Una de las tareas pendientes para reglamentar la Ley del Viche 2158 (expedida en 2021) tiene que ver con el registro sanitario de la bebida del pacíficio colombiano como una de categoría artesanal étnica.
Aunque son varias las entidades responsables, el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes es el encargado de articular las otras dependencias como el Ministerio de Salud, el Invima, el DANE, el Ministerio de Comercio, entre otras, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley que menciona el Comité Interinstitucional.
A partir de la expedición de la Ley se ha llevado a cabo una serie de avances, entre estos la construcción del Plan Especial de Salvaguardia y el Paisaje Cultural Bicheros, dos documentos que están próximos a firmarse.
Asimismo, se han hecho talleres de formación en construcción de marca de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el INVIMA son los responsables de concretar el borrador del decreto reglamentario que busca otorgar a este producto, específicamente, su cualidad territorial étnica.
Raúl Alejandro Delgado, asesor del despacho de la viceministra de cultura Adriana Molano Arenas, cuenta en entrevista exclusiva para Consonante los retos después de dos años de haber sido propuesta la Ley.
Consonante: ¿Cómo ha sido el proceso de divulgación de la Ley del V(b)iche para las y los productores territoriales?
Raúl Alejandro Delgado: La relación con los productores y productoras de v(b)iche ha sido en dos vías: por un lado, el diálogo y el trabajo que se ha realizado con los delegados del Chocó (en este caso con Jackson Ramírez y Ana María Martínez, y dos más) que hacen parte del Comité Interinstitucional. Ellos son los encargados de dinamizar la implementación de la Ley, liderar el proceso participativo y socializar lo que se vaya determinando.
Por otro lado, el Ministerio de Cultura, al menos en este gobierno actual, ha propuesto ampliar la participación desde la Dirección de Poblaciones. En el 2022 se realizaron cinco encuentros con productores y productoras, de los cuales dos se realizaron en Chocó; uno en Boca de Amé y el otro en Novita, con el fin de que quienes producen la bebida conozcan el contenido normativo y sepan cuáles son las implicaciones.
C.: ¿Cuáles son esas implicaciones?
R.A.D.: Son varios los retos que estamos enfrentando. Cada vez se complejiza más la implementación de la Ley del v(b)iche porque aparecen nuevos actores, intereses, interpretaciones, demandas y cuestionamientos para que el Ministerio de Cultura actúe en una o en otra forma. Entonces la carga administrativa, además de que es bien grande, se robustece cada vez porque al tiempo que se debe ampliar la participación de productores y productoras del v(b)iche, también se tiene que realizar un gran trabajo de articulación intersectorial.
También hay requerimientos a nivel distrital, departamental y/o nacional y nosotros ―como Ministerio― procuramos responder de la mejor manera. Vemos vacíos jurídicos, también, y eso ha sido bastante complejo porque los ajustes institucionales, para poder responder a la carga de trabajo alrededor de los asuntos del v(b)iche, no depende de una sola institución pública.
El otro gran reto es ampliar la participación, hacer pedagogía, defender la tradición y proteger a los productores y las productoras. No es un secreto que existen los más variados intereses alrededor y no todos están encaminados a proteger la tradición o a honrarla, como dice la Ley.
También está el asunto de la concertación que teníamos que realizar para que el decreto reglamentario que expide el Ministerio de Salud con el INVIMA y el Ministerio de Cultura no perjudique a las y los productores, es decir, que se mantenga el carácter tradicional del v(b)iche y se evite la industrialización comercial y no territorial. No ha sido fácil.
C.: ¿Cuál sería el rol de los consejos comunitarios ―tan mencionados en la Ley del v(b)iche― para el proceso de caracterización y divulgación?
R.A.D.: Nuestro propósito fundamental, además de ampliar la participación, ha sido, efectivamente, involucrar a los consejos comunitarios. Cuando realizamos los encuentros lo primero que buscamos fue que las autoridades territoriales estuvieran presentes y estas son, básicamente, los consejos comunitarios. Corroboramos que no fueron tenidos en cuenta en los procesos de la pre y posterior Cumbre V(b)ichera, entonces, al ser las máximas autoridades territoriales en estos lugares, claro que merecen y tienen que estar al tanto de lo que se defina para la implementación de la Ley del v(b)iche.
Institucionalmente creemos que los consejos comunitarios tendrían que dinamizar las acciones en favor de los productores y las productoras y, seguramente, van a tener que ver con la certificación y la regulación de procedencia del v(b)iche, entre otras. Al ser las máximas autoridades territoriales entendemos que son idóneas para dar cuenta quién es productora o productor originario.
C.: ¿Cómo se puede regular la comercialización del v(b)iche, ya que hay empresas que no tienen nada que ver con la tradición y están comercializando? Además, son las que mayores beneficios reciben, pero los y las productoras no se benefician directamente como propone la Ley…
R.A.D.: Ese es otro de los vacíos existentes para la implementación. Es cierto… Nos referimos a la protección de la tradición y la definición de quiénes serían productores y productoras de v(b)iche, pero la Ley no especifica concretamente lo relacionado con la regulación de los registros de marcas, por ejemplo. Tendríamos que analizar cómo proteger más la producción artesanal y uno de los instrumentos adecuados para ese fin es justamente el Plan Especial de Salvaguardia. Si bien tenemos una base de datos lista, será necesario socializar, definir y concertar algunos aspectos.
C.: ¿Esa base de datos es pública?
Es que están emergiendo marcas que solicitan ante la Superintendencia de Industria y Comercio permiso para realizar esta actividad económica, entonces ese es, sin duda, otro asunto que necesitará ser regulado junto a los productores y productoras tradicionales del v(b)iche.
Hay que ver cómo proceden estas empresas al registrar un negocio de este tipo ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante la Cámara de Comercio, donde suele verse el grado de participación accionaria en estos emprendimientos. Este es uno de los cuellos de botella de la Ley del v(b)iche y que necesitará ser solventado. Lo que sí estamos haciendo es que estamos conectando a los productores y productoras directamente con los establecimientos para que haya un trato directo.
¿Qué es, entonces, lo que hace falta para reglamentar por fin la Ley?
R.A.D.: Lo más urgente es el registro sanitario con categoría artesanal étnica. Ese es el principal reto y no es menor porque implica una confección diferente a la industrial, o al menos eso propone la teoría. Ese borrador de decreto ya existe pero nuestro llamado de atención ha sido con la concertación, la misma que creemos necesita realizarse en el territorio con experiencias de campo y diálogos específicos con productores y productoras tradicionales para que se atienda una realidad sociocultural y se responda a las características de los lugares donde se produce el v(b)iche.
La Ley está expedida pero no reglamentada y, por eso, cuando hablamos de estos comercios que están ofreciendo el v(b)iche, sabemos que lo hacen, justamente, porque la norma no ha entrado en vigencia.
