“A veces una no va a las reuniones no porque no quiera, sino porque tiene que dejar la comida lista o cuidar a los nietos. En política, el tiempo libre también es un privilegio”. Sofía*, lideresa social de San Vicente del Caguán, lo dice sin queja, como quien nombra una evidencia.
Así se construyen muchas exclusiones: en la rutina. Desde muy joven, cuenta, asumió responsabilidades en la finca y en la vereda. Era de las pocas que sabía leer. Ayudaba a otros. Se involucró en procesos comunitarios sin saber siquiera que eso tenía un nombre: política.
Pero cuando llegó el momento de pensar en cargos de liderazgo, ella no apareció en la lista. Nunca. “Decían que no podía descuidar el hogar”, recuerda. Como si el compromiso con lo común fuera incompatible con el cuidado. Como si gobernar también fuera, siempre, una cuestión de tiempo ajeno.
La historia de Sofía* no es una excepción: es un patrón. En Colombia, las mujeres son más de la mitad de la población, pero siguen siendo una minoría en los cargos de elección popular y en los espacios donde se toman las decisiones. No es solo una herencia de desigualdades antiguas; es una maquinaria que sigue funcionando. Estructuras culturales, económicas e institucionales que, todavía hoy, hacen de la política un territorio difícil de habitar para las mujeres.
En departamentos como Caquetá, esas brechas se agrandan. El conflicto armado, la ruralidad y las tradiciones patriarcales han definido —y limitado— durante décadas quién puede mandar, quién puede hablar, quién puede decidir. En municipios como San Vicente del Caguán, las mujeres han sido columna vertebral de la organización comunitaria, de la defensa de derechos, de la búsqueda de la paz, del sostenimiento de la vida cotidiana. Pero ese trabajo, constante y silencioso, casi nunca se traduce en participación política formal.
La lista de obstáculos es larga y conocida: la carga del trabajo doméstico y de cuidado, la falta de recursos económicos propios, la violencia de género, el escaso acceso a formación política, el poco respaldo de los partidos tradicionales. Todo eso opera al mismo tiempo, todos los días.
“La falta de recursos propios me impedía hacer más, yo quería aprender más”, dice Sofía*. Entre los oficios de la finca, los recorridos por la vereda y el miedo a generar conflictos en el hogar, la política queda para después. Para más tarde. Para cuando sobre el tiempo. Y el tiempo, como ya dijo, también es un privilegio.
Las cifras en el Caquetá y la falta de voluntad
Con el paso de los años, la participación política de las mujeres en el departamento no ha seguido una línea ascendente: sube, baja, se estanca. En los concejos y en la Asamblea hay presencias intermitentes; en las alcaldías y la Gobernación, casi ninguna. En las elecciones de 2015, para el periodo 2016–2019, ninguna mujer se postuló a la Gobernación del Caquetá. En la Asamblea departamental, apenas tres de los once escaños quedaron en manos de mujeres. Y solo tres alcaldías, de las dieciséis del departamento, fueron gobernadas por ellas.
En los concejos municipales, el panorama no fue muy distinto: de 158 curules, apenas 28 fueron ocupadas por mujeres. El número dice poco por sí solo; dice más cuando se lo mira de frente.
San Vicente del Caguán confirma la tendencia. En el periodo 2020–2023, la participación femenina fue escasa y desigual. De 102 personas que aspiraron al concejo municipal, 34 eran mujeres; solo dos lograron ser elegidas. Para la Alcaldía se postuló una sola mujer: compitió contra cinco hombres y fue la que menos votos obtuvo. Y en la contienda por la Gobernación, apenas una mujer apareció en el tarjetón: quedó en cuarto lugar.
Los números no gritan, pero insisten. Repiten, elección tras elección, la misma pregunta: quién puede llegar y quién se queda, otra vez, esperando su turno.
En las elecciones de 2023 se cumplió un hito: la mayoría de diputadas elegidas fueron mujeres — para el periodo 2024-2027— ocupando seis de las once curules posibles. Aunque las diputadas lo reconocen como un logro, aseguran que su permanencia y su influencia real es limitada pues suelen ser usadas como “relleno”: "Esta vez nos tocó a nosotras, y aún así, hay compañeros que quieren que representemos mal, solo para criticarnos. Mi partido nunca pensó que yo fuera a quedar electa, porque de ser así, ni me hubieran dado el aval”, explica una diputada que prefiere no ser nombrada.
Mecanismos como la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), que exige que las listas de candidatos estén conformadas, al menos, en un 30 por ciento de mujeres, son insuficientes: “Aunque la Ley de Cuotas abrió puertas en el papel, las mujeres de San Vicente mencionamos que las llaves de esos espacios aún se guardan bajo la lógica del favor político o la cultura patriarcal que menosprecia el liderazgo”, comenta Helena Perez Hueje, concejal del municipio.
“Los partidos siguen siendo estructuras altamente masculinizadas. En muchos municipios del Caquetá a las mujeres nos llaman a “completar la lista”, pero rara vez recibimos apoyo real para llegar a los cargos. Ya viví esa experiencia”, explica Astrid Amezquita, actual concejal.
Amezquita creció vivenciando hechos de violencia armada y una desconexión familiar a raíz de la política. Llegó al municipio en el 2019 con muchas aspiraciones: “El deseo de salir adelante por mis hijos, por mí, hace que busque en la política de una manera muy inocente, porque para nadie es un secreto que las mujeres muchas veces en tiempo electorales nos utilizan. A mi me utilizaron para ser candidata de relleno, por un partido que claramente no me identifica, pero en medio de mi inocencia y de mi afán por salir adelante acepté”, comenta.
Nuevamente, para la Gobernación, no hubo ninguna candidata mujer. “Una gobernación es un cargo que requiere de una gran cantidad de votos. Para lograrlos, se necesita experiencia y amplia visibilidad. Las mujeres aún no encuentran espacios para estos grandes cargos porque se les cierran las oportunidades para tener exposición y preparación”, explica Jennifer Rodriguez, lideresa social y concejal de San Vicente del Caguán.
En 2023 la participación también fue histórica en San Vicente: cincuenta candidatas decidieron buscar el cargo de concejalas para el periodo 2024- 2027. Hoy cinco de los quince puestos están ocupados por mujeres. Un logro que se dió, explican, después de la constante pedagogía para la inscripción de mujeres dentro de sus partidos políticos.
Entre la violencia, la sobrecarga del cuidado y la falta de reconocimiento
Jennifer Sánchez Ducuara es concejala y mujer campesina —como le gusta identificarse—. Llegó hasta el concejo gracias al respaldo de toda la vereda Villa Nueva. Aprendió sobre liderazgo del trabajo de su padre Javier Sanchez, líder de la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero. Sin embargo, para llegar a la política tuvo que enfrentarse al reto de dividir sus tiempos con las labores de cuidado y los prejuicios de una sociedad machista: “Cuando tomé la decisión de lanzarme al concejo junto con mi familia sabíamos que no sería fácil, y más siendo mujer. Definitivamente el apoyo de mi pareja, mi familia y de la comunidad fue lo que hizo que lográramos estar allí, aún dividiendo mi vida entre todas las responsabilidades. Además tengo que decir que en medio del ejercicio hay hombres que son muy críticos y no son señalados, pero cuando lo hace una, cuando manifiesto con lo que no estoy de acuerdo ahí si hay calificativos y burlas” comenta.
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal) investiga la participación política de las mujeres en varios lugares del país y ha encontrado que, en su ejercicio, las mujeres reciben otro tipo de escrutinio que va más allá de sus conocimientos y funciones en el ámbito político: “Los liderazgos de las mujeres tiene que pasar una fiscalización del tono, su perfil, la forma en la que se dirigen al público, incluso de cómo se visten y cuáles son sus relaciones sexoafectivas. Y las ubican en un lugar de mayor exposición pública de mayor controversia y revisión de su idoneidad para asumir cargos o roles dentro de los partidos políticos”, explica Diana Maria Salcedo Lopez, directora de Limpal.
Esas situaciones las reconocen las mujeres ejercen espacios políticos en San Vicente, y hablan de sus impactos a nivel mental y físico:
“Las leyes existen, pero no caminan solas. En el Caquetá cada mujer que decide participar en política tiene que abrirse paso entre la desconfianza, el señalamiento y la carga de demostrar más de lo que se exige a los hombres”, agrega la ex concejal Maria Fernanda Perdomo.
Perdomo creció entre ganado y agricultura, se hizo profesional transitando la político como administradora pública y desde jóven ha sido reconocida por su interés comunitario y social. Fue electa en el 2007 donde ya entendía las funciones de los cargos, hacer documentos y estudiarlos. “Era muy tímida, hablar con la gente o hacer debates en el concejo era terrorífico. Además por el tema del orden público era demasiado peligroso, porque mataban a los concejales y a las personalidades políticas, mi familia no estaba de acuerdo”.
Pese a todos los impases del ejercicio mismo, logró posicionarse como una mujer valiente y aguerrida. “Decían que me iban a manejar como un títere, porque yo no sabía nada, y eso me daba tristeza y hasta miedo, pero siempre estuve acompañada de quienes me apoyaron y empezamos a ganar respeto. Era un problema más del ejercicio de ser concejal”, lamenta.
A esto se suma una sobrecarga emocional y autoexigencia “invisible” dentro de las mujeres que tienen una posición dentro de la comunidad. Un informe de la Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer publicado en 2022, advierte que esta autoexigencia produce desgaste emocional, agotamiento y una percepción de aislamiento dentro de los espacios mixtos de decisión. Sumando la creencia de que la política no es para mujeres.
“A las mujeres políticas nos suelen dar más duro en algunos temas a comparación de los hombres, es aún más cruel. Nosotras no solo trabajamos por nosotras, sino que cargamos con el peso de hacerlo bien para que no digan que las mujeres no servimos para eso. Además nos miden por si tenemos pareja, si cambiamos, o cómo nos vestimos, no por lo que hacemos o proponemos”, confirma la concejal Jennifer Sanchez.
Otro de los retos para la participación política de las mujeres es la falta de redistribución, remuneración y reconocimiento de las tareas de cuidado. Según el Dane, en su comunicado de prensa de marzo del 2025, en promedio las mujeres destinan 17,6 por ciento de su tiempo al trabajo doméstico o de cuidado no remunerado, frente al 5,2 por ciento en los hombres. Esta brecha se agranda especialmente en edades de 25 a 44 años donde la diferencia es de casi 4 veces más. En San Vicente, muchas lideresas reconocen que las responsabilidades domésticas y familiares reducen su tiempo disponible para la formación política, las reuniones y los procesos de incidencia. Así como el mínimo acceso a servicios de cuidado infantil o espacios comunitarios de cuidado sobre todo en las áreas rurales.
Helena Pérez Hueje lleva dos periodos consecutivos como concejal del municipio, pero desde los 15 años es miembro del partido que la respalda. Es madre de dos hijos y ha sentido la presión social por ejercer de manera “diferente” sus tareas de cuidado: a cada reunión y encuentro llegaba con ellos. Esto, cuenta, le quitaba credibilidad entre los hombres. “Nos discriminan y hacen todo tipo de comentarios. Me han dicho “Si quiere hablar vaya y preocupese primero por su vida personal, no venga aquí a arreglarle la vida a los demás”, cuando se les olvida que están en un puesto para el beneficio de la comunidad. Y este machismo no es solo por parte de los hombres, los comentarios también vienen de parte de las mujeres”, cuenta la lideresa. Pérez, por ejemplo, ha propuesto junto a sus compañeras la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Concejo Municipal. Y en 2021 lograron incluir a las firmantes de paz en la política pública de mujeres del municipio.
A esto se suma la dificultad para conseguir recursos y la falta de sostenimiento económico. El Limpal ha encontrado que la precariedad económica desgasta los liderazgos políticos femeninos: “en las entrevistas nos referenciaban la dificultad para acceder incluso a recursos para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia, lo cual, por supuesto, genera un empobrecimiento de los liderazgos de estas mujeres y de ellas mismas”, explica Salcedo.
En San Vicente se ve constantemente: “En mi campaña yo no tenía trabajo, no tenía plata, tenía la responsabilidad de sostener mi casa, mis hijos. Mi estrategia fue caminar, moverme con la gente, hacer pedagogía, fue muy duro, pero eso me satisface porque lo puede hacer sola, sin tener que vender quizás algún ideal o moral, porque hay de todo en este mundo”, cuenta la concejala Amezquita.
“En épocas de campañas, siendo líder social y madre, te buscan de todas partes, te prometen trabajo y ¿uno qué hace teniendo la necesidad encima? por eso usted ve que en las campañas son más las mujeres que están allá en las sedes, en las calles, somos usadas para convencer a otro, creen que solo somos buenas para eso”, agrega la lideresa Sofía*.
En Colombia existe la Ley 1257 de 2008, que busca prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las violencias políticas: aquellas que buscan limitar o castigar la participación política de la mujer. Sin embargo, en San Vicente, testimonios de lideresas revelan cómo reciben amenazas, actos de discriminación y cómo minimizan constantemente sus voces en los escenarios públicos. “Sabemos que representar cargos públicos genera cambios, ya no puedes ser la misma mujer porque inmediatamente hay señalamientos violentos, y no por el ejercicio político, más bien por nuestro cuerpo, nuestro hablar, nuestro ser”, lamenta Amezquita.
Otra de las brechas sigue siendo la falta de formación política a la que se enfrentan las mujeres: “la política es un escenario capacitista en el que se espera que las mujeres tengamos un nivel de preparación previa que se asimile al nivel que tienen los varones que hacen política, y esto es desconocer las desigualdades estructurales de las mujeres y las desigualdades en términos del acceso a oportunidades que tenemos las mujeres aún en Colombia, y que por supuesto varía de territorio en territorio”, puntualiza Salcedo.
Presencia no siempre significa incidencia
Aunque en los últimos años ha aumentado la presencia de mujeres en cargos de representación, impulsada por leyes y políticas estatales orientadas a la igualdad, ese avance no siempre se traduce en la incorporación real de agendas con enfoque de género. En el Caquetá y en San Vicente del Caguán, el escenario político continúa atravesado por tradiciones patriarcales, el peso de los partidos tradicionales y una cultura donde la lealtad partidista o familiar suele imponerse sobre la defensa de los derechos de las mujeres. En ese contexto, muchas de las mujeres electas deben negociar su permanencia en estructuras dominadas por hombres y enfrentar presiones para no apartarse del discurso oficial de sus partidos.
Jennifer Sánchez relata que su experiencia previa con el trabajo hacia las mujeres era distante, marcada por su procedencia de una zona rural apartada. Desde su cargo ha intentado impulsar una agenda común, pero se ha encontrado con resistencias profundas. Cuenta que buscó acercarse a organizaciones de mujeres del casco urbano, desde una postura crítica y abierta al debate, pero la polarización política alrededor del tema la llevó a apartarse. “Ese ha sido un tema bien complejo en el municipio. Yo he sido muy crítica y me gusta que me critiquen también, pero al ver que hubo una polarización dentro del tema de mujer en el municipio hizo que yo en realidad me apartara y perdiera interés”, cuenta. A su juicio, cuando las organizaciones incorporan sesgos partidistas, la desconfianza entre sectores se vuelve total y termina bloqueando cualquier posibilidad de trabajo conjunto.
Desde una mirada más amplia, organizaciones como Limpal advierten que la participación política de las mujeres no puede medirse únicamente por el número de curules ocupadas. La llegada de una mujer a un espacio de poder no implica, necesariamente, que se haya abierto paso la agenda de todas. En muchos casos, quienes acceden a la política electoral pertenecen a sectores con mayores niveles educativos y con trayectorias de acceso previo a derechos como la educación y el trabajo, lo que deja por fuera a muchas mujeres del territorio. Por eso, insisten en que la paridad debe ser cualificada: “Partir de la concepción de que una mujer en el poder no es una garantía de que la agenda de las mujeres esté en el poder, nos hace cada vez más proponer que tengamos en Colombia una paridad para garantizar la representación de todas las mujeres, pero una paridad cualificada que tienda a que sean mujeres que garanticen también esa voz colectiva y esa agenda de las mujeres como como eje central de su acción política”, comenta Diana Salcedo.
A esto se suma la práctica en la que varios partidos tradicionales continúan aproximándose a las mujeres de forma instrumental, utilizándolas para cumplir cuotas o legitimar discursos de paridad, sin asumir compromisos transformadores con la garantía de derechos. Esto ha llevado a que aumente la presencia femenina en la política electoral, pero también a que algunas figuras reproduzcan agendas conservadoras que limitan esos mismos derechos.
Para Magaly Belalcazar, defensora de los derechos de las mujeres en Caquetá la representación sin incidencia no transforma la desigualdad: “La verdadera promoción de la agenda de las mujeres ocurre cuando las decisiones reflejan sus demandas: igualdad salarial, prevención de violencias, acceso a tierras, educación, salud sexual y reproductiva, participación política efectiva, entre otras”. Afirma que es necesario replicar las escuelas políticas con enfoque de género que tuvieron poco eco de acción, además de inyectarle recursos a la política pública de mujeres del departamento donde se han consignado las necesidades de todas, la cual en el 2027 cumple una década de implementación sin muchos resultados visibles.
Por eso, Salcedo insiste en que no basta con incorporar mujeres por el solo hecho de serlo. Es imprescindible que los partidos políticos y los movimientos sociales cuenten con una agenda clara frente a los derechos de las mujeres y que las instituciones, tanto nacionales como locales, fortalezcan procesos que brinden herramientas y garantías reales para el acceso y el ejercicio político de las mujeres en los territorios. Solo así la presencia podrá convertirse, finalmente, en incidencia.
