El 9 de abril de 2025, en el auditorio de la Institución Educativa Corazón de María del municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, se vivió una jornada de tensión, expectativas y reclamos. La reunión, convocada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), tenía un propósito claro: socializar con la comunidad el proceso de posible firma de un nuevo contrato de concesión minera entre el Estado colombiano y la empresa Miner S.A. para la explotación del proyecto El Roble, la única mina de cobre metálico activa del país.
Con un auditorio abarrotado por líderes sociales, representantes indígenas, organizaciones campesinas, ambientalistas, trabajadores de la mina y funcionarios públicos, el evento sirvió como un termómetro de las fracturas que atraviesan al territorio.
La historia minera de El Carmen de Atrato, de más de tres décadas, ha dejado una huella profunda en su paisaje, su economía y sus comunidades. Sin embargo, para muchos habitantes, los beneficios prometidos no han llegado, y la desconfianza frente a este nuevo contrato es palpable.
La Agencia Nacional de Minería explicó que el nuevo contrato se encuentra en una etapa precontractual. Según la entidad, este surge como respuesta a un laudo arbitral internacional fallado en contra del Estado colombiano, que obliga a habilitar nuevamente la operación minera. De ahí la urgencia de regularizar la situación jurídica de Miner S.A., una empresa que, pese a no contar con un contrato vigente, ha seguido explotando el yacimiento de El Roble con amparos judiciales.
La propuesta de nuevo contrato plantea una duración de 15 años, prorrogables, con compromisos específicos en materia de regalías, empleo local, inversión social y cumplimiento ambiental. Sin embargo, para muchos sectores presentes en la reunión, la socialización fue más una formalidad que un espacio real de participación.
Intervenciones institucionales y comunitarias
En la mesa principal se sentaron representantes de la ANM, la Alcaldía de El Carmen de Atrato, la Gobernación del Chocó y la Procuraduría Ambiental. Desde estos espacios se reiteró la importancia del proyecto para la generación de empleo y la dinamización de la economía local. Jaime Arturo Herrera, alcalde del municipio, celebró la posibilidad de aumentar los recursos de regalías: “Pasar del 20% al 41% en ingresos por regalías sería un logro histórico para nuestro pueblo. Necesitamos vías, salud, educación”.
Pero la mayoría de intervenciones desde el público pusieron en duda ese optimismo. Una tras otra, las voces comunitarias reclamaron una participación real en las decisiones que afectan al territorio.
Javier Arrieta, líder de la Mesa Indígena Departamental, expresó con firmeza la exclusión histórica del movimiento indígena: “Como pueblos indígenas no nos sentimos apoyados, ni siquiera con las regalías que llegan a los municipios. Esperamos que en este nuevo contrato se pueda cambiar esta situación”.
Arrieta pidió que el contrato contemple la contratación y cualificación de personal indígena, así como inversiones concretas en educación y mejoramiento de vías en sus territorios. “Los afectados somos los pueblos indígenas. Que el apoyo en educación llegue a nuestras comunidades, que se arreglen las vías en nuestros pueblos”, subrayó.
La voz del campesinado y los olvidos estructurales
Marcela Sánchez, vocera de la Plataforma del Campesinado de El Carmen de Atrato, alzó la voz con contundencia. Denunció la exclusión de los campesinos en el proceso de socialización y en las decisiones sobre el nuevo contrato. Su intervención fue una radiografía crítica del papel del Estado frente a los territorios bioculturales del Chocó.
“¿Dónde quedó el discurso sobre el Chocó biogeográfico, sobre nuestros ríos y montañas exuberantes?”, preguntó. “Ahora se buscan vetas de minerales donde estamos las comunidades. Hoy reivindico al campesinado carmeleño que ni siquiera fue mencionado en este escenario, pese a ser de los más afectados”.
Sánchez también cuestionó la coherencia del Gobierno Nacional y la legalidad del proceso. Recordó que el laudo arbitral que motiva el nuevo contrato fue impulsado no por una institución, sino por un ciudadano —Darío Cújar—, y que las reformas estructurales para redistribuir los recursos siguen estancadas en el Congreso.
“Nos dicen que va a llegar más dinero, pero eso está regulado por una ley nacional. ¿Quién asegura que llegue a nuestras comunidades?”, sentenció.
Reclamos desde la Mesa Social Ambiental
Ramon Cartagena, integrante de la Mesa Social Ambiental, fue enfático en que este proceso no puede seguir siendo una simple socialización. Pidió a la ANM un nuevo espacio de concertación con garantías de participación real, tiempos equitativos y presencia de todas las voces del territorio. “Esto no puede ser una imposición. Se necesita diálogo verdadero entre las partes, no una exposición unilateral del Estado o la empresa”.
Cartagena insistió en que la participación ciudadana debe ser previa, libre e informada, tal como lo exige la Resolución 1099 de 2023 que rige los procesos de concesión minera en Colombia.
Junto a las organizaciones sociales, el sindicato minero apoyó las voces de protesta. Durante la jornada, representantes leyeron fragmentos del documento que presentaron oficialmente a la ANM ese mismo día, acompañado por un informe del Centro Sociojurídico Siembra sobre los incumplimientos contractuales y ambientales de la empresa Miner S.A.
El sindicato aboga por que se firme un nuevo contrato que garantice estabilidad laboral a los trabajadores actuales y el pago de salarios atrasados. Para ellos, cerrar la mina o frenar la operación generaría un caos económico para las familias que dependen de este ingreso.
Pero más allá del empleo, está en juego la protección del territorio. Varias organizaciones recordaron que la mina El Roble se encuentra dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Río Atrato, una figura de protección ambiental que choca con los intereses extractivos. También está vigente la Sentencia T-622 de 2016 que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, lo que implica una obligación estatal de proteger su integridad ecológica.
A esto se suma la Ley Segunda de 1959, que protege zonas forestales estratégicas, y los procesos de restitución de tierras que aún están activos en la región. “¿Cómo garantizar que este contrato no vulnera estos marcos jurídicos?”, preguntaron los asistentes.
El dilema de la inversión comunitaria
Uno de los temas más polémicos es el de la inversión comunitaria. Las organizaciones se preguntan quién definirá en qué se invierte y cómo se garantiza que los recursos lleguen realmente a las comunidades, y no se queden en manos de intermediarios o élites locales. Hasta ahora, la empresa Miner S.A. no ha ejecutado proyectos de alto impacto en la zona, pese a más de 30 años de operación.
“El Carmen de Atrato sigue estando entre los municipios con mayores índices de pobreza extrema en Colombia”, recordó uno de los líderes. “¿De qué han servido las regalías si seguimos sin hospitales adecuados, sin carreteras, sin escuelas en condiciones dignas?”.
El encuentro del 9 de abril dejó claro que la comunidad está dividida. Por un lado, trabajadores y proveedores de la mina apoyan la continuidad del proyecto, en defensa de su sustento. Por otro lado, líderes indígenas, campesinos, ambientalistas y defensores de derechos humanos exigen un nuevo modelo de desarrollo, más allá de la minería.
Aún no se ha firmado el contrato, y la ANM deberá evaluar las observaciones presentadas por las organizaciones. Queda en el aire la posibilidad de realizar una consulta previa, como lo exigen los tratados internacionales ratificados por Colombia cuando se afectan pueblos étnicos.
También sigue sin resolverse la posible integración de títulos mineros, la definición del esquema de inversión social y el cumplimiento de normas ambientales, territoriales y de restitución de tierras.
¿Y ahora qué?
El futuro del proyecto El Roble está en suspenso. El Gobierno Nacional tendrá que tomar una decisión que no solo involucra temas técnicos o económicos, sino éticos y sociales. Firmar un nuevo contrato sin garantizar una participación efectiva de las comunidades sería repetir errores del pasado.
Este caso es un espejo de lo que ocurre en muchas regiones del país: tensiones entre institucionalidad, comunidades, empresas y medioambiente. Una historia de recursos que llegan al centro y de voces que resisten en la periferia.
El Carmen de Atrato, con su biodiversidad exuberante y su gente resiliente, merece un futuro más justo. Uno en el que la minería no sea sinónimo de imposición, sino de acuerdos construidos desde abajo, con respeto por el territorio y por quienes lo habitan.
A finales del año 2019, el Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz llegó a las sabanas del Yarí, en el sur del departamento del Caquetá. Esta iniciativa, liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se propuso como un puente entre el proceso de paz y la restauración ecológica de una de las regiones más golpeadas por la guerra, la deforestación y el abandono estatal. Desde entonces, comenzó un proceso de coordinación y sensibilización entre actores institucionales, comunidades campesinas y organizaciones sociales del territorio, entre ellas la Asociación Ambiental de Mujeres Trabajadoras por el Desarrollo del Yarí (AAMPY) y la Corporación de Trabajadores Agropecuarios y Ambientales de los Llanos del Yarí (CORPOAYARÍ).
La llegada del proyecto coincidió con una necesidad sentida en el territorio: reconstruir la relación con el bosque. Durante años, las dinámicas extractivas —legal e ilegalmente impulsadas— habían arrasado con miles de hectáreas de selva, dejando tras de sí suelos erosionados, fuentes hídricas alteradas y comunidades fragmentadas.
En medio de este panorama, AAMPY y CORPOAYARÍ encontraron una oportunidad para transformar la memoria del daño en acción colectiva por la vida.
Mujeres que siembran futuro
AAMPY nació en 2011, en una región históricamente marginada del mapa político y ambiental de Colombia. La Asociación fue impulsada por un grupo de mujeres campesinas del Yarí que, además de enfrentar las violencias del conflicto armado, han lidiado con la exclusión de género, la pobreza estructural y el peso de sostener sus familias en medio del abandono institucional. Conformada hoy por alrededor de 60 mujeres, AAMPY ha convertido el cuidado del territorio en una forma de liderazgo colectivo, desde donde se promueve la justicia ambiental, la soberanía alimentaria y la reivindicación de los saberes tradicionales.
“Empezamos con nuestros conocimientos empíricos, los que habíamos heredado de nuestras madres y abuelas”, cuenta Xiomara Gómez, vicepresidenta de AAMPY. “Pero con el tiempo llegaron personas profesionales que nos fueron orientando, en cómo trabajar y avanzar, desde la recolección de semillas hasta la siembra en fincas”.
Las mujeres de AAMPY no solo se organizaron para sembrar. También empezaron a investigar. Salieron al bosque a identificar especies nativas, recolectar semillas, preparar almácigos, y experimentar con prácticas agroecológicas. Así nació el vivero comunitario de Alto Morrocoy, un espacio que no solo produce plantas, sino que también educa, conecta generaciones y reconstruye vínculos con la naturaleza.
“Nosotras sembramos para restaurar, pero también para sanar. Porque muchas de estas plantas estuvieron a punto de desaparecer, así como nosotras estuvimos a punto de perderlo todo”, dice María Raquel Espinosa, representante legal de AAMPY.
El vivero ha logrado propagar más de 720 mil árboles nativos y restaurar cerca de 329 hectáreas de bosque. Pero su impacto va mucho más allá de las cifras: ha creado un espacio donde las mujeres lideran procesos de transformación territorial desde el cuidado, el conocimiento ancestral y la articulación comunitaria.
“Es un lugar donde se aprende a conocer las especies y su función en el territorio”, explica Raquel. “Ha sido un escenario de aprendizajes para los niños y niñas, quienes han aprendido a valorar y conocer la riqueza natural que hay en el territorio”.
CORPOAYARÍ: promotores de una nueva relación con el bosque
Junto a AAMPY, ha sido fundamental la labor de CORPOAYARÍ, una organización campesina con presencia en 79 veredas del Yarí. Esta corporación nació como una apuesta por fortalecer la organización comunitaria y promover modelos sostenibles de vida en un territorio profundamente afectado por la guerra, el narcotráfico y la deforestación.
CORPOAYARÍ trabaja bajo un modelo de gobernanza basado en la promotoría campesina: una red de líderes ambientales que, desde sus núcleos veredales, impulsan la conservación de especies, el manejo de conflictos entre humanos y fauna, y la implementación de prácticas agroecológicas. Esta estrategia ha permitido recuperar la confianza entre vecinos, fortalecer capacidades técnicas en las comunidades y establecer alianzas con actores institucionales y académicos.
Arnulfo Mendoza, uno de los líderes de CORPOAYARÍ, señala: “Nosotros como campesinos vimos la necesidad de aportar y restaurar parte del daño que habíamos hecho con las talas y quemas, entonces pensamos en un vivero, para poder propagar plantas que nosotros mismos ayudamos a destruir”.
El vivero de Alto Morrocoy es una expresión concreta de esa apuesta. Allí se trabaja con especies nativas como carricillo, ahumado, cedro achapo, marfil y caño fistol, árboles que fueron fuertemente explotados por los aserraderos durante décadas y hoy están amenazados o en escasez. En total, hay más de 140 especies en propagación, todas seleccionadas bajo criterios ecológicos que priorizan el fortalecimiento de corredores biológicos y la restauración de zonas degradadas.
“Trabajamos con plántulas nativas, porque aquí no podemos traer especies no nativas. Si lo hacemos, alteramos nuestros ecosistemas y rompemos el equilibrio ambiental”, dice Xiomara.
“Este manejo ayuda a que los animales tengan alimento y refugio. Porque sin bosque no hay jaguar, y sin jaguar no hay equilibrio ambiental”, concluye María Raquel.
Fotografía: Maira Ayala
Restaurar para resistir
Los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) son contundentes: en 2016, las Sabanas del Yarí registraron la tala de 8.000 hectáreas de bosque, casi la tercera parte de toda la deforestación del departamento del Caquetá ese año. En 2017, la cifra se superó, consolidando al Yarí como uno de los principales focos de pérdida forestal en Colombia. Y aunque los índices han disminuido ligeramente, la región sigue siendo uno de los 12 núcleos de deforestación donde se concentra el 67% de la pérdida de bosque a escala nacional.
Las causas son múltiples y estructurales: ganadería extensiva, expansión agrícola sin control, tala ilegal y ausencia de presencia estatal efectiva. Este proceso ha puesto en riesgo a más de 10.000 especies de fauna y flora amazónica, alterando ciclos hídricos, reduciendo la capacidad de los suelos y aumentando el riesgo de incendios forestales.
Frente a este panorama, las comunidades organizadas del Yarí han respondido con alternativas. Las plantas que alcanzan 60 cm de altura en el vivero de Alto Morrocoy son trasladadas a predios en proceso de restauración, donde se implementan herramientas como el Manejo del Paisaje (HMP), Enriquecimiento de Bosque (EB), Restauración Intensiva de Ronda Hídrica (RIRH), Restauración de Ronda Hídrica (RRH) y Restauración Intensiva (RI). Cada técnica se adapta a las condiciones del terreno y los objetivos ecológicos de cada predio.
“El vivero es una ficha clave en la implementación del proyecto porque se manejó tres puntos: conservar, restaurar y sistemas productivos sostenibles”, explica Luz Eliana Rodríguez, integrante de AAMPY y propietaria del terreno donde está ubicado el vivero.
Además de las acciones directas de siembra, AAMPY y CORPOAYARÍ han promovido procesos de educación ambiental en escuelas, ferias campesinas, encuentros comunitarios y visitas intergeneracionales. El conocimiento que se transmite no es solo técnico, sino también simbólico y espiritual: se habla del territorio como madre, del agua como vida, del jaguar como guardián, del bosque como casa común.
Tejer paz con raíces
El proceso que adelantan AAMPY y CORPOAYARÍ no es solo ecológico: también es político, cultural y profundamente simbólico. Las mujeres del Yarí, que por años resistieron en silencio la guerra, han encontrado en las semillas un lenguaje para narrar otros futuros posibles. La restauración ecológica se ha convertido en una forma de reconciliación con la tierra y de construcción de paz territorial.
“Este trabajo no se trata solo de sembrar árboles. Es sembrar futuro, sembrar esperanza, sembrar dignidad”, resume Raquel Espinosa. Y añade: “La paz no va a llegar solo con firmas. La paz se construye sembrando en la tierra y sembrando en el corazón de las personas”.
Desde la periferia del país, estas mujeres han logrado articularse con instituciones nacionales e internacionales, posicionar su agenda en escenarios como la COP y abrir caminos para que otras organizaciones campesinas repliquen sus experiencias.
En un país donde muchas veces se criminaliza la protesta y se invisibiliza el trabajo de las organizaciones comunitarias, la experiencia de AAMPY y CORPOAYARÍ demuestra que la verdadera transformación ambiental y social surge desde abajo, desde los territorios olvidados, desde las manos de mujeres que siembran, cuidan y luchan por un futuro más justo y sostenible.
Cuando los primeros habitantes del Guainía caminaron por su territorio, dejaron un rastro indeleble en la piel de la Tierra. Sus pasos resonaron en la selva, sus voces se entrelazaron con el murmullo de los ríos y sus historias quedaron grabadas en las piedras como testigos silentes del transcurrir del tiempo. Esas rocas gigantes albergan petroglifos, mensajes sagrados, escritos en la lengua ancestral de los pueblos indígenas.
Los petroglifos del Guainía, ubicados en comunidades como Coco Viejo, son una manifestación tangible de la cosmovisión indígena. Estos grabados representan la sabiduría de los pueblos indígenas y son considerados antiguos libros que conectan a las generaciones presentes con sus ancestros.
El sabedor Puinave Efraín Bautista explica que, en realidad, estos símbolos fueron enseñados por Dugjin, el dios que otorgó el conocimiento para escribir en las piedras, y su significado trasciende el tiempo y el espacio. También nos cuenta que estos petroglifos son "mensajes que nuestros antepasados escribieron para informar al pueblo".
Según la arqueóloga Carmen Pérez Maestro, esta escritura fue interrumpida con la llegada de los europeos, quienes trajeron consigo la evangelización, la colonización y la imposición de nuevas formas de comunicación. Sin embargo, los petroglifos se mantuvieron como una forma de conectar con el pasado.
Sabiduría escondida en las piedras
Los petroglifos cuentan las historias de los antepasados, relatos que enseñan sobre sus creencias, sus mitos, su visión del mundo y su relación con la naturaleza. Cada petroglifo tiene un significado profundo que trasciende el tiempo y el espacio. De acuerdo con la tradición de los indígenas Puinave, los mayores sabían leer estas piedras como un libro sagrado. Esta escritura estaba destinada a informar a la comunidad sobre eventos importantes, como la llegada de la temporada de caza o el cambio en el ciclo de las lluvias. Además, servían como un medio para transmitir conocimientos espirituales, enseñanzas de los dioses y rituales sagrados.
Uno de los petroglifos más significativos, según los sabedores, es aquel que representa las estrellas del calendario, conocido como Waliperre en la lengua Curripaco. Este símbolo tiene un papel fundamental en la vida de los pueblos indígenas del Guainía, ya que está vinculado al ciclo temporal y a la observación de las estrellas.
Según Alirio Torcuato, sabedor del pueblo Curripaco, Waliperre también es una guía para entender el paso del tiempo. Este petroglifo, al igual que muchos otros, está estrechamente relacionado con la naturaleza, las estaciones y la vida diaria de las comunidades.
Para los pueblos indígenas del Guainía, los petroglifos son, ante todo, elementos esenciales de la cosmovisión. Estos grabados están profundamente conectados con la espiritualidad y la identidad de los pueblos de Guainía. Su cuidado es, por tanto, una cuestión de gran importancia para.la preservación de la cultura.
El abuelo Pablo Cabría, sabedor de la comunidad de Caranacoa del pueblo Puinave, recuerda cómo los petroglifos eran interpretados por los ancianos como mensajes sagrados. Según él, los petroglifos son "escritos de poblaciones muy antiguas", tallados en las rocas con materiales duros como el diamante. Los petroglifos eran una forma de garantizar que el conocimiento ancestral se transmitiera, no solo de boca en boca, sino también grabado en la misma tierra que los ancestros habitaban.
El misterio de los petroglifos queda en evidencia en esta historia que narra Cabría, que ocurrió cuando él tenía 12 años:
—En ese tiempo había llegado la Semana Santa, y mi padre decidió hacer un viaje hacia los lugares donde se encuentran los petroglifos. En ese entonces, la zona estaba deshabitada. Al llegar al lugar, los mayores decían que donde están señalados los dibujos es donde se esconde lo valioso como el oro. Así emprendimos camino hasta unas cuevas
Acampamos cerca del lugar y decidimos vigilar durante la noche, esperando alguna señal. Cerca del amanecer tomamos la decisión de entrar en las cuevas. Fue entonces cuando una luz intensa iluminó todo el interior, resplandeciendo hasta el exterior, era una luz demasiado brillante y recuerdo que el fenómeno nos llenó de temor, salimos rápidamente del lugar y nunca más volvimos desde ese día.
Para el abuelo Pablo Cabría, los petroglifos son escrituras antiguas con mensajes e instrucciones que no han terminado de ser interpretados.
La amenaza a los petroglifos: vandalismo y desconocimiento
Los petroglifos del Guainía enfrentan serias amenazas. La erosión natural, el vandalismo y la falta de conocimiento sobre su importancia cultural ponen en peligro estos símbolos sagrados.
Uno de los incidentes más graves ocurrió el 3 de febrero de este año en la comunidad indígena de Coco Viejo, en el resguardo Coayare El Coco, Inírida. Un grupo de jóvenes, presuntamente bajo los efectos del alcohol, rayaron varios petroglifos, alterando irreversiblemente los grabados que habían permanecido intactos durante siglos. La indignación fue inmediata, ya que estos actos son considerados por las comunidades como un ataque a la memoria e identidad colectiva.
"Estos petroglifos no son solo piedras, son nuestra identidad, son nuestra historia", afirmó Zulma Torcuato, capitana (autoridad) de Coco Viejo. La falta de conciencia sobre el valor de estos petroglifos, tanto dentro como fuera de las comunidades indígenas, lleva a que estos actos continúen ocurriendo.
El impacto cultural y espiritual de la destrucción
El daño causado a los petroglifos afecta directamente la conexión de los pueblos indígenas con sus ancestros y con las fuerzas espirituales que los rodean. Cada petroglifo tiene una historia y una enseñanza particular cuando son vandalizados, según los indígenas, esa conexión se debilita, y con ella la capacidad para comprender su identidad y los principios que los guían.
Divino Dasilva, líder del pueblo Curripaco, señala que la desaparición de los petroglifos afecta la moralidad y el conocimiento de los jóvenes.
Esto ocurre porque a medida que los símbolos sagrados desaparecen, los jóvenes pierden el contacto con las enseñanzas ancestrales y comienzan a alejarse de los principios que han guiado a las comunidades indígenas durante miles de años. Esto conduce a la transformación del comportamiento y la forma de vida de las nuevas generaciones.
Ante esta situación, las comunidades indígenas del Guainía han tomado acciones para preservar los petroglifos y garantizar que las futuras generaciones continúen aprendiendo de ellos. El proyecto de investigación sobre el arte rupestre en la cuenca del río Inírida, liderado por la arqueóloga Carmen Pérez Maestro, busca documentar y estudiar los petroglifos en la región, promoviendo su conservación y divulgación, de la mano de comunidades locales.
El Museo Comunitario del Guainía también juega un papel fundamental en la preservación de los petroglifos.
Con la creación de rutas patrimoniales buscan que los visitantes conozcan estas expresiones y su significado cultural. Estas rutas ayudan a preservar los petroglifos, fomentan un diálogo intercultural con la memoria de los pueblos originarios y promueven el respeto por su patrimonio.
Fotografía: Hermes López
El proyecto cuenta con el acompañamiento del museo y con la participación activa de las comunidades indígenas de los ríos, quienes han compartido sus saberes y relatos ancestrales. Esta articulación ha sido clave para fortalecer la conexión cultural, el reconocimiento del territorio y la preservación del patrimonio.
Además de su valor científico, la investigación promueve un diálogo intercultural que valora la memoria de los pueblos originarios, y abre nuevas posibilidades para el desarrollo del turismo cultural en la región.
Un llamado colectivo a la protección
Para los pueblos indígenas del Guainía la protección de los petroglifos requiere un esfuerzo conjunto entre las comunidades, las autoridades y la sociedad en general, como un esfuerzo colectivo para garantizar que estos símbolos sagrados sean preservados para las futuras generaciones. La propuesta incluye la creación de rutas de interpretación cultural, la implementación de estrategias de vigilancia ancestral y la educación sobre la importancia de los petroglifos en las escuelas y comunidades.
La protección de los petroglifos es una apuesta por la conservación material, el respeto por la memoria ancestral y por la identidad de los pueblos indígenas del Guainía.
La carretera por la que suele cruzar Yineth Rivera Rey está adornada con árboles de lado a lado. Hay carbones, mangos y acacias que la arropan con una manta de sombra en la calle principal del barrio Villa Norte, en la entrada a San Vicente del Caguán. Yineth mira hacia arriba con satisfacción, no solo porque se siente protegida, sino porque fue ella, junto a sus compañeros de escuela, quienes sembraron treinta de esos árboles hace más de veinte años como parte de un proyecto de reforestación de la Institución Educativa Rural Arenoso.
“Nosotros debíamos adoptar un árbol, cuidarlo, abonarlo y no dejarlo morir. Mi madre me ayudaba y me daba permiso para ir a las excursiones, porque para esa época todo era muy difícil, pero uno era curioso y tenía todos los sentidos enfocados en aprender”, recuerda Rivera, quien ahora tiene 34 años.
Así como han crecido los árboles que sembró en su adolescencia, han crecido también las iniciativas ambientales en la institución. Antes, la escuela rural tenía únicamente salones, antejardines y algunas huertas. Ahora hay más de 12 sedes con 500 árboles que atraen todo tipo de aves, anfibios e insectos. Hay proyectos enfocados en reforestación de cuencas hídricas y caminos veredales, siembra de techos verdes y manejo de residuos sólidos. Todo como una forma de integrar la conciencia ambiental y la vida estudiantil. “Para mí es importante que tengamos conciencia ambiental, habría menos basura, menos contaminación, más siembra de árboles, más hogar para animales, no estaríamos dañando el planeta”, cuenta Kevin Santiago Jiménez, estudiante de noveno grado.
Aunque estas iniciativas han marcado la juventud de varias décadas de estudiantes, sus aportes son poco conocidos en el municipio. Melissa Andrade, una comerciante del barrio Villa Norte, se sorprendió al enterarse de que esos árboles habían sido plantados por los niños del colegio. “Es increíble, me gustaría felicitarlos. En verdad estoy profundamente agradecida, no pensé que hubiera una historia detrás de esto. Ojalá se siga generando esa conciencia desde las escuelas, porque no recuerdo haber hecho lo mismo donde estudié. A veces pensamos que los adultos debemos enseñar a los niños, pero mira, los niños también hacen mucho por nosotros”, dice.
Un compromiso por la tierra
Julián Caviedes tiene 14 años y estudia octavo grado en la sede de la vereda Santa Marta. Él, junto a 45 estudiantes más, continúan con el legado que han dejado otros desde hace dos décadas, cuando comenzó la reforestación estudiantil.
Caviedes señala con su dedo una de las especies de árboles más importantes para la repoblación forestal: el carbón. “Es un árbol nativo que está en la mayoría de quebradas, es muy propagador porque la semilla se dispersa y el agua las transporta a varios lugares (...) Es muy bueno también como sombrío, aunque las plantas de caucho se nos han dado muy bien también”, explica.
Caviedes se reconoce a sí mismo como agricultor y campesino. Disfruta cuidando a los animales y los cultivos de la finca de su familia, también cree que esta conciencia ambiental que ha fortalecido en el colegio le servirá para siempre. Para él, estudiar en la ruralidad es una oportunidad para apreciar continuamente la vida de las plantas, los animales y los recursos naturales. Por eso, sigue con mucho entusiasmo el curso del agua del nacedero ubicado a un kilómetro de la escuela, que abastece a toda la comunidad educativa.
“El nacedero que tenemos se divide en túneles de agua subterránea más o menos de diez metros. Junto a los padres y maestros hicimos una molla con madera fina para represarla y poder generar agua para la escuela. Es así como acoplamos la teoría con la práctica y mostramos que estamos cuidando nuestro propio ecosistema”, dice.
Caviedes tiene un lema que se repite cada tanto: sembrar hoy para el bienestar del mañana. En medio de esta reflexión, destaca el rol de la educación rural, pues para él la escuela ha sido un refugio para aprender a cuidar la vida y defender valores como el sentido de pertenencia. ”Aquí es donde me he desarrollado, donde he aprendido, donde he enseñado y donde muy posiblemente me superaré”, agrega.
Además de la sede Santa Marta, en otras también se llevan a cabo este tipo de proyectos. Hay iniciativas ambientales en las veredas Arenoso, Alto Arenoso, Balcones, Bélgica, Buenos Aires Nº 2, Ceibas Abajo, Ceibas Arriba, Guamalito Bajo Plumero, La Esmeralda, La Pradera, La Tolda, Parcelación el Líbano, Pilones, Santa Isabel de la Urella y Sotará.
Todas han acogido un modelo pedagógico llamado “Hagamos paz con la naturaleza”, que está basado en alinear los conocimientos campesinos tradicionales junto a los principios de la sostenibilidad. Por eso, los profesores intentan acercar al estudiantado a la tierra desde preescolar hasta noveno, su grado más alto.
Desde una pequeña oficina en la sede La Pradera, el rector Eris Zúñiga destaca que la voluntad de los docentes, estudiantes y padres de familia juega un papel importante dentro del modelo educativo. Para él, es una relación constante y permanente que va más allá del manejo agronómico. Se trata de crear un vínculo personal y afectivo con el medio ambiente. “Si todos sentimos una armonía con la naturaleza, eso se va a reflejar también en el ambiente educativo”, afirma.
La profesora Dennis Torres es docente del área agropecuaria en la sede La Pradera desde hace 18 años. Mientras se quita el sombrero de paja y se seca el sudor de la frente luego de una jornada de siembra de yuca, celebra el enorme cambio de sus estudiantes en relación con el cultivo de la tierra. “Muchos niños han cambiado su forma de pensar y están en el proceso de ayudar a educar a los demás, y para mí eso vale toda la pena”, dice Torres.
En sus clases, ella y sus alumnos se dedican a sembrar plátano, aguacate, caña, papaya, piña, mango, entre otros productos que pasan luego a ser alimento para todos en el restaurante escolar y en festivales como La Cañatón o La Yucatón. En estos eventos, los padres de familia muelen la caña para extraer guarapo y entre todos hacen varias preparaciones a base de yuca para degustar con las familias y los docentes.
“A mí me encanta la actividad de La Cañatón. Todos ayudamos a cortar, alistar y hasta comer, ojalá se repita. Estoy orgulloso de compartir en mi casa lo que aprendo. Junto con mi abuela hicimos una huertica y sembramos yuca, plátano y cilantro. Le enseñé también a aprovechar los residuos orgánicos”, cuenta Dorlan Parra, estudiante de sexto grado. En otras instituciones donde estudió, recuerda, nunca salía del salón para cultivar la tierra.
Para que estos proyectos funcionen y sean continuos, cada docente se apropia de alguna tarea. Se dividen el trabajo con el compost, la recolección de residuos, la limpieza general y la cosecha. Todo con un abono natural y sin agroquímicos. “Cada ocho días un docente va con su grupo a encargarse del abono; lo mismo hacen para cuidar los jardines, en los que cada niño quiere ver su a planta florecer”, cuenta Torres. En sus clases destaca que ha logrado ampliar la imaginación de los estudiantes vinculando las labores del campo a los cuentos, obras de teatro y emprendimientos que empiezan a surgir.
En esto coincide Cristian Samir, profesor de la sede Balcones, una escuela hecha por los padres de familia. Con él, los estudiantes trabajan en contar los árboles y medir la distancia de cada uno, como una forma de evaluar el comportamiento de la naturaleza. “Revisamos también varias reseñas históricas de las especies y vinculamos en el proceso a los padres para que hagan un refuerzo desde el hogar en estos temas, pues nos importa promover valores como la responsabilidad, el compromiso y la empatía por el medio ambiente”, dice Samir.
Para esos trabajos de campo, las sedes educativas tienen un salón de herramientas con palas, palines, rastrillos, tijeras podadoras, azadones, garlanchas, picas y algunas peinillas o machetes. La mayoría fueron compradas con recursos que genera la cooperativa administrada por los docentes.
“El reconocimiento de los seres vivos y las diferentes formas de vida permiten apropiarse de la biodiversidad que existe en el territorio. Es una manera de acercar la ciencia al ámbito de lo local. Nosotros procuramos pasar tiempo al aire libre, sacar a los niños del aula y recorrer en la medida de lo posible los lugares cercanos”, cuenta Wilton Muñoz, profesor de la sede La Pradera.
Recuerda cuando empezaron con cinco árboles, luego fueron cincuenta, luego cien y hasta llegar a los 600 árboles el año pasado. “Las dificultades que nos encontramos en el camino es lo que nos ha permitido crecer. Somos conscientes y sabemos que de un 100 por ciento se salva un 30, pero con eso nos sentimos dichosos”, apunta Muñoz.
Techos Verdes
Otro de los proyectos que lleva adelante la Institución Educativa Rural Arenoso es la de climatizar algunos espacios para impactar en el bienestar de los estudiantes. Para eso se realiza un proceso de arborización frente a las aulas y se construyen techos verdes a partir de la infraestructura existente. Hace cinco años, los jóvenes plantaron un arbusto trepador que se puede moldear y ahora logran ver sus resultados. Cuando cierran la mitad de la tarima principal se genera una sombra que refresca el espacio social.
“La adaptación al cambio climático no es una opción, debemos anticiparnos a ese tema, por eso nosotros vimos la opción de sembrar especies que nos ayuden a generar sombra y barreras. En la época de invierno los fuertes vendavales nos han destechado varias aulas de algunas sedes educativas; por eso pensamos en techos naturales”, apunta Muñoz.
El proyecto de techos verdes ha sido conocido por estudiantes en la Universidad de España, donde varios profesores cursan el Doctorado en Educación y Cultura Ambiental. Para ellos es importante visibilizar esta iniciativa que atraviesa a toda la comunidad educativa. “Así hacemos que todos quieran las plantas y las cuiden, poco a poco con el ejemplo, con la enseñanza y la insistencia desde los más chiquitines, quienes saben que los gusanitos, lombrices, pajaritos, zarigüeyas, mariposas y muchos más no son motivo de susto o de eliminación”, dice Wilton Muñoz.
Los jóvenes, además, participan en un proceso de recolección de residuos sólidos y lideran una gestión adecuada. A través de comités encargados de clasificar y depositar y darles un segundo uso, los estudiantes distribuyen las tareas los viernes de cada semana.
“Es satisfactorio ver los cambios de hábitos diariamente en los niños y cómo toman la iniciativa para utilizar menos hojas, clasificar y reutilizar el plástico o aprovechar los desechos para el compost”, afirma Dennis Torres.
A las afueras del cementerio de San Vicente del Caguán, un silencio denso acompaña a los equipos de búsqueda. Allí, entre lápidas desordenadas, tierra removida y registros que se pierden con el tiempo, se intenta reconstruir lo que el conflicto deshizo: la historia de quienes desaparecieron y aún no regresan. El drama por la búsqueda de desaparecidos en Colombia está lejos de cerrarse. Los investigadores forenses calculan que, incluso, se necesitarían 50 años más para organizar la información de cuerpos que se han ido recuperando. Tarea que se suma a la labor de tener una mayor presencia en las comunidades para la toma de muestras genéticas y de recuperar la confianza en territorios donde aún se vive el conflicto y el miedo.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informa, en su portal de datos, la desaparición de 124.734 personas en el marco del conflicto armado colombiano. El reporte se hace con aportes de distintas fuentes (familiares, excombatientes, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas).
En el caso de San Vicente del Caguán se documentan 556 desapariciones desde 1901 hasta el 2016. De estas personas, 451 son hombres, 85 mujeres y 20 sin información o no determinadas. Y aunque de 271 no hay información sobre la edad, el mayor grupo se ubica entre los 29- 59 años (97 casos, un 17 por ciento), le siguen de 18- 28 (87, un 16 por ciento), de 12-17 años (50, un 9 por ciento) y menores de 11 años (12, un 2 por ciento).
En el cementerio municipal de San Vicente del Caguán se han intervenido 16 sitios de interés, y allí se han recuperado 18 cuerpos que fueron enviados a Medicina Legal para su identificación. Uno de estos fue plenamente identificado y entregado en noviembre del año pasado a su familia en Montería.
En el trabajo de ubicación de desaparecidos también colabora la Corporación Humanitaria Reencuentros, organización conformada en el 2017 por firmantes del Acuerdo de paz con el propósito de aportar en la búsqueda extrajudicial y humanitaria de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Además de la documentación, impulsan la ubicación de posibles lugares de interés de búsqueda. En estos 8 años han participado 3.400 firmantes en actividades de reencuentro a nivel nacional.
“En San Vicente del Caguán se cruzaron distintas estructuras que fueron integrantes de las Farc, no solamente del Bloque Sur, sino también del Bloque Oriental. Es un lugar importante en la historia del conflicto”, indica el director de la Corporación Humanitaria Reencuentros, Jhon León González.
Los firmantes de paz no solo reconocen su responsabilidad en los hechos sino que además participan en la localización, la ubicación y la entrega de los cuerpos. “Nosotros estamos convencidos de que durante años las familias recabaron mucha información, que se puede sumar a la información que traemos. La desaparición es un delito que condenamos, rechazamos, juzgamos y trabajamos para que la práctica no exista más”, agrega.
Los aportes de los firmantes también han impulsado la intervención al cementerio de San Vicente. “En este lugar hay desorden administrativo, irregularidades en la custodia de la preservación de cuerpos y la organización. Eso recae en que muchas personas siguen desaparecidas y en que sus identidades siguen siendo difíciles de ubicar”, indica.
Sobre las dificultades de trabajar en San Vicente del Caguán, Jhon León identifica que hay estigmatización con las comunidades. “Hay criminalización del campesinado y de quienes fueron perseguidos y desplazados. Necesitamos que las víctimas estén en el centro y que el Estado colombiano haga el deber de buscar y responda a esa deuda histórica que se tiene con las miles de familias buscadoras. No solamente compartimos información, sino que apostamos a acciones restaurativas de manera articulada y conjunta”.
Otra de las medidas que adelanta la UBPD desde el 26 septiembre de 2024 es la búsqueda inversa, estrategia orientada a localizar a los familiares y allegados de las víctimas de desaparición forzada en Colombia que han sido identificadas, pero no reclamadas. De este grupo se hace un cálculo de 8.000 cuerpos. El jefe de la Oficina de Información de la Unidad, Ramón Ricardo Valenzuela, explica que desde la UBPD se encargan de actualizar las listas y contactar a las familias, y para esto reciben información de allegados o conocidos.
“Tenemos el cuerpo identificado, sabemos dónde está el cuerpo y lo que no sabemos es quién es el familiar. Cuando el allegado se contacta con nosotros le pedimos unos documentos para que podamos verificar la relación con la persona”, cuenta Ramón Valenzuela. En este caso no es necesario el análisis de pruebas. Sin embargo, desde la unidad se adelantan jornadas de tomas de muestras biológicas y de entrega de información en veredas, entendiendo que muchas familias no pueden desplazarse a las oficinas de Medicina Legal o de la Unidad.
Desde este trabajo a nivel nacional se han publicado 74 identificados no reclamados, de los cuales en 46 casos se ha logrado tener contacto con familiares y hacer 11 entregas dignas. Estos reencuentros se han dado en los departamentos de Santander, Quindío, Cundinamarca, Cauca, Bolívar, Atlántico y Arauca.
“Tenemos en cuenta que haya una plena identificación del cuerpo y que esté en un lugar exacto para que cuando hablemos a la familia le podamos hacer la entrega. No podríamos decirle a una familia: su ser querido está acá, en este cementerio, pero no sabemos dónde. Eso sería revictimizar”, puntualiza.
Valenzuela explica que el proceso puede demorarse por el temor de la familia, la falta de confianza y los trámites de documentación. En Caquetá se tienen 8 casos plenamente identificados y se está dialogando con cuatro familias. Los hechos de desaparición ocurrieron en los municipios de Cartagena del Chairá con 4 casos, 2 en San Vicente del Caguán, uno en Solano y otro en Puerto Rico. En este momento los cuerpos están en Florencia.
La labor de la UBPD incluye a investigadores, médicos, odontólogos forenses, genetistas, antropólogos, criminalistas, fotógrafos forenses, entre otros. En este grupo está Manuela Alzate, antropóloga líder de la UBPD para la región sur, quien se encarga de documentar y revisar en campo si lo que se encuentra en la investigación es correcto.
“Nosotros nos dedicamos a explorar los sitios, a buscarles el potencial y a documentar lo que vemos. Hacemos unas aproximaciones y las enviamos a Medicina Legal y nos encargamos del seguimiento. Hay ciertas características a nivel morfológico que podemos ver para la estimación del sexo, como la pelvis y el cráneo, y les enviamos registro fotográfico de cómo lo encontramos”, dice.
Manuela Alzate lleva cuatro años en la UBPD y nos cuenta: “Este trabajo es difícil de olvidar porque me voy con una imagen de a quién estoy buscando. Cuando a nosotros nos llega la documentación en la gran mayoría de las veces podemos incluso acceder a ciertas fotografías y eso hace la diferencia. Tener una imagen, un rostro, una historia de vida detrás e ir con eso a campo. Pensar en los últimos momentos de la persona que para mí es el móvil de seguir este trabajo, y más cuando a las actividades van familiares”.
Por su parte Cindy González, investigadora humanitaria de la UBPD para el plan regional de búsqueda Caquetá norte, indica que hace falta documentación: “La persona que trabajó en el cementerio durante el momento más álgido del conflicto, con la retoma del Caguán y con la implementación del Plan Patriota, es un señor muy adulto y no recuerda tantas cosas por la edad. No hay registros claros y toca con la versión de los sepultureros”.
La investigadora también advierte que en las dinámicas de los cementerios se han reubicado algunos cuerpos: “Tenemos una expectativa de recuperación de cuerpos a partir de la información de necropsias y registros en el libro de inhumaciones que nos da un techo de al menos 74 cuerpos. Pero nos encontramos con sitios que han intervenido, alterado y eso baja la probabilidad de recuperarlos”, agrega.
González además señala que en los ejercicios de intervención al cementerio llegan personas a aportar información. “Cuando estamos excavando, destapando, manipulando los restos, nos llega información que es clave. Llega una persona que anteriormente no tenía la confianza de hablar o no estaba en el sector, en la vereda, en el cementerio en ese momento y nos aporta un dato claro”, cuenta. En estas labores pueden participar familiares a quienes se les explica el lugar y la complejidad de los terrenos.
“Cerca del 40 por ciento de las solicitudes de búsqueda del norte del Caquetá tiene que ver con las circunstancias de vinculación o reclutamiento a un grupo armado ilegal y también a la circunstancia de desaparición en medio de las hostilidades de combatientes activos. En el caso del norte del Caquetá, hay tres cementerios principales: el de San Vicente del Caguán, el de Cartagena de Chaira y el Cementerio Central de Florencia”, agrega.
4.430 personas desaparecidas en Caquetá
Las dinámicas del conflicto llevaron a que Caquetá sea uno de los departamentos con más casos de desaparición forzada. En Florencia se reportaron 881, y le siguen municipios como San Vicente del Caguán (556), Cartagena del Chairá (420), Puerto Rico (267), Montañita (242), Curillo (215) y los demás con más de 100 casos.
Helka Quevedo, antropóloga forense e investigadora del Centro de Memoria Histórica, en el informe “Caquetá, una autopsia sobre la desaparición forzada” expone cómo “los desaparecidos se vuelven a perder” cuando se interrumpe el diálogo entre los familiares de las víctimas y las instituciones que tienen a su cargo la investigación de este crimen, la identificación y entrega de los cuerpos, la verdad, la justicia y la reparación integral.
“¿Cómo es posible que no sepamos en dónde están nuestros muertos? Es lamentable desde el Estado colombiano, las alcaldías, las secretarías de salud y de la Iglesia”, advierte Quevedo, quien lleva desde los años 90 trabajando con la investigación de desaparecidos y la identificación de cuerpos. La antropóloga también estuvo a cargo de la exhumación de cadáveres en Caquetá desde la Fiscalía.
La antropóloga forense advierte que el trabajo se debe hacer de una manera más sistematizada, ordenada y con tiempo. “El Caquetá y sobre todo San Vicente del Caguán son zonas donde ha estado marcado el conflicto, pero no la única. También está el Catatumbo, Chocó o Buenaventura. En estos lugares se debe hacer una documentación muy juiciosa de los cementerios y levantar toda la información con tiempo. Esto no se puede hacer corriendo, hay que hacer un plan de trabajo con los sepultureros, las administraciones municipales, las alcaldías y la Iglesia”, agrega.
Quevedo indica que el ejercicio de una autopsia no solo se hace sobre un cadáver, sino que se refiere al ejercicio de ver más allá de lo evidente: “Hacerle preguntas a las tumbas, a la comunidad, a los victimarios. En los cementerios hay capas sobre lo material y lo inmaterial. Tenemos que saber hacer las preguntas que son, las preguntas clave y asociar qué tiene que ver esto con el conflicto, hacer una línea de tiempo del contexto político social y geográfico de la zona”.
“Lo que me cuenta a mí ese cuerpo, esas prendas, ese tatuaje, ese anillo, las direcciones que estaban en los documentos. Lo que cuenta ese zapato. Su último pensamiento cuando se puso esa ropa. Esa muerte nos habla de la vida y un poco de quién fue. Un cuerpo esqueletizado para los antropólogos forenses habla de su historia, de su salud y de sus ancestros”, puntualiza.
En el trabajo de dar identidad a estos cuerpos, Quevedo cuestiona que los casos se están represando en los laboratorios: “Tenemos que hacer un pare y organizarnos. Se han exhumado y se han recuperado demasiados cuerpos sin contexto. El Instituto de Medicina Legal está colapsado y hay que parar, hacer un análisis y una investigación. Tenemos tantos cuerpos recuperados y no identificados bajo custodia del Estado que tenemos que priorizar porque este ejercicio nos va a tomar otros 50 años para darle respuesta a las familias”.
Quevedo también rescata la necesidad de trabajar con las comunidades. “Una polifonía de voces donde estén las familias, las personas que produjeron esas muertes y esas desapariciones. Tenemos que sentarnos a escucharnos. Y esto nos va a tomar mucho tiempo. Olvidarnos de dar cifras, de que saqué 40 cuerpos, el abordaje es un gran desafío para la justicia y para la libertad de las familias y de la sociedad”.
“Existe subregistro porque donde hay conflicto no llegan las instituciones. El reto es llegar donde están esas familias. Cuando trabajaba en la Fiscalía haciendo exhumaciones, teníamos que ir a lugares del mismo Caquetá y ver semejante paisaje y belleza, pero íbamos a buscar los cuerpos de la violencia. Es el contraste de ver lugares hermosos donde la gente vive con miedo y en silencio. Y eso no ha cambiado mucho”, puntualiza Quevedo.
El 10 de marzo, después de años de disputa, se decidió que la única mina que explota cobre en Colombia deberá pagar al país más de 119 mil millones de pesos. Miner SA perdió el arbitraje que sostenía con la Agencia Nacional de Minería, en el que se discutía la interpretación sobre los pagos que la compañía debía hacer por más de 30 años de explotación de cobre en El Carmen de Atrato.
Aunque la decisión es una ganancia para el país, la deuda de la empresa con el territorio va más allá de lo financiero. Desde hace varios años el proyecto opera bajo un régimen de evaluación y control ambiental desactualizado, por lo que funciona sin licencia ambiental y sin una evaluación seria de sus impactos, lo cual ha derivado en medidas de mitigación insuficientes.
Según un informe del Centro Sociojurídico Siembra, hay incumplimientos sistemáticos en las obligaciones ambientales de la empresa que han provocado mayores niveles de contaminación en el río Atrato y afectaciones a los ecosistemas de la zona. Ha sido especialmente nociva la infraestructura de operación, como las presas de cola y botaderos de estériles, que no tienen estudios adecuados ni medidas de contención ante eventuales desastres. A esto se suma la falta de sanciones por parte de Codechocó, que, según el Centro, ha sido negligente en el control y seguimiento de la actividad minera.
En Consonante hablamos con Viviana González, subdirectora de Siembra, sobre el verdadero uso de estos fondos, que dependerá de los proyectos que presenten la Gobernación del Chocó y la Alcaldía local, y sobre las otras deudas de la empresa con los carmeleños y su territorio.
Consonante: Miner S.A. tenía dos deudas con el Estado colombiano, regalías y participación de la nación, ¿el fallo resuelve las dos?
Viviana González: Sí, Miner tenía una deuda económica por dos conceptos: el no pago de las regalías por el cobre desde el inicio de la operación y el no pago de la contraprestación de participación nacional a partir del 2014, que fue cuando se superaron los volúmenes de extracción. No se sabe todavía los detalles del laudo, porque este no ha sido publicado, pero en principio la controversia sobre la que versaba este proceso son los dos pagos. Entendemos que la deuda correspondiente a las dos obligaciones son los 119.000 millones que la Cámara de Comercio entendió que sí eran responsabilidad de Miner.
C.: Se habla de que el beneficio será para todo el Chocó. ¿Cómo se tendría que manejar ese dinero? ¿Debe ir para alguna fuente en específico?
V.G.: La forma en que entra el pago al Estado está reglamentado en la Ley 2056 del 2020, es decir, debe ser a través del Sistema General de Regalías y allí ya está definido de qué forma se distribuye. Hay que tener eso claro porque pareciera, o se está dando a entender, que esta plata entra a solucionar los problemas del Chocó o del municipio.
Hay un porcentaje que sí entra a los municipios y departamentos donde se hace la extracción de los recursos naturales no renovables, se llaman asignaciones directas, y es más o menos el 34 por ciento.
Pero para acceder a eso se requiere la presentación de ciertos proyectos, cuyo requisito es que sean soluciones que estén contempladas en los planes de desarrollo, tanto municipales como el departamental. Tampoco es plata de bolsillo, o que se puede usar de cualquier manera. Hay unas reglas muy específicas sobre cómo se debería administrar esa plata y se quiere invitar a que haya mucha vigilancia respecto a estos recursos.
Otro porcentaje se designa a unas bolsas comunes, que por ejemplo tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación, o al fondo de desarrollo regional, al fondo de compensación regional y a algunas asignaciones para la paz. Todos estos subfondos de esta gran bolsa de las regalías tienen un procedimiento y un organismo que define las asignaciones, en este caso son los Ocad. Así, los entes territoriales deben formular proyectos para aplicar a esos recursos, en competencia con otros municipios y departamentos, y tienen que ser aprobados por los Ocad. De ser así, les llega este dinero para la ejecución y resolución de problemas.
C.: El Carmen de Atrato es un municipio de sexta categoría que recibe pocos recursos del Gobierno nacional. ¿De qué forma se va a beneficiar el municipio de los pagos de la minera?
V.G.: Es importante tener en cuenta que El Carmen de Atrato no ha accedido a todos los recursos a los que hubiera podido acceder por la explotación de la mina El Roble, justamente por falta de iniciativa para presentar más proyectos y captar de esa manera los recursos. Ahora sí se va a requerir mucha iniciativa, tanto del municipio como del departamento, para poder acceder a este dinero. Toca ver de este porcentaje de asignación directa qué proyectos pueden presentar y qué priorizaciones hacen, tanto gobernación como alcaldía, dentro de los planes de desarrollo.
Y al resto de recursos que ya no son de asignación directa también podrían concursar, ahí está por ejemplo la asignación para la paz, que sería muy importante porque muchos de los municipios del Chocó son priorizados para Pdet, entonces pueden apelar a estos otros porcentajes. Se necesita mucha gestión y que realmente se presenten proyectos que requieren un avance en la prefactibilidad, un ejercicio de planificación interna importante.
C.: ¿Esta decisión del tribunal resuelve los conflictos que tiene la empresa con el Estado y el territorio?
V.G.: Este laudo, que es el equivalente a una sentencia pero del sistema de justicia privada, tenía una pregunta muy específica que atender, y era si las deudas que la Agencia Nacional de Minería le estaba cobrando a la empresa Miner SA eran legítimas.
Pero nosotros hemos dicho desde Siembra que igual el cobre tiene otras deudas pendientes en El Carmen de Atrato, que tienen que ver con los impactos ambientales y sociales del proyecto.
Frente a esto hay que señalar que el proyecto no cuenta con una licencia ambiental porque como el título fue otorgado en el 89, y en el país empiezan a hablar de licencias ambientales por la Ley 99 del 93, que es la norma madre ambiental, se establecieron unos regímenes de transición para aquellos proyectos que habían iniciado operaciones antes de la entrada en vigor de esta ley, y este proyecto quedó en ese régimen.
Esto ha traído toda una serie de falencias, porque los instrumentos que rigen a los proyectos en régimen de transición son muchísimo más débiles. No cuentan con un estudio de impacto ambiental, que es el estudio de evaluación ambiental fundamental sobre el que se define si se otorga o no una licencia ambiental, y donde se establecen todas las obligaciones.
Además, El Roble tiene una particularidad y es que empezó como una minería a pequeña escala que se ha ido ampliando y ampliando con el tiempo. Sin embargo, los instrumentos de control ambiental no se ajustaron a esa ampliación, sino que se han quedado un poco cortos y rígidos a la hora de comprender la magnitud de los impactos que la mina está generando.
También se suma todo un tema de la debilidad institucional de la autoridad ambiental que dirige el proyecto, que es la Corporación Autónoma Regional del Departamento del Chocó, que ha sido sumamente negligente en realizar su deber de seguimiento y control.
A lo largo de los años de operación se han presentado varios incidentes que nunca han terminado en la imposición de una sanción significativa para la empresa, por ejemplo, por vertimientos que se han dado al río Atrato en donde simplemente toman unas medidas muy temporales para calmar la opinión pública. Pero los instrumentos de control que tiene la empresa son muy débiles porque no tienen la magnitud de una licencia ambiental, sino que son unos permisos de concesión de aguas, o de ocupación de causas, que no tienen la virtud de evaluar en toda su magnitud las dimensiones de los impactos que se generan.
C.: ¿Qué otras deudas o compromisos tiene la minera con la población del Carmen de Atrato y el Chocó que aún no han sido resueltas?
V.G.: Que no haya la licencia también ha generado impactos sociales y ahí está el tercer bloque de deudas: la licencia ambiental comprende el ambiente de una manera más integral y amplia, y ahí hay un componente socioeconómico que todos los proyectos deben tener en cuenta.
En su momento, estos permisos con los que empezó el funcionamiento de la empresa no contemplaban ese componente socioeconómico, pero claro que la empresa ha generado impactos en el municipio, por ejemplo, de cambio de vocación productiva. Antes era la despensa agrícola del Chocó y ahora la vocación es mayoritariamente minera. También están los usos del suelo y la dependencia económica, porque todo en el municipio gira en torno a la empresa. Entonces se tiene que hacer también una evaluación de esto para generar una serie de compromisos sobre cómo mitigar esta intervención socioeconómica que hace la empresa y que eso también sea regulado.
Pero esto no está pasando así, nuevamente por la falta de la licencia ambiental, entonces las inversiones pasan a un componente “voluntario”, de responsabilidad social empresarial, que termina siendo como una caridad para los carmeleños.
Y eso es lo que también se quiere cambiar, las inversiones que hace la empresa en el municipio no son un regalo, sino que son compensaciones por los impactos que está generando.
C.: ¿Qué ha pasado con el objetivo de expansión de Miner?
V.G.: El Roble está en ampliación en dos dimensiones: temporal, que es con la renovación de estos títulos mineros que tiene vigentes en explotación, y espacial, porque la empresa solicitó que se le otorguen nuevos títulos para expandir la explotación a nuevas áreas en donde han realizado actividades de exploración.
Frente a la expansión temporal, el contrato 9313 se encuentra vencido desde enero del 2022, pero no podía darse una renovación del título a una empresa que tenga incumplidas sus obligaciones, entonces estaba esa traba. Miner y la Agencia Nacional de Minería celebraron un acuerdo de pago para la renovación del título minero y esto era lo que permitía mantener activa esa explotación.
El presidente de la Agencia Nacional de Minería informó que se llegó a un acuerdo sobre la renovación del título que estaba en negociaciones, también porque la Agencia quiere hacer aún más exigentes esas contraprestaciones que la empresa debe pagar al país por la explotación de un mineral estratégico ahora en el comercio internacional, como lo es el cobre.
En principio entendemos que fue aceptado ese acuerdo, entonces también estamos a la espera de que se conozcan los términos en los que se va a renovar ese título minero y el periodo, porque también es urgente operar en plena legalidad ya con los contratos vigentes.
C.: Sobre la expansión espacial tenemos entendido, por ejemplo, que la empresa realiza actividades de exploración minera en las inmediaciones de la quebrada El Carmelo y hay preocupación por el uso del agua. ¿Qué reportes tienen ustedes?
V.G.: Miner actualmente tiene siete títulos mineros en El Carmen de Atrato, uno de ellos activo, que es el 9319. Sobre los otros no tiene explotación, pero ha realizado labores de exploración, porque el objetivo de Miner es encontrar un yacimiento lo suficientemente rentable para mantener activa la explotación y hacer esa expansión.
Paralelo a la explotación sigue realizando muchas tareas de exploración sobre los otros títulos y ha hecho cuatro solicitudes más, incluso hacia municipios vecinos como Urrao y Quibdó. Y en El Carmen se han ido hacia otras veredas como La Argelia, por ejemplo, que tienen una vocación agrícola mucho más conservada y que podrían estar ahora bajo la influencia del proyecto.
Hay que tener en cuenta para esa expansión que el proyecto El Roble se encuentra en una zona estratégica y delicada a nivel ambiental. Está en el nacimiento del río Atrato, declarado sujeto de derechos. Está en zona de reserva forestal de la Ley Segunda, entonces debe operar la sustracción del título minero, un tema que también fue controversial. Y además está sobre otra figura ambiental que es el Distrito Regional de Manejo Integrado Alto Atrato, que está destinado a proteger este ecosistema especial de alta montaña, que colinda con sistemas de páramo, y que es el abastecimiento de varias fuentes hídricas que luego se convierten en grandes ríos importantes del departamento del Chocó.
C.: ¿Cree que el hecho de que este fallo haya sido favorable podría indicar que la empresa conseguirá la renovación del contrato y de la licencia ambiental?
V.G.: El director de la Agencia Nacional de Minería ya igual había avisado que sí se iba a dar la renovación del título, se había acordado esa negociación, entonces ya casi que es un hecho.
Lo que hay que mirar es en qué condiciones queda eso. Si entra a operar bajo un nuevo título minero, automáticamente tiene que empezar a entrar a funcionar una licencia ambiental. Ahora tiene que entrar bajo la normatividad vigente a 2025, que no hay que decir que es muy diferente que la vigente del 93, o sea, hace más de 30 años. Entonces tendría que tramitar la empresa licencia ambiental y yo creo que están retrasados en ese proceso.
Cuando Aidé Sánchez Cabarte llegó al colegio con su hija, se encontró con una realidad inesperada: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ya tenía operadores y personal contratado sin que la comunidad indígena hubiese sido consultada. "Cuando llegamos al colegio, ya estaban contratados los operadores y el personal encargado. No nos informaron ni pidieron nuestra opinión", cuenta la gobernadora del cabildo del resguardo Paujil. Su testimonio refleja una de las grandes preocupaciones de la comunidad educativa en la Institución Educativa Francisco de Miranda: la falta de transparencia en la contratación y la poca adecuación de los alimentos a la cultura local.
Contratación sin consulta y falta de información
Para los padres de familia, como Aidé Sánchez Cabarte, la exclusión en la toma de decisiones ha sido un problema recurrente. "Nos gustaría saber quiénes están detrás de las decisiones que afectan a nuestros hijos", comenta. La falta de información y consulta previa ha generado desconfianza en la comunidad, que considera clave su participación en estos procesos.
Myran González, gobernadora del Cabildo del Resguardo Paujil, afirma que se ha exigido que se aplique el enfoque diferencial en el PAE: "Nos gustaría que la comida sea variada, que incluyeran de pronto jugo de manaca, mucho más pescado o también productos de la región. Lo que comemos en las comunidades".
Carolina Álvarez, una estudiante de décimo grado, toma su bandeja y la observa con desconfianza. "Muchos estudiantes no están acostumbrados a los jugos industrializados como la panelada o bebidas instantáneas saborizadas. Preferimos jugos naturales de manaca o seje", dice mientras deja su vaso intacto sobre la mesa. Como ella, varios estudiantes rechazan los alimentos del PAE porque no corresponden a su dieta tradicional.
Ración del PAE en IE Francisco de Miranda. Fotografía: Yeison Betancourt
Además, la cantidad de raciones es otra dificultad. "Nos ayudaría mucho si nos dieran más cucharas. Algunos compañeros tienen que esperar a que otros terminen de comer para poder usarlas", señala Jairo.
Para los docentes, el PAE es fundamental para la asistencia y el rendimiento académico, pero su ejecución tiene fallas. "El enfoque diferencial se ha intentado implementar, pero sigue habiendo dificultades. Hay mucho desperdicio porque los estudiantes no están acostumbrados a algunos alimentos", explica una profesora de primaria.
El rector encargado, Miguel Rodríguez, reconoce que el programa ha garantizado una comida diaria para los estudiantes, pero insiste en que los horarios de entrega deben ajustarse para no interrumpir las clases. Sin embargo, Myran González, gobernadora del Cabildo del Resguardo Paujil, señaló que el proceso de contratación del PAE para el 2025 se llevó a cabo sin consultar a las autoridades indígenas, ni a la comunidad educativa.
“Cuando llegamos al colegio, ya estaban contratados los operadores y el personal encargado. No nos informaron ni pidieron nuestra opinión”, indicó.
Esta falta de información ha generado preocupaciones entre los padres de familia y docentes, quienes consideran que la transparencia y la participación son clave para mejorar el servicio.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en julio de 2023 al anterior secretario de Educación de Guainía, Bilialdo Tello Toscano, por las posibles irregularidades en la entrega de la ración industrializada del PAE Urbano de ese departamento.
Los hechos están relacionados con el contrato suscrito entre la Gobernación de Guainía y la UT Alimentación PAE Urbano Guainía, para “el suministro de un complemento alimentario bajo la modalidad transitoria -ración para preparar en casa- en los establecimientos educativos de la zona urbana del municipio de Inírida”.
Al parecer, Tello Toscano, como supervisor del citado contrato, habría incurrido en posible detrimento patrimonial, pues no habría ejercido como corresponde, la supervisión y vigilancia del contrato 682 de 2021, específicamente del 26 de agosto (fecha en la que se modificó la modalidad a ración industrializada) al 2 de noviembre de 2021, al no exigir la calidad de los alimentos suministrados.
Durante la investigación disciplinaria se encontraron deficiencias en la disposición de los productos, variaciones totales de los menús y de las porciones entregadas a los estudiantes.
El ente disciplinario también cuestionó al secretario de Educación porque al parecer, no inició el respectivo trámite de declaratoria de incumplimiento contractual, ante los problemas en la ejecución del contrato.
Respuestas del actual operador del PAE
El coordinador del operador del PAE en la Institución Educativa Francisco de Miranda, Alejandro Navarro, asegura que han implementado controles para mejorar la calidad de los alimentos y que cada año consultan a la comunidad educativa para definir la minuta alimentaria. Sin embargo, algunos padres consideran que este proceso aún es insuficiente.
El operador también menciona que la desinformación sobre el funcionamiento del programa es un reto. "Vamos a realizar capacitaciones para que los padres y docentes comprendan cómo opera el PAE", afirma. Según Navarro, todos los meses el equipo de la Gobernación, conformado por ingenieros de alimentos, psicólogos y nutricionistas, evalúan a todos los colegios para que se esté cumpliendo con lo requerido en el PAE para la operación del día a día.
Sin embargo, para la cabildo gobernadora, Myran González, "algunos padres de familia han enviado fotos de que la porción que se da es muy poca. Nos quedaron de mostrar la minuta y cuál es el gramaje de cada alimento. Estamos pendientes de eso".
Mientras tanto, la comunidad educativa sigue esperando cambios. Padres, docentes y estudiantes coinciden en que el PAE no solo es una ayuda alimentaria, sino un factor clave para la permanencia escolar y el bienestar de los niños y jóvenes.
"Queremos que nos escuchen, que nos tengan en cuenta. Al final, los que comemos la comida somos nosotros", dice Jairo, antes de dejar su bandeja en la mesa y salir al recreo. Su frase resume el sentir de toda una comunidad que, más que un servicio, exige ser parte de las decisiones que afectan su alimentación y su futuro.
La lideresa nació en Zambrano en 1934, en el hogar de Antenor Orozco Mendoza y Rita Crespo Mendoza. A sus 90 años, camina despacio apoyándose en su bastón, pero sus pasos siguen siendo firmes y seguros. Su rostro refleja su corazón altruista, su inteligencia y la determinación que siempre ha tenido para lograr sus objetivos. Para ella, no existen los imposibles, porque querer es poder.
Cuando veía una necesidad, su mente inmediatamente buscaba oportunidades para transformar situaciones desalentadoras. Fue así como se motivó a traer a San Juan la Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario, organizando a las Damas Rosadas, un grupo de mujeres altruistas como ella, con quienes gestionó recursos y ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes del hospital San Rafael y de las personas más necesitadas.
Los obstáculos nunca la detuvieron. Siempre luchó por la educación y el empoderamiento de las mujeres, convencida de que debían aprender oficios como costura, tejido, belleza y culinaria para garantizar su independencia. Con esta visión, fundó la Casa de la Mujer. Durante años, ha insistido en la importancia de que las mujeres rompan con el papel sumiso que les fue impuesto en épocas anteriores. Ella misma es ejemplo de ello, pues fue la primera mujer sanjuanera en ocupar una curul como concejala y, posteriormente, alcaldesa por decreto del gobernador entre 1966 y 1968, cuando La Guajira aún pertenecía al Magdalena Grande.
Consonante: ¿Señora Zenobia, dónde nació y creció?
Zenobia Orozco: Yo nací en Zambrano, que hoy es un corregimiento. Era un pueblito muy lindo, donde uno vivía bien, muy a gusto. No teníamos dinero, pero sí lo necesario para vivir. Nos queríamos entre vecinos y nos ayudábamos. Fue una vida ejemplar. No olvidaré jamás mi infancia en Zambrano.
¿Cómo fue su infancia?
Z.O: Feliz, como los pájaros del monte. Salíamos, nos bañábamos en el río, jugábamos de noche. No había escuela, así que comencé mis estudios en una escuelita privada hasta que nombraron una maestra en el pueblo. Crecí con el amor y el apoyo de mis padres, hermanos, tíos y vecinos. No nos afectaba la pobreza porque nunca pasamos hambre.
C: ¿Cómo influyeron sus padres en su forma de pensar y actuar?
Z.O: Nos dieron una buena crianza y formación. Nos corrigieron con amor y nos inculcaron respeto y responsabilidad. Hoy en día los padres dejan que los hijos hagan lo que quieran, y así no es.
C: ¿Cuál fue su formación académica?
Z.O: Estudié hasta quinto de primaria. Luego gané una beca para seguir estudiando, pero me la quitaron por razones políticas.
¿Por qué dice que se la quitaron por política?
Z.O: Porque en San Juan la política era un tema fuerte. Había mucha persecución entre liberales y conservadores. Como yo era liberal, le dieron la beca a una joven conservadora.
Archivo Zenobia Orozco
C: ¿Qué pasó con su sueño de ser maestra?
Z.O: Regresé a Zambrano, donde propuse abrir una escuela privada. Aunque mi papá decía que no podía ser maestra porque no tenía estudios formales, yo insistí. Con guacales como pupitres y una pizarra, empecé a enseñar a los niños del pueblo. Luego, el gobernador me nombró maestra, pero tiempo después fui destituida por razones políticas. Finalmente, volví a la escuela pública gracias a la intervención del padre Ávila.
C: ¿Cómo complementó su formación como docente?
Z.O: A través de la radio Sutatenza, donde recibíamos formación en pedagogía. También tomé cursos en la Normal de Uribia.
C: ¿Por qué se convirtió en una defensora de los derechos de la mujer?
Z.O: Siempre he creído en la importancia de la educación para la mujer. Antes, la mujer solo era vista como ama de casa. Pero hoy vemos mujeres gobernadoras, alcaldesas, presidentas de asambleas. La mujer vale mucho y debe capacitarse para tener poder e independencia.
C: ¿Qué la motivó a reorganizar el grupo de las Damas Rosadas?
Z.O: El grupo original se fundó en 1964, pero desapareció por problemas económicos. Insistí en que San Juan necesitaba ese voluntariado y logré reorganizarlo. La motivación más grande fue la pérdida de mi hija por falta de insumos médicos en el hospital San Rafael. Si hubiera recibido atención a tiempo, se habría salvado. Desde entonces, lucho para dotar el hospital con insumos y recursos.
C: ¿Qué logros han obtenido las Damas Rosadas?
Z.O: Hemos entregado kits escolares a más de 120 niños en zonas vulnerables. También gestionamos 400 juguetes para Navidad y apoyamos a mujeres en situación de necesidad.
C: ¿Cómo se sostiene el grupo?
Z.O: Cada una de nosotras hace un aporte mensual. No hemos recibido ayuda del gobierno.
C: ¿Qué la motivó a fundar la Casa de la Mujer en San Juan del Cesar?
Z.O: Siempre quise un espacio donde las mujeres se capacitaran. Cuando mi hijo Jairo fue alcalde, le pedí un lugar y conseguimos la casa en comodato. Ahí se imparten cursos del SENA en costura, belleza y culinaria. No quiero renunciar a la presidencia porque si nadie gestiona, todo se acaba.
C: ¿Qué logros ha tenido la Casa de la Mujer?
Z.O: En 1996 logramos un proyecto con fondos de Canadá por 14 millones de pesos, con los que compramos máquinas semibordadoras, vitrinas y mesas. También el SENA nos ha dotado con máquinas de coser. Actualmente, seguimos ofreciendo capacitación.
Z.O: Me eligieron por ser activa y comprometida con la comunidad. No fue por voto popular, porque en ese tiempo no se elegían por voto directo.
C: ¿Cómo fue su nombramiento como alcaldesa?
Z.O: El gobernador me nombró por decreto, pero al principio no quería aceptar porque tenía mi almacén y no quería dejarlo. Pero al escuchar comentarios que dudaban de mi capacidad, decidí demostrar que sí podía. Tomé posesión sin hacer ceremonia, simplemente fui al despacho del juez civil y asumí el cargo.
C: ¿Qué desafíos enfrentó como alcaldesa?
Z.O: Cuando asumí, había 500.000 pesos para administrar y muchas necesidades. Tuve que enfrentar obstáculos políticos y económicos, pero logré gestionar recursos para obras y servicios.
C: ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las mujeres jóvenes que están comenzando su propio camino como defensoras de los derechos de la mujer?
Z.O: Con la educación. La educación es lo principal. Llámese como se llame, ¿no? Pero la educación es la fuerza, como te digo, la fuerza de la mujer es la educación. Una prueba de eso es que a mis 65 años realicé unos cursos en el Infotep mediante el convenio con Uni Magdalena y Uniguajira hoy en día soy licenciada en español y literatura para dar ejemplo de que la edad nunca es problema para estudiar.
Zenobia Orozco de Suárez es un símbolo de lucha, entrega y compromiso. Su legado en San Juan del Cesar sigue vigente en cada acción de las Damas Rosadas, en la Casa de la Mujer y en cada persona a la que ha ayudado a lo largo de su vida.
Zully Murillo dice que no es cantante, pero la música fluye a través de su cuerpo. Su voz, su historia y sus letras han marcado generaciones en el Pacífico colombiano, llevando la esencia de su tierra en cada canción. Entre ríos, selva y chirimía, esta maestra, poeta y cantautora ha tejido un legado que trasciende en el tiempo.
Murillo es maestra de matemáticas, física, baile y poesía; y es reconocida en el Pacífico colombiano como una de las cantautoras más importantes del Chocó. Sus canciones están inspiradas en cuentos, mitos, leyendas e historias cotidianas de su tierra natal. A Zully la entrevistamos en Cali, donde vive hace más de 40 años. Allí, a través de su voz y de la de amigos, estudiantes y colegas reconstruimos su vida y trayectoria en la música. En este episodio, nos adentramos en su vida, su música y en la magia de convertir la cotidianidad en versos que laten con el ritmo del Chocó.
Créditos:
Locución: Yurlis Mosquera
Entrevistas y guión: Valeria Ortiz y Yurlis Mosquera
Edición: Valeria Ortiz
Ilustración: Camila Bolívar
Editora general: Ángela Martin Laiton
Son las seis de la mañana y los primeros rayos de sol se filtran entre las hojas de los plátanos, las yucas y los cultivos de pancoger en la chagra de María Nilsa Parente. Hoy ha madrugado porque es el día de la cosecha: sacará de la tierra las yucas que hace ocho meses sembró junto a su familia.
La acompaña su hermana, Hilda Parente. Ambas son mujeres ticunas, herederas de una tradición ancestral que han aprendido de sus madres y abuelas: la agricultura. La jornada será larga. Una vez recolectadas, las yucas pasarán por un proceso de transformación hasta convertirse en fariña, el producto que abastece a los mercados de Leticia y es parte fundamental de la dieta amazónica.
"El trabajo es duro. Hay que sembrar, cuidar los cultivos y hacer mingas para limpiar la chagra rápido. Pero también hay que pensar en el clima, que en los últimos años ha cambiado mucho. A veces no podemos trabajar porque llueve todo el día", dice María Nilsa mientras observa las nubes densas que amenazan con soltar el aguacero.
El cielo oscurece sobre la chagra. En una esquina del cultivo, Hilda recolecta lulo, piña, plátano y ñame. Las chagras de las mujeres amazónicas son abundantes; no solo alimentan, también enseñan. Desde la mirada ancestral, son las escuelas vivas de las comunidades.
Fotografía: Sirley Muñoz
Todos los días, las vendedoras madrugan desde diferentes comunidades para llevar sus productos a la plaza de mercado. El camino es diverso: atraviesan senderos de bosques inundables y remontan el gigantesco río Amazonas.
"Estoy sentada en este bote con mis productos. Miro la tranquilidad del camino, pero también pienso si hoy podré vender todo lo que llevo. No es fácil, hay días en los que regreso con la mercadería intacta y llego cansada", dice María, con la mirada perdida en la corriente del río.
Gaudencio Palacios, gobernador indígena de la comunidad de San Juan de los Parente, recuerda que desde hace más de veinte años las administraciones municipales han prometido un puesto de venta digno para las comunidades en Leticia. Esa promesa ha sido una bandera recurrente en las campañas políticas, pero nunca se ha materializado.
"Lo que falta es llegar a acuerdos. Después de tantos años, nuestras vendedoras siguen en las mismas o en peores condiciones. Si hubiera acuerdos, podríamos colaborar en el cuidado del espacio. Al final, son lugares públicos que debemos proteger como ciudadanos", dice Palacios.
El malecón de Leticia es un punto de encuentro multicultural donde los visitantes encuentran una gran variedad de productos endémicos. Pero, contrario a la imagen pintoresca del lugar, las condiciones de venta para mujeres como María son precarias. Cada jornada implica una lucha por conseguir un espacio donde exhibir sus productos. Algunas veces deben competir con comerciantes que ya tienen un puesto fijo en la plaza, pero que también ocupan el malecón pagando un aporte a la administración municipal.
"Aquí he sido discriminada por ser indígena", cuenta María. "Los que tienen un puesto fijo en la plaza también ocupan el malecón, y nosotras, que venimos de lejos, tenemos que buscar dónde vender". Mientras habla, observa a sus compañeras que acomodan los productos en el suelo.
Para Jaime Parente, líder indígena y también vendedor, las condiciones en las que trabajan son inaceptables. "Los productos de la chagra deben llegar en condiciones de higiene aptas para el consumo. Muchos de estos alimentos abastecen los restaurantes de la ciudad, y es urgente garantizar su adecuado manejo", reflexiona desde la comunidad de San Pedro.
Fotografía: Sirley Muñoz
Según él, es necesario establecer planes a corto plazo para mejorar las condiciones de venta. En las mesas de diálogo político, se ha propuesto la creación de una plaza indígena, un espacio adecuado y digno para los agricultores de la región.
Antonia Fernández, vendedora del mercado indígena de los sábados, ha visto afectada su salud. "Además de trabajar en la chagra, debemos soportar jornadas bajo el sol o lluvias intensas. No tenemos ni un techo para resguardar los productos ni protegernos nosotras mismas", lamenta.
Los años pasan y las mujeres agricultoras siguen alimentando a la ciudad. Pero las miradas indiferentes de las administraciones también siguen ahí, inamovibles. Mientras los diálogos interinstitucionales se prolongan, las comunidades esperan algo más: acciones concretas y condiciones dignas para quienes sostienen la economía local desde la raíz misma de la selva.
¿Qué dicen las autoridades?
En septiembre de 2024 la Gobernación se comprometió con la tercera fase de la obra del malecón de Leticia. Este proyecto se desarrollará con dinero del Gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte e Invías.
Sin embargo, varios meses después no existe contratista, ni contrato en el Secop. Y aunque la Gobernación del Amazonas no responde efectivamente las preguntas de la prensa, desde la Alcaldía de Leticia confirmaron que está en trámite una solución al problema: "te cuento desde lo que sé, en este momento se carnetizarán (las personas vendedoras) para darles prioridad en un espacio continuo al malecón y hay un proyecto de mejora para el malecón con recursos de la contribución al turismo, que contribuirá a la organización de este importante espacio".
El sol comenzaba a caer sobre San Juan del Cesar cuando los vendedores informales recogían sus carritos. Con un gesto de resignación, miraban la carrera sexta, donde por años vendieron sin problemas. “Aquí me conocían todos”, dice uno de ellos, con nostalgia en la voz. Ahora deben buscar un nuevo espacio cada día, esquivando las miradas de los inspectores de la alcaldía.
En su primer año de mandato, el alcalde Cubita Urbina logró desocupar gran parte del espacio público en San Juan del Cesar. Sin embargo, algunos vendedores informales aseguran haber sido desalojados con la promesa de ser reubicados, promesa que hasta el momento la administración municipal no ha cumplido.
Una historia que se repite
El desalojo de los vendedores informales en la zona céntrica del municipio, especialmente en la carrera sexta, ha sido una estrategia recurrente de varias administraciones, sin embargo ninguna pudo brindar soluciones definitivas. Durante la gestión del exalcalde Álvaro Díaz, se intentó reubicarlos en el terminal de transportes, pero las condiciones del lugar eran precarias: sin servicios sanitarios, agua ni luz. “Fuimos y limpiamos los locales, pero nunca se adecuaron, no arreglaron nada”, recuerda Misael Pérez, vendedor de comida rápida.
En esa administración también se remodeló la Plaza Santander, que era ocupada por vendedores de comida, zapateros y verduleros. Durante la obra, los comerciantes fueron desalojados y se les permitió vender en la calle temporalmente. Sin embargo, una vez finalizada la remodelación, no pudieron regresar. “Nos ubicaron en la calle en diciembre, cuando más vendemos, pero luego nos dijeron que no podíamos volver al parque”, agrega Pérez.
Cuando Enrique “Cubita” Urbina asumió la alcaldía, garantizó que recuperaría el espacio público sin afectar a los vendedores. Sin embargo, estos aseguran que nuevamente fueron desalojados sin soluciones reales.
Pérez cuenta que la administración los sacó con la promesa de reubicarlos en el antiguo colegio José Eduardo Guerra, pero esto nunca se concretó. “Nos dijeron que lo iban a adecuar, pero eso nunca se dio y terminamos en la calle otra vez”, lamenta.
Yeiner Araújo, vendedor de accesorios para teléfonos, asegura que el traslado ha sido forzado. “El tiempo que estuvimos a merced del mal clima y las malas condiciones en las que estuvimos trabajando, todo eso fue lo que nos obligó a movernos. Y también nos prometieron que iban a terminar el parque, con esa excusa nos pidieron que cediéramos el espacio y nos darían otro sitio y pues eso terminó desplazándonos del lugar”.
Para Ana Lucía Gómez, quien lleva más de 20 años vendiendo frutas en el centro del municipio, este tipo de medidas afectan principalmente a mujeres cabeza de hogar. “Aquí trabajamos muchas madres que no tienen otra forma de sostener a sus hijos. Nos dicen que busquemos otro sitio, pero sin apoyo es imposible”, explica.
Otros, como Misael Pérez, optaron por alquilar locales para evitar la incertidumbre. “Las ventas bajaron, pero al menos ya no tengo la zozobra de ser desalojado”, afirma. Sin embargo, considera que la solución no era sacarlos sino ofrecerles un sitio adecuado: “Como no hay empleo, la gente sobrevive del rebusque. En otras ciudades permiten las ventas ambulantes con organización”.
Una estrategia de la administración
Según la secretaria de Gobierno, Elizabeth Mendoza, la recuperación del espacio público en el centro se inició con visitas y diálogo con los vendedores. “Es difícil porque hay muchas personas que dependen de esto para su sustento diario”, reconoce. Para facilitar la salida de los vendedores de la Plaza Santander, la administración colocó vallas alrededor del parque en remodelación. Con el tiempo, los comerciantes buscaron otros lugares por cuenta propia.
Mendoza también mencionó que San Juan del Cesar fue seleccionado en un proyecto nacional para un puesto de abastecimiento campesino en el antiguo colegio José Eduardo Guerra, aunque su ejecución está en trámites. Además, la Gobernación se ha comprometido con la construcción de una terminal de transportes que funcionaría también como centro de comercio.
Sin embargo, algunos comerciantes desconfían de estas promesas. “Nos han prometido muchas cosas en diferentes administraciones y ninguna se ha cumplido. ¿Cómo vamos a confiar en que esta vez sí lo harán?”, cuestiona Armando Flórez, vendedor de calzado.
Mientras tanto, algunos vendedores, como los zapateros, han logrado un acuerdo con la administración y la empresa Best Coal Company (BCC), recibiendo uniformes y utensilios de trabajo. Roberto Cujía, conocido como “Pichi”, afirma que esta administración ha sido más organizada: “Nos dieron un espacio, uniformes y herramientas. Nosotros también hemos cumplido manteniendo limpio el lugar”.
La Plaza Santander después del desalojo/ Fotografía: Maira Fragozo
Impacto en la economía local
La recuperación del espacio público ha generado un impacto en la economía informal del municipio. Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de La Guajira, aproximadamente el 60% de la población económicamente activa en San Juan del Cesar se dedica al comercio informal.
“El comercio informal es el sustento de muchas familias y su desplazamiento afecta la dinámica económica de la zona”, explica Diana Mendoza, economista y analista del impacto comercial en la región.
Los comerciantes también han notado una disminución en sus ingresos. “Antes podía vender hasta 200 mil pesos diarios, ahora con suerte llego a la mitad”, comenta Adriana López, quien vende empanadas en el centro. La baja en las ventas también ha afectado a otros sectores. “El comercio formal también ha sentido el impacto, porque hay menos flujo de personas en el centro”, señala Ricardo Fernández, dueño de una tienda de ropa.
El dilema del espacio público en San Juan del Cesar no es nuevo, y la gestión de Cubita Urbina, aunque logró desocupar algunas zonas, ha dejado a muchos vendedores sin alternativas claras. Mientras la administración promete nuevos espacios de comercio, los vendedores siguen buscando formas de adaptarse a una realidad donde su sustento está en riesgo. ¿Se cumplirán finalmente las promesas o esta será otra historia de desalojos sin soluciones definitivas?
Por ahora, los comerciantes continúan en una lucha constante por mantener sus ventas y encontrar una estabilidad que les permita seguir trabajando sin la incertidumbre de ser desplazados nuevamente. Para muchos, la verdadera solución no está en sacarlos de las calles, sino en integrarlos de manera ordenada dentro del desarrollo del municipio. Como dice Ana Lucía Gómez: “Nosotros no queremos invadir, queremos trabajar. Pero si no nos dejan, ¿qué hacemos?”.
En el municipio de El Carmen de Atrato, la Casa de la Mujer representa un hito en la lucha por los derechos. Su historia se remonta al 2008, cuando las mujeres artesanas lograron consolidarse como organización legal gracias a la gestión de la entonces gestora social, Silvia Mejia. Con el apoyo del SENA y la administración municipal de Rafael Montoya, se apropiaron de un antiguo local desocupado y lo transformaron en un taller de creación y comercialización de artículos de cuero. A pesar de las dificultades iniciales, lograron establecerse como un referente local: "El inicio fue duro", recuerda una artesana, "pero con esfuerzo y apoyo, nuestros productos se convirtieron en un emblema del municipio".
Las Mujeres Artesanas del Carmen (MAC) lograron consolidarse como una de las pocas agrupaciones sociales con larga trayectoria en la región, manteniendo vivo su oficio y generando ingresos a través de la comercialización de sus productos. Durante sucesivas administraciones, se respetó el acuerdo que les permitía usar el espacio sin pagar arriendo, cubriendo únicamente los servicios básicos y costos administrativos. "Ahí estuvimos en todas las administraciones, siempre nos apoyaron con la casa. Lo único que nosotros hacíamos era pagar los servicios: luz y agua, además de la Cámara de Comercio y todo lo que son los gastos de la organización", explica una de sus integrantes.
En la administración de Jaiberth de Jesús Oquendo se inició la gestión para la construcción de una nueva Casa de la Mujer, bajo el requisito de contar con una organización de mujeres legalmente constituida y con trayectoria. MAC, cumpliendo con estos criterios, sirvió de base para radicar el proyecto, con la garantía de que conservarían su espacio dentro de la nueva edificación. "La gestora nos dijo que había que tener una organización legalizada para poder meter el proyecto de la Casa de la Mujer. Como nosotras teníamos todo, por medio de nosotras hicieron el proyecto, lo presentaron y fue aprobado", recuerda otra de las artesanas.
Durante la construcción, las artesanas tuvieron que reubicarse temporalmente, pero confiaban en la garantía de que regresarían bajo las mismas condiciones. "Nos salimos de aquí porque nos dijeron: consigan para dónde irse mientras que se hace la Casa de la Mujer. Entonces conseguimos un espacio prestado con el padre y allí estuvimos trabajando", relatan.
No obstante, al finalizar la obra, se encontraron con una realidad distinta: se les exigía pagar un arriendo mensual de 500 mil pesos, cifra que posteriormente se redujo a 400 mil pesos, lo cual generó inconformidad y denuncias por parte de diversas organizaciones de mujeres. "Nos manifestamos en contra de esta injusticia", expresó una de las integrantes de la agrupación Mujeres Somos El Carmen, recordando que el compromiso original no incluía cobros. "Soy testigo del compromiso que hizo el alcalde saliente y la primera dama de que ellas tendrían un lugar allí, en el mismo sitio donde estaban. Fueron muchas las reuniones que la alcaldía hizo con las MAC y esos fueron los compromisos".
Actualmente, la Casa de la Mujer cuenta con un primer piso destinado a emprendimientos locales, con espacios arrendados a diferentes organizaciones, incluida MAC. En el segundo nivel operan la Comisaría de Familia y otras dependencias municipales, mientras que el tercer piso alberga un auditorio con capacidad para 70 personas, disponible para actividades comunitarias. Sin embargo, la inauguración oficial del espacio no se ha realizado y diversas organizaciones de mujeres afirman que no han sido convocadas para discutir su manejo y funcionamiento.
Jaqueline Carmona, comisaria de familia, enfatiza la importancia del lugar como centro de apoyo a mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad: "Es fundamental que este espacio sirva para orientar y empoderar a las mujeres, ayudándolas a identificar y enfrentar las diversas formas de violencia de género". Sin embargo, muchas lideresas consideran que la casa aún no responde a la política pública de género municipal y que su potencial no ha sido aprovechado plenamente.
Para una lideresa local, "la Casa de la Mujer no debe convertirse sólo en una estructura simbólica, sino en un espacio con recursos humanos, técnicos y financieros que realmente fortalezcan las capacidades de las mujeres, promuevan la autonomía económica y brinden asesoría en casos de violencia". La falta de claridad en la oferta de servicios y la ausencia de un enfoque integral han generado incertidumbre y descontento. "Pensamos que habría un equipo de especialistas atendiendo a las mujeres, además de un hogar de paso para víctimas de violencia", expresa una integrante de MAC.
Las organizaciones de mujeres insisten en la necesidad de apropiarse del espacio y exigir su derecho a ser parte activa en la toma de decisiones sobre su uso y funcionamiento. "Tenemos la casa, tenemos la política pública, pero no se ve conexión entre ambas", advierte una lideresa. Para muchas, la Casa de la Mujer debe trascender su función como edificio y convertirse en un verdadero centro de desarrollo para las mujeres del municipio, garantizando su inclusión y participación efectiva en la ejecución de la política de género local y nacional.
El futuro de la Casa de la Mujer en El Carmen de Atrato depende de que se cumplan los compromisos adquiridos con las mujeres del municipio y de que este espacio no solo sea una edificación, sino un verdadero motor de cambio, empoderamiento y protección para quienes lo necesitan.
Cuando uno se adentra en la selva amazónica, el aire se llena de los sonidos de la vida. El canto de las aves acompaña cada paso, como una sinfonía natural que conecta a los habitantes con su territorio. Aquí, en este rincón verde del mundo, nació Rioaves Amazónicas, una red de comunidades que ha encontrado en las aves mucho más que un motivo de observación: una razón para unir esfuerzos, rescatar saberes y proyectar un futuro sostenible.
El inicio de un sueño
Elio Miraña, un hombre de palabras pausadas y ojos que parecen abarcar la vastedad del bosque, recuerda cómo hace ocho años comenzaron a soñar con una iniciativa que diera sentido a su conexión con las aves. “Al principio solo queríamos aprender más de ellas—dice—, pero pronto nos dimos cuenta de que las aves podían ser un puente entre nosotros y el mundo exterior". Con el acompañamiento de la Fundación Proa, la red se formalizó, involucrando a los pueblos ticuna, bora, makuna, muinane, miraña y murui.
Desde entonces, los habitantes han trabajado en equipo para organizar portafolios de servicios y fortalecer sus capacidades. La observación de aves, conocida como aviturismo, se convirtió en una forma de mostrar su riqueza cultural y natural, mientras se promueve el uso adecuado de los territorios compartidos. Pero este proyecto es mucho más que una actividad económica. Para ellos, las aves son seres mitológicos: protectoras, sembradoras y mensajeras de la selva.
Colombia y su riqueza en aves
Colombia es un país megadiverso y un paraíso para los amantes de las aves. Con más de 1.950 especies registradas, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SIB), ocupa el primer lugar en riqueza avifaunística a nivel mundial. Esto representa cerca del 20% de todas las aves conocidas en el planeta. La región amazónica, en particular, alberga entre 560 y 720 especies de aves, de acuerdo con cifras del Instituto Alexander von Humboldt. Estos datos resaltan la importancia del bioma amazónico como refugio de biodiversidad y como un ecosistema vital para el equilibrio ecológico del planeta.
Dentro del Amazonas, la variedad de hábitats como ríos, lagos, bosques inundables y selvas de tierra firme crea un escenario ideal para la proliferación de aves. Estas áreas no solo son un hogar para las especies, sino también una fuente inagotable de inspiración y aprendizaje para las comunidades indígenas que las habitan.
Los rostros de la conservación
En la comunidad La Milagrosa, junto al majestuoso río Amazonas, Georgina Rubio sirve un almuerzo tradicional en hojas de plátano. Su voz se llena de orgullo al hablar de la iniciativa Kaure, también conocida como Arrendajo. "Aquí no solo observamos aves. Ofrecemos una experiencia que conecta a los visitantes con nuestra vida diaria. Pescar con nuestras familias, aprender de nuestras plantas y medicina, escuchar nuestras historias… todo eso forma parte de lo que hacemos".
A 17 kilómetros de Leticia, la familia Negedeka lidera Joo m+ ja, o Casa de Aves. Jesús Negedeka, con un canto en idioma muinane, explica el significado de su proyecto. “Las aves son las que despiertan al universo. Ellas siembran vida y nos enseñan a cuidar el mundo que nos dejó el creador”. En este lugar, rodeado de selva primaria, también se desarrollan acciones de restauración ecológica, como la protección de nacederos de agua y la reforestación con especies nativas.
En San Pedro de los Lagos, Robert Macuna, un hombre que creció a orillas del río Caquetá, lidera la iniciativa Aitcha. "Cuando salimos a observar aves, también volvemos a las enseñanzas de nuestros mayores. Aprendemos qué plantas usar, qué frutos recoger. Es como si la selva nos hablara en cada paso que damos". Los visitantes recorren los lagos y senderos, guiados por estas voces que conocen cada rincón del bosque.
Una resistencia en el nido
En el kilómetro 6 de la vía Leticia-Tarapacá, Edwin Flores camina entre los cananguchales que rodean Ijko, una palabra que en lengua miraña significa “nido”. Este joven ha encontrado en las aves una forma de resistencia frente al avance de la urbanización. “Aquí, los nacederos y los cananguchales alimentan de agua no solo a las comunidades, sino también a Leticia. Protegiendo estas áreas, estamos cuidando nuestro futuro”.
Flores también menciona cómo la ganadería, que hace una década dominaba la región, ha comenzado a ceder terreno a la regeneración natural. "Ahora estas tierras vuelven a ser hogar de aves, riachuelos y bosques que nos dan vida. Es un proceso lento, pero está funcionando", asegura.
Rioaves Amazónicas es mucho más que una red de observadores de aves. Es un ejemplo de organización comunitaria y resistencia cultural. A pesar de las barreras del idioma y las presiones externas, estas comunidades han encontrado en las aves una razón para unirse y hacerse escuchar.
Elio Miraña lo explica mejor que nadie “las aves son nuestro punto de partida. Son el puente entre nuestra cultura y el mundo. Cuidarlas es cuidarnos a nosotros mismos". Así, en este rincón del Amazonas, las aves continúan cantando, y con cada canto se teje una historia de esperanza y conexión con la naturaleza.
Mientras Orangel Galuey y Glaileidys Leal separan el reciclaje en un botadero satélite de Fonseca, observan cómo un hombre llega hasta el lugar, amontona unos residuos y los enciende. El fuego se esparce rápidamente, se extiende entre los plásticos y alcanza un árbol. Esta escena se repite a diario, no solo en este lugar sino en diferentes sectores de la zona urbana y rural del municipio. “Aquí se prende a cada rato la basura, los niños se afectan, todos venimos saliendo de una gripe, de una alergia”, dice Orangel Galuey.
Galuey es migrante venezolano, del pueblo indígena Wayúu, vive en Fonseca hace tres meses con su esposa y su hijos, en el barrio El Cerrejón. Debido a que no cuentan con un trabajo estable ni con recursos suficientes para sostenerse en Colombia decidieron dedicarse al reciclaje.
“A veces la quema me afecta porque se lleva todo el material que uno puede reciclar [...] Esto pasa cada semana. Esta vez han quemado más”, afirma Galuey. “A veces llega gente de otros lados y se ponen a quemar, y esto afecta a los niños, más que todo a los que sufren de asma”, agrega Glaileidys Leal.
Video: Óscar Peñaranda (Zehero).
Ese día, mientras la basura ardía, se realizó un llamado a la Policía y 10 minutos después dos agentes en moto llegaron al lugar, dijeron que llamarían a los bomberos. Sin embargo, pasada media hora el fuego seguía consumiendo tanto los residuos como el árbol. Ninguna autoridad se presentó en el lugar. Todo esto a pocos pasos de la entidad ambiental Corpoguajira.
Dioselina Romero, es conocida cariñosamente en la comunidad fonsequera como 'Diosa', tiene 73 años, de los cuales lleva 46 viviendo junto a la iglesia San Agustín. Desde que se mudó a este lugar ha tenido que presenciar múltiples quemas de basuras, situación que le genera molestias.
Romero cuenta que todos los años es lo mismo, incluso su salud se ha visto afectada. “Eso nunca se acabará aquí porque imagínese 46 años viviendo aquí, y es que eso todos los años pasa lo mismo y en el mes de marzo es peor, una quemazón que uno no aguanta... Mucha basura queman por ahí y eso ya debe de acabarse, ya no debe de existir en este pueblo”, señala.
La casa de Dioselina Romero se ubica en la vía que comunica Fonseca con El Hatico. Este sector se ha convertido en uno de los tantos botaderos satélite que proliferan en el municipio y que afectan de manera grave el bienestar de la comunidad y el medio ambiente. Romero no tiene más opción que aguantar constantemente estas quemas, además de los olores producidos por las basuras y animales muertos que son arrojados en esta zona.
Una habitante de Fonseca que pidió reservar su identidad, afirma que una de las zonas en la que se presenta esta problemática es el barrio Brisas del Ranchería, afirma que allí las quemas de basura son muy comunes, “como no hay sanciones la gente se hace los oídos sordos y eso está afectando prácticamente a toda la comunidad”, afirma.
Son muchas las experiencias de este tipo que se pueden encontrar en diferentes barrios de Fonseca. Parte de la población vive en medio de los botaderos y del humo que se produce de manera permanente cuando las personas en lugar de esperar que pase el camión recolector de basura, que usualmente recorre las calles tres veces a la semana, deciden quemarla ellos mismos.
¿Por qué se quema la basura en Fonseca?
De acuerdo con lo que explican habitantes y autoridades, en Fonseca la quema de basuras persiste por factores como la costumbre. Esta es una práctica que se realiza desde hace varias décadas, y debido a que antes existía menos vigilancia y sanciones, se normalizó en algunas familias como una forma de gestionar las basuras.
“Como esa era la costumbre, pero ya esa costumbre debe de acabarse, nos está haciendo mucho daño [...] imagínese ese humo que se traga uno a diario” afirma Dioselina Romero.
Algunos habitantes acumulan hojas en sus patios y optan por quemarlas como método de eliminación, lo que contribuye a la contaminación del aire. A esto se suma el abandono de residuos voluminosos como muebles, camas y otros objetos que no son recogidos por el servicio ordinario de aseo, los cuales terminan siendo arrojados en espacios no autorizados.
Además, cuando el servicio de recolección de basura tarda en pasar, muchos optan por abandonar los desechos en lugares públicos. Un ejemplo de esto es la avenida Santander, cerca de la chatarrería Magua y diagonal al centro de diagnóstico automotriz Waalekai.
Botadero satélite en la avenida principal de Fonseca. Fotografía: Óscar Peñaranda (Zehero).
Yeferson Carrillo, director de operaciones de Interaseo, afirma que un factor importante para que se continúe realizando esta práctica es la falta de cultura ambiental. Dice que como empresa prestan el servicio de recolección en todo el municipio. “Abarca el 100% del casco urbano, tenemos el servicio de recolección y barrido en el corregimiento de Conejo, corregimiento de El Hatico, en las veredas de Potreritos, Toquitos, Quebrachal y Los Altos.
El servicio de recolección se da en dos horarios diurnos y nocturnos. Hacemos la recolección en la avenida principal del municipio dos veces en el día, en la mañana y en la noche, hacemos recolección de los residuos en el centro y en todo el área residencial que tiene el municipio de Fonseca”, señala.
A pesar de que se cuenta con un servicio de recolección constante, el manejo de basuras es un problema en el municipio. Este se agrava con los residuos generados por la poda de árboles en viviendas particulares. Hojas, troncos y ramas suelen ser arrojados en solares baldíos, predios enmontados y vías de acceso a zonas rurales, ya sea por mototaxistas o por los mismos podadores contratados. Como afirma Carrillo, este tipo de residuos requieren un manejo por parte de Interaseo y se debe realizar una solicitud a la empresa.
Para Rodrigo Pacheco, encargado de la Dirección Territorial de Corpoguajira, sede sur, “el problema de la quema de basura se genera a través de los mal llamados botaderos satélites que los encontramos en todo el casco urbano de Fonseca.
Cualquier solar que no tenga tapia, ni tenga una cerca adecuada, ahí las personas empiezan a arrojar basura y eso ocasiona los botaderos satélites, también encontramos botaderos satélites a la salida de los corregimientos”.
Además, como señala un habitante que pidió reservar su identidad, esta situación “afecta el entorno donde uno habita, afecta nuestra salud, y eso genera contaminación visual, física y daña la armonía en una comunidad”.
Campañas de sensibilización ambiental
Una de las alternativas que ha encontrado la institucionalidad para hacer frente a esta situación es la implementación de campañas para sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente. Tanto Corpoguajira como Interaseo adelantan este tipo de iniciativas pedagógicas.
Según señala Yeferson Carrillo, en Interaseo existe un equipo de Responsabilidad Social el cual realiza campañas con los habitantes, especialmente con las Juntas de Acción Comunal e instituciones. “Se le explica a los usuarios cuáles son los residuos que se pueden clasificar y cuáles son los residuos que se pueden aprovechar, en el caso de los residuos orgánicos que se pueden transformar en abono. También se hacen manualidades con los residuos aprovechables”, afirma Carrillo.
Adicional a esto, señala que se socializa de manera constante los horarios y frecuencias de recolección de las basuras para que las personas conozcan los momentos en los que se puede acceder a este servicio. También “se les explican los daños que puede causar el mal manejo de los residuos, entre esto la quema, que no solamente afecta al ambiente, afecta también a la población aledaña”, afirma.
En Colombia la quema ilegal de basura es una práctica que contribuye significativamente a la contaminación del aire que no solo afecta el medio ambiente sino la salud pública. El manejo inadecuado de los residuos es un problema grave, ya que puede generar contaminación del aire, del agua y del suelo. Además, puede afectar la salud de las personas y de los ecosistemas.
En el país la mayoría de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos a cielo abierto, lo que puede generar problemas ambientales y de salud pública. Según el Dane solo el 17% de los residuos sólidos en Colombia son tratados adecuadamente.
Por esta razón es relevante implementar políticas públicas y acciones concretas para reducir la cantidad de residuos que se generan y mejorar su manejo. La educación ambiental y la promoción de prácticas sostenibles son fundamentales para lograr un cambio en la cultura.
¿Qué dicen las autoridades?
Para Rodrigo Pacheco de Corpoguajira, en Fonseca se presenta un problema porque cuando en los hogares se generan basuras, se suele pagar “para que personas ajenas al sistema de recolección las boten”. Cuando se presentan quejas por el manejo de los residuos, la Corporación hace un proceso de visita “y si hay mérito se lleva a un proceso sancionatorio que está establecido en la norma ambiental de acuerdo con el tipo de basura, la cantidad de basura y el sitio”, agrega.
Según señala, en esta labor es importante la función de la policía ambiental, que debe vigilar y capturar a las personas que realizan este tipo de prácticas. Además, agrega que también es fundamental la labor del cuerpo de bomberos, a quienes se debe avisar cuando se identifica una quema de basura para que asistan al lugar a controlar el incendio.
Fotografía: Óscar Peñaranda (Zehero)
Carlos Mario Cabana Bolívar es comisario de familia e inspector de policía encargado, afirma que desde la inspección se han realizado campañas, particularmente en época de festividades, para pedirle a la gente que mantenga los lotes limpios. Además, señala que han articulado acciones con las diferentes entidades responsables para evitar que se presenten las quemas de basura.
“La inspección de policía es la primera puerta para activar esa ruta, para que todas las entidades que hacen presencia en el municipio de Fonseca y que tienen facultades para poder acudir a estos llamados se presenten de forma inmediata... hacemos un llamado a toda la comunidad fonsequera, para que pongan en conocimiento cada vez que se presenten esos casos”.
Sanciones para quienes queman y botan basura en Colombia
La quema ilegal de basura está prohibida. Según la ley 1259 de 2008, esta práctica es sancionada a través de comparendos ambientales que implican citación para multas ambientales, servicio social en tareas relacionadas con el manejo de residuos sólidos y multas que van de 2 a 20 salarios mínimos legales vigentes.
La Alcaldía de Fonseca es la principal autoridad responsable de evitar las quemas ilegales de basura en el municipio. A través de la articulación con los diferentes entes de control a nivel regional como Corpoguajira, policía de medio ambiente, bomberos y la comunidad, debe evitar que los delitos ambientales ocurran.
En varias ocasiones Consonante trató de hablar con la secretaria de Gobierno María José Brito Mendoza, con la Policía ambiental y los bomberos para conocer su posición frente a esta situación, sin embargo la solicitud no fue atendida.
¿Qué hacer con los residuos que requieren manejo especial?
En el municipio de Fonseca se debe contactar a Interaseo cuando ocurre una de estas situaciones: cuando son elementos voluminosos o cuando se requiere la recogida de residuos especiales como los que se generan después de podar un árbol.
Los habitantes pueden escribir un correo con la solicitud a pqrcesar@interaseo.com.co o acercarse a la oficina que se encuentra en la diagonal 12, salida a Distracción.
El pasado 9 y 10 de noviembre de 2024, el municipio de El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, fue escenario del primer Festival de la Montaña y el Agua. Organizado por la Plataforma del Campesinado, el evento contó con el apoyo de diversas organizaciones nacionales y locales, entre ellas la Coordinación Nacional Agraria (CNA), el COA (defensora de derechos territoriales en el suroeste de Antioquia), el Movete (oriente antioqueño) y la Mesa de Derechos Humanos del Chocó. Este festival marcó un hito en la región porque en él se resaltó la importancia de la biodiversidad y la cultura campesina como pilares del territorio.
Un llamado a la defensa del agua y la biodiversidad
El Carmen de Atrato, con temperaturas que oscilan entre -0°C en las alturas del cerro del Plateado y 30°C en zonas cercanas a Quibdó, es un municipio de riqueza biológica inigualable. Su biodiversidad alberga aves, reptiles, mamíferos y una vasta variedad de plantas, incluyendo orquídeas. Estas características hacen de sus montañas un espacio vital que, además de ser el lugar de nacimiento del río Atrato –declarado sujeto de derechos en 2016–, son hogar de campesinas y campesinos que trabajan incansablemente por su cuidado.
Según Marcela Sánchez, coordinadora conjunta de la Plataforma del Campesinado, el festival tuvo como objetivo central visibilizar la relación entre los campesinos y la montaña.
“Nos reunimos alrededor del tema de la montaña y el agua para mostrar nuestra historia, memoria y futuro como comunidad campesina. Fue también un espacio para el intercambio de conocimientos entre liderazgos campesinos y académicos”, afirmó Sánchez.
Actividades y reflexiones del festival
El festival, que se llevó a cabo en las instalaciones del antiguo seminario de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, comenzó con un mandala campesino y de defensa territorial, un acto simbólico que reunió a campesinos locales y visitantes, incluidos niños y jóvenes. Este acto inicial se destacó como un intercambio intergeneracional, con el que se manifiesta una idea de continuidad cultural y física en el territorio.
El 9 de noviembre se desarrolló un conversatorio con la participación de Carlos Duarte (Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana sede Cali), Noraldo Díaz (CNA), Yamid González (COA) y lideresas de la Plataforma del Campesinado. “Logramos un espacio de convergencia donde abordamos temas fundamentales para la defensa territorial”, explicó Sánchez.
El poeta y dramaturgo Yhimmy Echavarría y la escritora Leydi Viviana Pérez ofrecieron un recital de poesía musicalizado, seguido de la presentación del libro Citara, la montaña, el hogar de Jorge Giraldo Ramírez.
El 10 de noviembre, acompañados por el grupo musical Baluré, los asistentes recorrieron las calles del municipio entonando consignas por la defensa del agua y la vida, con mensajes como: “El agua pa’ la vida, la tierra pa’ sembrar” y “¡Vamos, vamos carmeleño, unite a la fiesta, a defender la vida, el agua y la montaña!”.
Fotografía: Gabriel Linares
Voces y testimonios
Para Noraldo Díaz, el festival fue revelador. “Nunca imaginé que en El Carmen de Atrato tuviéramos comunidades campesinas tan empoderadas. Me llevo la alegría de haber conocido un territorio lleno de propuestas organizativas”, expresó.
Manuel Castro, del Centro Sociojurídico Siembra, destacó el impacto cultural del evento. “El festival mostró al campesinado activo, promoviendo su organización desde lo cultural. Fue una forma de posicionar problemáticas y resaltar su arraigo hacia la tierra”, dijo.
El festival concluyó con importantes acuerdos, entre ellos, la decisión de solicitar la constitución del Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM) de El Carmen de Atrato, con el acompañamiento técnico de la Universidad de los Andes y el respaldo del CNA. Además, se enfatizó en la necesidad de avanzar en la materialización de los derechos campesinos y fortalecer la comunicación entre organizaciones locales y nacionales.
Para Marcela Sánchez, el festival fue el inicio de un largo camino. “Queremos seguir creciendo, incluir más campesinos y campesinas en nuestra plataforma, y ampliar las actividades culturales, gastronómicas y de medicina campesina en futuros festivales”, concluyó.
Según la Plataforma del Campesinado, este evento es la manifestación del compromiso de los campesinos con la defensa del territorio, la cultura y los derechos de las comunidades rurales. Además, se convierte en una oportunidad para mostrar la movilización social como elemento clave para la sostenibilidad del medio ambiente.
“El río se expresa a través de las personas que mejor lo entienden. Por ejemplo, un pescador nos dice que el río tiene unos cambios porque conoce su color y su olor. Escuchar a una persona del río es hacer que el río hable”
El Bajo Cauca antioqueño es un territorio atravesado por el agua. Desde el imponente río Cauca y sus afluentes, así como los complejos de humedales, ciénagas, caños, quebradas y reservas de agua subterránea que han asegurado el equilibrio y la vida en la región. Es también un territorio marcado por tensiones y conflictos socioambientales que involucran el agua y que rara vez ocupan titulares nacionales.
Los cuerpos de agua del Bajo Cauca han sido durante siglos el eje de la vida de las comunidades que los rodean. Doscientos años antes de la era cristiana, el pueblo zenú encontró maneras armónicas de convivir con los ciclos del río. Construyó una red de canales para conducir el agua durante la época de lluvias, lo que les permitió proteger sus cultivos y viviendas de las inundaciones.
Sin embargo, los actuales habitantes de la región observan con preocupación cómo la crisis climática y la intervención humana han alterando los ciclos de crecientes y sequías del río, e incluso han modificado su propio cauce, impactando a su vez de forma directa a todas las formas de vida que lo rodean.
Estas alteraciones han resquebrajado la relación que las comunidades mantenían con el agua.Si el río pudiera hablar, ¿qué diría? Las comunidades lo imaginan como un ser vivo, un cuerpo maltratado por la acción humana.
“Siempre queda la pregunta, qué va a pasar con este río dentro de 100 años, ¿No va a haber río?” reflexiona Ilona Tarcitano, una habitante y artista de El Bagre. Y agrega: “Siento que, como si fuese un cuerpo, lo han violentado de todas las formas posibles.”
“Todo nace a través del río. El río es vida, es salud, es todo para esta región. Del río nacemos y del río comemos”
Diego Álvarez, integrante de la Corporación Río Abajo.
“El río nos inunda pero también nos premia. El río trae, después de sus inundaciones, un montón de oportunidades para quien lo habita y lo conoce”
Iván Vega
“Nosotros sabíamos cuando iba a llover y cuando iba a hacer verano por el canto de un pájaro, por las guacharacas o por los sapos. Todo eso lo sabíamos nosotros. Y ahora no se sabe”
Fidel Escorcia, pescador tradicional del río Man.
“El río nos dio la oportunidad a todos los que no pudimos estudiar, ni ejercer cargos grandes. El río genera empleo para todos.”
Julio Morales, guardián del río Cauca
“El río ya no es lo que era, yo no es profundo. El río ahora es bajito, es pura playa y ya”
Ezequiel Barrionuevo, un pescador de Nechí.
“El río es como un buen amigo, un buen aliado, es un proveedor tanto de alimentos como de semillas y es quien nos conecta.”
Emilce Guerrero, guardiana del río.
“Yo tengo que pensar en las futuras generaciones porque tengo una hija y tengo que pensar que mi hija va a tomar agua del río, pero ese río está contaminado con mercurio. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones?”
Las heridas que lleva el río: conflictos socioambientales que impactan la vida de los cuerpos de agua
“Al río lo han desviado muchísimas veces, le han abierto brazos sin que sean naturales, le han hecho cicatrices imborrables”
Ilona Tarcitano, artista plástica de El Bagre
El oro y el río
La minería de oro hace parte de la historia y tradición del Bajo Cauca. Los indígenas zenú, primeros pobladores de la región, lo utilizaron de manera ornamental y como ofrenda a sus dioses. Sin embargo, desde la colonización española, la extracción de oro se lleva a cabo con fines económicos. Se estima que el Bajo Cauca produce el 60% del oro en Antioquia, que equivale al 25% de la producción nacional.
En sus diferentes modalidades, la extracción de oro contamina los suelos y el agua. Siempre que no utilice mercurio, el barequeo no representa una amenaza significativa al medioambiente. En contraste, la minería aluvial mecanizada provoca la destrucción de los ecosistemas de la región debido al uso de químicos y al proceso de remoción que sedimenta las aguas. Se estima que en los últimos quince años, el desarrollo indiscriminado de este tipo de minería, ha destruido alrededor de 35.000 hectáreas de bosques nativos del Bajo Cauca.
Hidroituango o la captura del río
El 6 de febrero de 2019 la compuerta 1 del proyecto Hidroituango se cerró y el río Cauca se secó: pasó de tener un caudal de 500 metros cúbicos por segundo a solo 35 (m3/s). La disminución del caudal a niveles mínimos impactó la vida*, la cultura y la economía de las comunidades. Además, la construcción de la represa ocasionó daños irreversibles sobre el ecosistema y el hábitat de un importante número de especies animales y vegetales.
Por los impactos al ecosistema, el 17 de junio del mismo año, el Tribunal Superior de Medellín declaró al río Cauca, su cuenca y afluentes sujeto de derechos. Esta decisión busca garantizar los derechos fundamentales de las generaciones futuras a la dignidad, al agua, la seguridad alimentaria y al medioambiente. Además, los jueces ordenaron la creación de los guardianes del río*; un grupo de personas, elegidas por las comunidades de la región, para ejercer la representación y la tutoría del río Cauca.
Para algunas comunidades ribereñas, la disminución del caudal del río significó su muerte. Pescadores, barequeros, areneros y defensores del agua velaron al río los días siguientes al cierre de la compuerta: “trajimos un ataúd con un espejo adentro, entonces la gente se acercaba a ver al muerto y eran ellos mismos. Ese era el muerto porque todos nacemos del río.” Así lo cuenta Diego Álvarez, integrante de la Corporación Río Abajo de Caucasia
La riqueza natural del Bajo Cauca ha atraído, en diferentes periodos, ciclos migratorios en los seis municipios de la región. A partir de la segunda mitad del siglo XX, esta zona ha recibido flujos de personas provenientes de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. En la actualidad, se estima que la población del Bajo Cauca supera los 300.000 habitantes, de los cuales, el 57% está ubicado en las cabeceras municipales y el porcentaje restante en áreas rurales.
En los últimos años, el desarrollo urbano, acelerado y sin planificar, ha impactado directamente en los cuerpos de agua. Por un lado, hay una mayor demanda de agua para el consumo humano, riegos de cultivos y reproducción de la vida. Y, por otro, han aumentado los vertimientos de aguas residuales sobre los ríos, ciénagas y caños. La falta de una gestión adecuada incrementa la contaminación y afecta la calidad del agua y la vida de las especies.
La relación entre los habitantes del Bajo Cauca y el río está en un punto crítico. Muchas personas, colectivos y organizaciones dedican su trabajo a la concientización, la recuperación y la mediación para hacer frente a los problemas que aquejan al agua que atraviesa el territorio y, por supuesto, a todas las vidas que dependen de ella. Para ellos si el río hablara, su grito sería un llamado a la conciencia: protegerlo no es una opción y poner el tema como prioridad en el debate público es una necesidad urgente.
Según la Organización Mundial de la Salud -OMS- para febrero de 2024, una de cada seis muertes es provocada por el cáncer, razón por la que se le ha catalogado como la enfermedad con la tasa de mortalidad más alta en el mundo. Esta genera altos costos para el sistema de salud y por lo tanto, como explica la OMS, provoca que en países de ingresos bajos y medianos los pacientes no accedan de manera oportuna a diagnósticos y tratamientos de calidad.
Según las últimas cifras de Cuenta de Alto Costo, entidad del sistema de salud colombiano que genera datos sobre las enfermedades de alto costo, en el país existen 458.589 casos de personas con cáncer invasivo, de estos el más recurrente es el cáncer de mama en mujeres, que corresponde al 20% del total, este es seguido por el cáncer de próstata y por el cáncer de cérvix. Esto quiere decir que esta enfermedad afecta de manera importante a las mujeres, quienes deberían ser priorizadas en las políticas públicas de atención y prevención.
La OMS afirma que una de cada doce mujeres desarrolla cáncer de mama en alguna etapa de su ciclo vital. Además, identifica la existencia de algunos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de que se desarrolle esta enfermedad: ser mayor de 40 años, antecedentes familiares de cáncer de mama, obesidad, consumo excesivo de alcohol, la edad inicial de los periodos menstruales y la edad del primer embarazo.
La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Fonseca, en cabeza de Angélica Solano, reporta que durante este año, en la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, se registraron 10 casos de cáncer de mama, situación que prende las alarmas para generar procesos que lleven a la prevención de esta enfermedad. Según el portal sobre Información de Cáncer en Colombia, 10 de cada 100 mil habitantes padecen de cáncer de mama.
En el mes de octubre, que es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, en el municipio de Fonseca se llevaron a cabo diferentes acciones. Como lo menciona la secretaria Solano, "para este mes se realizaron gestiones en dos instituciones educativas del municipio, que fueron El Instituto Cristo Rey y la I.E. Juan Jacobo Aragón donde hicimos charlas educativas sobre la detección temprana y autoexamen de mamá y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud y Empresas Sociales del Estado, hicieron una asistencia técnica en la cual cada una de ellas realizó en sus instituciones actividades referentes a la prevención, exámenes médicos periódicos, autoexamen y mamografías”.
Los retos para las personas enfermas de cáncer en Fonseca
Además de la prevención, un gran reto para enfrentar el cáncer es el acceso al sistema de salud. Según la OMS, a nivel mundial hay inequidad para acceder a servicios médicos y tratamientos de calidad, especialmente en los casos de cáncer de mama. En países con un índice de desarrollo humano bajo, las mujeres tienen menores posibilidades de ser diagnosticadas de cáncer de mama y tienen una probabilidad más alta de morir por esta razón.
En el municipio de Fonseca las mujeres se enfrentan a esta realidad. Una de las mayores dificultades está en el acceso a la atención del sistema de salud, a pesar de que algunas personas cuentan con EPS conseguir una autorización o una cita médica se convierte en un reto. Es el caso de Arleth Patricia de León Rodríguez, madre de tres hijos y paciente recuperada de cáncer de cuello uterino, quien conoció las dificultades para acceder al tratamiento desde el primer momento en el que se detectó su enfermedad.
El proceso lo inició en la ciudad de Valledupar en la Clínica Laura Daniela donde los médicos le diagnosticaron cáncer, “prácticamente me mandaron a morir a mi casa; mi familia no se dió por vencida y yo tampoco”, afirma.
Se vio obligada a buscar atención de manera particular en Barranquilla, en la Clínica Bonadona, “el médico me examinó, me mandó a realizar muchos exámenes y me autorizó una cirugía, después de realizada esta salí bien, allí me retiraron la masa que tenía, igualmente mi útero. Después de un tiempo llegó el resultado de la patología el cual era positivo para cáncer en tercer grado, me realizaron cuatro sesiones de quimioterapias que casi no soporto”, señala.
La atención en salud para la prevención tiene muchas dificultades en el municipio de Fonseca. Esta situación la está experimentando Aldrianis Álvarez, madre de dos niños y paciente de la EPS Cajacopi, quien afirma que en una consulta de rutina con su médico general este le recomendó realizarse una mamografía como parte de su control anual, “desde entonces he tratado de realizarme dicho procedimiento y no se ha podido porque mi EPS no me lo autoriza, ya se me han vencido dos órdenes para esto. Cajacopi no resuelve nada y de esta manera es muy difícil que pueda saber cómo se encuentra mi organismo", afirma.
Una experiencia similar es la de Yuranis Montero, madre de tres menores de edad y paciente de la EPS Sanitas. Su médico le ordenó una mamografía y exámenes avanzados para detectar cáncer que se realizarían en la clínica Someda, “allí me dicen que ese procedimiento lo hacen dos veces a la semana, desde el mes de junio estoy asistiendo y las veces que he ido me informan que los insumos vienen de Bogotá y tengo que esperar que ellos me llamen, aún estoy en espera, si fuese un paciente positivo quizás la preocupación y la espera me habrían matado".
A la demora en la asignación de citas y de exámenes para detectar cáncer, se le suma la dificultad en el acceso a los medicamentos de alto costo. Los pacientes que ya han sido diagnosticados se enfrentan a la escasez de estos o a la negación de las autorizaciones.
El día miércoles 8 de noviembre el dispensario SyD, que suministra los medicamentos a los pacientes de la EPS Sanitas en Fonseca, fue bloqueado por un usuario quien no permitió el ingreso de los trabajadores ni pacientes, tras considerar que existía negligencia en la gestión de entrega de un medicamento de alto costo.
En medio de su protesta José Rodríguez manifestó: “mi esposa es una paciente de enfermedad terminal al ser diagnosticada de cáncer y desde el 25 de octubre que vine a reclamar el medicamento nadie me daba respuesta sobre el mismo, por eso tomé la decisión de cerrar la entrada a las instalaciones de SyD para que me dieran una solución”. Frente a esta presión el medicamento fue entregado por la empresa encargada del suministro.
La lenta reacción del sistema de salud preocupa de cara al futuro frente a la evolución del cáncer en el mundo. Según la OMS, para el 2050 las personas enfermas incrementarán en un 77% por factores como el envejecimiento de la población, riesgos ambientales como la contaminación y factores como la obesidad y el consumo de alcohol y tabaco; territorios como Colombia y, particularmente Fonseca, deberían estar preparados para enfrentar un escenario de alta demanda en tratamientos contra el cáncer y otras enfermedades de alto costo.
En Leticia, el río Amazonas no solo conecta geográficamente a Colombia, Brasil y Perú, sino que es también el eje de una identidad sonora. En esta región de triple frontera, sabores, ritmos y olores de cada país se entrelazan para formar una cultura única. La música tradicional popular amazonense surge como una “mixtura” de estas influencias. Sus ritmos, impregnados de la fuerza del río, se han convertido en un símbolo de la vida y la naturaleza. Músicos de la región reconocen este vínculo, viendo al Amazonas no solo como un recurso, sino como un elemento que conecta profundamente a la gente con su entorno.
“Esta música es nuestra identidad, algo que nos diferencia del mundo”, afirma Darwin Erazo, un músico leticiano que defiende la música como un legado ancestral de la región. “Nos hace originales, únicos, porque nace aquí y viene de generaciones atrás. Una sociedad que olvida sus costumbres es una sociedad vacía”, sentencia con nostalgia.
El río y la selva como identidad musical
Para los músicos locales, esta música, que combina ritmos caribeños colombianos, géneros afro-brasileños y sonidos andino-peruanos, es un producto del entorno. Es, como explica el productor musical Alejandro Goez, un “alimento” para la identidad. “La música nutre nuestro inconsciente. Nos conecta con nuestra vida, nuestros sentimientos. Es lo que nos hace ser quienes somos”, asegura.
Yerit Pineda, organizador del Festival Internacional de Música Popular Amazonense, destaca la importancia de esta conexión con la tierra:
“Aquí suena música todas las noches en las malocas y todo el tiempo en ese río que fluye a nuestro lado”. Para él, la música no solo refleja el paisaje, sino que es un puente entre la naturaleza y quienes habitan la región. “La música debe ser un sentir, un momento de paz que nos ayude a conectar con lo profundo de nuestro territorio”, explica, con un tono que parece invitar a quienes lo escuchan a compartir esa conexión.
La tradición se enfrenta a nuevos ritmos
Pese a su arraigo en la región, la música tradicional enfrenta el desafío de los nuevos ritmos comerciales que predominan entre los jóvenes. Alejandro Goez observa cómo en Leticia, al igual que en muchas comunidades amazónicas, la “música mainstream” ha desplazado a los sonidos tradicionales. “Es triste ver cómo muchos jóvenes adoptan estilos ajenos a su cultura, ignorando su patrimonio musical”, afirma. No obstante, Goez no culpa a los jóvenes, sino a la falta de oportunidades para que la música tradicional amazonense esté disponible en plataformas de fácil acceso.
Para Mauricio Quintero Castillo, arquitecto y productor audiovisual de la Universidad Nacional en el Amazonas, la situación es grave: “El futuro es oscuro para los ritmos tradicionales. Ahora estos se han convertido en algo que muy pocos practican”. Quintero teme que, sin apoyo, cuando mueran los músicos que preservan esta tradición, “esta música quedará en el olvido”.
Esta falta de interés se debe en gran parte a la ausencia de apoyo institucional. José Ignacio Sánchez, conocido como Nacho, quien es músico de la banda marcial del Ejército en Leticia, señala que en plataformas digitales solo se encuentran unos pocos temas de artistas locales, subidos por ellos mismos. “Es urgente que las entidades públicas promuevan espacios de difusión”, insiste Sánchez.
El Festival del Pirarucú de Oro: un intento de rescate
Ante la amenaza de olvido, en 1987 el maestro Alfonso Dávila creó el Festival del Pirarucú de Oro, un evento para dar visibilidad a esta música y fortalecer la cultura amazónica. Sin embargo, para algunos músicos, el festival carece de un enfoque pedagógico que permita a las nuevas generaciones apropiarse de estos ritmos. “El festival es valorado, pero no se ha consolidado como una plataforma de apropiación y difusión de la música amazonense”, asegura Jorge Picón, historiador de la región.
Jose Ignacio Sánchez coincide, lamentando que el festival se esté volviendo “un evento comercial”, alejado de sus raíces.
“Más que buscar nuestra cultura musical, el festival ya es una temporada, no una estrategia continua para el fortalecimiento de la música”, añade. Para Lobo, un artista urbano de Leticia, “la difusión de esta música debe ser un proceso continuo, durante todo el año”.
Fernando Picón Acuña, director de la banda departamental, considera que la falta de cohesión entre los músicos es una barrera para su conservación. “No hay un objetivo en común en torno a estos ritmos, ni una unión en el gremio para preservarlos”, lamenta.
Ante esta situación, algunos artistas creen que la educación es fundamental para que las nuevas generaciones reconozcan estos ritmos como suyos. Yerit Pineda enfatiza la importancia de trabajar unidos como gremio musical, para dar una mejor proyección a la música tradicional: “Podemos discutir y planear estrategias para que los niños y niñas tengan una guía, para que nos vean como un solo grupo comprometido con esta música”.
Existen iniciativas individuales, como la de Carolina Manchola, una música oriunda de Ibagué que lleva más de ocho años viviendo en Leticia. Carolina ha desarrollado un programa educativo con el que busca transmitir a los estudiantes el valor de esta música como parte de su identidad.
“A través de los ritmos, los niños conocen el país, el territorio, y así fortalecen su sentido de pertenencia. Al tocar esta música, sienten orgullo de ser amazonenses”, explica.
En Puerto Nariño, a orillas del río Amazonas, Saúl Coello, conocido como Saulinho, trabaja con jóvenes en una escuela de música tradicional que ya lleva más de doce años. “Estamos fortaleciendo a los niños y jóvenes en la música tradicional para no perder nuestra cultura”, comenta Saulinho, quien destaca el entusiasmo de los jóvenes por seguir el legado artístico de la región.
Mauricio Quintero concluye que “enseñar la música es poner a escucharla en contexto, y hacer que los jóvenes la disfruten y practiquen”. Para Saulinho, el compromiso de los artistas y el apoyo institucional son clave para cambiar el panorama. “La educación permitirá el fortalecimiento de las prácticas y de la identidad por el territorio”, concluye con esperanza.
Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y combatieron aquella casa; y no cayó:
porque estaba fundada sobre la peña…
Mateo, El sermón del monte
Gente de río
Conocí el Atrato cuando era cristalino, el Atrato era el río de todos y para todos. La gente lo usaba para transportarse, para lavar la ropa, los platos, cocinar los alimentos y beber el agua sin hervir. Usted, por ejemplo, andaba embarcado y donde fuera le daba su sed, apenas metía su totumo y bebía agua, punto, seguía el mundo. Cuando el Atrato estaba seco, el agua era verde, verde de lo clarita, señor.
Soy Fanny Rosmira Salas Lenis, nací en el corregimiento de Puerto Salazar Chigorodó, Istmina, en el Medio Atrato chocoano. Crecí entre la selva con la yuca, el chontaduro, el primitivo y el maíz. Mi familia me educó al frente del Bebaramá, el río que nos alimentó, nos quitó la sed y nos arrulló en sus aguas durante años. Hoy está destruido por la minería.
Me inicié a los doce años en el proceso organizativo, con un espacio que en su tiempo llamábamos Comunidad Eclesial de Base, donde el padre Gonzalo de la Torre, quien conformó unos grupos eclesiales de base para leer la Biblia todos los domingos. Eso fue por allá en 1982. Parece todo tan lejano.
La lideresa Rosmira Salas lleva más de 35 años trabajando por el Chocó / Fotografía: Gabriel Linares
Tengo 54 años y lo menciono porque los cumplí el 27 de octubre pasado, cincuenta y cuatro. Antes celebraba mi cumpleaños allá en el barrio Monserrate; hacía una fiesta de varios días, eso era un desorden. Hoy ya no se puede hacer por la violencia que se está viviendo en Quibdó.
Pero retomando el tema de la organización que conformamos con el misionero claretiano, Gonzalo de la Torre, llevamos más de treinta años trabajando. Así que Cocomacia está ‘en chonta’. ¿Sabe a qué nos referimos cuando decimos que algo ‘está en chonta’? Cuando usted corta el corazón de un palo y la madera está en buena luna y se ve jecha, quiere decir que ‘está en chonta’. ¡Eso le dura añizas!
El Consejo Mayor del Medio Atrato, Cocomacia, creció con la fortaleza del guayacán. Distintas generaciones han pisado esa casa, que yo ayudé a construir, en la que me formé como lideresa de mi pueblo, la gente negra, raizal y afrodescendiente. Ahí fue donde empecé a enseñarle a la gente a leer y escribir en medio de una década dura para el departamento del Chocó.
A veces no sé qué digo, porque aquí todos los tiempos han sido duros.
Fotografía: Gabriel Linares
Un despertar
Hubo una chispa de la que brotó Cocomacia más allá de la lucha contra el analfabetismo: la defensa de la selva y los ríos chocoanos. Por esos años, una empresa llamada Triplex Pizano gestionaba permisos en Bogotá para arrasar árboles en nuestro bosque tropical, ¿se imagina usted? Gente bogotana tomando decisiones sobre nuestro territorio. Pero nosotros nos plantamos en un “no” rotundo porque los árboles son nuestra sombra, los que nos oxigenan y nos alimentan.
Nos decían que éramos pobres por el abandono del gobierno, acá no se reconocía que había gente negra, solo indígenas. Decían que estos eran unos territorios baldíos de la Nación. Entonces, como eran baldíos, a uno solo lo tenían en cuenta cuando era tiempo de elecciones para buscar votos. ¿Puede usted creer?
Así llegó el tiempo en el que la gente fue despertando. Nos reuníamos los domingos, pero le pregunto a usted: ¿De qué género cree que era la mayoría? Sí, señor, la mayoría de quienes ahí se reunían eran del género femenino. Por cada 20 mujeres aparecían, de pronto, unos 5 o 6 hombres. Es en serio lo que le estoy diciendo, son experiencias vividas.
Para reunirse las comunidades tenían que llevar lo que tuvieran. Si usted tenía pescado, llevaba pescado. La que tenía arroz, lo llevaba. La que tenía plátano, llevaba el plátano. Cuando se llegaba al sitio de la reunión, cada quien iba dando su aporte. Ahí se echaba todo a la olla y juntas hacíamos la comida. Una olla comunitaria para poder deliberar frente a la situación que estábamos viviendo.
Una de nuestras primeras victorias fue la Ley 70 de 1993, cuando nos reconocimos como pueblo étnico y exigimos el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales en la Constitución Política de 1991. Cuando pienso en la década del noventa siento mucho dolor. Hubo victorias, pero también una violencia desbordada. El paramilitarismo se había tomado el departamento y, desde el Bajo Atrato, acabó con muchas vidas y arrasó con el bosque. Por ese mismo tiempo, en el 96, logramos el título colectivo de más de 800 mil hectáreas en el Medio Atrato como áreas de manejo especial a esas comunidades negras.
Fotografía: Gabriel Linares
Un animal gigante que vomita oro
Cuando conocí el Atrato era un río cristalino. Ya le dije, ¿no? Eso lo vi con estos ojos, vea ve, nos bañábamos y hacíamos de todo.
También era agua para sanación porque cuando usted tenía mucha fiebre, a eso le dicen calentura, se abre la mitad del río, mete la mano en la sangraera con la vasija, la saca llena de agua y con esa agua baña el enfermo, o moja una sábana y lo envuelve en ella, y adiós la fiebre.
Pero eso se hacía cuando no estaba así de sucia y contaminada. Todo eso era el río Atrato. Después llegó el año 2001 y con él, el Código Minero que hasta hoy nos rige. El mismo fue financiado por las multinacionales mineras, especialmente las canadienses. “Allí se legisló en el artículo 37, que decía que si debajo del edificio de la Procuraduría había oro, había que tumbar el edificio. Según esa ley minera, si debajo del Capitolio Nacional o debajo de la Iglesia del 20 de julio, donde se venera al Divino Niño, hay oro, hay que tumbar esos edificios, hay que destruir la institucionalidad y la religiosidad, porque la prioridad es la destrucción, quiero decir, la minería mecanizada”, le conté una vez a Jesús Durán en el 2018, y hoy se lo repito a usted.
Así que Rosmira sigue su camino como lideresa y defensora de los derechos de los territorios, pero nunca sola. Con Dios, que me protege, y con mis compañeros y compañeras que no me dejan rendir. De tanto bregar, en 2016 salió la Sentencia T-622 en la que se reconoce "al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas". ¿Y eso con qué se come?
Pues en eso he estado durante estos años, diga que diga, cuente que cuente, porque si el río Atrato pudiera hablar, no hablaría español. Porque yo sí sé que él habla y la naturaleza le habla al hombre y el hombre se hace... Cuando hay esos desbordamientos de río, por ejemplo, la naturaleza le está hablando al hombre, le está diciendo que ella también siente, que esta tierra siente.
¿Qué es lo que hay en el mundo que no siente?
A la fecha, la minería ilegal no solo continúa en el río Atrato, sino que su alcance ha aumentado. La minería se metió en las casas, en los cuerpos llenos de mercurio de la gente, en sus cultivos y en toda la vida que conocen. He insistido en cada una de mis intervenciones en que sin territorio no hay vida, sin territorio no podemos existir. El territorio es la razón de nuestra existencia.
El primer Yariseño sonó en 1971, después de que el maestro Jorge Villamil Cordovez compusiera una canción para San Vicente del Caguán. Para ese entonces se realizaba la primera semana cultural del municipio, con la participación de las instituciones educativas que en ese momento funcionaban. Desde el Colegio Nacional Dante Alighieri, se hizo una convocatoria con la finalidad de buscar un emblema, un baile, una representación del municipio, algo que dijera ¿qué era ser sanvicentuno?
El Yariseño, como se conoce hoy, es una combinación de ritmos que busca dar respuesta a la necesidad de una identidad cultural en San Vicente del Caguán; en él se mezclan el bambuco, el pasillo y el joropo, ritmos que llegaron a la región gracias a la convergencia de diferentes personas que se asentaron en el municipio. Según Miriam Zeidad López de Campos, la creadora de El Yariseño consultada por Consonante: “Este baile no solo refleja la riqueza cultural de la región, sino que también se ha convertido en un símbolo de orgullo y pertenencia para la comunidad”.
A la canción del maestro la acompañó la coreografía y así empezaron a darle cuerpo y forma al baile para llevarlo y presentarlo en el concurso, cuyo premio era la representación del municipio. Dos niñas que cursaban quinto de primaria, Cecilia Castillo y Nubia Morales, fueron las primeras en danzar El Yariseño.
La Señorita Surcolombiana del Baile de El Yariseño 2023-2024 Natalia Pascuas Muñoz, con el traje de El Yariseño.
El colegio no tenía grupo masculino, así que Cecilia Castillo se vistió de hombre y su pareja fue Nubia Morales. Zeidad López de Campos cuenta que montó esa coreografía con los pasos de un bambuco tradicional, “para demostrar cómo el hombre campesino quiere conquistar a una mujer, a su querida, a su amante, a su amada".
Otra de las gestoras de este baile fue la profesora Nelly Perdomo de Falla, quien lideró el diseño del traje que iban a llevar las participantes. Ella, muy conocedora de la región, aportó muchas ideas para crear las figuras que llevaría. “Fue un vestido muy hermoso que se pintó bajo la dirección de la hermana Reginalda Moyne, una religiosa italiana. Las dos niñas fueron las primeras que bailaron ese bambuco”, finaliza de Campos.
A partir de un conversatorio realizado en el año 2013 sobre El Yariseño, en el que se identificó la necesidad de tener un evento cultural que representara a la región, nació el encuentro Surcolombiano de El Yariseño. Este se realizó inicialmente durante las fiestas de San Pedro, buscando atraer a la mayor cantidad de personas y facilitar su participación. “Con el tiempo, el evento creció en popularidad y se ajustaron las fechas para evitar cruces con otras festividades, lo cual estableció un encuentro cultural significativo en el departamento del Caquetá”, dice Wilton Muñoz, exdirector de la Casa de la Cultura del municipio.
Melquisedec Paredes, actual coordinador de la Casa de la Cultura, manifiesta que el Encuentro Surcolombiano del Baile de El Yariseño es un evento cultural que celebra y promueve las tradiciones, danzas y costumbres de esta región de Colombia, específicamente en San Vicente del Caguán:
“Este encuentro reúne a diferentes municipios y departamentos, lo que permite el intercambio cultural y la visibilización de la identidad local a nivel nacional. Además, busca consolidar la paz y el tejido social a través del arte y la cultura”.
Según el coordinador, el encuentro es fundamental para visibilizar la identidad cultural de San Vicente del Caguán, dado que permite la participación de diversos municipios y fomenta el intercambio de tradiciones y danzas, lo que contribuye a cambiar la percepción del territorio a nivel nacional. Además, busca seguir trabajando en la salvaguarda del patrimonio cultural.
Por su parte, la Señorita Surcolombiana del baile de El Yariseño 2023-2024, Natalia Pascuas Muñoz, manifiesta que El Yariseño es mucho más que una tradición; representa una celebración de las raíces, la cultura y la identidad de su región. “Es una forma de mostrar al mundo el orgullo de ser sanvicentuno y caqueteño, llevando la historia del pueblo a través de la danza”, afirma. También considera que El Yariseño es una oportunidad para empoderarse y expresar alegría y creatividad. Destaca que su experiencia como Señorita Surcolombiana del baile de El Yariseño ha sido enriquecedora y desafiante. Su papel en la promoción del baile incluye participar en diversas actividades culturales y transmitir la importancia de preservar esta tradición. También anima a las niñas a brillar y a sentirse orgullosas de sus raíces culturales a través de la danza.
Miriam Zeidad López de Campos considera que El Yariseño es la expresión cultural que representa a San Vicente del Caguán, en el que se destaca su evolución partiendo desde el bambuco tradicional hasta convertirse en una manifestación cultural significativa. Ocampos ha trabajado arduamente para promover El Yariseño, y para contribuir a su desarrollo y presentación en eventos importantes, lo que ha fortalecido su impacto cultural en la región.
Alrededor de El Yariseño han nacido otros bailes. San Vicente del Caguán es pionero en las danzas investigativas, como la danza del aserrador, que tiene sus raíces en el mismo municipio desde hace muchos años. También tiene la danza de la elaboración del quesillo, la danza de la siembra y cosecha del fríjol cargamanto, la danza del tapir, la danza del pájaro cudillo, la danza del envuelto de choclo, la danza tinigua y el baile de El Yariseño. Todas estas buscan fortalecer el desarrollo artístico y afianzar los valores culturales entre los sanvicentunos.
Los investigadores Wilton Muñoz Ocampo y la maestra Lidia Giovanna Montenegro han sido parte de estas investigaciones. “Yo he participado en la investigación del quesillo y he creado la danza de la siembra y cosecha del fríjol cargamanto en homenaje a la inspección de Guayabal”, explica Paredes, director de la Casa de la Cultura en San Vicente del Caguán.
Los retos a los que se enfrenta la tradición de El Yariseño incluyen la necesidad de mantener su autenticidad frente a las modificaciones que algunos instructores han propuesto, lo que ha llevado a la creación de parámetros establecidos desde 2013. Por otro lado, “la falta de organización y espacios ha dificultado la enseñanza del baile en todos los colegios, limitando su difusión. También la competencia con otros bailes y la necesidad de adaptarse a eventos importantes también representan retos para su preservación y proyección cultural”, comenta De Campos.
Para conocer San Vicente del Caguán es esencial participar en el Encuentro Surcolombiano. Aquí se puede disfrutar de la riqueza gastronómica y artesanal, y admirar las danzas presentadas. Este evento permite conocer el legado, la cultura y las tradiciones de los diferentes municipios del departamento. Además, es el evento cultural más grande del Caquetá, destacándose a nivel regional por su importancia cultural.
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