Palacios, quien ha trabajado durante más de veinte años con comunidades víctimas del conflicto en Chocó y el Pacífico colombiano, explica qué hay detrás del silencio en una región en la que pocos se atreven a contar lo que realmente está sucediendo.
Consonante: ¿Qué está pasando en la región del medio San Juan?
Leyner Palacios: La región se encuentra en disputa, porque sigue siendo uno de los corredores estratégicos que tiene Chocó junto con el Baudó y Bojayá para traficar elementos ilícitos y movilizar armas. Es una zona tremendamente atractiva para los grupos armados por la lógica de la movilidad que permiten los ríos, los esteros, los caños. Además, está muy apartada y la ausencia institucional propicia que los actores armados funcionen. El Estado ni cuenta se da del día a día; de la penuria y la violación de los DDHH que viven las comunidades. No estamos hablando de que no existan algunas instituciones pues está la alcaldía pero, ¿qué capacidad puede tener una administración local para funcionar en un contexto de conflicto? También hay una serie de consejos comunitarios, pero esos líderes terminan atrapados por la lógica de la confrontación. Por ejemplo está ACADESAN, una organización qué trata de visibilizar muy bien lo que allí acontece. Pero, ¿qué líder se atreve a denunciar cuándo al día siguiente lo matan? Y la prueba está en que han matado a muchos líderes o los han hecho salir.
Entonces, hay dos elementos. Por un lado, la institución, tremendamente limitada en su presencia; y, por el otro, un alto liderazgo de las comunidades que está constreñido por la acción de los grupos armados.
C: De este conflicto específicamente, ¿qué hace falta contar, denunciar o visibilizar?
L.P. Soy de los que creo que hace falta contar cuáles son los intereses que hay en ese territorio, porque no creo que quienes están disparando son unos locos que quieren apenas echar plomo. ¡No! Yo creo que hay unos intereses y unas intencionalidades. Hay grandes proyectos mineros, por ejemplo. San Juan es una zona supremamente rica en minería, entonces entre menos población civil esté allí, más posible es que se exploten los recursos naturales.
Pero nosotros nos quedamos mirando al guerrillero, el paramilitar, el de la fuerza pública, y nos quedamos mirando el muerto, pero en el fondo ese muerto tiene una explicación. Lo mataron porque quizás, estaba defendiendo unos recursos naturales. O porque quizás había que matarlo para que el resto de la población esté fuera de ahí. Por eso, los grupos armados a veces matan y descuartizan, o a veces ponen el cuerpo frente a la comunidad, como una exhibición para asustar a los demás miembros.
A mí me parece que los medios de comunicación tienen que mostrarles al país la estrategia de vaciamiento en los territorios a partir de los intereses que existen.
C: ¿Qué consecuencias tiene este conflicto en la vida de quienes habitan estos territorios?
L.P. Hay varias consecuencias.
Unas consecuencias son de tipo cultural e impactan gravemente en las prácticas tradicionales. Por ejemplo, limitar la posibilidad de abastecimiento a la comunidad. Cuando los grupos armados colocan minas antipersonales y limitan la movilidad de la población, la gente no tiene capacidad de subsistir porque no tiene un supermercado en casa, o provisiones para aguantar cuatro días. La gente vive del día a día; de la pesca, de la caza, de la agricultura. Eso tiene un impacto en la vida, y en la canasta familiar. Y una gente que se alimenta mal, que está sometida a la zozobra, que no puede hacer las actividades del día a día y que no se puede expresar también está expuesta a enfermedades psicológicas.
En nuestra cultura, el conflicto trae cosas como la muerte por pena moral. Un campesino que no puede salir a cortar un racimo de plátano, a quien le han matado el hijo o se lo han reclutado, y a quien a veces violan a la mujer no puede ni siquiera ir a poner una denuncia. Pues muere de pena moral. Nadie lo mató, pero fue tanto el nivel de sometimiento y de dolor que tuvo que padecer, que termina deseando morirse. Muchos campesinos y campesinas han llegado a esa situación.
Y están otras consecuencias más visibles como el asesinato y la pérdida del territorio. Cuando la gente deja de ir a sus territorios para hacer las prácticas tradicionales, esos lugares van siendo ocupados por los grupos armados, y cuando la gente vuelve pues encuentra otros cultivos y otras cosas. A esto se suma la desintegración familiar y social, pues antes la gente se comunicaba y compartía, pero hoy en día todos desconfían del otro.
Todo esto sin mencionar que lo que primero hace el conflicto es acaparar el funcionamiento institucional. Todos los grupos armados se alimentan del presupuesto de la nación. Cuando llegan a estos municipios, constriñen a las autoridades locales para recibir recursos. ¿Cuántos alcaldes y gobernadores se han visto obligados a esto? La consecuencia es que ese alcalde o ese gobernador ya no puede hacer el centro de salud ni dotar la escuela. Entonces, las comunidades pierden el derecho a tener una buena educación, una buena escuela, un buen maestro con buenos materiales, o que en el centro de salud haya medicamentos.
Finalmente uno observa que el conflicto armado también tiene un fuerte impacto en la autonomía y en la gobernabilidad de las autoridades étnicas, porque los consejos comunitarios y resguardos indígenas pierden toda posibilidad de autodeterminarse. No pueden hacer reuniones donde quieren, porque no hay condiciones para hablar o porque hay presencia de algún grupo armado.
C: ¿A qué se están enfrentando quienes se desplazan forzosamente de sus territorios?
L.P. Cuando una persona se desplaza tiene la sensación de que perdió todo: su familia, su casa, su comunidad, sus relaciones, e incluso parte de su familia. Cuando a una persona le toca vivir un desplazamiento sola, debe dejar a los hijos, la mujer –o si es la mujer, debe dejar al marido– y dejar a los parientes cercanos. Entonces, primero empieza a vivir una sensación como de vacío interno, y luego rápidamente llega el sentimiento de culpa: “oiga ¿yo por qué hice esto?”, se pregunta. El desplazado se siente culpable de lo que está pasando. Y ese es un drama muy complicado de manejar.
Uno también pierde la comunicación con todos sus seres queridos. Y esa soledad es muy difícil, porque a veces una persona que se desplaza quisiera tener una conversación, hablar con alguien y eso no es posible.
Y por último, está el miedo. Si usted es un desplazado que se vio obligado a salir de su territorio porque fue amenazado el peligro lo perseguirá donde esté. Entonces, vienen las noches de intranquilidad, porque usted sentirá que en cualquier momento lo van a encontrar donde esté, y lo van a matar. No duerme, no sale ni a la esquina.
Así nos ha tocado vivir a muchos, encerrados en un cuarto como si estuviéramos pagando cárcel, sin haber cometido ningún delito. Es muy duro. Y ahí viene de nuevo la sensación de culpa: ¿por qué estoy pagando todo esto? ¿Cierto? ¿Por qué estoy condenado a vivir en un cuarto cuando lo único que hice fue reclamar por la injusticia?
C: ¿Y cómo se vive un confinamiento?
L.P. Un confinamiento es algo muy grave para una comunidad. No poder movilizarse allí en su territorio implica estar desconectados. La mayoría de comunidades no tienen internet, telefonía celular ni energía. Es decir, no hay posibilidades ni de ver televisión. Esa es una situación que impone unas cargas psicológicas muy grandes. Además de que no pueden cultivar, ni acceder a la tierra.
C: Usted mencionaba que en algunas comunidades no se pueden reunir en los lugares de siempre porque ya no es seguro. Quisiera que me hablara un poco de esas dinámicas de silencio establecidas.
L.P. En mi calidad de líder social he estado en algunos territorios y la gente me ha dicho: no queremos hablar, no podemos hablar.
Yo creo que el silencio se convirtió en la mejor arma para mantener la vida. Es la única alternativa en este momento para la gente, porque lo primero que dicen los grupos armados cuando llegan es: “bueno, cuando usted vaya a salir ojo con lo que va a decir”. Si usted sale ellos lo anotan en un cuaderno y si ese día los medios publican una noticia, o una denuncia, tienen anotados quiénes salieron de la comunidad. Y eso es una amenaza tácita, que todos los grupos armados le hacen a la comunidad. Es más, mucha gente no sale de sus territorios para no tener que correr ese riesgo.
En los pocos casos que algunos líderes se han atrevido a denunciar, la respuesta siempre ha sido negativa, porque la justicia no opera para los bandidos, sino para quienes que tratan de actuar con transparencia. Nuestra institucionalidad genera desconfianza. En otros casos, a la gente le ha tocado salir de sus territorios después de denunciar. Eso, cuando corren con buena suerte, y no los matan.
Entonces, hoy los líderes que están en esos territorios no quieren correr ese riesgo, evitan denunciar y prefieren resignarse, quedarse callados, para evitar ser desplazados, asesinados o estigmatizados.
C: ¿Queda algún espacio para hablar?
L.P. El nivel de control que han empezado a tener los grupos armados en las comunidades es tan fuerte que hasta tienen presencia dentro de las propias comunidades. La mayoría de las comunidades del departamento del Chocó tienen puntos. Es decir, personas que pertenecen a los grupos y les informan todo lo que pasa en la comunidad. Todos los grupos armados lo hacen, y la gente lo sabe. Por eso las personas no se van a poner a decir cosas en una reunión o en un círculo de conversa, cuando saben que esa información puede llegar directamente o muy rápidamente, incluso tergiversada, al grupo armado que está en el territorio.
C: ¿Y qué caminos hay para romper ese silencio de manera segura?
L.P. Yo creo que hay varios caminos que se tienen que explorar.
Primero, ojalá que la institucionalidad colombiana avanzara y dejara de estigmatizar la labor del líder social. Tenemos que hacer una campaña de pedagogía muy fuerte para que el liderazgo social sea visto como algo positivo. Para el colombiano un líder social es sinónimo de revolucionario, y subversivo, y eso le hace mucho daño. Es muy importante que la institucionalidad vea el liderazgo social como un aliado para mantener la democracia del país. Un líder social en esos territorios es casi tan importante como la figura del presidente para la nación. Entonces tenemos que rodear a las personas que están trabajando allí en el día a día. Si queremos empezar a romper esos círculos, es importante que Colombia entienda, qué es lo que se mueve en esos territorios, dónde está la mayor confrontación armada y no hablo únicamente del narcotráfico, sino también de despojo de tierras, y del control político electoral.
(...) Hay algo a lo que Colombia no le ha querido parar bolas, y es la corrupción institucional. En muchos casos, nuestras comunidades no creen en la fuerza pública porque la consideran aliada de los delincuentes, y de los actores ilegales en algunos casos. Eso le hace mucho daño a la confianza. Entonces tenemos que entender que cuando alguien cuestiona el mal comportamiento de la autoridad, no es un ataque a la institucionalidad como tal, sino un aporte para fortalecer la democracia.
"Un líder social en esos territorios es casi tan importante como la figura del presidente para la nación"
Leyner Palacios
C: ¿Cuáles son los principales reclamos de la gente, de las víctimas de este conflicto?
L.P. Varias cosas. En el Chocó la gente pide que haya un nivel de esclarecimiento de este conflicto armado que permita la reconciliación. O sea el derecho a la verdad es importante, pero hay otro derecho supremamente importante, y es que haya reparación. Esto implica atención por los daños y las afectaciones, y el resarcimiento de esos daños. La gente le exige muchas respuestas a la Unidad de Atención para las Víctimas porque ha habido un vacío. Esa entidad se creó para que hiciera su tarea en 10 años, y según analistas hoy tardaría 60 años más atendiendo y reparando a las víctimas.
Y el otro elemento, y unido a ese tema de la reparación, es el tema de la propiedad de la tierra. Es decir, la restitución de los bienes despojados. Para un campesino esto es fundamental. A mí me pueden reconocer que me dañaron, pero si no me devuelven la tierrita, de qué me sirve que me reconocieran que me dañaron la vida. Sobre todo, si la tierra sigue en manos de quienes me dañaron la vida. Eso ha pasado en muchas regiones en el Chocó, en donde en esas tierras que les despojaron a las comunidades campesinas están proponiendo proyectos agroindustriales, mineros, y de ganadería extensiva.
Finalmente, otro elemento que piden en clave de no repetición es que acabe el conflicto armado. Cuando usted escucha a las víctimas del Chocó, lo primero que dicen es “¡no! yo cuento la historia para que no la volvamos a repetir”. Están diciendo claramente que no quieren tener la presencia de grupos armados. Y ese reclamo tiene que ver con la salida negociada del conflicto. Pasa con la concertación con el ELN, y me atrevería a decir que con los otros 10 grupos armados ilegales que hacen presencia en el departamento. Esta situación necesita un tratamiento especial. Eso es lo que usted les escucha a las mujeres de Bojayá en sus cantos de alabaos. Pero la nación no comprende la importancia de eso, y algunos políticos dicen caprichosamente “no negociamos con tales hasta que no deje de hacer tal cosa”. Ese es un camino tremendamente absurdo.
Ahora, lo que sí es claro es que los grupos armados están en la ilegalidad, y eso no los justifica para seguir maltratando y atropellando la vida de las comunidades como lo están haciendo. Hay que hacer un llamado para que esos grupos dejen de joderle la vida a la gente, y que entiendan que, con sus comportamientos, más que ser el ejército de los pueblos, los están matando. Mire, todos los grupos armados han empobrecido los pueblos a los que han llegado. Por eso, deberían hacer una reflexión, si ellos mismos argumentan que nacen para mejorar y reclamar las injusticias sociales, ¿cómo es posible que su presencia en esos territorios los empobrezca?
C: Pero, ¿cómo humanizar un conflicto que lleva tantos años en el territorio?
L.P. Creo que lo primero que hay que lograr es que los actores armados que están en confrontación entiendan que su actuación está siendo tan cruel que ha sobrepasado la dimensión del respeto a la dignidad humana. Y por otro lado también se necesita una solidaridad del pueblo colombiano con estas periferias. Cómo es posible que el pueblo colombiano no se indigne con esta matanza que está ocurriendo en el San Juan, o en el Baudó; con ver los cuerpos despedazados de las comunidades indígenas que han caído en minas antipersonales en Bojayá y en Murindó. Es indigno lo que está pasando.
El pueblo colombiano ha normalizado la violencia que reciben otros en sus cuerpos y en sus vidas. Me parece que el llamado tiene que ser que sintamos esa violencia que viven otros seres humanos como si la estuviéramos viviendo nosotros en nuestra propia sangre y cuerpo. Y nos movilicemos.
Al final de la conversación Leyner Palacios dijo: “Esta entrevista yo la doy como líder social. Lo hago con miedo, pero realmente la gente que está allá en los territorios tiene tanto miedo que no puede hablar, entonces a uno le toca decir estas cosas; pero no es fácil”.
