Durante la segunda mitad de septiembre, en San Vicente del Caguán se vivió un pulso decisivo por el futuro presupuestal del municipio, una tensión que alcanzó su punto más alto el pasado jueves 2 de octubre en el Concejo municipal. Ese día se resolvería la incógnita que tenía dividido al pueblo: ¿debía el municipio endeudarse para cumplir proyectos priorizados por la Alcaldía?
Entre los ojos atentos de los asistentes y las pancartas de la comunidad que pedían a los concejales velar por el bienestar del pueblo, la discusión se resolvió en poco tiempo. Pero no fue gracias a un consenso entre los funcionarios, sino porque la Alcaldía dio un paso atrás.
Durante semanas, la administración municipal había sostenido que la única forma de financiar varios proyectos urgentes para la comunidad —en transporte, minas y energía, deporte y recreación, y gobierno territorial— era a través de un millonario préstamo ante entidades financieras, con el compromiso de pagar ese dinero más intereses en un plazo definido.
Fue así como el pasado 16 de septiembre el alcalde de los sanvicentunos, Luis Trujillo Osorio, presentó el proyecto de acuerdo No. 014 ante el Concejo municipal, buscando la aprobación de un endeudamiento a 10 años para ejecutar proyectos de inversión alineados con su Plan de Desarrollo: Trabajamos y Servimos al Caguán 2024–2027.
El préstamo ascendía inicialmente a la cifra de $12.000 millones de pesos para obras que van desde la compra de maquinaria amarilla para el mantenimiento de las vías y la electrificación rural, hasta la construcción de escenarios deportivos y la instalación de paneles solares. Sin embargo, con el paso de los días, la cifra fue modificándose, lo que dejó en evidencia problemas de planeación en la justificación de los proyectos que se pretendían financiar con el empréstito.
Los análisis y proyecciones financieras presentadas por la Alcaldía sostenían que el endeudamiento propuesto era manejable y sostenible, pues el municipio contaba con una adecuada capacidad de pago para asumir esta nueva obligación financiera. Sin embargo, dentro del Concejo surgieron voces críticas que cuestionaron la necesidad del empréstito y señalaron que las obras podrían financiarse a través de otras fuentes del Estado, siempre que la administración gestionara de manera efectiva recursos ante los niveles departamental y nacional.
De los 15 concejales que representan al municipio, cuatro se opusieron al proyecto desde el inicio. Tras varios debates, la decisión final debía tomarse el pasado 2 de octubre, pero el alcalde optó por retirar la propuesta. Argumentó que atendía el llamado de los concejales y de la comunidad para insistir en la búsqueda de otras alternativas de financiación. No obstante, varios sectores consideran que el ente territorial podría presentar un nuevo proyecto de acuerdo más adelante.
Ante las dudas generadas, los impasses que podría traer este proyecto al municipio y la posibilidad de una nueva discusión de endeudamiento hacia futuro, Consonante le explica de qué trató esta pretensión del ente territorial.
¿Qué buscaba la administración municipal con esta deuda?
La primera versión del proyecto de acuerdo fue presentada ante el Concejo municipal el pasado 16 de septiembre. El préstamo contemplaba un valor total de $12.000 millones de pesos, con los que la Alcaldía buscaba comprar maquinaria amarilla ($3.000 millones), adecuar la infraestructura deportiva ($5.722 millones), realizar un puente peatonal colgante ($149.966 millones), construir un albergue animal ($1.597 millones), instalar redes eléctricas del campo ($1.430 millones) y dotar de energía solar a escuelas rurales ($98.994 millones).
La administración municipal justificaba cada componente del empréstito con distintos argumentos. La adquisición de maquinaria amarilla buscaba el mejoramiento de las vías terciarias y el arreglo de las vías urbanas. El mantenimiento del puente peatonal colgante, según la Alcaldía, tenía como propósito “promover la conservación de equipamientos que marcan la historia del municipio y crean memoria colectiva”. La instalación de una red de tensión junto con una solución solar fotovoltaica “apunta a la ampliación de la prestación de los servicios públicos en las zonas no interconectadas del municipio”. Con el mejoramiento de los escenarios deportivos, se esperaba “mejorar la calidad y el estado de salud de la comunidad sanvicentuna”. Finalmente, la construcción del albergue municipal para fauna “aportará a la prestación adecuada de servicios a la población animal del municipio”.
Sin embargo, durante las sesiones del Concejo se advirtieron irregularidades en los proyectos que buscaba financiar la administración local con esta apuesta de endeudamiento. Así lo señaló la concejal Cielo Barrera en una alocución en la que presentó un concepto de la Confederación Nacional de Concejales de Colombia (Fenacont) a la que le habían consultado sobre la compra de maquinaria amarilla a través de un crédito como este. La respuesta fue clara: según la jurisprudencia está prohibido.
Se trata de una sentencia de 2022 proferida por el Tribunal Superior de Boyacá, en la que, en un caso similar, precisó que las administraciones municipal no pueden endeudarse para la compra de estas maquinarias, pues los recursos provenientes de las operaciones de crédito deben destinarse, por regla general, a financiar gastos de inversión.
Para el 26 de septiembre, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Desarrollo del Concejo municipal aprobaron, con 8 de 10 votos, el proyecto para que fuera discutido en plenaria, pero retirando lo relacionado con la compra de maquinaria amarilla. En su versión modificada, el documento buscaba facultar al alcalde para gestionar un crédito público por 9.000 millones de pesos.
El préstamo a 10 años, sumaba un valor de $6.518.018.098 en intereses, lo que eleva el servicio total de la deuda a $15.518.018.098 aproximadamente. Además, los dos primeros años solo se iban a efectuar pagos de intereses. Esta medida, según argumentaba la Alcaldía en su propuesta, buscaba optimizar el flujo de caja del municipio en las etapas iniciales del proyecto, posponiendo el pago de capital hasta después de dicho período.
En la sesión del 2 de octubre, donde se discutiría el proyecto, la Alcaldía retiró la solicitud.
¿Qué reacciones se dieron en el Concejo?
Para una concejal que pidió la reserva de su nombre, las necesidades planteadas son reales y se necesitan atender, pero considera que endeudar el municipio no es el camino. “Por ejemplo, no es claro el concepto usado para la construcción de un albergue o clínica animal, porque en la administración anterior ya se hizo un proyecto con esa misma intención”, señala.
Para Cielo Barrera, integrante de la Comisión de Desarrollo, un proyecto de esta magnitud debía ser analizado con mayor detenimiento por la Comisión de Presupuesto, especialmente en lo relacionado con la disponibilidad real de recursos del municipio. “El pueblo es el que paga. El pueblo es el que debe consumir lo que está pagando, y el municipio debe endeudarse en obras de impacto social, como agua potable o una PTAR —Planta de Tratamiento de Aguas Residuales—”, señaló.
Otra concejal, que por seguridad pidió la reserva de su nombre, reconoce que algunos estudios enseñan que el municipio se encuentra apto para endeudarse. “La gente entiende que endeudarse no es malo, como cuando las personas piden préstamos para crecer en sus emprendimientos. El problema no es el endeudamiento, sino la inversión. La deuda generará pagos anuales que limitarán inversiones futuras, pero aún quedará presupuesto para obras”, explica.
Siendo parte de la Comisión de Estudio para este proyecto, Franklin Perez Romero y Jairo Antonio Correa mencionan que su voto positivo al proyecto tenía la intención de que la iniciativa fuera discutida públicamente y se revisara si realmente convenía para el municipio.
¿Endeudar el municipio es la única manera para financiar estos proyectos?
Para muchos, el endeudamiento parece la salida más fácil, pero existen otras alternativas que la administración municipal podría explorar antes de comprometer las finanzas del municipio. “El alcalde está a tiempo de gestionar; le quedan dos años y puede buscar recursos en los ministerios, en el Gobierno nacional o en la Gobernación del departamento. Hemos pedido que muestre qué gestiones ha hecho afuera y cuáles han sido los resultados”, señaló una concejala que prefirió mantener su nombre en reserva. Agregó que “hay que tener en cuenta que la administración saliente dejó $11.000 millones sin ejecutar y no sabemos en qué se han invertido. Además, enfrenta una demanda por presuntos actos de corrupción en 19 contratos, lo cual también es preocupante”.
Para el exconcejal y hoy diputado Wilmar Fierro desde todo punto de vista no es bueno endeudar el municipio. ”Considero que la administración puede direccionar mejor los recursos de libre inversión para algunos de esos proyectos, pero no endeudar, ahora menos en momentos cuando hay un recorte del presupuesto a los departamentos y municipios”, dice.
“Algunos concejales dicen que se debería hacer gestión con la Gobernación del Caquetá o con el Gobierno nacional, pero para que eso funcione hace falta un gobierno que responda. Llevamos casi cuatro años esperando inversión del nivel nacional y no hemos visto mucho avance”, expresa otra concejala que prefirió mantener su nombre en reserva. Añade que “había un recurso para el SENA de $3.000 millones que, al parecer, fue levantado. El alcalde sí ha gestionado, pero si el Gobierno no responde, ¿qué más se puede hacer?”.
¿San Vicente ya había asumido una deuda de este tipo?
Los ciudadanos recuerdan que para el año 1998 se realizó un endeudamiento para la construcción de un acueducto con el alcalde Hernán Cortés, deuda que fue cancelada. También, años atrás, se había presentado un proyecto por la suma de $3.000 millones, pero no fue aprobado por el Concejo del momento. Actualmente no hay créditos activos.
¿Cuál es la capacidad de endeudamiento del municipio?
Según balances de la Alcaldía, a 31 de diciembre de 2024 el Municipio de San Vicente del Caguán no presentaba saldo de deuda pública, los últimos créditos que ha tenido el municipio fueron cancelados en su totalidad.
La secretaria de Hacienda del municipio, Magnolia Rubio Montenegro, certificó que, según los parámetros del artículo 7 de la Ley 358 de 1997, los indicadores de endeudamiento de San Vicente del Caguán son solventes. Esta ley establece una escala tipo semáforo para evaluar el nivel de endeudamiento de las entidades territoriales. Incluso con el proyecto de empréstito por $9.000 millones, la solvencia del municipio se ubicaría en 6,44 por ciento, muy por debajo del umbral del 40 por ciento, lo que mantiene el semáforo en verde.
De igual forma, el indicador de sostenibilidad ascendería a 32,91 por ciento, inferior al límite del 80 por ciento, lo que también refleja una situación financiera favorable y una capacidad de endeudamiento viable.
Los concejales que se mostraban a favor del préstamo coincidieron en que, aunque un endeudamiento de esa magnitud implicaría pagos anuales que podrían limitar futuras inversiones, el municipio aún dispondría de recursos suficientes para ejecutar otras obras.
Varios concejales concuerdan en que las finanzas del municipio son sólidas. Según el presupuesto general de rentas y recursos de capital para 2025, San Vicente del Caguán recibió cerca de $103.000 millones de pesos por asignaciones del Gobierno nacional, más una adición aproximada de $1.400 millones para este año, lo que suma un total de $104.400 millones en promedio. A esto se agregan alrededor de $12.000 millones provenientes de ingresos tributarios por impuesto predial, industria y comercio, además de $12.000 millones en regalías proyectadas para el cuatrienio.
¿Qué dice la gente?
La población sanvicentuna manifestó una profunda inconformidad frente a la propuesta de endeudamiento. Muchos habitantes expresaron su preocupación por las repercusiones económicas que esta deuda generaría en las finanzas municipales, las administraciones futuras y en la calidad de vida de la comunidad, temiendo que los intereses y compromisos adquiridos pudieran afectar proyectos futuros y aumentar la carga fiscal.
Para la Asociación de comerciantes, en representación de todos los gremios del sector productivo, no hay capacidad de endeudamiento. “Un crédito a diez años afecta el flujo de caja futuro y restringe la destinación de recursos durante dos periodos administrativos, generando obligaciones que reducen la capacidad de inversión social en áreas fundamentales como salud, educación, vías y desarrollo rural. Según los indicadores de endeudamiento, se tendrían que pagar cuotas mensuales cercanas a los $145 millones, con un acumulado de intereses del 45 por ciento”, señala el comunicado.
Además, la gente piensa que de asumirse una deuda, que favorece a comunidades específicas, después no va a ser priorizada en otras iniciativas por ser el foco de una inmensa deuda y ver un retorno económico para el municipio. Sin embargo, tras la decisión de retirar el proyecto el pasado jueves, la percepción de la comunidad cambió de forma notable.
Hoy, la mayoría de la comunidad se muestra conforme y satisfecha con el resultado, pues considera que se evitó un posible endeudamiento insostenible y que se respetó la voluntad de la mayoría. Esta reacción positiva refleja la importancia de escuchar la voz de las comunidades y los habitantes de San Vicente del Caguán en la toma de decisiones que afectan directamente su bienestar colectivo.
¿Qué dice el alcalde?
“Quiero manifestarle a quienes desde la oposición han expresado sus diferencias frente al empréstito presentado ante el Consejo municipal que las discrepancias son parte de la democracia, pero es importante recordar que gobernar exige tomar decisiones responsables y pensar en el bienestar colectivo por encima de los intereses políticos”, expresó Luis Trujillo en entrevista con este medio.
Justificó que la Alcaldía planificó el proyecto de endeudamiento para responder a las necesidades de comunidades como Villacarmona y Villalobos donde la inversión municipal ha sido escasa durante varias administraciones, así como la reiterada demanda de los deportistas que pueden invertir en ese sector dentro del municipio. “Nuestro compromiso es con el pueblo, no con los cálculos electorales y el empréstito bien manejado sería una inversión para el futuro de toda una población”, agregó.
A pesar de que no ahondó en las críticas sobre las fallas del proyecto, en especial con lo relacionado a la compra de maquinaria amarilla, sí aclaró que el retiro del proyecto fue una medida temporal. Trujillo aclaró que su administración no ha desistido de perseguir el crédito.
“Nuestro propósito como gobierno municipal es construir consensos y asegurar que cada obra o iniciativa financiada con estos cursos tenga un impacto real, transparente y duradero”, señaló y agregó que, a su parecer, retirar el proyecto fue una “muestra de madurez política”.
