San Vicente del Caguán, uno de los municipios colombianos con mayor número de veredas —cerca de 300— y una vasta extensión territorial, ha desarrollado una acción comunal adaptada a su realidad única. Su funcionamiento ocurre desde una lógica descentralizada, priorizando la gestión y la articulación a nivel local, más que la dependencia del ámbito departamental. Esta autonomía otorga a las comunidades locales mayor poder de decisión sobre las tensiones y gestiones del territorio.
Según el tamaño de la Junta de Acción Comunal (JAC), la elección de su junta directiva puede realizarse de dos maneras: mediante planchas o en asamblea, a través de postulaciones individuales y votación directa. En las JAC con más de 80 afiliados suelen presentarse dos o hasta tres planchas, es decir, grupos de personas que se postulan conjuntamente a los distintos cargos de la Junta, con una visión y propuestas comunes para trabajar de manera articulada durante el periodo de gestión.
Estas planchas se organizan en comités o bloques. El primero corresponde a los cargos directivos (presidente, vicepresidente, secretario y tesorero); el segundo incluye al fiscal y su suplente; el tercero está conformado por la comisión de convivencia y conciliación, integrada por tres personas; el cuarto por la comisión de trabajo, con ocho integrantes; y el quinto por la comisión de salud, con tres miembros. Sin embargo, cada comunidad puede adaptar esta estructura de acuerdo con sus necesidades y dinámicas organizativas.
Aníbal Castro, quien hizo parte de la directiva de la vereda durante más de dos periodos consecutivos, decidió esta vez ceder la representación a un líder joven. Según cuenta, las formaciones y capacitaciones impulsadas en la comunidad ayudaron a generar mayor conciencia sobre la importancia de la participación colectiva. Como resultado, la elección no se realizó por planchas, como había ocurrido en años anteriores, sino mediante postulaciones voluntarias y decisión individual.
Con 96 asociados, el proceso transcurrió sin debates ni tensiones. Para Castro, esto demuestra la madurez organizativa alcanzada por la comunidad.
“Las decisiones de la asamblea se respetan porque las Juntas de Acción Comunal construyen una visión de futuro desde la convivencia, la resolución de conflictos, la gestión y el desarrollo de la región. Los líderes están enfocados en mejorar cada vez más, y por eso se construyen planes de desarrollo para el cuatrienio, así como planes anuales. Ahí radica su importancia”, afirma.
A pesar de los avances, Castro reconoce que la participación, especialmente la de las mujeres, sigue siendo uno de los principales desafíos. Aunque la ley establece que las planchas o designaciones deben contar con al menos un 30 por ciento de representación femenina, alcanzar ese porcentaje sigue siendo complejo por barreras persistentes.
Entre las principales dificultades señala los roles de género arraigados, el machismo, la falta de apoyo y formación, la escasa confianza para asumir liderazgos y los riesgos asociados al señalamiento y a la instrumentalización de los liderazgos comunitarios por parte de grupos armados ilegales. “Hay una complejidad muy grande que no permite que las mujeres surjan. Hay mujeres con un liderazgo muy valioso, pero no pueden dar ese paso”, afirma.
En ese diagnóstico coincide Nancy Ávila Ramos, de 57 años, elegida recientemente como presidenta de la vereda Mirolindo, en la inspección de Guayabal, una comunidad que cuenta con 56 afiliados.
Su primera condición para aceptar el cargo fue que más mujeres la acompañaran en ese espacio de participación. Así logró que una joven de la vereda asumiera la Secretaría de la Junta.
“Creo que debemos empoderarnos, pero he visto y entiendo que participar es cada vez más difícil. Nadie quiere asumir estos cargos. Ahora exigen nuevos requisitos, como tener buen relacionamiento con las instituciones para poder gestionar”, dice Ávila.
“Nosotros estábamos acostumbrados a que nos eligieran, firmábamos y ya. Empezábamos a representar a la vereda, sobre todo en temas de convivencia, pero no a salir a gestionar o asumir una representación más amplia. Ahora toca buscar hasta al suplente del suplente, y aun así la gente ya no alcanza para tanto”, agrega.
Algunos cargos, como la Tesorería y el comité de carreteras, implican una alta carga de responsabilidad. Quienes los asumen administran recursos, deben rendir cuentas y, en el caso de las obras comunitarias, acompañan al operador de maquinaria para llevar el registro de las horas trabajadas y definir los pagos correspondientes. También participan en decisiones relacionadas con la imposición de multas y los montos que deben asumir los afiliados.
A estas responsabilidades se suma un factor de seguridad. Ser la cara visible de la vereda implica que las directivas deban relacionarse con actores armados presentes en el territorio, atender citaciones y sostener una articulación que, en la práctica, resulta obligatoria. Esto genera presiones adicionales para quienes aceptan estos liderazgos.
A pesar de esas dificultades, las Juntas de Acción Comunal terminan asumiendo, en muchos casos, funciones que corresponderían al gobierno territorial: priorizan necesidades, impulsan proyectos y promueven transformaciones concretas en sus comunidades.
La deuda de fortalecer las JAC
Edilma Cruz es lideresa social y comunal y, además, se desempeña como formadora de formadores del Ministerio del Interior en temas relacionados con las Juntas de Acción Comunal. En el reciente proceso electoral fue reelegida por segunda vez en el barrio Villa Falla.
“Fue un proceso de elección relativamente sencillo. Como no hubo muchas postulaciones, éramos pocos para elegir y prácticamente fue una decisión unánime entre los 47 afiliados. Todos sabemos que es una carga grande, pero con el respaldo de la comunidad no se siente tanto”, comenta.
El trabajo de formación desarrollado durante varios meses dejó en evidencia la necesidad de fortalecer a las cerca de 400 JAC existentes en el municipio: algunas están al borde de la desaparición y otras enfrentan riesgos de fragmentación interna.
Según Cruz, durante este proceso también quedó claro que los cambios normativos y de formatos implementados hace cuatro años generaron desorientación entre las comunidades. “La modificación de las leyes y de los formatos confundió a mucha gente e impidió que los cambios se aplicaran correctamente”, afirma.
Las elecciones de las Juntas de Acción Comunal no son un proceso improvisado. Están reguladas por la Ley 743 de 2002, norma que durante años definió la forma en que estas estructuras de gobierno comunitario se organizan, funcionan y eligen a sus representantes en Colombia. Sin embargo, su enfoque planteaba una participación general, sin incorporar con claridad perspectivas diferenciales o mecanismos específicos para promover una representación más diversa.
Con ese vacío en mente, en 2021 el Congreso aprobó la Ley 2166, una actualización normativa que buscó fortalecer la participación, modernizar el funcionamiento de las JAC y responder a nuevas dinámicas sociales en los territorios. Entre sus principales apuestas estuvo promover la inclusión de mujeres, jóvenes y poblaciones diversas en los espacios de decisión.
La norma también buscó robustecer la estructura interna de estas organizaciones para ampliar su capacidad de gestión y autonomía frente al desarrollo local, establecer mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y reconocer el liderazgo comunal como un actor clave en la construcción de territorio y paz.
Pero entre lo que plantea la ley y lo que ocurre en las comunidades persiste una brecha. En su recorrido territorial, Edilma Cruz asegura no haber evidenciado el fortalecimiento que se proyectó desde el papel. Aunque se esperaba una mayor presencia de mujeres en cargos directivos y una participación juvenil más activa, sostiene que esa incidencia sigue siendo mínima.
“La Ley 2166 es clara en el tema del relevo generacional con un proyecto denominado Comunalitos, que busca empezar a formar a niños y niñas en la acción comunal. Aunque en otros departamentos esto está más avanzado, aquí todavía hay un gran desconocimiento sobre esa apuesta”, agrega Cruz.
Las elecciones del 2026
En San Vicente del Caguán, la jornada de elección transcurrió en completa normalidad. Aunque la participación es visible, no todos están presentes. Los jóvenes aparecen poco en las reuniones, mientras que los adultos mayores siguen siendo los más constantes. Las mujeres, por su parte, participan activamente, aunque no siempre en los cargos principales.
Más allá de la elección, lo que está en juego es la capacidad de gestión del territorio. Las personas elegidas en cada Junta deben responder a necesidades urgentes que además son problemas estructurales y recurrentes: vías en mal estado, acceso a servicios básicos y proyectos productivos que no despegan.
La elección comunal trasciende el voto, pues define la capacidad de gestionar el territorio. Las juntas directivas electas deberán afrontar necesidades cruciales como el mal estado de las vías, el acceso limitado a servicios básicos y la reactivación de proyectos productivos estancados. Actividades que deben gestionarse en el nuevo período que va entre el 1 de julio de 2026 y 2030.
En este contexto, no hay grandes actos ni celebraciones, sino la convicción de que lo comunitario sigue siendo el pilar de lo público. Aunque las decisiones de alto nivel se toman lejos, la verdadera disputa sobre la forma de vivir en comunidad se libra aquí, en la escuela, en la caseta y en las conversaciones cotidianas.
