Desde 2023, el Resguardo Indígena Ticoya, Ticuna, Cocama y Yagua, ubicado en el corazón del Amazonas, impulsa la implementación de su Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), una apuesta por fortalecer la enseñanza desde los saberes, las lenguas y la cosmovisión de sus pueblos. Sin embargo, el proceso ha avanzado más lentamente de lo previsto. A las dificultades propias de construir un modelo educativo intercultural se suman los vacíos normativos que el Congreso aún no ha resuelto, obligando a las comunidades a abrirse camino entre la incertidumbre jurídica.
En ese escenario, los líderes indígenas insisten en que el éxito del sistema no depende únicamente de las instituciones educativas. Para ellos, la recuperación de la identidad cultural comienza en el hogar.
"La educación en nuestro territorio está muy débil, empezando porque muchos de los que habitamos acá no hablamos nuestra lengua, y la familia debe ser la raíz de donde parte todo", señala Rosendo Ahué Coello, concejal del municipio de Puerto Nariño. "Si los padres de nuestros estudiantes no les enseñan a sus hijos a valorar su cultura, es muy difícil que se logre en las instituciones. Aunque son un respaldo, esto no depende solo de los docentes", afirma.
Como lo señala el líder indígena, los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño han sostenido durante décadas una lucha para que sus conocimientos, lenguas y formas de enseñanza sean reconocidos e incorporados en el modelo educativo de las escuelas del municipio. Durante buena parte de ese tiempo, las decisiones sobre la educación estuvieron en manos de comunidades religiosas, lo que limitó la participación de las autoridades y los saberes propios de los pueblos indígenas en la formación de las nuevas generaciones.
Educación propia en el Amazonas
En el Trapecio Amazónico, sobre la frontera con Brasil y Perú, se encuentra el Resguardo Indígena Ticoya. Con una extensión de 140.623 hectáreas distribuidas entre el municipio de Puerto Nariño y una pequeña parte de Leticia, el territorio reúne a 22 comunidades de los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua.
A través de la Asociación de Autoridades Indígenas Ticuna, Cocama y Yagua (Aticoya), las comunidades administran dos instituciones educativas. La primera es la Institución Educativa Agropecuaria José Celestino Mutis —antes Colegio Técnico Agropecuario—, ubicada en el casco urbano de Puerto Nariño. La segunda es la Institución Educativa Residencia Escolar San Francisco de Loretoyaco (Inaesfra), un internado rural fundado en 1955 que, hasta hace pocos meses, estuvo bajo la administración de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Allí recibían formación cerca de 1.200 estudiantes de las comunidades indígenas del territorio.
Saúl Abreo, docente del internado, explica que durante décadas la institución ha mantenido un enfoque orientado a la formación agropecuaria y al desarrollo de proyectos productivos, en respuesta a las dinámicas del territorio.
"Es un colegio agropecuario. Se dictan las áreas de pecuaria, agrícola, proyectos productivos y ahora se está incursionando en el turismo, por las características de la región", señala.
El internado cuenta con trece sedes educativas distribuidas entre las comunidades asentadas a orillas de los ríos Amazonas y Loretoyacu. En los últimos años, cerca del 90 % de su estudiantado ha pertenecido al pueblo ticuna, cuya visión del mundo se sustenta en cuatro principios: Maü (vida), Naae (espiritualidad), Porá (fuerza) y Kuá (sabiduría). "Cada ser tiene diferentes niveles que le dan sus características de identidad y están entrelazados unos con otros", señala un documento de la Asociación de Autoridades Indígenas Ticuna, Cocama y Yagua (Aticoya).
Pese a que la mayoría de los estudiantes pertenecen a este pueblo indígena, durante décadas esa cosmovisión y sus saberes ancestrales han ocupado un lugar marginal dentro de las aulas, donde los contenidos y las prácticas pedagógicas respondieron principalmente a un modelo educativo ajeno a las tradiciones del territorio.
Los estudiantes de los pueblos Cocama —cuyo territorio ancestral se extiende principalmente por Perú— y Yagua —nombre que alude a la tradición de pintarse la piel con achiote— han ido desplazando sus lenguas maternas y, con ellas, parte de los conocimientos y prácticas que sostienen sus culturas. El choque que enfrentan a diario, tanto en su vida cotidiana como en las aulas de clase, ha llevado a que muchos de ellos abandonen progresivamente sus tradiciones.
“Nuestros líderes no tienen un horizonte fijo; solo se piensa en la inmediatez del momento. Las instituciones no aparecen y, si lo hacen, es para llevar cursos o charlas cortas. No hay acompañamiento ni seguimiento institucional”, señala el concejal.
Para 2023, en todas las sedes del municipio había 47 educadores indígenas, certificados para impartir el enfoque étnico en las aulas y transmitir una cultura diversa. Estos maestros, en su mayoría de etnia Ticuna y Cocama, enseñan en la básica primaria y algunos en la secundaria y media. “En la básica secundaria se encuentran educadores de otros departamentos del país a cargo de las áreas de Matemáticas, Física, Biología, Química, Español, Inglés, Agropecuaria y Artística, ya que el departamento no cuenta con estos profesionales que otorgan estos perfiles”, resalta un documento de Aticoya a través del cual empezaron a darle forma a la educación propia.
Etnoeducación, una pugna larga
Por décadas la educación ha sido un campo en disputa para los pueblos étnicos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas han reconocido la Educación Indígena Propia como pieza fundamental de los derechos de estos pueblos. Con la Ley 115 de 1994, en el capítulo tercero, se estableció el Proyecto Educativo Comunitario, que, según el Ministerio de Educación, permite a las instituciones construir, reelaborar e implementar los planes de estudio acordes a su cultura, lengua, pensamientos, usos y costumbres.
Sin embargo, por años el Estado no fue capaz de crear un marco legislativo para definir el escalafón de los etnoeducadores indígenas para ingresar a la carrera administrativa. Tras una acción de tutela contra el Decreto Ley 1278 de 2002 (Estatuto de Profesionalización Docente) por violar la consulta previa y varios artículos de la Constitución, en 2007, la Corte Constitucional le impuso al Estado la obligación de adoptar para los grupos étnicos un sistema educativo diferente, pero no cumplió. Con la sentencia 666 de 2016, la alta corte volvió a revisar este asunto y dio un plazo de un año para que el Congreso tomara una decisión de fondo. El término se cumplió y no hubo resultados del legislativo.
La discusión se trasladó a la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política Educativa para los Pueblos Indígenas (Contcepi), un proceso consultivo que tuvo docenas de sesiones. Comunidades como funcionarios públicos mantenían posiciones distintas acerca de las razones por las cuales el proceso consultivo se había extendido durante tantos años.
“Los accionantes —las comunidades indígenas— cuestionan la voluntad política del Gobierno, mientras el Ministerio —de Educación— afirma que los pueblos han desplazado la discusión hacia el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip), que es un asunto mucho más amplio que el Estatuto Docente”, explica la Corte Constitucional. Para los pueblos indígenas, en el fondo, estas discusiones debían contemplar la constitución de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI).
Esa gran deuda sólo se saldó hasta el año pasado, cuando se elevó a política de Estado el Seip, a través del Decreto 481 de 2025. De acuerdo con este articulado, la familia, el gobierno propio, la memoria colectiva, la cosmovisión, la espiritualidad, las lenguas nativas, la diversidad cultural, el territorio y la unidad serán los principios que rijan el Seip con el fin de conservar y valorar la cultura de los pueblos indígenas.
Aticoya camina a un sistema propio
Desde 2023, Aticoya comenzó a estructurar lineamientos pedagógicos diferenciados para cada uno de los pueblos indígenas presentes en la institución. “Estamos aplicando lo que nos dirige nuestro proyecto educativo institucional, en el cual tenemos inserta la etnoeducación en los planes de estudio, especialmente la enseñanza de la lengua materna, desde preescolar hasta grado 11”, explicó Esau Pinedo Cayetano, coordinador académico del colegio Ineagro.
No obstante, como reconocen varios docentes, estos esfuerzos han quedado relegados a un componente complementario del currículo. Aunque la etnoeducación está presente en los planes de estudio, su alcance sigue siendo limitado y no ha logrado incidir de manera significativa en que los jóvenes valoren, exalten y reafirmen su identidad cultural.
En palabras del concejal Rosendo Ahue Coello: “tener una clase de lengua materna en un colegio, ya se dice que es una interculturalidad, pero no es interculturalidad, porque nuestra lengua materna no puede ser complementaria, tiene que ser obligatoria”.
A través del Decreto 1345 de 2023, Aticoya presentó el mandato de educación y gobierno para los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua, con el que busca la autonomía indígena, el derecho a una enseñanza bilingüe y la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (Seip) —una acción que para entonces buscaba adelantarse al vacío legislativo que el Estado no había resarcido—. Además, establece directrices para la vinculación de docentes y la administración de instituciones educativas locales, como el Internado San Francisco.
Sin embargo, su implementación aún está en espera, ya que, por el momento, y según Abreo, docente del internado, “hasta ahora la asociación nos ha empezado a socializar el decreto, empezando de paso con el nombramiento de los nuevos administrativos, ya que quienes estaban anteriormente, principalmente las monjas encargadas de los procesos educativos en el territorio, cumplieron la edad necesaria para pensionarse. Luego, la implementación en el currículo aún está a la espera, pues su construcción debe ser conjunta y esto lleva tiempo”.
Precisamente, ese proceso de construcción colectiva es el que actualmente adelantan las comunidades del resguardo Ticuna, Yagua y Cocama. Según William Fernández Valerio, coordinador de educación propia de Aticoya, la implementación de la educación propia en el territorio busca “recuperar y fortalecer los usos y costumbres, basados en la enseñanza, en la forma de organizarnos dentro de cada una de las comunidades, cómo se organiza el chamán en la parte tradicional, cómo se estructura el cabildo, qué leyes nos amparan como pueblos indígenas”.
Esto, por medio de los establecimientos educativos, sin dejar de lado lo occidental y la tecnología, pero aplicada al territorio. Fernández aclaró que esta construcción no se está dando desde cero, como se cree, sino que, tras dos años de trabajo en la elaboración del mandato interno, este año se establecieron criterios para los nombramientos docentes y administrativos.
Para la básica primaria, la decisión la toma la comunidad en cabeza del curaca, luego de revisar las respectivas hojas de vida y de hacer pública la convocatoria. Lo mismo ocurre para la secundaria, aunque bajo criterios específicos. En cuanto a los cargos administrativos, como coordinadores y rectores, los aspirantes deben visitar cada comunidad y presentar sus propuestas; posteriormente, las comunidades deliberan y votan para designar a la persona que ocupará el cargo.
Ahora lo que más los ocupa es la construcción del currículum. De acuerdo con Fernández, este no se elaborará de manera aislada, sino que partirá del Proyecto Educativo Comunitario o de Centro (PEC) y del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada institución del municipio. Para ello, se conformará un equipo técnico encargado de transcribir y analizar los documentos existentes, con el fin de identificar qué elementos pueden mantenerse, cuáles requieren ajustes y cuáles deben incorporarse para responder a las necesidades propias del territorio.
Todo ello implica un trabajo coordinado entre jóvenes, padres de familia, abuelos, niños, niñas y autoridades tradicionales. “¿Qué piensan de la educación propia? ¿Cómo quieren que sea esta educación?” es una de las preguntas que orientarán las reuniones comunitarias previstas para los próximos meses. Aunque el proceso será largo, Fernández señaló que la meta es alcanzar un avance cercano al 80 por ciento durante este año, siempre que las condiciones del territorio permitan desarrollar el trabajo con normalidad.
Lo que sigue
Para estructurar este sistema y que realmente se conciba como educación propia, Jaime Ruiz Torres, curaca de Puerto Nariño, comenta que primero las autoridades indígenas deben ser coherentes y responsables con lo que tienen en sus manos y asumir el reto con compromiso. “La educación es la base de nuestra sociedad; por eso, esta construcción debe ser articulada con las comunidades, con los abuelos, con los conocedores, sabedores y chamanes. Eso, prácticamente, no tiene que ser solo de los educadores o los docentes, sino que debe ser un trabajo realizado de manera muy conjunta con quienes realmente conocen cómo era la educación antiguamente, cómo era nuestra propia educación como pueblos indígenas”.
No obstante, los pueblos indígenas se enfrentan a una incertidumbre: las decisiones del nuevo gobierno en cabeza de Abelardo de la Espriella. El Sistema Educativo Indígena Propio (Seip) fue un decreto del Ministerio de Educación del gobierno de Petro y el gobierno entrante podría buscar modificarlo o derogarlo.
La competencia para dictar las leyes definitivas está en cabeza del Congreso, pero como lo reconoció la Sección de Leyes de esa entidad en 2021, los congresistas han fallado en esa labor. Esto lo ha expresado la Corte Constitucional en la Sentencia 245 de 2021: “el Congreso de la República no ha dictado la ley que contenga una regulación integral de la etnoeducación y los derechos de las personas que prestan el servicio, es decir, los etnoeducadores o etnodocentes”.
Para 2021 habían sido archivadas cinco iniciativas legislativas relacionadas con la expedición de un estatuto de profesionalización docente que regule de manera especial la vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas.
Una situación que preocupa a los líderes indígenas del territorio nacional, dadas las declaradas intenciones del nuevo gobierno por eliminar decisiones del gabinete Petro que beneficiaban a estas comunidades, una de estas, la derogación de las 22 resoluciones que crearon las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) —una deuda histórica puesta en la Constitucional de 1991, pero que el Congreso se ha resistido a reglamentar—, por considerar que el gobierno Petro excedió su competencia.
Por esta razón, para William Fernández, la situación es preocupante y representa un peligro para los territorios étnicos a nivel nacional, ya que las luchas que se han dado año tras año quedarían relegadas al abandono, vulnerando a los pueblos indígenas. “Pero ahí estaremos en la lucha para que lo que hemos construido no decaiga”, menciona con firmeza Fernández.
