El 5 de julio, durante el evento de declaratoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), se reunieron con el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) distintas comunidades pertenecientes a 8 municipios del departamento de La Guajira. Según el ministerio, bajo esta figura estarán 79.961 hectáreas de tierra, que se usarán de forma exclusiva para actividades agrícolas y pecuarias.
Dentro de las zonas declaradas como APPA está el territorio del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, que ha luchado incansablemente por la preservación de su territorio y su modo de vida. Conversamos con Óscar Gámez Ariza, presidente del Consejo Comunitario, quien nos comparte su perspectiva sobre la reciente declaratoria. Esta decisión marca un hito para la comunidad al reconocer sus esfuerzos y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible, alejados de la amenaza de la explotación minera transnacional.
La empresa minera Best Coal Company (BCC) le afirmó a Consonante en abril de este año su intención de persistir en explotar una mina de carbón en Cañaverales, a pesar de la clara oposición de la comunidad local.
Esta situación ha generado tensiones y divisiones dentro de las comunidades, sin embargo muchos de los líderes resisten ante lo que perciben como una amenaza a su forma de vida y a la integridad de su territorio. Gámez Ariza nos habla sobre los beneficios, implicaciones y futuras expectativas que esta declaratoria trae para su comunidad y la región en general, así como los desafíos que enfrentan frente a las ambiciones de las transnacionales.
Óscar Gámez: Este es un logro histórico para nuestro pueblo porque por primera vez nos tiene en cuenta un Gobierno nacional. Sabiendo que siempre ha sido nuestro plan de vida vivir del campo, vivir de la agricultura, vivir de lo que podemos extraer de la tierra.
O. G.: Los beneficios inicialmente serían, por ejemplo, ponerle un freno a esta amenaza que venía presentando para nosotros la presencia de una empresa transnacional; casi que de carácter invasor. Ni siquiera podemos hablar de neocolonialismo porque, la verdad, el saqueo nunca ha cesado. Siempre hemos vivido desde la colonización hasta ahora con las transnacionales saqueando nuestro territorio.
Aunque hay que enfatizar que nosotros sabemos que este no es el único beneficio, porque vendrán muchos más después de esto. Así que no se trata solamente de un documento y una resolución. Nosotros sabemos que tiene un montón de cosas buenas para nuestro territorio.
O. G.: El mensaje que se le quiere enviar a esta transnacional, que nunca lo ha entendido, es que nosotros jamás en la historia hemos sido un territorio minero. Si tú miras el PBOT o el POT, como se llamaba antes, por ahí nunca está contemplada la minería. Esta empresa, con su carácter imponente, ha tratado de someternos por la fuerza prácticamente. Algunos aliados de esta empresa decían: el proyecto va porque va. Era una cuestión ya de carácter humillante. Tú no te imaginas cuántas humillaciones pasamos nosotros acá defendiendonos de estos nuevos invasores.
O. G.: En varias ocasiones, a pesar de que siempre salieron derrotados de aquí del polideportivo en donde hacíamos las reuniones de consulta previa, funcionarios de esta empresa dijeron que el manantial era un caudal intermitente, que iban a desviar el manantial. También nos dijeron que, si no hacíamos la consulta rápido, nos iban a aplicar el test y solo íbamos a ver pasar las camionetas por aquí saliendo y entrando de la mina.
Eso para una comunidad que tiene 200 años con su plan de vida en un territorio es una humillación. Que venga alguien de afuera, personas que ni siquiera son de comunidades cercanas, a decirte que te van a desplazar prácticamente y que nunca vas a poder hacer nada, que no vas a recibir ningún beneficio, aunque a nosotros nunca se nos ha pasado por la mente recibir absolutamente nada de esta empresa.
O. G.: Claro, por eso el día de las elecciones esta comunidad salió masivamente a votar a favor del gobierno del cambio, porque sabíamos que por ahí este gobierno representaba una esperanza para la resistencia que nosotros teníamos. Sin embargo, hay que ser enfáticos en que no es solamente el Gobierno, somos nosotros los que no queremos esa minera en el territorio.
Nosotros tenemos más de 17 años resistiendo a estas transnacionales, que en algún momento lograron engañar a parte de la comunidad y avanzar. Esta empresa llegó incluso a tener dos licencias ambientales y la social, las consiguió a través de Mpx (minera brasileña MPX Energía) que les vendió estos derechos. No los aprovecharon en su momento y les tocó nuevamente venir cuando ya la gente estaba más organizada y tenía más conciencia de la destrucción.
O. G.: El proyecto que tenemos es el de modernizar totalmente el sistema de agricultura. Acá se han venido aprovechando el suelo, el agua y la tierra fuerte que tenemos para sacar diferentes productos agropecuarios y diversos tipos de alimentos.
Queremos entrar en una fase de industrialización de lo que producimos, porque no podemos seguir enriqueciendo a las grandes transnacionales que hacen productos a través de lo que nosotros hacemos acá.
Aquí hay una gran producción de mango, a pesar de que no estamos muy organizados, sino que el mango es casi que silvestre, pero sabemos que lo aprovechan muy bien las transnacionales. Por ejemplo el tomate, que en algún momento fue adquirido por una transnacional, después vino el Tratado de Libre Comercio de César Gaviria y acabó con todo esto.
Nosotros queremos volver a ese auge, pero que los beneficios sean para la comunidad y no sea una transnacional la que venga a saquear a los campesinos.
O. G.: Bueno, nosotros estamos haciendo todos los movimientos necesarios, todas las diligencias que se deben hacer para que la UPRA (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria) y el mismo Ministerio de Agricultura no dejen que esto se quede acá. Nosotros tenemos un trabajo bastante adelantado para lograr la titulación colectiva, tenemos trabajo adelantado con algunas fincas que pretendemos adquirir a través de la Agencia Nacional de Tierras y algunas alianzas.
O. G.: Bueno, hoy precisamente tenemos una reunión con la UPRA y seguramente se tocará ese tema porque también nos gustaría ver a otras comunidades vecinas con el mismo interés que nosotros le hemos puesto a este proyecto, sabemos que El Molino y Villanueva están muy comprometidos.
O. G.: Nosotros realmente lo que queremos es tener una política propia sobre el manejo y uso del agua y el manejo de la tierra. También, seguir fortaleciendo nuestra cultura, seguir adelante con este proyecto que tenemos desde hace más de 200 años y vivir tranquilos sin la zozobra del desplazamiento causado por una explotación minera aquí al lado de nosotros.
Entre la media noche y la madrugada del sábado 24 de febrero de 2024, durante más de una hora, las familias de al menos cinco comunidades del pueblo indígena wiwa, en la Sierra Nevada de Santa Marta, escucharon los disparos de un combate. Al día siguiente, cuando cesaron las balas, algunas personas de las veredas de El Limón, Contadero, La Laguna, Guamaca y Múcura empezaron a bajar tímidamente desde la Sierra para resguardarse en otros lugares y avisar a la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona (OWYBT), instancia de liderazgo colectivo de todas las autoridades wiwas.
Ese mismo sábado y según un comunicado del consejo comunitario Palenques de Juan y Medio, del corregimiento de Juan y Medio, en zona rural de Riohacha y a unos 18 kilómetros de estas comunidades indígenas, hubo otro combate entre los mismos actores: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército―antes Autodefensas― Gaitanista de Colombia). El enfrentamiento dejó a una comunidad entera encerrada durante dos días y el rumor sobre dos muertos. El mismo comunicado afirmaba que llamaron al secretario de Gobierno Departamental, Misael Velásquez, y al secretario distrital, Wilson Rojas, pero nadie fue a Juan y Medio, ni siquiera el Ejército.
El domingo a las 5:30 de la tarde, la Comisión de Mujeres de la OWYBT, encabezada por Anairis y Edilma Loperena, decidió subir a la Sierra para acompañar a las familias que se desplazaron. En la carretera del sur de La Guajira pararon a comprar bollos de mazorca ―al menos 300― para llevarle a la gente. Al pasar por Juan y Medio vieron un letrero: “Se vende queso”. Pitaron. Pitaron más y nadie salía.
Al rato, cuando Anairis se bajó del carro, por fin salió una mujer y les vendió el queso. El plan era subir más hacia la Sierra, atender a las mujeres embarazadas y a los niños y movilizarlos en varios carros que dispuso la OWYBT para llevarlos hasta Riohacha. Las líderes cuentan que durante el recorrido a pie, la población vio drones que los siguieron casi hasta Juan y Medio. Ese domingo solo estuvieron de pasada en ese corregimiento, donde algunos docentes y líderes de la población les ayudaron a organizar a las personas desplazadas. Ningún indígena durmió esa noche en Juan y Medio. Los últimos, a los que les tocó caminar, llegaron a Riohacha el lunes 26 de febrero.
Fue esa tarde en la que por fin aparecieron hombres del Batallón Cartagena del Ejército, cuando ya no había nada que ver, y se fueron en la madrugada del martes 27 de febrero. A las 5:00 de la mañana, cuando la gente abrió las puertas de las casas, encontraron una bolsa negra y un saco (costal) anaranjado con extremidades humanas en la calle principal del pueblo, al lado de la casa de Yoanis Mejía, una líder comunal. “Yo me levanto temprano a barrer el patio. Yo veía el saco y pensaba que era otra cosa. Esto no había pasado antes, la gente cogió miedo”, relata una mujer, que prefiere resguardar su identidad, y que después de este hecho se desplazó a Riohacha.
En medio del pánico, los siguientes días más personas se desplazaron hacia Riohacha y San Juan del Cesar. Llegaron también integrantes del pueblo kogui. Y, entre marzo y abril, más afros de Juan y Medio, sobre todo después del 26 de marzo, cuando fue asesinado el docente Roberto Carlos Mejía. Algunos medios de comunicación reportaron que cuatro hombres fuertemente armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda del profesor y le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.
Esta alianza de medios, junto al personero de Riohacha, visitó Juan y Medio a principios de mayo. En ese momento había solo seis casas habitadas con no más de 15 personas en total, de los 850 habitantes que tiene el pueblo. En los tres meses que han pasado desde el recrudecimiento de los enfrentamientos y el desplazamiento masivo, tanto el pueblo wiwa como la comunidad afro se han pronunciado a través de comunicados dirigidos a las autoridades locales y nacionales, e incluso ante el relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Pero la situación empeoró. De acuerdo con la Alcaldía de Riohacha, 1.611 personas han sido desplazadas. Esto tiene que ver con que los combates que originaron el desplazamiento fueron solo la manifestación más evidente de la guerra librada por dos grupos armados en buscan del control de la Sierra Nevada.
Desde hace más de un año, en San Juan del Cesar y en Riohacha empezaron a circular panfletos con listas de nombres y un anuncio de “limpieza social”, es decir, de la práctica ya conocida de asesinatos selectivos. Y hubo varios. Pero fue a partir de octubre de 2023 cuando el conflicto se intensificó. Tanto así que la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia que ya vaticinaba “enfrentamientos con interposición de la población civil”, además de masacres, reclutamiento, amenazas, tortura, entre otros, en Riohacha y Dibulla.
El conflicto, y el riesgo para los civiles, obedece a una disputa territorial entre dos grupos paramilitares: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y el Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las AGC. El primero está conformado por gente de la región y, según lo documentado por la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), su pretensión es controlar los tres departamentos donde está la Sierra Nevada: Cesar, Magdalena y La Guajira. El segundo, por el contrario, es el grupo criminal más grande del país, con presencia en 24 departamentos, y funciona como una empresa criminal que envía hombres a los territorios que quieren copar y “subcontrata” grupos locales. Ambos quieren controlar las rentas ilegales: extorsión, narcotráfico, turismo, entre otras, como ha documentado la organización Crisis Group.
Lerber Dimas, coordinador de la PDHAL, explica que en esta región hay una máxima: “el que domina la montaña, domina las zonas urbanas”. Dominar la Sierra significa tener una posición de privilegio sobre los municipios aledaños que pertenecen al Cesar, el Magdalena y La Guajira.
Y los actores se han encontrado. En La Guajira ocurrió un primer enfrentamiento en la cuenca del río Jerez (Dibulla), en octubre de 2023. “Nosotros tenemos registros de que en un primer combate hubo al menos 15 muertos de las AGC”, explica el defensor de derechos humanos. Como resultado, las ACSN avanzaron hacia La Guajira, cerca de los límites con el Cesar. Es ahí donde ocurrió el segundo, que terminó por desplazar a las familias wiwa. “Hubo unos 7 muertos de las AGC en el segundo combate”, agrega. Las AGC decidieron entonces consolidar su presencia en la parte baja de La Sierra.
Los líderes y lideresas del pueblo wiwa han recibido amenazas. Muchas no han sido denunciadas por temor, según precisa Jomary Ortegón, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que acompaña al pueblo wiwa ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El colectivo de abogados, además, denunció la ocupación de casas de algunos líderes por parte de los actores armados.
Algo similar señaló la comunidad de Juan y Medio a través de un comunicado. “Miembros del Clan del Golfo (...) alquilaron una casa en la segunda calle del pueblo donde vivían normalmente en esa comunidad y en otras como El Carmen, Cascajalito, La Sierra, Todonovan, El Totumo; llegando con mucha frecuencia a las tiendas, a las galleras, a las cantinas, a los billares y comunidad en general del caserío de Juan y Medio”.
Desde la PDHAL, también se ha documentado otras formas de control en las poblaciones de la Sierra. “[...](las AGC) les han cogido los teléfonos, les han revisado los chats de WhatsApp para ver con quiénes hablan, si tienen interlocución con la Fuerza Pública o con algún miembro de las ACSN”, explicó Lerber Dimas.
Este año, el control pasó a ser violencia directa. Dimas sostiene que la PDHAL tiene registro de nueve casos de violencia sexual cometida por actores armados en contra de niñas indígenas de la Sierra Nevada en el Magdalena y La Guajira. Aunque la Comisión de Mujeres del pueblo wiwa afirma no conocer ningún caso, Edilma Loperena, consejera de Mujer de este pueblo, dice que el riesgo es altísimo. Lo que sí han registrado es el reclutamiento de menores de edad.
El pueblo wiwa, además, está sufriendo una violencia que es invisible para el resto, pero que rompe con sus tradiciones: se trata de la contaminación espiritual del territorio. Los muertos que han quedado de los combates, aunque no los ha encontrado la Fuerza Pública, sí los han visto las comunidades y los defensores de derechos humanos. Tanto Dimas como Edilma Loperena, sostienen que los grupos recogen sus muertos y los desaparecen.
Si esos cuerpos que son ajenos a esa tierra y que murieron de forma violenta son sembrados ahí, se genera un desbalance espiritual, de acuerdo con los pueblos indígenas. A esto se suma que se han estado perdiendo las tumas de los pagamentos que han hecho los wiwa en sitios sagrados para, precisamente, mantenerse en armonía. También hubo un incendio reciente reportado en la comunidad de Corual (Dibulla) que consumió tres casas ceremoniales.
“En el 2002, cuando salimos por primera vez desplazados, el ataque fue vital: a los líderes, a las niñas que estaban aprendiendo para ser sagas (líderes espirituales) y a los niños que estaban aprendiendo para ser mamos (líderes espirituales). Fue un ataque espiritual. En ese entonces había un objetivo y era hacer la represa del río Ranchería y tomarse el Cerro del Oso (donde hay una base militar)”, afirma Anairis Loperena, y se pregunta: ¿qué buscan ahora?
El 31 de diciembre de 2022 el Gobierno Nacional expidió varios decretos de cese al fuego entre la Fuerza Pública y distintos grupos armados. Entre estos, con el Clan del Golfo y las ACSN. Solo 13 días después, la Fiscalía anunció que no suspendería las órdenes de captura contra los representantes de estas estructuras, pues no gozaban de un estatus político que les permitiera entrar en una negociación. El ofrecimiento fue someterse a la justicia, cosa que los grupos rechazaron.
A pesar de esto, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) sostuvo conversaciones con ambos grupos, y en mayo del 2023 anunció que se iniciaría una mesa con las ACSN, pero durante varios meses no pasó nada. Aún así, el grupo armado, a través de “Camilo”, uno de los voceros, aseguró que estaban comprometidos con la paz y que no descartaban el sometimiento. Con el otro grupo, el Clan del Golfo, el cese al fuego se rompió en marzo, después del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Y, en julio, el Gobierno retiró las resoluciones de facilitación de paz.
Aún con esto, en la Sierra Nevada las esperanzas de paz se renovaron en septiembre de ese mismo año, cuando la OACP llegó al territorio a instalar algo que llamó la Misión Paz. En medio de pendones y carpas con logos gubernamentales, el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, anunció diálogos privados, pero sin marco jurídico.
En el evento, además, hubo conversaciones con organizaciones campesinas e indígenas sobre temas tan amplios como el cuidado del territorio y del agua. Esto generó altas expectativas en la población, que confió en que ese proceso llevaría la paz a la Sierra. Pero la verdad es que no pasó más. En marzo de este año, la OACP le dijo al Cajar, a través de una respuesta a un oficio, que “tales encuentros se encuentran congelados”, sin más explicaciones. Esta alianza de medios buscó un pronunciamiento de la OACP sobre el tema durante más de tres semanas, pero a la fecha de la publicación del artículo no obtuvo respuesta.
Lerber Dimas constató el abandono del Estado en el territorio. “A finales de enero (2024) las Autodefensas Conquistadores de la Sierra citaron a una reunión y nos pidieron que acompañáramos como Plataforma de Defensores de Derechos Humanos. Dijeron que venía el Alto Comisionado para la Paz (Otty Patiño), la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, etcétera, y dijimos: ok, siempre que haya una voluntad”, cuenta.
Dice, además, que para demostrarla, las ACSN decidieron recoger sus hombres en Santa Marta cinco días antes de la fecha del encuentro y, tras dos semanas con ocho homicidios, la ciudad estuvo más de una semana sin registros de alguno.A los cinco días, los defensores de derechos humanos subieron a la Sierra. Sin embargo, una vez allá, los representantes del grupo anunciaron que las instituciones no irían. El encuentro ocurrió sin el Estado, pero bajo las carpas con los logos del gobierno.
¿Por qué? “Me dijo (uno de los comandantes de las ACSN): lo que pasa es que cuando vinieron los de Misión Paz y se acabó la reunión, todo el mundo se fue y dejaron todo botado, entonces nosotros lo recogimos y lo pusimos acá”, cuenta Dimas.
La llegada de Otty Patiño como alto comisionado para la paz tampoco le dio aire a esta posibilidad de diálogo. Por el contrario, el 18 de abril del 2024 la Fuerza Pública capturó a César Gustavo Becerra Gómez, conocido como “Camilo”, el comandante de las ACSN que había insistido en dialogar con el gobierno.
“Por ahora la opción que tienen en el gobierno es el uso de la fuerza”, explica Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. “Algunas comunidades salieron a protestar, no sabemos si es por la captura de él o porque esto finalmente le pone la lápida a un proceso de paz sobre el cual la comunidad tenía bastante expectativa”, agrega.
Según Tobo, las operaciones que la Fuerza Pública pueda emprender tendrían repercusiones en la población civil, pero “no tienen ese nivel de efectividad como para generar daños al grupo armado o generar seguridad para la población”.
La Institución Educativa Juan y Medio lleva dos meses en silencio. A ese colegio volvió a mitad de mayo una mujer de 60 años, quien ha estado encargada de la limpieza en la institución. Encontró una escuela polvorienta y varios caminos de comején en los libros de la biblioteca.
“Estoy haciendo aseo para ver que pasa, echando ACPM para ahuyentar a los comejenes, estoy preocupada porque el colegio está solo, le tengo mucho amor a este sitio”, dice. Estuvo dos meses en Riohacha, donde viven algunos familiares, pero decidió volver a su pueblo, donde no se siente extraña, para preparar la escuela y esperar que también los niños y niñas regresen.
Pero en Juan y Medio hay solo seis casas abiertas. Al frente de una, una matrona de 84 años se recuesta en un taburete. Volvió al pueblo porque en Riohacha estaba pasando hambre y no tenía cómo pagar un arriendo. Su yerna la acompañó en el regreso. “Uno tiene nervio aún, el Ejército llegó, pero solo lo vemos en horas de la madrugada, en el día son ausentes como ahora que ustedes llegaron”, cuenta. “Ya cuando llegaban las seis de la tarde me ponía: ‘ya viene la noche, viene la noche’, escuchaba una moto o un carro y ya estaba temblando”, recuerda. La ansiedad la mandaba a la cama y el miedo no la dejaba ir al monte ni al río.
Ambas mujeres, aunque regresaron, reconocen que no hay condiciones para que todo el pueblo retorne. Lo reconoce también Yeison Deluque, personero de Riohacha, parado frente a una casa cerrada en Juan y Medio. “Las familias están dispersas huyendo del conflicto armado. Para el retorno se debe establecer un protocolo, pero el panorama es desolador. Todavía se siente el temor, persiste el miedo y se observa la preocupación en el rostro de quienes de manera voluntaria decidieron regresar”.
En Riohacha, por el contrario, hay dos lugares a los que no les cabe una persona más: el coliseo Eder Jhon Medina Toro y la Casa Indígena. Los dos lugares están alojando casi 200 familias hacinadas (un total de 500 personas), sin espacios privados y sin agua permanente, además de niños y niñas que intentan estudiar en medio del ruido que causan el resto de integrantes de sus familias.
Por otro lado, al casco urbano de San Juan del Cesar llegaron en marzo alrededor de 12 familias, 9 de ellas están instaladas en la sede antigua del colegio José Eduardo Guerra y otras 3 están en casas de familiares en uno de los barrios del municipio. Allí tuvieron que pasar un buen tiempo sin acceso al agua mientras la alcaldía local habilitaba el servicio. Según la lideresa indígena, las listas reales de personas desplazadas no están actualizadas, dado que el temor sigue avanzando en las comunidades, obligándolas a salir del territorio.
En el colegio José Eduardo Guerra el espacio es amplio, pero a las familias no les suministraron hamacas y otras dotaciones para la vida diaria, en vez de ello, por ejemplo, llegaron algunas colchonetas deportivas muy delgadas. Los niños y niñas reciben clases en dos de los salones que fueron habilitados para ello, un maestro de la comunidad trata de que todos tengan acceso a este derecho, pero no hay materiales y con hambre es difícil estudiar.
Según Anairis Loperena, todo lo que piden para el retorno es la garantía de que podrán habitar en sus comunidades en paz: “Durante la reunión del ministro de Defensa con nuestro Cabildo Gobernador, en Achintukua, se le pidió resolver para garantizar la vida y la tranquilidad del territorio. Después fuimos a Bogotá, estuvimos sentados con otros tres ministros, incluso con la directora de la Unidad de Víctimas y ella nos dijo que nos podía garantizar el retorno, pero el territorio no es seguro”.
En una respuesta escrita a esta alianza de medios, el Ministerio de Defensa afirma que han trabajado con diferentes entidades “para avanzar en los requerimientos y solicitudes de esta comunidad”. Pero hacen una salvedad. “Hemos estado atentos para brindar toda la seguridad en el traslado de esta población, pero esto no depende exclusivamente de nosotros. Aunque podemos proporcionar condiciones de seguridad, el regreso de la comunidad no depende del Ministerio de Defensa”.
La Unidad para las Víctimas, también a través de una respuesta escrita, afirma que ha participado de más de seis Comités Territoriales de Justicia Tradicional para definir la medida de retorno de la población, pero esto no se puede hacer sin garantías. “Hasta tanto no se brinden las garantías de seguridad por parte de la fuerza pública persiste la vulnerabilidad (de la población en zona de conflicto)”, dice la entidad.
A la fecha de la publicación de este artículo, once familias (39 personas) que estaban desplazadas en Riohacha habían decidido retornar a su territorio en las comunidades de Contadero y Las Casitas, incluso sin garantías de seguridad ni acompañamiento institucional, porque no soportaban continuar viviendo en hacinamiento. Pero la situación de violencia en la Sierra Nevada continúa.
La Unidad para las Víctimas ha entregado ayudas humanitarias (alimentos no perecederos y kits de aseo) en dos ocasiones a la población desplazada en Riohacha, y en las primeras dos semanas de junio, la población desplazada en San Juan del Cesar recibió ayuda humanitaria a través de giros directos. Con esto han podido comprar alimentos para sostenerse en el territorio, pues de momento descartan el retorno.
Mientras tanto, la violencia en la Sierra sigue afectando a la gente. En la comunidad de Palmor, de Ciénaga (Magadalena), la población campesina se desplazó en total soledad. El 6 de mayo, en Fundación (Magdalena), dejaron una cava de icopor que contenía un cuerpo desmembrado. Y el 27 de mayo dos personas fueron asesinadas en Juan y Medio.
La escalada de violencia en la Sierra no se corresponde con el silencio gubernamental. La población insiste en la necesidad de dialogar para encontrar una solución pacífica al conflicto, pues la última vez que vivieron el desplazamiento (en 2002), la Sierra Nevada fue militarizada y el resultado fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles que hoy investiga la Jurisdicción Especial para la Paz.
Para Jomary Ortegón, abogada del Cajar, hay una posibilidad que escapa a la encrucijada de dialogar o someter a la justicia a estos grupos armados: hacer acuerdos humanitarios. “La normativa constitucional e internacional le da suficientes facultades al Gobierno para que pueda adelantar diálogos humanitarios, de manera que existan ciertas condiciones en las que la población pueda seguir viviendo en su territorio”, Y agrega: “Si el Gobierno es incapaz de hacerlo, las autoridades indígenas, de acuerdo con la Constitución, tienen soberanía sobre su territorio. Así que, si no es la voluntad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, debería facultar a las organizaciones indígenas para que lo hagan”.
Wilson Rojas, secretario de Gobierno de Riohacha, aseguró que “el retorno es inminente”, y el pasado 15 de junio visitó el corregimiento de Tomarrazón, junto a la Policía, el Ejército y otros funcionarios, para “evaluar las condiciones mínimas vitales” para el retorno. Sin embargo, hoy ninguna autoridad puede garantizar que, incluso si la población vuelve a sus tierras, la violencia no la vuelva a desplazar.
El monumento de un hacha clavada en el tronco de un árbol talado está ubicado en el parque principal Los Fundadores en San Vicente del Caguán. “Para mí, el símbolo del hacha no es de destrucción. Para mí es progreso, porque así fue que llegaron acá. San Vicente del Caguán existe gracias a las manos heridas de los campesinos que llegaron tumbando la selva”, dice Guillermo Peña mientras lo observa.
Peña ha vivido siempre en el municipio, trabaja como aserrador, sobre él cae el estigma constante que pesa sobre los habitantes de San Vicente del Caguán: ser vistos como depredadores de la selva amazónica. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre octubre y diciembre de 2023, la deforestación en los siete departamentos que componen la región amazónica se estimó en 18.400 hectáreas. San Vicente del Caguán fue el tercer municipio con el mayor porcentaje de detecciones tempranas de deforestación en todo el país, después de Mapiripán y Cartagena del Chairá.
Sin embargo, a tres horas del casco urbano de San Vicente hay un oasis habitado y protegido por campesinos que llevan 27 años trazando un camino hacia la conservación y la sostenibilidad. Lo han hecho bajo la figura de las conocidas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), una forma de ordenamiento que abarca 71 mil hectáreas que la conforman y delimitan. Con esa figura, que empezó a regir desde 1997, buscan contrarrestar la concentración de tierras rurales, fomentar una economía campesina sostenible, salvaguardar los recursos naturales y frenar la frontera agropecuaria.
“Se trata de ordenar el territorio. De ordenarlo a partir de acuerdos comunitarios. No es un actor o un agente externo el que tiene que decir qué hacemos, somos nosotros mismos los que ordenamos en lo ambiental, lo social y lo productivo”
Dice Nolberto Villalobos, ex vicepresidente de la Asociación Municipal de Colonos del Pato - Balsillas (Amcop), la entidad que representa la reserva.
La brújula de lo que los campesinos bautizaron como ‘Zona de Reserva Campesina de la cuenca del río Pato y el Valle de Balsillas’ ha sido el manual de convivencia que construyeron en 2004, a través de consensos entre las 27 juntas de acción comunal que la componen. Dentro de los 50 artículos redactados, destaca la prohibición de la tala, la caza y la pesca con fines comerciales. El mismo documento destaca en sus primeras páginas que el “amor por el territorio” es un valor fundamental para la sana convivencia. Para eso han tenido que darle vuelta al modelo económico y al chip de la deforestación como forma de desarrollo.
Mercedes Mejía, docente de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía, explica el costo ambiental de la deforestación: “Los árboles entre más jóvenes, más captan dióxido de carbono (CO2). Cada que se tala un árbol se pierde un sumidero (o reductor) de CO2” que es lo que, al llegar a la atmósfera, calienta la Tierra.
Pero para Mejía, la deforestación en San Vicente del Caguán “es más que un cementerio de árboles, es un problema estructural”. Y va unido a dos puntos claves: la historia de la colonización y la ganadería como modelo económico. “
Nos dicen que somos los destructores de la selva y que estamos afectando el medio ambiente. ¿Nosotros? Ellos obligaron a nuestros padres a meterse a la selva. ¿Por qué digo ellos? por la maldita política, porque empezaron a matar liberales y godos y mucha gente se tuvo que desplazar a estos lugares”, cuenta Peña.
Desde los años 30, los habitantes de la entonces intendencia del Caquetá eran descritos principalmente como colonos e indígenas. En el siglo XIV y XX la explotación y fiebre del caucho en esa zona llevó a que se transitaran ríos y se abrieran caminos entre Huila y Caquetá. A inicios del siglo pasado, a San Vicente del Caguán llegaron principalmente campesinos del Tolima, Huila, Antioquia y otras regiones. Algunos en la búsqueda de tierras productivas, otros huyendo del conflicto armado y unos por impulso del Estado que fomentó la colonización para adjudicar tierras baldías.
Una parte de los campesinos llegaron talando árboles para abrirse camino por la selva, para ocupar baldíos, para conseguir madera y construir sus casas o para ayudar al vecino a tener un techo. A esos colonos va dirigido el monumento del que hablaba Peña. En 2019, las alertas de deforestación del Ideam señalaron que los procesos de colonización en San Vicente del Caguán avanzaban “de manera rápida y no planeada” y eso generaba “una demanda creciente de recursos y tierras” en lo que se sustentaban las cifras de deforestación.
El segundo es la ganadería, la principal actividad económica y considerada una marca de la región. Según el Ideam, el ganadero a gran escala es uno de los principales agentes de deforestación en San Vicente del Caguán porque el ganado pastorea en praderas que usualmente eran bosque. “En los años 60, el antiguo Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) no sólo decía ‘vaya a coger un pedazo de tierra al Caquetá’, sino que hacía préstamos, no con dinero sino con animales, para que arrancaran con la producción ganadera”, afirma Javier Revelo, docente de la Universidad del Rosario y experto en temas de deforestación de la Amazonía.
Cuando el auge del caucho pasó, empezó la colonización campesina que impulsaron entidades como el Fondo Ganadero del Huila que ofrecían ganado a antiguos caucheros para que abrieran potreros. “El Estado quiso consolidar la ganadería como modelo de desarrollo regional, lo logró y hoy vemos las consecuencias”, dice. Según el censo nacional bovino de 2023, que realizó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), San Vicente fue el municipio con mayor número de bovinos: 895.290, casi el doble de Paz de Ariporo, un municipio de Casanare que le sigue en la lista.
Pero a las cifras de deforestación actuales en San Vicente del Caguán también se le suman otros factores. Uno de esos es el papel que pudo tener la salida de las antiguas Farc en el aumento de la tasa de deforestación de los últimos años en San Vicente, ya que en el municipio, ese grupo armado ilegal, era visto como regulador de la tala de árboles. “Evidentemente, los grupos armados ilegales, El Estado y las Fuerzas Armadas tienen un papel, pero es un error aproximarse a la deforestación desde el conflicto armado sin pensar en la economía”, explica el docente.
En 2017, un año después de la firma del Acuerdo de Paz, San Vicente del Caguán tuvo su pico más alto de hectáreas deforestadas desde que existe la medición: 26.632. En El Pato - Balsillas, la deforestación pasó de 302 a 523 hectáreas de 2016 a 2017, a pesar de esto, la superficie cubierta por bosque en la zona aumentó en casi 4 mil hectáreas en ese mismo periodo de tiempo.
Recostado sobre un tronco de madera, en la vereda Guayabal de la reserva campesina, Geyner Bedoya, un campesino de 41 años que hoy asesora a la Asociación Municipal de Colonos de El Pato (Amcop), dice que esa diferencia entre las cifras de deforestación y el crecimiento del bosque estable tiene una explicación.
“Acá y en lo que no es la zona de reserva campesina hay institucionalidad, cooperación internacional y actores armados. Es el mismo escenario. Entonces, ¿Por qué, cuando se firma el Acuerdo de Paz, los focos de deforestación se concentran en donde no es la zona de reserva campesina?, ¿cuál es la diferencia? Sólo hay una: el tema organizativo”.
La organización comunitaria
La zona está compuesta por lo que Amcop llama tres núcleos, que son los tres centros poblados principales: Balsillas, Guayabal y Los Andes. A todos los conecta la vía que comunica al Huila con el Caquetá y en la que los transportadores suelen atravesar de Neiva hasta San Vicente del Caguán. La reserva empieza en Balsillas con un valle, algunos parches de bosques y un clima frío; y a medida que avanza, entre Guayabal y los Andes, las montañas se van acercando, los árboles empiezan a cubrirlas y la temperatura va subiendo. Es como atravesar tres pisos térmicos y al menos dos tipos de geografía.
Aún se ven casas en madera, porque construir en ladrillo sigue siendo costoso por las distancias. En los jardines y antejardines suelen verse pequeñas huertas. Suelen ser caseríos silenciosos en los que el mayor ruido viene de las motos que son el principal medio de transporte. El licor no se puede vender los lunes, a menos que sea festivo, y los establecimientos que lo comercializan sólo lo pueden hacer de martes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Nadie puede portar armas, es obligación que toda persona mayor de 14 años que viva en la zona esté afiliado a una Junta de Acción Comunal (JAC) y una vez al mes hacen jornadas de trabajo comunitario para embellecer la zona.
Como uno de los fines de la reserva es evitar la concentración de tierras, cada familia tiene derecho a un mínimo de hectáreas — y también a un máximo — según la actividad económica que desarrollen. Por ejemplo, las familias que decidan pasar de un sistema productivo ganadero a uno más ambiental y sostenible, pueden tener un mínimo de 50 hectáreas, pero no podrán pasar de las 150 a menos que esos terrenos se trabajen en proyectos asociativos o de forma colectiva. Y quienes tienen cultivos diversificados mínimo podrán tener 20 hectáreas y máximo 75.
Según el manual de convivencia de la zona, cualquier propietario que quiera vender sus tierras debe ofrecerlas primero a la JAC, luego a Amcop, después a personas de la zona y, en última instancia, a externos. En caso de que los últimos estén interesados en comprar, antes de realizar el negocio deben ser presentados en la asamblea y el propietario debe conocer las intenciones de comprar el predio, para evitar que realicen actividades como minería o proyectos de monocultivos extensivos. A la par deben conocer el manual, acogerse a éste y participar en al menos tres asambleas antes de inscribirse como socios de una JAC.
En la reserva, la conservación ambiental es tan importante que para cortar un árbol, cualquier habitante debe pedir permiso al comité ambiental de la JAC de la vereda.
Wilmar Andrés Sánchez es uno de los integrantes de ese comité en la vereda de Balsillas, un caserío de pequeñas casas que parecen construirse alrededor de una cancha de fútbol cubierta por pasto. Tiene 29 años y desde que salió del colegio se ha vinculado a proyectos ambientales en la reserva. Detrás de un escritorio de madera, en una casa pequeña de paredes amarillas, Sánchez va enumerando una de las tantas funciones de su trabajo.
Cuenta que a ellos les llegan las cartas de los campesinos que solicitan aprovechar o tumbar un número determinado de árboles para poner un cerco, arreglar la vivienda o hasta construir un puente. Eso sí, todo debe tener un uso doméstico y ningún fin comercial. El trabajo del comité es visitar la zona, evaluar qué tan viable es la tala y cómo debe reponerse. Es decir, cuántos árboles nuevos y en qué zonas deben sembrarse y cuidarse para devolver al medio ambiente lo que se le ha quitado. Al final, el comité debe decidir si da el visto bueno o no a la solicitud. Ese proceso puede durar hasta 20 días.
Las respuestas a las solicitudes, negadas o aceptadas, generalmente se respetan. Pero también suele haber tropiezos, en especial con nuevos propietarios. “Con los que han comprado tierras ha sido un reto grande porque vienen de otra cultura y a veces no les gusta obedecer las normas. Nos ha tocado hacer llamados de atención y en ocasiones llevarlos ante el Comité de Conciliación para imponer sanciones, en especial pedagógicas, como sembrar árboles, limpiar zonas verdes”, cuenta Oneira Perdomo, una campesina que también hace parte del comité ambiental de Balsillas.
Según el registro más reciente de deforestación que tiene el Ideam, en 2022, la zona de reserva campesina de El Pato - Balsillas tuvo 70 hectáreas deforestadas. Menos del 1% de su territorio. Esa cifra no se ha logrado sólo a punta de prohibiciones, también de pedagogía, organización comunitaria y apoyo económico, sobre todo, de cooperación internacional.
El engranaje de El Pato - Balsillas
En Balsillas, la ganadería sigue siendo la principal actividad económica. En especial porque la composición de la tierra y el clima frío que puede llegar hasta a los cuatro grados centígrados no es precisamente un incentivo para la agricultura. Por eso Alfonso Tovar, coordinador del proyecto Escuelas Campesinas, le está apostando a capacitar a los campesinos para que la ganadería y la deforestación no vayan de la mano.
“Se trata de enseñarles a que produzcan pero que lo hagan a partir de la conservación, protegiendo los bosques y sin dejar su actividad económica porque no puede haber conservación con hambre”, dice Tovar. El proyecto busca enseñar desde lo más básico hasta un nivel de experticia sobre el campo y la conservación. “Todo enmarcado desde la monetización del cuidado porque si influye el bolsillo, ellos aprenden a cuidar monetizando”. Aunque es un proyecto que apenas está andando, hay al menos 50 familias participando con las que se esperan firmar acuerdos de conservación por 10 años para sus predios.
“Nada anda solito, todo hace parte de algo”, dice Wilmar Sánchez a medida que recorre las calles despavimentadas del caserío camino a la sede principal del Colegio Guillermo Ríos. La institución es un ejemplo de ese engranaje que funciona en la zona de reserva campesina y que se refleja en la educación. Tras el portón blanco con letras azules, varios salones de paredes blancas rodean la cancha múltiple. De ahí en adelante empieza la esencia del enfoque agroempresarial que tiene la institución: viveros, huertas, cerdos y una fosa de basuras .
Con el cucharón en mano y sin dejar de revolver la leche caliente que se convertirá en el arequipe, que luego venderán los estudiantes de once, la profesora Erfilia Díaz, de 41 años, cuenta que en el colegio quieren darle a los jóvenes la bases para crear microempresas o emprendimientos campesinos. “Estamos en un contexto en el que los papás tienen su tierra y lo ideal es que desde niños aprendamos a manejarla para hacerla autosostenible”, dice Díaz quien este año empezó a dictar clases de fortalecimiento empresarial.
A la profesora Erfilia se le ocurre vender carne de hamburguesas, hacer gelatina, preparar arequipe o recoger la cosecha de las huertas para que los estudiantes salgan por la vereda a venderla. Y de paso vayan aprendiendo sobre el manejo de las finanzas y el comercio. Pero no es la única docente que ha unido esa vocación campesina a las clases. Cada grado del colegio se encarga de ciertas zonas, uno de las huertas, otros de los cerdos y otros más de los cultivos de frutas que hay regados. “Acá el profesor de matemáticas sale a medir el área de la huerta, del galpón o de la cochera de los cerdos. No es una matemática tradicional, es un aprendizaje activo con la transversalidad del enfoque agroempresarial”, dice la profesora.
Las huertas y los viveros no se ven sólo en el colegio. En fincas, casas y comercios son comunes los pequeños cultivos de legumbres, verduras y algunos condimentos que desde la Asociación Municipal de Colonos del Pato (Amcop) han impulsado por medio de proyectos. “La huerta casera se acaba cuando llega el frío. Por eso gestionamos un proyecto con Parques Nacionales Naturales para construir un invernadero de 120 metros cuadrados para 40 familias”, afirma Javier Guependo, presidente de Amcop. Dice que el fin de extender esos proyectos por toda la reserva es que la zona se convierta en una despensa agrícola llena de pequeños productores.
Alejandra Vega, especialista en tenencia de tierras de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que el fortalecimiento de esos pequeños productores, que conforman lo que desde la organización se llama agricultura familiar y comunitaria, es clave para la seguridad alimentaria. “El 70% de los alimentos del mundo se producen de este tipo de agricultura”, dice Vega, resaltando la cifra.
Para que la agricultura tampoco se lleve por delante los bosques, en la zona de reserva campesina cuentan con una estrategia que llaman “cañeros rotativos”. Los cañeros son zonas que han sido deforestadas y están en proceso de transición para regenerarse. La norma en la reserva es que los cañeros que tienen 20 años no se pueden intervenir porque prácticamente son bosque primario, pero los que están alrededor de los 10 sí pueden usarse para agricultura.
Después de la producción, esa zona debe dejarse descansar y el próximo cultivo debe rotarse a otro predio, así la tierra se oxigena y las familias contarán con terrenos para la actividad agrícola. “Es un trabajo de conciencia y un trabajo que implica que las juntas y la organización estén repitiendo en cada reunión que hay que conservar”, dice Geyner Bedoya desde Guayabal. Ese trabajo de conservación ha llevado a que desde Amcop le apuesten a viveros comunitarios en todas las veredas.
Desde la reja metálica que rodea el vivero, Bedoya va diciendo los nombres comunes de algunas de las plántulas que germinan en las decenas de hileras que hay bajo el toldo negro: arrayanes, cedros rosados, laureles. La meta, afirma Bedoya, es producir 30 mil plántulas, de las 78 especies nativas de la zona, al año. Así, cuando un campesino deba plantar árboles por gusto, necesidad o por compensar la tala de otros, pueda recurrir al vivero para obtener plantas nativas.
Eso permitiría que las semillas de especies que están desapareciendo en la zona puedan propagarse. También sería una alternativa para plantar árboles con el fin de restaurar zonas deforestadas. Como la orilla del río que atraviesa a Balsillas, una de las pocas que no cumplen con la norma de la reserva, en la que todos los ríos deben contar con una cobertura de bosque de 30 metros a cada lado. Las plántulas del vivero serían un aporte para que, en un futuro, el valle verde de Balsillas pueda estar tupido de bosque.
Bedoya dice que el vivero también los ha llevado a pensar en la posibilidad de que haya pequeños cultivos de árboles maderables con el fin de intervenirlos para suplir la necesidad de madera y que el campesino no tenga que entrar a los bosques a buscarla.
Pero no es sólo un tema de uso y comercialización. “Con este vivero logramos mantener un proceso de conocimiento e investigación que le facilitamos a la comunidad — expone Bedoya — . El vivero se convierte en un laboratorio de aprendizaje y de enseñanza y arraiga más el tema de conversación”. Lo dice porque, para él, tiene mucho más peso que los campesinos puedan ver, conocer, y fortalecer sus conocimientos de semillas, especies y comportamientos del suelo, que solo escucharlos.
El vivero de Guayabal inició con dinero de cooperación internacional, pero esperan que pronto sea autosostenible. Es una historia que se repite en los tantos proyectos, algunos en papel y otros en marcha, que hay en la zona de reserva campesina. La mayoría cuentan con el apoyo de organizaciones internacionales, la Cruz Roja y Parques Nacionales Naturales — que son las instituciones con mayor presencia en el territorio —.
Y, en un hecho que han considerado histórico porque no recuerdan la última vez que un gobierno nacional invirtió tanto en la reserva campesina, aplauden los 9 mil millones de pesos que llegaron por medio de la Agencia de Desarrollo Rural para proyectos agropecuarios. Los demás proyectos en la reserva andan con las uñas, a punta de gestión propia, con apoyo comunitario y en medio de un conflicto entre las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y la Segunda Marquetalia que se disputan el territorio.
“Acá cuidamos, conservamos, restauramos, pero la inversión se la llevan a otras zonas arrasadas por la deforestación en las que no hay estos procesos. Es como cuando uno tiene dos hijos y en lugar de premiar al que se porta bien, premia al que se porta mal. Así nos hemos sentido”, dice Bedoya.
Reportería
Nicole Tatiana Bravo García
Olga Arenas
Gabriel Linares
Vanessa Barrera
Edición
Ángela Martin Laiton
Fotografía y videografía
Gabriel Linares
Ilustración y diagramación
Camila Bolívar
Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network
La medida propuesta por el presidente Gustavo Petro para el programa 'Caminos comunitarios para la paz', en la que se permitía a las Juntas de Acción Comunal hacer contratos directos para la construcción de las vías terciarias y placa huellas, fue suspendida cautelarmente por el Consejo de Estado debido a supuestas violaciones constitucionales y de normativas legales que regulan la competencia y la contratación pública.
Esta decisión ha sido rechazada y apelada por la Confederación Nacional de Acción Comunal, que argumenta que el Consejo de Estado tomó una decisión jurídicamente equivocada al interpretar los convenios comunales como contratos. El auto es el resultado de una demanda interpuesta por empresas privadas dedicadas a la construcción en Colombia, quienes argumentan que el presidente de la república se extralimitó en sus funciones atentando contra los principios de transparencia, selección objetiva y ejercicio de la ingeniería.
Es así como el órgano tumbó el artículo 15 del decreto 142 del 2023 en el que se permitía que las comunidades suscribieran convenios solidarios con entes territoriales nacionales, regionales y municipales para arreglar sus vías.
Conversamos sobre el impacto de esta decisión para las comunidades con Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal.
Consonante: ¿Cómo tomaron desde la acción comunal la decisión del Consejo de Estado?
Guillermo Cardona: Bueno primero, éste es un auto que admite una demanda. Lo insólito es que haya un auto de admisión de demanda cuando no hay sentencia, cuando no hay estudio de fondo. Sin embargo, hay que aclarar que los convenios siguen vivos, siguen intactos como están, tanto en la ley 1551 como en la 2166. Lo que nos parece insólito es que el Consejo de Estado tome esta decisión que afecta tanto a los comunales.
C: ¿Cuál es el impacto de esta decisión en los territorios?
GC: Mucha preocupación, porque las comunidades vienen ejecutando desde el 2012, por la ley 1551, los convenios solidarios. La pregunta es por qué en este momento el Consejo de Estado admite una demanda, cuando hubo muchas demandas de tiempo atrás que no prosperaron. Además, la Corte Constitucional ya dijo que los convenios solidarios son absolutamente constitucionales. Entonces yo creería que es como una actitud tendenciosa la del Consejo de Estado en este momento, cuando repito hay muchos municipios en Colombia que ejecutan recursos por convenios a diario, ¿por qué? Porque es como más rinde la plata. El convenio solidario no es una forma de contrato, es una forma de complementación, como dice la definición.
C: A futuro ¿Qué alcances jurídicos, contractuales o económicos podría tener este auto para las obras adjudicadas y en proceso de adjudicación a la acción comunal?
GC: No, porque nosotros logramos es que finalmente este auto deja intacta la ley 1551 y la 2166. Solamente toca, repito, un decreto en el artículo 15. Pero lo que viene a futuro es el debate interno. Nosotros ya interpusimos un recurso de apelación y vamos a interponer otras acciones, pero yo estoy seguro que el proceso lo ganamos porque hay una interpretación equivocada del concepto de convenios por parte del Consejo de Estado.
C: Tras la decisión, el presidente Petro tuiteó que esta era una forma de frenar su gobierno, ¿Cómo lo ven ustedes?
GC: La intención del presidente es buena y es un tema que ya se habló con él. Mirando un poco hacia atrás, antes de 1993 la eficiencia de la inversión pública en los barrios y veredas fue muy elevada, porque se ejecutaron los recursos de esa manera. Es decir, la comunidad siempre es la que ha construido las obras, los acueductos, las escuelas, los centros de salud y a veces llega el Estado y colabora, la mayoría de veces no. Es así como el documento CONPES 3955 reconoce que la acción comunal ha construido más de medio país.
Cuando llega la Ley 80, lo que hace es que excluye la posibilidad de que la gente acceda directamente a los recursos porque establece unos requisitos inalcanzables para una comunidad barrial o campesina. Y entonces la ejecución del recurso público se monopoliza con los particulares. Es decir, ya el recurso público no llega directamente a la comunidad, sino que a través de un intermediario que se llama contratista. Éste se queda la mayor la mayor parte del recurso, esa es la realidad.
Nosotros desde la acción comunal recuperamos el concepto de estos convenios que en la práctica se venían ejecutando. Sobre esa base algunos alcaldes y gobernadores, de todos los partidos hay que ser claro en eso, que quieren hacer eficiente la inversión pública, encontraron en esos convenios la mejor figura; porque se asignan de manera directa, sin concurso de méritos, pero en los que se maneja bien ese complemento entre el Estado y la comunidad.
Viene ahora el Consejo de Estado y dice que los convenios violan la ley de competencia. No, es que el convenio no es una forma de contratación, es una forma de complementación del esfuerzo Estado-comunidad. Eso lo entendió bien este gobierno. Pero tenemos detrás de esto a la Federación Colombiana de Municipios, a la Sociedad Colombiana de Ingenieros que quieren obstruir el acceso de la acción comunal al recurso público.
C: La acción comunal impugnó la decisión, ¿bajo qué argumentos lo hicieron?
GC: Bueno, hay varios argumentos, el primero es que no se convocó a la acción comunal para imponer esta decisión aunque sea la principal afectada. Es decir, usted como juez de la República no puede tomar la decisión sin antes oír a la parte afectada. Se está violentando aquí el debido proceso. Lo segundo que es el Consejo de Estado confunde lo que ya dijimos, el concepto de convenio con el concepto de contrato, si fuera contrato se puede argumentar la violación al derecho de la igualdad y a la libre competencia.
Porque en el contrato el Estado le entrega un recurso al contratista y el contratista devuelve un producto con derecho a quedarse con una ganancia. En el convenio no hay esa posibilidad, no hay una convocatoria pública. Hay un acuerdo del Estado con cada comunidad. Aquí la comunidad no tiene opción de una ganancia económica, esa posibilidad no existe. La comunidad tiene una ganancia en servicios, en soluciones.
C: ¿Qué acciones adelantan o han pensado adelantar en caso de que la impugnación no sea favorable para ustedes?
GC: Pues estamos pendientes de la respuesta del Consejo de Estado a la apelación en los próximos 15 días. Sino ahí procede la acción de tutela. También en la demanda que interpusimos esta semana, pedimos ser parte del proceso para poder estar en todo el debate de fondo.
C: Por último, este gobierno le ha apostado a hacer más convenios con las JAC, en especial en el tema de vías terciarias, pero esto también ha sido leído como una forma de ganar votos para futuras elecciones y fortalecer la movilización popular ¿qué opinan sobre esto?
GC: Yo creo que el argumento más generoso es decir eso. La verdad es que el gobierno ha querido ejecutar convenios con las comunidades, pero como hay un entramado de la tecnocracia en manos de la política tradicional experta en enredar, por ejemplo, exigiendo a las comunidades no los requisitos de un convenio tradicional, sino los de un contrato. Es más, el origen de esta decisión del Consejo de Estado es una equivocación de Invias y el DNP que le dieron formato de convenio a algo que cabía únicamente en contratos bajo la Ley 80. Es decir, esa política tradicional se interpone a las decisiones del gobierno porque son los que más se han beneficiado del modelo del contratista, y son ellos, particularmente los interventores del caso de Invias. Yo digo que uno de los grandes problemas que tenemos con toda esta tecnocracia del Estado es que su arrogancia y prepotencia por sus títulos profesionales le impide conocer la realidad objetiva de las comunidades.
En Fonseca, donde brilla la luna entre cardón y tunas, en la vereda de Los Altos, creció junto a sus padres y nueve hermanos la seño Facia. Esta lideresa nació el 5 de junio de 1937, hoy tiene 86 años, y empezó su carrera docente desde los 20. Es, además, un personaje destacado del municipio por su labor en la formación de niños en su primera etapa escolar, algunos de ellos con dificultades en el aprendizaje.
Bonifacia, una profesora apasionada y empírica, desarrolló métodos innovadores para involucrar a los pequeños en un entorno de aprendizaje estimulante y divertido. Gracias a su trabajo, los estudiantes salían de la escuela bien preparados. Su compromiso con la educación infantil dejó una huella imborrable en la vida de numerosos niños fonsequeros. Su popularidad creció gracias al amor y paciencia que dedicaba a su trabajo, convirtiéndose en toda una autoridad en la educación local.
La escuelita de la seño Facia ganó renombre y su reputación se mantiene intacta hasta el día de hoy, tanto así que los padres de familia todavía buscan sus servicios para dar refuerzos. Sin embargo, debido a su vejez y problemas de visión, tuvo que dejar de dar clases.
Hoy, Blanchar se ayuda de un bastón para desplazarse por toda la casa, la misma en la que ha vivido desde hace más de 50 años. Todos los días, mientras escucha las noticias matutinas en la emisora local Fonseca Stereo y comienza con las tareas del hogar, vende zapatos de tela desde su casa. A pesar de tener problemas de visión, también en las piernas y la voz algo apagada por el polvillo de tiza, trata de mantenerse muy activa.
La seño Facia es conocida en la comunidad por su dedicación y estilo de enseñanza a niños y niñas en las primeras etapas de aprendizaje. A través de su trabajo, ha contribuido a mejorar la calidad y generar confianza de más de 1.000 estudiantes de Fonseca, lo que le valió una gran reputación entre los padres a lo largo de los años, que mantiene hasta el día de hoy.
Consonante : ¿ Cuándo inició su labor como docente ?
Bonifacia Blanchar : Comencé a trabajar como docente en 1957, cuando apenas tenía 20 años en la vereda de Sabaneta, allí estuve por más de cinco años y con ayuda de los padres de familia de la comunidad fue que gestionamos la construcción de la escuela.
En el internado en Sincelejo comencé mis estudios de pedagogía, pero solo estudié un año porque era pago y mis padres no contaban con los recursos para que pudiera continuar, todavía por aquí no había escuelas de bachillerato, luego se me dio la oportunidad de hacer un curso de profesionalización en La Vocacional (hoy I. E. Agropecuaria) en la que ocupé el primer puesto. Ese curso me sirvió para convertirme en docente y me abrió las puertas para trabajar con el Magisterio. Sin embargo, a mis 26 años, después de estar casada me fui con mi familia a vivir al corregimiento de Conejo.
A penas tenía el primero de 8 hijos, y por circunstancias ajenas a mi voluntad me tocó presentar mi renuncia, el alcalde de ese momento me preguntó: “¿cuál es el motivo de su renuncia? Si es por el cambio de domicilio no hay problema, yo le gestiono su traslado”. Sin embargo, mi esposo dijo que no quería que trabajara más, argumentando que ya teníamos un hogar y un niño que atender . Viendo esta situación, el alcalde me dijo: "piénselo, doña. Usted tiene una hoja de vida intachable. Le doy 15 días para que lo piense. Si acepta usted va a Fonseca y le hacemos su traslado". Al no asistir perdí una gran oportunidad en mi vida, hoy podría ser pensionada del Magisterio.
C: ¿Dónde inició la escuela ?
B: La escuelita inició en los años 70, en una enramada de palmas de coco aquí en Fonseca. A medida que fuimos construyendo la casa, la fuimos moviendo de puesto. Después funcionó en la sala hasta llegar aquí al fondo del patio de la casa familiar; así yo seguí y seguí educando a niños y niñas, que era lo que me gustaba, pero con esta labor también pude educar a mis hijos. Ellos fueron mis primeros alumnos porque cuando se fueron a estudiar a la escuela Anexa ya les había enseñado las primeras letras.
Recuerdo que un día, mientras trabajaba en la escuelita, vino aquí un alcalde (no recuerdo su nombre) y me dijo: vamos a registrar su escuela, yo la ayudo. Usted es una excelente profesora y le reconocemos el trabajo que viene desempeñando en la comunidad. Creí que eso no me hacía falta y que ya no estaba para eso y respondí: “para lo que me falta”, cuando eso pasó yo tenía 40 años.
Aún hoy, a mis 86 años, aquí vienen muchos padres a pedirme que les dé refuerzo a sus hijos, pero ya no puedo porque mi problema de la vista no me lo permite, sino, todavía estaría dando clases.
C: ¿Hasta qué año desempeñó su labor de docente?
B: Hasta el año 2015 estuve trabajando aquí de forma continua, me tocó retirarme, porque me operaron de la pierna, de la vista y me prohibieron permanecer mucho tiempo de pie; sin embargo los nietos y algunos muchachos, hijos de mis estudiantes, me han permitido seguir prestando el servicio a muchos.
C: ¿Qué es lo que más le gustó de su labor?
B: Lo que más me gustó del trabajo que realicé con mis alumnos fue entregarles mis conocimientos, darles buenos consejos e inculcarles valores, que todo en la vida salga a relucir como Dios manda, que fueran honestos y que velen por sus padres.
Recuerdo que una vez, cuando ya tenía mi escuelita en la sala de la casa, estaba matriculando a mis hijos y era Pepe Manjarrés el director de esa escuela y les preguntaban a los papás dónde estudió el niño y ellos respondían: el niño viene de la escuela de la seño Facia. Y él preguntó ¿quién es la seño Facia? yo, que me encontraba en la fila, levanté la mano y le dije: profe soy yo.
C: ¿Qué características cree que se deben tener para ser un buen profesor?
B: Ser profesor es una vocación donde debe primar el buen trato para los alumnos, dialogar con ellos ya que es muy importante que conozcan el significado de lo que es la educación y a qué los lleva.
C : ¿A cuántos profesionales de Fonseca enseñó?
B : Es difícil detallar cuántos muchachos eduqué, desde que empecé a trabajar en la zona rural diría que a más de 1000 niños les di clases. Muchos de ellos ahora son médicos, ingenieros, licenciados, abogados. Varios han emigrado para otras partes por falta de oportunidades laborales aquí en el municipio.
C: ¿Algunos de estos estudiantes vienen a visitarla o se acuerdan de usted?
B: Muchos de mis estudiantes vienen a visitarme y recuerdan la labor que he desempeñado por años, ellos todavía me traen a sus hijos cuando tienen algunas dificultades de aprendizaje, diciéndome: “Seño, yo sé que con usted aprende”. Mostrando la confianza depositada en mi labor.
A veces llegan profesionales que fueron mis estudiantes a felicitarme, diciendo: “vengo a traerle este diploma, que he recibido gracias a usted por las enseñanzas que nos dio”. Algunos se toman fotos conmigo y otros no, pero sé que muchos de los alumnos que pasaron por mi escuela, me recuerdan.
C: ¿Qué la impulsó a seguir enseñando?
B: Cuando mis hijos estaban en edad de ir a la escuela, yo le dije a mi esposo que nos fuéramos a vivir a Fonseca, porque los niños necesitaban ir al colegio. Él me dijo que los pusiéramos a estudiar en los Toquitos, una de las veredas de la región de Almapoque, zona rural del municipio de Fonseca. A lo que respondí que no, porque no quería que se quedaran solo con los dos primeros años de educación. Así logré convencer a mi esposo para irnos a vivir a Fonseca.
Mis hijos fueron ese motor para seguir mi vocación de servicio como profesora, enseñándoles a ellos vi que tenía que seguir haciendo lo que había descubierto antes, una labor que abandoné por el matrimonio, pero que luego retomé y mis hijos fueron el impulso para hacerlo nuevamente. De ahí pude seguir educando a niños de todas las edades, incluso algunos de ellos con dificultades de aprendizaje. Todos en esa etapa que hoy llaman “de inicio”. Los niños salían de aquí a hacer primero, ya que los alumnos que iban de esta escuela no tenían necesidad de hacer el examen de admisión.
C: ¿Cuál es la deuda del Estado colombiano en materia educativa con el municipio de Fonseca?
B: Fonseca en la zona rural y urbana necesita que se mejoren las aulas y se nombren los profesores que hacen falta en los diferentes colegios para que puedan recibir los alumnos una educación de calidad.
C: ¿Por qué es importante la educación?
B: La educación, es fundamental y necesaria para el ser humano, el conocimiento y habilidades que se adquieren nos ayuda al crecimiento personal para desenvolvernos en la vida y de esa manera podemos contribuir con el desarrollo de nuestro pueblo y prestar un buen servicio a la comunidad.
