló durante el encuentro que la inseguridad en el municipio ha influido en la estigmatización sobre los exguerrilleros. En este municipio los homicidios y los robos aumentaron el doble en 2022 en comparación con el 2021. Algunos de los delitos son el robo de ganado, la incautación de droga en vehículos y delincuencia común. González advierte que muchos de estos han quedado sin un resultado de investigación, lo que provoca señalamientos indirectos hacia los firmantes. “No implica solo un riesgo de seguridad, sino también de nuestra imagen y buen nombre, porque más de uno dirá: ‘hasta ellos tendrán las manos metidas ahí’”, dice González. 

Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, ha sido una de las funcionarias encargadas de recibir las denuncias, preocupaciones y dudas de los exguerrilleros y exguerrilleras del AETCR Amaury Rodríguez. La más reciente reunión se dio el 26 de abril en el poblado ubicado en la vereda Pondores del municipio de Fonseca. Durante el encuentro, en el que estuvo Carlos Camargo, defensor del Pueblo, los firmantes de paz denunciaron que se sienten en riesgo de seguridad por casos de estigmatización en su contra y advirtieron sobre irregularidades en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Además, Camargo recorrió el AETCR para conocer los proyectos productivos: Confecciones Fariana y “Dtodos”, un minimercado impulsado por un grupo de firmantes de paz en condición de discapacidad.

Las preocupaciones de los exguerrilleros

• Alerta por asesinatos contra firmantes de paz

Este  año han asesinado a once firmantes de paz y en 2022 se registraron 43 homicidios, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Esto se suma al desplazamiento forzado del centro poblado de paz Mariana Paez en el Meta. Este panorama de riesgo ha encendido las alarmas en el AETCR, quienes temen que estas situaciones se repitan en su territorio. Aunque no hay un riesgo de desplazamiento forzado en el AETCR Amaury Rodríguez, sí ha habido hostigamientos y persecución contra algunas personas. Situación que podría estar en riesgo de aumento por la presencia de actores armados en la zona de frontera, la estigmatización de la Fuerza Pública y la poca inversión y presencia estatal en el territorio, dice Emily Avendaño, abogada de la Fundación Lazos de Dignidad que acompaña a los excombatientes. 

Milton de Jesús Toncel, excomandante guerrillero, cuenta que han sentido temor por la situación que se ha presentado contra los excombatientes a nivel nacional. Resalta que a pesar de que los integrantes del AETCR no hacen parte del Partido Comunes, los excombatientes asesinados de otros lugares del país son personas conocidas y cercanas y los agresores los pueden atacar por igual. “Aquí nadie sabe quién va a ser el próximo muerto. No preguntan quién es quién. Es plomo parejo por el solo hecho de habernos levantado en armas”, agrega Toncel. 

Estos riesgos latentes de seguridad llevaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a ordenarle a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que realizara estudios de riesgo para el AETCR y, en particular, a cinco líderes del centro poblado. Sobre este fallo de 2022, Emily Avendaño advierte que no ha habido mayores avances en el cumplimiento de esta sentencia e incluso el esquema de seguridad que fue designado no cumple con lo determinado. Incluso, los carros han tenido problemas mecánicos. 

Durante el encuentro, los habitantes del AETCR Amaury Rodríguez recordaron además las propuestas de la articulación con las comunidades y atender los problemas de seguridad. La primera consiste en llevar el plano de la reincorporación a una escala más amplia. Es decir, que esta se lleve mediante la pedagogía y proyecto a las comunidades para que en estos territorios puedan conocer los beneficios y derechos de los municipios priorizados por el PDET.

• Sin implementación del acuerdo de paz no hay seguridad

Los firmantes de paz del AETCR sostienen que es necesario dejar de pensar en su seguridad a través de esquemas de seguridad, sino que es urgente ver la integralidad como personas y colectivo. Además, advirtieron que es fundamental que haya transparencia sobre los recursos que se han invertido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para no generar conflictos entre los habitantes, que deberían verse beneficiados teniendo en cuenta que viven en territorios afectados por el conflicto armado.  

“Una preocupación y molestia de las comunidades del territorio es que dicen que el acuerdo de paz no ha significado seguridad en el territorio”, afirma Benedicto González. “El municipio de Fonseca tiene un presupuesto aproximado de 35.000 millones anuales y por concepto del PDET se multiplicó a cuatro veces más, aproximadamente 150,000 millones. Dicen los campesinos y lo decimos con autoridad, porque hemos recorrido los últimos tres meses palmo a palmo el territorio, ‘aquí el PDET ha llegado en rumores, no en obras’”, agrega. 

Por su parte, Marcos Martínez, líder del AETCR, explica que las comunidades más cercanas al centro poblado sólo han visto instituciones y organizaciones llegar al espacio territorial, en los últimos seis años, y no interactúan con los habitantes fuera de este. En ocasiones, resalta Martínez, algunos pobladores han expresado su inconformidad. “Esto no aporta para una reconciliación efectiva, ya que se ve privilegiado solo una parte del territorio”, afirma.

“Pienso que esa palabra reincorporación debe aumentarse en una palabrita más que diga reincorporación comunitaria, para que la comunidad vea algo positivo en esa reincorporación. El desfile de chalecos a los AETCR no ha beneficiado a ninguno. En lugar de unirnos con las comunidades, lo que hace es que nos apartar porque la comunidad cree que estamos sobrados”, dice Martínez.

¿Qué dicen la Defensoría y la Directora de la Implementación del Acuerdo?

Gloria Cuartas destacó la importancia de ver la seguridad de forma integral y se comprometió a trabajar para que no haya corrupción en el manejo de los recursos de la paz. “Si la corrupción sigue, si los recursos de la paz se los siguen robando, la seguridad se pierde en este proceso. Como gobierno es proteger, cero corrupción y contribuir a que se reconozca el pasado y cumplir con el acuerdo de paz”, dijo la directora.

Durante la intervención, Gloria Cuartas resaltó la importancia de la participación de los firmantes en la incidencia política que han venido trabajando en el territorio, teniendo en cuenta que actualmente hay un precandidato a la Alcaldía municipal que hace parte del AETCR. “Ojalá tengan más interés de estar en la política, en los concejos, en las alcaldías, que tengan el espíritu de que esa lucha y esa visión que antes se quería hacer de una manera, lo puedan hacer de otra y que podamos juntos transformar esta realidad”, agregó Cuartas quien, además, se comprometió a instar a la Unidad de Protección y al Gobierno nacional a garantizar la seguridad de cara a las elecciones locales. 

Sobre los proyectos mineros que podrían desarrollarse en la zona, Cuartas se comprometió a solicitar el apoyo del Ministerio de Minas para que orienten a las comunidades en temas de consulta previa. 

Lo que sigue

El 2 de mayo, los firmantes de paz del AETCR enviaron un documento formal a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz para formalizar algunas irregularidades que ha habido en el desarrollo de los proyectos PDET en Fonseca. Entre estos, la suspensión de las obras de construcción de la vía que conduce del corregimiento de Conejo a la Y de la vereda Las Colonias. Desde la Unidad aseguraron que harán seguimiento a los casos expuestos y tramitar las solicitudes.