La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia abre un nuevo capítulo para los derechos de la población Lgbtiq+ en Colombia. Aunque el gobierno de Gustavo Petro dejó avances institucionales como la implementación de la política pública nacional para esta población, la creación del Ministerio de la Igualdad y la incorporación de acciones específicas en el Plan Nacional de Desarrollo, también termina con deudas importantes: las violencias no disminuyeron, proyectos como la Ley Integral Trans no avanzaron en el Congreso y el cierre del Ministerio de la Igualdad dejó en la incertidumbre buena parte de la institucionalidad creada para garantizar estos derechos.
El panorama también cambió durante la campaña presidencial. Por primera vez en varios años, candidatos volvieron a poner en duda derechos ya reconocidos por la Corte Constitucional, como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. El hoy presidente Abelardo de la Espriella fue uno de los protagonistas de ese debate al afirmar que respaldaría iniciativas para revisar esas decisiones judiciales y al utilizar expresiones que organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron como estigmatizantes hacia personas Lgbtiq+.
A ese escenario se sumó un aumento de la violencia política contra candidaturas diversas en las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo. Según la ONG Caribe Afirmativo, las campañas también se disputaron en redes sociales y plataformas digitales, donde burlas, discursos de desprestigio y ataques dirigidos contra personas diversas se amplificaron a través de videos virales, publicaciones y comentarios. La organización documentó que al menos la mitad de las 32 candidaturas abiertamente Lgbtiq+ reportaron agresiones por su orientación sexual o identidad de género. Lo mismo pasó con los candidatos presidenciales Claudia López y Juan Daniel Oviedo.
En este contexto, Consonante entrevistó a Wilson Castañeda, director de la ONG Caribe Afirmativo, para hacer un balance de los avances y las deudas que deja el gobierno saliente, analizar la situación de la población Lgbtiq+ con el nuevo gobierno y entender cuáles serán los principales retos en los próximos años.
Consonante: En 2022 registraron que cada 2,5 días asesinaban a un miembro de la comunidad Lgbtiq+. ¿Esta estadística tan difícil ha cambiado en los últimos cuatro años?
Wilson Castañeda: En el 2025 tuvimos un incremento del 63 por ciento en casos de violencia hacia personas Lgbtiq+ en Colombia en cuatro indicadores: el primero es que tuvimos 270 homicidios y feminicidios contra personas Lgbtiq+. Lo que corresponde, comparativamente con el año 2024, es 105 casos más de violencia letal.
Tuvimos más de 1600 denuncias de personas Lgbtiq+ que fueron agredidas en sus hogares en razón de su orientación sexual e identidad y expresión de género. Y más de 1200 amenazas digitales que circularon en redes sociales y plataformas electrónicas, posicionando el espacio digital como el espacio de mayor riesgo para este tipo de amenazas.
Y finalmente documentamos con preocupación el mantenimiento de los casos de violencia por parte de la fuerza pública, que para el año 2025 sumaron 108 casos en todo el país. Además del crecimiento de delitos como la trata de personas, con más de 30 casos donde las víctimas son mujeres trans de origen venezolano. Siete casos de personas Lgbt dadas por desaparecidas y 10 denuncias de violencia sexual.
Hay más casos que en el año 2024 y podemos estar ante dos realidades: o hay un incremento de la violencia, o las personas están denunciando más. Pero sea uno o el otro, es una radiografía muy preocupante de que en Colombia todavía es muy difícil materializar un proyecto de vida.
C.: ¿Cómo queda la población Lgbt después del gobierno de Petro? ¿Cuáles fueron los avances y qué deudas deja?
W.C.: En el gobierno de Gustavo Petro avanzamos mucho en materia de protección de derechos Lgbt. Se activó la implementación de la política pública que había sido aprobada en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que no había sido implementada en el gobierno de Iván Duque.
Se aprobó un CONPES de política social para tener acciones puntuales y recursos específicos para mejorar los derechos de las personas Lgbtiq+ . Se creó un sistema integral dentro del Estado para prevenir y atender violencias contra las personas diversas y finalmente se generó también institucionalidad con la creación del Ministerio de la Igualdad y del viceministerio de las diversidades sexuales y de género. Este fue el gobierno que por primera vez en la historia llevó al plan de desarrollo los temas Lgbtiq+.
En términos teóricos, se comprometió muchísimo con las personas Lgbt; tuvo avances significativos, pero esta situación de violencia que no logramos parar deja constancia de que no es suficiente este avance normativo institucional, y necesitamos acciones que mejoren la calidad de vida.
Durante el gobierno de Petro hemos tenido un florecimiento y un crecimiento del activismo Lgbt en las ciudades, en los territorios urbanos y rurales, y eso también demanda una acción en los entes territoriales de orden local. Pero en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, que son las ciudades que concentran los mayores casos de violencia, se redujo la capacidad de respuesta y atención a los derechos de estas personas. Esa reducción tampoco nos permite avanzar entendiendo que las alcaldías y las gobernaciones son los responsables primeros de superar el déficit de derechos que tienen las personas Lgbtiq+ en Colombia.
C.: Entre los temas que quedaron pendientes está el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población Lgbtiq+, que estaba adscrito al Ministerio de la Igualdad. ¿Qué impactos ha tenido el cierre de ese Ministerio para la población diversa?
W.C.: Tenemos una preocupación muy grande con el cierre del Ministerio de Igualdad. El gobierno desde el año pasado que recibió la decisión de la Corte se empeñó en subsanar y no hizo los cálculos políticos de que si el proyecto de ley no pasaba en el Congreso, podía cerrarse. Y eso fue lo que pasó. Esa falta de previsión no le permite hoy, faltando un mes y unos días para cerrar el gobierno, crear un salvavidas para el ministerio.
Eso es grave porque el MinIgualdad se dedicó a recoger lo que se venía haciendo en materia Lgbt en los otros ministerios. Lo ideal es que hubiese aprovechado este año de itinerancia para volver a mandar esas responsabilidades, los decretos y las resoluciones a los ministerios que tenían esa responsabilidad previamente, pero no lo hizo, y ya no lo puede hacer. El próximo gobierno va a llegar a la Casa de Nariño con una acción institucional muy reducida en materia Lgbt. Lo poco que queda en el Ministerio del Interior y toda la otra capacidad instalada que estaba en el Ministerio de la Igualdad desaparecen.
Quedamos dependiendo exclusivamente de la voluntad del nuevo gobierno para crear esa institucionalidad, especialmente en la implementación de la política pública, la responsabilidad del CONPES que estaba en manos del Ministerio de la Igualdad, y el diálogo social y el acompañamiento que estaba haciendo el Gobierno Nacional a los entes territoriales y a las organizaciones sociales Lgbt.
Esperamos que el grupo de empalme pueda encontrar un lugar donde se puedan poner esos temas, porque de lo contrario terminaríamos diciendo que el inicio del gobierno de Petro nos dio muchos avances en materia de derechos, pero los perdemos con su salida.
C.: El año pasado se anunció la radicación de la Ley Integral Trans. ¿Tuvo algún avance en el Congreso?
W.C.: Colombia es un país que tiene una deuda histórica con legislar sobre derechos Lgbt. Nunca lo ha hecho; nuestras ganancias en derecho han sido bajo sentencias de la Corte Constitucional. Las pocas veces que el Congreso intentó legislar, ni siquiera se lograba pasar el primer debate por las posiciones homofóbicas y transfóbicas de los congresistas.
En algunas leyes de la República, como la Ley de Víctimas, la Ley de Prevención de la Violencia Sexual o el Estatuto Juvenil, se nombra a la LGBT, pero más como un componente de un todo general.
El Congreso que acaba de terminar el periodo legislativo por primera vez en la historia de Colombia tuvo siete congresistas abiertamente Lgbtiq+, que además se declararon en bancada. Estos siete congresistas trabajaron en dos grandes proyectos de ley: el de la prohibición de las terapias de conversión y la ley integral trans. Lastimosamente ninguno de los dos avanzó.
Hoy no solamente es el cambio de presidente, sino también el cambio de legislativo, un legislativo que no logra ni siquiera discutir los proyectos de ley Lgbt. El nuevo legislativo sólo tendrá dos congresistas abiertamente diversos. Vamos a ver si esos dos congresistas logran conseguir aliados para nuevamente poner esos proyectos de ley en discusión, porque son una necesidad para el país.
C.: En estas elecciones los derechos de las personas Lgbtiq+ se convirtieron en un tema de campaña y, en muchos casos, se usaron para generar controversia o movilizar votos. Desde Caribe Afirmativo, ¿por qué creen que los derechos ya conquistados terminan siendo cuestionados en el debate político?
W.C.: Esta contienda electoral fue un retroceso para nosotros. En las elecciones de los años 90 y la primera década de los 2000 era común que aparecieran en el debate electoral preguntas sobre si se debía avanzar en nuestros derechos, y los candidatos usaban estos temas para conseguir electores.
Hace 4 años, cuando se eligió al presidente Petro, por primera vez todos los candidatos a la presidencia en ese momento, sin excepción, tenían en sus programas de gobierno propuestas de trabajar temas Lgbtiq+. En esas elecciones no tuvimos ninguna propuesta populista que, para buscar los votos conservadores, fuera contra nuestros derechos.
Sin embargo, en estas elecciones denunciamos tres cosas que pasaron con preocupación. La primera es que a excepción de Iván Cepeda, Claudia López y Sergio Fajardo, los demás candidatos y candidatas no tenían ninguna propuesta en su programa de gobierno para garantizar y profundizar los derechos de las personas Lgbtiq+.
Lo segundo es que, si bien no tuvimos debates en esta campaña electoral, sí tuvimos muchísimas entrevistas y encontramos que muchos candidatos usaban nuestros temas para conseguir votos con informaciones equívocas. Decir cosas como, por ejemplo, que iban a revisar el matrimonio igualitario, cuando eso es un derecho adquirido hace 10 años por sentencia constitucional. O que iban a echar atrás la adopción homoparental, que es un derecho adquirido hace 11 años por sentencia constitucional. En vez de hacer propuestas, lo que hacían eran amenazas.
Y lo tercero fue la violencia política en razón de la orientación sexual e identidad y expresión de género. En el Congreso tuvimos un poco más de 30 candidaturas abiertamente Lgbt que se postularon para el mes de marzo y muchas de ellas sufrieron ataques verbales, simbólicos y algunos físicos. Juan Daniel Oviedo y Claudia López también fueron insultados verbalmente o simbólicamente en razón de su orientación sexual.
Incluso la Defensoria del Pueblo denunció que hasta al candidato de extrema derecha, que es el hoy el presidente electo, si bien no es un hombre que se nominara como un hombre homosexual, en muchas ocasiones lo atacaban con insultos como si lo fuese. Es un retroceso para el país porque, finalmente, nuestros derechos no están en cuestión.
Es una mentira decirle al electorado que si son elegidos van a echar atrás nuestros derechos. Y es un riesgo, porque si esos políticos llegan al poder con este tipo de prácticas, pues finalmente terminan obstruyendo nuestros derechos.
C.: Sabemos que los derechos no se pierden de un día para otro, pero ante un gobierno de extrema derecha vienen más retos para la población Lgbtiq+ ¿Qué deberíamos tener en la mira entendiendo las posturas que ha manifestado públicamente el nuevo presidente, por ejemplo, sobre “estar en desacuerdo” con la adopción homoparental?
W.C.: En campaña fuimos muy claros en decir que lo que el candidato estaba diciendo en los espacios de entrevistas ponía en grave riesgo los derechos de las personas Lgbtiq+ en Colombia. Y también advertimos que muchas de las personas que acompañaban al candidato, en su intención presidencial, son las personas que en el país vienen haciendo campaña contra los derechos de esta población.
Reconocemos su elección; es el presidente de los colombianos y las colombianas y lo vamos a acatar. Pero a partir del 7 de agosto tendremos una profunda preocupación, principalmente, porque usó en campaña la expresión de que él “iba a servir de instrumento si algún grupo de ciudadanos y ciudadanas quería poner en revisión decisiones de la Corte” que han garantizado nuestros derechos. Y el primer mensaje es, muy respetuosamente, que esto ya es cosa juzgada por la Corte Constitucional. La doctrina de los derechos humanos deja claro que puede existir un retroceso en materia de derechos. Entonces, no es saludable proponerle a la ciudadanía que un derecho garantizado se vaya a echar para atrás.
La segunda preocupación es que también se refería a nuestros temas como si fueran temas de ideología de género, y dijo que eso lo iba a frenar porque ponía en riesgo a los niños y las niñas.
Hay que dejarle constancia al señor presidente electo de que lo nuestro no es un asunto ideológico; es un asunto de derechos humanos.
Y que avanzar en materia de reconocer derechos Lgbtiq+ no va a significar quitarles derechos a otras personas, en este caso a los niños y a las niñas.
La tercera preocupación que tenemos es que muchos líderes políticos que han venido generando acciones contra nuestros derechos han twitteado en los últimos días que con este presidente electo van a conseguir echar atrás los derechos Lgbt. Y en este orden de ideas, pedirle al presidente que gobierne para todos, y en ese sentido todos también somos las personas Lgbtiq+, que también somos ciudadanos y ciudadanas de este país, que tenemos derechos y deberes y no nos pueden tratar de manera desigual.
Necesitamos que, por iniciativa, en su proceso de empalme, en su programa de 100 días y en su plan de desarrollo, se recojan esos servicios que no eran servicios que correspondían al gobierno Petro, sino que eran necesidades que el movimiento social históricamente había solicitado y que solamente el gobierno Petro reconoció.
Colombia tiene un gran reconocimiento a nivel internacional por su compromiso con los derechos Lgbt. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema universal de derechos humanos. Colombia hace parte de grupos de trabajo Lgbt tanto en la OEA como en las Naciones Unidas, y existe un mecanismo de Estados para proteger derechos Lgbt que hoy está siendo presidido por Colombia.
Necesitamos que a nivel internacional el señor presidente electo, que ha anunciado que va a reducir su impacto a nivel internacional en esos mecanismos, lo pueda replantear y que efectivamente sigamos posicionados como un país comprometido con los derechos de las personas Lgbtiq+.
C.: ¿Qué lecciones aprendidas hay frente al ascenso de otros gobiernos similares en Latinoamérica, en cuanto a la defensa de derechos de la población Lgbtiq+?
W.C.: Argentina era un país ejemplar en materia de derechos Lgbt, que con la llegada del presidente Milei se debilitó. El Salvador perdió mucho en materia Lgbt con la llegada del presidente Bukele. Estados Unidos perdió muchos servicios para las personas Lgbt con la llegada del presidente Trump. En Italia el gobierno de Meloni ha reducido los derechos de las personas Lgbtiq+ y lo mismo en Chile.
El panorama que tenemos es que cuando llegan gobiernos parecidos al que representa el presidente Abelardo, se frenan los derechos Lgbt. Pero también hay la oportunidad para él demuestre que aunque profesa una doctrina política de extrema derecha, como lo dijo en su en su discurso el día que finalizó la segunda vuelta, garantice y respete los derechos humanos.
Hay que seguir exigiendo, aprovechando que la democracia tiene diferencia de poderes. En el Congreso hay un gran grupo de congresistas aliados a los derechos humanos. El poder judicial en Colombia ha sido históricamente garante de los derechos Lgbtiq+. Entonces, blindar los derechos pidiéndoles al Legislativo y al Judicial que generen las herramientas necesarias para no tener retrocesos.
En Colombia, el movimiento de mujeres, el movimiento de derechos humanos, el movimiento de la paz, la comunidad internacional, la academia, han sido grandes aliados de las luchas Lgbtiq+. Hay que fortalecer mucho esas alianzas, que juntos mandemos un mensaje de no retroceso.
Y por último, hay que cultivar fuertemente la cultura ciudadana, retroceder en materia de derechos Lgbtiq+ no solamente afecta al movimiento, afecta a toda la sociedad. La sociedad debe entender que la diversidad es un valor. Ningún colombiano ni ninguna colombiana debería permitir una acción física, verbal o simbólica prejuiciosa, homofóbica o transfóbica.
