Los desaparecidos que se pierden entre Colombia y Venezuela

—Yo creo que La Gabarra está maldita —me dijo un campesino después del estallido. 

La explosión se escuchó cerca del salón comunal donde las víctimas de la masacre de 1999 se reunían con funcionarios del Estado. De un salto todos se asomaron a la puerta. Los niños que jugaban afuera quedaron suspendidos en las atracciones del parque infantil mientras miraban en la misma dirección. Nadie habló. Fue un silencio larguísimo. Intuí que la razón era la incertidumbre sobre qué hacer: protegerse o correr.

Después, como si alguien hubiese vuelto a darle play a la escena de una película, todo siguió su curso. Regresaron los gritos y los juegos del parque. Las víctimas volvieron a preguntar por sus expedientes en uno de los corregimientos de Tibú más golpeados por el conflicto armado.

Hablábamos de los desaparecidos de siempre, los de la masacre. Ese día conocí a Gustavo*, y él me habló de los desaparecidos de ahora. Hablaba duro, con acento catatumbero. Me decía que los raspachines de la coca ahora son venezolanos. Que cobran menos por el jornal. Que se arriesgan por las trochas para pasar a trabajar. Que después los matan y no hay dolientes. Es un negocio redondo.

—Nadie pregunta por esos muertos —me dijo otra persona cuyo rostro olvidé. 

La espiral de la violencia tenía a las víctimas de una masacre ocurrida hacía más de veinte años preguntando por su reparación, mientras afuera había estallado un artefacto. Nosotros seguíamos comiendo pan y hablando de personas venezolanas que desaparecían sin que nadie las buscara. Han pasado más de veinticinco años desde esa masacre. Y la muerte en La Gabarra nunca se fue.

No hay tierra maldita, pero todas las guerras son malditas

El Catatumbo ha vivido todas las guerras y todas las estigmatizaciones. También ha vivido el abandono y la organización poderosa de su gente. Está emparentado con Venezuela a través de una frontera gigante que cruza Norte de Santander y los vuelve binacionales. En tiempos de la bonanza petrolera venezolana (en los años setenta y ochenta), el trabajo estaba del otro lado; también el acceso a la salud, la educación y la comida.

Pero la guerra siempre estuvo ahí. Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Catatumbo ha sido un lugar de disputa entre los grupos armados ilegales por su ubicación estratégica en las rutas del narcotráfico, el paso fronterizo con Venezuela y el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Ante la ausencia del Estado, los habitantes de la región se vieron obligados a convivir con todas las guerrillas.

A finales de los años noventa empezaron a circular rumores sobre la llegada de los paramilitares. Muchas familias abandonaron sus tierras antes de verlos aparecer. Según una versión libre de Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”, durante una audiencia en 20xx, Salvatore Mancuso y Carlos Castaño tenían entre sus principales objetivos la conquista de Tibú. La Gabarra sería el primer paso.

En una de las incursiones, en agosto de 1999, ciento cincuenta paramilitares provocaron un apagón en La Gabarra y entraron a los bares y lugares de recreación del pueblo. Era sábado en la noche y, como ocurría entonces, los habitantes de las veredas habían bajado a divertirse. En medio de la oscuridad comenzaron los asesinatos.

El Estado colombiano registró 35 víctimas en ese momento. Pero contar los muertos no era sencillo. Durante la incursión paramilitar en el Catatumbo, muchos cuerpos fueron desmembrados y lanzados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo. Algunos se fueron con la corriente. Otros nunca pudieron ser reconocidos.

—Estos (los guerrilleros) son sanguinarios y también matan a la gente. Pero lo que vivimos con los paramilitares no tiene comparación —me dijo Diomedes*, un campesino de la zona rural de Tibú que vivió toda la incursión paramilitar en su tierra.

La llegada del paramilitarismo abrió una violencia que, desde entonces, ha sido irrefrenable en Norte de Santander. El número de desaparecidos fue creciendo y los ríos siguieron arrastrando cuerpos mutilados. Según datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd), entre 2000 y 2016 se registraron 3.718** solicitudes de búsqueda en Norte de Santander. Y este dato ha ido en aumento.

En respuesta a un derecho de petición, la Fiscalía General de la Nación reportó 385 víctimas del delito de desaparición forzada en los municipios fronterizos de Norte de Santander entre 2010 y 2026, de acuerdo con las bases de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa).

Son registros distintos, construidos con periodos y fuentes diferentes, pero juntos muestran la dimensión de una violencia que no terminó con la incursión paramilitar. Detrás de esas cifras hay nombres. Uno de ellos es Elvis Luis Vargas Jaimes.

Los hornos ardientes y Juan Frío

Si supieras
que el río no es de agua
y no trae barcos
ni maderos,
sólo pequeñas algas
crecidas en el pecho
de hombres dormidos.

Andrea Cote

Gladys Victoria no se iba a dormir ninguna noche a la cama; arrastraba una mecedora vieja hasta la puerta de su casa y pasaba la noche meciéndose, por si llegaba Elvis. Ya había perdido la cuenta de las veces que imaginó sus pasos, la llave entrando en la cerradura, su cuerpo cruzando la puerta.

Elvis Luis Vargas Jaimes había desaparecido el sábado 6 de abril de 2002. Tenía 17 años. Esa madrugada, a las cuatro y media, Gladys le preparó el desayuno a su hijo, que entonces cursaba grado 11, y ese día tenía que ir a trabajar con un tío suyo en un taller mecánico de La Parada, en Villa del Rosario.

Cuando llegó la “camioneta de la muerte”, él y otros cuatro muchachos estaban afuera esperando que les pagaran la jornada que recién terminaban.  Los hombres armados los encañonaron y se los llevaron.

Gladys esperaba que Elvis regresara esa noche. Antes de salir, él le había dicho que, si no llegaba, probablemente se iría a la casa de su tío Mario, donde había un bautizo. Pero pasaron las horas y no llegó. Ella empezó a llamar a su papá, a sus hermanos, a los compañeros de colegio de Elvis. Nadie sabía dónde estaba.

La desaparición de Elvis ocurrió en un lugar que, para entonces, ya llevaba casi dos años bajo la amenaza de los paramilitares. El 24 de septiembre de 2000, unos treinta hombres armados habían entrado al corregimiento de Juan Frío y asesinaron a seis personas: un conductor de un bus intermunicipal y cinco campesinos. El Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) reconstruyó los hechos: las víctimas fueron asesinadas frente a sus familias y sus cuerpos quedaron tendidos en las calles. Para entonces, los paramilitares enviados por los hermanos Castaño ya habían empezado a disputar el negocio del narcotráfico en la región, cuyo control era ejercido por la guerrilla.

Juan Frío todavía no era conocido por los hornos; eso vendría después. El 10 de octubre de 2008, Jorge Iván Laverde Zapata, alias el Iguano, comandante del Frente Fronteras, confesó ante la Fiscalía que sus hombres habían convertido unos trapiches paneleros en hornos crematorios. Según su versión, en 2001 incineraron allí 98 cuerpos para borrar el rastro de las fosas comunes donde antes los enterraban. También habló de otro horno construido en la finca Pacolandia, en Banco de Arena, Puerto Santander, donde él mismo se instaló durante su comandancia. Pero las cifras nunca coincidieron con el horror. En Me hablarás del fuego, el periodista Javier Osuna documentó que las personas incineradas fueron, por lo menos, 560.***

Para entonces, Gladys llevaba años buscando a Elvis. La búsqueda la llevó hasta Juan Frío. Visitaba el corregimiento todos los días y preguntaba por los cinco muchachos. Su hija le rogaba que no fuera. Por esos días, uno de los paramilitares, al que llamaban El Gringo, la amenazó.

—Mire, señora, usted deje de ir por allá. No vuelva, porque eso traerá problemas. Y si vuelve a ir, vamos a empezar por su papá.

Sin embargo, cuando Gladys caminó entre esos hornos buscando a Elvis salió convencida de que su hijo no estaba allí.

—Mi corazón de madre me decía que no.

Cuando comenzaron las audiencias de Justicia y Paz, Gladys asistió a todas. En una de ellas le preguntó por Elvis a alias el Iguano. Él tenía en un computador una lista de víctimas y Elvis aparecía como el número diez.

—Él era colaborador de la guerrilla —le dijo. Gladys había llevado los certificados de estudio de su hijo. Le mostró los documentos y le pidió que demostrara lo que estaba diciendo. Quince días después, el Iguano volvió a acercarse para pedirle perdón.

—¿Usted cree que con que usted me pida perdón me va a devolver la vida de mi hijo?

Años después, durante una conversación en la Comisión de la Verdad, el Iguano le dijo algo distinto: había visto un reportaje que Gladys había hecho sobre la búsqueda de Elvis en Juan Frío y, según su versión, su hijo no estaba allí. Le dijo que lo buscara en Venezuela.

Gladys empezó a buscarlo del otro lado de la frontera. Viajó directamente al cementerio de San Cristóbal junto con un abogado para hacer averiguaciones. Sin embargo, no obtuvo una respuesta formal porque le exigían un requerimiento judicial.

La búsqueda siguió durante años, incluso cuando ya no tenía dónde buscar. Dice que durante años lloró día y noche. Esperaba a que todos se durmieran para llorar sin que nadie la escuchara. Después empezó a soñar con su hijo. La primera vez le preguntó dónde estaba y por qué no la había llamado. Él no respondió; se dio la vuelta y se fue. La segunda vez fue distinto porque le habló.

—Mamá, no llore más por mí, que donde yo estoy, estoy bien.

Después lo vio subir unas escaleras; desde entonces, dice, duerme más tranquila, pero sigue buscando.

***

Carlos Fabián Becerra dice que en Villa del Rosario el miedo todavía alcanza para cerrar bocas.

—Aquí acabaron con todo. Bastaba con decir que alguien era guerrillero para matarlo.

La desaparición en su familia empezó cuando uno de sus hermanos salió del cuartel en 1995 después de prestar servicio militar y nunca volvió. En la casa pensaron que la guerrilla se lo había llevado. No supieron nunca nada más de él.  

Después llegó 1999. Carmen Patricia Becerra tenía doce años y estudiaba octavo en el colegio General Santander. Desde hacía unos días le decía a su papá que un hombre en una camioneta la seguía cuando salía de clases. Por eso Carlos todas las mañanas la llevaba al colegio y en las tardes volvía por ella. Ese día también.

—Cuando fui por ella ya no estaba. La habían dejado salir del colegio y nunca volvió a aparecer.

La buscaron por toda la frontera. Fueron hasta Santa Elena de Uairén, en la frontera entre Venezuela y Brasil, porque alguien dijo que estaban llevándose niñas a las minas con fines de explotación sexual. No encontraron nada. La mamá de Carmen Patricia no resistió la pérdida y terminó en España, internada en un hospital psiquiátrico.

—El dolor no lo soportó —dice con la voz pausada en el bullicio de un café cucuteño.

Carlos tampoco podía hablar. Durante mucho tiempo, dice, la voz se le convertía en un nudo cada vez que intentaba hablar de Carmen Patricia. Solo años después, cuando conoció a otras familias buscadoras durante el trabajo de la Comisión de la Verdad, pudo volver a pronunciar el nombre de su hija sin quedarse mudo.

En esos años de búsqueda, Carlos también fue conociendo las historias de otras familias del departamento. Recuerda que muchas de sus denuncias terminaron estrellándose contra el silencio institucional. Habla de funcionarios que, según él, alertaban a los paramilitares cuando llegaban comisiones oficiales. Habla de informes que nunca coincidían con lo que veía el pueblo.

—La Fiscalía decía que había cuatro desaparecidos. ¿Y los demás?

Con el tiempo, su búsqueda se amplió y además de buscar a su hija, creó la asociación de víctimas Familias Buscadoras de Juan Frío y aprendió a leer mapas, ubicar posibles fosas comunes, recorrer cementerios y preguntar por cuerpos sin identificar al otro lado de la frontera.

En San Cristóbal, Venezuela, empezó a averiguar qué había pasado con los colombianos enterrados como NN. Fue varias veces al cementerio, habló con quienes trabajaban allí y revisó los registros. Así llegó a una cifra que todavía le cuesta dimensionar: unos 400 colombianos permanecían enterrados allí sin que sus familias los hubieran encontrado.

—Hay 400 cuerpos allá, NN colombianos. Los mataban, los botaban en el lado del río hacia la frontera. De ahí los recogía la Guardia y los mandaban para San Cristóbal.

Carlos sabe que esos 400 son apenas los casos que ha podido conocer en San Cristóbal. La frontera está llena de otros cementerios y fosas comunes sobre los que todavía no hay información. Por eso insiste en que la búsqueda debería ser un acuerdo entre los dos países.

Para Carlos, el terror terminó de instalarse después de la masacre del 24 de septiembre del 2000. A partir de entonces, recuerda, el pueblo dejó de confiar en la Policía. Las disputas ya no terminaban en la inspección, sino en manos de los paramilitares. Las mujeres empezaron a tener miedo de ser abusadas. El trabajo escaseó y la vida se fue quedando quieta.

—Había un hombre, Gonzalo. Había sido guerrillero y después cambió de bando. Señalaba gente aunque no tuviera nada que ver con la guerrilla.

Después vinieron las desapariciones. Carlos habla de los trapiches convertidos en hornos, de las llantas de carro que, según dice, usaban para conservar el calor del fuego, de un tanque con ácido sulfúrico y de otro donde, asegura, había pirañas. También habla de centros de control en Juan Frío y Puerto Santander, de una violencia que —afirma— ocurría mientras las autoridades sabían demasiado.

La desmovilización paramilitar tampoco cerró la historia.

—Después vinieron las Águilas Negras. Se expandieron por Venezuela. La gente normal ya no podía salir de la casa después de las seis de la tarde.

Hace una pausa.

—Llevamos cuarenta años sabiendo tanto de la muerte. Pero sabemos más de compasión y empatía. Lo que seguimos pidiendo es paz y verdad.

Norte de Santander es el cuarto departamento con más víctimas de desaparición forzada registradas por la Ubpd. Durante años, la búsqueda de las familias terminó revelando una maquinaria diseñada para borrar cuerpos: hornos crematorios, fosas clandestinas y una frontera convertida en ruta para hacer desaparecer personas.

La intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de la Ubpd ha permitido recuperar centenares de cuerpos ocultos en fosas comunes, en los corredores de los cementerios y hasta sobre los techos de los panteones.

El río de los cuerpos 

En Juan Frío, las familias todavía hablan de los cuerpos que quedaron a la orilla del río Táchira. Algunos fueron enterrados en fosas comunes. Otros, dicen, desaparecieron con las crecientes.

Doña Rut, una de las lideresas del corregimiento, se lo ha contado así a Anderson Salinas, investigador de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares): durante los años de la violencia paramilitar, muchas de las personas asesinadas fueron enterradas cerca del río. Después vinieron las crecientes y se llevaron la tierra, los cuerpos, las evidencias.

—Nadie va a encontrar a todos estos desaparecidos —le dijo.

El río Táchira marca la frontera y en otros tiempos fue un lugar de encuentro para las personas de la región; paseos de olla, cachama fresca, música y cerveza. Ahora, según las familias buscadoras, es una fosa que cambia de lugar.

En 2023, durante una videollamada con las víctimas de Juan Frío, Salvatore Mancuso se comprometió a entregar información que pudiera ayudar a localizar a personas desaparecidas y asesinadas en territorio venezolano. También se habló de convertir los antiguos hornos de Juan Frío en un espacio de memoria. Las víctimas dicen que ninguno de esos compromisos ha avanzado como esperaban.

La búsqueda al otro lado de la frontera permanece, en buena medida, detenida. Y el problema no es solamente que las familias no sepan dónde están sus muertos. Es que, después de tantos años, tampoco saben dónde buscarlos.

—Todos los muertos que nosotros tuvimos en la época paramilitar y en la época de las guerrillas, todas esas fosas comunes quedaron a la orilla del río Táchira —explica Anderson.

Pero mientras las familias siguen intentando reconstruir dónde quedaron aquellos cuerpos, la frontera continúa produciendo nuevos desaparecidos. Entre 1993 y 2024, el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) registró 3.338 venezolanos desaparecidos en Colombia. De ellos, 660 desaparecieron en departamentos fronterizos con Venezuela: La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca y Vichada.

Para Anderson, detrás de esa cifra hay otra historia de la frontera: la de miles de personas que llegaron a Colombia buscando trabajo y terminaron entrando en economías ilegales. En Norte de Santander, algunos venezolanos se incorporaron a las cadenas de producción de cocaína como raspachines; otros, según los testimonios que ha recogido Pares, terminaron como informantes, milicianos o combatientes de grupos armados y bandas delincuenciales. La precariedad también hizo que aceptaran trabajos por jornales inferiores a los que recibían los campesinos colombianos.

—Llegaban las personas de Venezuela, cobraban la mitad del jornal y trabajaban dentro de las fincas cocaleras, como internados, y de ahí no se volvía a saber —cuenta Anderson.

Para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la frontera no es una línea que pueda dibujarse sobre un mapa y luego olvidarse; es una zona de movimiento. Una persona puede salir de su casa en Cúcuta y terminar en Puerto Santander, Villa del Rosario o del otro lado del río Táchira, en Venezuela. De la misma manera ha pasado en los últimos años con el aumento de personas que migran desde Venezuela a Colombia. De lado y lado de esa frontera hay familias buscando personas desaparecidas en el otro país.

Según Sonia Rodríguez Torrente, coordinadora de la Unidad Territorial de la Ubpd, en Norte de Santander hay, además, dos fronteras distintas. Está la del área metropolitana de Cúcuta, atravesada por una movilidad cotidiana entre Colombia y Venezuela, y está la frontera del Catatumbo, donde las dinámicas del conflicto, las comunidades indígenas, las organizaciones campesinas y los actores armados configuran otro territorio.

La investigación de la Ubpd ha encontrado indicios de que algunos cuerpos que eran recogidos en la frontera colombiana pudieron terminar en cementerios venezolanos. Durante una investigación sobre Juan Frío, el equipo conoció testimonios sobre cuerpos que eran arrojados al río o recogidos y trasladados hacia Venezuela. La reconstrucción llevó a San Antonio, Ureña y, finalmente, a San Cristóbal.

En esa ciudad está uno de los puntos que la Unidad considera fundamentales para la búsqueda: su cementerio y los archivos que permitan saber quiénes fueron enterrados allí como cuerpos no identificados.

El problema es que para llegar a esos archivos hay que atravesar otra frontera: la institucional. En 2023 los gobiernos de Venezuela y Colombia firmaron la “Declaración sobre cooperación en la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en territorio fronterizo Colombia-Venezuela”, pero hasta hoy es un documento que no funciona en la práctica de ninguno de los dos países.

La Ubpd ha avanzado en conversaciones con la Cancillería colombiana para poder acceder a información en Venezuela. Ileana Pacheco, investigadora del equipo territorial, explica que uno de los principales obstáculos ha sido que los acuerdos binacionales construidos desde Bogotá y Caracas han tenido dificultades para aterrizar en las instituciones locales. Venezuela no cuenta con un mecanismo equivalente a la Ubpd para la búsqueda de personas desaparecidas y, según la información recogida por la Unidad, tampoco tiene sistemas de información integrados que permitan reconstruir con facilidad los vínculos familiares de una persona.

En Norte de Santander, la Ubpd tiene registrado un universo de más de 5.500** personas desaparecidas y 1.566 solicitudes de búsqueda asociadas, según las cifras compartidas por el equipo territorial durante esta investigación. La diferencia entre ambas cifras revela una brecha: hay personas registradas en diferentes fuentes institucionales cuya familia todavía no ha acudido a la Unidad.

Ese universo, además, no es una lista cerrada. Se construye y se depura a partir de distintas fuentes —entre ellas Fiscalía, Medicina Legal, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad— y puede cambiar cuando aparecen nuevas solicitudes o cuando la Unidad descubre que una persona que seguía registrada como desaparecida ya había sido encontrada y entregada a su familia.

Luz Janeth Forero, directora general de la Ubpd, explica que compartir información forense, registros de cementerios o datos de personas desaparecidas con países vecinos “no resulta sencillo”. Hay diferencias entre los sistemas de registro y los estándares técnicos; existen restricciones sobre los datos personales y la información judicial reservada; y, sobre todo, faltan canales formales y expeditos para que una entidad humanitaria y extrajudicial pueda intercambiar directamente información con instituciones del otro país.

La dificultad tiene una dimensión concreta. Colombia cuenta con el Sirdec, el sistema de información de la Fiscalía y otras fuentes que permiten reconstruir parte de la historia de una persona desaparecida. Venezuela no tiene una herramienta equivalente que pueda ser consultada de la misma manera. Tampoco existen sistemas plenamente articulados que permitan cruzar con facilidad los registros de un país con los del otro.

A veces la información necesaria está ahí, pero permanece separada en archivos que no conversan entre sí. Lo mismo ocurre con la identificación. La búsqueda puede depender de una muestra de ADN tomada en Colombia que necesita ser comparada con un cuerpo encontrado en Venezuela. Puede requerir una huella dactilar, una necrodactilia, un registro de cementerio o una fotografía. Cada dato pertenece a una institución distinta y, en ocasiones, a un Estado distinto.

“Sin articular y armonizar la información disponible entre los dos países, la búsqueda será más compleja”, responde Forero.

En medio de la guerra, el número de desaparecidos sigue creciendo y las herramientas del Estado colombiano son insuficientes. La frontera, dice Anderson, está atravesada por la disputa permanente (entre los actores armados) por controlar la vida cotidiana. También por la economía: por la cocaína, por la gasolina, las trochas y los cuerpos que trabajan en ellas.

—Hay una vinculación —dice— Esto no es una paz solamente colombiana. Es una paz binacional. Porque los grupos armados no entienden la frontera como la entienden los mapas. La cruzan para mover cocaína, gasolina, armas y personas. También para esconder cuerpos. 

Del otro lado queda Venezuela. De este lado, las familias. Y entre ambos, los ríos. El Táchira y el Catatumbo siguen corriendo. Aunado a esto, la búsqueda de personas en cuerpos de agua es uno de los retos más grandes que ha encontrado la Ubpd en su trabajo. Como mencionó Rodríguez Torrente:

–La búsqueda de los muertos también sigue el curso del agua. Hasta ahora, la Unidad no ha podido concentrar una investigación específica en los ríos Táchira y Catatumbo. El número de solicitudes y la cantidad de frentes abiertos obligan a priorizar casos en los que existan posibilidades de avanzar. 

Según Rodríguez Torrente, existen desarrollos tecnológicos para las búsquedas acuáticas, pero son procedimientos costosos y con un alto grado de incertidumbre. Buscar también significa aceptar que algunas veces no habrá un cuerpo. Esa dificultad se suma ahora a las limitaciones de recursos: para 2027, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) tendría $59.636,5 millones para inversión, $16.636,5 millones menos que en 2026 y $52.366 millones por debajo de los recursos que la entidad considera necesarios para cumplir su plan de trabajo. La Ubpd advierte que la reducción podría afectar las investigaciones, las intervenciones forenses, los laboratorios de identificación y el despliegue de sus equipos en territorios de difícil acceso.

En el Catatumbo, buscar implica precisamente eso: llegar a lugares donde el agua, la distancia y la frontera complican la tarea de reconstruir qué pasó con quienes desaparecieron. Desde tiempos precolombinos, los ríos Táchira y Catatumbo han sido un puente entre las comunidades asentadas a ambos lados de una frontera establecida tras la separación de la República de Colombia en 1821. Después, la guerra los convirtió en instrumentos de desaparición. Los cuerpos fueron arrastrados lejos de sus familias, de sus lugares de origen y, algunas veces, de su propio país.

Durante los encuentros de la Comisión de la verdad, Gladys Victoria increpaba a los paramilitares: 

—Nos gustaría saber si ustedes tienen la forma de averiguar por los cuerpos que eran tirados al otro lado del río, hacia Venezuela. Se puede saber qué pasó con los cadáveres para recuperar algunos restos… 

La Pulga sabía que algunos de esos cuerpos terminaban al otro lado de la frontera. Los paramilitares la obligaron a pasar muertos por las trochas cuando llevaba mercancías. Le subían las víctimas a la bicicleta y la vigilaban desde varios puntos. Esos restos eran enterrados en los cementerios de Venezuela como NN o lanzados al río Táchira.

En los encuentros de la Comisión de la Verdad, Gladys Victoria y la Pulga también escucharon la declaración de el Iguano sobre los cuerpos arrojados a los ríos:

“En cuanto a los ríos, en Juan Frío no hay un río caudaloso. Es un río que sube cuando llueve, crece y baja otra vez el nivel. Los ríos de Juan Frío y, en general, los ríos de Colombia, fueron considerados por los grupos de las autodefensas una solución para quitarse un señalamiento de encima. Si se le da muerte a una persona y se le echa al río, el río se lo lleva y ‘aquí no pasó nada’”.

—Yo ya no quiero comer rampuche —me dijo hace poco uno de los campesinos de La Gabarra. Ese pescado sabroso dio origen a uno de los platos típicos del Catatumbo.

—No quiero nada de pescado porque ese viene con muerto y petróleo —terminó.

*Algunos nombres fueron cambiados por seguridad de las fuentes.

** Las cifras entregadas por la Ubpd cambiaron en los últimos meses y esta investigación quiso dar cuenta de ello.

*** La cifra de 98 corresponde solo a lo que El Iguano admitió ante la Fiscalía; la de Osuna, reconstruida con testimonios adicionales de excombatientes y víctimas, sugiere que la cifra confesada estuvo muy por debajo de la real.