Tras el movimiento telúrico de magnitud 7.4 que se extendió desde el municipio de San José del Palmar, Chocó, las comunidades negras e indígenas de esa subregión, el San Juan, agradecen que nadie haya resultado muerto, pero ese alivio duró poco al ver derrumbada y reducida a pedazos la vida que han construido con el yugo de la pobreza siempre en la espalda.
Según explica Víctor Carpio, consejero mayor del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko), las ayudas aún no han llegado. La organización representa a los resguardos y comunidades de este pueblo indígena, organizado en seis municipios del departamento, entre ellos Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral del San Juan. Estos dos últimos encabezan la lista de los municipios que más daños presentaron por el movimiento telúrico.
Desde el epicentro del sismo, Cristian Murillo, profesor del municipio de San José del Palmar, explicó que los daños materiales son alarmantes para las familias del casco urbano y rural, y por eso claman para que lleguen donaciones de alimentos no perecederos, agua potable, insumos de aseo y de primeros auxilios, así como ropa, cobijas, colchones o carpas.
El docente aprovechó para recordar la necesidad de soluciones de transporte e infraestructura que por décadas han afectado la vida de las familias de la región, pues a pesar de estar cerca del municipio de Cartago, Valle del Cauca, el mal estado de las vías dificulta la movilidad.
“Si hubiéramos tenido una vía hacia Nóvita o el centro del Chocó, habría sido una gran posibilidad de que hubieran llegado a socorrernos”, expresó en un video Murillo.
Al final de la tarde del 16 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) también entregó un nuevo consolidado de la contingencia que afrontan 472 municipios en 15 departamentos del país, en el que se han visto afectadas 185.996 personas.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cifra de víctimas mortales asciende a 298 y la Ungrd señala que aún hay 194 personas desaparecidas por el terremoto. A esto se suman las más de 4.000 personas heridas y las 355 rescatadas.
Para el caso de Chocó, la Ungrd registra más de 11 mil personas damnificadas. En la subregión del San Juan, los municipios de Condoto (2.811 personas damnificadas), Nóvita (1.471) y Litoral del San Juan (1.544) encabezan la lista.
Liberados los espíritus de la tierra
Para el caso del pueblo Wounaan, a la fecha, Carpio no conoce de pérdidas mortales, pero los daños materiales son alarmantes, a pesar de no contar aún con un censo consolidado. Explicó que en el municipio de El Litoral del San Juan “la población no tiene dónde quedarse, está refugiada donde los amigos, donde los vecinos, donde los familiares”.
Una de las más afectadas es el resguardo Tocordo Balsalito, que por las difíciles condiciones de acceso se encuentra con problemas de comunicación y ante la expectativa de que tarde en llegar la ayuda humanitaria. Desde el municipio de Medio San Juan, Néstor Chamapuro, líder del municipio, explica que la escuela del casco urbano está comprometida en su estructura; los niños y niñas no van a poder retomar clases pronto. Además, las familias no han retomado sus labores en las fincas por el miedo de que se materialice una réplica.
Pero quizás una de las afectaciones menos evidentes la padecen por el desequilibrio espiritual. Como ocurre con las comunidades Emberá, Carpio explica que las familias Wounaan están expuestas a ser afectadas por espíritus que, según su cosmovisión, han permanecido durante décadas atrapados bajo el suelo.
Con el movimiento telúrico, estos espíritus pueden atormentar a la población étnica y agravar su condición de salud mental. Con el riesgo de que a algunas personas, incluso, los lleve al suicidio. Pero, como ocurre con los jaibaná para el pueblo Emberá, los médicos tradicionales del pueblo Wounaan, el benkhun, entran a calmar estas angustias con un trabajo espiritual que puede tomar meses y que se concentra en la sanación colectiva.
“Nuestra población no se ha movido; está en sus casas, porque espiritualmente la población indígena, cuando pasa esto, está pendiente del consejo del benkhun, el médico ancestral. Mientras tanto, no se puede mover ni ir a pescar o hacer grandes recolectas de comida”. Por eso, puntualiza el líder, las comunidades indígenas están en riesgo de hambruna.
Carpio pide que la atención del Estado llegue con un enfoque étnico, lo que incluye recursos para la armonización de las comunidades de la mano de sus sabedores ancestrales. Mientras llega la atención institucional, en redes se han difundido varias maneras de apoyar al pueblo Wounaan, una de ellas, la que encabeza Tatiana Jacanaminjoy, influenciadora indígena. Por su parte, la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó está recolectando ayudas y puso a disposición su cuenta bancaria para ayudar a las familias afectadas.
Acadesan clama para reconstruir los hogares
En la comunidad Cabecera, en el municipio de Litoral de San Juan, el 90 por ciento de las casas fueron destruidas por el temblor. En las pocas casas en pie, así como en la escuela, se están resguardando todas las familias. “En comunidades como Charco Largo, en el municipio de Sipí, la situación es similar. Un líder de allá me llamó para decirme que hay cerca de 100 casas perdidas”, lamenta Felipe Martínez, representante legal del Consejo Comunitario de Acadesan, que representa a 72 comunidades a lo largo del río San Juan en x municipios de Chocó.
“Hasta hoy no ha llegado lo mínimo —por parte del Estado— a ninguna de las comunidades negras e indígenas de la zona de San Juan”, reprocha Martínez. El líder resalta que toda esta semana ha recibido promesas de la institucionalidad local y nacional, así como de fundaciones, sobre la llegada de ayudas humanitarias, pero no se han hecho realidad.
“El jueves nos habían dicho que a las 10 de la mañana iban a llegar unos camiones con ayudas; varios compañeros de las comunidades se desplazaron a la sede de la organización en Istmina, pero nunca llegaron. Ahora la gente está ”, agregó.
Las comunidades de Charco Largo y Loma de Chupey en el municipio de Sipí, sufrieron grandes daños de viviendas, y según los líderes la situación se vuelve más alarmante ya que algunas de las infraestructuras comunitarias que tenía el pueblo negro de Acadesan quedaron destruidas.
La subregión del San Juan —conformada por 12 municipios del sur de Chocó— viene afrontando una crisis humanitaria desde hace más de cinco años, por los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc, antes Agc). Este conflicto ha confinado y desplazado a varias comunidades indígenas y negras de la región, por lo que están a la expectativa de que las restricciones a la movilidad no afecten la entrada de ayudas humanitarias.
Durante esos años, en algunos momentos las comunidades se han visto doblemente afectadas: todos los años se registran damnificados por inundaciones. “Nosotros tratamos de que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres construyera ocho albergues en el territorio, pero fracasamos en eso. La entidad decía que no se metía con nada relacionado con el conflicto armado; nosotros insistíamos en que también lo pedíamos por desastres naturales”, explica un líder del consejo comunitario que pidió la reserva de su nombre.
Ahora las comunidades piden madera, tejas de zinc y otros materiales para rehacer sus viviendas. Paralelamente, necesitan enseres de cocina y elementos para dormir. Para eso, el consejo comunitario ha iniciado una campaña de recolección de fondos para atender a las miles de familias negras que representa. La ayuda de organizaciones y ciudadanos ha empezado a llegar, pero piden más apoyo.
