Las comunidades ubicadas en Dibulla y Riohacha, en La Guajira, llevan todo el año mirando el terror: en las vías, en las calles, en las casas. En tres ocasiones han aparecido cuerpos calcinados, desmembrados, torturados y dispuestos en sacos y bolsas. Los últimos tres fueron hallados en Tigreras, un corregimiento del centro poblado Pelechúa, en zona rural de Riohacha, el 21 de mayo.
Estos hechos, más el cobro sostenido de extorsiones, citaciones a líderes para imponer “normas de conducta” y la circulación de panfletos amenazantes llevó a que la Defensoría del Pueblo emitiera una Alerta Temprana de Inminencia en junio. El motivo de la violencia es, según la entidad, la disputa territorial, establecida entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada -. ACSN, y el Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC por el control territorial de la Troncal del Caribe, y de áreas circundantes a esta”. De hecho, tres miembros de la Defensoría han sido asesinados en La Guajira entre julio de 2022 y septiembre de 2023: Raúl Rosales Blanquicet, Néstor Enrique Martínez Brito y Freddy Enrique Rhenals Coronado.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) se ha expandido en el departamento y ha disputado el control de varias zonas al Clan del Golfo o Agc dejando asesinatos, masacres y amenazas a líderes del territorio guajiro, pero, según afirman defensores de derechos humanos y líderes sociales esto no ha sido suficiente para que el Estado atienda a la población. A esto se suma que las Agc han hecho lo mismo. Denuncias de la Plataforma de Defensores de la Sierra Nevada dan cuenta de combates entre este grupo y las Acsn entre Aracataca y Fundación.
Hace dos semanas, el 11 y 12 de septiembre, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta instalando un diálogo comunitario llamado “Misión Paz” en el territorio, según informaron en un comunicado, para “escuchar a la población y fortalecer las iniciativas de construcción de paz de las comunidades”. El encuentro, que sonó en los medios del Magdalena, pasó inadvertido en La Guajira, pues ningún líder u organización de este departamento fue invitado.
En ese mismo espacio, al que asistieron líderes comunales, la iglesia, la Onu y abogados de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn, antes conocidas como los “pachenca”), Rueda anunció que dialogará con las Acsn, aunque no hay ninguna ley o decreto que establezca qué se puede negociar y qué no. “El proceso va a iniciar de forma privada, sin marco jurídico por ahora, pero con testigos”, dijo. Esto porque la Fiscalía no puede levantar órdenes de captura mientras no haya marco legal para el diálogo.
La violencia se extiende a San Juan del Cesar
La acción de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada no solo es en la Troncal del Caribe. En San Juan del Cesar la población lleva más de un año recibiendo panfletos amenazantes y se han registrado seis asesinatos selectivos. Además, en corregimientos como Zambrano y Villa del Río se han presentado hombres, vestidos de civil, que se acercan a las personas que antes han aparecido en los panfletos para reiterar las amenazas. Varios jóvenes y al menos dos familias enteras se han desplazado.
“El avance que ellos (Acsn) habían tenido para llegar a San Juan del Cesar, a Urumita y al sur de La Guajira no les fue posible y tuvieron que retroceder y fortalecerse en Guachaca, Cuestecitas y Riohacha. En el corredor del carbón tienen una base en Pelechúa y todo un dominio hasta el puente del doctor en Santa Marta, en límites con Ciénaga, donde ya están las Agc”, explica Lerber Dimas. Ahora, los pobladores han informado que estos grupos se han encontrado en la región entre Aracataca y Fundación, al suroeste de la Sierra Nevada.
Ahora mismo, según la información de la Plataforma, la configuración territorial está así: Maicao sigue siendo controlado por guerrillas (Eln y disidencias de las Farc), mientras que desde Uribia hacia el sur de La Guajira y hasta el Cesar hay presencia del Clan del Golfo o Agc. En la troncal del Caribe y Riohacha están las Autodefensas Conquistadores.
La arremetida de estos grupos dejó graves consecuencias para los liderazgos sociales. La Pdhal tiene registros de una líder amenazada en Mariangola (Valledupar), dos en San Juan del Cesar y dos más en Fonseca. Esto ha sido a través de panfletos, mensajes de texto y llamadas. "Tenemos una preocupación grande, pero no hemos hecho mucho eco porque ellos no han querido que lo denunciemos, porque los líderes dicen: lo resolvemos nosotros mismos. Han tenido que quedarse callados y prácticamente ponerse de rodillas", explica Dimas.
"No hemos hecho mucho eco de las amenazas porque los líderes no han querido que lo denunciemos, dicen: lo resolvemos nosotros mismos. Han tenido que quedarse callados"
Lerber Dimas
Los reparos a la Misión Paz
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) llegó a la región un año después de que se puso en marcha la política de paz total, aunque líderes de la Sierra habían pedido ser escuchados.
Epimelio Bolívar, dirigente de la organización social del pueblo indígena wiwa, participó del encuentro porque desde el pueblo querían conocer la propuesta del gobierno. “Pudimos dialogar y vemos el tema positivo. Queremos lograr una paz dentro del territorio, y qué bueno sentarnos a conversar entre nosotros mismos para un beneficio real de la población”, explica. Bolívar, sin embargo, aclara que lo ven como “un primer paso”, pues el comisionado Danilo Rueda no se refirió a cómo participará la gente en los diálogos, si es que es posible. “Esperamos ser parte de esto”, afirma.
El vacío en la participación de las comunidades revela lo que falta en el proceso: no está claro cómo van a participar, pues no hay una figura jurídica para sostener el proceso con las autodefensas, ya sean Agc o Acsn.
- Sin ley de sometimiento ni reglas claras
El 31 de diciembre de 2022 el presidente Gustavo Petro anunció ceses al fuego con cinco grupos armados, entre esos el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores. Para estos ceses, sin embargo, no se establecieron protocolos para definir, por ejemplo, cuáles acciones estaban permitidas y cuáles no, o quiénes y cómo se verificaría el cumplimiento. El cese con el primer grupo se rompió tras un ataque a la Fuerza Pública en medio de un paro minero en Antioquia, y, en teoría, el cese sigue vigente con las Acsn. Sin embargo, el proceso de acercamientos y diálogo no ha tenido avances con ninguno de los dos.
Por un lado, estos grupos paramilitares han pedido al gobierno que les reconozca un estatus político, lo que les daría la posibilidad de establecer una negociación de paz. Pero el gobierno no los reconoce de esa manera, sino como estructuras organizadas de crimen de alto impacto. “La ley 2272 divide los caminos por los cuales se puede incluir a un grupo para llegar a su eventual desarme. El primero es la negociación de paz, que solo se le ofrece a los grupos que cuentan con el estatus político, que en los términos del gobierno son los grupos que tienen como objetivo alterar o derrocar el orden institucional”, explica Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. Luego, están las estructuras que no tienen ese objetivo, pero pueden controlar territorio y hacer daño. “Para estas estructuras el camino es el sometimiento a la justicia”, aclara.
Como la negociación no parece ser un camino, el gobierno debería presentar una ley de sometimiento en la que se detalle, por ejemplo, cuáles serán las penas que pagarán los miembros de los grupos, cómo repararán a las víctimas o si conservarán algunos de sus bienes. El gobierno radicó esta ley el 15 de marzo, pero el Congreso no la discutió en la legislatura que estaba vigente. Para la legislatura actual, el presidente ha hablado de una “ley de reconciliación”, pero esta no se conoce. Además, los grupos han insistido en que no se someterán a una ley que no se haya conversado con ellos.
Para Mauricio Valencia, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, es grave que el Estado empiece conversaciones con un grupo armado, en este caso con las Autodefensas Conquistadores, sin tener un piso jurídico porque “da pie para que de alguna manera los acuerdos a los que se lleguen sean muy etéreos, que no se puedan materializar en acciones concretas, y a su vez eso genere falsas expectativas, sobre todo cuando se está empezando un acercamiento con las comunidades campesinas e indígenas que han depositado sus expectativas de alivios en el territorio en estos acercamientos con los grupos armados”.
Además, según Valencia, esto puede minar la legitimidad de los procesos en la medida en que los diálogos no se materialicen en acciones de sometimiento o desarme. Pero no solo eso. Hay riesgos de que aumente la violencia, especialmente con el Clan del Golfo. "Cuando un grupo armado va a negociar con el Estado lo hace sobre la base de que se encuentra disminuido en su capacidad logística y militar. Sin embargo, en este momento (el Clan) se encuentra muy fuerte. Si yo estoy fuerte, ¿por qué tengo que negociar si tengo el mayor control territorial del país? Lo que hacen muchas veces, por no decir siempre, es demostrar su fuerza a partir del incremento de acciones armadas de cara a estos acercamientos".
- Participación a medias y sin garantías
"Se han venido ejerciendo presiones de las Acsn sobre la gente en varias zonas de la Sierra para, a su vez, presionar al gobierno frente a lo que consideran ellos que debe plantearse en el acuerdo", afirma María Cedeño, secretaria general del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización que trabaja con líderes y organizaciones de la región. “Ellos han venido creando organizaciones como para demostrar que hay un escenario en el que tienen el apoyo de la población civil, e incluso han generado recursos para las juntas de acción comunal. Incluso nos han hablado de que están obligando a apoyar a ciertos candidatos”, agrega.
"Se han venido ejerciendo presiones de las Acsn sobre la gente en varias zonas de la Sierra para, a su vez, presionar al gobierno frente a lo que consideran ellos que debe plantearse en el acuerdo"
María Cedeño
Lerber Dimas confirma la coacción de los grupos armados. “Es importante que las organizaciones sociales estén dentro de estos procesos, pero las organizaciones no son las juntas de acciones comunales de las veredas donde están los actores armados. En los territorios paramilitarizados no es posible que existan los liderazgos que no estén comprometidos. Las decisiones que tomen los líderes allí de una u otra manera van a pasar por manos de los grupos paramilitares”, afirma. “Esto tiene que entenderlo el alto comisionado”, agrega.
Líderes campesinos de La Guajira e indígenas del pueblo kankuamo consultados por Consonante no supieron sobre este encuentro, pero sí quieren participar. Sobre todo, porque insisten en la necesidad de que los grupos salgan de sus territorios.
Sin embargo, aún no es claro cómo funcionará la Misión Paz. Un comunicado de la Oacp afirma que habrá presencia permanente en el territorio para escuchar a la población y fortalecer las iniciativas de construcción de paz, pero no dice cómo ni cuáles acciones adelantarán.
A esto se suma que hay miedo entre los líderes que han quedado en la disputa entre las Agc y las Acsn, y no existe ningún monitoreo sobre estas acciones. En municipios como San Juan del Cesar o Fonseca, donde están las Agc, la población sigue esperando que pase algo en el proceso con este grupo. Pero la información es nula. Aún así, la población no desiste en su anhelo de paz.
