Al amanecer Mirian Negrete, conocido en el pueblo como el Mello, se levanta muy temprano para prepararse en su rutina diaria. Empaca gaseosas y energizantes en una cava para así mantenerlos frescos durante todo el día, después, pone en bolsas uno por uno todos los mecatos y dulces. Mientras organiza todo lo que venderá en esa jornada su esposa, María Murgas, le prepara el desayuno.
Cuando está listo, el Mello toma una mototaxi que le cobra entre diez mil o quince mil pesos. El precio varía si lleva más o menos cosas, o si debe ir a comprar hielo a otro barrio, porque en casa no tiene nevera y, si la tuviera, el servicio de energía eléctrica es irregular y sus precios son elevados. Después se dirige hacia el peaje en la vía que de San Juan del Cesar conduce a Fonseca, en La Guajira.
Mello tiene 56 años y hace 26 trabaja en el mismo puesto, una estructura sencilla de palos con costales negros en el techo que cubren la mercancía del sol guajiro. Todos los días llega al lugar, descarga los productos, limpia y cuelga el mecato entre las varas de madera del techo, asegurándose de dejarlos visibles para que las personas sepan lo que vende. Toma algunas bebidas energizantes en sus manos y se ubica en medio de la vía para mostrarlas a los pasajeros.
Al día puede ganar cuarenta mil, cincuenta mil y, en los mejores días, hasta cien mil pesos, que los gasta en hielos, mototaxis, mercancía y en sus gastos personales y los de su familia.
Mirian Negrete es solo una de las cientos de personas que todos los días se levanta en San Juan del César para rebuscarse lo del día en el sector informal.
Según el último censo nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la informalidad en este municipio alcanza un 91,1%, lo que significa que la gran mayoría de sanjuaneros trabajan en condiciones precarias, sin prestaciones sociales y con un goce limitado de otros derechos.
De hecho, la pobreza multidimensional en el municipio alcanza el 36,6%, lo que quiere decir que una buena parte de la población tiene carencias de acceso a educación, servicios de salud, seguridad social, vivienda digna y alimentación.
Esta realidad la vive Mello, quien junto a su esposa habita en uno de los barrios periféricos de San Juan del Cesar; las calles están llenas de huecos y sin pavimentar, cuando llueve el lodo está por todos lados y es difícil transitar por el sector. Por estas calles se debe mover Mello, que lleva la mitad de su vida trabajando para conseguir lo del día. Su esposa, María, también se dedica al rebusque, trabajando en oficios varios en casas de familia o como auxiliar de cocina en restaurantes. También hace dulces tradicionales por temporadas. Ella afirma que el pago es mínimo y no les alcanza para solventar las necesidades diarias. Con lo mínimo, Mello y María sacaron adelante a sus seis hijos, que ahora trabajan en otros municipios del país.
Un problema estructural
En las calles de San Juan del Cesar se encuentra una gran oferta de productos como fritos, patilla, arepas, mango, dulces, bebidas, todos ellos elaborados o comercializados por personas que se encuentran en la informalidad. Según Willer Arciniegas, asesor jurídico de la alcaldía de ese municipio, la mayor parte de las personas que están en la informalidad trabajan en la venta de alimentos pero, especialmente, en la venta de productos agrícolas, los cuales se ofrecen en carretillas ambulantes o en puestos temporales, que se ubican en el espacio público, en puntos estratégicos o por perifoneo por las calles de San Juan.
Para las personas que ejercen este oficio las condiciones de trabajo son duras. Están bajo el sol o el agua, en jornadas largas sin descanso y caminando largos trayectos hasta que el cuerpo no aguanta más.
El límite está marcado todos los días por el mínimo diario que cada familia necesita para subsistir. Como afirma Rafael Humberto Frías Mendoza, secretario de Planeación y Valorización Municipal, “el empleo informal es una improvisación como medio de subsistencia [...] que tienen aquellas personas que no tienen acceso a un empleo digno y decente”.
Como lo evidencian las cifras del DANE, en San Juan hay pocas posibilidades de vincularse con el sector formal y esto se explica, según el secretario Frías, como un coletazo de la pandemia por COVID-19 que afectó al país desde el año 2020, pues afirma que a partir de esta situación se cerraron sectores de la economía como el de la construcción, que era uno de los más fuertes en el municipio.
En palabras de Sandra Tovar, abogada experta en derecho laboral, el trabajo informal es lo que se encuentra por fuera del marco regulatorio de un Estado y “es una forma desesperada en que las personas buscan tener ingresos diarios para satisfacer sus necesidades básicas y las más urgentes”. Agrega que este es tolerado por los Estados a pesar de que no respeta unos mínimos legales.
Aunque en apariencia el trabajo informal solo afecta a quienes experimentan estas condiciones de vida precarias, realmente es una situación que tiene implicaciones en la sociedad y, particularmente, en el municipio. Así lo sostiene Willer Arciniegas, quien dice que la afectación se da en términos de la economía de San Juan, porque está desorganizada y esto implica que no se pueda acceder a las diferentes líneas de acción en relación con emprendimientos y recursos que se ofrecen desde los gobiernos nacional y departamental para impulsar emprendimientos. “Esta informalidad hace que esos recursos no lleguen al municipio y por eso estamos apuntando a la formalidad para que estas sumas de dinero puedan llegar al emprendedor y pueda fortalecer su negocio”, añadió Arciniegas.
¿Hay futuro para San Juan?
San Juan del Cesar es un municipio PDET, es decir, parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que consiste en una estrategia creada en el Acuerdo de Paz de 2016 para impulsar el desarrollo en algunos municipios del país afectados por el conflicto armado. Esta estrategia se ejecuta desde 8 pilares, uno de los cuales apunta a la reactivación económica, que tiene vinculación directa con la mejora en las condiciones de vida de estos territorios a partir del trabajo decente.
Por esta razón la problemática de la informalidad no solo es competencia de los gobiernos municipales y departamentales, sino también del gobierno nacional.
Sin embargo, muchos retos aparecen en el camino. Uno de esos lo señala Juan Alcides Mendoza, secretario de Desarrollo Económico, al afirmar que la dinámica empresarial del municipio no es fuerte, por lo cual hay una necesidad de que “la gente se prepare, estudie y muestre capacidades emprendedoras [...] estamos necesitando que las personas se activen con capacitación, a través de formación, a través del Sena, a través de universidades, a través de estudios técnicos o tecnológicos que podamos nosotros brindarle la oportunidad al momento de que lleguen proyectos con programas que se pueda volver realidad”.
Algunos funcionarios del municipio afirmaron en entrevista que la alcaldía tiene diferentes estrategias para mejorar las condiciones de los vendedores informales y, de paso, fortalecer el sector formal. Una de ellas la menciona el secretario Mendoza, quien explica que desde la alcaldía se están buscando alianzas con el Ministerio de Trabajo para llevarlas hacia la población local, las cuales se realizarán con el acompañamiento de la Caja de Compensación Familiar de la Guajira, Confaguajira, que tiene instrumentos de apoyo a microempresarios.
Adicionalmente, afirma Willer Arciniegas, que la alcaldía adquirió a través del Departamento para la Prosperidad Social un puesto de atención alimentaria que se va a ubicar en el barrio La Victoria y que consta de un área de 1.200 metros cuadrados con 40 puestos de venta, 10 locales comerciales y un restaurante.
“Eso va a permitir ubicar a aquellas personas que se encuentran ocupando el espacio público; que tengan un empleo o un sitio digno donde ofrecer sus alimentos a la comunidad y que tengan unos mejores ingresos”, señala Arciniegas.
Afirma también que a este proyecto se suma la iniciativa de recuperar el mercado público, el cual hasta el momento es considerado un “elefante blanco”, con un proyecto que se está formulando con el gobierno departamental para recuperar los locales y trasladar allí a personas que trabajan de manera informal en el espacio público del municipio.
Es necesario el compromiso de los gobiernos, tanto central como departamental y municipal, para la mejora de las condiciones de las personas que trabajan en la informalidad y garantizar su acceso a los derechos. Como lo afirma la abogada Tovar, la población que debe recurrir al trabajo informal al tener pocos ingresos se encuentra expuesta a múltiples riesgos como el limitado acceso al derecho a la salud, no tener una vivienda, no poder estudiar y, además, estar limitada al rebusque para subsistir día a día y satisfacer sus necesidades básicas.
“Por eso el objetivo de la formalización es dar más garantías en el empleo y fortalecer los ingresos de las personas y con ellos pues también el cumplimiento de todas las demás normas no solo laborales y de seguridad social sino incluso tributarias”, señala.
