Bajo un sol que no daba tregua, los habitantes de San Juan del Cesar comenzaron a aglomerarse frente a las vallas que rodeaban el nuevo Punto de Abastecimiento Solidario (PAS) mucho antes de las dos de la tarde. En el aire se sentía la expectativa: por fin se entregaba la obra que prometía ser el corazón del comercio local. Sin embargo, la ilusión de conocer el recinto se chocó de frente con el rigor de los anillos de seguridad y una espera que se prolongó mucho más de lo previsto.
El pasado 30 de abril, San Juan fue la sede del Encuentro de Economías por la Vida y la entrega del primer PAS del país. La jornada, organizada por el Gobierno Nacional y Prosperidad Social, contó con la presencia del presidente Gustavo Petro y el director del DPS, Mauricio Amaya.
A pesar de que la entrega estaba programada para las 3:00 de la tarde, el presidente Petro no llegó al lugar sino hasta pasadas las cinco. Durante esas dos horas y media de retraso, las personas insistieron en ingresar, pero el acceso permaneció restringido a un listado previo que incluía únicamente a funcionarios, prensa oficial y tres representantes por cada red de asociaciones.
“No podían ingresar más personas ese día”, explica Laura Guerra, secretaria de Desarrollo Económico, al señalar que las limitaciones del espacio obligaron a restringir incluso el acceso de las asociaciones locales. En medio de esa exclusión, solo un grupo de mujeres vestidas con faldas de cumbia y camisetas con el rostro del mandatario logró cruzar el cerco. El resto de la comunidad, incluidos líderes del barrio La Victoria, a quienes se les había prometido que serían los principales beneficiarios, tuvo que conformarse con observar la llegada del presidente desde la distancia.
Mientras la tensión crecía en el PAS por la espera y los filtros, en la Plaza Santander emprendedores, campesinos y artesanos de toda La Guajira se instalaron en stands para mostrar sus productos. Al caer la tarde, la plaza se desbordó de visitantes de otros municipios, quienes recibieron al presidente con danzas.
Petro permaneció en este encuentro alrededor de una hora y media, conversando con los delegados y recorriendo los puestos, para finalmente partir cerca de las siete de la noche. La jornada cerró con un balance dual: una plaza vibrante que demostró la fuerza de la economía local y una infraestructura nueva que, en su día inaugural, mantuvo las puertas cerradas para gran parte de su propia gente.
Más allá de los protocolos y las vallas del evento, queda la pregunta sobre la utilidad real de esta obra para el municipio. Consonante explica cuáles son los alcances de este nuevo proyecto y qué impacto podría tener, una vez abierto al público, en San Juan del Cesar.
¿Qué es un PAS?
PAS son las siglas de “Puntos de Abastecimiento Solidario”, una estrategia del gobierno nacional planteada para fortalecer la seguridad alimentaria y la economía popular en los municipios más vulnerables del país.
Hace parte del programa Hambre Cero, reglamentado por el Decreto 0684 de 2024, que busca erradicar el hambre y garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada, sostenible y culturalmente apropiada. Así como cerrar brechas de desigualdad en territorios marginados y excluidos que enfrentan barreras para el acceso físico y económico a los alimentos y fortalecer los sistemas alimentarios locales, potenciando las capacidades de producción y abastecimiento de las economías populares.
Todo esto a través de una infraestructura que contiene, según lo propuesto en la página del DPS, 10 locales comerciales, 40 módulos de venta, un centro de acopio para productos campesinos, un espacio “multipropósito” con capacidad para 12 puestos de “venta de artesanías”, una cocina comunitaria, un comedor comunitario, baños, un “punto bienestarina” y el espacio de administración.
¿Dónde van a estar ubicados los PAS y cómo se decidió?
A nivel nacional se había anunciado la construcción de 150 Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), iniciativa para la cual el Gobierno Nacional anunció una inversión de 500.000 millones de pesos. Sin embargo, en el último comunicado del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), se habla de que la proyección es de 115 puntos, sin claridad si la inversión cambió.
Para la selección de los beneficiarios, el DPS abrió una convocatoria dirigida a municipios PDET, ciudades capitales y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Inicialmente, los entes territoriales postularon sus proyectos ante la entidad; posteriormente, se aplicaron criterios de elegibilidad y priorización basados en las características del territorio y los objetivos del programa Hambre Cero.
Se dio preferencia a zonas con brechas de desigualdad que limitan el acceso al derecho a la alimentación, así como a municipios con comunidades en riesgo de pobreza extrema, sujetos de especial protección constitucional, víctimas del conflicto armado y pequeños productores locales.
En el departamento de La Guajira resultaron beneficiados los tres municipios PDET: Dibulla, Fonseca y San Juan del Cesar. Pero a la fecha solo este último ha sido finalizado.
¿Cuántos recursos se invirtieron y quiénes se encargaron de la construcción?
La construcción de los PAS se gestionó a través de bloques regionales. El proyecto en San Juan del Cesar se incluyó en el contrato de obra No. PAF-DPS-O-143-2024, que incluía también a los municipios de Dibulla y Fonseca en La Guajira, y a Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Manaure, Pueblo Bello, Valledupar y San Diego, en el Cesar.
Sobre los recursos, el DPS reportó una inversión de 3.657 millones de pesos para la sede de San Juan, cifra con la que se proyectó beneficiar a 912 personas de forma directa y a más de 10.000 de manera indirecta. Sin embargo, en los registros de contratación el valor de la obra figuran $2.754 millones de pesos.
El cronograma oficial fijó el inicio de actividades el 18 de febrero de 2025. El contrato establecía un plazo de siete meses, con un periodo de ejecución de obra de cinco meses tras la aprobación de los diseños. Sin embargo la entrega se realizó en mayo de 2026.
La obra estuvo a cargo del Consorcio OHB, conformado por las empresas Técnicas Unidas Infraestructura SAS y Construcciones Barsa SAS, cada una con una participación del 50 por ciento.
¿Era conveniente un PAS en San Juan del Cesar?
En el municipio persiste un dilema histórico en torno al uso del espacio público. Desde hace cerca de 26 años, vendedores informales se han instalado en las calles del centro para ofrecer de todo, desde frutas y verduras hasta teléfonos celulares. Hoy ocupan “El Hoyito”, una solución improvisada que surgió ante la falta de un espacio adecuado para desarrollar sus actividades.
En febrero de 2025, la administración de Urbina desalojó a varios vendedores de El Hoyito con la promesa de que un nuevo proyecto de alcance nacional, ubicado en el colegio José Eduardo Guerra, resolvería de fondo esta problemática. Aunque el proyecto se concretó con la construcción del PAS, la realidad es que no representará una solución para los vendedores ambulantes.
Según Laura Guerra, secretaria de Desarrollo Económico, a pesar de que “fue una iniciativa de parte de la administración proponer al DPS que se escogiera ese PAS para poder organizar a los vendedores ambulantes”, ese no era el objetivo del proyecto planteado desde el Gobierno Nacional, en Bogotá. “Este punto estará a cargo de productores campesinos y también de artesanas o cualquier otro tipo de emprendimiento, pero tienen que estar asociados”, enfatiza.
La plaza de mercado y terminal de transportes es el mayor elefante blanco del municipio: una obra inconclusa desde hace más de diez años en la que se invirtieron $1.700 millones de pesos. La infraestructura nunca contó con los servicios básicos necesarios para funcionar (agua, alcantarillado y energía) y tampoco fue entregada oficialmente. Hoy es usada como hogar de paso.
El desalojo de vendedores informales en la zona céntrica, especialmente en la carrera sexta, ha sido una estrategia recurrente de varias administraciones. Sin embargo, ninguna ha logrado ofrecer soluciones definitivas. Durante la gestión del exalcalde Álvaro Díaz se intentó reubicarlos en el terminal de transportes, pero las condiciones del lugar eran precarias. También se adelantó la remodelación de la Plaza Santander, entonces ocupada por vendedores de comida, zapateros y verduleros. Mientras duraron las obras, los comerciantes fueron desalojados y se les permitió vender temporalmente en la calle. Sin embargo, una vez finalizada la intervención, no pudieron regresar.
Según un estudio realizado por la Cámara de Comercio de La Guajira, aproximadamente el 60 por ciento de la población económicamente activa en San Juan del Cesar se dedica al comercio informal. Hoy muchos de los vendedores ambulantes retornaron a El Hoyito, y viven con la zozobra de que los vuelvan a desalojar.
¿Entonces quiénes serán los beneficiarios?
Aún no está claro quiénes ocuparán los locales del PAS. Hasta el momento, se ha conformado una red de 24 asociaciones de campesinos, artesanos y emprendedores, pero no existe un listado definitivo de beneficiarios ni un manual de funciones claro.
La administración local ha advertido que no tiene plena autonomía sobre las reglas de funcionamiento del proyecto. “Todo nos toca coordinarlo con Prosperidad Social (DPS); ellos prácticamente definen las reglas de operación y sostenibilidad”, explica Guerra. Bajo el modelo planteado, nadie tendrá un local asignado de manera permanente. La apuesta es implementar un sistema rotativo en el que los espacios se distribuyan según la disponibilidad de los productos. Sin embargo, este esquema aún no ha sido formalizado, lo que mantiene a los productores en una etapa de incertidumbre que, según las últimas estimaciones oficiales, podría extenderse entre cuatro y seis meses más.
Para los campesinos de zonas como Caracolí, la apertura del PAS no es solo un tema logístico, sino de supervivencia económica. Máximo Luna, de la asociación Asoprohcar, denuncia que durante décadas han sido víctimas de los intermediarios: “Nos compraban el kilo de maracuyá en 3.000 pesos y en el mercado costaba 9.000. Ellos, sin sembrar, duplicaban la ganancia del campesino”.
Pese a que San Juan del Cesar cuenta con varias despensas agrícolas, los vendedores de El Hoyito y los vendedores ambulantes se abastecen de otros territorios. Pero la expectativa es que esto cambie con la llegada PAS:“Todo eso que viene de la Sierra Nevada, por ejemplo, de la despensa agrícola de San Juan del Cesar ya no va a salir para Valledupar, ni para otros mercados, sino que va a estar aquí en ese centro. Le vamos a vender al consumidor directamente nosotros, los agricultores; esto nos permitirá bajar los costos en todo el municipio”, explica Luna.
Esta misma percepción la comparte Yanith Mendoza, fundadora de la Asociación de Campesinos sin tierras: “Este punto va a tener un impacto muy positivo en nuestro municipio, para nuestros campesinos representa la oportunidad de vender directamente sus productos a un precio justo eliminando depender del trueque o de los revendedores, eso les permitirá cambiar sus vidas”, dice.
A pesar de ser una potencia agrícola que cultiva yuca, maíz, patilla y tomate, San Juan del Cesar ha carecido de un centro de acopio eficiente. Los altos costos de transporte desde el campo y la falta de un mercado campesino local obligaban a los vendedores del municipio a abastecerse en otros territorios, ignorando la producción de sus propios vecinos.
¿Qué otras estrategias acompañan al Punto de Abastecimiento Solidario?
En la Plaza Santander se reunieron más de 40 emprendedores de artesanías y gastronomía para dar vida a la feria de economía popular, en el marco de la entrega del PAS. Para mujeres como Mary Araujo, la jornada fue un alivio: “Me sentí valorada y reconocida; pudimos vender nuestros productos y todos nos sentimos contentos porque recibimos apoyo”, afirma. Destacando la armonía entre sus compañeros y el deseo de generar empleo para otras mujeres cabeza de hogar.
Pero no todos compartieron ese entusiasmo. Mientras Mary celebraba las ventas, otras emprendedoras, especialmente mujeres con discapacidad, observaban desde afuera. “La información nos llegó demasiado tarde; no pudimos organizarnos ni exhibir nuestros productos, y aún no sabemos si tendremos un espacio en el punto solidario”, cuenta una de las afectadas. Para ellas, la inclusión prometida por el proyecto sigue sin traducirse en espacios reales de participación.
Ante estos reclamos, las autoridades explicaron los filtros que rigen el proceso. Natalia Matiz, enlace territorial nacional, detalló que la selección no es abierta, sino que responde a un proceso de focalización: “Nos llega un listado de la gerencia regional; ellos hacen un filtro, revisan documentación y, una vez aceptados, nuestro equipo contacta a los seleccionados”.
Marian Serrano, directora de Economía Popular de Prosperidad Social, reconoció que las bases de datos para identificar a la población con discapacidad son insuficientes y que están trabajando para actualizarlas. Sobre la exclusión de otros sectores, fue directa: “Los recursos siempre van a ser limitados, por lo que la acción de las entidades tiende a focalizar o priorizar a quienes están en ciertas condiciones”.
Pese a las barreras, la intención es que la red de asociaciones no se cierre. Según Guerra, cualquier asociación puede acercarse aún a la secretaría de la red, presidida por Máximo Luna, para intentar integrarse.
Además, se planteó una estrategia de fortalecimiento económico liderada por la coordinadora territorial Deris Cecilia Paz, que consiste en un incentivo de un millón de pesos por emprendedor. La idea es que cada participante organice un "combo" de productos para la venta y rifas que asegure esa suma. No obstante, este dinero aún no ha llegado a las manos de los artesanos, ya que está sujeto a una capacitación previa que todavía no se ha realizado.
