El 9 de abril de 2025, en el auditorio de la Institución Educativa Corazón de María del municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, se vivió una jornada de tensión, expectativas y reclamos. La reunión, convocada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), tenía un propósito claro: socializar con la comunidad el proceso de posible firma de un nuevo contrato de concesión minera entre el Estado colombiano y la empresa Miner S.A. para la explotación del proyecto El Roble, la única mina de cobre metálico activa del país.
Con un auditorio abarrotado por líderes sociales, representantes indígenas, organizaciones campesinas, ambientalistas, trabajadores de la mina y funcionarios públicos, el evento sirvió como un termómetro de las fracturas que atraviesan al territorio.
La historia minera de El Carmen de Atrato, de más de tres décadas, ha dejado una huella profunda en su paisaje, su economía y sus comunidades. Sin embargo, para muchos habitantes, los beneficios prometidos no han llegado, y la desconfianza frente a este nuevo contrato es palpable.
La Agencia Nacional de Minería explicó que el nuevo contrato se encuentra en una etapa precontractual. Según la entidad, este surge como respuesta a un laudo arbitral internacional fallado en contra del Estado colombiano, que obliga a habilitar nuevamente la operación minera. De ahí la urgencia de regularizar la situación jurídica de Miner S.A., una empresa que, pese a no contar con un contrato vigente, ha seguido explotando el yacimiento de El Roble con amparos judiciales.
La propuesta de nuevo contrato plantea una duración de 15 años, prorrogables, con compromisos específicos en materia de regalías, empleo local, inversión social y cumplimiento ambiental. Sin embargo, para muchos sectores presentes en la reunión, la socialización fue más una formalidad que un espacio real de participación.
Intervenciones institucionales y comunitarias
En la mesa principal se sentaron representantes de la ANM, la Alcaldía de El Carmen de Atrato, la Gobernación del Chocó y la Procuraduría Ambiental. Desde estos espacios se reiteró la importancia del proyecto para la generación de empleo y la dinamización de la economía local. Jaime Arturo Herrera, alcalde del municipio, celebró la posibilidad de aumentar los recursos de regalías: “Pasar del 20% al 41% en ingresos por regalías sería un logro histórico para nuestro pueblo. Necesitamos vías, salud, educación”.
Pero la mayoría de intervenciones desde el público pusieron en duda ese optimismo. Una tras otra, las voces comunitarias reclamaron una participación real en las decisiones que afectan al territorio.
Javier Arrieta, líder de la Mesa Indígena Departamental, expresó con firmeza la exclusión histórica del movimiento indígena: “Como pueblos indígenas no nos sentimos apoyados, ni siquiera con las regalías que llegan a los municipios. Esperamos que en este nuevo contrato se pueda cambiar esta situación”.
Arrieta pidió que el contrato contemple la contratación y cualificación de personal indígena, así como inversiones concretas en educación y mejoramiento de vías en sus territorios. “Los afectados somos los pueblos indígenas. Que el apoyo en educación llegue a nuestras comunidades, que se arreglen las vías en nuestros pueblos”, subrayó.
La voz del campesinado y los olvidos estructurales
Marcela Sánchez, vocera de la Plataforma del Campesinado de El Carmen de Atrato, alzó la voz con contundencia. Denunció la exclusión de los campesinos en el proceso de socialización y en las decisiones sobre el nuevo contrato. Su intervención fue una radiografía crítica del papel del Estado frente a los territorios bioculturales del Chocó.
“¿Dónde quedó el discurso sobre el Chocó biogeográfico, sobre nuestros ríos y montañas exuberantes?”, preguntó. “Ahora se buscan vetas de minerales donde estamos las comunidades. Hoy reivindico al campesinado carmeleño que ni siquiera fue mencionado en este escenario, pese a ser de los más afectados”.
Sánchez también cuestionó la coherencia del Gobierno Nacional y la legalidad del proceso. Recordó que el laudo arbitral que motiva el nuevo contrato fue impulsado no por una institución, sino por un ciudadano —Darío Cújar—, y que las reformas estructurales para redistribuir los recursos siguen estancadas en el Congreso.
“Nos dicen que va a llegar más dinero, pero eso está regulado por una ley nacional. ¿Quién asegura que llegue a nuestras comunidades?”, sentenció.
Reclamos desde la Mesa Social Ambiental
Ramon Cartagena, integrante de la Mesa Social Ambiental, fue enfático en que este proceso no puede seguir siendo una simple socialización. Pidió a la ANM un nuevo espacio de concertación con garantías de participación real, tiempos equitativos y presencia de todas las voces del territorio. “Esto no puede ser una imposición. Se necesita diálogo verdadero entre las partes, no una exposición unilateral del Estado o la empresa”.
Cartagena insistió en que la participación ciudadana debe ser previa, libre e informada, tal como lo exige la Resolución 1099 de 2023 que rige los procesos de concesión minera en Colombia.
Junto a las organizaciones sociales, el sindicato minero apoyó las voces de protesta. Durante la jornada, representantes leyeron fragmentos del documento que presentaron oficialmente a la ANM ese mismo día, acompañado por un informe del Centro Sociojurídico Siembra sobre los incumplimientos contractuales y ambientales de la empresa Miner S.A.
El sindicato aboga por que se firme un nuevo contrato que garantice estabilidad laboral a los trabajadores actuales y el pago de salarios atrasados. Para ellos, cerrar la mina o frenar la operación generaría un caos económico para las familias que dependen de este ingreso.
Pero más allá del empleo, está en juego la protección del territorio. Varias organizaciones recordaron que la mina El Roble se encuentra dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Cuenca Alta del Río Atrato, una figura de protección ambiental que choca con los intereses extractivos. También está vigente la Sentencia T-622 de 2016 que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, lo que implica una obligación estatal de proteger su integridad ecológica.
A esto se suma la Ley Segunda de 1959, que protege zonas forestales estratégicas, y los procesos de restitución de tierras que aún están activos en la región. “¿Cómo garantizar que este contrato no vulnera estos marcos jurídicos?”, preguntaron los asistentes.
El dilema de la inversión comunitaria
Uno de los temas más polémicos es el de la inversión comunitaria. Las organizaciones se preguntan quién definirá en qué se invierte y cómo se garantiza que los recursos lleguen realmente a las comunidades, y no se queden en manos de intermediarios o élites locales. Hasta ahora, la empresa Miner S.A. no ha ejecutado proyectos de alto impacto en la zona, pese a más de 30 años de operación.
“El Carmen de Atrato sigue estando entre los municipios con mayores índices de pobreza extrema en Colombia”, recordó uno de los líderes. “¿De qué han servido las regalías si seguimos sin hospitales adecuados, sin carreteras, sin escuelas en condiciones dignas?”.
Una comunidad dividida y una decisión pendiente
El encuentro del 9 de abril dejó claro que la comunidad está dividida. Por un lado, trabajadores y proveedores de la mina apoyan la continuidad del proyecto, en defensa de su sustento. Por otro lado, líderes indígenas, campesinos, ambientalistas y defensores de derechos humanos exigen un nuevo modelo de desarrollo, más allá de la minería.
Aún no se ha firmado el contrato, y la ANM deberá evaluar las observaciones presentadas por las organizaciones. Queda en el aire la posibilidad de realizar una consulta previa, como lo exigen los tratados internacionales ratificados por Colombia cuando se afectan pueblos étnicos.
También sigue sin resolverse la posible integración de títulos mineros, la definición del esquema de inversión social y el cumplimiento de normas ambientales, territoriales y de restitución de tierras.
¿Y ahora qué?
El futuro del proyecto El Roble está en suspenso. El Gobierno Nacional tendrá que tomar una decisión que no solo involucra temas técnicos o económicos, sino éticos y sociales. Firmar un nuevo contrato sin garantizar una participación efectiva de las comunidades sería repetir errores del pasado.
Este caso es un espejo de lo que ocurre en muchas regiones del país: tensiones entre institucionalidad, comunidades, empresas y medioambiente. Una historia de recursos que llegan al centro y de voces que resisten en la periferia.
El Carmen de Atrato, con su biodiversidad exuberante y su gente resiliente, merece un futuro más justo. Uno en el que la minería no sea sinónimo de imposición, sino de acuerdos construidos desde abajo, con respeto por el territorio y por quienes lo habitan.
