Los habitantes de Cañaverales han estado en vilo durante varios años por no saber cuál será el destino de su territorio. Desde que la minera Best Coal Company (BCC) proyectó una mina de carbón a cielo abierto, cada trámite administrativo se percibe con una mezcla de angustia e ilusión. No es para menos, detrás de la burocracia se juega la supervivencia del agua, la agricultura, los árboles, los animales. Lo que está en disputa es la vida misma de quienes habitan la región, hoy amenazada por la sombra del extractivismo.
A finales de diciembre del año pasado, después de una espera de varios meses, Corpoguajira tomó la decisión de negar la licencia ambiental al proyecto minero, el cual pretendía explotar carbón en esta zona del sur de La Guajira, ubicada entre los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca. Esta decisión fue tomada luego de un análisis técnico integral realizado al proyecto, el cual le permitió a la Corporación concluir que el estudio de impacto ambiental presentado por Best Coal Company tenía fallas metodológicas graves.
En el proceso de resolver la solicitud de licencia ambiental, Corpoguajira tuvo en cuenta también la voz de la comunidad, que a través de una audiencia pública ambiental expresó las razones por las que rechazaba el proyecto. En este espacio denunciaron los impactos que tendría en las fuentes hídricas, en el suelo, en el ecosistema de bosque seco tropical y, además, en la pérdida de la agricultura, principal fuente alimentaria y de trabajo de los habitantes de la zona.
Aunque la primera decisión de la autoridad ambiental fue contundente, el proceso no terminó ahí. Como en todo proceso administrativo, la compañía podía interponer un recurso de reposición, mediante el cual solicitaba una evaluación de esa decisión; y así lo hizo Best Coal Company. La autoridad ambiental recibió y evaluó la solicitud, y el pasado viernes 24 de abril, a través de la resolución No. 0842 del 21 de abril, hizo pública la decisión de negar por segunda vez la licencia ambiental.
Según Samuel Lanao, director de Corpoguajira, la decisión se tomó luego de un nuevo análisis técnico y jurídico del que concluyeron que los argumentos expuestos por la empresa no lograron desvirtuar las razones que motivaron la primera decisión. “La entidad determinó que el proyecto presenta incompatibilidades estructurales de carácter ambiental, territorial y normativo que hacen inviable su ejecución, especialmente en lo relacionado con la protección de los recursos hídricos y la zonificación ambiental del área de influencia”, expresó Lanao.
El análisis técnico realizado por la Corporación permitió identificar riesgos sobre fuentes hídricas superficiales y subterráneas, además de choques con determinantes ambientales como el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Ranchería (POMCA) y con normas vigentes enfocadas en proteger el agua para el consumo humano. En esa misma línea, se encontró que el proyecto supondría intervenciones irreversibles en el territorio, entre ellas la alteración de cauces y de zonas de recarga hídrica.
La reciente decisión tomada por Corpoguajira no solo marca un punto dentro del proceso administrativo, sino que tiene un significado profundo para la comunidad de Cañaverales y de las zonas aledañas, quienes durante más de 10 años se han visto obligados a resistir en defensa del territorio que habitan. Para ellos cada decisión que frene la llegada de la explotación del carbón representa alegría, esperanza, pero, sobre todo, esa fuerza que les motiva a no rendirse. “A nosotros como organización, la verdad, nos fortalece muchísimo saber que estábamos en lo cierto, saber que no luchábamos aguas arriba, sino que íbamos en la dirección correcta”, expresa Óscar Gamez, representante legal del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales.
En ese contexto, la postura de la autoridad ambiental no solo ratifica una decisión administrativa, sino que delimita, al menos por ahora, el rumbo del proyecto. “De esta manera, queda ya definido por parte de la Corporación que se niegan esas pretensiones de obtener una licencia ambiental para explotar carbón en un ecosistema estratégico para el departamento de La Guajira”, afirmó Lanao.
Más allá de lo que se ha ratificado en el papel, en Cañaverales la noticia se siente como un respiro, una pausa ganada en medio de una disputa que, para Gamez, aún no termina.
“No es la batalla final porque ellos todavía tienen un título minero que les da algún tipo de propiedad o de derecho sobre algunos asuntos de nuestro territorio, pero eso no les da la posibilidad de crear una mina”, dice.
Lo cierto es que mientras el título minero que tiene BCC siga vigente, la amenaza no desaparecerá del todo. Y eso lo saben en Cañaverales. Por ahora, la comunidad celebra haber ganado tiempo, haber defendido con su conocimiento el agua y su tierra una vez más. Pero también entienden que la lucha sigue en curso, y que el futuro del territorio aún se disputa decisión tras decisión.
