Formalicen la pequeña minería: el pedido que hacen desde Tadó

Por qué es importante

La minería es, según cifras oficiales, la segunda actividad económica más importante en el Chocó. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2020 aportó el 20 por ciento del PIB del departamento, solo superado por la Administración pública y defensa. Sin embargo, a nivel local insisten en que esta actividad tiene mucho más peso en la economía, especialmente en la informalidad. Según Ariel Quinto, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó (Fedemichocó), al menos 60 mil familias derivan sus ingresos de la minería en este departamento. “Somos el renglón más importante de la economía del Chocó”, afirma Quinto.

El profesor Wilson Murillo, quien lleva más de 10 años acompañando a mineros del municipio de Tadó dice que más del 70 por ciento de la población local se dedica a la minería. “En uno de los corregimientos de Tadó, El Carmelo, hubo minería de esclavismo, minería que llegaban españoles con africanos esclavizados para hacer la actividad minera. Desde esa época, la gente hace minería ancestral, de manera tradicional. Esta es la actividad predominante en el territorio”, sostiene.

¿Qué pasó?

El 18 de octubre comenzó en Chocó una manifestación en la que los mineros del departamento le exigían al gobierno nacional la formalización de la pequeña y mediana minería. Tras diez días de protestas y de cerrar las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira, el Estado se sentó a dialogar con los mineros.

Los manifestantes expusieron su desacuerdo con la forma en la que se clasifica la minería, entre legal e ilegal. De acuerdo con la legislación actual, toda minería que se haga con maquinaria y sin tener licencia ambiental ni título minero es ilegal. Es decir, no importa que la maquinaria sea una motobomba o que sean dragas y retroexcavadoras, todas entran en el rótulo de lo ilegal. 

Después de dos días de diálogo, el 28 de noviembre el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Alberto Baena, anunció que instalarían una mesa de diálogo donde estaban analizando “la situación urgente” que se presentó en el pliego de peticiones y llamó a cesar las movilizaciones. Al día siguiente, el paro se levantó. El resultado fueron varios acuerdos. El gobierno se comprometió a agilizar las solicitudes de formalización que están pendientes y un plan de choque para expedir licencias temporales.

El caso de los mineros en Tadó

En Tadó, como en otros municipios mineros chocoanos (Quibdó, Unión Panamericana, Istmina, Cértegui, Condoto, Lloró, entre otros), la gente que hacía minería artesanal o de subsistencia, es decir, sin ningún tipo de máquinas, empezó a utilizar maquinaria en los últimos años. Esto, debido a que el oro o el platino “ya no está a flor de tierra”, advierte Ariel Quinto. La tecnología más utilizada son las bombas para sacar el agua, motores (mangueras a presión para diluir taludes), dragas pequeñas o elevadoras. Y, como la gran mayoría no tiene título minero, a los ojos de la legislación colombiana esta pequeña minería es ilegal.  

Para Mauricio Cabrera, geólogo especializado en minería y asesor en Relaciones de Gobierno del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), ese es el problema. Cabrera explica que existen pequeños mineros que llevan décadas practicando la minería artesanal y recientemente han empezado a utilizar equipos de bajo impacto. Estos terminan entrando en la minería ilegal. "Esos mineros, en estricto sentido, no son ni mineros de subsistencia y no alcanzan a llegar a pequeña minería. Tampoco tienen esos volúmenes (los topes que exige la minería de subsistencia) pero no pueden legalizar su actividad. Entonces a esos mineros se les denomina minero informal, pues son mineros con un reconocimiento a una actividad ancestral que se viene realizando pero no han podido llegar a la legalidad por razón de una serie de vacíos normativos o conflictos normativos entre lo minero-ambiental”.

Por eso, el reclamo en Tadó es formalizar la pequeña minería. Para esto, no obstante, existen varias trabas. Por un lado todos, hasta los pequeños mineros, para poder acceder a una licencia ambiental temporal deben presentar un Plan de Trabajos y Obras (PTO) y un Estudio de impacto ambiental, pero pocos tienen los recursos y la asistencia para cumplir con los requisitos. 

Por esto, para Ariel Quinto, los pequeños mineros no pueden medirse “con el mismo rasero que una compañía multinacional para poder hacer minería en Colombia. O sea, hay unas exigencias técnicas y económicas que son de igual nivel y eso obviamente imposibilita que cualquier minero se formalice, en esas condiciones el gobierno a todos nos mide con el mismo rasero, nos satanizan y nos criminalizan”. 

Los pequeños mineros de Tadó, según Mauricio Cabrera, no mueven grandes cantidades de dinero. Por eso lo que piden es que la formalización sea más flexible y ajustada a su contexto. Sin embargo, advierte el experto, no se puede instrumentalizar a los pequeños mineros para que los grandes que tienen dragones y retroexcavadoras y “pueden tener ingresos que llegan a competir con las rentas del narcotráfico” continúen en la ilegalidad. 

Esto plantea un segundo reto: hacer una caracterización de los mineros, que fue un punto discutido en el paro. Algo que, según Quinto, ayudaría a combatir a los grupos armados ilegales. “La manera de acabar con la ilegalidad de la minería es formalizándola, si es un grupo ilegal que está haciendo, que venga y dé la cara, de lo contrario el gobierno tiene las herramientas para combatirlos”.

En el tema ambiental, en Tadó la situación no es tan compleja, pues los pequeños mineros no usan mercurio. Según Mauricio Cabrera los principales impactos son dos: afectaciones a la calidad del agua por sólidos (los mineros suelen rociar agua a presión sobre taludes para mover el material y extraer el metal) o grasas de las maquinarias; y la estabilidad de los taludes, que pueden representar un riesgo para los operadores o las poblaciones cercanas. 

Estos, sin embargo, pueden resolverse, por ejemplo, con estrategias para disminuir la velocidad del agua y sedimentar los sólidos, o hacer taludes menos verticales. En los casos en los que se utiliza mercurio, la afectación es mayor. 

En Tadó hay un caso de éxito de un grupo de pequeños mineros que se formalizó. Heiler Moreno, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), cuenta que 57 personas lograron obtener un área de reserva especial, que es la figura legal para los mineros tradicionales, y pudieron completar los requisitos legales con ayuda del programa Oro Legal de Usaid. “Hoy en Asocasan vamos tan adelantados que estamos esperando que nos salga un título de 730 hectáreas, que no lo tienen ningún otro consejo comunitario que ha solicitado áreas de reservas”. Para Moreno, en el Chocó lo que la gente más sabe hacer es minería. Por eso, es necesario que el Gobierno encuentre una manera de formalizar su trabajo. “Lo que podemos esperar en los siguientes años es que el gobierno flexibilice la forma para formalizarnos. El compromiso es que ellos van a ayudar con las licencias ambientales temporales para continuar haciendo la actividad hasta que la solicitud llegue a felices términos. Esto puede ser una salida para avanzar en el tema minero”, dice.

Qué dice la gente

Los pequeños mineros de Tadó consideran que la formalización evitaría otros males, como el narcotráfico y la concesión del territorio a empresas extranjeras. 

• José Murillo, habitante de la comunidad de El Carmelo que practica la minería de diferentes formas desde hace 70 años, dice, “no sé qué piensa el gobierno hacer, por la razón, por la que usted sabe, que uno acá vive es del bareque o minería, y cuando el gobierno ataque al minero, ¿pues que tenemos que hacer?, pues hacer cosas hasta mal hechas en ocasiones, porque usted se va a la minería por el asunto de no meterse en otras cosas, como esa hierba (coca)”.

• Luis Américo Mosquera, quien ha trabajado la minería por más de 40 años, dice que ahora es difícil hacer este trabajo. “(Anteriormente) era un poco más fácil para conseguirse, porque los terrenos estaban vírgenes y no había llegado la retroexcavadora. La gente se iba y en cualquier playa o es un caño por ahí hacia su cúbico o se ponían a raspar playa y se hacían un grano de oro fácilmente. Pero ahora que llegaron las retros, todos nos enamoramos del trabajo de las retros y pensamos que la vida iba a ser más fácil y que eso de pronto no se iba acabar, y nos dedicamos a entregar los frentecitos de mina que teníamos fácil a los foráneos que llegaron con las máquinas, entonces ellos se llevaron las riquezas de nosotros y nos quedamos nosotros con los brazos cruzados”.

• “El gobierno solo quiere facilitar un plan de desarrollo para mineros que hagan la minería a mano, al estilo de hace 200-300 años atrás: una minería esclavista. (...) Las familias no crecen, no se genera desarrollo ni bienestar para estas familias. Antes, por el contrario, tenemos un sinnúmero de mamás, de papás, abuelos, de ancestros viciados ahí, por ese tipo de minería. Lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional cambie esa forma (de formalización), permítanos crecimiento bajo condiciones técnicas, porque en la medida que esto sea bajo condiciones técnicas, las irregularidades  o afecciones al medio ambiente se pueden corregir. Si no se legaliza la minería, va a continuar de manera indiscriminada, va a continuar afectando el medio ambiente”, dice Ariel Quinto.

Lo que sigue

Los mineros de Chocó esperan que el Estado cumpla con los compromisos pactados. “El Ministerio de Minas y el de Medio Ambiente asumió el compromiso de agilizar los trámites, pero, como digo habrá que creer ¿no? En el marco del plan de choque habrá que creer que realmente van a agilizar los tiempos, que estos trámites puedan ser efectivos, ágiles y rápidos. No creemos porque ha habido varios acuerdos con planes de choques planteados para que se cumplan en un mes, dos meses y ya llevamos años sin que lo cumpla”. 

Por otro lado, la próxima reunión de la Mesa Minera, en la que participan instituciones departamentales y nacionales, será el 9 de diciembre, fecha en la que esperan reunirse con el Ministerio de Defensa, pues otro de los puntos que falta convenir es la destrucción de la maquinaria en los operativos que adelanta la Fuerza Pública. 

Mauricio Cabrera agrega que lo primero debe ser la “reglamentación del capítulo 5° de Ley 70, pues eso es una vergüenza que casi a 30 años todavía no esté reglamentado”, que es sobre recursos mineros en territorios afrocolombianos.