La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que no aceptaba el ingreso de Rodrigo Tovar Pupo, conocido en la guerra como “Jorge 40” al tribunal. El argumento central de los magistrados es que Tovar no demostró voluntad de aportar a la verdad que, como comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), podía dar a sus víctimas.
Esta decisión, tomada el 15 de mayo, sucede tres meses y medio después de la audiencia única de verdad a la que asistió Tovar en Ibagué, la ciudad en la que está ubicada la cárcel de Picaleña, donde cumple una condena de 40 años. Las víctimas y la JEP esperaban que durante los dos días que tardó la diligencia, el exjefe paramilitar explicara cómo fue su colaboración con las Auc antes de incorporarse a este grupo y cómo trabajó de la mano de la Fuerza Pública como jefe del Bloque Norte. Sin embargo, se limitó a narrar su infancia, su juventud y algunas colaboraciones con el grupo armado, sin mencionar nombres, alianzas ni hechos concretos.
La decisión de la JEP
Durante la audiencia, la magistrada Sandra Jeanette Castro llamó a “Jorge 40” a responder al cuestionario que planteó la Sala de Apelación, pero este no lo hizo. Después, le dio un plazo de 15 días hábiles para enviar a la JEP el orden en el cual abordaría las preguntas del cuestionario y cuáles serían los aportes que haría. Ese plazo venció el 20 de febrero, pero el documento nunca llegó al tribunal.
“Por haber incumplido el señor Rodrigo Tovar Pupo la obligación de aportar verdad plena, lo que evidencia su falta de voluntad ante esta justicia transicional de resarcir los daños causados a las víctimas y a la sociedad, y siendo evidente la ausencia o deficiente presentación de su CCCP (...) la Subsala (...) rechazará su sometimiento y ordenará su exclusión de la JEP”, dice la Resolución 1508 del 15 de mayo de 2023.
Aunque esta decisión se puede apelar, el escenario judicial con el que por el momento queda Tovar es la justicia ordinaria, pues antes ya había sido expulsado de Justicia y Paz por no aportar verdad. Para las víctimas de San Juan del cesar, esta decisión significa perder la última esperanza de responder a decenas de preguntas que tienen desde hace 20 años. Sin embargo, respaldan a la JEP, pues consideran que la actuación del exparamilitar fue una burla.
¿Qué opinan las víctimas?
Juya, una mujer wiwa que contó su historia a Consonante y pidió cambiar su nombre por motivos de seguridad, se enteró de la decisión de la JEP en la tarde del 15 de mayo, y sintió alivio. “Yo sentí que Dios miró a las víctimas, porque él (Jorge 40) en ningún momento contó nada sobre su actuar como comandante de las autodefensas. Habló de sus ideales, de cuando empezó, pero no sobre la participación directa que tuvo en las masacres, en los muertos, en el dolor en San Juan del Cesar”, afirma. Ella fue una de las víctimas que vio la audiencia y, desde ese mismo momento, perdió la esperanza de conocer por qué el Bloque Norte cometió tantos asesinatos, como el de su esposo. "Yo nunca he tenido esa fe en que va a llegar la verdad, pero él sí perdió los escenarios propicios para obtener un perdón de nosotros como víctimas. Se pierde la esperanza de escuchar esa verdad, el por qué dio las órdenes de ejecución”.
"Yo nunca he tenido esa fe en que va a llegar la verdad, pero él sí perdió los escenarios propicios para obtener un perdón de nosotros como víctimas"
Juya, víctima del Bloque Norte
Eso mismo piensa un líder de la zona rural de San Juan, quien también prefiere resguardar su nombre porque en el municipio hay presencia de grupos paramilitares y teme “que lo señalen a uno de estar removiendo cosas en contra de ellos”. “Él no tiene voluntad de verdad, esa es la gran realidad. En nuestra región hizo tantas masacres que todavía nos sentimos dolidos, pero de pronto quiere una rebaja de penas mientras nosotros seguimos con el mismo dolor”, dice con impotencia. “Es preocupante que se quede callado, porque las víctimas lo que quieren es una aclaración, que él asuma la responsabilidad, que diga la verdad”, agrega.
El pueblo wiwa, uno de los más afectados por la violencia con la que actuó el Bloque Norte, también esperaba conocer el detalle de por qué ese grupo se ensañó con ellos. Pedro Loperena, autoridad tradicional y consejero de derechos humanos, califica la situación en la que se encuentran como “impunidad total”, pues aunque Tovar esté preso, no ha contado los vínculos que hicieron posible la violencia. “Ese señor conoce muchas verdades. Conoce por qué fueron asesinados muchos miembros del pueblo wiwa sin razón, por qué hicieron la represa del río Ranchería cuando los paras hacían sus retenes ahí mismo, sabe quienes fueron los autores intelectuales y políticos que estaban interesados en sacarnos del territorio”, explica.
La lectura que Loperena hace es que Tovar sigue teniendo poder. “Da la impresión de que con el silencio domina más, dice más que hablando, tiene más poder. Parece que con el silencio reina y domina a quienes lo financiaron”.
“Da la impresión de que con el silencio domina más, dice más que hablando, tiene más poder. Parece que con el silencio reina y domina a quienes lo financiaron”
Pedro Loperena, autoridad tradicional del pueblo wiwa
Lo que sigue
Rodrigo Tovar puede apelar la decisión de la JEP, sin embargo, durante la audiencia de enero dijo que en este tribunal tampoco tenía garantías y que sabía que ese no era su lugar.
Si lo hace, y mientras la JEP revise su decisión, seguirá los procesos en la justicia ordinaria. Pero las víctimas no confían en este tribunal, pues durante el conflicto vieron cómo la información que entregaban a la Fiscalía llegaba a manos de los paramilitares. Por esto, muchas decidieron no continuar la exigencia de justicia y desvincularse de los procesos. Ahora, cuando en el municipio circulan panfletos a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (un grupo paramilitar que nació con la desmovilización de las Auc) y hombres armados han visitado varios corregimientos, prefieren continuar al margen.Las oportunidades de obtener la verdad parecen nulas. Aún así, Loperena cree que con las contribuciones que hizo el excomandante de las Auc Salvatore Mancuso y que involucran a Tovar y a políticos de la región, tal vez haya una ventana para conocer algunas alianzas criminales. De igual forma, espera que los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra indígenas wiwa cuenten cómo estuvieron aliados con los paramilitares.
