La reforma agraria en El Carmen de Atrato: los retos para el gobierno Petro

En El Carmen de Atrato no se había escuchado hablar de reforma agraria desde el 2003. Aunque con el Acuerdo de Paz llegó la Reforma Rural Integral, el único avance que hubo tangible fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria entregó dos parcelaciones a campesinos y campesinas de las veredas La Clara y La Argelia. La mayoría de los que recibieron esas tierras poco pudieron hacer, nunca los asesoraron en proyectos productivos, ni les ayudaron con el acueducto o la adecuación de sus viviendas en las hectáreas que habían recibido. En palabras de Emilson Rodríguez, integrante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el municipio, “les entregaron las tierras y los dejaron botados”.

A más de 100 días del gobierno Petro, el país ha vuelto a escuchar sobre la reforma agraria y el campesinado está en el centro de la agenda. Los días 2, 3 y 4 de diciembre se realizó la primera Convención Nacional Campesina (CNC) que contó con la participación de 2.500 campesinos y campesinas de todas las zonas del país. El Carmen de Atrato estuvo representado por varias organizaciones municipales como Asocomunal, Agroecotur, Guardianes del Río Habita y líderes y lideresas independientes de diferentes veredas del territorio. Estos son, según advierten, algunos de los retos a la hora de implementar la reforma agraria en el municipio:

1. Priorización del territorio

Lo primero que preocupa a los campesinos y campesinas del municipio es la priorización de su territorio en este proceso. A la mesa llevaron la solicitud de “DesPEDETizar” la reforma. Es decir, en el acuerdo final se definió que los municipios PDET serían zonas priorizadas para la aplicación del punto uno. Y aunque El Carmen de Atrato es reconocido como altamente afectado por el conflicto, no hace parte de estas zonas. Por eso los carmeleños piden más atención.

Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia, explica que el gobierno aún no ha dado claridad sobre el tema. “El Acuerdo lo que dice es que los municipios PDET tendrán que ser zonas priorizadas y uno diría que esa priorización tendría que respetarse, pero no hay un sistema. No sabemos en este momento cuáles son los territorios priorizados, pero en virtud del acuerdo y el acto legislativo 02 de 2017 es obligatorio para el gobierno arrancar por estos municipios. Durante la CNC el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que se iban a ampliar los territorios PDET, pero no se sabe si eso se va a materializar o no”, dice Bautista. Incluso, Prada ha reconocido que hubo muchas zonas altamente afectadas por el conflicto armado que no fueron incluidas en estas 16 zonas priorizadas en el Acuerdo de Paz, pero que necesitan atención prioritaria.

2. Los conflictos interculturales por las tierras

La tierra es el corazón de la reforma agraria. En Colombia, según el ministerio de Agricultura, el 44,5 por ciento de la tierra está en manos del 0,01 por ciento de la población. En el acuerdo de paz, la reforma rural integral es el primer punto y el gobierno Petro ha abanderado esta causa. Ya ha hecho entrega de 680.000 hectáreas de tierra, en 19 departamentos, como Cauca, Putumayo, Córdoba, Vichada, Amazonas y Tolima, entre otros. La meta es entregar tres millones de hectáreas a familias sin tierra o con poco acceso a ella, así como formalizar siete millones adicionales y así cumplir con los compromisos que asumió el Estado en el Acuerdo de Paz con las Farc, firmado en 2016.

En El Carmen de Atrato no es diferente. El saneamiento del territorio y el avance en los procesos de restitución de tierras es la petición más recurrente entre los campesinos, comunidades indígenas y afro. Sin embargo, la situación no es tan solo entregar más hectáreas. En el municipio han pedido constantemente apoyo del Ministerio del Interior, la ANT y la ART para solucionar una serie de disputas vigentes en torno a la titulación de tierras.

Por un lado, los siete resguardos indígenas de El Carmen de Atrato, que ocupan cerca de 8 mil hectáreas de tierra, han solicitado la ampliación de sus resguardos. Esto en medio de conflictos con la comunidad afro del sector de El Dieciocho. En 2021 el Estado le otorgó a esta comunidad 24 hectáreas de tierra, 2.555 metros que van desde el sector de “El 53”, más abajo de La Playa, hasta “La Selva”. Los líderes aseguran que esto es poco, pero sobre todo les preocupa que los indígenas también están reclamando parte de esos terrenos. “Las comunidades indígenas hicieron una demanda diciendo que nosotros les habíamos invadido a ellos. A nosotros lo que nos dejaron son 120 metros, 60 a un lado y 60 al otro lado de la vía, que no es nada, no tenemos mucho donde sembrar donde cultivar el para el pancoger y nos sentimos como apretujados”, explica cuenta Anny Julia Rodríguez, lideresa de la comunidad. Esta fue una de las peticiones más urgentes en la mesa de diálogo del Chocó que se llevó a cabo el 4 de noviembre.

Mientras esto pasa, los campesinos mestizos también piden reconocimiento. Aseguran que ha habido priorización del gobierno a los grupos étnicos y “ha ignorado inclusive procesos de restitución de tierras vigentes y títulos de propiedad existentes”, como lo afirman miembros de la plataforma campesina. Para hacerle frente a este conflicto, solicitan la actualización del catastro multipropósito, la actualización del EOT, legalización del asentamiento del barrio La Paz, la titulación de las 5 hectáreas que componen en Pueblo de la Memoria Histórica y del alto porcentaje de predios campesinos sin título. Así como la formalización de la propiedad, compra y entrega de tierras para familias que no cuentan con ella en las diferentes veredas.

El reto en estos casos, explica Ana Jimena Bautista, es que la reforma se piense como un sistema y articule a todas las entidades necesarias para avanzar, pero sobre todo, que tenga claras las dinámicas propias de cada territorio. Para Bautista este tema no ha sido claro en el gobierno Petro: “No he visto ningún lugar donde se está haciendo hasta el momento. Sí ha sido una solicitud que ha salido en varios lugares: en la Convención Nacional Campesina, en el empalme, pero no he visto algún anuncio del gobierno en esa dirección. El plan de gobierno de Petro hablaba de avanzar hacia una gobernanza intercultural, pero yo no he visto que desde ninguna de las carteras haya algún anuncio al respecto”.

Esto es grave, explica Bautista, porque estos conflictos podrían exacerbarse con la entrega de tierras. “Hay una preocupación y es que por dar resultados en materia de acceso a tierras no sean lo suficientemente cuidadosos y se puedan incrementar ese tipo de conflictos. Varios de los líderes que estuvieron en el empalme han planteado crear un espacio de diálogo intercultural a nivel nacional. Esto debería hacerse desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura para el tema específico territorial, pero es urgente, es una discusión pendiente desde hace ya varios gobiernos y este gobierno también debería entenderlo”, puntualiza.

3. Acompañamiento después de la entrega de tierras

Si algo han dejado las fallidas reformas agrarias es la enseñanza de que en Colombia la tierra es necesaria pero insuficiente para superar las brechas en la ruralidad. Por eso, el Acuerdo de Paz estableció distintas herramientas para atacar la pobreza y la desigualdad. Se construyeron planes nacionales para la reforma rural que tendrían que abordar diferentes aspectos: el acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, adecuación de tierras, recuperación de suelos, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción, así como la provisión de bienes públicos entre ellos salud, educación, y la seguridad social.

En El Carmen hay campesinos que producen y quieren seguir produciendo, pero no cuentan con tierras propias, por lo que tienen que trabajar en parcelas arrendadas o prestadas por familiares o vecinos. Y aunque recibir su tierra es un avance, no es suficiente. Ese es el caso de Policarpo de Jesús Vargas, un campesino de la vereda La Argelia quien lleva 57 años labrando la tierra, pero que nunca ha tenido un terreno propio. “Lo que debería hacer el gobierno es primero que todo entregarle tierrita a los campesinos que no tenemos y luego que a uno le prestaran la plata, sin intereses o con interés bajitos, pa’ uno poder trabajarla, porque, qué se gana usted con tener una tierra, sino tiene con qué trabajarla, si le toca jornalear para conseguirse la comidita, cómo hace uno para sembrar, le queda muy duro, por ello requerimos de ayudas del gobierno”, dice Policarpo.

Ana Jimena Bautista explica que la falta de acompañamiento hace que la reforma integral sea fallida. Asegura que la gente después de acceder a la tierra tiene que venderla porque es muy difícil lograr que sea sostenible. “La reforma agraria no es solo el tema de acceso a la tierra, sino que contempla el funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria que busca que el Estado intervenga en los distintos territorios de manera integral. Es decir, que haya otros temas como la conectividad, la adecuación de tierras. Ya en el pasado nos hemos dado cuenta que si el sistema no funciona como un sistema, pues los intentos de reforma agraria fracasan”, cuenta Ana Jimena.

El Gobierno de Iván Duque dejó formulados 14 de los 16 planes. Sin embargo, su formulación y ejecución no se pensó como sistema y cada plan ha sido estructurado de manera desarticulada con el resto de la institucionalidad. “Uno ve cada entidad preocupada por cumplir sus metas entonces hay una Agencia Nacional de Tierras anunciando todos los días que entrega tierra o formaliza, que eso está bien, pero esas entregas son absolutamente dispersas y eso dificulta que el sistema llegue como sistema”, recalca Bautista.

En esta línea también está la búsqueda de la seguridad alimentaria. En Colombia, según el último censo del DANE, más del 50 por ciento de los hogares está en inseguridad alimentaria. En El Carmen de Atrato esto es una prioridad, los y las campesinas piden apoyo para la autosostenibilidad en el territorio, a través de la conformación de granjas con producciones a pequeña escala que combinan producción agrícola y pecuaria, además de la producción de abonos orgánicos, biopreparados, entre otros.

También solicitan la eliminación de los intermediarios con productos que los campesinos y campesinas ya producen; como el caso del café, la leche, las frutas, hortalizas, entre otros. Y apoyo en el fortalecimiento del turismo sostenible; comunitario y de naturaleza, implementación de propuestas o proyectos de pagos por servicios ambientales y ganadería sostenible, generación de propuestas y proyectos en donde se priorice a las mujeres.

4. Presencia de grupos armados

En años anteriores, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la falta de una solución integral al conflicto de tierras ha perpetuado el conflicto y la violencia. Históricamente en el país a cada esfuerzo de reforma agraria le ha seguido una contrarreforma armada y nuevos ciclos de violencia.

Al día de hoy la mayoría de campesinos en la vereda La Argelia adelantan procesos de restitución de las parcelas que les fueron entregadas por el Incora en 1994 y que se vieron obligados a abandonar ante la presencia de la desmovilizada guerrilla de las Farc y la incursión paramilitar. Los procesos de retorno, entre los años 2005 y 2007, solo acogieron a unas pocas familias y por ello, aún reclaman respuestas y avances.

En la actualidad, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (también llamado Clan del Golfo) se están disputando el territorio ubicado en la frontera entre los departamentos del Chocó y Antioquia, muy cerca de El Carmen de Atrato. Este lugar es estratégico porque ahí está ubicada una de las dos carreteras que comunica al Chocó con el interior del país y se juega el corredor para mover droga, armas y personas. La guerra entre estos dos grupos, que se ha intensificado en los últimos meses, mantiene a la población civil, especialmente la indígena, atemorizada por riesgo de reclutamiento, minas antipersonal y combates.

Hacer frente a este tema requiere, de nuevo, la articulación de las entidades del Estado, pero hasta ahora, el Gobierno Petro no ha hecho claridad sobre el tema. Para la plataforma campesina de El Carmen de Atrato la reforma agraria integral y popular se traduce en la posibilidad, no solo de tener acceso a la tierra, sino en las garantías para hacer uso de ella. La permanencia del campesinado en el territorio depende, en buena parte, de las garantías de seguridad en la zona y del apoyo para la solución de los conflictos interculturales que hay en el territorio. El acuerdo humanitario con el Eln que se vislumbra, les da esperanza, pero no es suficiente.

“Queremos simplemente que lo que vayan a hacer lo hagan y no le digan mentiras a la población como ya lo han hecho. Si a usted le van a dar tierra y le prometen proyectos productivos, le prometen comercialización, que lo hagan, porque de lo contrario terminan siendo los mismos ricos los que se quedan con la tierra”, dice un campesino de La Argelia, que prefiere omitir su nombre. El llamado que hace el campesinado de El Carmen de Atrato es que esta vez, a diferencia del 2003, no los dejen botados.