A pocos meses de que termine la primera legislatura en la que las víctimas del conflicto tuvieron un asiento en la toma de decisiones del país, los nuevos —y últimos— aspirantes a representar la voz de ese sector se alistan para una nueva contienda electoral. Las inscripciones para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) que harán parte de la Cámara de Representantes están cerradas y el pulso en las regiones se está jugando.
Según el listado publicado a mediados de diciembre del año pasado por la Registraduría Nacional, se inscribieron 246 candidatos en los territorios priorizados, dentro de 122 listas de organizaciones sociales, víctimas, campesinas, comunidades negras e indígenas. En las regiones Pácifico-Valle del Cauca (26), Caquetá (24) y Magdalena - Guajira - Cesar (22) se presenta el mayor número de candidatos; mientras que Arauca (8), Pacífico Nariño (8), Chocó (6) y Sur de Bolívar (6) tienen la menor cantidad. (Conozca el listado completo aquí)
Pero solo una parte de las víctimas está habilitada para votar y corresponde a las regiones priorizadas en el Acuerdo de Paz. “Nos dividieron: víctimas Pdet —170 municipios del país definidos por el Gobierno por su afectación por la guerra y la exclusión social— y quienes no somos Pdet, cuando incluso muchos eran Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado). Supieron dividir a las víctimas y eso generó una gran desilusión frente a la representación”, reprocha Orlando Burgos, integrante del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas.
El líder cuestiona que las curules de las 16 regiones elegidas en 2022 —algunas más que otras— le dieron la espalda a las 11 millones de víctimas. “Pocas y contadas veces se reunieron con las víctimas y la mayoría no sacaron a relucir nada de nuestras necesidades. Fue una representación pobre”. A pesar de eso, mantiene las esperanzas en que el nuevo ciclo electoral sea distinto y nuevos liderazgos surjan. “Ojalá se dé la oportunidad para que otras y otros puedan alzar la voz e incidir en que las políticas públicas de víctimas, por lo menos, busquen que se cumpla con lo que ya la ley ordena”.
A mediados de su período en el Congreso, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) realizó un balance de su desempeño legislativo y la conclusión es precisa: los resultados fueron modestos. Durante sus dos primeros años, su labor estuvo por debajo del promedio en comparación con otros partidos. En conjunto, las curules de paz habían presentado en promedio 34 proyectos de ley, frente a los 67 a 146 que registran los congresistas más activos.
Además, la mayoría había participado en menos de 10 debates de control político. “Esto puede explicarse porque un gran bloque de los Citrep hace parte de la bancada de gobierno, acompañan los proyectos de ley del presidente Petro y votan afirmativo a sus iniciativas y reformas”, precisa la organización. También señala que realizaron, en promedio, 18 ponencias y 4 audiencias públicas.
Para estas elecciones, siete de los actuales curules buscan repetir el período. Se trata de Karen Astrid Manrique Olarte (Arauca), John Jairo González Agudelo (Bajo Cauca), James Hermenegildo Mosquera (Chocó), Luis Ramiro Ricardo Buelvas (Montes de María), Orlando Castillo Advíncula (Pacífico Medio), Jorge Rodrigo Tovar Vélez (Magdalena - Guajira - Cesar) y Karen Juliana López Salazar (Urabá antioqueño).
De este grupo resaltan Karen Manrique, James Mosquera y Rodrigo Tovar. La curul de Arauca por verse presuntamente involucrada en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); Mosquera por la investigación por presuntos delitos de fraude en el registro de víctimas y falsedad en documento público que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra; y Tovar que ha sido objeto de críticas por su familiaridad con el exjefe paramilitar ‘Jorge 40’, artífice del sufrimiento de cientos de familias en el norte del país.
Desde los anteriores comicios se advirtieron riesgos para que estos espacios de representación honraran realmente a las víctimas así como los intereses de las comunidades. Aunque una parte de las regiones se sintió acogida con los resultados, en otras las preocupaciones de líderes y organizaciones se materializaron.
“En algunas regiones del país triunfó la elección de las organizaciones sociales, campesinas, afrocolombianas y de víctimas. En otras, se impuso la elección de representantes de partidos políticos tradicionales”, señala la Fundación Ideas para la Paz (FIP) al realizar un balance de esos comicios. También resaltó desequilibrio en las vacantes y en la participación. En 2022, solo tres de las 16 curules se las quedaron mujeres y se presentó un 57,2 por ciento de abstención: de las 1.246.634 personas habilitadas para votar, 533.664 sufragaron.
Para su análisis, la FIP tuvo en cuenta denuncias formales sobre irregularidades en las elecciones por cooptación política y compra de votos; incidentes de seguridad de entonces candidatos y elegidos, e inconformidad de líderes sobre los resultados. Según estudió la organización, en nueve regiones Citrep pudo identificar riesgos altos por estos factores, entre los que destacan Norte de Santander, Caquetá, Bajo Cauca, Arauca, Chocó, Cesar-Guajira, Córdoba y Urabá.
“En el caso de Caquetá y Cesar-Guajira, líderes sociales presentaron solicitudes de revocatoria ante el CNE y han denunciado amenazas. A esto se suma que los representantes elegidos en dichas circunscripciones han generado un debate profundo sobre la legitimidad del cargo, pues tienen denuncias por cercanía al paramilitarismo”, se lee en la publicación de la organización.
Así mismo, esa confianza se vio comprometida en Chocó, Norte de Santander, Córdoba y Urabá, donde los líderes, según la FIP, reprochaban cercanía y apoyo de maquinarias políticas. En otros territorios, como Cauca - Valle, Nariño, Putumayo y Guaviare - sur del Meta, a pesar de contar con mayor credibilidad de los líderes sobre las curules electas, amenazaba la situación de seguridad y subrepresentación de agendas regionales que podrían desdibujar las necesidades étnicas y campesinas.
Hoy la situación de riesgo persiste y se agudiza en las regiones donde se eligen a las curules de paz. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca se concentró la mayor cantidad de hechos violentos contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Particularmente, en las regiones Citrep más de la mitad de los casos correspondieron a violencia letal.
“Eso lleva a dos cosas: a que muchos de quienes quieren llegar a esta curul no puedan hacerlo por miedo y a que en muchos de estos municipios tengan que pedirle permiso a estos grupos para poder entrar a las comunidades”, señala Burgos.
La MOE recomendó la instalación de una comisión específica de seguimiento electoral para los territorios Citrep, orientada a identificar de manera temprana riesgos y afectaciones a las garantías electorales. “De igual forma, subrayó la importancia de convocar comisiones focalizadas en territorios de frontera, con el fin de analizar los impactos de la situación de seguridad —incluyendo restricciones a la movilidad y dinámicas transfronterizas— y su posible incidencia sobre el desarrollo del proceso electoral”, se lee en un comunicado.
Asimismo persiste la falta de recursos para hacer política. Desde todas las regiones, los líderes coincidieron en que las dificultades de financiación en las campañas de las organizaciones locales son el otro gran reto por el que se sienten en desventaja.
“Muchos compañeros y compañeras no tienen cómo financiar sus campañas, no hay manera”, lamenta Burgos. “Esto termina instrumentalizando a muchos candidatos por los partidos políticos con el compromiso de actuar a sus intereses en el Congreso. Por eso muchos de nosotros terminamos no reconociéndolos como los candidatos de las víctimas, independientemente de que tengan una credencial”.
Por el lado de los sufragantes juega en contra el desconocimiento de los poderes sobre algunas Curules de Paz y las limitaciones de movilidad para votar en zonas rurales, que afectaron el alcance de la votación a nivel regional y limitaron la posibilidad de desarrollar campañas en condiciones de equidad.
A pesar de eso, algunos líderes sociales que fueron candidatos en 2022 —para muchos, su primer acercamiento a la política— y no ganaron, vieron ganancias en el proceso y saben que hay otras alternativas a las maquinarias para hacer campaña: a través de bazares, reuniones o realizando pedagogía sobre el Acuerdo de Paz. Así, varios candidatos esperan llegar al Congreso.
Las últimas elecciones para las curules de paz se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo y desde Consonante resolvimos algunas preguntas alrededor de las curules y la manera efectiva en la que las víctimas pueden participar.
¿Cómo nacen las curules de paz?
Quedaron consignadas en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y las extintas Farc en 2016. Como una medida de reparación integral y garantía de no repetición, el Punto 2.3.6 del documento estableció la creación de mecanismos para fortalecer la participación política de las víctimas del conflicto armado. De esta manera, desde La Habana se propuso que fuera para dos legislaturas.
Sin embargo, la reglamentación del proyecto legislativo por parte del Congreso tardó varios años por el accionar de sectores políticos que obstaculizaron su aprobación, hasta que la Corte Constitucional ordenó en 2021 que se ensamblara el documento final, ya no para los períodos de 2018-2022 y 2022-2026 –como inicialmente se había planteado–, sino para las legislaturas de 2022-2026 y 2026-2030.
Con la reforma constitucional, a través del Acto Legislativo 2 de 2021, al fin el Congreso reglamentó lo referente a estos escaños
¿Qué municipios abarcan las curules de paz?
Las circunscripciones de paz representan a 167 municipios —en 19 departamentos— que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.
Se agrupa en 16 regiones, así:
¿Quiénes pueden votar?
Para las elecciones de las 16 curules de paz votarán las personas inscritas en el censo especial que se conformará para estas elecciones, y son aquellas que residan en las zonas rurales de los 167 municipios mencionados anteriormente.
No podrán votar allí las personas que residen en las cabeceras municipales de los municipios Citrep. De esta manera, para las circunscripciones especiales se excluyeron los puestos de votación de las cabeceras municipales y solo se encontraron en los puestos de zonas rurales.
La ciudadanía tenía fecha para inscribirse en el censo electoral hasta el 8 de enero de este año. Podrán votar por el candidato de su preferencia (voto preferente). Las listas estarán integradas por dos candidatos, uno de cada género.
¿Se puede votar por la circunscripción transitoria especial y a la vez por la circunscripción normal para la cámara por el departamento?
Sí. Los sufragantes de estos municipios pueden votar por las curules Citrep y por las ordinarias a Cámara. Cada votación se realizará en tarjetones separados.
Un ejemplo de tarjetón para la Citrep 13, del Sur de Bolívar, luce así:
¿Qué requisitos deben cumplir los candidatos?
Deben ser ciudadanos mayores de 25 años, principalmente víctimas del conflicto armado certificadas en las 16 circunscripciones. Para ello deben:
- Estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) o ser reconocido como tal por la Comisión de Justicia y Paz.
- Haber nacido o residido al menos tres años en el territorio de la circunscripción o ser desplazado en proceso de retorno.
- Contar con un respaldo de organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, consejos comunitarios, resguardos indígenas o grupos significativos de ciudadanos.
No pueden postularse quienes hayan sido candidatos, directivos o avalados por partidos políticos tradicionales en los últimos 5 años.
