Yo juro por los dioses y tradiciones de mis ancestros, por mi honor, por mi patria ante la madre tierra y mi comunidad defender fielmente la esencia de la guardia campesina, propender por el respeto y la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, las comunidades, la tierra y el territorio dentro de la constitución y la ley, protegiendo mi comunidad de cualquier provocador o grupo agresor y dañino legal o ilegal, que vaya en contra de lo anteriormente dicho, y de la vida, la dignidad, la armonía, la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades. Que así sea.
Con este juramento comienzan los estatutos de la Guardia Campesina del suroriente colombiano, un ejercicio de liderazgo con el que organizaciones sociales del Caquetá y de otros departamentos amazónicos vecinos trabajan para la protección ambiental y comunitaria desde hace más de una década.
En 2013, en la región del Río Guayabero (Cachicamo - Guaviare) este, descrito como un modelo de defensa de los derechos humanos, se volvió indispensable para la autoprotección del campesinado al ver el aumento de la vulneración de sus derechos. Desde entonces, no solo vieron la necesidad de agruparse en áreas rurales también del Meta, parte del Guainía y ahora en una extensa porción del Caquetá junto a Guaviare; sino también de intermediar entre actores armados, según expresa el Coordinador central e instructor de la Escuela de la Guardia Ambiental Campesina del suroriente, Jairo Andrés López.
El conflicto armado y la presencia del Estado a través de las fuerzas militares, en palabras de los líderes consultados por Consonante, produjo que la juntanza alrededor de la defensa de la vida fuera inaplazable en esos territorios descentralizados de Colombia, en los que campesinos quedaban en medio de fuegos cruzados y sin amparo.
Desde entonces las Juntas de Acción Comunal tomaron la decisión de acompañar las reuniones y asambleas periódicas comunitarias para entender cómo velar pacíficamente por la armonía del territorio y la protección comunitaria. Desde hace más de diez años su decisión fue empuñar un bastón como lo hacían las guardias indígenas y cimarronas reconocidas constitucionalmente en esas y otras regiones del país.
Sin embargo, La Guardia Ambiental Campesina del Suroriente aún no cuenta con una legislación precisa que le otorgue legitimidad a las y los campesinos que no se sienten protegidos institucionalmente y, en cambio, siguen siendo estigmatizados por medios de comunicación e, incluso, por figuras políticas que no comparten su derecho.
Los otros orígenes en el suroriente
El también coordinador de Guardia Ambiental Campesina de la Asociación Campesina (ASOCPAVO), Jairo Céspedes Olivera, en este momento instructor de la Escuela de formación Guardia Ambiental, asegura que este modelo empezó a tener resonancia entre los y las campesinas desde 2007 pero que, solo siete años más tarde, en 2014, se consolidó en la región del Yarí, aledaña al casco urbano de San Vicente del Caguán.
Parte de lo que impulsó a tomar acción tuvo que ver, dice el líder Arimelex Tintinago Amaya, Guardia de la vereda Brisas de Las Damas de la región del Yarí y capacitador general en la Asociación Campesina de Campo Hermoso (ASOCAMPO), con que era frecuente el conflicto con la fuerza pública: “no necesariamente autorizada por el Estado para inspeccionar la zona; lo que provocó que los desórdenes, abusos y atropellos fueran sobre todo contra la población civil”.
Según Tintinago Amaya, esta iniciativa se puede definir como una “netamente de carácter civil, sin distingo de color político, etnia, religión, género, diversidad sexual, creencias… que está compuesta por hombres y mujeres designados por las comunidades y voluntarios con vocación de servicio y conciencia social”.
El líder dice a Consonante que, a pesar de la estigmatización que reciben, no portan algún tipo de elemento letal y están organizados para defender los derechos humanos según lo dispuesto por el Derecho Internacional Humanitario, la Constitución colombiana del 91 y la búsqueda de armonía de todas las comunidades que viven en zonas rurales. Pero, insisten los tres líderes, necesitan más escucha del Estado.
“Nosotros hemos sido el principal ente conciliador en medio del conflicto. Ya la guerrilla no tiene la necesidad de hacer regir el orden en esta región porque ese trabajo lo hace la Guardia Ambiental Campesina pero sin armas, sin abuso de autoridad y con las Juntas de Acción Comunal y el aval que nos otorgan las leyes del Estado como ciudadanos”, agrega Tintinago Amaya.
Es por eso que el guardia Céspedes Olivera insiste en que quieren ser reconocidos como ‘gestores de paz’ de manera formal y, para ello, han sido garantes de los acuerdos asumidos en el Proceso de Paz de 2016.
Según explica, solo con el cese al fuego logrado por la firma de estos Acuerdos tuvieron la oportunidad de reunirse sin grupos armados acechando. “Pero pese a esto somos conscientes de que la zona del Yarí tiene una gran historia que hace que, en cualquier momento, se desate un acto u operativo que perjudique a la comunidad. Por eso queremos estar preparados para protegernos”, dice a Consonante.
Una ley que legitime a la Guardia
El coordinador central de la Guardia Ambiental Campesina del suroriente, Jairo Andrés López, asegura que hay más de quince mil guardias en el Yarí y que se siguen uniendo campesinos del Huila y otros departamentos aledaños a la Amazonía del piedemonte andino.
Dice López que respetan las iniciativas de la Guardia Indígena y que su ejemplo ha sido contundente, incluso para temas de financiación. Al menos ésta, apoyada en tradiciones ancestrales, encontró el mecanismo de la bioeconomía que consiste en la venta de la siembra de pancoger; la promoción y comercialización de artesanías locales y la revitalización de sus sistemas productivos, muchos de estos asociados a la pedagogía en el cuidado de la tierra, así como la búsqueda de un sistema de salud intercultural que cobije a personas, incluso no indígenas.
Sin embargo, los pueblos étnicos cuentan con el artículo 246 en la Constitución que asegura que las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a las leyes de la República.
En el caso de la Guardia Cimarrona, por ejemplo, un logro de la justicia étnica traído al presente desde épocas previas a la colonización y posterior liberación esclavista ha facilitado que sus principios sean respetados tales como su autonomía; autodeterminación; protección; identidad; preservación; seguridad; autoridad; territorio y cultura, esto último con las características de garantizar el control de la movilidad y el acceso libre a los territorios.
Para la Guardia Ambiental Campesina del suroriente del país, el desarrollo de estas actividades son tan importantes como lo son para los Consejos Comunitarios Afro que, con ellas, velan para cuidar el Pueblo Negro.
Su historicidad la demuestra la investigación realizada bajo alianza entre el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y el Equipo de Justicia Propia Afrocolombiana de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia:
«El artículo 7 de la Constitución, menciona que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana; en el artículo 13 establece el derecho a la igualdad y a no ser discriminado por ningún motivo como la pertenencia étnica; el artículo 70, establece que el Estado tiene el deber de garantizar el acceso a la cultura; en el artículo 93, se reitera la prevalencia de los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT en el ordenamiento jurídico colombiano; en el artículo 330 se reconoce el ejercicio de administración de las comunidades indígenas como grupo étnico dentro de su territorio y; finalmente, en el artículo 55 transitorio se exhorta al Congreso a expedir una ley que le reconozca a las comunidades negras el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma Ley, siendo el precedente de estructuración de la Ley 70 de 1993».
Retoma el líder Tintinagu Amaya que la Guardia se ha venido gestando, incluso, desde finales de la década del 90. “Hay unas fechas que marcan una historia como del 2007 al 2008, del 2013 al 2015 y el 2018 pero, en sí, fue desde el 2015 la fecha clave donde toma cuerpo la idea ante instancias judiciales”.
Según expresa el coordinador e instructor central de la escuela de ASOCPAVO, Jairo López, aunque el decreto 2350 de 2003 permite la constitución de organismos comunales; la Guardia Ambiental Campesina del sur de Colombia es una de las formas de organización social más antigua y, a su vez, de las más estigmatizadas aunque ajuste más de tres décadas en la búsqueda de legitimidad de sus derechos.
“Dado el cambio de las cosas, ahora nosotros nos basamos en la Ley 2166 del 2021 Art. 4; es allí en donde reside nuestra razón de ser jurídica: porque todos en una Junta de Acción Comunal somos guardias a partir de los 15 años y mi Junta de Acción Comunal es una de las más pequeñas y tiene 60 socios. Somos miles en el territorio que, activamente, hacemos acto de presencia constante”, agrega el líder Arimelex Tintinagu Amaya.
El clamor de desestigmatización
El líder López agrega y reconoce lo ocurrido en la vereda Los Pozos el 4 de marzo de 2023 en zona rural de San Vicente del Caguán, donde la muerte de dos policías y la retención de otros 70 uniformados durante horas se atribuyó a la Guardia.
Como lo reportó el medio Verdad Abierta, “Los hechos siguientes difieren según la fuente consultada: para algunos, ese colectivo secuestró a 74 uniformados y es responsable del asesinato de uno de ellos; para otros, (la Guardia Campesina) intermedió para que la violencia no escalara mucho más al fragor de la situación”.
El medio de comunicación también documentó que, ese día, las guardias agrupadas en la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (COSCOPAAS), de la que hacen parte los tres líderes consultados por Consonante, salió a pedir garantías por el atropello de la empresa petrolera Emerald Energy después de varias protestas campesinas desatendidas.
Según dijo el representante legal de Corpoayarí Raúl Ávila a Verdad Abierta —quien también ha sido consultado por Consonante— en esa y otras ocasiones hicieron intermediación pacífica entre actores armados. Pero la estigmatización institucional, promovida por el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo al decir que la Guardia “auspició incendios y que el gobierno debe ‘desmontarla’ porque protege la delincuencia” bajó el volumen de líderes campesinos que defienden sobre todas las cosas la labor de protección comunitaria.
El guardia López agrega que hay mucha gente que les acusa, en sus palabras, de ser un brazo de la guerrilla; “dicen que pertenecemos a las organizaciones armadas. Seguimos teniendo mucha estigmatización y a los Estados de derecha no les ha gustado ver que las comunidades se organizan y, por eso, tratan de desestabilizarnos y de acabar con el proceso comunitario”.
Asegura López que aún en 2024 el Gobierno les teme. “Nosotros estamos en ese proceso de seguir siendo instructores y, como coordinadores, vamos por las comunidades a ofrecer esa pedagogía que únicamente tiene que ver con derechos humanos. Nosotros actuamos con un bastón y nuestros argumentos son las leyes, nuestros estatutos y no con la guerra”.
