A Anderson* las cuentas ya no le alcanzan. En el último mes, su familia ha tenido que asumir gastos que no están relacionados con la producción, a pesar de que vive de la tierra y del ganado que trabajan en Caquetá. El dinero se va en poder moverse, en sostener lo que ya tienen, en seguir trabajando.
Durante años, la ausencia del Estado ha llevado a las comunidades campesinas del departamento a resolver por su cuenta necesidades básicas. La construcción de vías, escuelas y servicios como la electricidad o el agua ha dependido, en buena medida, de su propia organización y de recursos recogidos a través de bazares, rifas y peajes comunitarios.
Sin embargo, esa histórica autonomía campesina hoy se ha transformado en una trampa de silencio y asfixia económica provocada por la presión de los grupos armados ilegales sobre sus iniciativas. Según los habitantes del departamento, lo que antes era un aporte voluntario y transparente para el bienestar de sus veredas, hoy es una imposición tributaria en la que las disidencias imponen cobros obligatorios por cada hectárea de tierra, cada cabeza de ganado y hasta por el derecho a transitar por caminos que los mismos labriegos construyeron.
En municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y La Montañita, el cansancio es evidente. Los habitantes se enfrentan a un sistema en el que pagar se ha vuelto una condición para permanecer en el territorio. Hoy, vivir allí implica asumir cobros por casi todo: desde una cuota anual por cada hectárea de tierra —que puede oscilar entre los 3.000 y 30.000 pesos—, pagos por cada cabeza de ganado, hasta sanciones por no cultivar alimentos de pancoger.
“Pagamos por hectáreas de tierra, por carreteras, por ganado, por puentes, por peajes; pero ese dinero no se ve reflejado en mejoras de la calidad de vida del campesinado”, contó un líder que pidió la reserva de su nombre.
Peajes comunales en la mira de las disidencias
Entre el ruido de los motores y el bullicio de la plaza de mercado de San Vicente del Caguán, Andrés* asegura las cajas y el equipaje de los pasajeros en la capota, junto a su ayudante. Es una camioneta de cuatro puertas: cinco personas viajan en la cabina y otras ocho en el platón, adaptado para la carga.
Cuando todo está listo, enciende el motor. En pocos minutos iniciará el recorrido por la vía que conduce a las sabanas del Yarí, el mismo trayecto que, cada día, conecta a cientos de familias con sus fincas.
La primera parada es obligatoria y está a solo tres kilómetros: el peaje comunitario de Campo Hermoso. Allí, un par de encargados recogen el dinero según el tipo de vehículo. Las motos pagan $2.000 pesos; las camionetas, $5.000; los furgones de carga mediana, $10.000; los camiones grandes, $20.000; y las tractomulas, más de $30.000.
El pago queda respaldado en un recibo que el conductor debe conservar por si, más adelante, algún integrante de la junta se lo solicita. Mientras tanto, el cadenero —como llaman a quien se encarga del cobro— guarda la colilla, con la que después rinde cuentas sobre el número y tipo de vehículos que ingresaron a la zona, así como el dinero recaudado.
Esos números deben enviarlos al Comité de Carreteras, un grupo de cuatro o más personas que se organiza para llevar la contabilidad del dinero recolectado en los peajes y coordinar los trabajos que se deben realizar en las vías. Son elegidos por la comunidad en asamblea, pero desde hace algunos años, se dice que también han sido sugeridos por los grupos armados ilegales que comandan en la región.
Hace más de 30 años, la vía entre San Vicente del Caguán y las sabanas del Yarí, en los límites entre Caquetá y Meta, era apenas una trocha abierta por los propios campesinos, a punta de machete y pala, para conectar sus comunidades con otros territorios. En el resto del departamento la situación era similar: desplazarse de un lugar a otro podía tomar más de un día.
Con el tiempo, los caminos mejoraron de forma gradual. Hoy, aunque siguen en condiciones precarias por la escasa intervención estatal, el esfuerzo de las comunidades ha permitido reducir los tiempos de desplazamiento y mantener la conexión entre distintos puntos del territorio.
Esa necesaidad dio origen a los peajes comunitarios, un sistema de recaudo transparente donde el dinero se invertía en la misma vía bajo el control de los Comités de Carreteras. Sin embargo, lo que antes era un ejercicio de autonomía se ha transformado hoy en una herramienta de control y extorsión por parte de los grupos armados.
Los habitantes del departamento denuncian que en municipios como Cartagena del Chairá y La Montañita, los grupos armados han intervenido estos peajes, desplazando la autoridad de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y convirtiendo el recaudo en un fondo opaco. “Ya no es la misma comunidad la que decide... la comunidad que no tenga su tramo en perfectas condiciones será multada”, confiesa Jonas*, un líder social.
En el departamento hacen presencia tres estructuras armadas disidentes de las antiguas Farc. Por un lado, el Frente Rodrigo Cadete, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) y está bajo el mando de ‘Calarcá Córdoba’, con presencia en municipios como El Doncello, Puerto Rico, La Montañita y Cartagena del Chairá.
También opera el Estado Mayor Central (Emc), liderado por ‘Iván Mordisco’, que ha incursionado en el sur del departamento, especialmente desde zonas como Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, en Putumayo.
A esto se suma la Segunda Marquetalia, encabezada por ‘Iván Márquez’, con presencia en la zona de la cordillera, en municipios como El Paujil, El Doncello y Belén de los Andaquíes.
Mapa: Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Desde finales del año pasado se han identificado las disputas entre La Segunda Marquetalia y Embf en el municipio de San Vicente del Caguán. Las estructuras de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ eran una sola, pero se dividieron y desde 2024, ambas estructuras se disputan los corredores del río Caguán y la cuenca del río Caquetá, especialmente por los municipios de Solano y el sur de Cartagena del Chaira.
“En el marco de los ceses al fuego decretados por el Gobierno nacional con el Emc y luego con el Embf, se identificó un endurecimiento de las gobernanzas armadas ilegales, mediante pautas de control poblacional y territorial contra la población civil, un aumento de las extorsiones y fuertes presiones sobre los liderazgos para ingerir en sus procesos organizativos de base”, señala la Defensoría en una Alerta Temprana de este año, pero es una situación que viene advirtiendo desde 2025 en varios municipios caqueteños.
El ‘tresmilazo’ y otros impuestos a la guerra
No solo quienes transitan por las vías del Caquetá deben pagar. También quienes tienen tierra o ganado están obligados a tributar a los grupos armados. Las exigencias varían según el municipio y la estructura que tenga control en la zona.
Un líder de La Montañita explica que, en varias veredas, los campesinos deben pagar por cada hectárea de tierra y por cada cabeza de ganado, sin importar si se trata de un pequeño predio o de unas pocas reses. “Las JAC tienen que rendir informes y entregar la plata al grupo armado”, señala.
En otros municipios, los cobros siguen una especie de umbral. En varias veredas de San Vicente del Caguán, por ejemplo, un campesino empieza a ser gravado con este “impuesto” cuando supera las 50 hectáreas de tierra o las 100 cabezas de ganado.
Mario* lleva más de quince años en la región. Como muchos, ha construido su capital poco a poco, con trabajo constante. Hoy posee cerca de 1.000 hectáreas y una cantidad considerable de ganado. Ese crecimiento lo ha puesto en la mira de los grupos armados: desde la época en que mandaban las extintas Farc ha tenido que pagar una cuota por esos bienes.
Para evitar problemas con las disidencias, ha mantenido ese esquema. Desde hace varios años paga 25 millones de pesos. A esto se suman los aportes a la Junta de Acción Comunal a la que pertenece: cerca de cuatro millones de pesos al año —equivalentes a 4.000 por hectárea— destinados a un proyecto de pavimentación proyectado a quince años por la comunidad. También contribuye con 2.000 pesos por hectárea para los fondos de la Junta.
Aunque estos dineros son manejados por los tesoreros de dichas Juntas, voces anónimas coinciden en que sobre buena parte de estos recursos los líderes comunales ya no tienen decisión y están siendo transferidos a los grupos armados que controlan la región, a modo de impuesto de guerra. En otros casos, los miembros de las estructuras armadas se presentan en las fincas para cobrar directamente las extorsiones.
En La Montañita, las familias han llamado a esta extorsión el ‘tresmilazo’, casi como una extraña victoria. Inicialmente, los actores armados le dieron la ‘autonomía’ a las comunidades para establecer las tarifas, pero luego decidieron imponer el valor ellos: $10.000 pesos por hectárea de tierra y otro pago igual por cada cabeza de ganado.
“La gente dijo no, mucha plata, ¿de dónde vamos a sacar? Las comunidades de 129 veredas de Montañita se reunieron y les dijeron ‘estamos dispuestos a pagar hasta $3.000 pesos por hectárea de tierra y $5.000 pesos por cabeza de ganado… aunque este año la gente tuvo que pagar $10.000 por cada vaca’, cuenta un labriego de la región.
En sectores como Cartagena del Chairá, algunos finqueros pagan hasta $30.000 pesos por hectárea para, supuestamente, aportar para el mejoramiento de las vías.
En varias veredas, este modelo de recaudo forzado ha terminado involucrando a las Juntas de Acción Comunal. Algunos finqueros señalan que, en esos contextos, sus directivos asumen tareas de cobro que no necesariamente les corresponden. “Terminan siendo vistos como recaudadores de los armados”, dice uno de ellos.
Líderes comunales consultados describen una situación compleja. Por un lado, deben responder por recursos que se recogen en sus comunidades; por otro, enfrentan presiones que limitan su margen de acción. “Ahora uno participa en reuniones —a veces con presencia de actores armados— y lo que allí se decide se termina imponiendo… quien hable asume un riesgo”, explica un representante comunal.
Como si fuera poco, mientras los cobros aumentan, los ingresos del campesinado disminuyen. Un inspector de Policía de San Vicente del Caguán señala que el precio del litro de leche pasó de 2.200 a 1.300 pesos, lo que dificulta cada vez más asumir estos pagos.
A esto se suma que quienes intentan generar valor a través de la transformación de la leche también enfrentan nuevos cobros: deben pagar $50 pesos por cada litro que compran.
El Estado, más lejos que nunca
“Los liderazgos están en un riesgo inminente”, advierte un líder de Cartagena del Chairá. En varias veredas del Caquetá, ser presidente de una Junta de Acción Comunal ha dejado de ser un reconocimiento para convertirse en una carga que muchos prefieren evitar, por temor a represalias de los grupos en disputa. “En estos momentos están muy expuestos. Les revisan los celulares y, si encuentran algo que los relacione con el grupo rival, se convierte en un problema”, agrega.
El deseo de librarse de esta responsabilidad ha llegado al punto en que en varios sectores la elección de dignatarios ha tenido que definirse al azar. “Ha tocado por último sortear con una moneda o con una balota quién va a ser el representante legal de la JAC”, relata un líder de La Montañita.
En este escenario de guerra silenciosa, las voces de quienes discrepan son apagadas mediante el desplazamiento o el asesinato, como ocurrió con Andrés Fernando López Sánchez, vicepresidente de la JAC de la vereda Aguas Claras, en La Montañita, a quien le cegaron la vida por reclamar que el dinero recaudado pertenecía a la comunidad y no a los armados. Su esposa tuvo que salir desplazada y abandonar la finca.
“Cuando la gente desocupa, ellos —las disidencias— traen de una vez su gente para que ocupe esa finca”, explica un líder de ese municipio.
Las familias del departamento ya no encuentran en la autogestión una salida, sino una trampa. Reclaman que la institucionalidad se ha "acostumbrado" a que las comunidades de esta zona del país resuelvan sus propios problemas. “Decir no hay o no se puede es normal para el administrador de turno”, lamenta una concejala de la región.
El desgaste acumulado por los cobros y la violencia también ha empezado a reflejarse en las conversaciones con el Estado. Algunos líderes locales señalan que, en ciertos espacios, han surgido posturas que priorizan respuestas de seguridad por encima de la inversión social, aunque no se trata de una posición unánime.
“La dinámica en la que vivimos nos ha ido cambiando”, confiesa un líder. “Antes se escuchaba más que había que parar la guerra. Ahora, en medio del cansancio, hay quienes dicen que ojalá llegue el Ejército”.
Un líder de Cartagena del Chairá cuestiona la voluntad de paz de estos grupos. Le parece contradictorio ver a voceros de ‘Calarcá’ en las mesas de diálogos con el actual gobierno —pues las tropas comandadas por ‘Iván Mordisco’ se apartaron de dicho proceso desde abril de 2024—, mientras incumplen lo que prometen: respetar a la población civil.
Trabajo forzado, deforestación y otras presiones
En algunas zonas, los habitantes denuncian que los cobros se han extendido a distintos ámbitos de la vida cotidiana. Tras los recientes comicios al Congreso, por ejemplo, circularon exigencias para presentar certificados electorales; quienes no los aportaran debían asumir multas de hasta $500.000 pesos, según relatan líderes comunitarios.
De acuerdo con estos testimonios, quienes se oponen a estas disposiciones o no logran pagar las cuotas enfrentan sanciones que pueden incluir la salida forzada del territorio.
El mantenimiento de las vías, que antes era una jornada de trabajo solidario, ahora está instigado por los grupos armados. Y por una vía en mal estado, les imponen sanciones. “Una comunidad que visité fue multada por $10 millones de pesos porque unas alcantarillas estaban viejas y unos puentes con las maderas partidas. Les dieron 15 días para pagar”, cuenta un líder comunal.
Pero ahora las labores comunales no sólo se resumen en el buen estado de los caminos, sino que la orden que les han impartido a los líderes comunales es que aquella finca que no mantenga despejados los bordes de la carretera —una distancia de 14 metros en cada orilla del camino— también será multada. También establecieron deforestar a una ronda de 50 metros a la orilla de los ríos.
Incluso las labores comunales se han convertido, en algunos casos, en una actividad de riesgo. Campesinos de distintas veredas señalan que, bajo presión de grupos armados, se les exige limpiar las márgenes de las carreteras, con sanciones económicas que pueden alcanzar hasta $20 millones de pesos en caso de incumplimiento.
Detrás de estas exigencias, advierten líderes locales, hay situaciones que afectan directamente a las familias. Mencionan casos de jóvenes que, mientras realizaban estas tareas, han sufrido accidentes con guadañas y no han tenido acceso oportuno a servicios de salud. En algunos episodios, las lesiones han sido graves y los costos de atención han recaído en la propia comunidad, que se organiza para reunir los recursos necesarios.
A esto se suma el ‘impuesto por comida’, una orden que obliga a cada familia a sembrar hectáreas de yuca, plátano o maíz, y aunque es una alternativa para la soberanía alimentaria, muchas veces los productos se pierden al no tener cómo comercializarlos. “Ellos —las disidencias— envían a los miembros de las Juntas a revisar los predios y quien no tenga estos cultivos tiene que reportarlos y les imponen una multa entre cinco y 10 millones de pesos”, cuenta uno de los líderes comunales.
A pesar de la amplia disponibilidad de tierra en Caquetá, el mal estado de las vías y los altos costos de la producción agrícola han limitado la rentabilidad de muchos cultivos. Durante años, en algunas zonas, la coca se convirtió en una de las pocas actividades que ofrecía ingresos sostenidos.
Tras el Acuerdo de Paz de 2016, muchas familias optaron por la ganadería como alternativa. Sin embargo, las dificultades persisten. “La presión por cultivar pancoger puede ser positiva, porque garantiza alimento para la familia, pero cuando hay mucha producción, se pierde porque no hay cómo comercializarla”, explica un líder local.
La situación también se refleja en el medioambiente. En algunas zonas, líderes comunitarios señalan que actores armados imponen reglas que terminan siendo contradictorias.
Por un lado, condicionan la participación en programas de conservación con cobros que, según testimonios locales, pueden alcanzar los $300.000 pesos para quienes buscan vincularse a iniciativas ambientales. Por otro lado, en ciertos sectores se han reportado presiones para ampliar áreas de producción mediante la deforestación.
“Yo lo interpreto como una forma de presión en medio de las negociaciones con el Gobierno: algo así como ‘si no nos cumplen, esto se desborda’”, dice un vocero comunal.
A esto se suma el pago del personal encargado de prestar el servicio de Guardia Ambiental Campesina, un modelo de organización civil que se ha ido consolidando en la región desde hace algunos años. Cada vereda debe respaldar la organización con al menos cinco personas. “Inicialmente eran 10 —cuenta el líder de La Montañita—. Pero hay veredas de 15 personas, donde la mayoría son mayores de 50, 60 años”.
Según el tipo de evento, los coordinadores de la guardia convocan a las comunidades para enviar personal que preste el servicio. En la mayoría de los casos, las veredas mantienen una lista de turnos para cumplir con esta tarea. Quienes no puedan asistir deben enviar un reemplazo y pagar los gastos de manutención, además de una bonificación económica que oscila entre $150.000 y $200.000 pesos por día y por persona. Si durante el año el campesino es convocado cinco veces, terminaría pagando cerca de un millón de pesos por este concepto.
Otra forma de control se ha centrado en los jóvenes. Líderes comunales señalan que, en algunas comunidades del departamento, distintas facciones de las disidencias comenzaron a convocarlos a supuestas “escuelas”.
“Muchas familias interpretaron eso como una forma de reclutamiento y se opusieron. A varios padres les pidieron que enviaran a sus hijos, pero prefirieron sacarlos de la región”, cuenta uno de ellos. En ese caso, agrega: no hubo sanciones económicas.
Entre cobros, restricciones y dificultades para sostener sus economías, muchas familias campesinas en Caquetá intentan mantenerse en sus territorios en medio de condiciones cada vez más exigentes. Los testimonios recogidos coinciden en señalar que permanecer implica asumir costos que desbordan lo productivo y atraviesan la vida cotidiana.
Desde el anonimato, varios líderes insisten en que estas dinámicas hacen parte de una realidad que aún no logra transformarse de fondo. Una realidad en la que, dicen, la promesa de paz sigue siendo, para muchos, una expectativa pendiente.
*Nombres cambiados por seguridad.
