Desde el 16 de enero en la región del Catatumbo se libra una guerra de alto impacto. La guerrilla del Eln decidió atacar al Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente, estos ataques, según lo expresó el Eln en diferentes comunicados, se han iniciado contra los integrantes de ese grupo armado y contra firmantes de paz.
Los combates han generado una crisis humanitaria en el territorio que, según el Puesto de Mando Unificado de Norte de Santander con corte al 25 de enero, ha dejado 41 homicidios, 47.084 personas desplazadas, 12 firmantes de paz desaparecidos y 23.757 personas en situación de confinamiento.
Esta situación llevó al Gobierno nacional a decretar el 24 de enero el estado de conmoción interior, una figura consagrada en la Constitución Política de 1991, en el artículo 213, que permite a los gobiernos hacer uso de las facultades necesarias para superar perturbaciones de orden público que pongan en riesgo la estabilidad institucional y que no puedan ser controladas por las vías normales. Este se puede declarar en todo el país o en algunos territorios.
Les contamos qué significa esta declaratoria y qué implicaciones tiene para el país.
¿Qué zonas abarca el estado de conmoción?
El estado de conmoción interior cubre los municipios de la zona del Catatumbo, departamento de Norte de Santander: Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa de Belén, El Tarra, Tibú y Sardinata. También incluye el área metropolitana de Cúcuta que agrupa los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander. Además, aparecen dos municipios del Cesar, Río de Oro y González, por ser receptores de parte de las personas que se desplazan de manera forzada de la zona del Catatumbo.
A pesar de que se esperaba que el Gobierno incluyera en el decreto al departamento de Arauca, esto no ocurrió. En una entrevista con Caracol Radio, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo afirmó que decidieron concentrar los esfuerzos en el Catatumbo, ya que existía la posibilidad de no cumplir con los requisitos para decretar la conmoción en Arauca.
Este decreto tiene una vigencia de 90 días, con posibilidad de prórroga dos veces, cada una por 90 días más.
¿Qué motiva este estado de conmoción?
Como el mismo Gobierno nacional lo reconoce en el Decreto 0062 de 2025, la intensidad de los combates en el Catatumbo y sus consecuencias desbordan la capacidad ordinaria del Estado. Señala, además, que esta situación “crea una demanda de recursos no prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para conjurar la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”.
Algunos de los aspectos que requieren atención del Estado a través de esta medida excepcional son la crisis humanitaria, la afectación de funciones esenciales del Estado, el riesgo de crisis alimentaria, el riesgo de ataques contra infraestructura energética y vial de la región, y la limitación en prestación de servicios de salud por parte del Estado.
Uno de los hechos más visibles es la situación humanitaria. El desplazamiento forzado de casi 40 mil personas en menos de diez días requiere la activación de medidas de atención de emergencia por parte de los gobiernos locales y nacional. Para entender la magnitud de esta situación, en poco más de una semana en una sola región se ha desplazado el doble de personas que se registró en todo el 2024 en Colombia, año en que la Defensoría del Pueblo documentó 25.611 casos.
¿Qué implicaciones tiene para el país?
Como mencionamos anteriormente, el decreto cobija 19 municipios, por esta razón, las medidas que se tomen en el marco de la conmoción interior tendrán efecto directamente sobre estos territorios. Sin embargo, este puede tener implicaciones para todo el país de acuerdo con el alcance de las estrategias del gobierno. Una de ellas sería la recaudación de recursos para atender la crisis, situación sobre la que en los últimos días se ha pronunciado Diego Guevara, ministro de Hacienda, quien plantea eliminar la exención de IVA a los juegos de azar como una fuente de recaudo en el marco de la conmoción interior.
Además, como lo menciona Pilar Castillo, abogada y directora de la Asociación Minga, una organización social que trabaja en el Catatumbo, “la conmoción interior tiene un fuerte impacto político. No se esperaba que un gobierno de izquierda, que ha puesto la paz como una de sus principales prioridades, recurriría a medidas de excepción, que históricamente han sido vistas como una forma de privilegiar el enfrentamiento armado como respuesta a los conflictos”, señala.
Agrega también que con la conmoción se pueden restringir derechos como el “de libre movilidad, el derecho de reunión y manifestación, y otros derechos relacionados con la libertad personal y de expresión”, dice. No obstante, se debe garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales.
¿Qué pasará en los territorios y en las comunidades con este decreto?
El país está a la espera de las medidas que se tomarán en el marco de la conmoción interior.
Como lo señala Pilar Castillo, los procesos sociales del territorio han expresado su preocupación por la expedición del decreto de conmoción interior, “la incertidumbre persiste sobre el impacto que estas decisiones tendrán en la región y en las garantías fundamentales de sus habitantes”, afirma.
Vale la pena recordar que desde el 2024 el Gobierno nacional adelanta el Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo, una iniciativa liderada por el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio. Esta estrategia de planeación busca generar inversiones con impacto regional, construir acuerdos sociales con las comunidades para el desarrollo territorial y articular la oferta gubernamental. Sin embargo, aún no ha sido firmada.
La conmoción interior podría ser clave para impulsarla. El Gobierno nacional ha dado algunas pistas sobre esto, el presidente Gustavo Petro en una publicación en la plataforma X realizada el 25 de enero hace mención al estado de conmoción, señalando que “billones de pesos serán transferidos al gran Pacto Social con el Catatumbo”.
Además, el ministro del Interior afirmó en entrevista con Caracol Radio que el objetivo es que “el Catatumbo se convierta en un modelo de lo que debe hacer el Estado colombiano en el mediano y largo plazo para transformar los territorios, si realmente queremos alcanzar paz y seguridad”. Será necesario esperar a la expedición de los decretos para entender un poco más sobre el alcance de este modelo.
¿Qué sigue?
El Decreto 0062 es apenas el primer paso. El Gobierno nacional debe expedir otros decretos que son los que definirán las medidas concretas, “estos decretos especificarán cómo se llevará a cabo la intervención en la región y qué acciones se tomarán en términos de seguridad, orden público y otros aspectos relacionados con la situación de conmoción”, afirma Castillo.
Como se consagra en la Constitución Política, el Gobierno debe entregar al Congreso de la República un informe sobre las razones que motivaron la conmoción interior. El Congreso citó una sesión para el martes 28 de enero en la cual revisarán el informe que se debe entregar. Cada 30 días se deberá remitir un informe sobre la evolución de las medidas y de la situación.
La Corte Constitucional es otro actor clave en este proceso, ya que ejercerá control sobre los decretos que se expidan en medio del estado de conmoción. De hecho, la Corte tiene la facultad de negar la petición actual una vez revise el decreto, como ocurrió en el pasado en los gobiernos de César Gaviria y de Álvaro Uribe.
¿Era necesaria esta declaratoria de conmoción interior?
Aunque esta medida es una posibilidad constitucional, es polémica porque, como afirma la abogada Castillo, “históricamente en Colombia, los estados de excepción han estado asociados con la restricción de derechos, violaciones de derechos humanos y abusos de poder”.
A lo anterior agrega que los procesos sociales del Catatumbo están preocupados por este decreto, “muchos consideran que su adopción no era necesaria, ya que el Estado podría haber iniciado otras acciones tendientes a restablecer el orden y salvaguardar las garantías sin recurrir a un estado de excepción”, afirma.
De hecho, el 21 de enero en una reunión llevada a cabo entre las plataformas de derechos humanos y el presidente Gustavo Petro, las organizaciones “hicieron un llamado directo para que no se expidiera este decreto, ya que preocupa que las medidas que se adopten impliquen una fuerte militarización del territorio. La experiencia ha demostrado que este tipo de medidas no han contribuido a la pacificación ni a la resolución de los conflictos”, agrega Castillo.
¿Cuál es la situación de seguridad a nivel nacional?
En noviembre del 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 026 con la cual alertaba sobre el riesgo por nuevas dinámicas del conflicto armado para la región del Catatumbo y el sur del Cesar. Dos meses después esta alerta se concretó en la situación que hoy motiva la declaratoria del estado de conmoción.
Es importante mencionar que hay otras alertas vigentes que podrían concretarse en medio de una situación similar, una de ellas la emitida un día después del decreto de conmoción, la 001-25, que plantea riesgos para la población civil por la confrontación entre los grupos disidentes comandados por alias ‘Calarcá’ y la estructura de alias ‘Mordisco’, esto en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca.
Aunque algunos de los grupos armados ilegales que hoy están en confrontaciones se encuentran en procesos de negociación, como es el caso del Estado Mayor de los Bloques, las alertas de la Defensoría dejan ver un escalamiento de las acciones armadas que podrían complicar la situación de seguridad en buena parte del país.
Por esa razón, las plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales continúan defendiendo las negociaciones como la mejor opción posible en este momento, como lo menciona Pilar Castillo: “seguimos haciendo un llamado enérgico al Gobierno nacional para que no abandone la senda de la paz y el diálogo como el camino más acertado para resolver de fondo los problemas que han generado tanta violencia”.
