Tras el movimiento telúrico de magnitud 7.4 que se extendió desde el municipio de San José del Palmar, Chocó, las comunidades negras e indígenas de esa subregión, el San Juan, agradecen que nadie haya resultado muerto, pero ese alivio duró poco al ver derrumbada y reducida a pedazos la vida que han construido con el yugo de la pobreza siempre en la espalda.
Según explica Víctor Carpio, consejero mayor del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko), las ayudas aún no han llegado. La organización representa a los resguardos y comunidades de este pueblo indígena, organizado en seis municipios del departamento, entre ellos Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. Estos dos últimos encabezan la lista de los municipios que más daños presentaron por el movimiento telúrico.
Desde el epicentro del sismo, Cristian Murillo, profesor del municipio de San José del Palmar, explicó que los daños materiales son alarmantes para las familias del casco urbano y rural, y por eso claman para que lleguen donaciones de alimentos no perecederos, agua potable, insumos de aseo y de primeros auxilios, así como ropa, cobijas, colchones o carpas.
El docente aprovechó para recordar la necesidad de soluciones de transporte e infraestructura que por décadas han afectado la vida de las familias de la región, pues a pesar de estar cerca del municipio de Cartago, Valle del Cauca, el mal estado de las vías dificulta la movilidad.
“Si hubiéramos tenido una vía hacia Nóvita o el centro del Chocó, habría sido una gran posibilidad de que hubieran llegado a socorrernos”, expresó en un video Murillo.
Al final de la tarde del 16 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) también entregó un nuevo consolidado de la contingencia que afrontan 472 municipios en 15 departamentos del país, en el que se han visto afectadas 185.996 personas.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cifra de víctimas mortales asciende a 298 y la Ungrd señala que aún hay 194 personas desaparecidas por el terremoto. A esto se suman las más de 4.000 personas heridas y las 355 rescatadas.
Para el caso de Chocó, la Ungrd registra más de 11 mil personas damnificadas. En la subregión del San Juan, los municipios de Condoto (2.811 personas damnificadas), Nóvita (1.471) y Litoral del San Juan (1.544) encabezan la lista.
Para el caso del pueblo Wounaan, a la fecha, Carpio no conoce de pérdidas mortales, pero los daños materiales son alarmantes, a pesar de no contar aún con un censo consolidado. Explicó que en el municipio de El Litoral del San Juan “la población no tiene dónde quedarse, está refugiada donde los amigos, donde los vecinos, donde los familiares”.
Una de las más afectadas es el resguardo Tocordo Balsalito, que por las difíciles condiciones de acceso se encuentra con problemas de comunicación y ante la expectativa de que tarde en llegar la ayuda humanitaria. Desde el municipio de Medio San Juan, Néstor Chamapuro, líder del municipio, explica que la escuela del casco urbano está comprometida en su estructura; los niños y niñas no van a poder retomar clases pronto. Además, las familias no han retomado sus labores en las fincas por el miedo de que se materialice una réplica.
Pero quizás una de las afectaciones menos evidentes la padecen por el desequilibrio espiritual. Como ocurre con las comunidades Emberá, Carpio explica que las familias Wounaan están expuestas a ser afectadas por espíritus que, según su cosmovisión, han permanecido durante décadas atrapados bajo el suelo.
Con el movimiento telúrico, estos espíritus pueden atormentar a la población étnica y agravar su condición de salud mental. Con el riesgo de que a algunas personas, incluso, los lleve al suicidio. Pero, como ocurre con los jaibaná para el pueblo Emberá, los médicos tradicionales del pueblo Wounaan, el benkhun, entran a calmar estas angustias con un trabajo espiritual que puede tomar meses y que se concentra en la sanación colectiva.
“Nuestra población no se ha movido; está en sus casas, porque espiritualmente la población indígena, cuando pasa esto, está pendiente del consejo del benkhun, el médico ancestral. Mientras tanto, no se puede mover ni ir a pescar o hacer grandes recolectas de comida”. Por eso, puntualiza el líder, las comunidades indígenas están en riesgo de hambruna.
Carpio pide que la atención del Estado llegue con un enfoque étnico, lo que incluye recursos para la armonización de las comunidades de la mano de sus sabedores ancestrales. Mientras llega la atención institucional, en redes se han difundido varias maneras de apoyar al pueblo Wounaan, una de ellas, la que encabeza Tatiana Jacanaminjoy, influenciadora indígena. Por su parte, la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó está recolectando ayudas y puso a disposición su cuenta bancaria para ayudar a las familias afectadas.
En la comunidad Cabecera, en el municipio de Litoral de San Juan, el 90 por ciento de las casas fueron destruidas por el temblor. En las pocas casas en pie, así como en la escuela, se están resguardando todas las familias. “En comunidades como Charco Largo, en el municipio de Sipí, la situación es similar. Un líder de allá me llamó para decirme que hay cerca de 100 casas perdidas”, lamenta Felipe Martínez, representante legal del Consejo Comunitario de Acadesan, que representa a 72 comunidades a lo largo del río San Juan en cinco municipios de Chocó y en Buenaventura, Valle del Cauca.
“Hasta hoy no ha llegado lo mínimo —por parte del Estado— a ninguna de las comunidades negras e indígenas de la zona de San Juan”, reprocha Martínez. El líder resalta que toda esta semana ha recibido promesas de la institucionalidad local y nacional, así como de fundaciones, sobre la llegada de ayudas humanitarias, pero no se han hecho realidad.
“El jueves nos habían dicho que a las 10 de la mañana iban a llegar unos camiones con ayudas; varios compañeros de las comunidades se desplazaron a la sede de la organización en Istmina, pero nunca llegaron y las familias siguen esperando”, agregó.
Las comunidades de Charco Largo y Loma de Chupey en el municipio de Sipí, sufrieron grandes daños de viviendas, y según los líderes la situación se vuelve más alarmante ya que algunas de las infraestructuras comunitarias que tenía el pueblo negro de Acadesan quedaron destruidas.
La subregión del San Juan —conformada por 12 municipios del sur de Chocó— viene afrontando una crisis humanitaria desde hace más de cinco años, por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc, antes Agc). Este conflicto ha confinado y desplazado a varias comunidades indígenas y negras de la región, por lo que están a la expectativa de que las restricciones a la movilidad no afecten la entrada de ayudas humanitarias.
Durante esos años, en algunos momentos las comunidades se han visto doblemente afectadas: todos los años se registran damnificados por inundaciones. “Nosotros tratamos de que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres construyera ocho albergues en el territorio, pero fracasamos en eso. La entidad decía que no se metía con nada relacionado con el conflicto armado; nosotros insistíamos en que también lo pedíamos por desastres naturales”, explica un líder del consejo comunitario que pidió la reserva de su nombre.
Ahora las comunidades piden madera, tejas de zinc y otros materiales para rehacer sus viviendas. Paralelamente, necesitan enseres de cocina y elementos para dormir. Para eso, el consejo comunitario ha iniciado una campaña de recolección de fondos para atender a las miles de familias negras que representa. La ayuda de organizaciones y ciudadanos ha empezado a llegar, pero piden más apoyo.
Buen día. Estamos recolectando fondos en favor de ACADESAN. Aquí está la información de la cuenta y llave: https://t.co/5obIcOhBKX
— ACADESAN Consejo Comunitario General del San Juan (@ACADESAN) August 12, 2026
Sobre ACADESAN, ver:https://t.co/QyHzymLBS0 https://t.co/YKbJK7vzm9https://t.co/J0PWCDLU1Y pic.twitter.com/XPmMjR8oat
En las comunidades del río San Juan no hay electricidad ni agua y el internet a duras penas funciona en los últimos días; pero el panorama no era mucho mejor antes del terremoto. En buena parte de este territorio la electricidad ya era intermitente, muchas comunidades nunca han contado con acueducto y la conexión a internet o telefonía siempre ha sido precaria. Esta catástrofe natural abrió una ventana para que todo el país evidencie el abandono al que los gobiernos han sometido al Chocó por décadas.
“Cuando la cosa está normal, la electricidad es súper mala. Las antenas de celular antes funcionaban de vez en cuando para uno comunicarse y ahora, literalmente, cero. Como todo está movido, no ha entrado quien revise, no ha entrado quien llegue a arreglar las cosas. Estamos en la oscuridad”, relata Gloria Amparo Murillo, acompañante del proceso del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) y habitante de Negría, comunidad que se ubica a orillas del río San Juan.
Para ella, la emergencia no creó esas desigualdades, sino que las profundizó: “Si antes de todo esto era insuficiente para que las comunidades pudieran tener unas necesidades básicas satisfechas, ahora son peores. Estamos en las peores condiciones”.
En la cuenca del río San Juan, las 72 comunidades que integran Acadesan reportan diferentes niveles de afectación, según Felipe Martínez, representante legal del Consejo Comunitario. El territorio colectivo se extiende por los municipios de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, junto a las comunidades ubicadas en Buenaventura, Valle del Cauca. Hay viviendas completamente destruidas, otras con daños estructurales que impiden habitarlas, pérdida de electrodomésticos, muebles, alimentos y enseres, así como afectaciones en escuelas, hogares infantiles, casas comunitarias, puentes, muelles y calles.
Sin embargo, a casi una semana de la emergencia todavía no existe un balance consolidado que permita saber cuántas familias perdieron sus casas o requieren atención inmediata. Acadesan adelanta una caracterización comunidad por comunidad junto con las alcaldías, pero la falta de señal, las dificultades de desplazamiento y la escasez de combustible han ralentizado el proceso. La organización asegura que ni siquiera cuenta con combustible suficiente para visitar todas las poblaciones y documentar directamente los daños.
La Defensoría del Pueblo advirtió el 12 de agosto que en Chocó era prioritario avanzar en censos y evaluaciones de daños, especialmente en las zonas rurales y distantes. Un día después insistió en que todavía existían vacíos que impedían determinar el número real de afectados en el departamento y pidió establecer contacto con todas las comunidades.
Sin embargo, los datos que han logrado conocerse muestran la dimensión que puede alcanzar la emergencia en el San Juan. En Istmina, la administración municipal reportó el 11 de agosto al menos 550 viviendas y más de 3.000 personas afectadas solamente en la cabecera urbana, mientras las dificultades de comunicación y movilidad impedían llegar a buena parte de la zona rural. En El Litoral del San Juan, los reportes también muestran daños masivos y las autoridades locales han pedido ayuda urgente para las familias que perdieron sus viviendas.
Acadesan había advertido desde el 11 de agosto sobre la urgencia de construir albergues y entregar atención humanitaria en su territorio.
Cinco días después, las comunidades de los ríos siguen sin energía eléctrica; dependen de plantas diésel que usan principalmente para cargar sus celulares y no perder la comunicación. En zonas urbanas como Istmina la energía es deficiente, pero alcanza a llegar por un par de horas.
La propia sede de Acadesan resultó afectada y permanece a la espera de una evaluación técnica. Por seguridad no están atendiendo allí a las comunidades. Mientras tanto, las necesidades son inmediatas: alimentos, colchonetas, cobijas, toldillos, medicamentos y utensilios de cocina. Después vendrá una etapa todavía más costosa, la reconstrucción de las viviendas, que requerirá madera, techos, clavos, varillas y cemento.
“Uno lo que quiere es mitigar, porque solucionar las cosas no podemos, pero sí podemos mitigar: que la gente no sienta que se dejó sola, que está abandonada”, agrega Murillo.
Este terremoto ocurrió en un territorio que enfrenta otras amenazas. Según habitantes de varias comunidades, en el San Juan se atraviesa un periodo de disminución de las lluvias y bajos niveles de los ríos. Esto tiene un efecto directo en lugares que carecen de sistemas de acueducto y dependen de la lluvia para obtener agua, movilizarse y sostener buena parte de sus actividades cotidianas.
A las dificultades ambientales se suma la amenaza del conflicto armado. En marzo de este año, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de inminencia 010 de 2026 para el Litoral del San Juan, ante la alta probabilidad de confrontaciones entre el Eln y el Frente Jaime Martínez de las disidencias. La advertencia incluye específicamente las veredas pertenecientes a Acadesan. Para entonces, 1.367 personas de comunidades negras e indígenas habían sufrido confinamiento y restricciones para movilizarse por los ríos, lo que limitaba actividades esenciales como la pesca, la agricultura y la búsqueda de alimentos.
Esa realidad plantea una dificultad adicional para la respuesta después del terremoto. En un territorio donde los ríos son indispensables para llegar a las comunidades, cualquier restricción a la movilidad, presencia de actores armados o nuevos enfrentamientos puede obstaculizar tanto la caracterización de los daños como el ingreso de alimentos, medicamentos, materiales y equipos humanitarios.
Incluso, a Amparo Murillo le preocupa el hecho de que ocurra una emergencia humanitaria en este momento, ya que por los daños ocasionados por el terremoto la sede de Acadesan no podría acoger a las personas desplazadas de las comunidades, como normalmente lo ha hecho en los recurrentes enfrentamientos, confinamientos y paros armados impuestos por los grupos ilegales en el territorio.
Las réplicas han mantenido el miedo entre personas que ya no saben si sus viviendas son seguras. Todos los días se continúan registrando nuevos sismos alrededor de San José del Palmar, epicentro del terremoto.
“El problema es que la gente sigue sintiendo la réplica del temblor. A veces tiembla y se siente, y eso es un temor aún más fuerte, porque dicen: ¿el último cómo será?, ¿o será que no va a haber último? Es una zozobra que no termina”, dice Murillo.
Para muchas familias, lo perdido representa además décadas de trabajo. “Hay gente que ha luchado toda su vida y a los 50 o a los 60 años logra hacer una vivienda que no alcanza a disfrutar ni un mes ni dos meses”, agrega.
En medio de esa incertidumbre, las comunidades continúan recogiendo información, tratando de comunicarse y buscando cómo responder con los pocos recursos disponibles. Hay alivio porque muchas personas pueden contar lo ocurrido, pero también impotencia ante la magnitud de las pérdidas.
“Aquí estamos sobreviviendo. Todo el mundo da gracias a Dios, con todas sus dificultades, porque la gente tiene vida, puede hablar, puede contar y puede decir cómo están las cosas”, dice Murillo. Sin embargo, la dimensión de la situación no ha sido fácil de sobrellevar: “Uno ya no siente ni dolor ni tristeza; uno no entiende ni lo que siente de ver tanto sufrimiento y estar maniatado, sin poder responder, sin poder entregar. Uno se queda hasta sin palabras frente a la situación”.
Acadesan adelanta una campaña para la recolección de fondos y donaciones que puedan distribuir entre las comunidades para comenzar a atender la emergencia.
Las ayudas en especie pueden ser enviadas a la sede de la organización en el municipio de Istmina, Chocó, ubicada en el barrio Santa Genoveva, sector La Mina. También reciben donaciones en la siguiente cuenta del Banco de Occidente:
El lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, la tierra comenzó a moverse en el Chocó. En Tadó, el sismo se sintió tanto en el casco urbano como en las comunidades rurales, pero fue en lugares como Brubatá, en el Alto San Juan, donde sus efectos se hicieron más visibles. Allí, buena parte de las viviendas quedaron destruidas y las familias tuvieron que buscar refugio en las pocas casas que permanecieron en pie.
“Nosotros perdimos 75 viviendas. Quedaron tres”, cuenta Yelli Joana Mosquera, madre de familia de Brubatá.
Desde el día del sismo, esas tres viviendas se convirtieron en el lugar donde permanece reunida la comunidad. Allí hay niños, personas enfermas y personas con discapacidad. Mientras algunas familias duermen bajo techo, otras han tenido que acomodarse en los andenes que quedaron en mejores condiciones.
La emergencia no terminó cuando dejó de temblar. Para quienes perdieron sus casas, comenzó entonces otra incertidumbre: dónde dormir, cómo proteger a sus familias y de dónde sacar los recursos para volver a construir. “Tenemos niños pequeños, no hemos recibido ninguna ayuda de materiales para construcción y estamos viviendo en la calle; algunos duermen en los andenes que quedaron buenos”, relata Yelli.
En las viviendas que se derrumbaron también quedaron las pertenencias de las familias. Ropa, zapatos, camas y otros objetos se perdieron entre los escombros. Algunas personas lograron recuperar parte de los alimentos que tenían almacenados y, con ellos, la comunidad organizó una olla comunitaria para compartir lo poco que quedó.
“Agradecemos mucho a las personas que han venido a darnos apoyo con alimentación, pero nosotros más que alimentación también necesitamos que nos apoyen, que nos ayuden con las viviendas”, dice Yelli.
Para las familias de Brubatá, los materiales de construcción son ahora la principal necesidad. Cemento, varillas y madera son algunos de los elementos que esperan recibir para comenzar a levantar nuevamente sus casas. No tienen recursos para hacerlo por cuenta propia.
Yelli lo sabe por su propia experiencia. Es madre soltera de dos niños y cuenta que su casa tenía menos de un año de haber sido construida cuando el sismo la destruyó. “Yo tengo dos niños, soy madre soltera, mi casa no tenía ni un año de haberla construido y lo perdí todo”.
La administración municipal sostiene que desde las primeras horas después del sismo desplegó personal para verificar las afectaciones en las zonas urbana y rural. Según Xavier David Estamos Mosquera, secretario de Gobierno de Tadó, ingenieros, arquitectos y organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja participan en el levantamiento de información sobre las viviendas afectadas.
El funcionario señala que entre las comunidades con mayores afectaciones están Playa de Oro, El Tabor, Brubatá, Bochoromá y Bochoromacíto. El objetivo, explica, es consolidar un censo para establecer cuántas viviendas quedaron afectadas, cuáles pueden seguir siendo habitadas y cuáles no, y remitir la información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Sin embargo, desde Brubatá la percepción de la respuesta institucional es distinta. Yelli asegura que, hasta el cuarto día después del sismo, la comunidad no había recibido ayudas de la Alcaldía. Las personas que llegaron al lugar, cuenta, provenían del hospital, eran particulares o personas que acudieron por iniciativa propia. Ese día, dice, también llegaron funcionarios de Gestión del Riesgo.
“De parte de la Alcaldía no hemos recibido absolutamente nada”, afirma.
El secretario de Gobierno, por su parte, asegura que la administración municipal está organizando en un sitio de acopio ayudas humanitarias que recibió para distribuirlas entre las comunidades afectadas. Estas incluyen alimentos y kits de aseo, mientras se busca atender las necesidades relacionadas con la reconstrucción.
Pero para las familias de Brubatá, la comida, aunque necesaria, no resuelve el problema principal. “No es solo traer una libra de arroz, un tarro de aceite, una sardina. Nosotros necesitamos que nos ayuden con nuestras casas”, reclama Yelli.
La comunidad también enfrenta otro problema: el puente que permite su conexión con el resto del territorio. La estructura quedó agrietada después del sismo y, según habitantes entrevistados por los reporteros locales, ya presentaba dificultades antes del terremoto.
La comunidad había pedido a la Alcaldía que mejorara el puente. La propuesta, según uno de los habitantes, era cambiar las tablas. Pero los habitantes consideran que esa intervención no es suficiente. Quieren una estructura nueva, segura y digna para la comunidad, similar a la construida en Bochoromá.
“Nosotros no queremos un puente de esos. Nosotros queremos un puente digno de una comunidad como Brubatá”, explicó el habitante.
Durante años, los propios habitantes habían cambiado las tablas cuando se deterioraban. Ahora, después del sismo, aseguran que ya no tienen recursos para seguir haciéndolo y que tampoco quieren que esa sea nuevamente la solución.
La preocupación se extiende incluso a las tres viviendas que permanecieron en pie. Aunque desde afuera parecen haber resistido el movimiento, Yelli asegura que también presentan daños. “Las paredes se mueven con cualquier brisa, se están moviendo”, cuenta.
En esas condiciones, la comunidad intenta proteger a sus niños y a los adultos que quedaron sin vivienda. La incertidumbre también ha comenzado a afectar su salud emocional. Yelli cuenta que los niños tienen pesadillas y que los adultos tampoco duermen tranquilos porque temen que una nueva lluvia pueda dejarles aún menos lugares donde refugiarse.
Por eso, además de materiales para reconstruir las viviendas, las familias están pidiendo atención psicológica. “Necesitamos que vengan psicólogos, que nos den atención psicológica”, dice Yelli.
La emergencia, entonces, no se reduce a las paredes que se cayeron. También está en el miedo de quienes ahora duermen fuera de sus casas, en la incertidumbre de las familias que perdieron sus pertenencias y en la preocupación de una comunidad que siente que llevaba años esperando soluciones para problemas que el terremoto hizo todavía más visibles.
El secretario de Gobierno envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas y aseguró que la administración está adelantando las gestiones necesarias para llevar soluciones a las comunidades. “No están solos”, dijo.
Desde Brubatá, sin embargo, las familias esperan que ese mensaje se convierta en acciones concretas. Yelli tiene una petición dirigida especialmente al alcalde: “Que se acuerde de que Brubatá existe, que se acuerde de cuando venía acá a hacer campaña, que se acuerde de que acá hay una comunidad abandonada desde hace muchos años”.
Ahora la comunidad ya no está pidiendo que le reparen una casa ni que le cambien unas tablas del puente. Está pidiendo volver a tener un lugar seguro donde vivir. “Más que comida necesitamos materiales para la construcción de sus casas”, insiste Yelli.
En Brubatá, las consecuencias del terremoto siguen presentes en cada vivienda destruida, en el puente agrietado y en las tres casas que hoy deben albergar a una comunidad entera.
La naturaleza se hizo sentir y la tierra tembló. Lo que pudo ser un día normal terminó convertido en una jornada de miedo y destrucción para las comunidades de Tadó. El lunes 10 de agosto, a las 7:34 de la mañana, un fuerte sismo sacudió al Chocó y dejó daños en distintos puntos del municipio, especialmente en las comunidades rurales del Alto San Juan.
“A unos el temblor les tumbó la casa, mientras que a otros nos dejó el alma temblando”. Así se puede resumir lo que ocurrió en Tadó después del sismo: una emergencia que dejó viviendas destruidas, familias afectadas y comunidades enteras intentando recuperar la tranquilidad.
En el territorio, el impacto se sintió con fuerza en varias comunidades. Entre las más afectadas están Playa de Oro, El Tabor, Brubatá, Bochoromá y Bochoromacito, donde decenas de familias quedaron con sus viviendas destruidas o con daños que todavía están siendo evaluados.
De acuerdo con el primer balance preliminar de la Alcaldía de Tadó, 320 viviendas quedaron destruidas, 82 presentan afectaciones moderadas y 101 registran daños leves. En total, el reporte señala afectaciones en 503 viviendas del municipio.
También se reportaron 16 personas lesionadas, aunque hasta el momento el balance oficial no registra personas fallecidas ni desaparecidas. Entre las afectaciones a la infraestructura se encuentran una institución educativa y una vía, esta última por un deslizamiento.
El reporte municipal también señala daños en otras edificaciones, entre ellas una iglesia del barrio San Pedro y el cementerio San Bernabé. A esto se suma una de las dificultades que agrava la emergencia: el municipio permanece sin servicio de energía eléctrica desde el momento en que ocurrió el sismo.
Las cifras, sin embargo, todavía pueden cambiar. La Alcaldía advierte que se trata de un balance preliminar y que continúan las visitas de verificación, evaluación y consolidación de la información en las comunidades.
Xavier David Mosquera, secretario de Gobierno de Tadó, explica que desde las primeras horas posteriores al sismo se desplegaron equipos hacia las zonas urbanas y rurales. Ingenieros, arquitectos y organismos de socorro como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja participan en la verificación de los daños.
El objetivo, señala el funcionario, es levantar información que permita establecer la magnitud real de la emergencia, identificar las viviendas que pueden seguir siendo habitadas y determinar cuáles representan un riesgo para las familias. Con esta información se espera consolidar el censo y remitirlo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El proceso ya ha permitido identificar afectaciones concretas en algunas comunidades del Alto San Juan. En Brubatá se reportan 49 viviendas no habitables y 13 afectadas, mientras que en El Tabor hay seis viviendas no habitables y 35 afectadas.
El trabajo no ha sido sencillo. Tadó tiene comunidades rurales dispersas y algunas presentan dificultades de acceso, lo que hace que la verificación avance de manera gradual. Mientras los equipos técnicos recorren el territorio, las familias intentan entender qué quedó de sus viviendas y qué necesitan para volver a habitarlas.
En algunos lugares los daños son visibles en paredes, techos y estructuras; en otros, la preocupación está en determinar si las casas que permanecieron en pie son realmente seguras. La emergencia también dejó al descubierto las condiciones en las que viven muchas familias rurales y las dificultades para acceder rápidamente a atención y ayuda cuando ocurre un desastre.
Ante la magnitud de las afectaciones, el alcalde de Tadó, Juan Carlos Palacios Agualimpia, calificó la situación como “triste y desoladora” y pidió apoyo inmediato al Gobierno Nacional y a la ciudadanía. Entre las necesidades más urgentes están: frazadas, kits de aseo, colchonetas, alimentos y agua potable. Elementos destinados a las familias que resultaron afectadas por la pérdida o el deterioro de sus viviendas.
Desde la Alcaldía aseguran que, mientras avanza el censo, también se está organizando la entrega de las ayudas humanitarias que han llegado al municipio. Estas incluyen alimentos y kits de aseo que serán distribuidos en las comunidades afectadas.
Pero la respuesta no termina con la atención inmediata. Una vez se complete el diagnóstico de las viviendas, comenzará una etapa más larga: definir cómo se atenderá a las familias que perdieron sus casas, qué infraestructura requiere intervención y cuáles serán los recursos necesarios para la recuperación del municipio.
La falta de energía eléctrica suma una dificultad adicional a esa espera. Mientras continúan las evaluaciones, las comunidades deben afrontar la emergencia en medio de un servicio básico suspendido y con necesidades que van desde la alimentación y el agua hasta la recuperación de sus viviendas.
Por ahora, Tadó sigue contando sus pérdidas. El temblor ya pasó, pero sus efectos siguen ahí: en las casas destruidas y agrietadas, en las estructuras que aún se revisan, en la vía afectada por un deslizamiento, en las comunidades rurales que esperan ayuda y en un municipio que todavía permanece sin energía eléctrica.
El censo continúa y sus cifras podrán cambiar a medida que los equipos lleguen a más comunidades. Para las familias afectadas, sin embargo, la necesidad ya es concreta: contar con un lugar seguro donde vivir y con las condiciones básicas para atravesar los días que siguen a la emergencia.
La tarea de las autoridades será convertir ese diagnóstico en una ruta de atención y lograr que el llamado de auxilio de Tadó se traduzca en ayudas concretas para las familias que hoy enfrentan las consecuencias del sismo. Porque, distinto a lo que se dice: no, lo material no se repone de la noche a la mañana en el departamento más empobrecido de Colombia. Para las comunidades, después del movimiento, la emergencia no puede medirse únicamente por el número de viviendas afectadas. Detrás de cada casa destruida hay familias que deben encontrar dónde dormir, cómo recuperar sus pertenencias y de qué manera volver a levantar el lugar que habitaban.
El terremoto de magnitud 7,4 que se registró este lunes en Chocó ocurrió en una región marcada por el movimiento y la interacción de varias placas tectónicas. Colombia se encuentra en una zona donde confluyen las placas de Nazca, Suramericana y del Caribe, un encuentro que hace del país un territorio sísmicamente activo.
El fenómeno que explica buena parte de esta dinámica es la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se introduce y avanza por debajo de otra. En este caso, la placa de Nazca, ubicada bajo el océano Pacífico, se desplaza hacia el este y se introduce por debajo de la placa Suramericana. Ese movimiento acumula esfuerzos en el interior de la Tierra que, cuando se liberan, pueden producir terremotos.
Germán Prieto, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, explicó a Consonante que la corteza terrestre está fragmentada en placas que se encuentran en constante movimiento. “Está partida en pedazos como un rompecabezas y esos pedazos se mueven. El movimiento entre los pedazos es lo que genera los terremotos”, señaló.
La magnitud, sin embargo, no es el único factor que determina los efectos de un sismo. Su profundidad, la distancia respecto de las zonas pobladas y las características de las construcciones también influyen en el nivel de afectación. En este caso, el terremoto ocurrió a unos 100 kilómetros de profundidad, lo que permitió que las ondas sísmicas se propagaran a grandes distancias y el movimiento fuera sentido en ciudades como Cali, Pereira, Manizales e incluso Medellín.
En esta entrevista, Prieto explica por qué ocurrió el terremoto, qué relación tiene con la subducción de la placa de Nazca, por qué pudo sentirse en una amplia región del país, qué tan probables son las réplicas y qué deben hacer las personas ante nuevos movimientos sísmicos.
German Prieto: Colombia es un país sísmicamente activo. Está en la interacción entre tres placas tectónicas: al norte está la placa Caribe; al oeste, en el Pacífico, está la placa de Nazca; y nosotros estamos sobre la placa Sudamericana.
La placa de Nazca y la placa Sudamericana se mueven en direcciones opuestas, es decir, están como si estuvieran chocando, y la placa de Nazca se mete por debajo de Suramérica. A eso lo llamamos subducción. En la zona donde hay fricción, en el contacto entre las dos placas, hay muchos sismos.
En este caso particular, el sismo no ocurre en la zona de interacción entre las placas, sino más bien a lo largo de la placa que se está produciendo. Es como una bandeja, una lámina de roca fría que se mete y se hunde en el manto. Al irse metiendo, genera esfuerzos y estos son contrarrestados por el manto. Eso hace que se acumulen esfuerzos y, a una profundidad de aproximadamente 100 kilómetros, ocurre este terremoto de magnitud 7,4.
G.P: Hace bastante tiempo que no había un terremoto de esa magnitud en Colombia en general, pero en esa zona en particular no hay un registro reciente de un sismo de esa magnitud. Sin embargo, es una zona de subducción y Colombia tiene muchísimos terremotos de profundidad intermedia, es decir, entre 80 y 150 o 160 kilómetros de profundidad. Entonces, no es inesperado que haya un terremoto de esa magnitud. Hasta 2012, si no me equivoco, hubo un terremoto de magnitud 7,2 o 7,3 entre Nariño y Cauca. Ese fue un terremoto similar a este.
G.P.: Como son terremotos tan profundos, las ondas sísmicas que se liberan tienen mayor facilidad para propagarse. Por eso se pueden sentir y causar daños y pérdidas humanas como los que estamos escuchando hoy en una región tan extensa, incluyendo Cali, Manizales, Pereira e incluso Medellín.
Yo estoy trabajando en campo con estudiantes de la Universidad en Duitama y acá también se sintió bastante fuerte. No parece haber daños en las estructuras, pero sí se sintió con fuerza. Aunque el terremoto es grande, sentirlo tan lejos no es tan común. La profundidad del terremoto es algo particular.
Si uno mira, hay muchos terremotos en esa región, a lo largo de esa zona de subducción. Es la misma zona que uno ve en Perú, Ecuador y Chile, y que genera en algunos casos grandes terremotos. En Colombia ha habido terremotos más grandes, como los de Tumaco de 1906 y 1979, que fueron de magnitud 8 y 8,8. El de 1906, en su momento, generó tsunamis.
G.P.: No. En este caso, el terremoto ocurre primero que todo en tierra, debajo del continente, a unos 100 kilómetros de profundidad. Entonces no puede generar un tsunami. Los terremotos que pueden generar un tsunami ocurren muy cerca del contacto entre las dos placas, que muchas veces está costa afuera. Este no es el caso.
G.P.: Generalmente, cuando hay terremotos de esta magnitud, de magnitud 7 o más, se presentan réplicas. Son terremotos que ocurren en la misma zona donde ocurrió el terremoto principal y tienen menor magnitud. Uno podría esperar réplicas de magnitud seis, cinco, bastantes de magnitud cuatro.
Sin embargo, los terremotos profundos como este, de más de 70 kilómetros de profundidad, tienden a tener menos réplicas que los terremotos superficiales. En ese sentido, aunque sí esperamos réplicas, hay que estar atentos a ellas y, especialmente en las zonas de afectación, tener cuidado.
Es importante asegurar los muebles que se puedan caer. Una réplica que no sea tan fuerte puede causar este tipo de afectaciones, así que asegurarnos de protegernos es una buena idea.
G.P.: En general, se recomienda estar preparados antes de los sismos. Es importante tener un equipo con comida no perecedera, un radio y una linterna para utilizar en caso de que no haya acceso a bienes vitales durante un desastre natural.
Cuando ocurre el terremoto, la tendencia —y creo que puede ser normal— es salir a correr. Durante el movimiento fuerte no es buena idea correr porque el terreno efectivamente se está moviendo y perder el equilibrio puede ser fácil. Lo que uno puede hacer es buscar una mesa o algo que lo proteja de la caída de objetos y agarrarse muy bien de esa mesa para que el movimiento no lo desproteja.
Después del movimiento hay que buscar una zona segura o, al salir, buscar un espacio abierto para esperar y verificar si la estructura donde uno estaba está apta para ser ocupada nuevamente o si hay que buscar otro lugar.
G.P.: Yo creo que, en general, nuestro país debe estar preparado para eventos sísmicos porque estamos en una interacción entre tres placas. La zona andina, el Caribe y el Pacífico deben, en principio, estar preparados para que ocurran este tipo de eventos en algún momento. Lo que pasa es que no vamos a saber cuándo va a ocurrir un terremoto. No sabemos predecir los terremotos. Esa parte todavía no la podemos hacer.
G.P.: Es una pregunta que depende de la infraestructura. Los temblores no los podemos predecir ni evitar. En un país como Colombia van a ocurrir. Lo que tenemos que hacer es estar preparados, y estar preparados significa tener una infraestructura que sea apta para resistir y salvar vidas en caso de que ocurra un terremoto.
Colombia tiene una norma sismorresistente que ha sido actualizada varias veces y, en principio, está mejorando cada vez. La infraestructura está respondiendo a esa norma y está mejor adaptada para resistir este tipo de eventos que se espera, de acuerdo con los cálculos, que puedan ocurrir con alguna probabilidad.
Lo que pasa es que Chocó tiene varias situaciones que hacen difícil el acceso para una respuesta rápida de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, la infraestructura y la construcción no necesariamente están siguiendo la norma sismorresistente, por diferentes razones.
En las noticias estamos oyendo sobre la afectación en Manizales, Pereira y Cali, pero también hay una afectación importante en Chocó a la que es urgente responder.
G.P.: Yo creo que un punto importante es recordar que este país es sísmicamente activo. Para poder estar preparados para este tipo de eventos, que ocurren y van a ocurrir, tenemos que estar preparados, aunque no podamos saber cuándo van a suceder. Es importante el conocimiento que las personas que trabajan en el estudio de los terremotos, en ingeniería y en geología siguen desarrollando.
El país lo está apoyando, en cierta manera, con el Servicio Geológico Colombiano, que también nos dijo muy rápidamente: “Bueno, hubo un terremoto en tal lugar”. Inicialmente reportó una magnitud un poquito más baja y después la corrigió hasta llegar a una magnitud considerable. Ese tipo de entidades hay que seguirlas observando para que conozcamos mejor nuestro territorio y sepamos cuáles son los riesgos geológicos y naturales a los que estamos expuestos y para los que tenemos que estar preparados.
Desde 2023, el Resguardo Indígena Ticoya, Ticuna, Cocama y Yagua, ubicado en el corazón del Amazonas, impulsa la implementación de su Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), una apuesta por fortalecer la enseñanza desde los saberes, las lenguas y la cosmovisión de sus pueblos. Sin embargo, el proceso ha avanzado más lentamente de lo previsto. A las dificultades propias de construir un modelo educativo intercultural se suman los vacíos normativos que el Congreso aún no ha resuelto, obligando a las comunidades a abrirse camino entre la incertidumbre jurídica.
En ese escenario, los líderes indígenas insisten en que el éxito del sistema no depende únicamente de las instituciones educativas. Para ellos, la recuperación de la identidad cultural comienza en el hogar.
"La educación en nuestro territorio está muy débil, empezando porque muchos de los que habitamos acá no hablamos nuestra lengua, y la familia debe ser la raíz de donde parte todo", señala Rosendo Ahué Coello, concejal del municipio de Puerto Nariño. "Si los padres de nuestros estudiantes no les enseñan a sus hijos a valorar su cultura, es muy difícil que se logre en las instituciones. Aunque son un respaldo, esto no depende solo de los docentes", afirma.
Como lo señala el líder indígena, los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño han sostenido durante décadas una lucha para que sus conocimientos, lenguas y formas de enseñanza sean reconocidos e incorporados en el modelo educativo de las escuelas del municipio. Durante buena parte de ese tiempo, las decisiones sobre la educación estuvieron en manos de comunidades religiosas, lo que limitó la participación de las autoridades y los saberes propios de los pueblos indígenas en la formación de las nuevas generaciones.
En el Trapecio Amazónico, sobre la frontera con Brasil y Perú, se encuentra el Resguardo Indígena Ticoya. Con una extensión de 140.623 hectáreas distribuidas entre el municipio de Puerto Nariño y una pequeña parte de Leticia, el territorio reúne a 22 comunidades de los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua.
A través de la Asociación de Autoridades Indígenas Ticuna, Cocama y Yagua (Aticoya), las comunidades administran dos instituciones educativas. La primera es la Institución Educativa Agropecuaria José Celestino Mutis —antes Colegio Técnico Agropecuario—, ubicada en el casco urbano de Puerto Nariño. La segunda es la Institución Educativa Residencia Escolar San Francisco de Loretoyaco (Inaesfra), un internado rural fundado en 1955 que, hasta hace pocos meses, estuvo bajo la administración de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Allí recibían formación cerca de 1.200 estudiantes de las comunidades indígenas del territorio.
Saúl Abreo, docente del internado, explica que durante décadas la institución ha mantenido un enfoque orientado a la formación agropecuaria y al desarrollo de proyectos productivos, en respuesta a las dinámicas del territorio.
"Es un colegio agropecuario. Se dictan las áreas de pecuaria, agrícola, proyectos productivos y ahora se está incursionando en el turismo, por las características de la región", señala.
El internado cuenta con trece sedes educativas distribuidas entre las comunidades asentadas a orillas de los ríos Amazonas y Loretoyacu. En los últimos años, cerca del 90 % de su estudiantado ha pertenecido al pueblo ticuna, cuya visión del mundo se sustenta en cuatro principios: Maü (vida), Naae (espiritualidad), Porá (fuerza) y Kuá (sabiduría). "Cada ser tiene diferentes niveles que le dan sus características de identidad y están entrelazados unos con otros", señala un documento de la Asociación de Autoridades Indígenas Ticuna, Cocama y Yagua (Aticoya).
Pese a que la mayoría de los estudiantes pertenecen a este pueblo indígena, durante décadas esa cosmovisión y sus saberes ancestrales han ocupado un lugar marginal dentro de las aulas, donde los contenidos y las prácticas pedagógicas respondieron principalmente a un modelo educativo ajeno a las tradiciones del territorio.
Los estudiantes de los pueblos Cocama —cuyo territorio ancestral se extiende principalmente por Perú— y Yagua —nombre que alude a la tradición de pintarse la piel con achiote— han ido desplazando sus lenguas maternas y, con ellas, parte de los conocimientos y prácticas que sostienen sus culturas. El choque que enfrentan a diario, tanto en su vida cotidiana como en las aulas de clase, ha llevado a que muchos de ellos abandonen progresivamente sus tradiciones.
“Nuestros líderes no tienen un horizonte fijo; solo se piensa en la inmediatez del momento. Las instituciones no aparecen y, si lo hacen, es para llevar cursos o charlas cortas. No hay acompañamiento ni seguimiento institucional”, señala el concejal.
Para 2023, en todas las sedes del municipio había 47 educadores indígenas, certificados para impartir el enfoque étnico en las aulas y transmitir una cultura diversa. Estos maestros, en su mayoría de etnia Ticuna y Cocama, enseñan en la básica primaria y algunos en la secundaria y media. “En la básica secundaria se encuentran educadores de otros departamentos del país a cargo de las áreas de Matemáticas, Física, Biología, Química, Español, Inglés, Agropecuaria y Artística, ya que el departamento no cuenta con estos profesionales que otorgan estos perfiles”, resalta un documento de Aticoya a través del cual empezaron a darle forma a la educación propia.
Por décadas la educación ha sido un campo en disputa para los pueblos étnicos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas han reconocido la Educación Indígena Propia como pieza fundamental de los derechos de estos pueblos. Con la Ley 115 de 1994, en el capítulo tercero, se estableció el Proyecto Educativo Comunitario, que, según el Ministerio de Educación, permite a las instituciones construir, reelaborar e implementar los planes de estudio acordes a su cultura, lengua, pensamientos, usos y costumbres.
Sin embargo, por años el Estado no fue capaz de crear un marco legislativo para definir el escalafón de los etnoeducadores indígenas para ingresar a la carrera administrativa. Tras una acción de tutela contra el Decreto Ley 1278 de 2002 (Estatuto de Profesionalización Docente) por violar la consulta previa y varios artículos de la Constitución, en 2007, la Corte Constitucional le impuso al Estado la obligación de adoptar para los grupos étnicos un sistema educativo diferente, pero no cumplió. Con la sentencia 666 de 2016, la alta corte volvió a revisar este asunto y dio un plazo de un año para que el Congreso tomara una decisión de fondo. El término se cumplió y no hubo resultados del legislativo.
La discusión se trasladó a la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política Educativa para los Pueblos Indígenas (Contcepi), un proceso consultivo que tuvo docenas de sesiones. Comunidades como funcionarios públicos mantenían posiciones distintas acerca de las razones por las cuales el proceso consultivo se había extendido durante tantos años.
“Los accionantes —las comunidades indígenas— cuestionan la voluntad política del Gobierno, mientras el Ministerio —de Educación— afirma que los pueblos han desplazado la discusión hacia el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que es un asunto mucho más amplio que el Estatuto Docente”, explica la Corte Constitucional. Para los pueblos indígenas, en el fondo, estas discusiones debían contemplar la constitución de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI).
Esa gran deuda sólo se saldó hasta el año pasado, cuando se elevó a política de Estado el Seip, a través del Decreto 481 de 2025. De acuerdo con este articulado, la familia, el gobierno propio, la memoria colectiva, la cosmovisión, la espiritualidad, las lenguas nativas, la diversidad cultural, el territorio y la unidad serán los principios que rijan el Seip con el fin de conservar y valorar la cultura de los pueblos indígenas.
Desde 2023, Aticoya comenzó a estructurar lineamientos pedagógicos diferenciados para cada uno de los pueblos indígenas presentes en la institución. “Estamos aplicando lo que nos dirige nuestro proyecto educativo institucional, en el cual tenemos inserta la etnoeducación en los planes de estudio, especialmente la enseñanza de la lengua materna, desde preescolar hasta grado 11”, explicó Esau Pinedo Cayetano, coordinador académico del colegio Ineagro.
No obstante, como reconocen varios docentes, estos esfuerzos han quedado relegados a un componente complementario del currículo. Aunque la etnoeducación está presente en los planes de estudio, su alcance sigue siendo limitado y no ha logrado incidir de manera significativa en que los jóvenes valoren, exalten y reafirmen su identidad cultural.
En palabras del concejal Rosendo Ahue Coello: “tener una clase de lengua materna en un colegio, ya se dice que es una interculturalidad, pero no es interculturalidad, porque nuestra lengua materna no puede ser complementaria, tiene que ser obligatoria”.
A través del Decreto 1345 de 2023, Aticoya presentó el mandato de educación y gobierno para los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua, con el que busca la autonomía indígena, el derecho a una enseñanza bilingüe y la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (Seip) —una acción que para entonces buscaba adelantarse al vacío legislativo que el Estado no había resarcido—. Además, establece directrices para la vinculación de docentes y la administración de instituciones educativas locales, como el Internado San Francisco.
Sin embargo, su implementación aún está en espera, ya que, por el momento, y según Abreo, docente del internado, “hasta ahora la asociación nos ha empezado a socializar el decreto, empezando de paso con el nombramiento de los nuevos administrativos, ya que quienes estaban anteriormente, principalmente las monjas encargadas de los procesos educativos en el territorio, cumplieron la edad necesaria para pensionarse. Luego, la implementación en el currículo aún está a la espera, pues su construcción debe ser conjunta y esto lleva tiempo”.
Precisamente, ese proceso de construcción colectiva es el que actualmente adelantan las comunidades del resguardo Ticuna, Yagua y Cocama. Según William Fernández Valerio, coordinador de educación propia de Aticoya, la implementación de la educación propia en el territorio busca “recuperar y fortalecer los usos y costumbres, basados en la enseñanza, en la forma de organizarnos dentro de cada una de las comunidades, cómo se organiza el chamán en la parte tradicional, cómo se estructura el cabildo, qué leyes nos amparan como pueblos indígenas”.
Esto, por medio de los establecimientos educativos, sin dejar de lado lo occidental y la tecnología, pero aplicada al territorio. Fernández aclaró que esta construcción no se está dando desde cero, como se cree, sino que, tras dos años de trabajo en la elaboración del mandato interno, este año se establecieron criterios para los nombramientos docentes y administrativos.
Para la básica primaria, la decisión la toma la comunidad en cabeza del curaca, luego de revisar las respectivas hojas de vida y de hacer pública la convocatoria. Lo mismo ocurre para la secundaria, aunque bajo criterios específicos. En cuanto a los cargos administrativos, como coordinadores y rectores, los aspirantes deben visitar cada comunidad y presentar sus propuestas; posteriormente, las comunidades deliberan y votan para designar a la persona que ocupará el cargo.
Ahora lo que más los ocupa es la construcción del currículum. De acuerdo con Fernández, este no se elaborará de manera aislada, sino que partirá del Proyecto Educativo Comunitario o de Centro (PEC) y del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada institución del municipio. Para ello, se conformará un equipo técnico encargado de transcribir y analizar los documentos existentes, con el fin de identificar qué elementos pueden mantenerse, cuáles requieren ajustes y cuáles deben incorporarse para responder a las necesidades propias del territorio.
Todo ello implica un trabajo coordinado entre jóvenes, padres de familia, abuelos, niños, niñas y autoridades tradicionales. “¿Qué piensan de la educación propia? ¿Cómo quieren que sea esta educación?” es una de las preguntas que orientarán las reuniones comunitarias previstas para los próximos meses. Aunque el proceso será largo, Fernández señaló que la meta es alcanzar un avance cercano al 80 por ciento durante este año, siempre que las condiciones del territorio permitan desarrollar el trabajo con normalidad.
Para estructurar este sistema y que realmente se conciba como educación propia, Jaime Ruiz Torres, curaca de Puerto Nariño, comenta que primero las autoridades indígenas deben ser coherentes y responsables con lo que tienen en sus manos y asumir el reto con compromiso. “La educación es la base de nuestra sociedad; por eso, esta construcción debe ser articulada con las comunidades, con los abuelos, con los conocedores, sabedores y chamanes. Eso, prácticamente, no tiene que ser solo de los educadores o los docentes, sino que debe ser un trabajo realizado de manera muy conjunta con quienes realmente conocen cómo era la educación antiguamente, cómo era nuestra propia educación como pueblos indígenas”.
No obstante, los pueblos indígenas se enfrentan a una incertidumbre: las decisiones del nuevo gobierno en cabeza de Abelardo de la Espriella. El Sistema Educativo Indígena Propio (Seip) fue un decreto del Ministerio de Educación del gobierno de Petro y el gobierno entrante podría buscar modificarlo o derogarlo.
La competencia para dictar las leyes definitivas está en cabeza del Congreso, pero como lo reconoció la Sección de Leyes de esa entidad en 2021, los congresistas han fallado en esa labor. Esto lo ha expresado la Corte Constitucional en la Sentencia 245 de 2021: “el Congreso de la República no ha dictado la ley que contenga una regulación integral de la etnoeducación y los derechos de las personas que prestan el servicio, es decir, los etnoeducadores o etnodocentes”.
Para 2021 habían sido archivadas cinco iniciativas legislativas relacionadas con la expedición de un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas.
Una situación que preocupa a los líderes indígenas del territorio nacional, dadas las declaradas intenciones del nuevo gobierno por eliminar decisiones del gabinete Petro que beneficiaban a estas comunidades, una de estas, la derogación de las 22 resoluciones que crearon las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) —una deuda histórica puesta en la Constitucional de 1991, pero que el Congreso se ha resistido a reglamentar—, por considerar que el gobierno Petro excedió su competencia.
Por esta razón, para William Fernández, la situación es preocupante y representa un peligro para los territorios étnicos a nivel nacional, ya que las luchas que se han dado año tras año quedarían relegadas al abandono, vulnerando a los pueblos indígenas. “Pero ahí estaremos en la lucha para que lo que hemos construido no decaiga”, menciona con firmeza Fernández.
Aunque existe un convenio por 1.100 millones de pesos para la construcción de la cancha del estadio José María Hernández —adjudicado por la Alcaldía de Leticia en el marco de un proyecto de inversión—, el principal escenario deportivo de la ciudad continúa deteriorándose mientras deportistas y vecinos esperan que las obras se materialicen. Entre el abandono de la infraestructura y la incertidumbre sobre su recuperación, el estadio ha dejado de ser únicamente un espacio deportivo y se ha convertido en motivo de preocupación para la comunidad.
Para las escuelas deportivas, los clubes y las familias que durante años hicieron del José María Hernández un punto de encuentro, el deterioro del estadio significa mucho más que una infraestructura abandonada.
La falta de un escenario adecuado ha limitado los entrenamientos, reducido la realización de torneos y obligado a trasladar actividades a otros espacios que no siempre reúnen las condiciones necesarias.
El José María Hernández no es el único escenario que refleja el deterioro de la infraestructura deportiva en Leticia. La situación se repite en canchas de barrios y zonas rurales, donde entrenadores y deportistas deben adaptar espacios para continuar con sus procesos de formación. En la pista de patinaje, por ejemplo, la preocupación ya no se limita al riesgo propio de los entrenamientos. La falta de vigilancia ha permitido que el lugar también sea ocupado por habitantes en condición de calle y consumidores de sustancias psicoactivas, lo que ha generado temor entre quienes practican allí. A esto se suma otra deuda histórica: las disciplinas ancestrales de la Amazonía, como el arco y flecha y la cerbatana, continúan sin contar con escenarios adecuados para su enseñanza, práctica y preservación.
Para Miguel, entrenador y deportista indígena, la principal limitación del deporte en Leticia no es la falta de interés de los jóvenes, sino la ausencia de escenarios adecuados para su formación. Aunque reconoce que existen canchas destinadas al microfútbol y otras disciplinas recreativas, sostiene que "son escenarios únicamente para el aprovechamiento del tiempo libre, para la recreación". En su concepto, la ciudad carece de infraestructura para formar deportistas de alto rendimiento y esa realidad también se extiende a las comunidades indígenas. "No tenemos un buen coliseo, un buen estadio; no hay un escenario adecuado para trabajar el alto rendimiento", afirma. El ejemplo más claro, añade, es el estadio José María Hernández. Su deterioro ha obligado a los entrenadores a trasladar los procesos de formación de niños y jóvenes a parques y pequeñas canchas de microfútbol, espacios que no reúnen las condiciones necesarias para el entrenamiento competitivo.
Las consecuencias de esta falta de infraestructura van más allá del deterioro de los escenarios. Para Miguel, el Amazonas cuenta con niños y jóvenes con talento, pero las limitaciones en espacios adecuados y el escaso apoyo institucional impiden consolidar procesos de formación que les permitan competir en el ámbito nacional.
"Nosotros como comunidades indígenas participamos en recreación, en los Juegos de la Amazonía y Orinoquía, pero nunca hemos participado en deporte de alto rendimiento", afirma.
Como ejemplo, menciona el trabajo de entrenadores que, pese a las dificultades, mantienen vivos sus procesos deportivos con recursos propios. "El profesor Tamayo trabaja el patinaje, pero aquí no tenemos una pista adecuada. Es un fracaso para esos niños; le ha tocado matricular a su hijo en la federación de Brasil. Lo mismo pasa con el profesor Óscar Goez en baloncesto: saca adelante a sus deportistas con el esfuerzo de los padres porque no hay escenarios ni recursos para llevar un equipo a torneos de mayor nivel".
Frente a las inversiones públicas, Miguel considera que el problema no es únicamente la cantidad de recursos destinados al deporte, sino la forma en que se distribuyen. Asegura que la inversión se concentra en Leticia y rara vez llega a las organizaciones y comunidades indígenas donde también se forman niños y jóvenes. "Los recursos se centran en Leticia, pero no llegan directamente a las comunidades", sostiene.
En su opinión, el Instituto Departamental del Deporte y la Gobernación deben gestionar más recursos ante el Gobierno nacional, priorizar la construcción y el mantenimiento de escenarios deportivos y respaldar el trabajo de los entrenadores con programas de formación sostenidos. "Si no hay un proceso serio y de largo plazo, nunca vamos a tener un deportista de alto rendimiento", advierte.
Para Miguel, el reto no se limita a construir más canchas o coliseos. También implica formar profesionales del deporte y articular el trabajo entre las instituciones, las organizaciones indígenas y las comunidades. Solo así, dice, el futuro deportivo del Amazonas dejará de depender exclusivamente del esfuerzo de las familias y de entrenadores que, pese a las limitaciones, mantienen vivos los procesos de formación.
Mientras entrenadores y deportistas describen un panorama de déficit en la infraestructura deportiva, la Alcaldía de Leticia sostiene que uno de los principales escenarios de la ciudad está cerca de recuperar su funcionamiento. El 23 de junio, a través de sus redes sociales, la administración municipal anunció que la nueva gramilla del estadio José María Hernández avanza "a buen ritmo" y aseguró que la cancha será entregada "muy pronto" a la comunidad.
En la publicación, la Alcaldía informó que ya se realizó la primera poda de la gramilla, que el sistema de riego está en funcionamiento y que la siguiente fase contempla la instalación de los arcos. Según la administración, las obras son ejecutadas por la empresa Amazonas Desarrollo Inteligente (ADI S.A.S. E.S.P.) y hacen parte de un proyecto que busca entregar un escenario deportivo completamente renovado.
La intervención de la cancha también quedó respaldada con el Convenio 005 de 2025, mediante el cual la Alcaldía de Leticia destinó 1.100 millones de pesos para ejecutar el proyecto de construcción de la cancha del estadio José María Hernández. Aunque la administración presenta la obra como una intervención próxima a culminar, entrenadores consultados por Consonante sostienen que la ciudad sigue enfrentando un déficit de escenarios adecuados para el entrenamiento y el alto rendimiento.
Para Luis Álvaro Tamayo Córdoba, entrenador del Club Jungla y uno de los pioneros del patinaje en el Amazonas, formar deportistas en Leticia ha significado abrirse camino casi sin infraestructura. Se formó como patinador en Bogotá y regresó a su ciudad con la idea de crear una escuela donde, recuerda, "ni siquiera conocían los patines". Años después, decenas de niños entrenan bajo su orientación, aunque las condiciones siguen estando lejos de las que exige el deporte competitivo. "En escenarios deportivos aquí en Leticia está muy precario, por no decir pésimo", afirma.
La única pista de patinaje de la ciudad no cumple con las dimensiones reglamentarias, una limitación que condiciona cada entrenamiento. "No podemos trabajar sobre unos tiempos a nivel nacional porque el escenario es demasiado pequeño. No podemos entrenar con bastante velocidad porque la curva los bota y corren mucho riesgo de una caída", explica. Esa desventaja se hace más evidente cuando los deportistas viajan a competir fuera del departamento. "Sí, hay muchos niños que han abandonado el deporte por falta de una pista reglamentaria. Van a competir fuera de Leticia, ven esos escenarios y quedan anonadados".
Pese a esas dificultades, Tamayo ha logrado formar deportistas de alto nivel. El caso más emblemático es el de su hijo, Felipe, campeón suramericano y ubicado entre los quince patinadores más rápidos del mundo. Sin embargo, hoy representa a Brasil. "No tuvimos el apoyo en Colombia", dice el entrenador, convencido de que el talento existe en el Amazonas, pero las oportunidades para desarrollarlo siguen siendo insuficientes.
Para Tamayo, el problema no se limita a la falta de escenarios especializados para el alto rendimiento. También considera que Leticia carece de espacios públicos suficientes para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan desarrollar actividad física de manera segura y permanente. "No hay parques para niños. Un niño necesita un parque donde pueda correr, donde pueda expresarse físicamente", afirma.
A esa carencia se suman, dice, el deterioro de la infraestructura existente y la ausencia de una política de mantenimiento. "Hay entrenadores que trabajan con las uñas porque no hay escenarios adecuados y tampoco existe el respeto para quien está utilizando un espacio deportivo". En su opinión, la ciudad ha terminado utilizando los escenarios deportivos para actividades que aceleran su desgaste. Como ejemplo, menciona el Coliseo Municipal, una obra que, según recuerda, permanece inconclusa desde finales de la década de 1990. "El Coliseo Municipal parece el más grande del mundo porque lo están construyendo desde 1998 y no lo han terminado. Además, hacen bailes y otras actividades que deterioran los escenarios".
Frente a ese panorama, propone que el deporte cuente con una institucionalidad dedicada exclusivamente a la administración, el mantenimiento y la vigilancia de los escenarios, y plantea que algunos de estos espacios puedan ser gestionados por clubes deportivos mediante alianzas con empresas privadas para garantizar su conservación.
Tamayo también llama la atención sobre una deuda con las prácticas deportivas ancestrales de la Amazonía. Al conocer que la nueva Villa Deportiva tendrá una segunda etapa, propuso incluir un espacio destinado al arco y flecha, la cerbatana y otras disciplinas tradicionales.
"¿Por qué no pueden hacer un espacio para deportes autóctonos?
Matamos dos pájaros de un solo tiro", plantea. Para él, no se trata únicamente de construir un nuevo escenario deportivo, sino de reconocer estas prácticas como parte del patrimonio cultural amazónico y garantizar un lugar donde puedan enseñarse, practicarse y fortalecerse.
Para Tamayo, el futuro del deporte amazónico no depende únicamente de construir nuevos escenarios. También requiere una apuesta sostenida por quienes los utilizan. Entre sus prioridades menciona una pista reglamentaria de patinaje, atención médica y nutricional para los deportistas y apoyos que respondan a sus necesidades reales. "¿Qué va a hacer un muchacho con un papel? Mejor regálele unos tenis, una bicicleta o implementos deportivos", plantea.
A su juicio, la inversión pública debe pensarse a largo plazo y entender el deporte como una oportunidad de desarrollo para la región. "Si hacen excelentes escenarios deportivos y comienzan a traer campeonatos nacionales, eso va a traer turismo, empleo y buenos deportistas", afirma. Sin embargo, insiste en que las obras, por sí solas, no resolverán el problema. Sin mantenimiento, vigilancia y apropiación ciudadana, advierte, cualquier inversión corre el riesgo de deteriorarse nuevamente. "Lo que me preocupa es quién va a cuidar esos escenarios".
En la Leticia que imagina dentro de cinco años conviven escenarios adecuados para disciplinas convencionales y espacios destinados a los deportes ancestrales de la Amazonía. Para Tamayo, esa transformación no solo permitiría formar deportistas de alto rendimiento, sino reconocer que prácticas como el arco y flecha o la cerbatana también hacen parte del patrimonio cultural del territorio y merecen un lugar dentro de la infraestructura deportiva de la ciudad.
La situación del deporte en el Amazonas también pone en evidencia la distancia entre las metas nacionales y la realidad territorial. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, plantea fortalecer el deporte escolar, comunitario y de alto rendimiento con enfoques territoriales y étnicos. De acuerdo con el Ministerio del Deporte, al cierre del primer semestre de 2025 esa política registraba un avance del 74,9 % y el Gobierno reportaba la entrega de 82 escenarios deportivos en 55 municipios de 20 departamentos, además de inversiones superiores a 272.000 millones de pesos en infraestructura y más de 62.000 millones destinados al fortalecimiento del deporte asociado.
En el Amazonas, sin embargo, ese balance aún no se refleja en las condiciones que enfrentan entrenadores y deportistas.
La falta de escenarios reglamentarios para disciplinas como el patinaje, el atletismo o la natación obliga a adaptar los entrenamientos, mientras obras como la recuperación del estadio José María Hernández avanzan con lentitud y continúan siendo motivo de incertidumbre para la comunidad deportiva.
Para quienes forman atletas en el departamento, la brecha no está en la falta de talento, sino en la ausencia de infraestructura, apoyo técnico y procesos sostenidos que permitan desarrollar ese potencial.
Las consecuencias de esa brecha se reflejan en la vida cotidiana de quienes practican deporte en el Amazonas. En muchos casos, la participación en competencias regionales y nacionales sigue dependiendo del esfuerzo económico de entrenadores y familias, que asumen los costos de la formación, los desplazamientos y los implementos deportivos ante la limitada oferta institucional. Al mismo tiempo, disciplinas ancestrales como el arco y flecha y la cerbatana continúan sin escenarios donde puedan enseñarse y fortalecerse como parte del patrimonio deportivo y cultural de la región.
La falta de infraestructura también trasciende el deporte competitivo. En barrios y comunidades indígenas, la escasez de parques, espacios recreativos y escenarios comunitarios reduce las oportunidades para que niños, jóvenes y adultos encuentren en la actividad física una alternativa de bienestar, convivencia y prevención de problemáticas sociales.
Así, mientras la política deportiva nacional plantea un modelo basado en la inclusión, el enfoque territorial y el desarrollo regional, en Leticia las demandas siguen siendo mucho más elementales. Entrenadores y deportistas coinciden en que el primer reto continúa siendo contar con escenarios dignos, terminar obras que llevan años de retraso y garantizar procesos de formación estables. Sin esas condiciones, advierten, el talento amazónico seguirá dependiendo más del esfuerzo individual que de una política pública capaz de acompañarlo y hacerlo crecer.
En la carrera La Esperanza los días transcurren sin mayores alteraciones. Bajo el sol guajiro los vecinos caminan, los mototaxis y motocicletas pasan a toda velocidad, los niños juegan, sin imaginar que a pocos metros se encuentra el patrono de San Juan del Cesar. Por una ventana entreabierta se alcanza a ver en una esquina al pequeño infante San Juan Bautista, inmóvil, silencioso y vigilante. Vestido con una túnica azul celeste adornada con detalles dorados, sostiene en una de sus manos un pequeño escapulario y en la otra una vara rematada por un estandarte blanco.
Esta imagen llegó desde España en 1701, y meses después, el 24 de junio, día de San Juan Bautista, el municipio se fundó y adoptó el nombre de su patrono. 325 años después, el santo reposa en la casa de los Urbina, sus custodios desde hace 83 años. Una familia fiel a la religión católica, cuya devoción se transmitió de padres a hijos.
César Urbina, sobrino bisnieto de algunos de los custodios iniciales, destaca el valor histórico y espiritual de la imagen, que con el paso de los años se convirtió en un símbolo de fe y tradición, siendo conocida cariñosamente por los habitantes como “San Juan Bautista, el Chiquito”.
El pequeño San Juan Bautista encontró refugio en la familia Urbina por azares de la vida. Ellos decidieron conservarlo cuando otros pensaban que ya había cumplido su tiempo. Lo rescataron del olvido y, sin saberlo, también rescataron una parte de la historia de San Juan del Cesar. Por eso, quienes llegan hasta esta casa no encuentran solamente una imagen religiosa, sino que encuentran un guardián. Un niño de madera que ha contemplado el paso de más de trescientos años.
Esta imagen fue tallada en madera hueca; sus brazos y piernas fueron elaborados en yeso; lleva una corona de oro y un báculo de plata. De acuerdo con investigaciones realizadas por César Urbina, la madera utilizada corresponde, muy probablemente, a pino de flandes o pino de soria, materiales ampliamente usados en la imaginería barroca española por sus cualidades, ya que permitían a los escultores lograr un nivel de detalle extraordinario en los rostros, manos y pliegues de la vestidura.
La llegada de la imagen de San Juan Bautista a la casa de la familia Urbina ocurrió en medio del proceso de renovación de la iglesia parroquial de San Juan del Cesar a mediados del siglo XX. Impulsados por el crecimiento demográfico de la población y la necesidad de contar con un templo más amplio y acorde con las nuevas exigencias pastorales, los feligreses y el párroco de la época emprendieron la tarea de remodelar el templo. Estas obras no solo mejoraron su infraestructura, sino también parte de su patrimonio devocional.
Nuevas imágenes y elementos litúrgicos llegaron. En ese entonces la parroquia era la casa de El Chiquito, pero la imagen fue reemplazada por una nueva representación del santo en su etapa adulta, donada por Fernando Molina Manjarréz, motivado por la devoción que este le tenía al santo, quien en varias oportunidades le hizo milagros.
Fernando Molina Manjarréz, un sanjuanero que hizo su vida en Fundación, Magdalena, atribuyó a San Juan Bautista el milagro de encontrar trabajo y de prosperar económicamente. Según recuerda su sobrino, Santo Carrascal, aquella gratitud se transformó en una promesa: donar una nueva imagen del patrono para su pueblo natal.
“Él habló con un amigo antioqueño, Luis Eduardo Cadavid, que era de Medellín. Cadavid fue a visitar a la familia en Fundación y le dijo que le averiguara si había imagen de San Juan Bautista. Cadavid regresó como a los 10, 15 días, y le trajo el dato de que sí lo había y que costaba $33.000, y mi tío lo mandó a comprar”, cuenta Carrascal.
Él fue quien recibió la tarea por parte de su tío Fernando de llevar la imagen desde Fundación Magdalena hasta San Juan del Cesar.
“No había cómo traerlo, y se pagaron cinco pasajes en un bus con tal de traerlo. Aquí vine y se lo entregué al padre Manuel Antonio Dávila”, relata Santo Carrascal.
Para Carrascal traer esta imagen significó mucho, sus padres desde niño le inculcaron a él y a sus hermanos la devoción por el santo y el respeto hacia la iglesia católica. “Nos llevaban a todas las misas, a todas las procesiones. Le besamos el anillo al obispo. Por eso, desde que arrancó el bus, donde traía yo la imagen, venía contento porque sabía lo que significaba para los sanjuaneros y que lo iban a recibir bien, pero no fue así como yo pensaba”.
La llegada de esta imagen al municipio estuvo marcada por tensiones. Los pobladores de la época, fieles creyentes y devotos de San Juan Bautista, permanecieron durante un tiempo aferrados a la imagen de “El Chiquito”. La nueva representación del santo era vista como algo ajeno, una imagen reciente a la que aún no le tenían devoción ni confianza. “Pero el padre Dávila ponía a los dos, el grande y el pequeño, el día del patrón. Y poco a poco fue convenciendo a la gente”, dice Carrascal.
Poco a poco, la imagen nueva fue ocupando el lugar central en las celebraciones hasta que, finalmente, “El Chiquito” dejó de ser parte de la festividad principal. Desde entonces, la figura del santo grande quedó como la única imagen oficial en la celebración del patrono, marcando un cambio definitivo en la tradición religiosa del municipio.
Hace 80 años se tomó la decisión de retirar de la iglesia tanto la imagen de San Juan Bautista como la de la Virgen Inmaculada Concepción.
“Los dos santos se los iban a llevar al cementerio y los iban a quemar”, recuerda la señora Gloria Urbina.
Esta decisión respondía a una práctica que, según la tradición religiosa de la época, buscaba dar un destino digno a los objetos sagrados. “Existe un Heráclito sobre la renovación a través de las cenizas. Como dice la Biblia: ‘polvo eres y al polvo volverás’. Por eso consideraban que las imágenes debían quemarse cuando cumplían su ciclo”, explica César Urbina.
Cuando se enteraron de esta decisión, tres integrantes de la familia Urbina, fieles religiosos y devotos de San Juan Bautista “El Chiquito”, le pidieron a la iglesia que les permitiera llevarlo a su casa en la calle La Esperanza, junto con la representación de la Virgen de la Inmaculada Concepción. “Los tíos de mi papá, Joaquín Urbina ‘Juaco’, Beatriz ‘Tati’ Urbina e Isabel ‘Chave’ Urbina, dijeron que no los fueran a quemar, que ellos se los traían para la casa y se hacían cargo de los santos”, dice Gloria Urbina.
Hoy en día, la imagen es valorada por César Urbina y su tía Gloria como una misión de seguir cultivando, manteniendo y preservando la historia de su pueblo. Según relatan, los tres hermanos que decidieron custodiar la imagen eran muy religiosos y cercanos a la iglesia. Sin imaginarlo, aquel gesto de salvar unas imágenes religiosas del fuego terminó preservando una reliquia que hoy sigue contando la historia de un pueblo.
Desde entonces, la figura de San Juan Bautista quedó bajo su protección, convirtiéndose en un símbolo de identidad familiar y comunitaria. “Para mí, tener a San Juan Bautista es la protección de la familia”, afirma Gloria Urbina.
De ser el santo del pueblo, pasó a convertirse en un integrante más de la familia. Diferentes generaciones han estado a cargo de su custodia. Inicialmente fue cuidada por los tres hermanos que la rescataron. Tati, Juaco y Chave, hasta llegar a quienes hoy lo protegen: Gloria, Yezidd, César y Paula, quienes actualmente residen en este hogar.
Cuando “El Chiquito” llegó a la casa de los Urbina, encontró refugio en la habitación de Isabel “Chave” Urbina. Durante años permaneció sobre una pequeña mesa de noche, al lado de su cama, ocupando un lugar íntimo dentro de la vida familiar. “En las fechas de junio se sacaba a la sala y se ponía al frente del cuadro del Corazón de Jesús, que también es viejísimo de estar aquí. Más de cien años tiene ese cuadro. Pero ahora lo ponemos ahí, cerca de la ventana, para que la gente que pase pueda verlo”, relata César Urbina.
Para esta familia, la custodia de San Juan Bautista “El Chiquito” es una responsabilidad heredada a lo largo de generaciones y un compromiso con la preservación de la memoria de San Juan del Cesar. “San Juan Bautista es la historia de un pueblo”, afirma César Urbina.
Con esa convicción, la familia ha asumido la tarea de conservar no solo la imagen, sino también el legado que representa. “Seguir cultivando, seguir manteniendo y preservando una historia de un pueblo que a través del tiempo se va perdiendo. A los jóvenes de pronto no les interesa o ni siquiera se les ocurre. Mi misión es transmitir que a través de la primera imagen de San Juan Bautista que se encuentra en mi casa yo puedo seguir preservando esa historia”, agrega.
San Juan del Cesar se ha caracterizado por tener una gran devoción por sus santos. San Juan Bautista junto con la Virgen Inmaculada Concepción fueron los primeros santos que tuvo este municipio. Con el tiempo se creó una relación entre ellos y los pobladores de la época, especialmente con el Bautista, a quien las personas acudían para pedir sanación, productividad en el campo, calma a las tempestades y a las altas temperaturas.
De voz a voz se han compartido historias sobre los favores atribuidos al santo. Una de las más recordadas es la vez que durante una creciente del río Cesar que amenazó las primeras calles del pueblo, los habitantes sacaron la imagen a la vía principal para pedir su intervención. “Hay una leyenda que dice que el río de aquí se desbordó e, incluso, pasaba por las primeras calles de San Juan. Entonces les tocó sacar a San Juan Bautista, ponerlo en la mitad de la calle y se aplacó la lluvia, la tempestad, la brisa y el río volvió a su cauce. Eso también lo vivimos aquí en la casa cada vez que hay una tempestad”, relata César Urbina.
Cada vez que en el municipio cae un fuerte aguacero, a Gloria Urbina le suena el teléfono. Del otro lado de la llamada se encuentra alguno de sus vecinos, amigos o conocidos, quien, asustado por la tempestad, le sugiere que saque la imagen de San Juan Bautista para que aplaque la lluvia.
“Rafael Gutiérrez es uno de los que me llama y me dice: Golli, saca a San Juan Bautista que está haciendo mucha brisa, mucha tempestad; y nosotros lo sacamos. Y eso es verídico: calma la tempestad y la aplaca. Y al revés pasa también cuando están intensos los calores; él también ha hecho que llueva en San Juan”, cuenta Gloria Urbina. Cuando eso pasa, Gloria ubica al santo en una
Captura de WhatsApp César Urbina y un familiar. manifestando que están protegidos por San Juan Bautista el infante.
El día del jubileo de la diócesis de Valledupar, la distancia se rompió entre el pequeño infante y la imagen adulta de San Juan Bautista. “El Chiquito” salió de la casa de los Urbina, donde permaneció durante generaciones, para mostrarse como la imagen religiosa más antigua del municipio. “Llevaron las imágenes más antiguas de cada parroquia y allá nombraron que esta es la más antigua de la diócesis porque tiene 325 años”, dice la profesora Sairis Cuello.
En los últimos años, cada 24 de junio en el aniversario de San Juan del Cesar, la procesión con el San Juan Bautista adulto atraviesa las calles. Los cargueros levantan con firmeza al patrono y lo hacen girar. El santo parece danzar sobre la multitud. Algunos aplauden, otros levantan las manos y otros rezan en silencio. La banda aumenta el ritmo y el pueblo entero acompaña el movimiento en un gesto para los sanjuaneros simboliza la alegría de volver a encontrarse con quien ha acompañado la historia del municipio durante años.
Al llegar a la carrera La Esperanza la tradición se divide en dos tiempos: el presente, que acompaña al patrono entre cantos y plegarias, y el pasado, con El Chiquito que desde la entrada de la casa de los Urbina saluda a los creyentes.
“Yo he participado en la organización de las fiestas, y ese momento del encuentro de San Juan Bautista es muy especial para mí. Cuando las imágenes se encuentran en esa esquina se me eriza la piel, como una sensación espiritual difícil de explicar es un momento de mucha fe y respeto, que uno vive en ese momento”, dice la profesora Sairis Cuello.
La escena es tan importante para los sanjuaneros, que el compositor Máximo Móvil la inmortalizó en una de sus canciones: “Siempre el veinticuatro de junio a eso de las cinco de la tarde, la procesión del Bautista está en la calle. Va el padre diciendo salve por la calle del Embudo”.
Al caer la tarde San Juan Bautista regresa a la iglesia, mientras que El Chiquito regresa a su rincón en la casa de los Urbina, viendo pasar la vida de San Juan a través de la ventana, mientras espera con paciencia la llegada del próximo 24 de junio para recordarle a los sanjuaneros que él también tiene un lugar en la memoria del municipio.
—Antes no era un problema.
Lo dice un sabedor wayuu mientras señala el horizonte plano de la Guajira. El viento arrastra arena. También cabras. Las cabras aparecen en todas partes. Caminan entre los trupillos, se atraviesan en los caminos y observan.
—¿Qué no era un problema?
—Que una persona fuera diferente.
Entonces menciona a Sawaipiushi, la madre de la noche. Una abuela que es hombre y mujer al mismo tiempo. Después habla de Kerrali’a, el espíritu que cuida las salinas, los animales y los lugares sagrados sin pertenecer a ningún género específico.
Yo había llegado hasta allí porque quería entender una contradicción. En los últimos años, algunos líderes wayuu han rechazado públicamente la diversidad sexual en nombre de la tradición. Pero cada vez que preguntaba por los relatos antiguos aparecían personajes que parecían desafiar esa idea.
Los mitos tienen esa costumbre incómoda: sobreviven a las versiones oficiales. Mientras en muchas ciudades la discusión sobre género parece una batalla reciente, en algunos rincones de la Alta Guajira todavía circulan historias donde las fronteras entre hombre y mujer nunca fueron tan rígidas. Historias que los mayores aprendieron de otros mayores y que hoy conviven con iglesias, discursos conservadores y formas de pensar que llegaron después.
La historia oficial insiste en que el pueblo wayuu siempre fue binario. Los relatos que sobreviven en el desierto cuentan algo distinto.
La memoria de los espíritus wayuu sobrevive en las voces de su gente. Viaja con el viento y cruza las fronteras del tiempo a través de los mitos, que pasan de abuelos a nietos como si cada generación recibiera la tarea de impedir el olvido. Muchas de esas historias nacieron en los sueños, cuando todos duermen y la noche envuelve el desierto. Para el pueblo Wayuu la oscuridad es un lugar de origen, un espacio que impone respeto porque recuerda el primer refugio de la existencia: el vientre de una mujer.
Quizá por eso la mujer ocupa el centro de la vida Wayuu. No solo sostiene la familia; sostiene el mundo. La pertenencia a un eiruku —la carne de la madre— se hereda por la línea materna. La identidad, el parentesco y la memoria también. Lo femenino no es únicamente una forma de organizar la sociedad, sino el principio que da origen a la vida y la fuerza que mantiene unido el territorio.
Todo comienza con el eiruku. La carne de la madre. Antes que el apellido del padre, antes que el linaje, antes incluso que el territorio, está ella.
Rafael Mercado Epiayú, escritor y poeta wayuu, dice que esa no es solo una forma de organizar la sociedad. Es una manera de entender el universo. En la ley de origen, todo nace de Sawai-Piushi, la Noche. La madre más antigua. Un ser que desafía cualquier clasificación sencilla porque es, al mismo tiempo, abuela y abuelo. Mujer y hombre. Oscuridad y comienzo.
La primera historia del pueblo Wayuu no habla de una frontera entre los géneros. Habla, más bien, de un origen donde ambos conviven en un mismo cuerpo.En los relatos antiguos, tener una doble naturaleza nunca fue una anomalía. Era una forma de existir. Rafael Mercado Epiayú dice que basta mirar con atención el mundo para encontrar esa enseñanza. Una semilla, cuando germina, lleva en sí misma ambos principios de la vida. El sol también cambia. Nace hombre y, cuando alcanza el mediodía y despliega toda su fuerza, se vuelve mujer. Como Sawai-Piushi, la Gran Abuela que también es abuelo. La naturaleza no separa con la rigidez con la que a veces lo hacen las personas. En la ley de origen Wayuu, la dualidad no rompe el equilibrio. Lo hace posible.
En una ranchería cerca de Riohacha, Yuli Fuenmayor recuerda cómo escuchaba a su abuelo hablar de Kerrali’a, el espíritu sin género que nació del mar. Decía que huía del calor del desierto y solo salía por las noches. Que podía tomar la forma de un hombre, de una mujer, de una bola de luz o transformarse en la iguana negra que se asolea sobre los riscos frente al mar embravecido de la Alta Guajira. También que protegía las salinas y los lugares sagrados.
Su abuelo contaba la historia en wayuunaiki. Lo hacía despacio, con cuidado, como quien desenrolla un papel antiguo y delicado para que no se rompa. Ahora Yuli se la cuenta a sus hijas e hijos. Aunque ya no vive en su territorio de origen, conserva la costumbre de narrarla. Hay historias que solo sobreviven porque alguien decide seguir pronunciándolas.
Kerrali’a es quizá la historia más conocida entre los Wayuu, aunque ha cambiado con el tiempo. Cada familia parece contarla de una manera distinta. Lo único que permanece es su naturaleza: un espíritu sin género definido que custodia las sabanas, las zonas llanas, las salinas y los lugares sagrados. También castiga la maldad de los hombres.
Quienes recorren los caminos de la Alta Guajira durante la noche dicen haberse encontrado con una luz intensa que los sigue a la distancia, parecida a los faros de un vehículo. Los relatos cuentan que, poco a poco, esa luz se contrae hasta convertirse en una iguana de piel oscura que permanece inmóvil sobre los riscos de Punta Soldado.
Si un viajero invade un sitio sagrado durante la noche, Kerrali’a puede aparecer de muchas formas. A veces es el viento. Otras, una bola de luz que parece seguirlo desde la distancia. También puede convertirse en una mujer, en un hombre alto con cola de iguana o en cualquier otra presencia capaz de recordarle que ese territorio no le pertenece.
Quizá por eso su historia ha sobrevivido durante siglos. Kerrali’a no solo protege las salinas, las sabanas y los lugares sagrados. También conserva la memoria de un mundo donde los espíritus no necesitan elegir entre ser hombre o mujer para existir.
Según el sabedor Roberto Iguarán, Kerrali’a puede enamorarse de un hombre o de una mujer. Cuando eso ocurre, el espíritu intenta habitar su cuerpo. No todas las personas resisten esa presencia. Los relatos cuentan que algunas enferman hasta morir. Otras sobreviven y, desde entonces, pueden transformar su orientación sexual.
Lejos de entenderse como un castigo, Roberto dice que esa convivencia con otro espíritu puede convertirse en un don.
—Es un don porque no todos tenemos esa virtud o esa capacidad de convivir con más espíritus en nuestros cuerpos. Si hablamos bien, el espíritu le traerá conocimientos y hasta sueños. Pero también le puede traer males.
Javier Aguilar, autoridad tradicional en una zona de Bahía Honda, dice que vincular a Kerrali’a con la diversidad sexual es más una lectura reciente que una enseñanza del mito. Para él, el espíritu es sobre todo un justiciero de los animales y de los lugares sagrados.
Cuenta que, en algunas versiones, Kerrali’a castiga a quienes atropellan iguanas en el camino. Incluso existe una historia sobre un hombre cuya esposa maltrataba a estos animales y le negaba el agua del jagüey cercano a su casa. En ese relato, el espíritu interviene. Aguilar insiste en que, más allá de las interpretaciones modernas, Kerrali’a también funciona como advertencia: atropellar una iguana puede traer mala suerte.
La historia de Javier Aguilar se parece a la de Modesto Uriana en un punto: Kerrali’a no es solo un espíritu protector, sino también una presencia peligrosa. Encontrarse con él en la noche puede implicar un riesgo físico severo. Algunos dicen que su energía es tan fuerte que provoca enfermedades, como la inflamación extrema del vientre, males que solo una outsü —la médica espiritual— puede sanar.
Para Modesto, Kerrali’a actúa como un castigador de agresores sexuales. En algunas versiones, el espíritu se transforma en una majayút, una joven, para engañar y atraer al agresor.
Una de las historias que se cuentan en la zona narra el caso de un hombre que, tras abusar de varias mujeres, fue alcanzado por el espíritu. Después del encuentro, enfermó gravemente y, durante los rituales de curación, expulsaba pequeños reptiles de su cuerpo como forma de castigo.
En los caminos nocturnos, algunos viajeros llevan chirrinchi consigo. Dicen que el olor del alcohol tradicional indica al espíritu que no se trata de una mala persona, y así garantiza un paso seguro por la penumbra.
En la actualidad, lo que algunos investigadores y organizaciones como la Corporación Caribe Afirmativo llaman aculturación, los sabedores lo nombran de otra forma: erosión.
Dicen que la convivencia con lo alijuna —lo que no es indígena— fue introduciendo en el territorio un código moral que no estaba en la ley de origen. Con ese código llegó también el estigma.
Pero en medio de ese desplazamiento, algo permanece intacto: la sangre de la madre. El e’irukuu. La pertenencia al clan materno es una frontera que no se rompe.
No importa lo que haga una persona, a quién ame o cómo se nombre. Sigue perteneciendo al linaje de su madre. Esa es la forma en que el sistema se protege, incluso cuando todo lo demás cambia.
Ese principio funciona como una especie de escudo dentro de la estructura del e’irukuu. En algunos conflictos intercomunales, los sabedores explican que atentar contra la vida de una persona diversa puede ser visto como un acto que compromete al linaje completo, porque se cree que esa persona está atravesada por una fuerza espiritual que no se puede tocar sin consecuencias.
En ese mismo marco de creencias, si alguien diverso asume roles domésticos, su muerte puede ser interpretada simbólicamente como la de una mujer. Y en la lógica del parentesco Wayuu, la violencia contra una mujer no se queda en el individuo: se expande hacia el conflicto entre clanes.
Algunas familias van más allá. Llaman Lania —amuleto o contra sagrada— a la diversidad. La entienden como una cualidad espiritual excepcional, algo que no cualquier linaje tiene la capacidad de engendrar. No es un error. Es un don.
Pero esa lectura no ha permanecido intacta. Con el paso del tiempo, el escudo empezó a agrietarse. El choque entre el mandato ancestral y los prejuicios que llegaron desde afuera dejó marcas dentro de las familias.
Organizaciones como Caribe Afirmativo han documentado cómo, en ese cruce de mundos, se fue instalando la idea de que las identidades de género diversas debían ser rechazadas. Una presión silenciosa que no siempre llegó como discurso abierto, sino como algo que terminó entrando en las casas.
“Mi mamá se burla de mis cosas, dice que estoy loca. Ella no le gusta mucho como soy, ella es cristiana y siempre anda con el cuento de que Dios me va a castigar”, dice Yessica Mengual con una mezcla de cansancio y decepción.
Cuenta que el rechazo en su familia se intensificó cuando decidió vivir abiertamente su sexualidad. Es bisexual, y esa decisión, dice, desató un escándalo dentro de su comunidad. Con el tiempo, sintió que el estigma se volvió insoportable y terminó abandonando su pueblo. Su madre, marcada por su fe cristiana, interpreta su identidad como algo que merece castigo divino. Yessica, en cambio, habla de una ruptura que no fue solo familiar, sino también territorial: la necesidad de irse para poder existir.
El colectivo Wanejana Waya (Somos Diferente), con sede en el municipio de Uribia, ha documentado casos de violencia y discriminación contra personas de la diversidad sexual en la región, incluyendo agresiones físicas e intentos de homicidio.
Uno de esos casos es el de Yuvana, una mujer trans wayuu que relata haber sido agredida por su propio hermano.
“Él llegó y yo estaba durmiendo. No sabía que él iba a hacer eso. Cuando siento que me están ahorcando, era él. Y casualmente mi hermana me defendió, ella vio que él me estaba ahorcando. Esa fue la discriminación más grande que yo he recibido de mi hermano, mi propia familia”, cuenta.
El colectivo ha registrado múltiples casos de violencia y discriminación contra personas wayuu diversas. Hablan de una doble exclusión: el racismo de la sociedad alijuna y el estigma dentro de algunas comunidades, que en muchos casos termina convirtiéndose en vergüenza étnica. Algunos llegan incluso a ocultar su identidad indígena para intentar sobrevivir en un entorno que los rechaza desde ambos lados.
El sabedor Roberto Iguarán dice que, ante este escenario, es necesario volver al origen, aunque reconoce que no es una tarea sencilla. En su lectura, la expansión de los valores de la sociedad mayoritaria ha ido desplazando ciertas prácticas y relatos propios, mientras otros han quedado en silencio.
Francisco Zuleta ejerce como autoridad tradicional en su comunidad en Siapana, Uribia. Es un hombre gay, pero su legitimidad no se sostiene en el ocultamiento, sino en su conocimiento de los valores ancestrales y en su papel dentro del clan. “La sangre prevalece ante el prejuicio. El tejido se está cosiendo de nuevo”, dice. Su historia fue documentada por Narlis Peralta Epinayú en su tesis de grado en Sociología, Lania Asina’a: Diversidades Sexuales e Identidades de Género en la Comunidad Ancestral Wayuu, presentada en la Universidad Externado de Colombia en 2025.
Los documentos de la comunidad insisten en que la sanación pasa por revalorar la ley de origen. Recordar que, en la raíz del pensamiento Wayuu, la diversidad tenía un lugar y un sentido propio.
Hoy, sin embargo, algunas categorías parecen no tener traducción directa. La idea de “anormal”, por ejemplo, no encaja del mismo modo en el lenguaje cotidiano, donde existen otras formas de nombrar lo que se sale de lo habitual: alejeinchi, persona de doble naturaleza, o expresiones como Ayuilesia / Analalesia nain, que aluden a quienes cruzan los límites de lo convencional dentro de la ranchería y, en ocasiones, se relacionan con la presencia de espíritus que comparten su condición.
Para el sabedor Roberto Iguarán, lo masculino y lo femenino han estado juntos desde el origen de la vida. No como oposición, sino como coexistencia. Recuerda que los mayores en Manaure solían explicar estas ideas mirando el mundo animal. Decían que en el cuerpo también quedaban rastros de esa mezcla primigenia. Que un niño o una niña que nacía con rasgos de ambos no estaba roto, sino atravesado por la misma fuerza con la que se forma la vida dentro del vientre materno.
Antes, dice Roberto, no había vergüenza en esas historias. La vergüenza llegó después, con discursos que no venían del territorio. Iguarán señala que las ideas sobre la liberación femenina de los años setenta responden a una historia distinta, la del mundo occidental y cristiano, donde —dice— la mujer ha sido pensada desde la subordinación.
“Está bien que ellos hablen de su liberación, porque su origen es otro. Pero también sería bueno que se conozca el nuestro”, afirma.
Por eso insiste en que la cultura wayuu debe transmitir a las nuevas generaciones la diferencia entre ambos sistemas de pensamiento, para que no crezcan, en sus palabras, confundidos entre ser wayuu y ser católicos o cristianos.
Iguarán insiste en que, desde la ley de origen, la vida se entiende como algo que se cuida, se respeta y también se corrige dentro del propio sistema de normas del pueblo. Para él, la influencia de otras culturas ha traído nuevas formas de nombrar el mundo, pero también ha introducido, dice, una vergüenza que antes no existía.
“La mezcla de culturas ha traído faltas de respeto, y con ellas la vergüenza de ser lo que siempre fuimos. Nosotros no venimos de una costilla, venimos del vientre de una mujer. Ahí está nuestro origen, nuestra fuerza y lo que no debemos olvidar”, afirma.
En el sur de La Guajira, dicen algunos, las historias ya no se escuchan con la misma fuerza. Quedan en manos de los más viejos. En la Alta Guajira, en cambio, todavía circulan entre quienes recorren los caminos. Conductores y viajeros nocturnos cuentan haber visto una bola de luz sobre los lugares sagrados, una presencia que aparece y desaparece entre los riscos. Le dan un nombre: Kerrali’a, el espíritu que, según dicen, aún cuida las salinas, las iguanas y la penumbra del territorio.
A pocos metros del río San Francisco, donde años atrás se establecieron las primeras familias de Los Haticos, Hernando Añez Martínez mira las paredes sin empañetar de la casa que heredó de sus padres e imagina cómo se vería terminada. La vivienda, que consta de tres habitaciones, cocina, baño y patio, permanece en gran parte en obra negra. Algunas mejoras nunca pudieron realizarse por falta de recursos.
Sin embargo, la esperanza tocó a su puerta cuando su madre fue beneficiaria de un proyecto de mejoramiento de vivienda rural impulsado por el Ministerio de Agricultura. Tras su fallecimiento, fue reemplazada por su padre como beneficiario. Pero el año pasado él también murió y ahora Hernando asumió ese lugar, convirtiéndose en el nuevo beneficiario del proyecto.
Desde entonces, técnicos, consultores y contratistas visitaron varias veces su casa. Tomaron fotografías, hicieron mediciones, elaboraron croquis y preguntaron qué cambios necesitaba en cada espacio. Con cada visita crecía la misma expectativa: que las obras estaban a punto de comenzar.
Pero después de seis años de espera, las mejoras nunca llegaron. Y así como Hernando, otras 20 familias de Los Haticos siguen aguardando la ejecución de un proyecto aprobado en 2019 y que hoy permanece paralizado entre trámites, respuestas institucionales y promesas incumplidas.
Algunas de estas familias viven en espacios reducidos y en condiciones de hacinamiento. Hijos, padres y nietos comparten una misma vivienda porque no cuentan con los recursos para asumir un alquiler completo o porque encontrar una casa disponible no es tarea fácil en un corregimiento pequeño.
La situación de la vivienda es apenas una de las múltiples carencias que enfrenta esta comunidad ubicada a orillas del río San Francisco. La falta de infraestructura básica limita el bienestar de sus habitantes y alimenta una sensación de abandono estatal que, según los líderes comunitarios, se ha prolongado durante años.
La necesidad más urgente es la ausencia total de un sistema de alcantarillado. Sin esta infraestructura resulta imposible avanzar en otras obras fundamentales, como la pavimentación de las calles. Las vías internas permanecen en mal estado y, durante algunas temporadas, se vuelven prácticamente intransitables.
El acceso al agua también presenta dificultades. Aunque la comunidad cuenta con un pozo profundo, el sistema no es autosostenible porque la bomba no puede funcionar de manera permanente. Por esa razón, el suministro se distribuye por turnos de una hora entre los distintos sectores del corregimiento. Mientras tanto, el río San Francisco, que alguna vez fue una fuente importante para la población, permanece seco durante gran parte del año y solo recupera su caudal en temporada de lluvias.
Las deficiencias habitacionales son visibles en gran parte del caserío. Muchas viviendas permanecen en obra negra, con paredes sin empañetar y espacios inconclusos. Otras carecen de baños o cocinas adecuadas. En algunos hogares, familias enteras comparten una sola habitación, una situación que motivó la formulación de proyectos de mejoramiento que, hasta ahora, no se han materializado.
A estas dificultades se suma el acceso limitado a los servicios de salud. Aunque el corregimiento cuenta con un puesto de atención, el médico solo presta servicio dos veces por semana, lo que obliga a los habitantes a buscar alternativas cuando enfrentan emergencias o requieren atención especializada.
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Para comprender por qué este proyecto significaba tanto para las familias, hay que conocer un poco de la historia del corregimiento. Los Haticos surgió a orillas del río San Francisco, donde las primeras familias se asentaron en terrenos sin cultivar y formaron pequeñas parcelas para su sustento. Se dedicaron principalmente a la agricultura de pancoger, con cultivos de yuca, maíz y patilla. Muchos dependían de estas cosechas para alimentar a sus familias, pues no siempre lograban comercializar sus productos. Otros complementaban sus ingresos con la cría de chivos y, quienes contaban con mayores recursos, se dedicaron a la ganadería.
“De ese conglomerado de personas nace esta comunidad, nuestro terruño: Los Haticos”, expresa Hernando Añez Martínez, actual presidente del Consejo Comunitario Carmelo Banque.
Con el paso del tiempo, aquella primera generación fue desapareciendo y sus hijos y nietos comenzaron a asentarse más allá de la ribera del río, en lo que hoy constituye el centro poblado del corregimiento. A medida que la comunidad crecía, fueron surgiendo distintos sectores que adquirieron identidad propia y nombres que aún perduran en la memoria colectiva, como La Mata, Los Cañaguates y El Tormento.
Aquellas familias levantaron sus casas con esfuerzo propio y construyeron una comunidad que, con el tiempo, se convirtió en uno de los corregimientos rurales de San Juan del Cesar. Hoy cuenta con escuela, iglesia y puesto de salud, aunque sus habitantes continúan enfrentando problemas históricos como la falta de alcantarillado, las dificultades para acceder al agua potable y el deterioro de las vías.
De esas familias resilientes surge Hernando Añez, líder comunitario y actual presidente del Consejo Comunitario Carmelo Banque. Vive con dos de sus hijos y obtiene su sustento principalmente de la cría de ganado. Sin embargo, hace aproximadamente cuatro años fue víctima del robo de cuatro reses, una pérdida que lo obligó a solicitar un crédito que aún continúa pagando al Banco Agrario. Por eso, además de su trabajo diario, se apoya en los programas estatales que llegan a la comunidad y en las distintas estrategias que encuentra para salir adelante.
En 2019, durante los últimos meses de la administración del ya fallecido exalcalde Luis Manuel Daza, se gestionó un proyecto de mejoramiento y construcción de vivienda rural para Los Haticos. La iniciativa fue canalizada a través de la Oficina de Planeación Municipal, que actuó como intermediaria entre la comunidad y el Banco Agrario, entidad encargada de ejecutar los recursos. La alcaldía sirvió como puente para identificar a los posibles beneficiarios y recopilar la documentación requerida.
El entonces presidente de la Junta de Acción Comunal diligenció los formularios con los nombres de 19 personas postuladas para mejoramiento de vivienda y dos para vivienda nueva. A estas últimas se les exigió aportar un lote y presentar los documentos que acreditaran la propiedad del predio. Quienes aspiraban a mejorar sus viviendas también debieron entregar copias de sus cédulas y demostrar que eran propietarios de los inmuebles.
La documentación fue enviada y el proyecto recibió la aprobación correspondiente. Después vino la etapa que alimentó la esperanza de las familias. Durante varios años, consultores contratados para adelantar estudios y diagnósticos llegaron al corregimiento una y otra vez. Tomaban fotografías, realizaban mediciones, elaboraban croquis y recorrían las viviendas para identificar las necesidades de cada hogar.
“Ellos venían, medían las casas, tomaban fotos y preguntaban qué necesitaba cada familia. Uno pensaba que ya iban a empezar las obras”, recuerda Hernando Añez.
Sin embargo, las obras nunca comenzaron. Seis años después, los beneficiarios siguen esperando una explicación definitiva sobre el destino del proyecto. La incertidumbre aumentó cuando conocieron que el programa, amparado por la Resolución 00607 de 2019, quedó atrapado en una compleja situación administrativa y jurídica.
Según la información entregada a la comunidad, el contrato de fiducia suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fiduagraria estuvo vigente hasta el 1 de diciembre de 2025 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. El Ministerio decidió no prorrogar el convenio ni aprobar nuevos proyectos bajo ese esquema, lo que dejó sin posibilidad de ejecución las obras previstas para Los Haticos.
La consecuencia más grave para los beneficiarios es que, pese a que nunca recibieron las mejoras prometidas, muchos aparecen en las bases de datos nacionales como si ya hubieran sido favorecidos con un subsidio de vivienda. Esta situación les impide postularse a otros programas habitacionales, ya que los sistemas de verificación los registran como beneficiarios previos.
Por esa razón, los líderes comunitarios han insistido en obtener una resolución formal que certifique la cancelación del proyecto.
El documento sería fundamental para demostrar que las obras nunca se ejecutaron y solicitar la corrección de la información registrada en las plataformas nacionales.
Mientras tanto, Fiduagraria ha señalado que, debido al proceso de liquidación del contrato, cualquier decisión futura sobre estos subsidios deberá ser asumida directamente por el Ministerio de Agricultura o por la entidad que este designe para continuar con la operación.
Ante la falta de respuestas, la comunidad ha acudido a diferentes entidades de control. Los líderes y la actual Junta de Acción Comunal han solicitado acompañamiento de organismos como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo para esclarecer qué ocurrió con el proyecto y encontrar una salida para las familias afectadas.
Por ahora, el panorama es incierto. Bajo el esquema con el que fue aprobado originalmente, el proyecto no será ejecutado. El futuro de las 21 familias beneficiarias depende de que el Ministerio encuentre una alternativa para reasignar la iniciativa o de que los habitantes logren demostrar formalmente que nunca recibieron el subsidio, de modo que puedan volver a postularse a otros programas de vivienda del Estado.
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Realizaban planos y tomaban medidas tanto en el interior como en el exterior de las viviendas. Todo aquello alimentaba la ilusión de los beneficiarios, que imaginaban el momento en que podrían ver sus casas terminadas, tal como las habían soñado. La expectativa crecía con cada visita, porque los consultores les repetían una frase que parecía anunciar el inicio de las obras: “Ahora sí vamos a empezar”. Pero eso nunca sucedió.
Entre 2020 y 2023, Medardo Gutiérrez fue presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos. Recuerda que, cuando asumió el cargo, el proyecto de vivienda era uno de los temas recurrentes en las conversaciones de la comunidad. Sin embargo, con el paso de los años y ante la falta de avances, las familias comenzaron a perder la esperanza. “Había personas que ya se habían dado por vencidas y pensaban que el proyecto no iba a continuar”, dice.
Pero cada cierto tiempo llegaba una nueva solicitud para actualizar documentos, y eso volvía a alimentar las ilusiones de las familias. La última visita técnica fue una de las que más expectativas despertó entre los beneficiarios. Incluso Medardo decidió acercarse a uno de los representantes del consorcio encargado para preguntarle directamente si el proyecto finalmente sería ejecutado.
“Yo quería estar seguro porque no quería que la comunidad volviera a sufrir otra desilusión”, recuerda. Sin embargo, la historia volvió a repetirse. Las obras no comenzaron y las respuestas siguieron sin llegar. Ante el silencio institucional, la comunidad decidió acudir a mecanismos formales y presentar solicitudes ante las entidades responsables para intentar esclarecer qué estaba ocurriendo con el proyecto.
Fue así como, después de años de espera e incertidumbre, los habitantes de Los Haticos comenzaron a conocer las razones que mantenían congelada una iniciativa que durante tanto tiempo les había prometido una vivienda digna.
Para Gutiérrez, lo que más preocupa a los beneficiarios es la incertidumbre que enfrentan y las consecuencias administrativas que esta situación podría acarrear. “Hay que aclarar qué fue lo que pasó realmente y cuántas familias pueden resultar afectadas por aparecer registradas como beneficiarias”, señala.
Explica que el problema no solo afecta a los titulares de los subsidios. En muchos casos, también podría impactar a los integrantes de sus núcleos familiares, ya que los sistemas de información podrían impedirles postularse a otros programas de vivienda. Esto ocurre porque aparecen vinculados a un beneficio que, aunque fue aprobado en el papel, nunca llegó a materializarse.
“Las personas no solo quedaron sin las mejoras que esperaban, sino que también podrían estar perdiendo oportunidades futuras para acceder a otros programas”, señala Medardo. Considera que las entidades responsables deben ofrecer explicaciones claras sobre lo ocurrido.
“Lo que queda es un descontento muy grande. La gente pierde la credibilidad en las instituciones porque pasan los años y no hay respuestas. Parece que todo hubiera quedado como si nada hubiera pasado”.
Y así transcurrieron los años, entre esperas y promesas que nunca se materializaron en obras. La preocupación comenzó a apoderarse de los beneficiarios del proyecto de vivienda rural de Los Haticos. Aunque los contratistas seguían llegando al corregimiento para tomar medidas, elaborar diagnósticos y actualizar información, las familias continuaban sin recibir explicaciones claras sobre el estado de la iniciativa.
Ante la falta de respuestas, los líderes comunitarios y los beneficiarios decidieron acudir a un mecanismo formal. Presentaron un derecho de petición dirigido a las entidades responsables, en el que solicitaron información detallada sobre el estado jurídico, técnico y financiero del proyecto. También pidieron explicaciones sobre las razones de los retrasos y sobre el futuro de las 21 familias incluidas en el programa.
La solicitud buscaba resolver una pregunta que llevaba años rondando entre los habitantes de Los Haticos: qué había pasado con un proyecto que parecía avanzar sobre el papel, pero que nunca logró convertirse en una realidad para quienes más lo necesitaban.
La respuesta llegó meses después. Los habitantes de Los Haticos buscaban entender qué había ocurrido con un proyecto que durante años les prometió una vivienda digna, pero que nunca pasó del papel a la realidad.
El documento permitió reconstruir parte de la historia de la iniciativa. Allí se recuerda que, mediante la Resolución 00607 del 14 de noviembre de 2019, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural otorgó de manera condicionada subsidios familiares de vivienda de interés social y prioritaria rural para población víctima del conflicto armado en La Guajira. Dentro de esa asignación fueron incluidos 19 mejoramientos de vivienda y dos viviendas nuevas para familias del corregimiento de Los Haticos.
La respuesta también confirmó algo que los beneficiarios conocían por experiencia propia: incluso años después de aprobados los subsidios, las actividades relacionadas con el proyecto continuaban desarrollándose sobre el terreno. Según el documento, el 21 de octubre de 2024 el Consorcio La Misericordia visitó las viviendas beneficiarias para realizar verificaciones. Más tarde, en marzo de 2025, personal de la constructora Punto Cero regresó al corregimiento para efectuar nuevas mediciones, diagnósticos y registros fotográficos.
Cada una de esas visitas alimentó la expectativa de que las obras finalmente comenzaran. Sin embargo, pese a los recorridos técnicos, la recopilación de información y las actualizaciones documentales, los trabajos nunca se iniciaron.
“Después de esa última visita quedamos en comunicación con el consorcio. Al ver que nada avanzaba, volvimos a contactarlos para preguntar cuál era el motivo del atraso. Para nuestra sorpresa, nos dijeron que no les habían autorizado la ejecución del proyecto y nos recomendaron insistir ante Fiduagraria, que era la entidad encargada de desembolsar los recursos”, recuerda Hernando Añez.
Aquella respuesta encendió las alarmas en la comunidad. Si los contratistas habían realizado visitas, levantado diagnósticos y actualizado documentos durante años, ¿por qué el proyecto seguía sin ejecutarse? La respuesta oficial que recibieron terminaría revelando una realidad mucho más compleja de lo que imaginaban.
La respuesta obtenida por la comunidad apuntaba a una misma conclusión: el futuro del proyecto dependía ahora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), entidad que otorgó los subsidios y que, según los documentos revisados por Consonante, asumió un papel central en las decisiones que terminaron frenando su ejecución.
De acuerdo con la información entregada a los beneficiarios, el contrato de fiducia mediante el cual Fiduagraria administraba estos recursos entró en etapa de liquidación el 1 de diciembre de 2025. Ante esa situación, la entidad señaló que ya no tiene competencia para asumir nuevos compromisos relacionados con el proyecto, por lo que cualquier trámite administrativo, jurídico o técnico pendiente debe ser gestionado directamente por el Ministerio de Agricultura o por la entidad que este designe.
Los documentos también indican que fue el propio Ministerio, a través de la Dirección de Bienes Públicos Rurales, quien decidió no prorrogar el contrato con Fiduagraria. Además, determinó que no se aprobarían nuevos proyectos bajo ese esquema de operación. En la práctica, esta decisión impidió que las 21 soluciones de vivienda previstas para Los Haticos avanzaran hacia la fase de ejecución.
Para los beneficiarios, el problema va más allá de unas obras que nunca comenzaron. Muchos aparecen registrados en las plataformas nacionales como receptores de un subsidio de vivienda, pese a que las mejoras y construcciones prometidas jamás se realizaron. Esa situación podría impedirles acceder a futuros programas habitacionales del Estado.
Por esa razón, líderes comunitarios como Hernando Añez y Medardo Gutiérrez consideran que el Ministerio debe aclarar qué ocurrió con los recursos asignados y cuál será el futuro de las familias incluidas en la Resolución 00607 de 2019. También solicitan una respuesta formal que permita establecer si el proyecto fue cancelado definitivamente y, de ser así, qué medidas se tomarán para evitar que los beneficiarios sigan apareciendo en los registros oficiales como si hubieran recibido un subsidio que nunca se materializó.
En otras palabras, mientras las viviendas continúan exactamente igual que hace seis años, la incertidumbre de las familias se trasladó del terreno de las obras inconclusas al de los trámites y las bases de datos estatales.
Los documentos revisados por la comunidad también permitieron aclarar el papel que desempeñó la Constructora Punto Cero, una empresa de Medellín que participó en la etapa técnica del proyecto, aunque nunca llegó a ejecutar las obras.
En marzo de 2025, representantes de la compañía, encabezados por el ingeniero Juan Carlos Gallego, visitaron Los Haticos para realizar mediciones, diagnósticos técnicos y registros fotográficos de las viviendas beneficiarias. Durante las jornadas también recopilaron documentos como cédulas y certificados de sana posesión, información necesaria para avanzar en la estructuración de las soluciones habitacionales.
Para las familias, aquella visita fue una de las señales más claras de que el proyecto finalmente avanzaba. Después de años de espera, ver nuevamente a técnicos recorriendo las viviendas reforzó la idea de que las obras estaban cada vez más cerca.
De hecho, la información entregada por Fiduagraria confirma que la Constructora Punto Cero culminó la etapa de estructuración de los proyectos. Las soluciones de vivienda quedaron registradas en las bases de datos de la entidad, lo que demuestra que el proceso técnico alcanzó un nivel avanzado de preparación.
Sin embargo, la ejecución nunca recibió luz verde. Según la documentación revisada, la constructora quedó imposibilitada para iniciar las obras después de que el Ministerio de Agricultura decidiera no continuar con el esquema mediante el cual se financiaban estos proyectos y avanzara la liquidación del contrato de fiducia administrado por Fiduagraria.
Esa fue la explicación que recibieron los líderes comunitarios cuando insistieron en conocer las razones del retraso. Los representantes del proyecto les informaron que no contaban con autorización para construir y les recomendaron dirigir sus reclamaciones ante Fiduagraria, entidad encargada de la administración de los recursos.
La respuesta permitió entender una de las principales frustraciones de los beneficiarios: el proyecto no se quedó detenido en la etapa de formulación. Durante años avanzó en diagnósticos, verificaciones, visitas técnicas y procesos de estructuración. Lo que nunca llegó fue la autorización necesaria para convertir esos estudios en ladrillos, cemento y viviendas terminadas.
Para Hernando Añez y las demás familias beneficiarias, la respuesta no solo confirmó que el proyecto estaba paralizado. También dejó una sensación de impotencia, rabia y frustración. Durante más de seis años convivieron con la expectativa de unas mejoras que parecían estar cada vez más cerca y que, finalmente, nunca llegaron.
Lo que más les preocupa ahora son las consecuencias que esta situación podría tener para su futuro. “Esto va a tener un impacto poco favorable para estas familias, porque les ha impedido participar en otros proyectos. Cuando entran a las plataformas, la información que les aparece es que no aplican porque ya tienen un subsidio asignado. Esta situación ha impedido acceder a otros beneficios”, explica Añez.
El temor no es infundado. Su propio hijo, quien trabaja para la empresa Interaseo, intentó postularse a un subsidio de vivienda ofrecido por Comfaguajira. Sin embargo, cuando inició el proceso, el sistema rechazó su solicitud porque aparecía vinculado a un beneficio habitacional previamente asignado.
Para los habitantes de Los Haticos, esa es quizás la consecuencia más difícil de aceptar. No solo siguen viviendo en las mismas condiciones que motivaron la aprobación del proyecto en 2019, sino que ahora corren el riesgo de quedar excluidos de nuevas oportunidades por un subsidio que existe en los registros oficiales, pero que nunca se convirtió en una obra real.
La situación preocupa especialmente a los beneficiarios porque la mayoría no cuenta con los recursos económicos necesarios para realizar por su cuenta las mejoras que requieren sus viviendas. Sus ingresos apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas del hogar, por lo que el proyecto representaba una oportunidad difícil de reemplazar.
Ante la incertidumbre y la falta de respuestas definitivas, la comunidad decidió buscar apoyo en los entes de control. Los beneficiarios solicitaron el acompañamiento preventivo de la Personería Municipal de San Juan del Cesar y remitieron copias de sus derechos de petición a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía. Su objetivo es que estas entidades ayuden a esclarecer qué ocurrió con un proyecto aprobado hace más de seis años y cuál fue el destino de los recursos destinados para las familias de Los Haticos.
Los líderes comunitarios también esperan que los organismos de control revisen por qué los beneficiarios aparecen registrados en las plataformas nacionales como receptores de subsidios que nunca se ejecutaron, una situación que hoy les impide acceder a nuevas convocatorias de vivienda.
Aunque la respuesta que recibió la comunidad dejó más preguntas que certezas, los habitantes no están dispuestos a abandonar la búsqueda de soluciones. Emilio Gutiérrez, quien asumirá la presidencia de la Junta de Acción Comunal de Los Haticos el próximo primero de julio, asegura que una de sus principales tareas será reconstruir completamente la historia del proyecto y acompañar a las familias afectadas.
Durante las últimas semanas ha conversado con beneficiarios, líderes comunitarios y antiguos representantes de la Junta para entender cada una de las etapas que atravesó la iniciativa. También espera trabajar de manera articulada con el defensor de servicios públicos del municipio, Jorgelys Brito, para impulsar nuevas gestiones ante las entidades responsables.
“Ese es un tema que no puede quedarse así. Tenemos que trabajar en equipo para encontrar una solución para las familias”, sostiene Emilio. Para él, el primer paso es obtener claridad sobre lo que realmente ocurrió con un proyecto que durante años alimentó las expectativas de la comunidad y, a partir de allí, identificar qué alternativas existen para quienes continúan esperando una vivienda digna.
Las ilusiones que comenzaron en 2019 con la promesa de mejorar sus hogares se transformaron con el tiempo en frustración y desconfianza. Hoy, mientras las paredes siguen sin empañetar y las obras nunca llegaron, las familias de Los Haticos esperan recibir una resolución oficial que confirme el destino del proyecto. Ese documento no les devolverá los años de espera, pero podría abrirles la puerta para demostrar que el subsidio nunca se ejecutó y volver a buscar una oportunidad que les permita mejorar las condiciones de sus viviendas.
“Las mujeres Emberá hemos luchado desde el territorio y trajimos esa propuesta al Congreso de la República para que aquí nos ayudaran a que este sueño se convirtiera en realidad. Pero hoy quiero reiterar que esperamos que esta ley no se quede en letra muerta”.
Desde el atril del Senado, Juliana Domicó pronunció esas palabras antes de cerrar su intervención con un emotivo ara guma, ara guma —gracias, en emberá chamí—. Su voz resonó firme en el recinto. Detrás de ese discurso había años de conversaciones en los resguardos, reuniones con mujeres, debates legislativos y una convicción que repite sin titubeos: la mutilación genital femenina no hace parte de la cultura Emberá.
La lideresa indígena, consejera mayor y representante legal de la Confederación Emberá Nacional (Compec), fue una de las principales impulsoras del proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso que busca erradicar esta práctica en los territorios indígenas. Para ella, la discusión va más allá de una reforma legislativa.
Se trata de una lucha por la vida de las niñas y de una apuesta para transformar una violencia histórica desde las propias comunidades.
La iniciativa convierte a Colombia en el primer país de América Latina en contar con una legislación específica para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina, una violencia documentada en el país desde hace cerca de dos décadas. Según la organización Equality Now, apenas 59 de los 94 países donde se ha identificado esta práctica cuentan con leyes específicas para combatirla. De acuerdo con datos de Unicef, alrededor de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital femenina.
“Esto no es cultural”, afirma con contundencia durante una conversación con Consonante. “Es una práctica nociva que adquirimos y, así como llegó, se debe erradicar”.
Domicó, oriunda del resguardo Quebrada Cañaveral, en Córdoba, sostiene que la práctica no está ligada a la cosmovisión Emberá. Sus argumentos nacen tanto de la investigación como de la memoria colectiva: mientras algunos territorios registran casos desde hace décadas, en otros no existe rastro de ella ni en los hospitales ni en los relatos de las mayoras. Esa diferencia la llevó a preguntarse por su origen y a concluir que se trata de una imposición histórica, no de una tradición ancestral.
La visibilización pública del tema en Colombia comenzó en 2007, tras la muerte de dos niñas indígenas en un hospital de Pereira. Desde entonces, autoridades tradicionales, lideresas y organizaciones han impulsado distintas estrategias para erradicar la práctica. El camino, sin embargo, ha estado marcado por tensiones, estigmatización y debates sobre autonomía indígena. “Nos han estigmatizado como pueblo por esto, y eso no lo vamos a permitir más”, dice Domicó.
En esta entrevista, la lideresa explica cómo las mujeres Emberá participaron en la construcción del proyecto de ley, por qué insiste en que la mutilación genital femenina no hace parte de la cultura de su pueblo y cuáles son los desafíos para que la futura implementación de la norma se traduzca en pedagogía, acompañamiento y protección efectiva para las niñas en los territorios.
Hace un poco más de dos años asumí como consejera mayor y representante legal de la Confederación Emberá Nacional. Desde ese momento retomé un trabajo que venía desarrollando desde joven en defensa de los derechos de las mujeres y de la niñez indígena.
Cuando viví en el Valle del Cauca, me encontré nuevamente con el tema de la mutilación genital femenina. La práctica seguía ocurriendo a pesar de que hacía casi dos décadas se había hecho visible públicamente.
Entonces empecé a preguntarme por qué, después de tantos esfuerzos de organizaciones, autoridades y liderazgos indígenas, aún no se había logrado erradicar.
Las mujeres nos decían algo muy fuerte: que las niñas que morían a causa de esta práctica podrían haber sido enfermeras, docentes o lideresas para nuestras comunidades. Nos preguntábamos cómo acabar con algo tan arraigado, especialmente cuando a muchas mujeres se les había enseñado que esa práctica era necesaria para ser reconocidas como mujeres, esposas o madres dentro de la comunidad.
Nos enteramos de que el representante Cristian Garcés había radicado un proyecto de ley que proponía medidas punitivas contra las mujeres que realizaban esta práctica. Eso nos alertó profundamente.
Ya veníamos dialogando con otras congresistas para construir una propuesta propia, pero este proyecto se adelantó. Entonces revisamos el texto y concluimos que no había sido concertado con los pueblos indígenas ni recogía las voces de las mujeres Emberá.
Nuestra preocupación era que castigar penalmente a las parteras podía convertirse en una forma de violencia contra la nación Emberá. Las parteras no son solamente quienes atienden los nacimientos. Son portadoras de conocimiento, guardianas de la lengua, de las prácticas culturales y de la medicina tradicional. Criminalizarlas sin procesos de formación y diálogo no solucionaría el problema.
Por eso nos sentamos a dialogar con el autor del proyecto. Le explicamos que cualquier iniciativa relacionada con los pueblos indígenas debe construirse mediante concertación y que las mujeres indígenas deben participar activamente. Le planteamos que la solución no podía ser la cárcel, sino la pedagogía y la prevención. Finalmente aceptó retirar el enfoque punitivo y trabajar en una propuesta conjunta.
Se sumaron varias congresistas, entre ellas Carolina Giraldo y Jennifer Pedraza, además de otros representantes a la Cámara. También participaron organizaciones y fundaciones que apoyaron el proceso.
El trabajo no fue sencillo porque requería recoger las voces de las mujeres en los territorios. Muchas veces no contábamos con recursos para movilizarnos o para garantizar la participación de las autoridades indígenas en las discusiones. Algunas organizaciones apoyaron la logística y eso permitió que las mujeres Emberá pudieran intervenir directamente en la construcción del proyecto. Más adelante el ICBF respaldó recorridos territoriales para escuchar cómo querían las mujeres que quedara redactada la ley.
Sin duda, hablar del tema en los territorios. Muchas mujeres no querían hablar de ello porque es una experiencia profundamente dolorosa. Había que encontrar formas respetuosas de abordar la conversación, especialmente cuando había niñas presentes.
Descubrimos que era imposible llegar imponiendo respuestas desde afuera. La solución debía surgir de las propias comunidades. Siempre les decía a las mujeres que ni el Ministerio de Salud, ni las organizaciones, ni la Compec iban a traer la solución; la solución tenía que construirse desde los resguardos.
Eso implicó generar confianza, hablar de la historia de nuestros pueblos, de los cambios que ha traído la colonización y de cómo imaginaban ellas mismas el proceso de erradicación.
Durante años me hice una pregunta muy sencilla: si esto realmente fuera parte de nuestra cultura, ¿por qué no ocurre en todos los territorios Emberá?
Somos un pueblo que está presente en cerca de 19 departamentos de Colombia, además de Panamá y Ecuador. Sin embargo, los casos se concentran principalmente en Chocó y el Eje Cafetero. En Córdoba, por ejemplo, no existen registros en hospitales ni tampoco aparece en la memoria oral de las mujeres mayores.
A partir de esa inquietud empezamos a investigar. Existían varias hipótesis sobre el origen de esta práctica. Algunas señalaban que pudo surgir durante la colonización para evitar abusos sexuales contra niñas indígenas; otras la relacionaban con la influencia de la Iglesia Católica o con los primeros contactos con poblaciones africanas.
Paralelamente, empezamos a conversar con mayores y mayoras de distintos territorios. Yo misma preguntaba por prácticas relacionadas con el nacimiento, la crianza y la vida de las mujeres. Encontraba que esas prácticas sí se repetían en distintos pueblos Emberá y hacían parte de una misma narrativa cultural. Con la mutilación genital femenina no ocurría lo mismo.
Por eso llegué a la conclusión de que no es una práctica propia de nuestra cosmovisión. Si realmente fuera cultural, estaría presente en toda la nación Emberá.
Tenemos muchas prácticas culturales sanas que siguen vivas y que hacen parte de nuestra identidad. Erradicar la mutilación genital femenina no va a acabar con nuestra cultura ni con nuestras creencias.
Y aun si alguien insistiera en considerarla una práctica cultural, yo siempre digo lo mismo: una cultura no puede estar matando a sus niñas. Una práctica que pone en riesgo la vida no puede justificarse en nombre de la tradición. Lo que hace esta violencia es quitarle oportunidades a niñas que nacieron sanas y que podrían convertirse en lideresas, maestras, médicas o profesionales que aporten a nuestras comunidades.
Durante casi veinte años hemos intentado enfrentar esta situación mediante resoluciones internas. La experiencia demuestra que las medidas punitivas no eliminan la práctica; simplemente la vuelven más clandestina.
La ley busca algo distinto: fortalecer la pedagogía, la prevención y la transformación de los mandatos internos de las autoridades indígenas para alinearlos con la erradicación de esta violencia.
También busca que las mujeres tengan un papel central en la ejecución de los procesos de formación. En el Cuarto Congreso de la Nación Emberá muchas mujeres propusieron liderar ellas mismas los talleres, porque históricamente han sido los hombres quienes administran los recursos destinados a estos programas.
Incluso se planteó que, si después de recibir formación una partera insiste en realizar la práctica, su responsabilidad sea recorrer los territorios explicando por qué debe abandonarse. La idea es transformar, no castigar.
Respecto a la autonomía, yo podría entender esa preocupación si se tratara de una medida impuesta desde afuera. Pero este proyecto fue concertado con las mujeres Emberá. La Confederación Emberá Nacional participó activamente en su construcción y se recogieron las voces de mujeres de distintos territorios. Fueron ellas mismas quienes solicitaron una herramienta que permitiera avanzar en la erradicación de esta práctica.
Además, el proyecto busca convertirse en una política pública con recursos para territorios históricamente marginados por el Estado. No estamos hablando de una imposición, sino de una construcción colectiva.
Por otro lado, la autonomía no puede estar por encima de los derechos de las niñas. Cuando hablamos de infancia, existe una protección especial que debe prevalecer.
Ese ha sido uno de los grandes vacíos. Muchas mujeres han vivido estas experiencias sin ningún tipo de acompañamiento.
Por eso dentro del proyecto de ley quedó establecido que debe existir una atención integral. Inicialmente propusimos incluso mecanismos de reparación para las sobrevivientes, pero durante el debate legislativo surgieron discusiones sobre cómo financiar esas medidas.
Finalmente se acordó que el Estado deberá garantizar acompañamiento psicológico, atención en salud y apoyo psicoespiritual. Para nosotras esto es muy importante porque el daño no afecta solamente a la mujer; también impacta a su familia, a su comunidad y a la relación espiritual que tenemos con el territorio y con la Madre Tierra.
También necesitamos transformar la atención que reciben las mujeres Emberá en los servicios de salud. Muchas están siendo revictimizadas. Con frecuencia recibimos denuncias de madres que llegan a un hospital buscando atención para sus hijas y terminan siendo insultadas o señaladas por el personal médico.
Por eso el proyecto de ley incluye la formación de profesionales con enfoque diferencial e intercultural. Es necesario que las universidades enseñen cómo atender estos casos con humanidad, respeto y comprensión del contexto. Una mujer que busca atención médica no debería salir del hospital sintiéndose juzgada o humillada.
Lo primero es la sanción presidencial. Esperamos que ocurra lo más pronto posible. Pero después viene algo igual de importante: los recursos. Si no hay presupuesto para implementar la ley, seguiremos exactamente en la misma situación.
Necesitamos fondos para llevar pedagogía a los territorios, para formar profesionales, para acompañar a las comunidades y para garantizar la presencia de psicólogos, personal de salud y otros especialistas. Como organización indígena no tenemos la capacidad de llegar solos a todos los territorios donde existe riesgo. Por eso el compromiso del Estado es fundamental.
Que hay muchas maneras de dar vida. Dar vida no es solamente traer un hijo al mundo. También damos vida cuando defendemos los derechos de las niñas y construimos herramientas para protegerlas.
Todas las mujeres que luchamos para que este proyecto de ley fuera aprobado estamos contribuyendo a que las nuevas generaciones tengan más oportunidades para vivir, crecer y conocer el mundo libres de esta violencia. Ese es el futuro que queremos para ellas.
Mucho antes de que el vallenato llegara a los grandes escenarios, la tradición oral del Caribe contaba la historia de un hombre capaz de derrotar al diablo con un acordeón. Francisco el Hombre, juglar errante que recorría los caminos de La Guajira cantando noticias, mensajes y relatos de pueblo en pueblo, se convirtió en símbolo de una cultura en que la música servía para informar, unir comunidades y preservar la memoria colectiva. Entre la leyenda popular que lo enfrentó a Satanás y el personaje inmortalizado por Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, su figura terminó por representar la esencia misma del vallenato: la palabra hecha canción.
Esa herencia volvió a cobrar vida este fin de semana en San Juan del Cesar. Por primera vez en sus dieciocho años de historia, el Festival Francisco el Hombre dejó atrás el mar de Riohacha para instalarse en el corazón cultural del sur de La Guajira. Bajo el lema “¡Te esperamos, primo!”, el municipio abrió sus puertas para recibir a artistas, compositores y visitantes en una edición que busca reafirmar las raíces de la música vallenata y fortalecer el vínculo entre dos ciudades que, aunque distintas, comparten una misma identidad guajira.
La decisión no es menor. Si Riohacha ha sido durante años la vitrina turística y musical del festival, San Juan del Cesar representa uno de los territorios más ligados a la tradición juglaresca y a la composición vallenata.
Como suelen decir los propios guajiros, ambos municipios son como primos que crecieron en casas diferentes: uno mirando al mar y el otro rodeado de montañas y sabanas, pero unidos por la misma historia, los mismos cantos y el legado de personajes como Francisco el Hombre.
Por eso, el lema “¡Te esperamos, primo!” cobra un significado especial en esta edición del festival. Es Riohacha tendiéndole la mano a San Juan del Cesar y San Juan respondiendo con un abrazo generoso. Es el encuentro de dos pueblos que reconocen en la cultura un camino común para proyectar a La Guajira, convencidos de que su riqueza turística, patrimonial y musical es también una oportunidad para fortalecer el departamento. En medio de esa apuesta compartida, el vallenato aparece como el puente que los une.
Porque cuando San Juan del Cesar y Riohacha se encuentran, no solo cambian de escenario las tarimas y los acordeones. También se reúnen dos territorios orgullosos de sus raíces, decididos a demostrar que la música, la cultura y la hermandad siguen siendo el lenguaje que mejor expresa el alma guajira. Como dos primos que crecieron en lugares distintos, pero que comparten la misma historia, vuelven a encontrarse alrededor de aquello que los identifica: el vallenato y el profundo sentido de pertenencia a su tierra.
La respuesta la dieron los propios organizadores del festival, quienes coincidieron en que el municipio es uno de los mayores referentes culturales y musicales de La Guajira. San Juan del Cesar es reconocido como la Tierra de Compositores, cuna de autores que han dado vida a algunas de las canciones más emblemáticas del vallenato. De aquí surgieron nombres fundamentales como Hernando Marín, Roberto Calderón, Luis Egurrola, Máximo Móvil y Aurelio Núñez, entre muchos otros creadores que han enriquecido el cancionero del Caribe colombiano.
A esta riqueza se suma la cercanía con La Junta, corregimiento donde nació Diomedes Díaz, una de las figuras más influyentes y populares en la historia del género. Su legado convirtió a este territorio en una parada obligada para quienes buscan comprender la evolución del vallenato y su profundo arraigo en la identidad cultural de la región.
Para los organizadores, trasladar el lanzamiento a San Juan del Cesar también representa una apuesta por ampliar la narrativa turística y cultural de La Guajira. Si durante años el departamento ha sido promocionado principalmente por sus paisajes desérticos y costeros en el norte, esta decisión busca visibilizar el sur guajiro como un territorio fundamental en la historia del vallenato. En ese sentido, San Juan del Cesar se proyecta como una pieza clave de una futura ruta turística y cultural del folclor vallenato, un recorrido que conecte los lugares, personajes e historias que han dado forma a uno de los patrimonios musicales más importantes de Colombia.
Para los organizadores, la elección de San Juan del Cesar trasciende el cambio de escenario. Se trata de un reconocimiento al papel que este municipio ha desempeñado en la construcción y preservación del vallenato. "San Juan tiene el músculo cultural más grande en cuanto a composición del género vallenato", explicó Carmen Cecilia Mendoza, directora ejecutiva del Festival Francisco el Hombre.
La expresión no es casual. Así como los músculos permiten que el cuerpo se mueva y cobre vida, la composición ha sido el motor que ha impulsado al vallenato durante generaciones. Son los compositores quienes transforman las vivencias cotidianas, las historias familiares, los paisajes y las tradiciones en versos y melodías capaces de trascender el tiempo. En ese sentido, San Juan del Cesar ha sido una de las principales fuentes de creación del género.
De este territorio surgieron autores fundamentales como Hernando Marín, Roberto Calderón, Luis Egurrola, Máximo Móvil y Aurelio Núñez, entre muchos otros compositores que ayudaron a construir el repertorio que hoy identifica al vallenato dentro y fuera de Colombia. Por eso, la elección de San Juan como sede del lanzamiento no responde únicamente a una ubicación geográfica, sino al reconocimiento de un lugar donde el vallenato no solo se canta: también se escribe, se piensa y se hereda.
La decisión también forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la integración entre el norte y el sur de La Guajira, al tiempo que se impulsa el turismo cultural como motor de desarrollo económico.
"La idea es proyectar turísticamente el departamento y construir una gran ruta Francisco el Hombre que empiece en Riohacha y termine en el sur de La Guajira. San Juan es epicentro de desarrollo, epicentro de turismo y epicentro del folclor vallenato", afirmó Mendoza.
Bajo esa visión, incluir a San Juan del Cesar dentro de la ruta turística del Festival Francisco el Hombre significa reconocer el papel histórico que este municipio ha tenido en la construcción de la identidad vallenata. Sumado a su cercanía con La Junta, tierra natal de Diomedes Díaz, el municipio concentra una parte esencial de la memoria musical de La Guajira. Sus compositores, canciones y tradiciones lo convierten en una parada obligada para comprender las raíces de un género que ha llevado la cultura guajira a escenarios nacionales e internacionales.
Para Chema Moscote, presidente y cofundador del Festival Francisco el Hombre, la respuesta está en la esencia misma del municipio. Lo define como "un emporio de musicalidad, melodía y poesía", una tierra que durante décadas ha alimentado el vallenato con compositores, historias y canciones que hoy forman parte de la memoria cultural del país.
La afirmación no es gratuita. San Juan del Cesar es reconocido como la Tierra de Compositores, un territorio donde nacieron autores que marcaron la historia del género y contribuyeron a consolidar la identidad musical de La Guajira. Su cercanía con La Junta, corregimiento que vio nacer a Diomedes Díaz, refuerza aún más ese peso simbólico dentro del universo vallenato.
Por eso, la llegada del festival a este municipio representa mucho más que un cambio de sede para el lanzamiento. Es también una forma de reconocer un legado histórico que durante años ha sido fundamental para la construcción del folclor vallenato. En palabras de los organizadores, es una oportunidad para que Riohacha, como capital del departamento, ayude a visibilizar ante Colombia y el mundo un territorio donde el vallenato no solo se interpreta en los escenarios, sino que se crea, se transmite y se convierte en parte de la vida cotidiana.
"San Juan es un símbolo", sostiene Moscote. Un lugar donde la poesía parece habitar en las conversaciones, donde las historias se transforman en canciones y donde cada generación asume la tarea de mantener vivo un legado cultural que identifica a toda La Guajira.
Detrás de esta decisión también existe una apuesta más ambiciosa: utilizar la cultura como un elemento de integración territorial. Los organizadores proyectan la construcción de una ruta turística inspirada en la historia del vallenato, capaz de conectar distintos municipios del departamento a través de sus personajes, paisajes y expresiones culturales.
La idea parte de una analogía sencilla: así como un conjunto vallenato necesita del acordeón, la caja, la guacharaca y la voz para alcanzar su armonía, La Guajira también necesita de todos sus territorios para contar la historia completa de este género. En esa visión, municipios como Riohacha, Barrancas, Fonseca, Distracción, Hatonuevo, Villanueva y San Juan del Cesar aportan piezas fundamentales de un mismo relato cultural.
Más que una estrategia turística, la propuesta busca consolidar una narrativa compartida sobre la identidad guajira, en la que cada municipio tenga un lugar propio dentro de la historia del vallenato y del legado de Francisco el Hombre.
Dentro de la ruta turística que proyectan los organizadores del Festival Francisco el Hombre, San Juan del Cesar ocupa un lugar estratégico. El municipio no solo representa una de las principales cunas del vallenato, sino que también se perfila como uno de los grandes destinos del turismo cultural en La Guajira.
La apuesta busca que los visitantes atraídos por la música descubran también otros aspectos que hacen único a este territorio: su historia, su gastronomía, sus ríos, sus paisajes y las expresiones culturales que han dado forma a la identidad del sur del departamento. La idea es que el festival se convierta en una puerta de entrada para conocer una región que tiene mucho más que ofrecer que sus escenarios musicales.
"Lo importante es conectar operadores turísticos, emprendedores, empresarios y gestores culturales para generar una verdadera reactivación económica en toda la región", explicó Chema Moscote, presidente y cofundador del Festival Francisco el Hombre.
La iniciativa llega en un momento clave para San Juan del Cesar. Durante años, el municipio ha trabajado en fortalecer una oferta turística basada en su patrimonio cultural y natural. Ahora, con la llegada del festival y la proyección de una ruta que recorra distintos municipios guajiros, se abre una oportunidad para mostrar al país el potencial de un territorio que ha sido fundamental en la construcción de la identidad vallenata.
Más allá de ser reconocida como la Tierra de Compositores, la apuesta es que San Juan del Cesar se consolide como un destino cultural de referencia en Colombia: un lugar donde la historia se canta, las tradiciones siguen vivas y el turismo encuentra experiencias auténticas ligadas a la música, la memoria y el paisaje guajiro.
El lanzamiento del Festival Francisco el Hombre comenzó con una declaración de principios: el vallenato sigue vivo porque las nuevas generaciones continúan apropiándose de él. A través de la puesta en escena San Juan, Tierra Mía, estudiantes de la Institución Educativa El Carmelo realizaron un recorrido musical y simbólico por la historia, la identidad y el patrimonio cultural de la llamada Tierra de Compositores.
La presentación, liderada por la docente de lectura crítica Ana Milena Mendoza, combinó música, literatura y memoria para mostrar cómo el legado cultural sanjuanero sigue transmitiéndose entre niños y jóvenes. La obra recordó, además, la estrecha relación entre el vallenato y la literatura, destacando cómo Gabriel García Márquez contribuyó a proyectar esta expresión cultural más allá de las fronteras del Caribe colombiano a través de obras como Cien años de soledad.
La historia de San Juan fue narrada mediante una pasarela cultural en la que cada estudiante representó valores, símbolos y elementos que hacen parte de la identidad local. El recorrido musical inició con Sanjuanerita Tú, inmortalizada por el compositor Hernando Marín e interpretada por la estudiante Helen Cardona.
Luego sonó Luna Sanjuanera, de Roberto Calderón, representada por Diamela Sofía Martínez, una canción que exalta el amor por la tierra y las tradiciones del municipio.
La tercera estación estuvo dedicada a Está de Fiesta Mi Pueblo, de Máximo Móvil, interpretada por Dariana Machado como homenaje a las festividades patronales de San Juan Bautista y al arraigo religioso de la comunidad. El recorrido concluyó con De Regreso, del compositor sanjuanero Juan Ariel Hinojosa, interpretada por Saray Daza, una obra que evoca el retorno al hogar y la conexión permanente con las raíces.
La jornada también contó con la participación de la Fundación FEMDES, liderada por José Gregorio Argote, conocido cariñosamente como "Ñame". La organización trabaja en la formación artística de niños y jóvenes y acompañó la programación con coristas, guitarristas y nuevos talentos que evidenciaron el relevo generacional del folclor vallenato.
Entre ellos sobresalió Aran Joel Calderón Díaz, quien cautivó al público al interpretar en acordeón cinco melodías asociadas al repertorio de Francisco el Hombre. Su presentación despertó la admiración de los asistentes, que vieron en él una muestra de cómo las nuevas generaciones continúan encontrando en el vallenato un camino para expresar su talento y mantener viva una tradición que ha marcado la historia cultural de La Guajira.
La presencia de la delegación riohachera durante el lanzamiento del Festival Francisco el Hombre en San Juan del Cesar estuvo marcada por un mensaje que fue más allá de la promoción del evento: la necesidad de fortalecer la integración cultural entre el norte y el sur de La Guajira.
Para sus representantes, el festival se ha convertido en una oportunidad para construir puentes entre municipios que comparten una misma historia, una identidad común y un legado vallenato que trasciende los límites geográficos. La apuesta consiste en reconocer que la riqueza cultural del departamento no pertenece a una sola ciudad o territorio, sino que es el resultado de un patrimonio construido colectivamente.
"Ya basta de divisiones. Tenemos que unirnos para mostrar la fortaleza cultural que tiene La Guajira. Riohacha y San Juan son municipios bandera en estos temas", afirmó Álvarez durante el lanzamiento.
El mensaje también reivindicó el papel de San Juan del Cesar dentro de la historia del vallenato. Para Álvarez, la composición sigue siendo la materia prima del folclor y este municipio continúa siendo uno de sus principales bastiones creativos. Desde allí han surgido canciones, historias y autores que han contribuido a definir la identidad musical de la región.
Sus palabras reflejan una visión que ha estado presente a lo largo del lanzamiento del festival: entender la cultura como un elemento de unión y desarrollo para todo el departamento. Bajo esa perspectiva, el vallenato aparece como un patrimonio compartido que invita a la cooperación, al reconocimiento mutuo y a la construcción de proyectos conjuntos.
Más que un llamado institucional, la invitación es a que La Guajira hable con una sola voz cuando se trate de proteger, promover y proyectar al país la riqueza cultural que la distingue. Porque, como insistieron varios de los participantes durante la jornada, la fuerza del vallenato no está únicamente en sus canciones, sino también en la capacidad que tiene para unir territorios, generaciones y comunidades alrededor de una misma identidad.
El lanzamiento del Festival Francisco el Hombre en San Juan del Cesar no fue un hecho aislado. Hace parte de una estrategia más amplia que avanza en La Guajira bajo la idea de los llamados Pueblos Vallenatos, una iniciativa que busca conectar a Riohacha, San Juan del Cesar, Villanueva, Fonseca, Barrancas y otros municipios que han escrito capítulos fundamentales en la historia del género.
La apuesta parte de una premisa sencilla: así como el vallenato es una sola expresión cultural, pese a sus distintas escuelas, estilos y generaciones, los festivales y territorios que le han dado vida también pueden articularse en una gran red cultural capaz de fortalecer la identidad guajira y atraer visitantes nacionales e internacionales.
En esa visión, cada municipio cumple un papel específico. Mientras San Juan del Cesar conserva el legado de los compositores y juglares que ayudaron a construir la historia del vallenato, el Festival Francisco el Hombre se ha consolidado como una plataforma para las nuevas generaciones de artistas. La propuesta busca demostrar que tradición y renovación no son conceptos opuestos, sino elementos complementarios de una misma herencia cultural.
La estrategia también contempla la participación de emprendedores, artesanos y gestores culturales. Como parte de esta articulación, San Juan del Cesar tendrá presencia en la feria de emprendimiento juvenil y en el desfile inaugural del Festival Francisco el Hombre en Riohacha, escenarios donde podrá mostrar parte de su riqueza cultural, gastronómica y folclórica.
Los organizadores aprovecharon el lanzamiento para extender una invitación a guajiros y visitantes a participar en la edición del festival que se realizará los días 25, 26, 27 y 28 de junio en Riohacha. Durante esas jornadas, la capital del departamento recibirá a miles de asistentes que podrán disfrutar de concursos musicales, muestras culturales, ferias de emprendimiento, desfiles y conciertos que exaltan la esencia del vallenato contemporáneo.
Sin embargo, la apuesta va más allá de los cuatro días de programación. El objetivo es que quienes lleguen atraídos por el festival descubran una Guajira distinta, más allá de los paisajes de sol y playa que tradicionalmente promociona el departamento. La invitación es a recorrer también el sur guajiro, conocer San Juan del Cesar, sus ríos, su gastronomía, sus compositores y las historias que han convertido a este territorio en una de las cunas del vallenato.
En otras palabras, que los visitantes lleguen a Riohacha por el Festival Francisco el Hombre, pero terminen enamorándose de toda La Guajira a través de una ruta donde la música se convierte en puente entre la historia, el turismo y la identidad cultural del departamento.
El 17 de agosto del año pasado, un grupo de turistas navegaba por el río Atabapo, en la frontera con Venezuela, guiado por una comunidad indígena de Inírida. La travesía prometía paisajes imponentes y el avistamiento de fauna silvestre, pero el silencio de la selva fue interrumpido por un sonido inesperado. Lo que escucharon los viajeros no fue el canto de las aves ni el rumor del agua, sino ráfagas de fusil que retumbaron entre los árboles. Desde entonces, esos estruendos se han vuelto parte de la cotidianidad para muchas familias del Guainía.
Los derechos colectivos de los pueblos indígenas Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave están en peligro. Son al menos siete resguardos indígenas en todo el departamento los que se encuentran en riesgo, especialmente los asentados en el municipio de Inírida y en las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual.
Así lo señaló la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana de Inminencia 008 de 2026 ante el agravamiento de la situación de orden público y la crisis humanitaria que afecta la vida, la seguridad y la supervivencia de cerca de miles de habitantes, especialmente de comunidades indígenas. En la última década la entidad ha venido advirtiendo el crecimiento del riesgo ante la ruptura de los acuerdos que las estructuras armadas —que van detrás de la minería ilegal en el departamento— habían mantenido por años.
La mayoría de la población del departamento es indígena, dispersa entre el territorio en zonas rurales y mayoritariamente se moviliza por ríos. El Atabapo, Inírida, Guainía y Negro, ubicados en el área de frontera, constituyen corredores estratégicos de movilidad humana y comercio; al igual que concentran recursos mineros que han sido explotados por años. Por la minería sin regulación, hoy los niveles de mercurio en el medioambiente comprometen la salud de la población. Como lo señala el órgano del Ministerio Público, desde que el departamento fue constituido en 1991, la presencia y el control del Estado se han quedado cortos.
“Esta condición territorial ha incidido de manera directa en las limitadas capacidades institucionales para ejercer gobernanza y garantizar derechos en amplias zonas rurales y fronterizas del departamento, configurando una amalgama de crisis estructurales”, señala el documento.
El control que ejercen los grupos armados sobre las actividades tradicionales de pesca y caza de las comunidades étnicas ha generado desabastecimiento de alimentos y combustible. La ya de por sí frágil seguridad alimentaria de las familias del departamento se ha agravado con el robo de suministros destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las áreas en disputa.
A esto se suma el persistente riesgo de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como las amenazas que enfrentan los docentes y líderes comunitarios que desarrollan su labor en estos territorios.
Se han documentado homicidios selectivos, cuerpos hallados sin vida en sectores cercanos a los corregimientos y amenazas permanentes que restringen el liderazgo femenino, la organización comunitaria y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Un contexto que no solo impacta a las familias colombianas. El pasado 5 de septiembre varias familias del pueblo Curripako, oriundas de Venezuela, se desplazaron a Inírida ante el riesgo de reclutamiento y violencia sexual. Muchos otros casos como estos no pasan por la documentación o denuncia formal.
“Como consecuencia de esta situación, se advierte la posible consumación de desplazamientos masivos e individuales, reclutamiento forzado, control social sobre las actividades de pesca y caza, restricciones a la movilidad por los afluentes hídricos e imposición de extorsiones a comerciantes, acciones atribuidas específicamente al grupo armado el ELN”, destaca la Defensoría.
A este panorama se suma la limitada capacidad operativa de la Fuerza Pública por dificultades logísticas, escasez de personal y problemas de abastecimiento. Todo esto compromete la capacidad de control efectivo del territorio frente al avance de las economías ilícitas y el control social armado.
Se alerta a raíz del incremento de las confrontaciones entre el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia —una facción disidente de las extintas Farc— y el frente José Daniel Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Se trata de una dinámica que ocurre a lo largo de la frontera con Venezuela: 453 kilómetros de frontera internacional donde ambos grupos se vienen disputando el control de economías ilícitas asociadas al narcotráfico y la minería ilegal en esta estratégica región fronteriza.
Hay un segundo escenario en el que el Eln ha buscado consolidarse en Puerto Colombia y Cacahual, agravando las dinámicas de control social y restricción a la movilidad. “La consolidación del dominio territorial por parte del ELN en zona de Puerto Colombia se evidencia a partir de amenazas a comerciantes de la zona y del posterior asesinato de un comerciante de esta misma área no municipalizada”, señala la Alerta Temprana.
La Defensoría del Pueblo resalta que la situación se agudizó entre agosto y septiembre de 2025, cuando la Segunda Marquetalia y el Eln se enfrentaron en Puerto Colombia, en la frontera venezolana, específicamente en el litoral del río Negro y en linderos del resguardo indígena Medio y Bajo Guainía.
Desde entonces, han tenido lugar al menos siete desplazamientos forzados hacia el casco urbano de Inírida, un cuerpo apareció sin vida en aguas internacionales frente a esta comunidad y han circulado listados en los que el Eln acusa a miembros de Puerto Colombia de ser colaboradores de la Segunda Marquetalia.
En su documentación, el Ministerio Público también ha encontrado que en el tablero de confrontación del departamento ha estado el grupo Comandos de Frontera, también a inmediaciones de Puerto Colombia.
Para el tramo de frontera frente a Guainía, la respuesta es clara: las disidencias herederas del Frente 40. “En parte porque llevan más tiempo, son más conocidas allá, han hecho más trabajo de negociar con comunidades indígenas”, señala Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (Core).
El Eln, por su parte, es una extensión del Frente de Guerra Oriental y llega tarde a la zona. “Son más fuertes hacia el norte”, explica. El mapa, sin embargo, no es simple. Cuando uno se aleja de la frontera, hacia Barrancominas y sectores adyacentes, el territorio es de ‘Ivan Mordisco’.
Podrían pasar años antes de que el conflicto disminuya. Johnson cita el caso de Arauca, donde el bloque Frente de Guerra Oriental del Eln y la Segunda Marquetalia llevan más de cuatro años enfrentándose. Aunque la intensidad de los combates ha disminuido, la confrontación sigue vigente. “Desde hace tres años hay una frontera, unas zonas que se han repartido. La cosa está más o menos clara, pero no acaba. Es decir, hay menor intensidad que cuando empezó, pero sigue ahí”, explica.
Lo mismo ocurre en Chocó: “El Eln va perdiendo, pero sigue en disputa”. Para Johnson, cuando el grupo guerrillero entra en este tipo de conflictos, puede sostenerse sin que ningún bando avance de manera decisiva en el control territorial.
Sin embargo, lo que pase en Venezuela es una variable que puede acelerar o frenar la dinámica. Según el investigador, la mayoría de los enfrentamientos abiertos han ocurrido del lado venezolano. “No esperaría ver tanto combate abierto del lado colombiano. Más bien lo que la alerta describe: una serie de amenazas, algunos asesinatos, una violencia un poco menos visible”.
Esa menor exposición también se explica por el aislamiento del departamento. “Guainía no tiene muchos ojos encima”, advierte.
Guainía es uno de los pocos departamentos colombianos con una frontera tripartita: comparte límites con Venezuela y Brasil. Pero la situación más grave, según Johnson, se juega del lado venezolano.
Las disidencias del Frente 40 de las extintas Farc llevan más tiempo operando en esa zona y han construido relaciones —a veces coercitivas, a veces negociadas— con las comunidades indígenas que habitan el Amazonas venezolano. “Han ‘invertido’ en la relación con las comunidades, han buscado ganárselas. En algunas zonas son un poco más impositivos, más coercitivos, pero han hecho negociaciones para poder estar ahí”, explica Johnson.
La incertidumbre política en Caracas tras la captura de Nicolás Maduro agrega otra capa de complejidad. A nivel local, la Guardia Nacional Bolivariana ha mantenido relaciones de corrupción con los grupos armados colombianos que operan en la frontera. “Se ha documentado que esas relaciones de corrupción a nivel local entre la Guardia y los grupos colombianos son una constante en toda la frontera”, señala el investigador.
Otra voz experta que pidió la reserva de su nombre considera que esas relaciones entre los grupos armados ilegales y las autoridades venezolanas van más allá de relaciones de corrupción y funcionan de facto con el Estado. De todos modos, esta situación les da a estos grupos un colchón de seguridad.
La economía del oro es el motor central de la disputa. Municipios como Puerto Inírida mueven gran parte de su economía con la minería que tiene lugar en Venezuela y se trae a Colombia para comercializar. Al metal precioso, se suma la explotación de coltán y tierras raras.
Los territorios indígenas son un factor que suele quedar fuera del análisis. Guainía está, en su mayor parte, tapizada por resguardos en áreas no municipalizadas. Del lado venezolano, la situación es similar, pero desde 2018 el Estado colombiano dio un paso en la reglamentación de la gobernanza propia en departamentos amazónicos como Guainía con el Decreto 632. El fortalecimiento de estas autoridades podría ser un paso en la protección del territorio.
Sin embargo, los grupos armados han aprendido a relacionarse con esas comunidades porque ahí es donde están sus intereses económicos. Esa relación va desde la negociación hasta la coerción dependiendo de la zona, pero en todos los casos implica una presencia que el Estado colombiano no ha podido disputar.
“Decir que se puede acabar la minería ilegal en esa zona del país es un poco soñar. Siendo muy franco: es muy complejo”, reconoce Johnson. Pero señala algunos caminos para generar condiciones que le den mayor seguridad financiera a las comunidades.
El primero pasa por trabajar directamente con las comunidades indígenas y recuperar economías propias locales. El problema es que esas comunidades luchan contra una economía ilegal que genera plata, capacidad de consumo y acceso a bienes que antes no tenían. “Es casi una lucha entre el occidente capitalista y consumista con la cosmovisión indígena local”, plantea el investigador.
El segundo límite es geográfico y político. Mucha de la minería ocurre en Venezuela y “el Estado colombiano no puede hacer nada frente a eso, sino tratar de evitar el tráfico de oro de Venezuela a Colombia. Y con esa frontera... no quiero decir que es una lucha perdida, pero no veo mucha ganancia”, señala el investigador de Core.
Los expertos entrevistados coincidieron en que ven con escepticismo que los bonos de carbono u otras economías verdes puedan competir con la minería ilegal en términos de rentabilidad. “Es muy difícil pensar en una economía verde que sea tan rentable que compita con la minería ilegal”, señala el investigador que pidió la reserva de su nombre.
Lo que sí resaltan los expertos es que las comunidades indígenas tienen un reconocimiento global como guardianas del ambiente, lo que podría ser una base para hacerle contrapeso a estas economías. Pero insiste: cualquier solución tendría que ser apoyada económicamente y construida de la mano con esas comunidades, no impuesta desde la capital.
"No van a lograr extracción total. Habrá gente de las comunidades que seguirá en la minería ilegal, que adoptará esa visión occidental. Pero fortaleciendo a las comunidades, hay muchos beneficios que pueden mitigar al menos la afectación”, concluye.
Lo primero que debe destacarse es que la presencia institucional es débil. Guainía tiene los municipios más jóvenes del país —dos de reciente creación— y casi todos están en categoría seis —con menos de 10 mil habitantes—, la más baja en capacidad fiscal y administrativa. “Dependen de transferencias. Para llegar a la cabecera de San Felipe toca en avioneta. Esto es aisladísimo”, recuerda el investigador de Core.
Las instituciones nacionales que tienen sede en Inírida tienen una capacidad de moverse y cubrir el departamento muy limitada. En las zonas rurales y de frontera, la ausencia del Estado es casi total. A eso se suma que el departamento quedó inscrito dentro de los Territorios Especiales Indígenas. Pero el fortalecimiento de estos modos de gobierno propio es precario.
Frente a la coordinación entre naciones, los resultados son escasos. A pesar del riesgo, la Defensoría del Pueblo destaca que “las entidades territoriales expresaron una percepción de tranquilidad en las zonas reportadas y refirieron que las acciones bélicas —de finales del año pasado— ocurrieron fuera de la jurisdicción nacional, sin representar —según su valoración— un riesgo para la población en territorio colombiano fronterizo”.
Johnson reconoce que desde enero de 2026 ha habido más discusión sobre trabajo conjunto en la frontera, enmarcada en los contactos entre el gobierno colombiano y el venezolano, incluso con presencia de Washington. “Está ahí. Pero que eso lleve a algo efectivo, pues todavía no”, dice.
Una de las razones es la falta de capacidades del lado venezolano. “Las fuerzas armadas venezolanas no tienen capacidad de nada, literal", afirma. Las acciones que han ocurrido del lado venezolano “no parecen tener clara participación como de coordinación con Colombia”. Y para la zona específica de Amazonas venezolana, el panorama es aún más sombrío.
Frente a este escenario y a la alerta temprana, la gobernación del Guainía convocó un Consejo de Seguridad con la presencia de las autoridades militares, entidades del Estado con presencia en el departamento y organismos competentes, con el propósito de coordinar acciones permanentes de seguimiento y respuesta.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas activó medidas de atención humanitaria dirigidas a las comunidades indígenas de San Felipe y la Guadalupe. Algunas de estas medidas fueron la entrega de kits de emergencia con alimentos y el apoyo para alojamiento temporal, la atención psicosocial y la activación de rutas de protección mediante el comité de Justicia Transicional y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas también activó mecanismos de atención enfocados en prevenir violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Las medidas incluyen la coordinación interinstitucional para proteger la autonomía, el gobierno propio y los territorios indígenas bajo un enfoque diferencial y étnico, la realización de sesiones de seguimiento junto al Ministerio de Interior que hizo presencia en Inírida para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría y la formulación de estrategias preventivas para contener la expansión y consolidación de grupos armados ilegales en las zonas rurales de Inírida, Puerto Colombia, San Felipe y Cacahual.
Mientras las comunidades continúan enfrentando un panorama marcado por el miedo, las autoridades departamentales esperan la llegada del ministro de Defensa al departamento del Guainía. Con la visita esperan definir nuevas estrategias de intervención institucional y fortalecer las acciones de seguridad y protección para las comunidades afectadas por el conflicto.
La niña apenas sostiene al bebé entre sus brazos. Lo carga como si fuera una muñeca demasiado pesada para su tamaño. Se ríe, juega con sus dedos, acomoda la cabeza del recién nacido sin saber muy bien cómo hacerlo. Quienes la observan saben que todavía debería estar corriendo detrás de una pelota, caminando hacia la escuela o aprendiendo a escribir su nombre. Pero en algún lugar del Guainía, entre ríos, conucos y comunidades dispersas por la selva, la infancia puede terminar antes de tiempo.
Durante años, muchas de estas historias transcurrieron en silencio: se confundieron con costumbres, con acuerdos familiares o simplemente con la necesidad de sobrevivir.
Hoy, mientras las instituciones intentan fortalecer rutas de protección y las lideresas indígenas hablan cada vez más abiertamente sobre violencia sexual, abuso y embarazos tempranos, emerge una realidad difícil de medir en un territorio donde las distancias son enormes, las denuncias escasas y el miedo aún pesa sobre muchas familias. Detrás de cada cifra hay niñas que crecieron demasiado rápido y comunidades que apenas comienzan a nombrar aquello que durante generaciones no tuvo siquiera una palabra en su lengua.
Las historias viajan de boca en boca por los ríos del Guainía. Una lideresa indígena recuerda la conversación con una profesora en una comunidad del río Guejarí: le habló de niñas que abandonan la escuela siendo todavía adolescentes, de embarazos tempranos y de hombres que llegan desde afuera —maestros, militares, trabajadores temporales— y encuentran en la vulnerabilidad una oportunidad para el abuso. “Hay niñas que ya tienen hasta enfermedades de transmisión sexual y eso nadie lo sabe y lo calla”, dice.
Lo que para algunos son relatos aislados, para las instituciones dibuja un patrón más amplio. La Defensoría del Pueblo reconoce que la protección de niños, niñas y adolescentes en Guainía enfrenta obstáculos profundos: la baja presencia estatal en zonas apartadas, las dificultades de transporte, la escasez de personal y las barreras culturales que todavía frenan la denuncia. A ello se suman factores como la pobreza, la presencia de grupos armados y las dinámicas migratorias que aumentan la exposición de las menores a distintas formas de violencia.
El Hospital Departamental Renacer documentó 212 eventos vigilados relacionados con menores de 18 años entre junio de 2023 y abril de 2026, mientras que las cifras de la Policía de Infancia y Adolescencia muestran que las principales víctimas se concentran entre los 10 y los 14 años, aunque también se han reportado casos en niños y niñas de apenas uno a tres años. En un territorio donde muchas comunidades comienzan a nombrar aquello que antes permanecía normalizado o silenciado, las cifras sugieren que el problema es más grande de lo que alcanzan a mostrar las denuncias.
Detrás de cada historia que se susurra en las comunidades hay una realidad que también aparece en los registros oficiales. En Inírida, donde confluyen familias indígenas, población migrante y habitantes de zonas rurales dispersas a lo largo de los ríos, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se ha convertido en una de las formas más frecuentes de vulneración de derechos.
Los datos recopilados por el ICBF para 2020, muestran que el 59 por ciento de los casos atendidos correspondieron a violencia sexual, una cifra superior a otras formas de violencia registradas en el departamento. Son datos que revelan una problemática persistente, que muchas veces ocurre dentro de los propios entornos familiares o comunitarios y que apenas sale a la luz cuando una denuncia logra romper el miedo, la distancia o el silencio.
Frente a esta realidad, las instituciones han intentado fortalecer las rutas de atención. Cuando se conoce un caso, la Policía activa protocolos que buscan proteger de inmediato a la víctima, trasladándola a un entorno seguro y evitando su revictimización. En las comunidades indígenas, la alerta suele comenzar con el aviso del capitán de la comunidad, quien comunica el hecho a las autoridades para que el menor sea remitido al Hospital Renacer o a las entidades competentes. Sin embargo, funcionarios y líderes coinciden en que la respuesta no puede limitarse a la atención posterior al abuso. Por eso se han impulsado capacitaciones sobre derechos sexuales y reproductivos, jornadas pedagógicas en colegios y procesos de socialización de rutas de atención con autoridades indígenas. La apuesta, dicen, es que las comunidades aprendan a reconocer aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto o normalizado: que una niña no debe convertirse en madre antes de tiempo, que el silencio no protege a las víctimas y que ninguna forma de violencia puede justificarse en la costumbre, la necesidad o la distancia que separa a una comunidad de la siguiente.
Pero algunas historias son todavía más difíciles de contar. Una lideresa indígena recuerda casos en los que la violencia no llegó de un desconocido ni ocurrió a escondidas. “Hasta ha habido mamás que obligan a sus hijas a vivir con un blanco”, relata. La promesa suele ser una vida distinta, menos dura que la de las mujeres que crecieron entre el conuco, la pesca y el rallado de yuca. “Para que no sea como yo”, les dicen. En uno de esos casos, recuerda, una adolescente fue obligada a convivir con un hombre mayor. La joven gritó cuando fue violada. Su madre escuchó. Otros también. Nadie intervino. La encerraron y la obligaron a permanecer allí. Lo que hoy sería reconocido como un delito, durante años pudo confundirse con una decisión familiar, una salida económica o una práctica aceptada por la comunidad.
Ese tipo de situaciones ayuda a entender por qué las autoridades insisten en que la violencia sexual en Guainía no puede analizarse únicamente desde la perspectiva judicial. Según la Defensoría del Pueblo, durante décadas algunas formas de abuso estuvieron normalizadas en ciertos contextos comunitarios, en parte porque conceptos como “violación” o “maltrato” ni siquiera existían en varias lenguas indígenas. La transición hacia una comprensión distinta de los derechos de las niñas ha sido lenta y todavía enfrenta resistencias. En territorios donde el Estado llega con dificultad y donde las oportunidades económicas son escasas, la frontera entre la vulnerabilidad social y la vulneración de derechos suele ser dolorosamente delgada.
Hoy, sin embargo, las lideresas indígenas, los docentes y algunas autoridades comunitarias intentan romper ese silencio. Hablan de niñas que deberían estar estudiando y no criando hijos; de adolescentes que siguen siendo vistas como mujeres adultas antes de tiempo; y de madres que necesitan más información y acompañamiento para reconocer situaciones que antes parecían normales. La discusión ya no gira únicamente alrededor de castigar a los agresores, sino de transformar las condiciones que permiten que estas historias sigan ocurriendo.
Si las historias recogidas en las comunidades muestran cómo el silencio puede proteger a los agresores, los registros institucionales revelan otro dato inquietante: el lugar donde ocurren los abusos. De acuerdo con información entregada por la Comisaría de Familia de Inírida a Consonante, en todos los casos reportados entre 2022 y 2026, los hechos ocurrieron dentro de la vivienda familiar. Es decir, los riesgos para muchos niños, niñas y adolescentes no provienen necesariamente de extraños ni de lugares apartados, sino de los espacios que deberían ofrecerles cuidado y protección.
Entre 2022 y 2026, la Comisaría atendió 44 casos relacionados con violencia sexual y otras formas de vulneración que requirieron medidas de protección y restablecimiento de derechos. Las cifras muestran un incremento entre 2022 y 2023, cuando se pasó de 17 a 19 casos, antes de una disminución en los años posteriores. Sin embargo, los funcionarios advierten que estos registros no reflejan necesariamente una reducción de los hechos. Desde agosto de 2024, la Ley 2126 trasladó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la competencia principal para atender los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, por lo que una parte importante de las denuncias dejó de ser contabilizada por la Comisaría.
Detrás de cada expediente aparece una historia distinta, pero con elementos que se repiten. En tres de los casos fue necesaria la articulación con autoridades indígenas para activar las rutas de atención dentro de los resguardos. También se evidencia que muchas de las agresiones ocurren en entornos donde la víctima convive con sus agresores o con personas cercanas a ellos, una circunstancia que dificulta la denuncia y prolonga el silencio. No es casual que las instituciones insistan en la necesidad de fortalecer la prevención y la detección temprana: cuando el peligro habita dentro de la casa, pedir ayuda suele convertirse en el paso más difícil.
Ese escenario coincide con las preocupaciones expresadas por lideresas indígenas y docentes de la región. Muchas niñas dependen completamente de los adultos que las rodean para reconocer una agresión, denunciarla y acceder a protección.
La preocupación no termina en las comunidades ni en los despachos locales. Cuando las cifras llegan a las entidades nacionales, el panorama adquiere una dimensión aún más alarmante. Para la Procuraduría General de la Nación, las principales víctimas de violencia sexual en el país siguen siendo las mujeres y, dentro de ese grupo, las niñas y las adolescentes. En el caso de los hombres, la mayoría de las víctimas son niños. Detrás de esas estadísticas aparece una constante que se repite una y otra vez: los agresores suelen ser hombres adultos, familiares o personas cercanas al entorno de confianza de las víctimas, mientras que los lugares de mayor riesgo continúan siendo el hogar y los espacios destinados a su cuidado.
Guainía hace parte de un grupo de departamentos que preocupa especialmente a las autoridades. Junto con Amazonas, Vaupés y Guaviare, registra algunas de las tasas más altas de violencia sexual contra niñas y adolescentes por cada cien mil mujeres. Son territorios donde las enormes distancias geográficas, la limitada presencia institucional y las múltiples condiciones de vulnerabilidad crean escenarios propicios para que las agresiones permanezcan ocultas durante años. Allí, muchas veces, la violencia ocurre lejos de los reflectores y de los sistemas de protección que operan con mayor facilidad en las ciudades.
Las alertas también se concentran en el aumento de los delitos sexuales contra menores de edad, especialmente los relacionados con acceso carnal abusivo contra niños y niñas menores de 14 años.
Para las autoridades, este fenómeno refleja la insuficiencia de las medidas de prevención implementadas hasta ahora. Mientras las denuncias aumentan, la capacidad de respuesta del sistema judicial parece avanzar a un ritmo mucho más lento.
Ese es otro de los puntos que inquietan a la Procuraduría. La mayoría de los procesos continúan atrapados en etapas preliminares de investigación, con pocos capturados y un número reducido de sentencias. Entre la denuncia y la sanción existe un recorrido largo que muchas veces termina desgastando a las víctimas y sus familias. Por eso, el ente de control ha pedido medidas urgentes para fortalecer la judicialización de los agresores, mejorar los mecanismos de prevención y garantizar una atención oportuna y digna para quienes sobreviven a estas violencias.
“Anteriormente eso no lo sabíamos”, reconoce una lideresa indígena del pueblo Puinave, mientras reflexiona sobre los cambios que han vivido las comunidades en las últimas décadas. Recuerda que, tradicionalmente, una niña de 12 años podía conformar un hogar si así lo decidía y si las autoridades tradicionales validaban esa unión. Era una forma de entender el tránsito hacia la vida adulta en sociedades donde desde pequeños los niños aprendían a pescar, cultivar, cargar leña o sostener las labores familiares. Pero hoy, dice, muchas comunidades empiezan a mirar esa realidad de otra manera. “Una niña de 12 años es una bebé todavía”, afirma. La frase resume una transformación silenciosa que avanza entre reuniones comunitarias, capacitaciones institucionales y conversaciones que cuestionan prácticas que persistieron durante generaciones.
Sin embargo, ese cambio de mirada ocurre mientras la violencia sexual continúa golpeando con fuerza a la niñez y la adolescencia del departamento.
Los registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar muestran que los adolescentes entre los 12 y los 17 años concentran el mayor número de ingresos a Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (Pard) por violencia sexual.
Las cifras han permanecido altas durante todo el periodo comprendido entre 2022 y mayo de 2026, alcanzando su punto más elevado en 2024. Detrás de esos registros aparecen historias de niñas y adolescentes que, precisamente, se encuentran en esa frontera difusa entre la infancia y la adultez que hoy comienza a debatirse dentro de las comunidades.
La situación también revela que la violencia no distingue edades. Los expedientes del Icbf incluyen casos de niños y niñas en primera infancia, menores que apenas comienzan a descubrir el mundo y que ya han tenido que atravesar procesos de protección institucional. Al mismo tiempo, la población indígena continúa representando una proporción significativa de los casos atendidos, una realidad que refleja la convergencia de múltiples factores de vulnerabilidad: aislamiento geográfico, pobreza, limitada presencia estatal y profundas brechas en el acceso a información y mecanismos de protección.
El propio líder indígena identifica una de las principales dificultades. “No hay presencia del Estado en el territorio”, explica. Habla de comunidades donde las capacitaciones llegan de manera esporádica o simplemente no llegan, de autoridades locales que a menudo carecen de herramientas para actuar y de familias que continúan enfrentando solas situaciones complejas. En un departamento atravesado por ríos y selvas, donde algunas comunidades permanecen a varios días de viaje de la capital, la distancia no solo se mide en kilómetros. También se mide la brecha que existe entre los derechos reconocidos en el papel y las posibilidades reales de garantizarlos en los territorios más apartados.
Esa paradoja atraviesa buena parte de las conversaciones sobre violencia sexual en Guainía. Mientras las comunidades indígenas avanzan en un proceso de reflexión sobre la protección de la niñez y el significado mismo de la infancia, las cifras muestran que los riesgos siguen presentes.
Pero las historias de niñas obligadas a abandonar la infancia antes de tiempo no ocurren en el vacío. Forman parte de una realidad más amplia de violencia basada en género que atraviesa al Guainía y que se alimenta de múltiples factores sociales, económicos, culturales y territoriales. En un departamento marcado por el aislamiento geográfico y la débil presencia institucional en amplias zonas rurales, la violencia contra las mujeres suele permanecer oculta, muchas veces sin denunciarse y sin quedar registrada en las estadísticas oficiales. A ello se suma la presencia de grupos armados y actores generadores de violencia en las zonas de frontera y en distintos puntos del territorio, un contexto que incrementa los riesgos para mujeres, niñas y adolescentes.
Los indicadores reflejan la gravedad de esa situación. Guainía registra la tasa más alta del país de delitos sexuales contra mujeres, con 244,7 casos por cada 100.000 habitantes femeninas, y ocupa además el sexto lugar nacional en tasa de homicidios de mujeres.
Son cifras que revelan un patrón persistente de violencias que afecta de manera desproporcionada a las mujeres desde edades tempranas y que encuentra terreno fértil en contextos donde el acceso a la protección y la justicia continúa siendo limitado.
Las consecuencias también se reflejan en la maternidad temprana. El departamento tiene la segunda tasa global de fecundidad más alta de Colombia y lidera los índices nacionales de embarazo adolescente. Detrás de esos números aparecen historias similares a las que narran docentes, lideresas y autoridades indígenas: niñas que dejan la escuela para asumir responsabilidades de adultas, adolescentes que ingresan a uniones tempranas y comunidades donde todavía persisten prácticas que históricamente han naturalizado que una menor de edad conforme un hogar antes de alcanzar la madurez suficiente para decidir sobre su propio futuro. Las estadísticas muestran que incluso niñas entre los 10 y los 14 años ya aparecen registradas como casadas o unidas, mientras que casi una de cada cinco adolescentes entre los 15 y los 18 años vive una situación similar.
La vulnerabilidad se profundiza cuando se observan las condiciones de vida del territorio. El acceso a servicios de salud, atención especializada y cuidado infantil sigue siendo limitado para gran parte de la población, especialmente en las comunidades más apartadas. La esperanza de vida en Guainía se encuentra por debajo del promedio nacional y la cobertura de servicios de cuidado para la primera infancia es una de las más bajas del país. En ese contexto, la violencia sexual contra niñas y adolescentes deja de ser un fenómeno aislado para convertirse en una expresión de desigualdades más profundas que atraviesan la vida cotidiana de las mujeres desde la niñez.
* Hemos omitido nombres por seguridad de las fuentes
Mientras Colombia entra de nuevo en temporada electoral y comienzan a tomar fuerza las promesas de campaña rumbo a la Presidencia de 2026, en Leticia las conversaciones siguen girando alrededor de problemas que, según sus comunidades, llevan décadas sin resolverse. Vivienda, acceso a educación, oportunidades laborales para jóvenes, conectividad, seguridad alimentaria y presencia institucional continúan apareciendo como necesidades urgentes en la capital del Amazonas.
En paralelo, la Amazonía empieza a ocupar distintos lugares dentro de los planes de gobierno de quienes aspiran a la Presidencia. Sin embargo, el enfoque cambia de manera significativa según cada candidatura. En el programa de Abelardo De La Espriella, la región no aparece mencionada de manera específica, aunque sí está atravesada por su propuesta de seguridad nacional, centrada en la destrucción de cultivos de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución a capitales del narcotráfico y recuperación del control territorial frente a economías ilegales que afectan zonas amazónicas.
Por su parte, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo le dan a la Amazonía un papel explícito dentro de su agenda ambiental. Sus propuestas incluyen concentrar allí el 60 por ciento de la restauración de bosques del país, fortalecer esquemas de pago por servicios ambientales con comunidades locales y erradicar a los grupos ilegales que hoy ejercen control sobre once parques nacionales ubicados en territorio amazónico.
Finalmente, Iván Cepeda plantea una visión distinta: define la Amazonía como un santuario ecológico estratégico dentro del debate regional y global, y propone un Estatuto Especial para la Amazonía que rompa con el modelo extractivista basado en minería y petróleo. Su propuesta prioriza el reconocimiento de los pueblos indígenas como autoridades ambientales y de salud dentro de sus propios territorios, al tiempo que vincula la protección amazónica con debates sobre soberanía, paz regional y transformación del enfoque frente al narcotráfico.
Este explicador recoge las voces de mujeres y lideresas sociales, indígenas y comunitarias de Leticia para responder cuáles son hoy las principales problemáticas estructurales del territorio, qué esperan del próximo gobierno y por qué estas discusiones deberían hacer parte del debate nacional.
Aunque la Amazonía suele ocupar un lugar visible en la conversación pública cuando se habla de crisis climática, biodiversidad o deforestación, quienes habitan este territorio insisten en que hay otras urgencias que siguen quedando por fuera del centro del debate político. En esta ciudad fronteriza entre Colombia, Brasil y Perú, donde convergen dinámicas comerciales, ambientales y migratorias, las necesidades cotidianas adquieren otra dimensión: el costo de vida es más alto que en buena parte del país, gran parte de los alimentos llegan desde los países vecinos, la conectividad digital es limitada y la oferta laboral sigue siendo reducida.
Las lideresas consultadas para este explicador coinciden en que la Amazonía suele ser visible para los gobiernos nacionales cuando se habla de la selva, pero rara vez desde las condiciones sociales de quienes viven en ella.
Para varias de las líderesas entrevistadas, la respuesta apunta hacia un mismo lugar: la falta de oportunidades para jóvenes y familias. Esa ausencia se expresa en distintos niveles: barreras para acceder a educación, pocas posibilidades de empleo formal, dificultades para permanecer en el sistema educativo y escasas alternativas para construir proyectos de vida dentro del territorio.
Jaidy Andrade, lideresa social, defensora de derechos humanos y víctima del conflicto armado, señala que el abandono institucional ha dejado especialmente expuestos a los jóvenes.
“Las oportunidades existen, pero las barreras también. Es ahí donde hago el llamado al Gobierno nacional para que sea constante la vigilancia, el fortalecimiento y así tener una juventud empoderada”, dice.
Su preocupación se centra en la necesidad de que las políticas públicas de juventud tengan continuidad real en el territorio. Para Andrade, el deporte, la cultura y la participación comunitaria no son asuntos secundarios, sino herramientas concretas de prevención frente a dinámicas como el reclutamiento o la vinculación a economías ilegales.
“El deporte es una herramienta muy fundamental para poder hacer crecer en salud y conocimiento a nuestros jóvenes y evitar caminos no adecuados como los grupos al margen de la ley”, afirma.
La preocupación también se refleja en los datos. En 2023, el Amazonas registró la mayor caída de matrícula escolar del país, con una disminución del 7,1 por ciento, según cifras del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El dato coincide con alertas sobre deserción escolar y barreras persistentes para garantizar la permanencia educativa en el departamento.
Aunque en Colombia el 93 por ciento de estudiantes finaliza la primaria y el 72 por ciento termina la secundaria, en Amazonas solo el 64 por ciento logra completar este último ciclo. En zonas rurales la cifra baja al 52 por ciento.
También persiste una brecha en la edad escolar. La tasa de extraedad —es decir, estudiantes que cursan grados por encima de la edad esperada— alcanza el 20 por ciento en la zona urbana del Amazonas y el 28 por ciento en la rural. A nivel nacional el promedio es del 15 por ciento.
A esto se suma la distancia como una barrera estructural. En Amazonas, el 21 por ciento de menores en edad escolar no cursa primaria por la lejanía de los centros educativos; en secundaria, la cifra llega al 17 por ciento. En el resto del país esos porcentajes son significativamente menores: 8 por ciento y 5 por ciento respectivamente.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 29 por ciento de adolescentes de la Amazonía vive a más de cinco kilómetros de la escuela secundaria más cercana. La distancia promedio entre vivienda y colegio en la región es de 6,8 kilómetros.
Las cifras muestran que acceder a la educación sigue siendo un desafío territorial. Y aunque el Ministerio de Educación ha impulsado proyectos recientes de infraestructura escolar en Amazonas —como la construcción de la nueva sede de la Institución Educativa Francisco de Orellana en el resguardo de Macedonia, en zona rural de Leticia—, las comunidades señalan que persisten retos estructurales relacionados con cobertura, permanencia y acceso a educación superior.
De acuerdo con el Ministerio, entre 2023 y 2024 Amazonas registró 26 nuevos ingresos en primer curso en instituciones oficiales de educación superior. Aunque el dato muestra crecimiento frente a años anteriores, sigue evidenciando las brechas que enfrenta el departamento para ampliar el acceso universitario en comparación con otras regiones del país.
Las comunidades amazónicas reclaman empleo, sí, pero también las condiciones necesarias para estudiar, permanecer, graduarse y poder imaginar un futuro posible sin tener que salir del territorio.
Para varias de las lideresas consultadas, la crisis más inmediata está relacionada con la vivienda digna, la seguridad y la ausencia de oportunidades para sostener la vida cotidiana en la ciudad.
María Murallari y Susana López coinciden en que la vivienda es hoy una de las problemáticas más graves. Ambas señalan que el crecimiento poblacional, impulsado por el desplazamiento forzado y la llegada de familias víctimas desde distintos lugares del país, ha aumentado el hacinamiento y la expansión de asentamientos informales en zonas de humedal y de alto riesgo ambiental.
“Como víctima, la principal necesidad es la vivienda”, explica María. “La mayoría vivimos arrimados donde familiares o en asentamientos porque no tenemos dónde vivir. No es porque queramos ocupar humedales o zonas de riesgo, sino porque buscamos un lugar donde quedarnos”. Para ella, esta situación no solo profundiza la precariedad habitacional, sino que también genera impactos ambientales, tensiones sociales y escenarios de inseguridad derivados de la falta de oportunidades y acceso a derechos básicos.
A esta preocupación se suma la seguridad territorial. Aide Agga, lideresa indígena y víctima del conflicto, identifica como prioridad la protección de las comunidades frente a la presencia de grupos armados ilegales en el departamento. Según explica, estas estructuras generan intimidación sobre los pueblos indígenas, afectan su autonomía y limitan el desarrollo de prácticas culturales y comunitarias dentro del territorio. “Hoy por hoy los pueblos indígenas están sufriendo mucho por los grupos armados al margen de la ley que intimidan y no permiten el buen desarrollo de la cultura”, señala.
Las respuestas de las candidatas y candidatos presidenciales dialogan con estas preocupaciones desde perspectivas muy distintas.
Iván Cepeda ubica el problema en las desigualdades estructurales. Su propuesta parte de que la violencia y la inseguridad están directamente relacionadas con la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a derechos. Por eso plantea una “Revolución de los Territorios”, que entiende la seguridad no únicamente como presencia de Fuerza Pública, sino también como garantía efectiva de empleo digno, educación, vivienda, salud, agua potable y presencia integral del Estado.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo priorizan una respuesta centrada en el fortalecimiento de la seguridad y el control territorial. Sus propuestas incluyen erradicar a los grupos ilegales presentes en parques nacionales amazónicos, aumentar el pie de fuerza con nuevos militares y policías, fortalecer la vigilancia aérea y territorial mediante drones y ciberinteligencia, y avanzar en procesos de militarización estratégica en regiones consideradas de riesgo.
Abelardo de la Espriella, por su parte, enmarca el problema principalmente desde la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico. Su programa plantea que la principal amenaza para el país es la violencia criminal asociada a economías ilegales y propone enfrentarla mediante fumigación aérea, erradicación de cultivos ilícitos, persecución de capitales del narcotráfico y recuperación del control estatal del territorio.
Aunque las propuestas varían, las voces recogidas muestran que el debate local necesita llevarse más allá de la conservación ambiental o la seguridad entendida desde el orden público. Para muchas mujeres del territorio, el problema más urgente sigue siendo cómo garantizar condiciones básicas para vivir: tener una casa segura, acceder a oportunidades económicas y habitar el Amazonas sin miedo.
El abandono estatal en Leticia se expresa en la vida cotidiana a través de una combinación de precariedad en servicios básicos, déficit de vivienda, dificultades en salud y ausencia de oportunidades educativas y laborales. Para las mujeres y lideresas consultadas, no se trata de una ausencia abstracta del Estado, sino de un conjunto de fallas concretas que condicionan dónde y cómo viven, cómo estudian sus hijos y qué posibilidades tienen de construir proyectos de vida en el territorio.
Las entrevistadas describen un abandono que se refleja en múltiples dimensiones: salud deficiente, altos costos de vida, falta de vivienda digna y ausencia de infraestructura adecuada. La lideresa comunal María Murallari, quien también es representante de víctimas del conflicto armado, explica que muchas familias viven en condiciones de hacinamiento debido al alto costo de los arriendos y a la falta de programas de vivienda en la región.
“Aquí son muy costosos los arriendos, muy costosos. Y no hay programas de vivienda. La gente tiene que vivir arrimada en familia o confinada en apartamentos”, señala.
Murallari insiste en que este déficit habitacional ha llevado a que buena parte de la población desplazada termine en asentamientos improvisados, incluso en zonas de humedales o terrenos de alto riesgo. No se trata, dice, de una decisión voluntaria, sino de la ausencia de alternativas reales para acceder a vivienda.
La presidenta de una organización de víctimas en la Amazonía lo sintetiza así: “No es porque nosotros queramos, sino porque buscamos un lugar donde poder vivir”.
Esa presión sobre el suelo urbano no solo tiene efectos sociales, sino también ambientales. El crecimiento desordenado de Leticia ha impulsado la ocupación de zonas sensibles como humedales, lo que agrava los riesgos ecológicos en una ciudad atravesada por dinámicas fronterizas y de alta fragilidad ambiental.
A este panorama se suma la precariedad en educación y acceso a servicios para la juventud. Susana López, lideresa social, señala que el retiro de la oficina del Icetex en Leticia dejó a los jóvenes sin apoyo para financiar estudios superiores fuera del departamento, lo que limita sus opciones de formación.
“Salimos de un colegio de bachillerato y ya no sabemos qué hacer. Muchos jóvenes se quedan acá sin oportunidades”, advierte.
En su relato, la ausencia institucional no solo restringe el acceso a la educación, sino que también deja a los jóvenes expuestos a economías ilegales en una región fronteriza donde estas dinámicas hacen parte del entorno cotidiano.
Este conjunto de problemáticas —vivienda, salud, educación y oportunidades— ayuda a explicar por qué el abandono estatal se traduce en vulnerabilidad estructural. Existe una persistencia de condiciones que obligan a las comunidades a resolver por cuenta propia necesidades básicas como el techo, la atención médica o la continuidad educativa.
En contraste con estas realidades, el tema aparece en los planes de gobierno de manera desigual y con enfoques muy distintos sobre lo que significa gobernar en la Amazonía.
En propuestas como las de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, la región se integra principalmente desde una agenda ambiental y de control territorial: se plantea que el 60 por ciento de la restauración de bosques del país se concentre en la Amazonía y el Chocó biogeográfico, junto con la creación de “familias guardabosques” y pagos por servicios ambientales. También proponen fortalecer los parques nacionales, incluyendo la erradicación de grupos armados en áreas protegidas de la Amazonía, que según sus diagnósticos hoy tienen presencia en varios parques naturales.
Desde otra perspectiva, Abelardo De La Espriella no menciona directamente la región en términos de política territorial, pero su enfoque de seguridad nacional ubica a la Amazonía dentro de la lucha contra el narcotráfico y las economías ilegales. Su propuesta se centra en la erradicación de 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual y persecución de estructuras criminales, bajo la premisa de “recuperar el control del Estado” en todo el territorio.
Iván Cepeda, por su parte, plantea una lectura distinta, su programa enfatiza el reconocimiento de los pueblos indígenas como autoridades territoriales, ambientales y de salud, además de una transformación estructural del enfoque sobre economías ilegales, apostando por la sustitución y la cooperación internacional en lugar de la criminalización.
En el caso de la salud, la situación es descrita con crudeza. “La salud aquí es el camino hacia la muerte”, afirma la lideresa María Murallari, al referirse a la falta de atención oportuna y a las dificultades para acceder a servicios especializados. Según su testimonio, la ausencia de gestión efectiva ha tenido consecuencias graves, incluyendo muertes que pudieron evitarse con atención a tiempo.
La problemática se conecta con un sistema que no logra responder a las necesidades del territorio. En Colombia, según datos recientes del sector salud, se han registrado más de un millón de reclamos en un solo semestre y cientos de miles de tutelas por fallas en la atención. A esto se suman deudas hospitalarias acumuladas y barreras persistentes en el acceso a medicamentos, que afectan especialmente a regiones apartadas como la Amazonía.
Frente a este escenario, algunas propuestas de los planes de gobierno plantean soluciones desde distintos enfoques. Iván Cepeda propone fortalecer el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), reconociendo la medicina tradicional como parte del derecho fundamental a la salud y avanzando en su implementación efectiva en los territorios. Su enfoque también enfatiza la necesidad de que los decretos existentes se traduzcan en acciones reales y sostenidas en las comunidades.
Por su parte, la fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo plantea una intervención más centrada en la eficiencia del sistema de salud, con medidas como la atención 24/7 desde el nivel central, el uso de telemedicina mediante “hospitales padrinos”, la inyección de recursos para el pago de deudas del sistema y el fortalecimiento del suministro de medicamentos en zonas rurales.
En contraste, Abelardo De la Espriella propone una reforma orientada a la eficiencia administrativa del sistema, con énfasis en el control del gasto, la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la recuperación del flujo de recursos y el fortalecimiento de la red hospitalaria, junto con medidas de control anticorrupción y ajustes a la gestión de las EPS.
En este contexto, las lideresas insisten en que el problema no es únicamente la ausencia de servicios, sino la forma en que el Estado llega al territorio. La conectividad limitada, la falta de infraestructura adecuada y la escasa inversión en proyectos sostenibles refuerzan la sensación de aislamiento estructural.
En Leticia, el acceso de los jóvenes a educación superior y empleo está limitado por una combinación de barreras estructurales: la reducida oferta educativa, los altos costos para estudiar fuera del territorio, la falta de incentivos culturales y deportivos, y la ausencia de políticas sostenidas de acompañamiento a la juventud. Para las lideresas consultadas, estas condiciones restringen proyectos de vida y también amplían la vulnerabilidad frente a economías ilegales en un territorio fronterizo.
La falta de acceso a educación superior es una de las preocupaciones más repetidas. Aunque en la ciudad existen algunas instituciones, las lideresas consideran que la oferta sigue siendo insuficiente para la demanda local, especialmente para carreras profesionales o técnicas avanzadas. Susana López, lideresa social del barrio Centro, señala que muchos jóvenes terminan su bachillerato sin opciones claras para continuar estudiando.
“Los jóvenes salen del bachillerato y ya no saben qué hacer”, explica. “La oficina del ICETEX la retiraron de acá y ahora los estudiantes tienen problemas para acceder a subsidios o préstamos”.
A esto se suma el alto costo de estudiar fuera del departamento. Para muchas familias, enviar a un hijo a otra ciudad implica gastos de vivienda, transporte y manutención que no pueden cubrir, lo que termina limitando el acceso a universidades en el interior del país. En la práctica, esto profundiza la brecha entre jóvenes urbanos del centro del país y jóvenes de regiones periféricas como la Amazonía.
Las lideresas también señalan una ausencia de políticas locales que amplíen las oportunidades de formación y desarrollo. Para varias de ellas, la oferta institucional se concentra en el SENA como principal alternativa de educación técnica, mientras la educación superior universitaria sigue siendo limitada o inaccesible para buena parte de la población joven.
En paralelo, se identifica otra dimensión del problema: la falta de inversión en cultura, deporte y espacios de participación juvenil. Para las comunidades, estos escenarios no solo son recreativos, sino una herramienta de prevención frente a la violencia y el reclutamiento.
El abandono en estas áreas, advierten, deja vacíos que pueden ser ocupados por dinámicas ilegales. En una ciudad fronteriza como Leticia, donde circulan economías informales y rutas de contrabando, la falta de alternativas laborales y educativas incrementa la exposición de los jóvenes a estos circuitos.
“Sabemos que esto es un corredor de negocios ilícitos”, advierte una de las lideresas. “Muchas veces se les facilita irse para esos negocios porque no encuentran otras oportunidades”.
El problema no es exclusivo de la experiencia local. En los programas de gobierno analizados, la juventud aparece como un eje central, pero con enfoques distintos. Propuestas como las de Iván Cepeda plantean fortalecer la educación pública regional, en particular la Universidad de la Amazonía, como apuesta para evitar el reclutamiento juvenil y promover trayectorias científicas y productivas en el territorio. Su enfoque conecta la educación con la seguridad, bajo la idea de que ampliar oportunidades reduce la vulnerabilidad frente a actores armados.
Desde otra perspectiva, las fórmulas de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo proponen una estrategia de empleabilidad basada en la llamada “Ruta 3E” (Estudiar, Emplearse o Emprender), junto con subsidios al primer empleo juvenil para incentivar la contratación de jóvenes en el sector privado. Su enfoque se centra en la inserción rápida en el mercado laboral como mecanismo para cerrar brechas.
En contraste, propuestas como las de Abelardo de La Espriella plantean soluciones tecnológicas como una “universidad virtual en casa”, con el objetivo de superar las barreras geográficas mediante educación remota gratuita y conectividad. Esta visión parte de la idea de que la distancia territorial puede resolverse con plataformas digitales y formación virtual masiva.
Las lideresas indígenas y habitantes de Leticia coinciden en que la violencia asociada a economías ilegales sigue afectando de manera profunda la vida cotidiana en el Amazonas. Más allá del miedo directo, su presencia transforma las dinámicas sociales, culturales y económicas del territorio.
Aidé Agga, mujer indígena Murui desplazada por el conflicto armado, explica que los grupos armados continúan ejerciendo presión sobre las comunidades indígenas y limitando su autonomía. “Los pueblos indígenas hoy por hoy están sufriendo mucho con grupos armados al margen de la ley que no permiten el buen desarrollo de la cultura”, afirma.
En su relato, la violencia va más allá del control territorial e impacta la vida comunitaria en su conjunto. La intimidación, el reclutamiento y las restricciones a la movilidad afectan la transmisión de saberes, la organización comunitaria y la seguridad de las familias.
Para las lideresas consultadas, este contexto está estrechamente ligado a la falta de oportunidades económicas y sociales en la región. “Esta zona, por ser fronteriza, es un canal donde viene gente de todo el mundo”, explica Aga. “La falta de oportunidades y las necesidades crean también inseguridad”.
En ese mismo sentido, Marina Andrade, lideresa juvenil del Amazonas, advierte que las economías ilegales también están deteriorando el entorno natural. Señala que la minería ilegal ha generado impactos visibles sobre la fauna y la flora del territorio, profundizando la crisis ambiental en la región.
Desde la mirada comunitaria, estas problemáticas no pueden separarse de las respuestas estatales. Mientras las comunidades describen una vida atravesada por la incertidumbre, las propuestas de política pública para la región muestran enfoques distintos sobre cómo enfrentar estas dinámicas.
Algunos planes de gobierno, como el de Abelardo de la Espriella, priorizan una estrategia de seguridad centrada en el combate frontal a las economías ilegales, incluyendo la fumigación aérea de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la persecución penal a las redes del narcotráfico. En su visión, el control del territorio es una condición para recuperar la estabilidad institucional.
Por su parte, las fórmulas de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo proponen un enfoque de militarización estratégica de zonas protegidas, con el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en parques nacionales y el uso de tecnologías como drones e inteligencia artificial para la vigilancia territorial.
En contraste, Iván Cepeda plantea una transformación del enfoque de seguridad hacia lo social, proponiendo atacar las causas estructurales de la violencia mediante inversión en educación, empleo y presencia integral del Estado. Su propuesta incluye también el fortalecimiento de la economía popular y alternativas a las economías ilegales a través de la sustitución y la regulación de ciertos cultivos.
En medio de estas visiones, las comunidades de Leticia insisten en que la discusión no puede reducirse únicamente al control militar del territorio. Para ellas, la presencia de economías ilegales es también el reflejo de un Estado ausente en educación, salud, empleo y oportunidades para los jóvenes.
Las mujeres entrevistadas en Leticia coinciden en que el próximo gobierno no puede seguir mirando la Amazonía únicamente como un territorio ambiental o estratégico, sino como un lugar habitado por comunidades con necesidades sociales urgentes y acumuladas. En sus relatos aparecen de manera reiterada demandas por vivienda digna, acceso a educación, empleo, seguridad, conectividad y apoyo real a iniciativas comunitarias e indígenas.
Para la lideresa María Murallari, una de las principales urgencias es cambiar la forma en que el Estado invierte y ejecuta los recursos en el territorio. Su llamado apunta a que las asociaciones locales y las juntas de acción comunal puedan participar directamente en la ejecución de proyectos, en lugar de depender siempre de los mismos operadores externos.
“Que nos den la oportunidad a las asociaciones de ejecutar proyectos, porque tenemos la capacidad y tenemos la gente”, plantea. Su reclamo también está ligado a una crítica estructural: las exigencias de experiencia en la contratación pública excluyen a organizaciones comunitarias que, aunque tienen conocimiento del territorio, no cumplen con los requisitos formales del Estado.
En este punto, la propuesta del candidato Iván Cepeda es la única que recoge de forma explícita esta demanda. Su programa plantea modificar el marco normativo de la contratación estatal, incluida la Ley 80, para que las comunidades no sean solo ejecutoras marginales o espectadoras de las políticas públicas, sino actores centrales en la transformación de sus territorios. La apuesta, según su propuesta, es que las organizaciones sociales puedan liderar y ejecutar directamente proyectos con apoyo del Estado, en un modelo de desarrollo con mayor protagonismo comunitario.
Más allá de la contratación pública, las lideresas insisten en que el próximo presidente debe atender necesidades estructurales que atraviesan la vida cotidiana en la Amazonía. Entre ellas, la vivienda aparece como una de las más urgentes, debido al alto costo de los arriendos y a la falta de programas habitacionales en Leticia.
También señalan la necesidad de fortalecer el sistema educativo, ampliar la oferta de educación superior y garantizar alternativas para los jóvenes que hoy no encuentran opciones de formación o empleo en el territorio. En paralelo, reclaman inversión en deporte, cultura y programas juveniles que ayuden a construir proyectos de vida distintos a las economías ilegales.
En materia ambiental, las comunidades piden que la protección de la Amazonía se traduzca en apoyo directo a las prácticas locales de conservación. “Proteger la fauna y la flora que se viene deteriorando por la minería ilegal”, señala la lideresa Jaidy Andrade, al insistir en la necesidad de fortalecer los procesos liderados por las propias comunidades indígenas.
A estas demandas se suma la preocupación por la soberanía alimentaria. Para Susana López, la dependencia de alimentos provenientes de Brasil y Perú refleja la falta de apoyo a la producción local. “La gente no tiene esa cultura de cultivar”, advierte, al referirse a la pérdida de prácticas como las chagras y las huertas comunitarias.
Aunque los tres candidatos que repuntan en las encuestas de las elecciones presidenciales de 2026 tienen diseñadas acciones para las necesidades de las familias de la región Caribe, solo Iván Cepeda ha presentado una agenda detallada para La Guajira.
La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha planteado acciones conjuntas para el Caribe, entre ellas el control territorial por parte de grupos armados y delincuenciales, la conectividad vial de la región y combatir la corrupción. También ha sido enfática en que le apuesta a la reducción de la tarifa de energía para las comunidades de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Criticando la política del gobierno saliente, Valencia señala que el subsidio de kilovatios por hora para la Costa Caribe es insuficiente y propone aumentar esas ayudas económicas.
En ese plan, no menciona nada referente a transición energética y por el contrario ha expresado que con la reactivación de exploraciones de gas y fracking busca reducir los costos de la energía y el costo de vida en el Caribe destinando finalmente las regalías a estos territorios.
Su programa también incluye llevar agua potable a un millón más de hogares en el país y expandir el internet satelital en zonas marginadas. Además, para garantizar el desarrollo territorial, busca combatir la corrupción con el uso de tecnología, inteligencia artificial y blockchain para realizar trazabilidad de los recursos públicos.
Desde inicios de este año, Abelardo de la Espriella ha identificado su campaña en el departamento a través de dos eventos principales. El primero, durante el pasado mes de febrero, en el Día de la Virgen de los Remedios, patrona de La Guajira, donde el candidato participó en una eucaristía en la catedral de Riohacha.
A finales de abril, De la Espriella buscó el respaldo de los líderes del pueblo Wayuú. Allí se comprometió a respetar su autonomía y luego desde una tarima en Riohacha señaló que uno de los asuntos por los que trabajará en el departamento es la seguridad, a través del fortalecimiento de la fuerza pública e implementando tecnología para vigilar la frontera. También apuntó a trabajar en la salud y el acceso al agua.
“De esa gran nación a la que yo quiero llevar a Colombia de una buena vez, que es la ‘patria milagro’, el pueblo Wayuú y La Guajira es determinante, por eso voy a apoyar todo lo que tenga que ver con La Guajira porque (...) es un territorio mágico, lleno de posibilidades para el país, lleno de posibilidades para la economía y con una posibilidad minera y turística que no podemos desconocer”, dijo De la Espriella en uno de estos mítines.
También, ha puesto el costo de la energía como un asunto prioritario para el Caribe. Para eso, propone mejorar las redes físicas y revisar los costos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, buscando que el sector energético se comprometa a bajar las tarifas de forma sostenible. Además, pretende que se masifique la instalación de techos solares.
A inicios de marzo, Iván Cepeda realizó un mitin político en Riohacha, donde prometió que de llegar al poder tenía 10 acciones proyectadas para mejorar la calidad de vida de las familias de La Guajira.
Esas propuestas abordan el acceso a agua potable mediante la construcción o mantenimiento de acueductos comunitarios, molinos, jagüeyes y plantas desalinizadoras; el fortalecimiento de vías terciarias para facilitar la comercialización de productos agropecuarios; proyectos de energía limpia a través de la producción eólica y solar; acceso a electricidad para comunidades rurales; más oportunidades de educación e inclusión de los sistemas de conocimiento de comunidades indígenas; y el fortalecimiento del sistema de salud.
“Vamos a hacer que la reconversión de las energías tradicionales a las energías limpias no signifique desempleo para los trabajadores que hoy están en la explotación de la minería”, señaló Cepeda. También prometió encaminar las regalías para que efectivamente beneficie a las familias del municipio y luchar contra la corrupción: “que se tengan los corruptos de La Guajira porque vamos por ellos”, dijo.
En diferentes espacios, los candidatos se han referido al escándalo de corrupción del actual gobierno relacionado con el sobrecosto de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y direccionamiento de contratos en el Congreso, señalando que deben ser investigados. Valencia se ha referido al caso para criticar al gobierno de Petro y De la Espriella, señala que estos hechos demuestran “una red de corrupción generalizada” dentro del actual gobierno.
“Nos duele y avergüenza que nuestro propio gobierno, como lo ha dicho el presidente Petro, haya ocurrido hechos como los que involucran al señor Olmedo López y algunos otros funcionarios, ellos se robaron el bien más preciado para las comunidades en este territorio: el agua potable (...). Ojalá lo juzguen y contra él caiga todo el peso de la ley”, dijo Cepeda en su presentación.
A pocos días de volver a las urnas, Consonante conversó con líderes y lideresas de San Juan del Cesar y Fonseca para conocer las necesidades de las familias de ambos municipios y su llamado a quien ocupe por cuatro años la presidencia del país.
En ambos municipios coincidieron en que las principales necesidades del territorio se relacionan con acceso al agua, la seguridad, soluciones de salud, protección ambiental, infraestructura rural y oportunidades para las comunidades campesinas, para muchos de sus habitantes estas soluciones no solo dependen de promesa de campaña sino de una mayor presencia institucional y de proyectos que se realicen conforme a la realidad de los municipios. Esperan que el candidato electo gobierne con el territorio y no sobre él.
Abastecer de agua potable a San Juan del César y Fonseca sigue siendo una de las principales preocupaciones para comunidades rurales y urbanas de ambos municipios. Las alcaldías se han planteado implementar los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (Pomcas), adquirir predios para la protección de los recursos hídricos o cuidar y delimitar las cuencas hídricas, pero esas acciones han sido lentas y las soluciones de infraestructura de acueductos siguen en deuda.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de los municipios plantea iniciativas que se relacionan con la construcción de acueductos veredales, alcantarillado y saneamiento básico rural, reconociendo que en los distintos sectores del territorio esta problemática de infraestructura siempre ha estado presente.
En la vereda Paloquemao Comodín del municipio de San Juan, el líder comunal Yoban García señala que la comunidad enfrenta problemas para abastecerse de agua ya que el río donde captan el suministro cambia de cauce y mientras esperan respuestas institucionales los habitantes recurren a mecanismos manuales: para llevar agua hasta la tubería que alimenta el desalinador llenan sacos y bolsas de arena para desviar el agua del río.
Estas dificultades también se presentan en la zona urbana del municipio. Luz Elina Mejía, lideresa y madre cuidadora de su hijo con discapacidad, asegura que para poder abastecerse de agua debe esperar a la madrugada, pues las turbinas en viviendas cercanas reducen la presión del agua que llega a su casa. Esto mismo lo viven más familias de otros sectores. “Hacer esto en ese horario es riesgoso, una vez en el patio de mi casa, mientras recogía agua, me atracaron”, cuenta.
En la memoria colectiva del sur del departamento sigue viva la promesa de la represa de El Cercado, un megaproyecto sobre el río Ranchería que prometía calmar la sed de nueve municipios en La Guajira, pero a pesar de que pronto culminará el cuarto gobierno desde la entrega de la primera fase del proyecto, este sigue paralizado. Para varios líderes, el próximo gobierno debe tener como prioridad presidencial el agua para la gente, debido a las altas temperaturas y al impacto ambiental que azota al departamento, como el fenómeno del niño, que se siente fuertemente en el municipio.
Nelson Álvarez, comerciante de Fonseca, piensa que el próximo gobierno tiene que tener como tema prioritario el funcionamiento de la represa, lo que además activaría los distritos de riego que beneficiarían a más de 18.000 hectáreas de producción agrícola.
En la zona rural Rosa Rodríguez, líder indígena y firmante de paz, insiste en que el agua debe ser un tema central para cumplir las expectativas del pueblo de Conejo y la comunidad de firmantes de paz. En el corregimiento esperan desde hace 10 años un acueducto que los beneficie, tanto al pueblo como al proyecto de vivienda de firmantes que se adelante cerca del casco urbano.
La preocupación de Rodríguez es que pronto se anexarán 13 viviendas nuevas —de las 200 que tiene el proyecto— al corregimiento de Conejo y este aún no tiene un acueducto que lo beneficie, a pesar de las gestiones conjuntas que han tenido los líderes comunitarios de ambos sectores. “El territorio es muy pequeño y se vuelve más vulnerable, porque llegamos a 200 y pico de personas, tenemos una necesidad común que es con el acueducto y el saneamiento básico en la comunidad de Conejo”, dice.
Las administraciones locales han buscado recursos en diferentes bolsas del nivel nacional para proyectos de agua y alcantarillado; sin embargo, los líderes esperan que los proyectos vengan desde el nivel nacional, direccionados al departamento, sin largos trámites y requisitos, pero con el seguimiento y control del nuevo gobierno.
El histórico debate sobre la seguridad en el territorio se ha convertido también en una de las peticiones principales de las comunidades, marcadas por las secuelas de la violencia. Álvaro Guevara, campesino de la vereda Las Bendiciones, situada en la Serranía del Perijá en Fonseca, recuerda que la guerra no solo ha dejado dolor y una profunda desigualdad, sino que también ha frenado el progreso de sus comunidades.
Iván Siosi, presidente de la asociación de Juntas de Acción Comunal de la zona rural indica que la inseguridad se ha convertido en una preocupación que crece para las comunidades del municipio, señala que el temor está afectando a sectores rurales como urbanos, ha comenzado a impactar la tranquilidad, la economía, y la salud mental de muchas familias. La desconfianza y el miedo, además, están rompiendo la relación y confianza entre las comunidades.
Cielo Cataño Mendoza, víctima del conflicto en San Juan, coincide en que las oportunidades de desarrollo del municipio se están viendo impactadas por los hechos de violencia, en especial, para el sector del turismo, con una menor llegada de visitantes.
Las autoridades municipales han advertido sobre el aumento de robos y atracos en los espacios públicos; también están en alerta por los altos índices de extorsiones y el aumento de asesinatos selectivos. Desde finales del año pasado, la situación mostraba cómo se deterioraba la seguridad: cerrando el 2025 con 236 asesinatos, según el Ministerio de Defensa. Para prevenir estos hechos violentos, la administración municipal de San Juan y Fonseca implantó restricciones del hombre parrillero en motocicleta, pero la seguridad pende de un hilo.
Los eventos de violencia golpearon fuertemente en la ruralidad de Fonseca entre 2007 y 2015, en ese tiempo los habitantes de las veredas de la sierra se desplazaron por toda la Guajira, hoy en día las veredas están habitadas pero sin garantías ni reparación de lo que perdieron: sus escuelas y puestos de salud son solo estructuras abandonadas. “La vereda de las Bendiciones tiene un colegio que hicieron hace como muchos años y eso quedó abandonado cuando el desplazamiento” dice.
La violencia ha marcado de forma recurrente los territorios por donde se mueve Rosa Rodríguez, lideresa del pueblo Wiwa. Los desplazamientos forzados han obligado a las familias indígenas a migrar fuera de su territorio, lo que ha generado una pérdida progresiva de elementos de identidad. “Uno va perdiendo el uso del habla de la lengua materna porque cuando ya eres excluido de tu territorio por las violencias que se están viviendo, te obliga a tener que adaptarte a un entorno diferente al tuyo”, dice. A pesar de ser víctimas de la violencia, el Estado les ha incumplido con espacios para recibir su sistema de educación propia.
Otra de las preocupaciones de los líderes comunitarios de San Juan del Cesar es el deterioro ambiental del río Cesar, a pesar de que hace parte de la vida cultural, económica y ambiental del municipio, habitantes y organizaciones ambientales advierten sobre el impacto de la contaminación, la deforestación y la extracción de materiales sobre el ecosistema.
Documentos de entidades municipales identifican la importancia ambiental de áreas que se deben conservar y preservar como las fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos que se asocian a la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía del Perijá, el diagnóstico territorial también identifica zonas de restauración que deben protegerse como el bosque seco tropical que es uno de los ecosistemas más amenazados del país.
Fredy Cujia, líder ambiental del municipio, asegura que “el río César se está muriendo”. Una de sus principales preocupaciones es que el río se ha convertido en un botadero de basura y enfrenta labores de deforestación y extracción de arena y material de construcción. Reconoce que muchas familias encuentran una fuente de ingresos en esta labor, pero advierte que eso tiene un impacto muy negativo sobre el afluente.
Consonante abordó este asunto en un reportaje posterior y encontró una deuda de las autoridades regionales por determinar los espacios para estas labores y ofrecer oportunidades para las familias que dependen de la actividad.
Mejia, desde San Juan, se queja del acceso a los medicamentos esenciales de control para los pacientes que dependen de ellos. Comenta que en varias ocasiones las fórmulas médicas de su hijo se las han entregado incompletas y algunos medicamentos quedan pendientes, tardando meses en llegar incluso después de que las órdenes ya han vencido.
A pesar de que las comunidades afro en La Guajira han sido reconocidas por el Ministerio del Interior y el gobierno Petro, los resultados son mínimos en materia de inversión social y la tenencia de tierras. Las comunidades afro han acentuado su lucha en el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la exigencia de reparación por impactos mineros y la garantía de consulta previa frente a decisiones estatales que afectan su arraigo cultural y sus derechos históricos.
Ana Ludis García Ariza, líderesa del consejo comunitario José Antonio Manjarrez, considera que el acceso a tierras es el principal obstáculo para salir de la pobreza, en un municipio que es mayormente agropecuario. Explica que en los asentamientos afro, cuentan apenas con espacios para vivir, pero sin terrenos suficientes para sembrar.
“No podemos participar de los proyectos productivos cuando llegan al territorio, lo primero que piden es la tenencia de la tierra y si no la tenemos, no podemos participar”, dice. Además, explica que la falta de tierra también causa desplazamiento de jóvenes, pues estos salen de su territorio en busca de oportunidades.
Sumando a esto, reclaman la construcción urgente de vías terciarias para sacar a los campesinos del aislamiento e impulsar la producción agrícola.
A pesar de que las necesidades relacionadas con servicios básicos, infraestructura, ambiente y seguridad han sido identificadas en diferentes administraciones y en documentos de planeación, los líderes comunitarios ven que muchas de esas problemáticas continúan afectando la vida en las comunidades; para muchos de sus habitantes hay una sensación de abandono y de promesas que se repiten, sin una solución concreta.
De igual manera, no ven un cambio en sus condiciones de vida, aunque los planes y estrategias de las Alcaldías plantean iniciativas que se relacionan con saneamiento básico, fortalecimiento ambiental y conectividad rural y seguridad.
Según el líder comunitario de Paloquemao en San Juan, solo durante las campañas políticas es que se escuchan las promesas de mejorar las vías, la infraestructura, y se escuchan sobre proyectos que beneficien a las comunidades, pero muchas veces esas soluciones no llegan después de las elecciones, mientras tanto, las comunidades se mantienen a la espera de una respuesta institucional, que puede llegar tarde o no se concrete.
Esta situación también influye en que muchos jóvenes abandonen las zonas rurales, en busca de oportunidades laborales fuera del municipio. Líderes comunitarios consideran que la falta de inversión para el desarrollo agrícola y de garantías de seguridad debilita la permanencia de las nuevas generaciones en sus territorios.
Jana Valentina Arena Pérez, personera y estudiante del grado 11 de la Institución Técnica María Inmaculada de Fonseca, siente que en el municipio hacen falta espacios seguros donde pueda formarse, crecer y proyectar sus sueños sin tener que irse; además, considera que este tipo de inversión construye paz en el territorio.
Sueña con tener espacios reales en su municipio, piensa que el próximo presidente debe entender que este territorio no solo necesita inversión social y económica, sino también inversión cultural y deportiva, donde un joven pueda decir: “quiero aprender música, bailar, tocar un instrumento o practicar un deporte”.
San Vicente del Caguán, uno de los municipios colombianos con mayor número de veredas —cerca de 300— y una vasta extensión territorial, ha desarrollado una acción comunal adaptada a su realidad única. Su funcionamiento ocurre desde una lógica descentralizada, priorizando la gestión y la articulación a nivel local, más que la dependencia del ámbito departamental. Esta autonomía otorga a las comunidades locales mayor poder de decisión sobre las tensiones y gestiones del territorio.
Según el tamaño de la Junta de Acción Comunal (JAC), la elección de su junta directiva puede realizarse de dos maneras: mediante planchas o en asamblea, a través de postulaciones individuales y votación directa. En las JAC con más de 80 afiliados suelen presentarse dos o hasta tres planchas, es decir, grupos de personas que se postulan conjuntamente a los distintos cargos de la Junta, con una visión y propuestas comunes para trabajar de manera articulada durante el periodo de gestión.
Estas planchas se organizan en comités o bloques. El primero corresponde a los cargos directivos (presidente, vicepresidente, secretario y tesorero); el segundo incluye al fiscal y su suplente; el tercero está conformado por la comisión de convivencia y conciliación, integrada por tres personas; el cuarto por la comisión de trabajo, con ocho integrantes; y el quinto por la comisión de salud, con tres miembros. Sin embargo, cada comunidad puede adaptar esta estructura de acuerdo con sus necesidades y dinámicas organizativas.
Aníbal Castro, quien hizo parte de la directiva de la vereda durante más de dos periodos consecutivos, decidió esta vez ceder la representación a un líder joven. Según cuenta, las formaciones y capacitaciones impulsadas en la comunidad ayudaron a generar mayor conciencia sobre la importancia de la participación colectiva. Como resultado, la elección no se realizó por planchas, como había ocurrido en años anteriores, sino mediante postulaciones voluntarias y decisión individual.
Con 96 asociados, el proceso transcurrió sin debates ni tensiones. Para Castro, esto demuestra la madurez organizativa alcanzada por la comunidad.
“Las decisiones de la asamblea se respetan porque las Juntas de Acción Comunal construyen una visión de futuro desde la convivencia, la resolución de conflictos, la gestión y el desarrollo de la región. Los líderes están enfocados en mejorar cada vez más, y por eso se construyen planes de desarrollo para el cuatrienio, así como planes anuales. Ahí radica su importancia”, afirma.
A pesar de los avances, Castro reconoce que la participación, especialmente la de las mujeres, sigue siendo uno de los principales desafíos. Aunque la ley establece que las planchas o designaciones deben contar con al menos un 30 por ciento de representación femenina, alcanzar ese porcentaje sigue siendo complejo por barreras persistentes.
Entre las principales dificultades señala los roles de género arraigados, el machismo, la falta de apoyo y formación, la escasa confianza para asumir liderazgos y los riesgos asociados al señalamiento y a la instrumentalización de los liderazgos comunitarios por parte de grupos armados ilegales. “Hay una complejidad muy grande que no permite que las mujeres surjan. Hay mujeres con un liderazgo muy valioso, pero no pueden dar ese paso”, afirma.
En ese diagnóstico coincide Nancy Ávila Ramos, de 57 años, elegida recientemente como presidenta de la vereda Mirolindo, en la inspección de Guayabal, una comunidad que cuenta con 56 afiliados.
Su primera condición para aceptar el cargo fue que más mujeres la acompañaran en ese espacio de participación. Así logró que una joven de la vereda asumiera la Secretaría de la Junta.
“Creo que debemos empoderarnos, pero he visto y entiendo que participar es cada vez más difícil. Nadie quiere asumir estos cargos. Ahora exigen nuevos requisitos, como tener buen relacionamiento con las instituciones para poder gestionar”, dice Ávila.
“Nosotros estábamos acostumbrados a que nos eligieran, firmábamos y ya. Empezábamos a representar a la vereda, sobre todo en temas de convivencia, pero no a salir a gestionar o asumir una representación más amplia. Ahora toca buscar hasta al suplente del suplente, y aun así la gente ya no alcanza para tanto”, agrega.
Algunos cargos, como la Tesorería y el comité de carreteras, implican una alta carga de responsabilidad. Quienes los asumen administran recursos, deben rendir cuentas y, en el caso de las obras comunitarias, acompañan al operador de maquinaria para llevar el registro de las horas trabajadas y definir los pagos correspondientes. También participan en decisiones relacionadas con la imposición de multas y los montos que deben asumir los afiliados.
A estas responsabilidades se suma un factor de seguridad. Ser la cara visible de la vereda implica que las directivas deban relacionarse con actores armados presentes en el territorio, atender citaciones y sostener una articulación que, en la práctica, resulta obligatoria. Esto genera presiones adicionales para quienes aceptan estos liderazgos.
A pesar de esas dificultades, las Juntas de Acción Comunal terminan asumiendo, en muchos casos, funciones que corresponderían al gobierno territorial: priorizan necesidades, impulsan proyectos y promueven transformaciones concretas en sus comunidades.
Edilma Cruz es lideresa social y comunal y, además, se desempeña como formadora de formadores del Ministerio del Interior en temas relacionados con las Juntas de Acción Comunal. En el reciente proceso electoral fue reelegida por segunda vez en el barrio Villa Falla.
“Fue un proceso de elección relativamente sencillo. Como no hubo muchas postulaciones, éramos pocos para elegir y prácticamente fue una decisión unánime entre los 47 afiliados. Todos sabemos que es una carga grande, pero con el respaldo de la comunidad no se siente tanto”, comenta.
El trabajo de formación desarrollado durante varios meses dejó en evidencia la necesidad de fortalecer a las cerca de 400 JAC existentes en el municipio: algunas están al borde de la desaparición y otras enfrentan riesgos de fragmentación interna.
Según Cruz, durante este proceso también quedó claro que los cambios normativos y de formatos implementados hace cuatro años generaron desorientación entre las comunidades. “La modificación de las leyes y de los formatos confundió a mucha gente e impidió que los cambios se aplicaran correctamente”, afirma.
Las elecciones de las Juntas de Acción Comunal no son un proceso improvisado. Están reguladas por la Ley 743 de 2002, norma que durante años definió la forma en que estas estructuras de gobierno comunitario se organizan, funcionan y eligen a sus representantes en Colombia. Sin embargo, su enfoque planteaba una participación general, sin incorporar con claridad perspectivas diferenciales o mecanismos específicos para promover una representación más diversa.
Con ese vacío en mente, en 2021 el Congreso aprobó la Ley 2166, una actualización normativa que buscó fortalecer la participación, modernizar el funcionamiento de las JAC y responder a nuevas dinámicas sociales en los territorios. Entre sus principales apuestas estuvo promover la inclusión de mujeres, jóvenes y poblaciones diversas en los espacios de decisión.
La norma también buscó robustecer la estructura interna de estas organizaciones para ampliar su capacidad de gestión y autonomía frente al desarrollo local, establecer mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y reconocer el liderazgo comunal como un actor clave en la construcción de territorio y paz.
Pero entre lo que plantea la ley y lo que ocurre en las comunidades persiste una brecha. En su recorrido territorial, Edilma Cruz asegura no haber evidenciado el fortalecimiento que se proyectó desde el papel. Aunque se esperaba una mayor presencia de mujeres en cargos directivos y una participación juvenil más activa, sostiene que esa incidencia sigue siendo mínima.
“La Ley 2166 es clara en el tema del relevo generacional con un proyecto denominado Comunalitos, que busca empezar a formar a niños y niñas en la acción comunal. Aunque en otros departamentos esto está más avanzado, aquí todavía hay un gran desconocimiento sobre esa apuesta”, agrega Cruz.
En San Vicente del Caguán, la jornada de elección transcurrió en completa normalidad. Aunque la participación es visible, no todos están presentes. Los jóvenes aparecen poco en las reuniones, mientras que los adultos mayores siguen siendo los más constantes. Las mujeres, por su parte, participan activamente, aunque no siempre en los cargos principales.
Más allá de la elección, lo que está en juego es la capacidad de gestión del territorio. Las personas elegidas en cada Junta deben responder a necesidades urgentes que además son problemas estructurales y recurrentes: vías en mal estado, acceso a servicios básicos y proyectos productivos que no despegan.
La elección comunal trasciende el voto, pues define la capacidad de gestionar el territorio. Las juntas directivas electas deberán afrontar necesidades cruciales como el mal estado de las vías, el acceso limitado a servicios básicos y la reactivación de proyectos productivos estancados. Actividades que deben gestionarse en el nuevo período que va entre el 1 de julio de 2026 y 2030.
En este contexto, no hay grandes actos ni celebraciones, sino la convicción de que lo comunitario sigue siendo el pilar de lo público. Aunque las decisiones de alto nivel se toman lejos, la verdadera disputa sobre la forma de vivir en comunidad se libra aquí, en la escuela, en la caseta y en las conversaciones cotidianas.
En San Vicente del Caguán las distancias se miden por el tiempo que toma llegar de un lugar a otro. No importa cuántos kilómetros haya de por medio, importa la trocha, el estado de la vía, si llovió la noche anterior. Importa cuánto tarda un bus en abrirse paso entre el barro para conectar las veredas con el casco urbano. Aquí, el transporte rural se convirtió hace tiempo en el hilo que mantiene unido al campo con el pueblo.
Con una extensión oficial de 22.005 kilómetros cuadrados, San Vicente del Caguán es el segundo municipio más grande del departamento. Aunque durante años se le ha asociado con un territorio aún mayor, marcado por disputas limítrofes que siguen sin resolverse.
Su gran amplitud geográfica genera serios desafíos de conectividad entre la zona urbana y rural. En este contexto, el transporte es una necesidad vital. De él depende el acceso a medicamentos, alimentos, recursos económicos, documentos y herramientas de trabajo. Pero también la posibilidad de mantener los vínculos familiares a la distancia.
María del Carmen Osorio, de 64 años, ha vivido toda su vida en la vereda El Guásimo. Recuerda que durante su infancia y juventud todo lo que entraba o salía de la finca viajaba a lomo de mula o de caballo. Para vender cerdos, cabras o maíz había que caminar durante días hasta el pueblo, cargando la mayor cantidad posible y regresando con provisiones para la casa.
La tarea se la turnaban entre sus diez hermanos y, cuando se podía, la hacían cada cuarenta días. Era una rutina exigente, casi una forma de calendario. Una escena que se repetía en muchas familias de la ruralidad, donde moverse era una faena que consumía tiempo, fuerza y paciencia.
“Nosotros por acá no teníamos ningún transporte con motor, solo animales de trabajo. A mis papás les tocó duro fundar la finca, pero logramos mantenernos con lo necesario. Y así fue con mis hijos hasta que empezamos a tener vías para motos y carros. Quedaban embarrados hasta las orejas, pero andaban”, recuerda.
Con el tiempo, y a punta de trabajo comunitario, empezaron a abrirse los caminos veredales. Primero llegaron las motocicletas; después, los primeros vehículos. La movilidad empezó a cambiar en el territorio y los trayectos que antes tomaban días comenzaron a reducirse.
Pero pronto su función fue más allá de transportar pasajeros. Esos carros se convirtieron en la forma de sacar las cosechas, llevar animales, mover mercado, medicinas, materiales de construcción. También hicieron posible algo más simple, pero igual de importante: llegar al pueblo y volver el mismo día.
“Esos vehículos podían salir con solo tres pasajeros, pero iban llenos de remesas, insumos agrícolas, herramientas y materiales de construcción”, cuenta Osorio.
Ahí comenzó a consolidarse una práctica que hoy define la vida rural: el transporte de encargos.
Miguel González, transportador con más de 35 años de experiencia, fue testigo de ese cambio. En sus inicios utilizaba un vehículo familiar para transportar queso salado, en una época en la que la leche líquida aún no se comercializaba.
Con el aumento de la demanda, decidió cambiar su carro por una camioneta de estacas, que le permitía recorrer más de treinta veredas. “Las familias me decían: cuando vuelva, me trae papa, café, un bulto de sal. Yo compraba todo porque me sentía parte de esas familias, como cuando uno hace mandados de niño”, relata.
Durante varios años, esta forma de trabajo funcionó bajo una lógica de cooperación y competencia. Los riesgos estaban más asociados a las condiciones de las vías, el desgaste de los vehículos y la dificultad para conseguir repuestos que a problemas de seguridad.
Pero esa dinámica empezó a transformarse a inicios de los años noventa. En 1991 llegó al municipio la Cootranscaguán, la primera empresa local que buscó organizar el servicio de transporte público en la región. Su operación inició con una ruta corta hacia la vereda Campo Hermoso y, con el tiempo, se fue expandiendo hacia otras zonas rurales.
“Los primeros carros que trajo la empresa eran los ‘guaces’, unos vehículos trocheros muy resistentes”, recuerda González.
La cooperativa marcó un antes y un después, aportando una mejor estructura al servicio, más estabilidad laboral y avances en la seguridad social y protección tanto para los pasajeros como para los vehículos. A pesar de estos beneficios, la transición fue compleja. Por mucho tiempo, coexistieron tensiones y conflictos, ya que el nuevo modelo empresarial competía con los conductores que operaban de forma independiente por el dominio del servicio.
A pesar de estos cambios y conflictos, una característica esencial del servicio se mantuvo inalterable: la entrega de encargos. González concluye que: “Lo único que no cambió, ni cambiará, es el servicio de encargos. Hoy el campesino tiene una gran ventaja: ya no necesita bajar al pueblo para hacer sus compras. Todo le llega hasta la finca, o al menos hasta un punto cercano”.
Sin embargo, no todas las experiencias alrededor de este servicio son positivas. Con el paso del tiempo, el crecimiento de la demanda y las condiciones del territorio, también han surgido tensiones en torno a los costos y la forma en que se presta el servicio. Para quienes dependen del transporte no solo para abastecerse, sino también para sostener su economía, estas variaciones pueden representar un reto constante.
Victor Julio Gutiérrez Escobar, de 77 años, ha dedicado gran parte de su vida al servicio de transporte en el municipio. Inicialmente, durante tres décadas, su labor consistió en transportar mercancías de almacenes y equipaje de pasajeros que llegaban en bus desde la ciudad utilizando una -zorra de mano-.
Con la aparición de los motocarros, Victor Julio tuvo que cambiar su forma de sustento. Actualmente, se dedica a la venta ambulante de frutas y verduras a domicilio. Para ello, utiliza una carretilla para movilizar insumos agrícolas como banano, plátano, mandarinas y otros productos que se cosechan en las veredas cercanas al casco urbano.
“Uno tiene que pagar lo que el conductor diga. A veces depende del peso, otras de la confianza o de cómo esté la situación. Pero no hay un precio fijo. Eso a uno lo afecta porque ya no sabe cuánto le va a quedar de ganancia”, explica Escobar. Y hace cuentas desde la experiencia: “Antes yo pagaba diez mil pesos por bulto. Ahora me ha tocado pagar hasta quince mil, que todavía podría ser justo. Pero ya cobrar veinte mil es una exageración. A veces siento que abusan de la gente”.
Aunque reconoce que, en general, el servicio funciona bien y destaca la amabilidad y responsabilidad de varios conductores, que buscan cumplir los tiempos y aprovechar al máximo el espacio de las camionetas, también señala que no todos tienen la misma disposición con quienes usan el servicio.
“Yo me he dado cuenta de que cuando alguien reclama, sobre todo por el precio, algunos se alteran muy feo. Por eso uno ve que van cambiando los conductores. Y eso pasa en toda empresa”, cuenta. Dice que, aunque son casos puntuales, esas reacciones terminan afectando a quienes dependen de este transporte para sacar sus productos y no siempre tienen margen para discutir las condiciones del viaje.
En esto coincide Luciano Caraballo Cortés, expresidente de la Junta de Acción Comunal e integrante del comité de salud en la vereda La Cristalina del Losada, a setenta y cinco kilómetros (dos horas) del casco urbano. Para todos los habitantes de la vereda, "la línea" es fundamental, ya que facilita el envío y la recepción de diversos elementos, una labor que, por su rutina diaria, pasa casi inadvertida, pero que también ha generado inconformidades.
“He tenido inconvenientes con algunos conductores por el cobro al enviar o recibir diferentes cosas. En una ocasión por enviar mi cédula para cobrar el subsidio del gas, me cobró casi como un bulto de 50 kilos. Así mismo me trajo unas gotas para los ojos y valió más el transporte que el producto. En esos casos la opción está entre pagar o no usar el servicio”, comentá.
Su caso refleja una realidad compartida por varios usuarios: aunque el servicio sigue siendo indispensable, la falta de regulación clara en el cobro de encargos genera incertidumbre económica, especialmente para quienes dependen de estos traslados como parte de su sustento diario.
Sin desconocer que de parte de quienes adquieren el servicio también generan inconformidades en los conductores. El conductor Miguel Gonzales cuenta que como gremio han tenido que hacer recolecta para ayudar a compañeros a pagar encomiendas que los pasajeros dicen que envían y no aparecen, también han tenido que acudir a la junta para cobrar envíos de campesinos que no pagan ni responden.
Pero cuando el transporte formal no llega, o cuando los costos dificultan su uso, las comunidades han tenido que acudir a otras formas de resolver la movilidad y el envío de encargos.
En algunas rutas no principales, donde la cobertura es más limitada, funciona un servicio conocido como “la lechera”, vehículos que inicialmente se destinan al transporte de leche, pero que también cumplen la función de llevar personas, insumos y encargos según la necesidad de los productores.
Alexander Murillo, es un agricultor que vive en la vereda El Paujil, explica que su finca no está a bordo de carretera, ni tiene acceso a vía. “La lechera —un camión con carrocería de madera, ideal para terrenos inclinados— es la que nos ayuda. Recoge la leche, pero también lleva los encargos que uno necesite: concentrado, remesa, herramienta, lo que haga falta para la finca. Y hasta moviliza pasajeros (en cabina o de pie) a un precio más bajo que el transporte formal. Aunque uno se demore más, es la opción”.
La dinámica de la entrega funciona así: Los campesinos solicitan el pedido al almacén (de abarrotes o veterinarias), y estos, los lleva al estacionamiento de la lechera (cada ruta tiene un parqueadero, de acuerdo a la cercanía de la residencia de su conductor), usualmente al final de la tarde. El conductor tiene una ruta que inicia desde las 4am y va llegando a la quesillera del casco urbano en horas de la tarde. Así va recogiendo y distribuyendo los encargos. El flete total se va calculando hasta el final del mes. En ese momento, al cobrar la leche, se liquidan las cuentas con el conductor. Todo se basa en un acuerdo verbal y de confianza mutua.
A diferencia del transporte más formal, este servicio se distingue por su estrecha relación con las familias. Su funcionamiento es altamente flexible, ajustándose tanto a las condiciones específicas de las carreteras como a las necesidades y demandas.
Su existencia evidencia una realidad clave: en San Vicente del Caguán, la movilidad rural no depende de un solo sistema, sino de múltiples formas de organización que surgen para garantizar que el campo siga conectado.
Empresas formales como Transyari, Cootranscaguá, Sotransvega y Pony Express han desempeñado un papel esencial durante décadas en el transporte intermunicipal y rural, con más de treinta y tres rutas veredales por empresa. Y más de ochenta camionetas disponibles que operan todos los días. Siendo una fuente de empleo para más de 200 personas. Su labor ha sido clave para movilizar pasajeros y suministrar bienes a comunidades dispersas a más de cinco horas de camino como Ciudad Yarí, Planadas del Yarí, Balsillas, el Triunfo. Y precios de silla que varían entre los $22.000 pesos y $75.000 pesos.
Sin embargo, en la práctica cotidiana del municipio, el funcionamiento del servicio va mucho más allá de lo formal. En las rutas rurales hacia veredas alejadas, los conductores tanto de empresas como independientes procuran resolver lo inmediato.
“Uno llama al conductor o le encarga con alguien conocido, y él ya sabe para quién es el paquete. A veces ni se anota, pero llega”, comenta Alexander Murillo, agricultor.
Esa misma flexibilidad también se extiende a los servicios de expreso, que con el tiempo se han convertido en una opción clave para mover visitantes y dinamizar el turismo en la región. Aunque en Colombia el transporte de carga y encomiendas está regulado y debería operar bajo condiciones contractuales claras entre quien envía y quien transporta, en buena parte de la ruralidad esos acuerdos siguen resolviéndose de manera informal: conversaciones breves, precios pactados de palabra y confianza entre las partes.
Ejercer como transportador rural en San Vicente del Caguán implica mucho más que conducir largas distancias por carreteras destapadas o trochas. Significa también recorrer un territorio históricamente atravesado por el conflicto armado, donde la movilidad ha estado condicionada por riesgos asociados a la seguridad y al control territorial.
La Defensoría del Pueblo ha advertido en la alerta temprana 001 del 2024 y en distintos momentos sobre el riesgo persistente que enfrentan las comunidades rurales por cuenta de la presencia y confrontación de actores armados en veredas del municipio. Esta situación ha afectado de manera directa a quienes deben recorrer constantemente las vías rurales: entre ellos, los transportadores.
Uno de los casos más circulados ocurrió en mayo de 2025, cuando hombres armados interceptaron e incineraron un bus de servicio público en la vía entre San Vicente del Caguán y Puerto Rico, después de obligar al conductor y a los pasajeros a descender. Las primeras hipótesis señalan la posible responsabilidad de disidencias armadas que operan en la región. Este hecho evidenció nuevamente cómo quienes trabajan en el transporte continúan siendo vulnerables frente a dinámicas de violencia en el territorio.
A ello se suman riesgos menos visibles pero constantes: el temor a retenes ilegales, la presión o extorsión de actores armados, la necesidad de modificar rutas por seguridad y la incertidumbre de transitar por zonas de riesgo por la naturaleza.
“En una época el trabajo requería una colaboración muy estrecha, era algo obligatorio. A uno no lo preparaban para eso. Simplemente nos encontrábamos con la situación en la ruta. Uno iba con un viaje y surgía la necesidad de hacer un favor. La empresa era consciente de que, tarde o temprano, alguno le tocaría. Aunque a mí, gracias a Dios, no me ha pasado, a muchos compañeros sí les ha tocado llegar, descargar, irse a cierta parte y salirse de la ruta habitual”, comentó Miguel Gonzales, conductor.
Pero la exposición no solo es armada. También existen riesgos asociados a las condiciones materiales del trabajo: como el deterioro de vías terciarias incrementa el riesgo de accidentes mecánicos y volcamientos, turnos largos, combustibles que reducen la rentabilidad del oficio.
Así, en San Vicente del Caguán ser transportador rural significa desempeñar un oficio indispensable pero profundamente exigente, donde cada viaje representa un ejercicio de resistencia cotidiana frente a la precariedad, la distancia y la incertidumbre del territorio.
Un pedacito de la majestuosa Serranía del Perijá toca Fonseca. En lo alto de la montaña hay cinco veredas: Las Marimondas, Puerto López, Las Bendiciones, Las Colonias y Piedra Morada. A medida que se sube, no solo cambia drásticamente el clima y los paisajes, sino también el acceso a derechos básicos como la educación. Los más de 10 kilómetros de barro y caminos de herraduras que unen estas veredas han creado una brecha que no cruzan los funcionarios públicos, y que ha dividido familias y comunidades enteras con el olvido que dejó el conflicto armado.
En Puerto López, por ejemplo, antes del recrudecimiento del conflicto en los 2000 existía una escuelita pequeña, dentro de la montaña, donde los niños de la comunidad podían estudiar. Un día de 2007 integrantes del ejército asesinaron a una persona de la comunidad y luego la presentaron como baja en combate. El hecho generó el desplazamiento masivo a Fonseca y, al mismo tiempo, el cierre de la escuela.
“En ese momento, las familias decidieron llevarse a los niños a estudiar al pueblo. Pero ese desplazamiento no fue aprobado por la Unidad de Víctimas porque la ley dice que la Fuerza Pública no desplaza. Pero sí pasó”, recuerda Cesar Pérez, habitante de Puerto López. Después vinieron dos desplazamientos más, y en 2016 la esperanza de paz. Aunque muchos retornaron a su vereda, al llegar la escuela se había quemado y no quedaron ni las cenizas. Desde entonces no ha existido otro lugar donde los niños de la comunidad puedan estudiar.
La historia de Puerto López se repite en la mayoría de veredas montaña adentro. El conflicto armado golpeó fuertemente a las comunidades de la Serranía del Perijá y los niños, y sus familias, no tuvieron más opción que irse. Y al volver, ya no había dónde estudiar. Hoy el acceso a la educación en estas zonas rurales es precario: según el diagnóstico del Plan de Desarrollo actual de Fonseca, el analfabetismo afecta al 9,3 por ciento de los hogares en las cabeceras mientras que en las zonas rurales dispersas aumenta a 22,4 por ciento. Además, el bajo logro educativo es significativo, con un 36,5 por ciento de hogares afectados en las cabeceras y un alarmante 62,5 por ciento en las zonas rurales dispersas.
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María Carranza siempre ha vivido en la serranía y sus cuatro hijos nacieron en la montaña. Cuando se recrudeció el conflicto se fue a Venezuela, en la misma cordillera, pero del otro lado. Allá tampoco encontró una escuela para sus hijos. “En Venezuela tampoco estudiaban porque estábamos en la Sierra, mis niños nacieron en el monte y nos venimos de allá con la ilusión de ponerlos a estudiar”, cuenta.
Carranza regresó a Las Bendiciones hace tres años, pero la escuela que tenían allí nunca volvió a funcionar. Hoy la estructura sigue levantada sobre un piso de tablas desgastadas y desiguales, con rendijas por donde se cuela la luz. Las paredes, también de madera, muestran el paso del tiempo: están opacas, manchadas y en algunos puntos desajustadas. El techo, sostenido por vigas expuestas, está incompleto; varias láminas faltan o están rotas, lo que deja amplios huecos por donde entra el sol y, probablemente, la lluvia.
La escuela más cercana está en el corregimiento de Conejo, a 8 horas de camino a pie o en lomo de mulo. Un trayecto que podría ser de 20 minutos en carro, se extiende por más de siete horas por la falta de carreteras viables. Esto hace que Celis, de 15 años, Luis, de 11; Yilder, de 6 y Yilianys, de 4 meses no puedan asistir a la escuela de Conejo saliendo desde su casa. La Familia Carranza no tuvo más opción que separarse, para las familias campesinas de la sierra, educar a sus hijos implica fracturar el hogar.
María y sus hijos viven en Conejo y Jimmy Pérez, el padre, se queda en la Sierra. Baja cada ocho días las siete horas de camino para llevar la comida y ver a sus hijos. Mudarse al pueblo implica una inversión que supera el millón de pesos cada mes, entre arriendo, servicios y comida, una cifra astronómica para quien vive de lo que siembra.
Entre idas y venidas perdieron un cultivo de 300 matas de plátanos que se comieron los animales: “Habíamos sembrado 300 matas pero estando nosotros por fuera, se metieron unos mulos, y se comieron todo ese plátano íntegro… eso daba dolor”, dice María Carranza.
Sin embargo, asegura Carranza, el descenso al pueblo merece el sacrificio. Quedarse en la cumbre significa aceptar que sus hijos se conviertan en adultos antes de tiempo: “Bajé de la Sierra para darle educación a mis hijos porque allá dejan de ser niños para convertirse en adultos que terminan en lo mismo, tirando machete y las niñas casadas a temprana edad… yo no quiero lo mismo para ellos”.
Según la Secretaría de Educación de Fonseca existen 117 docentes contratados para las zonas rurales del municipio, sin embargo para veredas como Puerto López, Las Bendiciones y Las Marimondas la realidad es otra; las escuelas simplemente no existen en el sistema oficial. En estos lugares que alguna vez rebosaron de risas, hoy solo hay silencio, un silencio que se come las paredes, que oxida las ventanas y que recuerda que fue la educación que la guerra se llevó y la paz nunca devolvió a sus comunidades.
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Conejo es el corregimiento más extenso de Fonseca, pero solo cuenta con tres escuelas, para cubrir el pueblo y sus seis veredas regadas en la serranía. De esas tres solo una llega hasta el último grado, la Institución Agropecuaria de Conejo, que está ubicada en el casco urbano del corregimiento. En las otras dos escuelas, ubicadas en Las Colonias y Almapotoque (Pondores), los niños y niñas solo estudian hasta quinto de primaria y solo cubren a los niños de sus comunidades.
Las rutas de transporte escolar que operan en la zonas rurales de Fonseca en su mayoría solo cubren la carreteras y trochas del piedemonte de la Serranía del Perijá, no los caminos veredales donde viven los estudiantes, lo que hace que los niños puedan aprovechar transporte solo para la mitad del camino que los conduce a la escuela.
Las trochas de las veredas de Conejo tienen tres rutas. La principal es la buseta que va del Aetcr a Conejo, pero solo cubre Pondores y hace dos viajes de ida y dos de vuelta al día por la cantidad de estudiantes. El mal estado del camino hace que se dañe con frecuencia. Aunque hay camionetas todo terreno que resisten la vía en invierno y verano, no tienen capacidad para transportar a los 38 niños de primaria y 16 de bachillerato. Por eso, la comunidad depende de la buseta, que cubre un tramo de kilómetro y medio entre el punto de encuentro y la escuela agropecuaria de Conejo. El resto del trayecto lo hacen a pie, en moto o caballo, los estudiantes que viven en trochas aledañas, hasta el punto donde los recoge el vehículo.
Las otras dos rutas llegan solo al pie de la serranía: la primera pertenece a la escuelita rural de Almapotoque, que va de Fonseca a Pondores, aunque en el papel dicen que la ruta pasa por sectores como el Juguete y Granadillar, en la práctica nunca ha sido así. El recorrido real solo llega hasta la escuelita rural de Almapotoque y de ahí no pasa. Eso deja por fuera más de un kilómetro de recorrido. El mal estado de las vías hace que los niños que viven en las veredas de arriba de la montaña, queden sin opción de transporte para llegar a la escuela más cercana.
La segunda es la que conecta la escuela agropecuaria de Conejo con la vía hacia Las Marimondas y Las Colonias. Aunque en el papel dice que son 8 kilómetros de trayecto, en la realidad solo llega hasta la “Y”, donde termina la placa huella, dejando seis kilómetros sin cubrir hasta Las Colonias y Las Marimondas.
En medio de este contexto está Aura Puello, cuya familia, al igual que la de María Carranza, lleva una década dividiéndose cada fin de semana. Aura bajó de la montaña en busca de una escuela para sus tres hijas y su pareja asume la soledad en la montaña. Su vida implica subir a la Sierra todos los fines de semana para cultivar y bajar a vender las verduras, un sacrificio físico y emocional de toda la familia. "De diez años para acá nos toca así: él sube solo a la Sierra a trabajar trayendo verduras, mientras nosotros nos quedamos acá, nosotros subimos en vacaciones. Es muy duro porque yo quisiera estar en la Sierra cuidando mis animales y ayudando en la siembra, pero allá no hay escuela, no hay puesto de salud... no hay los medios para vivir allá”, dice Aura llena de frustración.
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La ex presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Marimondas, Glenys Bula, le contó a Consonante que ha intentado gestionar en varias ocasiones la reapertura de la escuelita rural, pero siempre recibe la misma respuesta: “no aparece en el sistema”. Esto limita a las veredas, pues si las escuelas no existen oficialmente no pueden recibir recursos ni la asignación de docentes por parte de la Secretaría de Educación, lo que deja a los niños y niñas invisibles para el Estado.
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Para que en una comunidad rural llegue un docente, dicen desde la Secretaría de Educación Municipal, se debe cumplir con un número mínimo de estudiantes “ya que la asignación de docentes responde a parámetros de cobertura y relación estudiante-docente definidos a nivel nacional”. Ese número suele ser un rango de 15 a 22 niños, pero puede variar según las particularidades de cada municipio o Institución Educativa. El problema es que en algunas veredas aseguran que hay suficientes niños, pero siguen sin respuesta.
En Fonseca, además, la educación es responsabilidad de la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira, quien da pocas respuestas. Consonante intentó comunicarse reiteradamente con la secretaria Rosa Ena Soto Gámez, pero no recibió respuesta. Mientras tanto el clamor de María, de Aura y de otras tantas madres es básico y urgente: que la escuela regrese a las montañas.
En Fonseca, La Guajira, una preocupación que venía creciendo silenciosamente comenzó a tomar forma en las aulas. Cada vez eran más los jóvenes que, por haber repetido grados, interrumpido sus estudios o por haber superado la edad regular para cursar ciertos niveles, quedaban por fuera del sistema educativo tradicional.
Frente a ese panorama, varias instituciones educativas del municipio comenzaron a implementar los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI), una modalidad flexible que permite a jóvenes y adultos avanzar más rápido en su formación académica y retomar un camino que muchos creían perdido.
Aunque este modelo existe desde hace varios años en Colombia, su llegada y fortalecimiento en Fonseca han abierto nuevas posibilidades para estudiantes que estaban en riesgo de abandonar definitivamente sus estudios.
En departamentos como La Guajira, donde persisten brechas históricas en el acceso y la permanencia educativa, alternativas como los CLEI buscan responder a una realidad compleja: estudiantes que abandonan las aulas por dificultades económicas, rezago académico, responsabilidades familiares o barreras territoriales.
En muchos casos, quienes quedan en condición de extraedad —es decir, con dos o más años por encima de la edad esperada para el grado que cursan— enfrentan obstáculos para continuar en la educación regular.
Los CLEI ofrecen una ruta distinta. Su implementación en Fonseca ha sido posible gracias a la articulación entre la Secretaría de Educación Departamental, la Secretaría de Desarrollo Social municipal y rectores de distintas instituciones educativas que decidieron habilitar esta modalidad.
Para muchas familias, además, representa una opción más adecuada que la jornada nocturna tradicional, especialmente cuando se trata de adolescentes.
Los CLEI están reglamentados por el Decreto 1075 de 2015, que organiza la educación para jóvenes y adultos en Colombia y permite cursar varios grados en un mismo ciclo académico.
La estructura está organizada así:
La modalidad agrupa contenidos y competencias, permitiendo avanzar en menor tiempo. Pero, como aclaran desde las instituciones, esto no significa que sea más fácil.
“Cuando hablamos de flexibilidad no quiere decir que sea más sencillo. Lo que cambia es la organización de las áreas y los tiempos académicos”, explica Francisco Núñez Polo, rector de la Institución Técnica Agropecuaria de Fonseca.
Según el rector, la idea surgió tras identificar un número importante de estudiantes fuera del sistema. “Se notó que había muchos jóvenes sin estudiar y que la única opción era la jornada nocturna. Sin embargo, a muchos padres no les convencía que sus hijos estudiaran de noche. Ahí empezamos a buscar alternativas”, cuenta. En esta institución, las clases se desarrollan de lunes a viernes entre las 2:00 y las 6:00 de la tarde.
Los principales beneficiarios son jóvenes y adultos que, por distintas razones, interrumpieron su trayectoria escolar. Muchos de ellos encontraron en esta modalidad una segunda oportunidad.
Ese es el caso de Danelys Daniela Caicedo Brito, de 17 años, quien actualmente cursa CLEI 5. Durante la pandemia perdió un grado, luego repitió otro y quedó rezagada frente al calendario regular. “Vi la oportunidad de los CLEI y la aproveché. Esto no es solo aprender; es una segunda oportunidad para demostrar que sí se puede terminar el bachillerato”, dice.
Para ella, este proceso tiene un objetivo claro: graduarse, ingresar a la universidad y convertirse en profesional. “Quiero mirar hacia atrás y sentirme orgullosa de haber vencido los obstáculos”, agrega.
Una experiencia similar vive Rafael Nicolás Figueroa, también de 17 años, quien perdió dos veces décimo grado. “Yo mismo me estoy dando una oportunidad para retomar mis estudios y demostrar que con sacrificio se puede avanzar”, afirma. Actualmente cursa décimo hasta junio y espera iniciar undécimo en el segundo semestre para graduarse en diciembre.
Destaca además una ventaja poco visible del modelo: los grupos pequeños. “Somos solo seis estudiantes en mi grado. Eso permite que el profesor se dedique más y que el aprendizaje sea mejor”, señala.
Para quienes enseñan en esta modalidad, los CLEI representan mucho más que una estrategia académica. La docente de lenguas modernas Solmerys Bravo Pinto asegura que estos espacios tienen un impacto profundo en la vida de los estudiantes.
“La enseñanza aquí va más allá de los contenidos. Es un proceso que transforma vidas”, afirma. Según explica, muchos estudiantes provienen de corregimientos y resguardos indígenas, y deben enfrentar dificultades de transporte, clima y distancia para llegar a clases.
“A veces llegan tarde por las condiciones del camino, pero siempre llegan. Eso demuestra compromiso”, dice. También resalta el respaldo familiar como un factor clave para la permanencia.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social de Fonseca aseguran que el respaldo institucional fue decisivo para poner en marcha esta estrategia.
Ana Karina Mendoza, secretaria de Desarrollo Social, explica que el proyecto se consolidó gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Educación Departamental, responsable de cubrir las horas extra de los docentes. “Hoy es una realidad y nos sentimos satisfechos de aportar a una oportunidad tan importante para jóvenes y adultos”, señala.
El modelo no solo funciona en la Institución Técnica Agropecuaria. También está presente en las instituciones Roig y Villalba y Ernesto Parodi Medina, aunque en jornada nocturna y con una población mayoritariamente adulta.
Apenas dos meses después de iniciar operaciones, la Institución Técnica Agropecuaria de Fonseca ya registra 115 estudiantes matriculados en esta modalidad. La expectativa es que la cifra aumente durante el segundo semestre. Más allá de los números, el reto será garantizar que estos procesos se mantengan, cuenten con recursos suficientes y logren consolidarse como una política educativa sostenible.
En un departamento donde la deserción escolar es una preocupación estructural, los CLEI aparecen como una alternativa concreta para evitar que cientos de jóvenes queden por fuera del sistema educativo.
