La sede “Carlos Hernán Perea Gómez”, de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza, tiene que ser demolida: “Por su antigüedad y calidad de la construcción es un riesgo para los estudiantes y docentes”, dice el documento que se envió a la entonces ministra de Educación Aurora Vergara desde la Alcaldía de Tadó a inicios de 2024. Una lista que incluye otras reconstrucciones de escuelas, construcción de restaurantes escolares, baños y aulas, la dotación de computadores, pupitres, elementos de laboratorio y otras decenas de necesidades que tienen las 28 sedes de las cuatro instituciones educativas que hay en el municipio.
Los 3.787 alumnos del municipio estudian en condiciones precarias. En la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo solo hay 10 computadores para 1.212 estudiantes, en la Institución Técnico Agroambiental (I.T.A) el transporte escolar pone en riesgo a los y las estudiantes por la antigüedad de los buses, y en Nuestra Señora de Fátima hacen falta baños. Un panorama que se ha sostenido en los últimos años y que ha causado que padres de familia, veedores y la comunidad educativa se pregunten en qué se invierte el dinero de la educación en Tadó.
Hoy ni los rectores, ni la alcaldía, saben cuál es el costo que tiene atender todas estas necesidades, pero todos tienen una respuesta en común: la plata no alcanza. “Tenemos una problemática de infraestructura educativa en Tadó en todas las instituciones, pero el municipio no cuenta con los recursos para responder a la situación. Hoy hemos atendido algunas escuelas urbanas y rurales pero ya no tenemos de donde seguir mejorando”, comenta Brenda Yulieth Mosquera, coordinadora de educación y alcaldesa encargada.
La plata no es suficiente, pero tampoco hay cuentas claras
Según la respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la alcaldía de Juan Carlos Palacios invirtió en su primer año de gobierno (vigencia 2024) $1.679.919.225 para la educación.
El rubro que se llevó la mayor parte de estos recursos es la alimentación escolar, en el que se invirtieron 836 millones de pesos, un pago que es responsabilidad de la Gobernación del Chocó y que se hace con dinero proveniente del Sistema General de Participaciones, igual que la nómina de docentes y trabajadores.
Los recursos para atender a nivel general la educación en Tadó entran por dos fuentes provenientes del Gobierno nacional: recursos para mejoramiento de la calidad, que reciben las alcaldías; y los de gratuidad, que reciben los rectores de cada institución educativa. La cantidad depende del número de estudiantes matriculados.
Este dinero se puede invertir en dotaciones como mobiliario, textos, bibliotecas, materiales didácticos y audiovisuales. En la construcción, mantenimiento y adecuación de los establecimientos educativos y en servicios públicos. En casos especiales, como el de Tadó, que es un municipio no certificado, el dinero también se puede invertir en el pago de transporte escolar.
Del dinero que recibió directamente la alcaldía en 2024, la inversión más grande fue precisamente para el transporte escolar, en el que se invirtieron 266 millones de pesos, una situación común en varios municipios del Chocó. “Los alcaldes hoy tienen una gran responsabilidad por asumir que no les alcanza con los recursos que la nación envía. Hacen un gran esfuerzo por cubrir el transporte escolar de los estudiantes en sus municipios, pero realmente quedan como en una encrucijada porque es casi que apoyar el transporte escolar en los municipios o apoyar las obras de mejoramiento”, explica Yina Paola Reales, secretaria de educación departamental.
“Los alcaldes hoy tienen una gran responsabilidad por asumir que no les alcanza con los recursos que la nación envía. Hacen un gran esfuerzo por cubrir el transporte escolar de los estudiantes en sus municipios, pero realmente quedan como en una encrucijada porque es casi que apoyar el transporte escolar en los municipios o apoyar las obras de mejoramiento”
Yina Paola Reales, secretaria de Educación del Chocó
A pesar de que es la inversión más alta, en Tadó solamente dos instituciones educativas tienen este servicio: el ITA y Nuestra Señora de Fátima. Y los dos rectores aseguran que los buses no están en buenas condiciones e incluso ponen en riesgo la vida de los estudiantes: “Atendemos la mayoría de estudiantes de la zona rural y el transporte que tenemos hoy es precario. Solo tenemos un bus que recoge no solo a los estudiantes de Tadó, sino a estudiantes del municipio Unión Panamericana que estudian en nuestra institución”, explica Enoel Mosquera Florez, rector del ITA.
“Priorizamos el transporte porque ninguna familia con uno, dos o tres hijos podría sostener el transporte. Los estudiantes más lejanos vienen de Mumbú y serían 16.000 pesos diarios. Si no hubiéramos garantizado eso tendríamos deserción escolar”, agrega Carlos Copete, rector del colegio Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro.
Aunque la alcaldía se comprometió a pagar el chofer de los dos buses, el mantenimiento y la gasolina, el rector Mosquera asegura que en su institución pagó la reparación del bus, pero la gasolina solamente llegó hasta octubre, dejando dos meses sin el combustible: “la reparación la hizo directamente el alcalde con el conductor, pero yo como rector no tengo conocimiento sobre esa inversión”, agrega.
Sin embargo, falta claridad sobre el total de recursos que recibió el municipio para educación en 2024. En la respuesta al derecho de petición aseguraron que se recibieron $872.502.473 pesos, pero cuando especifican cuánto recibieron por cada fuente el total aumenta a 1.400 millones de pesos.
Tampoco concuerda con el presupuesto general de rentas y recursos para 2024, aprobado por el Concejo Municipal a finales de 2023, en donde la participación para educación era de 1.300 millones de pesos, provenientes calidad y gratuidad.
A esto se suma que en el municipio hoy no existe avalúo presupuestal de las necesidades en infraestructura de todas las Instituciones educativas. Y que, según la alcaldía, no recibieron un empalme de la administración anterior. Sin embargo, se sabe que tanto la alcaldía de Cristian Copete como la de Arismendi García firmaban convenios directamente con los rectores, pero nunca se rindieron cuentas sobre las inversiones.
“De los convenios que firmaron los anteriores alcaldes con los rectores no se evidencia un buen proceso de ejecución, por ello el alcalde Juan Carlos Palacios optó porque la misma alcaldía atienda la situación de los planteles educativos”, dice Mosquera.
El estado es crítico
La sede principal de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza necesita, por lo menos, 10 aulas nuevas porque hoy los estudiantes están en hacinamiento y los salones ya no dan abasto. Tampoco tienen internet en ninguna de sus instalaciones y necesitan adecuar la infraestructura que, según explica su rector Marcial Blandón Rivas, es insegura:
“La inversión hecha por la alcaldía en el año 2024 ayudó a resolver el problema que teníamos en la sede del barrio San Pedro, donde el municipio logró construir dos aulas con baterías sanitarias con una inversión de más de 520 millones de pesos. Pero hoy la infraestructura es muy antigua y no cumple con las normas, la sede principal y la escuela Carlos Hernán necesitan reconstrucción y la sede de El Esfuerzo necesita encerramiento”, dice Blandón.
El ITA necesita conexión a internet y equipos electrónicos, mejoramiento de las 11 sedes, dotaciones para el laboratorio, aires acondicionados para los salones y un bus nuevo. “En el 2024 la alcaldía nos hizo una unidad sanitaria en la sede principal, pero quedó con deficiencia de agua porque el nivel de la tina no da presión, se le insistió a los ingenieros pero nunca escucharon. Pero lo más urgente es el transporte escolar”, comenta el rector Mosquera.
Por su parte, la Normal tiene la cubierta en mal estado, no cuenta con los materiales tecnológicos para docentes y estudiantes, las aulas son insuficientes y no tienen auditorio. “En el año 2024 nuestras instituciones no tuvieron inversiones por parte de la alcaldía. Necesitamos hacerle mantenimiento a las baterías sanitarias porque la sede principal tiene pozos sépticos, además, cuando llueve los estudiantes de quinto de primaria se inundan”, asegura la rectora Eude Celina Ramírez.
La escuela Nuestra Señora de Fátima también tiene la infraestructura en estado crítico. En Mumbú los estudiantes están recibiendo las clases en la caseta comunal desde hace varios años. Tampoco tienen materiales didácticos y también aseguran que necesitan garantizar el transporte escolar. “El año pasado la alcaldía pagó el transporte escolar y construyó una unidad sanitaria nueva en Gingarabá. Pero la infraestructura educativa se construyó hace más de 30 años, sin las normas técnicas que se está exigiendo ahora, por lo tanto son construcciones obsoletas. Con los recursos que nos llegan hacemos remiendos, pero no hay dinero que alcance”, dice Carlos Copete, rector del colegio.
A esto se suman las dos instituciones educativas indígenas que tiene el municipio: Tarena y Mondó, que funcionan con operadores propios, pero que también están en malas condiciones: “Estas instituciones las atiende la secretaría de educación departamental mediante unos operadores, pero de acuerdo a las visitas que hemos hecho, si en el casco urbano tenemos falencias, en la zona rural tenemos más. Ya le pedimos a la Secretaría que nos pueda decir cuáles son esos operadores y cuáles son los compromisos contractuales para hacerle seguimiento”, asegura Brenda Yulieth Mosquera.
¿Qué va a pasar en 2025?
Para este año la secretaría de Educación departamental aseguró que desde el Gobierno nacional aumentaron los recursos para la educación y las instituciones educativas recibirán más recursos de gratuidad. Por ejemplo, Nuestra Señora de Fátima, recibió en 2023 solamente 90 millones de pesos, en el 2024 fueron 152 millones de pesos y este año, según la Secretaría de Educación, son más de 240 millones de pesos.
“Como Secretaría, a través de la profesional que nos apoya con la gestión de estos recursos de gratuidad, le hemos solicitado también a los rectores que se enfoquen y que cumplan con las dos rendiciones de cuentas que deben hacer: una iniciando el año y otra finalizando”, agrega Yina Paola Reales.
En el departamento, además de los problemas de infraestructura, desde mitad del 2024 la comunidad educativa del Chocó se venía manifestando por la falta de docentes en varias instituciones educativas del departamento. Actualmente hay 647 puestos administrativos y 3.853 docentes, un cupo que no ha aumentado desde 2017, cuando la educación estuvo intervenida y manejada directamente por el Ministerio de Educación.
Hoy el departamento sigue dando la discusión con el Ministerio de Educación Nacional para que aumente la planta docente, que según un diagnóstico realizado por la secretaría de Educación, necesita 160 docentes nuevos. “La única forma que ellos tienen para proveer de docentes a los departamentos es a través del aumento de nuestra matrícula. Y nuestra matrícula en el departamento del Chocó no ha aumentado, sino que se ha dispersado”, explica Reales.
Ya sea por dinámicas de conflicto armado, u otras causas, las familias se están desplazando y los niños y niñas se cambian de escuela. Y aunque aumentan los estudiantes en el nuevo lugar, los docentes se tienen que quedar en la escuela a la que fueron asignados. A esto se suma las condiciones médicas de algunos docentes:
“Muchos docentes, directivos y demás, presentan algún tipo de condición médica particular que no les permite estar alejados más de 10 o 20 minutos del casco urbano y por medio de acciones de tutela instauradas por los jueces, no nos permiten ubicarlos donde realmente tenemos la necesidad. Eso también nos genera la ausencia de docentes en el departamento porque nos toca trasladar al docente, pero nos deja la necesidad en el otro municipio y ese traslado no nos genera un cupo nuevo, porque la planta es estática. Así que de la institución de la que salió, queda el hueco sin cubrir”, agrega la secretaria.
