Entre Medellín y Quibdó, en el municipio de El Carmen de Atrato, hay un pueblo que nació para ser un territorio libre de guerra. Hoy, un conjunto de casas de ladrillo y de madera, una iglesia, un viejo edificio y un convento se erigen en una finca de cinco hectáreas. El Pueblo de la Memoria Histórica, como fue llamado por sus fundadores, es el resultado de la oposición de un grupo de carmeleños, entre 1999 y 2008, lideró un grupo de familias campesinas contra los grupos armados que insistían en tomarse el territorio.
Hasta finales de los años 80 allí funcionó el Hospital Sanatorio Antituberculoso de El Carmen de Atrato: un lugar al que la gente llevaba a los enfermos de tuberculosis de Antioquia y de otras partes del país. Sin embargo, el sanatorio fue abandonado entre finales de los 80 y principios de los 90. Entonces, la estructura antes moderna empezó a decaer y fue saqueada.
Desde 1996, y durante un periodo de tres años, el sanatorio fue utilizado por varios de los grupos armados que accionaron en El Carmen de Atrato. Durante esos años, la población carmeleña fue víctima de asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores de edad. Casi todos los habitantes del municipio fueron víctimas de algún tipo de hecho violento.
Según la Unidad para las Víctimas (Uariv), en el municipio 9 460 personas son víctimas de desplazamiento forzado, 155 fueron asesinadas y 381 perdieron sus bienes. Esto quiere decir que casi la totalidad de la población es víctima. Este año, según las cifras del DANE, en El Carmen hay 8.343 personas, y según la Uariv hay 6 038 víctimas que siguen viviendo en el municipio.
Los grupos armados utilizaron el lugar para reclutar hombres y mujeres a sus filas, pues la ubicación del sanatorio era estratégica. El edificio estaba cerca del casco urbano de El Carmen, pero estaba rodeado de vegetación virgen. Y subiendo algunas montañas se podía llegar al cañón de Guaduas, la vereda donde se originó el ERG y donde también incursionaron los demás grupos.
Antes de la llegada de los grupos armados, el edificio también era utilizado por parejas jóvenes que aprovechaban la soledad del lugar para encontrarse. “Era el lugar de los encuentros extramatrimoniales”, recuerda Froilán Zapata, un líder campesino que dirigió la Organización de Campesinos Caficulturores de El Carmen de Atrato (OCCCA).
La resistencia
En 1996, el predio donde funcionaba el sanatorio pasó a pertenecer precisamente a la OCCCA, a quien el Estado colombiano le entregó el edificio en préstamo para que lo utilizara como base. Sin embargo, los campesinos tuvieron problemas para apropiarse del lugar. “No hacía muchos días desde que nos habían entregado eso y ya el señor José, comandante del ERG, estaba haciendo reuniones allá. Reunió a los choferes de la localidad y les dijo que tenían que colaborar, y que si alguien se le torcía, pues lo mataba. Incluso dijo: si mi mamá se me tuerce, la mato”, dice Froilán.
Las presiones de los guerrilleros llevaron a que al poco tiempo la OCCCA se declarara como una comunidad campesina no dispuesta a cooperar con la guerra. Para resistir, la comunidad implementó varias estrategias que les mostraran a los armados que no se enfrentaban a pocos, y que si iban por uno, debían enfrentarse a todos. Hicieron almuerzos comunitarios en El Siete, reuniones con el ERG, las AUC, las Farc, el ELN y el Ejército para explicarles que eran neutrales y no colaboraban con ningún grupo, y crearon una granja escuela en las tierras que rodeaban el edificio, de modo que el predio casi siempre estaba ocupado.
Mientras estuvieron allí, la entrada de las armadas estuvo prohibida. Cuando escuchaban que algún grupo estaba cerca, formaban una comitiva y subían a trabajar. Los grupos, poco a poco, fueron cediendo el territorio, pues veían que efectivamente la gente estaba trabajando. Además, tantas personas en un mismo predio atraía mucha atención. “La resistencia fue una dinámica importante en el momento más oscuro y triste de El Carmen de Atrato, que fue el desplazamiento y la toma guerrillera”, dice Froilán.
El 5 de agosto de 2000, la guerrilla de las Farc se tomó el pueblo usando cilindros bomba y fusiles. El terror se apoderó del pueblo. Ese y el año siguiente hubo, en total, 4 252 víctimas.
Las 200 familias que para ese entonces integraban la organización sembraron cultivos de pancoger así como caña de azúcar y café. También empezaron a procesar la panela en trapiches comunitarios y a secar y moler el café. Además, crearon un sistema para emplear a otros campesinos a cambio de capacitaciones, entrega de semillas, abonos y otro tipo de alimentos y tuvieron el acompañamiento de Naciones Unidas bajo el programa Alimentos por Trabajo.
A pesar de la estrategia que implementaron para mantener la violencia alejada, los campesinos enfrentaron serias dificultades para mantener su presencia en el lugar. Durante varios años fueron víctimas de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados y asesinatos. Algunos de estos hechos ocurrieron a menos de medio kilómetro del terreno. Como el de Elizabeth Posada Vargas, de 12 años, una muerte que recuerda Lina Muñoz, que para ese momento pasaba por el sector de la Vuelta del Mosco en la vereda El Porvenir. “Un día que mi mamá me traía para la escuela me tocó ver el cuerpo de ella cubierto con una sábana blanca en el piso”, dice.
En 2008 se desmovilizaron los paramilitares y el ERG. Para ese momento la organización campesina ya se había debilitado por el desplazamiento de varios de sus miembros y las amenazas a sus líderes. Además, algunos asociados habían perdido contacto con la organización. A este panorama se sumó un cambio de dirigencia y el éxodo de la mayoría de sus miembros. El ocaso de la OCCCA también generó un conflicto por las tierras de la organización que al día de hoy se encuentra en manos de la Unidad de Restitución de Tierras.
Para ese momento, Froilán Zapata pensó en que era el momento para responderles a las víctimas. En 2009, con la certeza de que ya había pasado lo peor, un grupo de antiguos miembros de la OCCCA creó la Organización de Víctimas de la Violencia con el fin de que el Estado los reconociera como sobrevivientes de la guerra, e iniciara un proceso de reparación. Ese mismo año, decidieron asentarse en las tierras del antiguo sanatorio, con la esperanza de construir su futuro en la tierra que habían cuidado y cultivado durante una década.
La creación del pueblo
Remigio Zapata y su hija Margarita fueron los primeros en mudarse al sanatorio. Luego llegaron más y más personas, y el edificio se les quedó pequeño. Intentaron gestionar un proyecto de vivienda de interés social con la Alcaldía, pero no fue posible. “Nos tocó aplicar la ingeniería cabuya: entregar lotes”, cuenta Froilán. Parcelaron las cinco hectáreas y crearon 170 lotes, el máximo número que les dio, de modo que las familias que había y las que fueran llegando tuvieran tierra para construir viviendas dignas. La entrega se hizo de manera formal, pero sin escrituras, pues en ese momento el Estado aún figuraba como dueño del terreno.
En una asamblea, acordaron que el nuevo asentamiento se llamaría el Pueblo de la Memoria Histórica. Un nombre que resultó fácil de elegir pues consideraron que esas dos palabras eran lo que mejor definía su relación en común: las víctimas eran un pueblo que tenía una memoria y una historia compartidas.
Una de las familias que llegó fue la del matrimonio Balvin Jaramillo. Juan de Dios y Marleny ingresaron al asentamiento después de haber sido desplazados de la vereda La Argelia y de su casa en El Seis. Durante varios años vivieron en casas arrendadas, y cuando recibieron un lote pensaron en que, por fin, había llegado la hora de volver a establecerse.
Su hija Vivianey, que hasta entonces había estado con familiares y estudiando afuera, también llegó a vivir ahí. Vivianey era apenas una niña de escasos 11 años, pero recuerda bien que, mientras ella jugaba con los otros niños del pueblo, los vecinos les ayudaron a sus papás a construir su casa. A los 13 años ya hacía parte del movimiento social.
“Desde muy pequeña Froilán ya me llevaba a las reuniones y me ponía a estudiar. Me acuerdo que una vez subimos a hacer una protesta con megáfono y gritábamos: ¿Quiénes somos? La Organización de Víctimas de la Violencia. ¿Una raza? La campesina. ¿Una religión? El trabajo. ¿Un mandamiento? El respeto”, dice como si todavía estuviera ahí.
Para ella, esa fue la semilla para que en 2017 decidiera capacitarse como gestora de archivo para crear el Museo de la Memoria de las víctimas de El Carmen. En ese año, Froilán le presentó un proyecto al Centro Nacional de Memoria Histórica, pues quería que la entidad les ayudara a recuperar y organizar los cientos de papeles y fotos que recogían su historia de resistencia.
Una lucha por la memoria
En total, cinco personas del Pueblo de la Memoria Histórica se formaron como gestores de archivo y se encargaron del proceso de reconstrucción de memoria: se encargaron de seleccionar los archivos, organizarlos por fechas e imprimir los archivos más deteriorados. Pero también se encargaron de limpiar, acondicionar y pintar las paredes del antiguo convento para convertirlo en un museo.
Vivianey Balvin explica lo que buscaban: “que la gente sepa que se vivió la guerra y que fue muy duro, y que eso marcó muchas vidas. Hay que plasmarlo en algo para que la gente vea el sufrimiento y que no se puede repetir el conflicto”. El museo está allá, pero pocas personas en El Carmen lo conocen.
Así como el museo, la gente del Pueblo de la Memoria Histórica resiste. Aún hoy, más de diez años después de vivir ahí, nadie tiene escrituras. Según Froilán Zapata, el predio es un baldío de la nación y se lo deberían adjudicar a la gente. Mientras eso sucede, la vida diaria en el pueblo se hace cada día más difícil. Jhon Mejía, un sociólogo que ha acompañado el proceso, explica que varias familias han vendido los predios, aunque sin papeles, y otras tantas todavía no viven ahí por falta de condiciones dignas. Durante estos años la gente se ha organizado para tener acueducto y luz, pero hace falta una buena vía, una guardería y una cancha para que los niños, niñas y jóvenes se diviertan. Además, a veces parece que la guerra se cuela. Hace apenas seis meses, la Policía capturó a tres personas armadas que se habían asentado allí y que estaban ya interactuando con jóvenes.
Lo que persiguen las familias que viven en el Pueblo de la Memoria Histórica es lo mismo que buscaban hace más de 20 años. Antes le exigieron a los grupos armados que no los metieran en su guerra, y lo que siguen queriendo hasta hoy es que el Estado cumpla con sus obligaciones. Lo que desean es vivir dignamente como campesinos.
