Cuando los hombres de los Comandos de la Frontera llegaron a la finca, la pareja no tuvo más remedio que seguirlos. Los habían amenazado y los hicieron caminar por la vereda La Estrella, en Puerto Guzmán. Días después, ella volvió a casa. Regresó sola: desde entonces, nadie sabe dónde está él. Este es uno de los últimos casos de desaparición forzada en Putumayo.
Entonces, la comunidad empezó a indagar por la suerte del hombre hasta que algunos miembros del grupo criminal hicieron una advertencia: “Al que siga averiguando lo matamos”. Ella se desplazó temiendo que la asesinaran, y los habitantes del lugar quedaron sin respuesta. Ante las amenazas, nadie siguió buscando y la información sobre el caso es muy fragmentada. Desde finales de junio no se sabe nada.
En Putumayo varias personas le contaron a esta alianza periodística hechos similares a los ocurridos en La Estrella. Por ejemplo, desapariciones en la Inspección José María de Puerto Guzmán. En ese sector recuerdan el caso de “Chato”, un poblador al que se llevaron los paramilitares a inicios de los 2000 y durante varios días no se tuvo noticia. Una tarde, apareció una pierna flotando por el río Caquetá; alguien la sacó del agua y la familia la identificó: el pantalón y algunos signos distintivos les dieron la certeza. La comunidad intentó durante varios días encontrar otros fragmentos del cuerpo, pero no dio con nada. A los parientes de “Chato” les tocó conformarse con eso. “Picaron a muchas personas que no logramos recuperar”, recordó una fuente que pidió protección de su identidad.
De esa misma inspección salió un día Francisco, reconocido por administrar una droguería. Iba hacia Curillo (Caquetá), donde todo el pueblo sabía que los paramilitares ejercían un férreo control. Aun así, entre algunos habitantes de la zona persistía una certeza: quien nada debe, nada teme.
Pero los criminales estigmatizaban a quienes provenían de José María, zona que catalogaban de guerrillera. De “Pacho”, como le decían a Francisco en la región, no volvieron a saber nada. Aunque eso pasó entre 2000 y 2002 (no se puede precisar la fecha), hasta hoy se desconoce si alguien lo está buscando y en la inspección no se acuerdan de su nombre completo ni tienen contacto con sus familiares.
Muchas de las historias de desaparición forzada en Putumayo son como la de la pareja en La Estrella, la de “Chato” y la de Francisco: la información es muy fragmentada, no hay pistas ni certezas de si alguien está indagando sobre su paradero y el silencio se impone a través de la violencia que ejercen actores armados desde hace décadas. En el departamento, la gente todavía habla en voz baja sobre este tema, en contraste con lugares como Meta y Antioquia donde hay organizaciones buscadoras consolidadas. Esta alianza pudo hablar con varias personas que han conocido casos y que han sentido en carne propia las dificultades para mencionar un problema que sigue enlutando a familias a las que les toca cargar el dolor con extremo sigilo.
Las nuevas guerras y un efecto invisible
Para entender la dimensión del silencio, hay que remitirse a las cifras del fenómeno. Los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) indican que, entre 2000 y 2016, en los municipios fronterizos de Putumayo hubo 2.797 desapariciones con ocasión del conflicto armado. La Fiscalía, por su parte, conoció 378 casos entre 2010 y mayo de 2026. Los municipios más afectados son Valle del Guamuez y Puerto Asís.
Una de las explicaciones de ese silencio es que en la región todavía están activos varios grupos armados. Por ejemplo, los Comandos de Frontera, responsables de la desaparición de la pareja de La Estrella, surgieron en 2020, según ha señalado la Defensoría del Pueblo en varias alertas tempranas. Su origen es singular, pues son herederos de un grupo del paramilitarismo que se llamaba La Mafia y que ese año cambió su nombre. Además, en el primer semestre de 2021 se unieron a la Segunda Marquetalia, el movimiento guerrillero fundado por Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros excomandantes de las Farc.
Un habitante de la región habló con el equipo periodístico bajo la condición de reservar su identidad por temor a represalias violentas. Sus gestos revelaban la desconfianza propia de quien habita un lugar donde la guerra está latente. La entrada de alguien desconocido al establecimiento donde hablamos generaba sospecha y bajaba un poco el tono de su voz. A pesar de eso, contó que los Comandos de Frontera han secuestrado varias veces a habitantes de la zona y, aunque en un primer momento han admitido tenerlos en su poder, luego cambian de versión y lo niegan. “Ahora aplican la estrategia de decir: ‘se calla o miremos qué pasa’. Entonces uno calla”, dijo un líder indígena que también pidió no identificarlo y que vive en un municipio distinto al de la otra persona. La similitud en las versiones evidencia que ese grupo armado impone el silencio por medio de la amenaza de manera recurrente.
“Cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc (2016), se pensaba que iba a ser muy diferente, pero Putumayo ha seguido siendo muy golpeado por el conflicto armado y la disputa entre grupos ilegales. Entonces, no ha habido tiempo de enfocarse en una sola cosa”, dijo la persona que señaló a los Comandos de Frontera por cambiar de versión cuando desaparecen a alguien. Se refería a la imposibilidad que ha tenido su comunidad para reconstruir los casos de desapariciones forzadas en medio de la persistencia de los enfrentamientos armados.
Otras siete fuentes que consultamos por separado para este reportaje coincidieron en que la guerra es un factor determinante para la falta de organizaciones que impulsen la búsqueda abiertamente. “Hay gente que nos dice a los líderes: ‘yo quisiera volver a ver a mi familiar o al menos saber dónde está, pero para no tener problemas o que ustedes tomen ese riesgo, mejor no lo hago’”, dijo el líder indígena, quien, antes de empezar a hablar del conflicto presente, dejó clara toda la historia de victimización de su pueblo.
Después de la dejación de armas por parte de las Farc, en Putumayo inició otro ciclo de violencia. Integrantes de esa guerrilla que no participaron en el proceso de desmovilización crearon un grupo que se llama el Frente Carolina Ramírez, que en 2018 empezó a chocar con los Comandos de Frontera (que en ese momento se llamaban La Mafia). La disputa estuvo marcada por desplazamientos, asesinatos selectivos y confinamientos de comunidades enteras.
Uno de los impactos menos visibles de esa confrontación lo sufrió la UBPD, creada por el Acuerdo de Paz de 2016. Entre 2022 y 2024 la entidad solo logró encontrar 10 cuerpos, de acuerdo con datos conocidos por este equipo periodístico. Cuando el conflicto cedió y cada actor armado se estableció en territorios diferentes, los hallazgos se aceleraron: en 2025 encontraron 59 y, en lo que va de 2026, 80.
Familias que huyeron
Otro problema para encontrar a los desaparecidos en Putumayo es que las familias de muchas de las víctimas viven en otros lugares de Colombia. Así como pasó en el caso de la pareja de La Estrella, la gente opta por desplazarse para resguardar su vida después de perder el rastro de sus seres queridos. Alguien que conoce de cerca este fenómeno en la región cuenta que, de cada 10 solicitudes de búsqueda que llegan al Estado, solo cuatro corresponden a personas que están en Putumayo.
Ese hecho tiene explicaciones históricas. En 1998 se vivía una bonanza de coca en Putumayo, donde se concentraba el 30 por ciento de todos los cultivos de esa planta en Colombia. “Muchas veces cuando desaparecían las personas nosotros no sabíamos de dónde eran porque a acá vino mucha gente a raspar coca: vinieron costeños, pastusos y de toda parte de Colombia”, dijo el líder indígena.
La fuente que habló de los Comandos de la Frontera dijo que muchas veces ni siquiera conocían los nombres de las víctimas, sino solo los apodos que les ponían en las comunidades. Así como con “Chato” y “Pacho”, quienes desaparecieron a manos de los paramilitares en la inspección de José María.
Juntos fueron víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una maquinaria criminal que controló vastas regiones del Putumayo entre 1998 y 2005. Ese grupo señalaba a sus víctimas como colaboradoras de la guerrilla y las asesinaba. Los delincuentes llegaban a esa conclusión por detalles como tener barba, ser jóvenes, llevar ropa negra o tener botas de caucho embarradas.
Los crímenes del paramilitarismo generaron desconfianza hacia el Estado porque las comunidades sabían que estaban involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El exparamilitar Jhon Jairo Rentería, alias “Betún”, dijo que oficiales de la Policía les hicieron un llamado de atención porque encontraban muchos cadáveres y eso afectaba los indicadores de asesinatos en Puerto Asís. Por eso, decidieron desaparecer los cuerpos en una finca del mismo municipio llamada Villa Sandra. Sobre ese lugar, Rentería declaró ante fiscales de Justicia y Paz: “Hay muchísima gente en fosas; yo creo que unas 800 personas”.
Otra estrategia que utilizaron fue lanzar a las víctimas a diferentes ríos de la región. En San Miguel (frontera con Ecuador), nos reunimos con varios líderes que contaron las historias de la desaparición forzada en sus comunidades. En una sala de reuniones pequeña y con varios escritorios, cinco personas se turnaban para hablar sobre lo que vivieron en los años más duros del paramilitarismo.
Una mujer tomó la palabra para contar los recuerdos que tenía de su niñez. Ella creció en el corregimiento de Puerto Colón, donde las mujeres lavaban la ropa a mano en el río porque no había un alcantarillado que llevara el agua hasta las casas. Lo pudieron hacer hasta que el Bloque Sur Putumayo empezó a arrojar a sus víctimas en ese lugar y los cuerpos se empezaron a ver en las orillas. “Uno no podía ir a lavar al río porque permanecía sucio; era como si la naturaleza se estuviera revelando. Era extraño porque el río no se aclaraba nunca”, dijo. A la comunidad le tocó hablar con los armados para que renunciaran a esa práctica.
Hacia 2005, la Fiscalía llegó al corregimiento para hacer exhumaciones en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que funcionó como marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares. En esas acciones encontraron varias fosas pequeñas por la región: la práctica que asumió el grupo armado tras el reclamo de la comunidad fue empezar a desmembrar los cuerpos y enterrarlos en fosas pequeñas. “Eran unos huecos de 50 por 50 centímetros”, dijo uno de los hombres que llegó a la reunión de líderes mientras hacía un ademán para mostrar la forma de los hoyos en los que fueron a parar centenares de personas.
En San Miguel, Puerto Guzmán y Puerto Asís, líderes comunitarios contaron que en muchas ocasiones pobladores vieron bajar cadáveres, completos o diseccionados, por los ríos y los enterraron. Ahora, con el trabajo de la UBPD, algunas poblaciones están reconstruyendo los hechos con la esperanza de que se puedan encontrar algunos cuerpos. “Estamos pensando en empezar a recopilar toda esa información, pero la mayoría de los familiares de los desaparecidos se fueron y perdimos el contacto. No sabemos si volvieron a saber de la persona, pero nosotros sabíamos que en ese tiempo al que caía en manos de los paramilitares lo acusaban de cualquier cosa y lo asesinaban”, explicó la fuente que habló sobre los cambios de versión de los Comandos de Frontera.
Las Farc: una responsabilidad que todavía no asumen
Las Farc también perpetraron desapariciones forzadas en Putumayo, donde operaban los frentes 32, 39 y 48. El líder indígena relató que esa guerrilla señalaba a personas como informantes o por venderles la hoja de coca a compradores no autorizados. Dos casos que mencionó son los de Luis Paz y Reinerio Jurado; cada uno de ellos dejó dos niñas pequeñas. Jurado había sido detenido y torturado en 1993 por agentes de seguridad ecuatorianos, según denunció Amnistía Internacional. “Es gente que han matado y que se sabe que los mataron, pero no sabemos en qué parte están. O sea, ellos (los excombatientes) tienen la información, pero no la quieren entregar”, dijo.
La fuente que conoce el panorama de la desaparición en el departamento coincidió con las impresiones del líder. Dijo que los excombatientes no han hecho aportes sustanciales y eso ha afectado la búsqueda. Entre las causas de ese silencio, señaló además que muchos excomandantes de las Farc que operaron en Putumayo residen en otros departamentos como Huila y Caquetá. La comunicación con quienes fueron sus subalternos no es fluida y, por eso, no dan órdenes en ese sentido. También habló de los incumplimientos del Estado en la implementación del Acuerdo de Paz, lo cual podría afectar la disposición a aportar información.
El líder indígena también dijo que su comunidad tiene indicios de que en zonas que sirvieron como campamentos de las Farc hay cuerpos enterrados. Incluso mencionó un punto en el que tienen información de que hay hasta 40 cadáveres inhumados. Pero se han encontrado con un problema y es que algunos de esos sitios están del otro lado de la frontera, en Ecuador.
La desaparición transfronteriza: un obstáculo insalvable
Las comunidades de Puerto Asís y San Miguel están seguras de que algunos de sus desaparecidos fueron enterrados en Ecuador. Por ejemplo, el pueblo indígena Kichwa del resguardo San Marcelino. La Fundación Nidya Erika Bautista acompaña a 17 familias que tienen 32 víctimas. Uno de los hechos que más dolor ha provocado en los indígenas ha sido la desaparición forzada que padecieron durante los años del paramilitarismo. Como lo reseñó un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 18 de octubre de 2005 el Bloque Sur Putumayo se llevó a seis estudiantes, de los cuales solo se pudo recuperar el cuerpo de uno.
“En San Marcelino desaparecieron varios miembros de las comunidades indígenas para debilitar su proceso organizativo y poderles quitar las tierras”, dijo Erik Arellana, de la Fundación Nidya Erika Bautista. Él y la persona que conoce las dinámicas de este delito en el departamento dijeron que se tiene conocimiento de que parte de los desaparecidos de esa comunidad está en Ecuador.
Pero ese hecho plantea un problema que los Estados no han hecho esfuerzos por resolver: la UBPD no puede intervenir en suelo extranjero. Tampoco lo puede hacer ninguna autoridad colombiana sin autorización de las entidades del otro país. Ante la falta de acuerdos binacionales, la búsqueda se torna imposible.
Como respuesta a un derecho de petición, la UBPD le reveló a esta alianza periodística que ha identificado cinco sitios de interés forense en Ecuador en los que calcula que hay el mismo número de cuerpos. Están distribuidos así: Esmeraldas (1), Imbabura (2) y Sucumbíos (2). Al comentar esa información con la persona que conoce el panorama de desaparición, aseguró que son muchos más los lugares donde puede haber fosas a lo largo de la frontera. En los departamentos que colindan con Venezuela hay el mismo problema. Incluso, la entidad recalcó en su respuesta que autoridades venezolanas le han reportado a Medicina Legal el hallazgo de cuerpos de colombianos en ese país que podrían haber sido desaparecidos en el marco del conflicto. “Resulta imperativo establecer acuerdos de cooperación técnica”, dijo la UBPD. El tema deberá ser abordado por el gobierno de Abelardo de la Espriella.
La directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, dijo que en “nuestros países vecinos eso no es un asunto ni de Estado ni de los gobiernos actuales”. Además, añade que en otros lugares hay leyes diferentes a las colombianas con respecto a la desaparición forzada. Por ejemplo, en Colombia la UBPD hace investigaciones humanitarias, es decir, que la información recopilada no se va a llevar a procesos judiciales. En otros países no existen entidades similares y toda investigación debe ser penal. “Ahí es donde los acuerdos judiciales y la cooperación judicial internacional deberían operar más para fines humanitarios, pero eso no pasa (...) La búsqueda transfronteriza tiene tantas barreras como la frontera misma”, explicó la funcionaria.
Otro hecho que ha afectado esa labor es la falta de funcionarios de la UBPD; en el departamento solo cuenta con 9 profesionales para atender 1.200 solicitudes de búsqueda. A pesar de eso, la entidad ha realizado dos reuniones en San Marcelino y espera en noviembre poder recoger testimonios de la desaparición transfronteriza en un evento en Puerto Leguizamo. Arellana dijo que no han recibido apoyo de parte de la UBPD para avanzar en el caso de ese resguardo indígena.
En Putumayo cientos de familiares de desaparecidos optan por callar. Es una medida de protección en medio de la repetición constante de los ciclos de guerra y de la falta de impulso estatal decidido a la búsqueda. Mientras eso no cambie, las historias empiezan a emerger de forma fragmentada. Y las comunidades seguirán teniendo problemas para documentar los casos, aunque guardan la esperanza de algún día decir en voz alta los nombres de las personas que los violentos se llevaron y nunca volvieron.
En el departamento de Putumayo la Fiscalía hizo algunas exhumaciones luego de la desmovilización de los paramilitares. La entidad encontró algunos cuerpos que todavía no han sido reclamados por sus familiares. Estas son las fotos de algunos de ellos. En caso de identificar a alguien, comuníquese con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
