Osmaira Nieves por fin escuchó a los responsables de la muerte de su hermano reconocer sus mentiras. Después de casi 19 años de buscar la verdad, una ventana se abrió en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado tras la firma del Acuerdo de Paz para investigar a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado. Esa justicia concluyó, en diciembre del año pasado, que 12 militares estuvieron detrás de 135 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate entre enero de 2002 y julio de 2005.
Como ella, otras decenas de familias lograron escuchar, de la voz de los militares, la verdad sobre sus casos. Sin embargo, no todas las víctimas han encontrado esta verdad que necesitan para continuar y ser reparadas. Además, sus abogados afirman que en varios casos los militares justificaron los asesinatos extrajudiciales porque las víctimas tenían alguna vinculación con grupos ilegales. Se preguntan si esto que hace falta se puede completar en la nueva fase del proceso en la Jurisdicción.
¿Qué encontró la JEP?
En el Batallón de Artillería N° 2, conocido como Batallón La Popa, algunos militares conformaron una organización criminal que desarrolló un plan para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que presentaron como bajas en combate, cuando no lo eran. Así lo afirma la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la resolución de conclusiones del subcaso de la costa caribe sobre ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” cometidos por 12 miembros de esta unidad militar. “Presté mi grado, facilité mi jerarquía al interior del batallón, y desvié por completo las funciones de mi cargo para revestir con una falsa legalidad estos crímenes horrendos”, afirmó el coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, responsable de la sección de operaciones y segundo comandante del batallón La Popa.
La resolución, que emitió la Sala de Reconocimiento de la JEP, da cuenta de las explicaciones de los militares sobre cómo operaban para cometer los asesinatos y hacerlos pasar como muertos en combate. Además entregaron información que le permitió establecer a la JEP que los 12 sindicados son máximos responsables de un total de 135 asesinatos y desapariciones. Inicialmente eran 127.
“Veo esto con buena satisfacción porque nosotros, con tantos años, siempre tuvimos una información, que era por lo que a mi hermano lo habían matado y sabíamos que no era así. A él y hasta a nosotros nos estigmatizaron”, cuenta Osmaira Nieves, hermana de Luis Eduardo Oñate Nieves, un joven indígena wiwa de 17 años oriundo de San Juan del Cesar al que militares bajo el mando del sargento (r) José de Jesús Rueda, quien se desempeñaba como comandante de pelotón, bajaron de un bus en “la ye” de San Juan del Cesar, donde se dividen los caminos que van para Badillo, corregimiento de Valledupar; y Corral de Piedra, zona rural de San Juan, asesinaron y presentaron como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) abatido en combate con el Ejército. “Durante 18 años yo siempre me apoyé de un periódico que yo compré donde ellos (los militares) relataron que a mi hermano lo mataron en un enfrentamiento. Pero ya ellos confesaron que sí fueron ellos”, explica. Y más importante, reconocieron que su hermano no era paramilitar, sino un joven civil e inocente. “Sin ese camino, a nosotros no nos hubieran dicho la verdad”, afirma.
Tras estos hallazgos, la Jurisdicción llegó a la conclusión de que la verdad que aportaron y la responsabilidad que aceptaron fue “completa, detallada y exhaustiva”. Los 12 militares podrían acceder a una sanción propia de la JEP, es decir, una pena de entre 5 y 8 años que tiene un componente de restricción de la libertad (no en la cárcel) y otro componente de sanción reparadora, que debe ser acordada con las víctimas.
Los cuestionamientos de las víctimas
- Hay verdades que no se dijeron. “Yo estoy seguro de que ellos toda la verdad no la dicen. Dicen unas cosas a su manera y otras en las que estoy seguro de que son como ellas las contaron. Pero yo tengo compañeros que no ven sus casos claros”, dice Franklin Navarro, padre de Carlos Mario Navarro Montaño, un joven de 17 años que vivía en Urumita y al que bajaron del mismo bus en el que iba Luis Eduardo Oñate, hermano de Osmaira Nieves. Navarro dice que durante la audiencia que se llevó a cabo el 18 y 19 de julio de 2022 en Valledupar, hubo casos en los que los militares no dieron información oportuna o detallada ni tampoco se comprometieron a buscarla.
Esto pasó en el caso de Albeiro Flórez Hernández, un hombre al que militares del Batallón La Popa hirieron y transportaron desde el sector de Medialuna a la vereda El Corralito, en San Diego (Cesar), donde lo asesinaron y luego lo presentaron como guerrillero de las Farc. Durante la audiencia, los militares no se pronunciaron sobre este caso;sin embargo, al finalizar la diligencia, Efraín Andrade Perea, sargento primero, se acercó a la familia de la víctima y afirmó que él dio la orden de asesinar a Albeiro y a Edgar Beltrán Hurtado. La familia le cuestionó a Andrade Perea no haber confesado en la audiencia ni haber dado más detalles sobre estos asesinatos.
Daniela Rodríguez, abogada de un grupo de víctimas y coordinadora de Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Cspp), afirma que este no es el único caso con verdades incompletas. “Nosotros consideramos que se flexibilizaron algunos estándares de verdad y reconocimiento por parte de la Jurisdicción”, afirma. “Tenemos algunos casos en los que los comparecientes (militares) simplemente aludieron no recordar o no tener la información”.
El magistrado Óscar Parra, relator del subcaso, afirma que en estos casos hay varias ventanas de oportunidad para conocer la verdad. Una es la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. “Esta sala viene avanzando en los casos de las personas que no fueron seleccionados como máximos responsables. Son más de cien y allí pueden hacer indagaciones para determinar la verdad de algunos hechos en concreto que pudieran no haberse ofrecido por estas 12 personas que fueron analizadas en la resolución de conclusiones. Hay varias rutas de contribución de la verdad que pueden ser exploradas a futuro”, afirma.
- Hubo familias que se sintieron revictimizadas. En los casos de San Juan del Cesar, es decir, los de los familiares de Osmaira Nieves y Franklin Navarro, era imposible negar que los jóvenes eran civiles inocentes. Frente a estos crímenes, los implicados reconocieron su responsabilidad sin titubear e incluso pidieron perdón. Sin embargo, en los casos en los que las víctimas sí eran guerrilleros o paramilitares, el reconocimiento se dio a medias.
Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), afirma que no creen “que en todos los casos el reconocimiento haya sido completo”. Por el contrario, el representante de víctimas dice que algunos responsables “planteaban un reconocimiento muy limitado y un arrepentimiento inexistente cuando la víctima hubiera podido hacer parte de algún grupo armado, a pesar de haber sido asesinado en condiciones de inferioridad, por fuera de un combate. A pesar de que fuera una ejecución extrajudicial”. Es decir, a pesar de que la muerte sí era un “falso positivo”, los militares no reconocen la gravedad del hecho porque las víctimas hacían parte de grupos armados.
Por eso consideran que no en todos los casos caben los calificativos de “completa, detallada y exhaustiva” a la verdad y a los reconocimientos de los militares.
No está claro cómo los militares van a reparar a las víctimas
Dentro del proceso judicial, la Sala de Reconocimiento de la JEP les pidió a los responsables de estos crímenes que construyeran y entregaran una propuesta para el componente restaurativo de la sanción que recibirán. O sea, que propusieran cómo pueden aportar a restaurar y transformar los daños que causaron con sus acciones.
En total, la Sala recibió cuatro propuestas: dos colectivas y dos individuales. Una tiene como objetivo “restablecer el buen nombre de las víctimas en la región” y contempla acciones como la realización de cápsulas radiales, un reportaje y la construcción de una “placa-monumento”. La otra propone adecuar un espacio museológico para la construcción de memoria, denominado «Resguardo de la Memoria Histórica”. De las dos individuales, una propuesta trata de realizar acciones de reforestación y de recuperación de cuencas hídricas y se llama «Del hombre a la tierra». La última, también individual, es la participación y contribución en escenarios ancestrales de memoria y armonización que estimen pertinentes las autoridades espirituales de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.
Sin embargo, tanto para las víctimas como para la Procuraduría, a los proyectos les hacen falta varias claridades para que sean viables. Por ejemplo, la familia Oñate Nieves considera que la realización de pagamentos o la participación en escenarios ancestrales no debería ser considerada como una forma de reparación. “Eso lo debimos haber hecho antes de la audiencia, como pueblos ancestrales primero teníamos que haber saneado los sitios y haber limpiado la sangre, después venía el perdón en la audiencia y ahora debemos ver cómo se va a tratar a sanción propia”. A esto se suma que debe evaluarse si es pertinente la presencia de los militares en el territorio, pues esto puede ponerlos en peligro o herir emocionalmente a las familias.
Además, la Procuraduría señaló que hacen falta claridades sobre el tiempo de ejecución de los proyectos, la vinculación de los militares a los mismos y la forma en la que se van a financiar.
Para los abogados de las víctimas el camino a seguir es que la JEP (la Sección de primera instancia del Tribunal de Paz) convoque un “encuentro con los comparecientes en el que las familias puedan expresar sus diferentes preocupaciones, dudas y observaciones”. Por ahora, la sala de la JEP remitió las propuestas y las observaciones de las víctimas al Tribunal.
¿Y la reparación del Estado?
Los 18 años que Osmaira Nieves lleva cargando el ejemplar del periódico El Pilón que reseña la muerte de su hermano le ha servido para defender que sí lo asesinó el Ejército, pero, a la vez, ha sido la prueba del Estado para no reconocerla como víctima: la prensa afirmó que Luis Eduardo Oñate era paramilitar y que murió en combate. Sin embargo, ahora, cuando el militar Rueda aceptó que todo fue una mentira, que Luis Eduardo no era paramilitar, ni estaba en combate, Osmaira espera que por fin el Estado reconozca que ella y su familia son víctimas.
Para Osmaira la principal reparación debería venir del Estado. Por ejemplo, con una indemnización que le permita mejorar su calidad de vida, o con una tierra que le permita cultivar, o con un proceso de acompañamiento psicológico que ayude a su madre a recuperar la sonrisa.
Franklin Navarro, padre de Carlos Mario Navarro, piensa igual. “Por acá me hicieron una propuesta de que podían (los responsables) construir carreteras y yo no estoy de acuerdo con eso, porque esas son cosas que le tocan al Estado. ¿Construir un colegio? Tampoco, eso le toca al ministerio. Lo que nosotros necesitamos es por lo menos estar reconocidos en la Unidad de Víctimas, pero no lo han hecho”, explica. Carlos Mario era el único hijo de Franklin, y era quien le ayudaba en las labores del campo. Cuando los militares se lo llevaron, se quedó solo. “A mi edad yo necesito un pedacito de tierra, porque somos demasiado pobres”, afirma.
Lo que sigue
La abogada Daniela Rodríguez espera que, en la siguiente fase del proceso, la JEP vincule a la Unidad para las Víctimas y a otras entidades del Estado al proceso, para que así los derechos de las familias a la reparación puedan materializarse.
Esta resolución de conclusiones es la tercera que emite la JEP, pero hasta ahora ningún caso tiene sentencia. Esto quiere decir que el panorama de qué sucederá en la Sección de primera instancia para casos de reconocimiento del Tribunal de Paz no está claro. Sin embargo, el magistrado Óscar Parra explica que la sección está recibiendo los expedientes y “en algún momento tendrán que convocar a una audiencia en la que valorarán el trabajo de la sala, así como estos proyectos de sanción propia”. Además, en el corto plazo, la sección organizará “una audiencia donde escuchará a varias instituciones sobre los que les compete en el marco del sistema restaurativo, que articulará a los diversos proyectos de sanción propia a lo largo del país”, explica.
