En la Estrella Fluvial de Inírida el agua marca el ritmo; entra desde los grandes ríos, se desborda en caños y lagunas, retrocede y vuelve a empezar. Es un territorio amplio y cambiante, hecho de ríos que se encuentran y se separan, de corrientes que mudan de color según la estación, de comunidades que calculan el tiempo en crecientes y descensos. Aquí, en el punto donde el Orinoco se cruza con el Guaviare y el Atabapo, y donde el Inírida arma y desarma su figura, Fredy Yavinape lleva más de diez años registrando lo que ocurre: cuadernos, muestras, recorridos repetidos, una forma de paciencia aprendida antes de saber ponerle nombre.
Tiene 49 años y es indígena Curripaco; preside la Mesa Ramsar y pronuncia su nombre mientras señala un caño, una orilla mordida por la creciente, un árbol que reconoce por la forma de la corteza. En su lengua materna, Yavinape significa “brazo del jaguar”. Lo dice sin énfasis.
Habla despacio y repite una frase: “Esto no puede quedarse aquí”. La dice otra vez, igual. Luego suma otra: “Hay que seguir”. Enumera lo que aprendieron —registrar, medir, escribir— y se detiene cuando menciona a quienes toman decisiones lejos de estos ríos.
“Si uno no muestra lo que pasa”, dice, “nadie lo ve”.
La Estrella Fluvial del Inírida ocupa más de 300 mil hectáreas en Guainía y Vichada. Está cercada por resguardos indígenas, por los cerros de Mavicure, Pajarito y Mono, por los planos de inundación del Inírida y por los cursos del Guaviare, el Atabapo y el Orinoco, que se juntan en temporadas de aguas altas y se separan cuando el nivel baja.
“Para nosotros el logro más importante del monitoreo es poder entender el territorio”, dice. Enumera sin levantar la voz: lo bueno, lo malo, los cambios, lo que puede pasar más adelante si no se toman decisiones a tiempo. Habla de una “radiografía real”, de mirar con ojos propios lo que ocurre en los caños, en las lagunas, en los bosques que se inundan y se vacían cada año. “Que seamos nosotros los que lo evidenciemos”, agrega. Y vuelve sobre la idea: entender desde las comunidades el comportamiento del lugar donde viven.
Después habla de sí en plural. Dice que el proceso ha sido una escuela: de aprendizaje, de cuidado, de relación con el territorio. Dice que esa acumulación de años lo llevó a asumir la presidencia de la Mesa Ramsar, que fue un reto, que ahí puso su parte para que el espacio estuviera mejor organizado, para que los recursos se usaran con más cuidado, para que la vida, dice, se preserve.
Un astro de agua antigua
La Estrella Fluvial de Inírida es un sistema extenso de humedales, rebalses, caños, lagunas y bosques que se inundan y se vacían cada año. Nace en la confluencia de cuatro ríos —Inírida, Guaviare, Atabapo y Orinoco— y convierte a este punto del mapa en un corredor decisivo entre la Amazonía y la Orinoquia. El agua ordena el territorio: regula los ciclos, sostiene la biodiversidad, marca las temporadas de pesca. También ordena la vida. Para las comunidades indígenas, desplazarse, alimentarse, comerciar, recordar y rezar ocurre sobre estas corrientes.
Pertenece a la franja de selva de transición que une dos grandes regiones naturales y descansa sobre el Escudo Guayanés, una formación antigua, pétrea, que sostiene la trama de ríos que luego drenan hacia la cuenca del Orinoco, en las inmediaciones de Inírida, en la frontera colombo-venezolana. Aquí la altura apenas supera los cien metros sobre el nivel del mar, la temperatura ronda los veintiséis grados, la lluvia cae más de tres mil milímetros al año y la humedad se pega a la piel durante meses.
En este cruce de aguas confluyen ecosistemas acuáticos y boscosos que explican la abundancia de peces, aves, mamíferos y árboles y que llevaron a clasificar la zona como prioritaria para la conservación. También confluyen pueblos: ocho resguardos habitados sobre todo por comunidades Puinave, Curripaco, Piapoco y Sikuani, cuya dieta sigue dependiendo en gran medida de la pesca y la cacería y cuyas prácticas cotidianas —salir al río, tender redes, internarse en la selva— siguen escribiendo la historia de este paisaje.
Durante años, la Estrella Fluvial del Inírida fue observada con una mezcla de fascinación y alarma. Su red de humedales, rebalses, caños y bosques inundables empezó a ser medida, recorrida, cartografiada desde 2007 por técnicos de WWF Colombia, autoridades locales y líderes comunitarios que buscaban dimensionar su tamaño, su riqueza hídrica y biológica, su peso cultural para los pueblos indígenas del Guainía. Entre 2008 y 2012 llegaron las caracterizaciones rápidas, los estudios socioeconómicos y biológicos, las primeras cifras que pusieron bordes a lo que parecía inabarcable, hasta que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico trazó una delimitación técnica del complejo: más de doscientas cincuenta mil hectáreas de agua y selva entrelazadas.
Mientras esos mapas se dibujaban, en las comunidades se hablaba de otra cosa: de los ciclos que ya no cerraban y veranos que empezaban antes o después. También de playas que aparecían cuando no debían y se perdían cuando hacían falta. Fredy Yavinape escuchaba esas conversaciones en los patios, en las canoas, al volver de pescar, y las fue guardando junto con los datos del monitoreo.
El 17 de julio de 2014, después de consultas previas con pueblos Puinave y Curripaco y reuniones en resguardos como Almidón, La Ceiba y Caranacoa, la Estrella Fluvial del Inírida quedó inscrita como sitio Ramsar de importancia internacional. La promesa era que la protección no borrara la vida que ya estaba allí, que las comunidades siguieran definiendo qué hacer con el territorio y bajo qué reglas.
Años después, Yavinape vuelve a los mismos ríos con otra clase de registro. Habla de peces que “andan locos”, que suben cuando no toca, que se dispersan en crecidas repentinas.
Dice que antes los tiempos estaban marcados: el verano entre noviembre y marzo, luego la lluvia, luego la subida lenta del río. Dice que ahora a veces llueve en seco, que el nivel se levanta sin aviso, que el pescado confunde las señales. “Eso se ha podido detectar con el monitoreo”, agrega.
También menciona las tortugas: las terecay y las charapas; animales que ponen los huevos en playas que ya no se comportan como antes. “A veces está inundado cuando van a desovar”, explica, “o está seco, pero el río vuelve a crecer y los huevos se dañan”.
Gobernanza indígena y territorialidad: el corazón del manejo del sitio
La declaratoria Ramsar abrió paso a la creación de la Mesa Ramsar de la Estrella Fluvial de Inírida, un espacio donde se sientan comunidades indígenas, autoridades ambientales, entidades del Sistema Nacional Ambiental y organizaciones de apoyo. En los papeles es una instancia de gobernanza compartida. En la práctica cotidiana, buena parte del control del territorio sigue en manos indígenas: son las comunidades las que regulan la pesca, cuidan áreas sensibles, discuten los límites y transmiten el conocimiento de una generación a otra.
Las mujeres ocupan un lugar central en ese entramado; administran la chagra, protegen el agua y las semillas, encabezan procesos de soberanía alimentaria y educación ambiental. A su lado, jóvenes que aprendieron a moverse entre dos lenguajes, el de los mayores y el de los formularios técnicos, recorren ríos y senderos como monitores ambientales y vigías comunitarios.
Ese sistema convive con otra realidad, más difícil de cartografiar. En el río Atabapo, detrás de la minería ilegal, opera una red compleja en la que aparecen grupos armados (como el frente Acacio Medina y estructuras del Eln), colonos, pueblos indígenas y circuitos criminales que controlan la extracción de oro en una franja fronteriza donde el Estado se vuelve poroso. El dragado abre heridas en el lecho del río. La logística —combustible, alimentos, transporte, comercialización— queda bajo control armado. Las tarifas se imponen y la violencia circula. Parte del comercio local se beneficia de ese movimiento de dinero.
Los intentos por legalizar la actividad han chocado con un mapa superpuesto de protecciones: la zona Ramsar, áreas de reserva forestal, más de dos decenas de resguardos indígenas, la reserva natural Punawai. Un territorio cubierto de figuras jurídicas y, al mismo tiempo, perforado por economías ilegales.
Guainía, en el extremo oriental de Colombia, está hecho de ríos. Limita con Venezuela y Brasil, y su capital, Inírida, se levanta en el centro mismo de esta estrella fluvial donde confluyen el Guaviare, el Inírida, el Atabapo y el Ventuari antes de entregar sus aguas al Orinoco, uno de los grandes cursos del continente. En 2014 esa convergencia fue reconocida como sitio Ramsar por su valor ambiental. En sus orillas viven comunidades Curripaco, Puinave, Piapoco y Sikuani, junto con colonos que llegaron en oleadas distintas.
El inventario biológico impresiona: más de mil especies de plantas, cientos de aves y peces, mamíferos, reptiles, anfibios. Una zona de transición entre sabanas y selvas que explica por qué este punto del mapa se volvió estratégico. También explica por qué la disputa por sus recursos no es una abstracción, sino algo que se juega en cada playa, en cada caño dragado, en cada control improvisado río arriba.
Miguel Silva, José Sánchez, Antonio da Silva, Herley González, Gabriel Yavinape, José Arcenio Gómez, Pedro Valentín Sánchez, Ismael García y Flor García hablan en grupo y se pisan las frases. Uno recuerda que al principio no sabían escribir en su propia lengua y que tuvieron que volver a donde los viejos para aprender los nombres correctos de los peces y de las plantas antes de anotarlos en las planillas. Otro dice que el monitoreo los acercó al “mundo científico del blanco”, pero también a lo que ya estaba allí y se estaba perdiendo. Alguien menciona la comida: que cada vez cuesta más conseguirla, que la pesca no rinde igual, que ahora hay que ir más lejos que hace diez años, que en el puerto donde antes se sacaban los primeros peces hoy casi no queda nada. Preguntan cómo será dentro de otros diez.
Hablan de cifras con una mezcla de sorpresa y desconfianza: que en el monitoreo de 2016 y 2017 contaron 116 especies de peces en el menú cotidiano y que para 2019 ya iban por 143, que eso obliga a cuidarlos, que no sirve de nada saber más si no cambia la manera de relacionarse con el río. Dicen que no alcanza con copiar la cultura de los blancos, que también hay que pensar en los minerales, en los árboles, en los animales, en lo que pasa cuando se toma sin medir.
Uno lo formula de otra manera: que apropiarse solo de lo ajeno termina por apretar la cuerda alrededor del cuello.
Vuelven al registro diario. A las tablas, a los cuadernos, a los nombres en lengua recuperados palabra por palabra. Dicen que eso los despierta, que no es un pago. Es una forma de darse cuenta de lo que está cambiando y de lo que todavía se puede sostener. Hablan de derechos, pero también de deberes; de seguir midiendo, de seguir preguntando, de entender por qué los peces han empezado a faltar.
Al final, alguien resume sin levantar la voz: que a todos les gusta este trabajo, que van a continuar, que el río todavía tiene cosas que decir y que escucharlo se volvió, para ellos, una tarea diaria.
Instituciones que fallan en el control
En Guainía, el control sobre la minería falla desde hace años. La lista de instituciones es larga —Estado en sus distintos niveles, Agencia Nacional de Minería, Fiscalía, Ejército, Policía— y, sin embargo, en muchos tramos del río mandan otros: estructuras del Eln, disidencias de las Farc, redes criminales que administran la extracción de oro y coltán, la extorsión a mineros, el movimiento de combustible y alimentos, la salida del mineral hacia mercados lejanos. El negocio financia economías ilegales y prolonga la guerra. La cadena es amplia; desarmarla no depende solo de operativos.
Las patrullas llegan por temporadas; se incautan dragas, se anuncian resultados y después el río vuelve a llenarse de balsas. La extensión del territorio, los corredores fronterizos, la corrupción que se filtra en la expedición de títulos, los pagos forzados a mineros artesanales y los documentos que maquillan la producción ilegal hacen que el engranaje se recomponga con rapidez.
Mientras tanto, en la Estrella Fluvial del Inírida se abre otra disputa, más silenciosa, pero igual de estratégica: el turismo, una manera de decidir quién entra, quién guía, quién cobra, quién fija las reglas.
De un lado están los operadores comunitarios impulsados por indígenas y campesinos como alternativa a las economías extractivas. Trabajan en grupos pequeños, rutas cortas, observación de fauna, navegación lenta por los caños, visitas a las chagras, pesca tradicional y conversaciones largas bajo los techos de palma. Para ellos, el turismo es una forma de defender el territorio, de generar ingresos sin romper los ciclos del agua, de reforzar la autoridad indígena dentro del sitio Ramsar.
Del otro lado aparecen operadores privados, externos al territorio, interesados en aprovechar el prestigio ambiental del lugar. Las comunidades hablan de tensiones por el acceso a ríos y puntos de avistamiento, por la distribución de ganancias, por proyectos que se anuncian como sostenibles pero que no siempre dialogan con los planes de vida ni con las autoridades tradicionales. La pregunta se repite en las reuniones: quién decide sobre el uso del agua, quién fija los límites, quién se beneficia de la conservación.
Desde la Mesa Ramsar se insiste en que todos, comunitarios y privados, deben someterse a los acuerdos de gobernanza, respetar el plan de manejo y garantizar la participación local. La discusión desborda el turismo. En el fondo late una diferencia más honda: desarrollo pensado desde afuera frente a un territorio entendido desde adentro, como un sistema vivo que no se fragmenta en paquetes ni en servicios.
En esas mismas aguas nadan peces pequeños y brillantes que terminan en acuarios de ciudades remotas. Según la ingeniera Katherin Burbano Pérez, el comercio mueve siete millones de dólares al año en Colombia y el 50 por ciento sale del Guainía. Río arriba, la minería ilegal añade otra presión. Mercurio y cianuro bajan con la corriente, sedimentos que enturbian los cauces. Balsas de madera con techos de palma trabajan día y noche, mordiendo el fondo en busca de oro aluvial, arrasando plantas, removiendo nidos, alterando los ciclos de especies que sostienen la pesca ornamental.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que estas economías incrementan la vulnerabilidad, desplazan actividades tradicionales, reducen ingresos municipales y empujan a familias enteras a escenarios más frágiles. Con más de mil kilómetros de extensión, la cuenca es casi imposible de vigilar en su totalidad, un vacío que han sabido ocupar los grupos armados al convertir los yacimientos en un eje de su financiación.
Las comunidades dicen que cada año aparecen más dragas, más entables abiertos en los playones y en la selva. Oro, coltán y tantalio: tres nombres que explican buena parte de la presión que hoy soporta la Estrella Fluvial del Inírida.
Dónde se decide el futuro del agua
Desde comienzos de los años noventa, el oro empezó a salir de la Estrella Fluvial de Inírida por las mismas aguas que sostienen la pesca cotidiana y los trayectos en curiara de las comunidades. Al principio fueron frentes aislados. Luego llegaron las balsas con techos de palma, los motores que trabajan de noche, las dragas que se mueven río arriba y reaparecen semanas después en otro brazo del sistema. El mercurio, usado para separar el metal, viaja con la corriente. Lo mismo los sedimentos.
Diversas investigaciones han encontrado concentraciones elevadas de ese metal pesado en peces de consumo y en personas indígenas que dependen del río como principal fuente de proteína. Estudios de la Sociedad Zoológica de Frankfurt en el sur del Guainía, así como informes de WWF Colombia y Gaia Amazonas, describen un patrón repetido: contaminación persistente, presión sobre la fauna, alteraciones profundas de los sistemas acuáticos.
Sobre esa economía se montó otra; las estructuras del Eln y las disidencias de las Farc encontraron en la minería una fuente estable de financiación y un mecanismo de control territorial. Regulan accesos, vigilan rutas fluviales, cobran porcentajes. La presión se traslada a las comunidades, que ven restringidos sus movimientos y debilitadas sus propias formas de gobierno.
La respuesta estatal aparece fragmentada. Fuerza pública que realiza operativos en un territorio que se mide en miles de kilómetros de ríos. Títulos mineros usados para blanquear producción ilegal. Redes de intermediación que absorben el oro y el coltán. La escala del negocio supera la capacidad de control.
Mientras tanto, en los mismos caños donde trabajan las dragas, se mueven peces que sostienen otro mercado: cardenales, neones, rayas motoras, escalares. Colombia exporta cada año millones de dólares en ornamentales; cerca de la mitad proviene del Guainía. Río abajo, los habitantes describen aguas turbias, sedimentos nuevos en las orillas, peces más escasos.
El Ministerio de Ambiente reconoce avances parciales en la implementación del plan de manejo del sitio Ramsar: monitoreo pesquero comunitario, recuperación de artes tradicionales, programas de ecoturismo, reducción localizada de la deforestación mediante recursos del Fondo de Compensación Ambiental. Óscar Manrique, desde la Dirección de Bosques y Biodiversidad, lo resume sin triunfalismo: hay procesos en marcha, pero la minería ilegal sigue siendo el principal factor de deterioro. La Estrella Fluvial figura hoy como un humedal en riesgo.
Buena parte de la información científica que alimenta esas alertas sale del trabajo en campo. Equipos del Instituto Sinchi recorren caños y lagunas junto a pescadores, toman muestras, registran especies, ayudan a construir planes de manejo forestal. Diego Carantón, su director regional en Guainía, explica que el esfuerzo no se limita a medir: busca que las comunidades tengan herramientas para sostener sus prácticas sin agotar el sistema. Desde el Instituto Humboldt repiten una idea similar: la declaratoria Ramsar sirve cuando hay continuidad local y vigilancia social, cuando el paisaje se entiende como una red de ríos, selvas y trayectorias humanas, no como polígonos en un mapa.
En ese mismo entramado se mueven Tropenbos Colombia, con enfoques participativos, y Gaia Amazonas, acompañando procesos de defensa territorial indígena. Cada organización ocupa un tramo distinto de una misma corriente.
En la confluencia de los ríos Inírida, Guaviare, Atabapo y Ventuari, la Mesa Ramsar funciona como espacio de encuentro. Freddy Yavinape, su presidente, habla menos de discursos que de acuerdos prácticos: quién pesca dónde, cómo se ordena el turismo, qué rutas se monitorean, cómo se comparte la información. Con apoyo de Minambiente, la CDA, WWF y la Fundación Omacha, impulsan intercambios de saberes, como los encuentros con los Lagos de Tarapoto, y ejercicios de vigilancia comunitaria. La preocupación se repite: mantener conectados los ríos, sostener los peces, evitar que la extracción siga avanzando por los brazos más frágiles del sistema.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico actúa como autoridad ambiental del sitio. Pilar Tafur, etóloga de la entidad, detalla el trabajo: coordinar monitoreos, promover educación ambiental, articular instituciones, ejecutar el plan de manejo. En 2012 la CDA delimitó técnicamente más de 252.000 hectáreas de humedales; después firmó con el Ministerio la resolución que formalizó su ordenamiento. Hoy sostiene convenios con Sinchi y WWF para pesca responsable, turismo de bajo impacto y seguimiento ecológico. El desafío es de escala: ríos largos, selva cerrada, economías ilegales que se mueven con rapidez.
En ese contexto, el turismo empezó a crecer en la Estrella Fluvial como otra forma de uso del territorio. Para algunas comunidades indígenas y campesinas, los operadores comunitarios surgieron como alternativa frente a la minería y otras economías extractivas: grupos pequeños, recorridos por humedales, observación de fauna, visitas a chagras, pesca tradicional, relatos transmitidos por los mayores. Los ingresos, dicen, sirven para sostener familias sin abrir frentes de destrucción y para reforzar la autoridad local dentro del sitio Ramsar.
Del otro lado aparecen operadores externos, con mayor capacidad de inversión y lógica empresarial, interesados en capitalizar el reconocimiento internacional del humedal. El acceso a ríos, playas de avistamiento y circuitos turísticos se vuelve motivo de fricción. Las comunidades temen que el discurso de sostenibilidad oculte prácticas de concentración del mercado y distribución desigual de beneficios. En las reuniones de la Mesa Ramsar la discusión se repite: todo operador, comunitario o privado, debe someterse a los acuerdos locales, respetar el plan de manejo, garantizar participación real.
La disputa, dicen algunos líderes, no es sólo por turistas, es por quién decide sobre los ríos. Albeiro Loy González vive dentro del sitio Ramsar y participa en los recorridos de monitoreo desde hace más de una década.
“Cuando llegó Ramsar, no sabíamos mucho de eso”, dice. “El trabajo nos hizo ver todo lo que hay acá, pero también pensar cómo conservarlo. Después del 2014 empezaron a llegar proyectos, instituciones, pero de otra manera: no nos dejaron de lado. Eso apenas ahora empieza a verse”.
En la Estrella Fluvial, el oro, los peces y los turistas circulan por las mismas aguas. Las decisiones que se toman río arriba —una draga nueva, un operador más, un acuerdo comunitario— tardan poco en sentirse corriente abajo.
