Mientras Colombia entra de nuevo en temporada electoral y comienzan a tomar fuerza las promesas de campaña rumbo a la Presidencia de 2026, en Leticia las conversaciones siguen girando alrededor de problemas que, según sus comunidades, llevan décadas sin resolverse. Vivienda, acceso a educación, oportunidades laborales para jóvenes, conectividad, seguridad alimentaria y presencia institucional continúan apareciendo como necesidades urgentes en la capital del Amazonas.
En paralelo, la Amazonía empieza a ocupar distintos lugares dentro de los planes de gobierno de quienes aspiran a la Presidencia. Sin embargo, el enfoque cambia de manera significativa según cada candidatura. En el programa de Abelardo De La Espriella, la región no aparece mencionada de manera específica, aunque sí está atravesada por su propuesta de seguridad nacional, centrada en la destrucción de cultivos de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución a capitales del narcotráfico y recuperación del control territorial frente a economías ilegales que afectan zonas amazónicas.
Por su parte, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo le dan a la Amazonía un papel explícito dentro de su agenda ambiental. Sus propuestas incluyen concentrar allí el 60 por ciento de la restauración de bosques del país, fortalecer esquemas de pago por servicios ambientales con comunidades locales y erradicar a los grupos ilegales que hoy ejercen control sobre once parques nacionales ubicados en territorio amazónico.
Finalmente, Iván Cepeda plantea una visión distinta: define la Amazonía como un santuario ecológico estratégico dentro del debate regional y global, y propone un Estatuto Especial para la Amazonía que rompa con el modelo extractivista basado en minería y petróleo. Su propuesta prioriza el reconocimiento de los pueblos indígenas como autoridades ambientales y de salud dentro de sus propios territorios, al tiempo que vincula la protección amazónica con debates sobre soberanía, paz regional y transformación del enfoque frente al narcotráfico.
Este explicador recoge las voces de mujeres y lideresas sociales, indígenas y comunitarias de Leticia para responder cuáles son hoy las principales problemáticas estructurales del territorio, qué esperan del próximo gobierno y por qué estas discusiones deberían hacer parte del debate nacional.
Aunque la Amazonía suele ocupar un lugar visible en la conversación pública cuando se habla de crisis climática, biodiversidad o deforestación, quienes habitan este territorio insisten en que hay otras urgencias que siguen quedando por fuera del centro del debate político. En esta ciudad fronteriza entre Colombia, Brasil y Perú, donde convergen dinámicas comerciales, ambientales y migratorias, las necesidades cotidianas adquieren otra dimensión: el costo de vida es más alto que en buena parte del país, gran parte de los alimentos llegan desde los países vecinos, la conectividad digital es limitada y la oferta laboral sigue siendo reducida.
Las lideresas consultadas para este explicador coinciden en que la Amazonía suele ser visible para los gobiernos nacionales cuando se habla de la selva, pero rara vez desde las condiciones sociales de quienes viven en ella.
¿Cuál es el problema más urgente que enfrenta hoy Leticia?
Para varias de las líderesas entrevistadas, la respuesta apunta hacia un mismo lugar: la falta de oportunidades para jóvenes y familias. Esa ausencia se expresa en distintos niveles: barreras para acceder a educación, pocas posibilidades de empleo formal, dificultades para permanecer en el sistema educativo y escasas alternativas para construir proyectos de vida dentro del territorio.
Jaidy Andrade, lideresa social, defensora de derechos humanos y víctima del conflicto armado, señala que el abandono institucional ha dejado especialmente expuestos a los jóvenes.
“Las oportunidades existen, pero las barreras también. Es ahí donde hago el llamado al Gobierno nacional para que sea constante la vigilancia, el fortalecimiento y así tener una juventud empoderada”, dice.
Su preocupación se centra en la necesidad de que las políticas públicas de juventud tengan continuidad real en el territorio. Para Andrade, el deporte, la cultura y la participación comunitaria no son asuntos secundarios, sino herramientas concretas de prevención frente a dinámicas como el reclutamiento o la vinculación a economías ilegales.
“El deporte es una herramienta muy fundamental para poder hacer crecer en salud y conocimiento a nuestros jóvenes y evitar caminos no adecuados como los grupos al margen de la ley”, afirma.
La preocupación también se refleja en los datos. En 2023, el Amazonas registró la mayor caída de matrícula escolar del país, con una disminución del 7,1 por ciento, según cifras del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El dato coincide con alertas sobre deserción escolar y barreras persistentes para garantizar la permanencia educativa en el departamento.
Aunque en Colombia el 93 por ciento de estudiantes finaliza la primaria y el 72 por ciento termina la secundaria, en Amazonas solo el 64 por ciento logra completar este último ciclo. En zonas rurales la cifra baja al 52 por ciento.
También persiste una brecha en la edad escolar. La tasa de extraedad —es decir, estudiantes que cursan grados por encima de la edad esperada— alcanza el 20 por ciento en la zona urbana del Amazonas y el 28 por ciento en la rural. A nivel nacional el promedio es del 15 por ciento.
A esto se suma la distancia como una barrera estructural. En Amazonas, el 21 por ciento de menores en edad escolar no cursa primaria por la lejanía de los centros educativos; en secundaria, la cifra llega al 17 por ciento. En el resto del país esos porcentajes son significativamente menores: 8 por ciento y 5 por ciento respectivamente.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 29 por ciento de adolescentes de la Amazonía vive a más de cinco kilómetros de la escuela secundaria más cercana. La distancia promedio entre vivienda y colegio en la región es de 6,8 kilómetros.
Las cifras muestran que acceder a la educación sigue siendo un desafío territorial. Y aunque el Ministerio de Educación ha impulsado proyectos recientes de infraestructura escolar en Amazonas —como la construcción de la nueva sede de la Institución Educativa Francisco de Orellana en el resguardo de Macedonia, en zona rural de Leticia—, las comunidades señalan que persisten retos estructurales relacionados con cobertura, permanencia y acceso a educación superior.
De acuerdo con el Ministerio, entre 2023 y 2024 Amazonas registró 26 nuevos ingresos en primer curso en instituciones oficiales de educación superior. Aunque el dato muestra crecimiento frente a años anteriores, sigue evidenciando las brechas que enfrenta el departamento para ampliar el acceso universitario en comparación con otras regiones del país.
Las comunidades amazónicas reclaman empleo, sí, pero también las condiciones necesarias para estudiar, permanecer, graduarse y poder imaginar un futuro posible sin tener que salir del territorio.
¿Qué es lo que más afecta la vida de las comunidades en el Amazonas?
Para varias de las lideresas consultadas, la crisis más inmediata está relacionada con la vivienda digna, la seguridad y la ausencia de oportunidades para sostener la vida cotidiana en la ciudad.
María Murallari y Susana López coinciden en que la vivienda es hoy una de las problemáticas más graves. Ambas señalan que el crecimiento poblacional, impulsado por el desplazamiento forzado y la llegada de familias víctimas desde distintos lugares del país, ha aumentado el hacinamiento y la expansión de asentamientos informales en zonas de humedal y de alto riesgo ambiental.
“Como víctima, la principal necesidad es la vivienda”, explica María. “La mayoría vivimos arrimados donde familiares o en asentamientos porque no tenemos dónde vivir. No es porque queramos ocupar humedales o zonas de riesgo, sino porque buscamos un lugar donde quedarnos”. Para ella, esta situación no solo profundiza la precariedad habitacional, sino que también genera impactos ambientales, tensiones sociales y escenarios de inseguridad derivados de la falta de oportunidades y acceso a derechos básicos.
A esta preocupación se suma la seguridad territorial. Aide Agga, lideresa indígena y víctima del conflicto, identifica como prioridad la protección de las comunidades frente a la presencia de grupos armados ilegales en el departamento. Según explica, estas estructuras generan intimidación sobre los pueblos indígenas, afectan su autonomía y limitan el desarrollo de prácticas culturales y comunitarias dentro del territorio. “Hoy por hoy los pueblos indígenas están sufriendo mucho por los grupos armados al margen de la ley que intimidan y no permiten el buen desarrollo de la cultura”, señala.
Las respuestas de las candidatas y candidatos presidenciales dialogan con estas preocupaciones desde perspectivas muy distintas.
Iván Cepeda ubica el problema en las desigualdades estructurales. Su propuesta parte de que la violencia y la inseguridad están directamente relacionadas con la pobreza, la exclusión y la falta de acceso a derechos. Por eso plantea una “Revolución de los Territorios”, que entiende la seguridad no únicamente como presencia de Fuerza Pública, sino también como garantía efectiva de empleo digno, educación, vivienda, salud, agua potable y presencia integral del Estado.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo priorizan una respuesta centrada en el fortalecimiento de la seguridad y el control territorial. Sus propuestas incluyen erradicar a los grupos ilegales presentes en parques nacionales amazónicos, aumentar el pie de fuerza con nuevos militares y policías, fortalecer la vigilancia aérea y territorial mediante drones y ciberinteligencia, y avanzar en procesos de militarización estratégica en regiones consideradas de riesgo.
Abelardo de la Espriella, por su parte, enmarca el problema principalmente desde la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico. Su programa plantea que la principal amenaza para el país es la violencia criminal asociada a economías ilegales y propone enfrentarla mediante fumigación aérea, erradicación de cultivos ilícitos, persecución de capitales del narcotráfico y recuperación del control estatal del territorio.
Aunque las propuestas varían, las voces recogidas muestran que el debate local necesita llevarse más allá de la conservación ambiental o la seguridad entendida desde el orden público. Para muchas mujeres del territorio, el problema más urgente sigue siendo cómo garantizar condiciones básicas para vivir: tener una casa segura, acceder a oportunidades económicas y habitar el Amazonas sin miedo.
¿Cómo afecta el abandono estatal la vida cotidiana de las comunidades?
El abandono estatal en Leticia se expresa en la vida cotidiana a través de una combinación de precariedad en servicios básicos, déficit de vivienda, dificultades en salud y ausencia de oportunidades educativas y laborales. Para las mujeres y lideresas consultadas, no se trata de una ausencia abstracta del Estado, sino de un conjunto de fallas concretas que condicionan dónde y cómo viven, cómo estudian sus hijos y qué posibilidades tienen de construir proyectos de vida en el territorio.
Las entrevistadas describen un abandono que se refleja en múltiples dimensiones: salud deficiente, altos costos de vida, falta de vivienda digna y ausencia de infraestructura adecuada. La lideresa comunal María Murallari, quien también es representante de víctimas del conflicto armado, explica que muchas familias viven en condiciones de hacinamiento debido al alto costo de los arriendos y a la falta de programas de vivienda en la región.
“Aquí son muy costosos los arriendos, muy costosos. Y no hay programas de vivienda. La gente tiene que vivir arrimada en familia o confinada en apartamentos”, señala.
Murallari insiste en que este déficit habitacional ha llevado a que buena parte de la población desplazada termine en asentamientos improvisados, incluso en zonas de humedales o terrenos de alto riesgo. No se trata, dice, de una decisión voluntaria, sino de la ausencia de alternativas reales para acceder a vivienda.
La presidenta de una organización de víctimas en la Amazonía lo sintetiza así: “No es porque nosotros queramos, sino porque buscamos un lugar donde poder vivir”.
Esa presión sobre el suelo urbano no solo tiene efectos sociales, sino también ambientales. El crecimiento desordenado de Leticia ha impulsado la ocupación de zonas sensibles como humedales, lo que agrava los riesgos ecológicos en una ciudad atravesada por dinámicas fronterizas y de alta fragilidad ambiental.
A este panorama se suma la precariedad en educación y acceso a servicios para la juventud. Susana López, lideresa social, señala que el retiro de la oficina del Icetex en Leticia dejó a los jóvenes sin apoyo para financiar estudios superiores fuera del departamento, lo que limita sus opciones de formación.
“Salimos de un colegio de bachillerato y ya no sabemos qué hacer. Muchos jóvenes se quedan acá sin oportunidades”, advierte.
En su relato, la ausencia institucional no solo restringe el acceso a la educación, sino que también deja a los jóvenes expuestos a economías ilegales en una región fronteriza donde estas dinámicas hacen parte del entorno cotidiano.
Este conjunto de problemáticas —vivienda, salud, educación y oportunidades— ayuda a explicar por qué el abandono estatal se traduce en vulnerabilidad estructural. Existe una persistencia de condiciones que obligan a las comunidades a resolver por cuenta propia necesidades básicas como el techo, la atención médica o la continuidad educativa.
En contraste con estas realidades, el tema aparece en los planes de gobierno de manera desigual y con enfoques muy distintos sobre lo que significa gobernar en la Amazonía.
En propuestas como las de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, la región se integra principalmente desde una agenda ambiental y de control territorial: se plantea que el 60 por ciento de la restauración de bosques del país se concentre en la Amazonía y el Chocó biogeográfico, junto con la creación de “familias guardabosques” y pagos por servicios ambientales. También proponen fortalecer los parques nacionales, incluyendo la erradicación de grupos armados en áreas protegidas de la Amazonía, que según sus diagnósticos hoy tienen presencia en varios parques naturales.
Desde otra perspectiva, Abelardo De La Espriella no menciona directamente la región en términos de política territorial, pero su enfoque de seguridad nacional ubica a la Amazonía dentro de la lucha contra el narcotráfico y las economías ilegales. Su propuesta se centra en la erradicación de 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual y persecución de estructuras criminales, bajo la premisa de “recuperar el control del Estado” en todo el territorio.
Iván Cepeda, por su parte, plantea una lectura distinta, su programa enfatiza el reconocimiento de los pueblos indígenas como autoridades territoriales, ambientales y de salud, además de una transformación estructural del enfoque sobre economías ilegales, apostando por la sustitución y la cooperación internacional en lugar de la criminalización.
¿Qué impacto tiene el abandono estatal en salud?
En el caso de la salud, la situación es descrita con crudeza. “La salud aquí es el camino hacia la muerte”, afirma la lideresa María Murallari, al referirse a la falta de atención oportuna y a las dificultades para acceder a servicios especializados. Según su testimonio, la ausencia de gestión efectiva ha tenido consecuencias graves, incluyendo muertes que pudieron evitarse con atención a tiempo.
La problemática se conecta con un sistema que no logra responder a las necesidades del territorio. En Colombia, según datos recientes del sector salud, se han registrado más de un millón de reclamos en un solo semestre y cientos de miles de tutelas por fallas en la atención. A esto se suman deudas hospitalarias acumuladas y barreras persistentes en el acceso a medicamentos, que afectan especialmente a regiones apartadas como la Amazonía.
Frente a este escenario, algunas propuestas de los planes de gobierno plantean soluciones desde distintos enfoques. Iván Cepeda propone fortalecer el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI), reconociendo la medicina tradicional como parte del derecho fundamental a la salud y avanzando en su implementación efectiva en los territorios. Su enfoque también enfatiza la necesidad de que los decretos existentes se traduzcan en acciones reales y sostenidas en las comunidades.
Por su parte, la fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo plantea una intervención más centrada en la eficiencia del sistema de salud, con medidas como la atención 24/7 desde el nivel central, el uso de telemedicina mediante “hospitales padrinos”, la inyección de recursos para el pago de deudas del sistema y el fortalecimiento del suministro de medicamentos en zonas rurales.
En contraste, Abelardo De la Espriella propone una reforma orientada a la eficiencia administrativa del sistema, con énfasis en el control del gasto, la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la recuperación del flujo de recursos y el fortalecimiento de la red hospitalaria, junto con medidas de control anticorrupción y ajustes a la gestión de las EPS.
En este contexto, las lideresas insisten en que el problema no es únicamente la ausencia de servicios, sino la forma en que el Estado llega al territorio. La conectividad limitada, la falta de infraestructura adecuada y la escasa inversión en proyectos sostenibles refuerzan la sensación de aislamiento estructural.
¿Por qué los jóvenes de Leticia tienen dificultades para acceder a educación y empleo?
En Leticia, el acceso de los jóvenes a educación superior y empleo está limitado por una combinación de barreras estructurales: la reducida oferta educativa, los altos costos para estudiar fuera del territorio, la falta de incentivos culturales y deportivos, y la ausencia de políticas sostenidas de acompañamiento a la juventud. Para las lideresas consultadas, estas condiciones restringen proyectos de vida y también amplían la vulnerabilidad frente a economías ilegales en un territorio fronterizo.
La falta de acceso a educación superior es una de las preocupaciones más repetidas. Aunque en la ciudad existen algunas instituciones, las lideresas consideran que la oferta sigue siendo insuficiente para la demanda local, especialmente para carreras profesionales o técnicas avanzadas. Susana López, lideresa social del barrio Centro, señala que muchos jóvenes terminan su bachillerato sin opciones claras para continuar estudiando.
“Los jóvenes salen del bachillerato y ya no saben qué hacer”, explica. “La oficina del ICETEX la retiraron de acá y ahora los estudiantes tienen problemas para acceder a subsidios o préstamos”.
A esto se suma el alto costo de estudiar fuera del departamento. Para muchas familias, enviar a un hijo a otra ciudad implica gastos de vivienda, transporte y manutención que no pueden cubrir, lo que termina limitando el acceso a universidades en el interior del país. En la práctica, esto profundiza la brecha entre jóvenes urbanos del centro del país y jóvenes de regiones periféricas como la Amazonía.
Las lideresas también señalan una ausencia de políticas locales que amplíen las oportunidades de formación y desarrollo. Para varias de ellas, la oferta institucional se concentra en el SENA como principal alternativa de educación técnica, mientras la educación superior universitaria sigue siendo limitada o inaccesible para buena parte de la población joven.
En paralelo, se identifica otra dimensión del problema: la falta de inversión en cultura, deporte y espacios de participación juvenil. Para las comunidades, estos escenarios no solo son recreativos, sino una herramienta de prevención frente a la violencia y el reclutamiento.
El abandono en estas áreas, advierten, deja vacíos que pueden ser ocupados por dinámicas ilegales. En una ciudad fronteriza como Leticia, donde circulan economías informales y rutas de contrabando, la falta de alternativas laborales y educativas incrementa la exposición de los jóvenes a estos circuitos.
“Sabemos que esto es un corredor de negocios ilícitos”, advierte una de las lideresas. “Muchas veces se les facilita irse para esos negocios porque no encuentran otras oportunidades”.
El problema no es exclusivo de la experiencia local. En los programas de gobierno analizados, la juventud aparece como un eje central, pero con enfoques distintos. Propuestas como las de Iván Cepeda plantean fortalecer la educación pública regional, en particular la Universidad de la Amazonía, como apuesta para evitar el reclutamiento juvenil y promover trayectorias científicas y productivas en el territorio. Su enfoque conecta la educación con la seguridad, bajo la idea de que ampliar oportunidades reduce la vulnerabilidad frente a actores armados.
Desde otra perspectiva, las fórmulas de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo proponen una estrategia de empleabilidad basada en la llamada “Ruta 3E” (Estudiar, Emplearse o Emprender), junto con subsidios al primer empleo juvenil para incentivar la contratación de jóvenes en el sector privado. Su enfoque se centra en la inserción rápida en el mercado laboral como mecanismo para cerrar brechas.
En contraste, propuestas como las de Abelardo de La Espriella plantean soluciones tecnológicas como una “universidad virtual en casa”, con el objetivo de superar las barreras geográficas mediante educación remota gratuita y conectividad. Esta visión parte de la idea de que la distancia territorial puede resolverse con plataformas digitales y formación virtual masiva.
¿Cómo impactan las economías ilegales y los grupos armados en la vida comunitaria?
Las lideresas indígenas y habitantes de Leticia coinciden en que la violencia asociada a economías ilegales sigue afectando de manera profunda la vida cotidiana en el Amazonas. Más allá del miedo directo, su presencia transforma las dinámicas sociales, culturales y económicas del territorio.
Aidé Agga, mujer indígena Murui desplazada por el conflicto armado, explica que los grupos armados continúan ejerciendo presión sobre las comunidades indígenas y limitando su autonomía. “Los pueblos indígenas hoy por hoy están sufriendo mucho con grupos armados al margen de la ley que no permiten el buen desarrollo de la cultura”, afirma.
En su relato, la violencia va más allá del control territorial e impacta la vida comunitaria en su conjunto. La intimidación, el reclutamiento y las restricciones a la movilidad afectan la transmisión de saberes, la organización comunitaria y la seguridad de las familias.
Para las lideresas consultadas, este contexto está estrechamente ligado a la falta de oportunidades económicas y sociales en la región. “Esta zona, por ser fronteriza, es un canal donde viene gente de todo el mundo”, explica Aga. “La falta de oportunidades y las necesidades crean también inseguridad”.
En ese mismo sentido, Marina Andrade, lideresa juvenil del Amazonas, advierte que las economías ilegales también están deteriorando el entorno natural. Señala que la minería ilegal ha generado impactos visibles sobre la fauna y la flora del territorio, profundizando la crisis ambiental en la región.
Desde la mirada comunitaria, estas problemáticas no pueden separarse de las respuestas estatales. Mientras las comunidades describen una vida atravesada por la incertidumbre, las propuestas de política pública para la región muestran enfoques distintos sobre cómo enfrentar estas dinámicas.
Algunos planes de gobierno, como el de Abelardo de la Espriella, priorizan una estrategia de seguridad centrada en el combate frontal a las economías ilegales, incluyendo la fumigación aérea de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la persecución penal a las redes del narcotráfico. En su visión, el control del territorio es una condición para recuperar la estabilidad institucional.
Por su parte, las fórmulas de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo proponen un enfoque de militarización estratégica de zonas protegidas, con el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en parques nacionales y el uso de tecnologías como drones e inteligencia artificial para la vigilancia territorial.
En contraste, Iván Cepeda plantea una transformación del enfoque de seguridad hacia lo social, proponiendo atacar las causas estructurales de la violencia mediante inversión en educación, empleo y presencia integral del Estado. Su propuesta incluye también el fortalecimiento de la economía popular y alternativas a las economías ilegales a través de la sustitución y la regulación de ciertos cultivos.
En medio de estas visiones, las comunidades de Leticia insisten en que la discusión no puede reducirse únicamente al control militar del territorio. Para ellas, la presencia de economías ilegales es también el reflejo de un Estado ausente en educación, salud, empleo y oportunidades para los jóvenes.
¿Qué esperan las comunidades del próximo presidente?
Las mujeres entrevistadas en Leticia coinciden en que el próximo gobierno no puede seguir mirando la Amazonía únicamente como un territorio ambiental o estratégico, sino como un lugar habitado por comunidades con necesidades sociales urgentes y acumuladas. En sus relatos aparecen de manera reiterada demandas por vivienda digna, acceso a educación, empleo, seguridad, conectividad y apoyo real a iniciativas comunitarias e indígenas.
Para la lideresa María Murallari, una de las principales urgencias es cambiar la forma en que el Estado invierte y ejecuta los recursos en el territorio. Su llamado apunta a que las asociaciones locales y las juntas de acción comunal puedan participar directamente en la ejecución de proyectos, en lugar de depender siempre de los mismos operadores externos.
“Que nos den la oportunidad a las asociaciones de ejecutar proyectos, porque tenemos la capacidad y tenemos la gente”, plantea. Su reclamo también está ligado a una crítica estructural: las exigencias de experiencia en la contratación pública excluyen a organizaciones comunitarias que, aunque tienen conocimiento del territorio, no cumplen con los requisitos formales del Estado.
En este punto, la propuesta del candidato Iván Cepeda es la única que recoge de forma explícita esta demanda. Su programa plantea modificar el marco normativo de la contratación estatal, incluida la Ley 80, para que las comunidades no sean solo ejecutoras marginales o espectadoras de las políticas públicas, sino actores centrales en la transformación de sus territorios. La apuesta, según su propuesta, es que las organizaciones sociales puedan liderar y ejecutar directamente proyectos con apoyo del Estado, en un modelo de desarrollo con mayor protagonismo comunitario.
Más allá de la contratación pública, las lideresas insisten en que el próximo presidente debe atender necesidades estructurales que atraviesan la vida cotidiana en la Amazonía. Entre ellas, la vivienda aparece como una de las más urgentes, debido al alto costo de los arriendos y a la falta de programas habitacionales en Leticia.
También señalan la necesidad de fortalecer el sistema educativo, ampliar la oferta de educación superior y garantizar alternativas para los jóvenes que hoy no encuentran opciones de formación o empleo en el territorio. En paralelo, reclaman inversión en deporte, cultura y programas juveniles que ayuden a construir proyectos de vida distintos a las economías ilegales.
En materia ambiental, las comunidades piden que la protección de la Amazonía se traduzca en apoyo directo a las prácticas locales de conservación. “Proteger la fauna y la flora que se viene deteriorando por la minería ilegal”, señala la lideresa Jaidy Andrade, al insistir en la necesidad de fortalecer los procesos liderados por las propias comunidades indígenas.
A estas demandas se suma la preocupación por la soberanía alimentaria. Para Susana López, la dependencia de alimentos provenientes de Brasil y Perú refleja la falta de apoyo a la producción local. “La gente no tiene esa cultura de cultivar”, advierte, al referirse a la pérdida de prácticas como las chagras y las huertas comunitarias.
