En Colombia la población afrocolombiana tiene titulada, de manera colectiva, poco más de seis millones de hectáreas de tierra. De ese total, solo el 0,08 por ciento está ubicado en el Caribe, es decir, unas seis mil hectáreas, pertenecientes a 22 comunidades. La razón detrás de esta baja titulación no tiene que ver con falta de solicitudes. De hecho, para octubre de 2021 había 164 comunidades que solicitaban los títulos , pero que cada año han visto cómo sus peticiones se mantienen estancadas. Las razones tienen que ver con las acciones institucionales. El informe Desafiando alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe, de la organización Ilex - Acción Jurídica, muestra cómo durante al menos cuatro años la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha destinado un dinero para titular las tierras de las comunidad afro del Caribe y cómo este presupuesto no se ha ejecutado en su totalidad, de hecho, el año analizado en el que más se gastó (2021), llegó solo al 51 por ciento.
Esto se suma al poco acompañamiento a las comunidades, la falta de información disponible y el desorden administrativo que se generó cuando el Incoder, antes a cargo del tema, se acabó. María Fernanda Angulo Amórtegui, abogada de la línea de Derechos Territoriales y Justicia Ambiental e investigadora del informe, explica el problema y llama a la Agencia a avanzar en la titulación.
Consonante: ¿Cuál es el panorama de la titulación de tierras a comunidades afro en el Caribe?
María Angulo: Dentro de los temas jurídicos en el Caribe hay varios elementos de preocupación. Primero el número de solicitudes es muy grande, sin embargo, los avances año a año son muy pocos, es decir, seguimos viendo que la titulación se sigue dando en otras zonas del país, y en el Caribe siguen saliendo pocos casos. Esto pasa por varias razones, la primera es que la titulación colectiva en el Caribe tiene que tener una visión distinta a la del Pacífico, porque los casos son en diferentes términos de lo que los abogados llamamos, la naturaleza jurídica de la tierra. Podemos decir que hay ausencia de progresividad en la titulación y un aumento en las aspiraciones. Hablemos de cifras: en este momento más del 98 por ciento de la titulación colectiva afro está en el Pacífico. De casi seis millones de hectáreas, apenas 6 090 están en el Caribe y no es porque no se hayan hecho las solicitudes.
C: ¿Desde cuándo viene el problema?
M.A.: Después del 2008 empezaron a llegar las solicitudes de titulación al Incoder, que alcanzó a recibir algunas, y a partir del 2010 más y más, pero cuando empezó la Agencia (2015), recibió este mundo de titulaciones en las que no se había avanzado. Son casos en los que nunca se inició un trámite, no se hicieron las visitas ni tienen expedientes conformados. Al pasar del Incoder a la ANT se perdieron documentos, hay comunidades que van a buscar y les dicen: sus documentos no aparecen acá. Muchas comunidades llevan cinco, siete u ocho años esperando siquiera que se inicie el proceso de titulación, que se les emita un acto administrativo de inicio en el que se diga que se va a llevar a cabo la revisión del procedimiento de titulación colectiva. Incluso tenemos dos años, de los últimos diez, en los que nunca se decidió una solicitud, y el universo de solicitudes al 2021 era de 164. Si se deciden uno o dos casos al año, la pregunta es ¿cuánto tiempo nos va a tomar resolver esas solicitudes? De frente a esto se establecieron planes de choque, pero los resultados los seguimos esperando. Las solicitudes del Caribe son más del 40% del total nacional, y no hay un enfoque específico para resolver el problema.
C: ¿Cuáles son las causas de la poca titulación de tierras a los afro del Caribe?
M.A.: El Caribe tiene unas particularidades. Acá debemos salir de la idea de que para adjudicar la tierra tienen que ser baldíos adjudicables en los que estén las comunidades, porque en el Caribe hay pocos de estos. Hay baldíos inadjudicables y tierras privadas. En el Cesar hay comunidades que están sobre sectores que se consideran sabanas y playones, y no se ha resuelto cómo se va a titular esa zona o formalizar los derechos de la comunidad, porque el lugar al día de hoy es un baldío inadjudicable. También pasa que hay comunidades que tienen muy poca tierra, y en la normatividad existen los mecanismos para comprar tierra para comunidades negras. Esos recursos que existen hay que direccionarlos y ejecutarlos. Por otro lado, hay una tensión en los territorios por los proyectos económicos endógenos (al interior de las comunidades) y el conflicto armado interno. Las comunidades tienen una realidad que les exige poner todo su tiempo y esfuerzo en cuidar la vida, afrontar situaciones del conflicto armado, defenderse en contra de la minería, de proyectos portuarios, hoteleros o de hidrocarburos. Esas situaciones los ponen en vulnerabilidad adicional que necesita ser atendida por la institucionalidad.
C: La Guajira es el segundo departamento con más titulaciones, pero también el que tiene más solicitudes pendientes y el segundo con más rezagadas. ¿Qué pasa en el departamento?
M.A.: Desde las cifras, La Guajira es el segundo departamento con más casos de titulación (siete), detrás de Bolívar. Pero tiene una cantidad de comunidades que están todavía en el proceso de consolidarse como consejo comunitario y que tiene expectativas de titulación. Los datos que nos ha entregado la ANT y otras bases de datos, es que en La Guajira tenemos la mayor cantidad de solicitudes en rezago, eso quiere decir que las solicitudes del departamento no las recibió la ANT, sino el Incoder, entonces la Agencia tuvo que asumir la responsabilidad. Pero, además de recibir en rezago, ahora bajo un ejercicio de revisión de requisitos entonces empieza un carteo y es que “a usted le falta este documento”, “necesitamos que allegue este documento”, “necesitamos concretar la solicitud para iniciar el trámite hay casos”.
Por ejemplo, en el Consejo Comunitario Geovanny Vega, de San Juan del Cesar, son reconocidos como comunidad negra, son víctimas del conflicto y tienen un proceso que implica la compra de un predio que consiguieron y que estaba apto. Llevan más de cinco años esperando que la Agencia compre el predio. E incluso una persona de la comunidad decidió ceder un predio para toda la comunidad, pero pasan dos o tres años y no resuelve nada.
C: En el informe ustedes afirman que hay un problema de ejecución ineficiente de recursos. ¿A qué se refieren?
M.A.: Revisamos que existe un recurso estatal destinado a la titulación colectiva, un recurso que más o menos hace unos siete años tiene el mismo valor, el mismo número, para desarrollar estas titulaciones. Pero después de revisar lo que se ejecutó entre 2016 y 2020, fue muy bajo. Si este recurso no se invirtió en la titulación, volvió a una bolsa común y se invirtió en otras actividades. Vimos lo mismo con los recursos que se asignan para compra de tierras de comunidades étnicas. No es que no tuviéramos recursos, no vemos que esa sea la necesidad, a menos que se ocupen efectivamente del rezago. El problema es que los recursos no se ejecutan. Hacemos un llamado, con base en las cifras, a que se ejecuten correctamente los recursos. No nos puede pasar que tengamos ejecuciones menores al 40% de recursos ejecutados a titulaciones colectivas, y son años anteriores al Covid-19.
C: Ustedes también señalan que hay un problema con la información. ¿Qué pasa?
M.A.: Hemos observado que los datos cambian, pero no en el sentido en que avanza la titulación y empiezan a bajar las cifras de solicitudes y se van materializando derechos. En el 2021 se nos dijo que había 164 solicitudes en el Caribe, y para el año siguiente nos dijeron: hay menos, hay 87 casos. Pero solo se titularon tres casos. La diferencia de solicitudes entre un año y otro es que cambiaron la tipología de lo que antes llamaban solicitudes y ahora llaman peticiones, porque no cumplen con todos los requisitos de la solicitud de titulación, y hasta tanto no los cumplan, no los van a meter en la base de datos de solicitudes. Nosotros no compartimos la idea de las peticiones, porque no existe en la ley, pero lo que también decimos es que esas comunidades que no tienen los requisitos completos necesitan mayor acompañamiento. Nuestra preocupación incluye el manejo de datos, pero también cuáles son los casos que van avanzando, qué ha permitido el avances y qué es lo que no está dejando avanzar.
C: ¿Qué se necesita para resolver el problema en el Caribe?
M.A.: Para superar el rezago debe haber un compromiso de la ANT, pero en nuestro concepto también se necesita apoyo de la sociedad civil, del Ministerio del Interior y, en algunos casos, de la Unidad de Restitución de Tierras. Debe verificarse la atención por parte de la institucionalidad y el acompañamiento a las organizaciones, que están en un ejercicio de construir una estructura regional y necesitan ayuda para consolidar las acciones de reivindicación y los temas articulados a la tierra. Creemos que se debe poner en marcha una estrategia administrativa e institucional para descongestionar las solicitudes, y no las podemos poner en categorías. Debe haber indicadores y metas serias, no solo decir que hay un plan de acción y que se van a resolver 10 casos por año, cuando tenemos 300 solicitudes. Hay que incrementar la meta de titulación colectiva para superar el rezago. Y la ejecución de recursos. Si hay una plata asignada, hay que garantizar que si nos dan 100, ejecutemos 100. Si no, no hay lógica para pedir más recursos. También creemos que la compra y dotación de tierras es súper importante. Hay que comprar la tierra en las formas que la gente la necesita para armar su proyecto colectivo.
