El día en que ocurrió la tragedia que marcó su vida como una cicatriz, Nohemí Marvis Pérez Barrero se acomodó en uno de los estrechos bancos de madera de la lancha Camalis, en el muelle turístico de Turbo, Antioquia. Llevaba de la mano a su hija, María Fernanda Lara Pérez, de 13 años. Eran las once y veinte de la mañana del 29 de enero de 2024.
La niña llevaba una chaqueta delgada y trataba de ajustarse un chaleco salvavidas que le quedaba grande. El motor fuera de borda de 200 caballos rugió y la embarcación avanzó rumbo al golfo de Urabá. Cuarenta minutos después, una ola gigantesca golpeó el costado de la panga y la sacudió. En cuestión de segundos, madre e hija cayeron a las aguas profundas, cerca de Titumate, un centro poblado de Unguía, en el mar Caribe.
La planilla oficial de abordaje de la empresa Transmar Río y el reporte de Migración Colombia registraban 38 ocupantes: 33 migrantes irregulares de nacionalidad venezolana y cinco colombianos. En el renglón número 38 del manifiesto de carga aparecía Darwin García Pérez, conocido en la región como ‘Maradona’. Era un pasajero más.
Al momento del accidente, la lancha avanzaba hacia el sector de La Gloria, en la jurisdicción de Unguía, Chocó, en la antesala del Tapón del Darién y de la frontera con Panamá. A medida que se internaba en el golfo, el tiempo comenzó a empeorar. Fuertes vientos cruzados y un oleaje picado eran el panorama a varios kilómetros de la costa. Los 38 ocupantes quedaron atrapados bajo la cubierta, se hundieron y flotaron a la deriva en medio del mar tempestuoso, sin que en tierra firme nadie supiera lo que estaba sucediendo.
La Missing Migrants Project (MMP) es una iniciativa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que recopila información sobre personas que mueren o desaparecen en tránsito hacia un destino internacional. La base de datos reúne información de autoridades, organizaciones de la sociedad civil, testimonios y medios de comunicación, entre otras fuentes. Según ese conteo, en incidentes asociados a la ruta del Darién hay identificadas al menos 385 personas muertas y 166 desaparecidas; esto entre 2016 y septiembre de este año.
Es un número aterrador que, en todo caso, no alcanza a dimensionar la magnitud de este desastre. Todas las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en que no hay manera de que esos datos correspondan con lo que realmente ha pasado en los últimos años en esta selva de más de 500 mil hectáreas, atravesada por incontables ríos, quebradas, humedales y cuya topografía es flanqueada por ascensos vertiginosos. El cerro Tacarcuna, del lado panameño, aparece en el paisaje como el pico más alto, con 1.875 metros sobre el nivel del mar. Es un territorio denso, de bosques tropicales, manglares y pantanos, habitado por fieras, culebras, monos aulladores y ranas venenosas. Incluso hoy hay zonas poco estudiadas y afluentes como los ríos Tuira y Balsas hacen las veces de principales vías de acceso.
Argemiro* es un habitante de Acandí, un pueblito de pescadores de unos 17.000 habitantes, que en la época de mayor paso de migrantes sirvió como puerta de entrada a la selva. Sentado en un restaurante a orillas del mar, dice que la mayor cantidad de muertes y desapariciones en el tapón del Darién de las que tuvo conocimiento, además de los naufragios en el mar, se dieron en medio de accidentes provocados por el entorno adverso de la manigua. Vio migrantes morir atrapados en crecientes súbitas y borrascas de los ríos, que parecían apacibles y cristalinos en condiciones normales, pero que ocultaban cauces pedregosos.
Cuando el caudal crecía de improviso, la furia del agua convertía el río en una avalancha de rocas colosales. “Les quebraba los huesos y terminaban ahogándose”, recuerda Argemiro. Para cruzar, los viajeros solían tender cuerdas de orilla a orilla para aferrarse a ellas; sin embargo, al ser golpeados por las rocas que arrastraba la corriente, el dolor insoportable en las piernas los obligaba a soltarse. A este peligro inminente se sumaban el agotamiento extremo, la desorientación y el consumo desmedido de bebidas energizantes. En su afán por hallar una resistencia física que sus cuerpos ya no tenían, muchos sufrían paros cardíacos fulminantes en plena travesía.
Son incalculables los testimonios de migrantes que, mientras atravesaban el Darién rumbo a Panamá, encontraron cadáveres en el camino. En septiembre de 2023, Getsy Sangronis Nava, una venezolana que llevaba cuatro días avanzando entre monte y peñascos, escuchó unos silbidos que no logró identificar. Después de tantas horas rodeada de árboles, creyó que el cansancio empezaba a jugarle una mala pasada. Miró con atención: era un cráneo. Se quedó unos segundos en silencio, respiró y buscó a Gabriel, su esposo. Él venía detrás, con el bebé a la espalda. Sus miradas se encontraron, pero ninguno dijo nada. Entonces retomaron el camino. Los tres viven ahora en Estados Unidos.
Entre los casos que Argemiro recuerda hay un hecho doloroso que ocurrió mientras acompañaba a un grupo de unos 96 caminantes. Habían decidido acampar cerca de un río. Eran las 4:30 de la mañana cuando un fuerte zumbido los despertó. Poco después, una creciente súbita arrasó con el campamento. Solo 52 personas lograron ponerse a salvo. Entre 34 y 35 murieron ahogadas o simplemente desaparecieron, según cuenta.
Argemiro también documentó la muerte violenta de tres migrantes venezolanos: dos hombres y una mujer. Los tres fueron asesinados en Panamá, en tramos de la selva donde operaban delincuentes y asaltantes encapuchados. Los hombres exigían a los viajeros una “colaboración” de 100 dólares a cada uno para darles paso. Si no tenían el dinero, les quitaban sus pertenencias. A los tres los mataron después de intentar resistirse a los atracos. En uno de los casos, un hombre recibió un disparo. En otro, un migrante fue atacado con un machete. Los sobrevivientes contaron lo ocurrido cuando llegaron a Bajo Chiquito, una comunidad indígena emberá ubicada en la provincia de Darién, al otro lado de la frontera, y a orillas del río Tuquesa. Allí dieron referencias sobre los lugares donde habían ocurrido los crímenes. Pero para entonces ya no había nada que hacer. Los tres cuerpos quedaron abandonados en algún lugar de la selva.
La migración por el Darién ha sido quizás uno de los sucesos más crueles que se hayan visto en la historia reciente del continente. Durante cinco años, errantes que no encontraron oportunidades para un proyecto de vida en sus países de origen se internaron en los meandros de la frontera en busca de un camino hacia el norte. Entre 2020 y noviembre de 2025, casi 1,2 millones de migrantes irregulares cruzaron desde Colombia hacia Panamá. El tránsito creció año tras año hasta desbordarse: fueron 6.594 personas en 2020; mientras que en 2023 el fenómeno explotó: el número llegó a 520.085, el máximo histórico. Después, el flujo comenzó a replegarse: 302.203 personas pasaron por el Darién en 2024 y apenas 3.012 hasta noviembre de 2025. Durante esos años, entre 16 y 22 de cada cien personas que migraron por allí eran niños o adolescentes. En 2023 fueron 113.180 menores; al año siguiente, otros 64.764.
La migración, que en los primeros años estuvo marcada por personas procedentes de Haití y Cuba —solo en 2021 cruzaron 82.952 haitianos—, pasó a estar dominada por los venezolanos. En 2023, 328.650 nacionales de este país se abrieron paso por la frontera y en 2024 lo hicieron 209.897. Y luego, un poco más abajo en la lista, aparecen ciudadanos de Ecuador, Colombia, China, India, Nepal y Bangladesh. El desplome de 2025 coincidió con el endurecimiento de los controles y las políticas migratorias en Estados Unidos y produjo, además, un fenómeno hasta entonces menos visible: el retorno hacia el sur. Más de 20.000 personas emprendieron el camino de regreso hacia Suramérica. Todas estas cifras proceden de los registros e informes estadísticos del Servicio Nacional de Migración de Panamá y de los boletines del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3) de Migración Colombia.
Muchos factores hicieron de esta travesía una condena a muerte. Entre ellos, la migración irregular por esta parte de la geografía se convirtió en un negocio multimillonario.
Una fundación llamada Nueva Luz del Darién era liderada, entre otros, por ‘Maradona’, hermano del actual alcalde de Acandí, Luis Fernando Martínez Pérez. Es el hombre que iba en la lancha que naufragó en 2024 y en la que iban Nohemí y su hija María Fernanda.
Ellos montaron en el pueblo un engranaje privado para controlar el paso de los migrantes hacia la selva. El primer punto era un albergue en el casco urbano, donde ofrecían alojamiento y atención médica. Después venía Las Tecas, un campamento instalado cerca de la frontera. Cada migrante debía pagarles 150 dólares para continuar el viaje y así poder acceder a guías locales que los orientaran en el Darién. La fundación también vendía víveres y servicios básicos: tres horas de internet costaban un dólar.
El negocio alcanzó dimensiones impensadas. En los días de mayor movimiento llegaban a pasar hasta 2.000 personas por el asentamiento improvisado. Con la tarifa estipulada por cabeza, la organización podía recaudar unos 300.000 dólares en un solo día: cerca de nueve millones de dólares al mes, según los cálculos de una investigación de Vorágine de 2023.
Pero la plata no se quedaba toda en la fundación. De cada pago, unos 50 dólares por migrante terminaban en manos del Clan del Golfo, a través de extorsiones y del cobro de peajes por el control territorial. Otra parte habría servido para financiar la campaña de Martínez a la Alcaldía. Vorágine en su momento publicó pruebas que mostraban cómo presionaban a los guías de la fundación para conseguir votos.
En Capurganá funcionaba otro eslabón de la cadena. Allí operaba una red clandestina alrededor de hospedajes informales, entre ellos el hotel Los Girasoles, administrado por Ludys María Rivera González, alias ‘Mamá África’. Sus hijos se encargaban de alojar a las familias, muchas veces en condiciones de hacinamiento, y de organizar los embarques nocturnos hacia Panamá. El viaje en lancha costaba otros 150 dólares por pasajero.
El último tramo podía ser el más peligroso. Algunos lancheros, según los testimonios recopilados, navegaban ebrios y llevaban las embarcaciones sobrecargadas, sin suficientes chalecos salvavidas. Todo este negocio operaba bajo el control del Clan del Golfo. La organización cobraba extorsiones a distintos eslabones de la cadena y también intervenía directamente cuando las muertes comenzaban a llamar la atención de las autoridades. En esos casos, sustituía a sus mandos locales y buscaba mantener el negocio y el control de la zona lejos de los reflectores.
¿Quién busca a los muertos?
Con los ojos cegados por el ardor de la gasolina que flotaba sobre la superficie del mar, ‘Maradona’ pataleó con desespero en el agua hasta sostenerse de un bidón plástico que flotaba entre los equipajes dispersos. A su alrededor, entre gritos agónicos y llantos de niños, las familias venezolanas pugnaban por mantenerse a flote en medio del oleaje de Titumate. Darwin buscó en el bolsillo de su pantalón, sacó su teléfono celular —un iPhone 15 Pro resistente al agua— y, con la voz ahogada, marcó el número de auxilio a las 12:51 de la tarde. “Se me hundió la lancha; tengo mucha gente volteada frente a Titumate, por favor manden ayuda”, gritó antes de que una nueva ola lo cubriera por completo.
Al volcarse, el tanque de combustible del motor de 200 caballos de fuerza se rompió y creó una densa mancha de gasolina que se extendió sobre la superficie del agua. El contacto prolongado con el combustible mezclado con sal marina causó graves quemaduras químicas en la piel e irritaciones oculares severas a la mayoría de los 38 náufragos.
A la 01:04 p.m., tras las alarmas emitidas desde el teléfono de ‘Maradona’, se despacharon varias pangas de auxilio con pobladores locales desde el sector de San Francisco, y se movilizaron unidades de Guardacostas de la Armada Nacional hacia las coordenadas frente a Titumate.
El operativo de socorro logró rescatar con vida a 35 personas. Sin embargo, la fuerza del oleaje y el aturdimiento provocaron el ahogamiento de tres mujeres de nacionalidad venezolana, entre ellas una menor de edad. Era María Fernanda Lara, la hija de Nohemí.
Una pregunta que surge ante tantos muertos en esta frontera olvidada de Colombia es: ¿alguien está buscando sus cuerpos? ¿Alguien sigue las huellas de los desaparecidos? Los reportes oficiales muestran un vacío difícil de explicar. En el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía aparecen 64 víctimas de desaparición forzada entre 2010 y 2026 en los municipios chocoanos fronterizos con Panamá: 45 en Acandí y 19 en Unguía. La Defensoría del Pueblo, en cambio, cuenta apenas con dos solicitudes relacionadas con posibles desapariciones forzadas en la zona, ambas en Juradó y corresponden al período 2000-2009. En Acandí y Unguía, dos de los principales puntos de tránsito hacia Panamá, no aparece ninguna petición ante esa entidad.
La falta de trazabilidad institucional es todavía mayor cuando se busca al otro lado de la frontera. Ni la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ni la Fiscalía reportan sitios de interés forense en Panamá o en la selva del Darién panameño donde pudieran estar enterrados desaparecidos. La UBPD tiene identificados 33 lugares de estos en otros países, pero ninguno en Panamá. La explicación tiene que ver también con las posibilidades reales de investigar: la Unidad asegura que no ha podido realizar diligencias de campo en el exterior porque las gestiones diplomáticas necesarias con los países vecinos no se han concretado.
Estas dificultades conviven con otro problema: cuando un migrante fallece en la frontera, identificarlo y devolver su cuerpo a su familia puede ser una tarea compleja. Medicina Legal le dijo a esta alianza periodística que en 2025 practicó necropsias a 236 ciudadanos extranjeros que murieron de manera violenta en municipios fronterizos de Colombia. De ellos, 170 cuerpos fueron restituidos a sus familiares, 25 fueron inhumados por el Estado y otros 15 permanecían pendientes de entrega. Para que un cuerpo pueda ser devuelto se requiere su identificación plena y la autorización de la Fiscalía; cuando no es posible localizar a los familiares, las autoridades recurren también a los consulados y a la Cancillería.
En el Darién panameño, sin embargo, el problema empieza mucho antes: no hay un registro forense equivalente que permita saber cuántos cuerpos permanecen en la selva, dónde están enterrados o quiénes son.
Un paso de muerte y sufrimiento
El municipio costero de Necoclí, así como el puerto de Turbo, eran pasos obligados para los migrantes que intentaban ir hacia el Darién. De allí partían las lanchas. El cementerio de este poblado turístico de 19.000 habitantes es un jardín con mar propio en sus orillas. En la tumba número 40, ubicada en uno de los bloques pintados de blanco con murales de vírgenes y figuras religiosas, se lee: Marie Flore Preval. Era una mujer haitiana que llegó a Necoclí en 2021 tras avanzar en un viaje escalonado desde Chile, donde estaba parte de su familia. A su llegada se hospedó en la casa de un local mientras aguardaba el momento de poder entrar a la selva. Durante ocho días consecutivos, Marie sufrió un dolor abdominal insoportable a causa de una úlcera. Acudió en repetidas ocasiones al hospital local, donde murió.
Cerca de diez familiares y compatriotas haitianos que venían llegando al pueblo acompañaron el ataúd hasta el cementerio. Frente a las bóvedas, desplegaron una sábana sobre el féretro, lo ungieron con aceites y ungüentos tradicionales, y entonaron cánticos y lamentos rituales antes de introducir el cuerpo en la bóveda.
En este camposanto también hay varios NN que el sepulturero recuerda como migrantes. Fueron años, sobre todo entre 2023 y 2024, en los que el pueblo colapsó por la cantidad de viajeros que quedaban represados antes de continuar la ruta.
Por esos días, Rafael Pérez, empleado del panteón, evoca una historia que todavía le duele. A orillas de la playa, un grupo de personas dejó sobre la arena a un hombre extranjero, enfermo y en grave estado de salud. Ya no podían continuar el trayecto con él y decidieron abandonarlo a su suerte.
La comunidad dio aviso. Funcionarios del municipio acudieron al lugar y trasladaron al viajero de urgencia al hospital. Falleció pocas horas después. Nunca pudieron hablar con él. Tampoco establecer su nombre ni su país de origen. En el pueblo dicen que era venezolano.
Nadie llegó a reclamar el cuerpo. La Alcaldía de Necoclí asumió entonces los gastos del entierro y donó una caja de madera para sepultarlo. Don Rafael recibió el féretro sellado directamente de las autoridades. Lo llevó hasta una de las bóvedas sin haberle visto nunca el rostro.
Hoy, ese hombre sigue siendo un NN.
El cementerio de Acandí es un descampado de tierra y maleza. Entre el lodo sobresalen 21 cruces de madera. Bajo esa tierra arcillosa descansan las víctimas de un naufragio ocurrido en la madrugada del 28 de enero de 2019.
Aquella noche, una panga sobrecargada con 34 migrantes africanos —entre ellos 14 niños y dos mujeres embarazadas— se hundió en el Caribe mientras navegaba entre Capurganá y Sapzurro.
Después del naufragio, pescadores y autoridades rescataron los restos de diez niños y nueve adultos, además de dos fragmentos de cuerpos. Uno de ellos correspondía a un bebé que las olas arrastraron hasta Playa Soledad. Pero el tiempo ha pasado. La hierba fue ganando terreno y la lluvia y el sol comenzaron a borrar los números de las cruces. Una investigación de Vorágine de 2020 logró identificar los nombres de once de las víctimas y de once sobrevivientes.
Allí también hay otros cuerpos de forasteros. Argemiro recuerda, por ejemplo, la historia de una pareja de cubanos cuya embarcación se volcó de noche en el mar mientras intentaban bordear la selva rumbo a Panamá. El hombre logró mantener a flote el cuerpo de su esposa durante casi ocho horas. Finalmente fue rescatado gracias a la señal de GPS de un teléfono. La mujer fue enterrada en Acandí.
Un mes después, la tragedia alcanzó al hijo de la pareja. El niño, de unos 12 años, murió mientras intentaba continuar la travesía por los peñascos del Darién. Argemiro atribuye su muerte al severo impacto físico y emocional del trayecto. El cuerpo tuvo que ser sepultado en la selva, del lado colombiano.
También cuenta la historia de una mujer venezolana que no tuvo cómo ser rescatada. Su esposo, un ciudadano dominicano, ofreció 5.000 dólares para que alguien recuperara sus restos. Se conocía el lugar exacto donde estaba y había fotografías de ella.
Nadie aceptó la plata. El cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición y llegar hasta allí implicaba una caminata de día y medio. A eso se sumaba otro riesgo: ser detenidos por Senafront (Servicio Nacional de Fronteras de Panamá) si los sorprendían trasladando un cadáver.
En la historia de María Fernanda, en cambio, hubo quienes regresaron para contar lo ocurrido. Los sobrevivientes del naufragio fueron trasladados de urgencia al centro de salud de Titumate y al Hospital María Auxiliadora de Acandí. Después, 28 de los venezolanos rescatados aceptaron ponerse las manillas de identificación de la fundación de ‘Maradona’ y emprendieron a pie el camino hacia el Darién.
El 3 de enero de 2025, a las once de la mañana, ‘Maradona’ avanzaba a paso rápido por las tablas de madera del muelle de Caribe S.A.S., en Necoclí. Llevaba una pequeña maleta de mano y buscaba la lancha que lo llevaría de regreso a Capurganá.
No alcanzó a dar diez pasos. Dieciséis hombres del Ejército Nacional y agentes de la DIJIN le cerraron el paso en la pasarela. Darwin se detuvo, entregó su cédula sin decir una palabra. Los agentes le informaron que tenían una orden de captura en su contra por concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. En julio de 2026 fue imputado por los delitos.
La historia judicial de ‘Maradona’ había comenzado tiempo atrás. Agencias de inteligencia de Estados Unidos entregaron a la Fiscalía una serie de líneas telefónicas asociadas al tráfico de personas en el Golfo de Urabá. A partir de esa información, las autoridades interceptaron cerca de 4.000 llamadas.
Para sustentar la acusación contra Darwin, la Fiscalía no se valió únicamente de las llamadas angustiosas que hizo mientras flotaba en el mar, como pasajero de la lancha. También presentó ante un juez una escucha realizada días después, cuando ya estaba en tierra firme.
En esa conversación, un colaborador le preguntó a ‘Maradona’ qué medidas disciplinarias debían aplicarse contra el piloto y el organizador que habían sobrecargado la embarcación. Darwin respondió desde una posición de mando:
“No me importa de quién sea el dueño del bote, así sea el papá del que maneja el bote... déle un mes de sanción, y dígale al dueño del bote que la orden la di yo”.
Días después del naufragio quedó consignado en un documento que Migración Colombia logró contactar a Nohemí, la mamá de María Fernanda. Estaba desconsolada. “La señora manifiesta que no cuenta con recursos y que deberá continuar la travesía”, se lee. El cuerpo de la menor se quedó en Colombia, allí donde no tenía deudos ni conocidos que la lloraran.
*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.
