Jackson Colmenares llegó a Inírida en los años 90 y ha trabajado como vendedor ambulante en diferentes partes del país como Arauca y en varios centros de comercio en Venezuela. Desde hace cuatro años vive de manera permanente en la capital de Guainía vendiendo máquinas de afeitar, elementos de cuidado personal, medicinas naturales, gafas correctivas, entre otros productos. Su lugar habitual de trabajo solía ser frente a la catedral del municipio, hasta que fue desalojado por la administración municipal. Desde entonces, se ubica en distintos puntos a distintas horas.
“El alcalde prácticamente nos echó, sobre todo a los cacharreros. Mis ingresos bajaron un 90%, ya que donde me ubico ahora las personas no compran, prefieren los almacenes”, cuenta Colmenares. “Nosotros solo pedimos que nos escuchen y nos alquilen un espacio público, como a los formales”.
Antes de la reubicación de los vendedores ambulantes en Inírida, fijaban sus carritos y puestos desde el puerto hasta el hospital. Durante el día vendían productos de la canasta familiar como plátano, yuca y otros alimentos perecederos; también ofrecían almuerzos y jugos en los separadores. En las noches, el panorama cambiaba: aparecían los puestos de empanadas, carne frita, pasteles rellenos; y en el parque principal se concentraban ventas de helados y comidas variadas, lo que generaba una gran afluencia de personas y, con ello, acumulación de basura en algunas esquinas.
Hoy en día, tras la reubicación ordenada por la administración municipal, esa acumulación de residuos ha desaparecido y la movilidad ha mejorado notablemente. Sin embargo, algunos negocios que funcionaban alrededor del parque —como cafeterías y licoreras— aseguran que sus ventas han bajado por la disminución de flujo comercial en la zona.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizó en 2024 el Censo Económico Nacional Urbano por primera vez, para ofrecer datos detallados sobre la economía de los vendedores ambulantes. Aunque aún se analizan los resultados, ya se conoce que en Inírida el 84,5 por ciento de la población económicamente activa trabaja en la informalidad.
Según la alcaldía, en el área intervenida del centro, se identificaron 148 vendedores informales. Tras la reubicación le ha podido seguir la pista a 100 de ellos, ya que después de la intervención se fueron y no sabe ahora en dónde o a qué se dedican. Aún es un misterio para la entidad el número total de vendedores ambulantes que se rebuscan su sustento en todo el casco urbano.
Recuperando el espacio público, entre tensiones y alabanzas.
Desde la Secretaría de Planeación le explicaron a Consonante que la regulación del espacio público se justifica en el decreto 1777 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en el decreto municipal 061 de 2024, que delimita zonas permitidas y restringidas para el comercio informal en Inírida.
“Un decreto que pretende recuperar el espacio público de nuestra ciudad, un problema álgido que viene padeciendo hace varios años”, expresó Alexander Sánchez, alcalde del municipio, en un video publicado en abril del año pasado por la institución. El funcionario precisó que durante un mes la alcaldía realizaría socializaciones con los vendedores informales y los dueños y arrendadores de locales comerciales sobre la nueva medida.
Después de eso, las autoridades municipales empezaron a prohibir la presencia de vendedores ambulantes en el centro: desde el muelle hasta el hospital. Desde entonces, la Policía empezó a ejercer el control del espacio público con amonestaciones o comparendos y si los vendedores persisten en esta zona, los uniformados pueden aprehender los bienes muebles utilizados para la venta informal.
“No se trata de excluir. Se han habilitado sitios sin costo donde los vendedores pueden registrarse y trabajar”, afirmó Brayan Zambrano, secretario de Planeación. Además, aseguró que la alcaldía está ofertando cursos de manipulación de alimentos y otras formas de apoyo para facilitar la formalización.
Según el decreto, las zonas habilitadas para ejercer este tipo de comercio son cuatro. La primera es en una parte de la bahía del malecón del puerto principal, ubicado en la carrera 2 con calle 15; la segunda, en el parque Flor de Inírida, en el costado sur de la calle 15, entre carrera 6 y 7; la tercera, en una parte de la carrera 8, junto al colegio Luis Carlos Galán; y la cuarta, alrededor del estadio Los Fundadores, por la carrera 8 y en la calle 19.
“Para vendedores ambulantes y semiestacionarios en el horario de 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. de lunes a jueves y el horario 6:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. de viernes a domingos”, precisa el documento.
Un comerciante del centro, que vende cacharros, parlantes y utensilios de cocina, expresó que la ocupación del espacio público por parte de los vendedores ambulantes ha afectado el tránsito de peatones y la competencia comercial.
“Ellos no pagan impuestos ni arriendos, y eso nos pone en desventaja. Hay aceras llenas de productos que impiden el paso. No es justo”, dijo.
Un peatón consultado en el centro opinó que muchas veces prefiere comprar en los puestos ambulantes porque encuentra productos a menor precio que en los almacenes. “En una tienda me cobran el doble o el triple. Para los que vivimos con lo justo, los vendedores ambulantes son una buena alternativa”, comentó.
Para Anderson Urrea, enlace del Ministerio del Trabajo en Inírida, el problema debe verse desde una perspectiva de derechos y no solo desde la normativa del espacio urbano. “El trabajo digno es un derecho humano fundamental. El espacio público no lo es. Los jueces ya han fallado a favor de la dignidad humana frente a estos conflictos”, aseguró.
Con la expedición del Decreto 1527 de 2024 se adoptó una Política Pública de Trabajo Digno y Decente a nivel nacional y el Ministerio del Trabajo quedó encargado de articular lo estipulado con la Ley 1988 de 2019, a través de la cual el Senado dictó lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, el trabajo y a la convivencia en el espacio público. Además, Urrea explicó que desde el Ministerio se está elaborando un documento Conpes que establezca líneas de acción claras, con recursos y estrategias concretas.
“Si los vendedores se formalizan, acceden a seguridad social, dignifican su labor y pueden incluso generar empleo. La solución pasa por implementar una política pública local de trabajo digno y decente que incluya a los trabajadores informales”, expresó Urrea.
El funcionario también destacó que el Ministerio tiene un rol preventivo y de mediación, en coordinación con las alcaldías, para promover el diálogo social y evitar conflictos.
Aunque no existe aún un comité de espacio público, la administración local ha manifestado su voluntad de continuar con mesas de diálogo y proyectos como el Punto de Abastecimiento Solidario (PAS), un crudo proyecto de venta y comida solidaria; y la reactivación de la plaza de mercado, que lleva en construcción desde 2022 con largos dilaciones que han hecho incierta su inauguración. Sin embargo, vendedores como Jackson no se sienten parte de esas decisiones.
“Solo escuchan a los que tienen dinero y locales grandes. A nosotros nunca nos invitan”, concluyó Colmenares.
Aunque muchos vendedores aseguran sentirse desplazados o ignorados, también hay experiencias donde la reubicación ha representado una mejora en las condiciones de trabajo. Un comerciante de comidas rápidas, que prefirió no revelar su nombre, relató que antes de la intervención vendía bajando por la vía principal hacia el centro, en el sector de Palo Chisme, justo al lado del parque, pero las condiciones no eran las mejores.
“Allá era difícil. No podíamos poner sillas porque la vía va en bajada, la gente no se podía sentar bien y a veces pasaban los carros muy cerca”, cuenta. Desde la reubicación realizada el año pasado, ahora tiene su puesto frente al estadio municipal. Desde este nuevo punto, ha tenido mejores condiciones. “Ahora podemos poner mesas y sillas al lado. La gente ya sabe dónde estamos y nos buscan. Las ventas han mejorado”, explicó.
Este testimonio muestra que, cuando se hace con planeación y concertación, la reubicación puede favorecer tanto a los vendedores como al orden del espacio público.
La regulación del espacio público en Inírida no sólo plantea preguntas sobre movilidad y legalidad, sino también sobre equidad, derechos y oportunidades. ¿Puede una ciudad crecer sin cerrar las puertas a quienes viven del rebusque? ¿Es posible que todos compartan el mismo espacio sin desigualdades?
Por ahora, la historia de vendedores como Jackson Colmenares, la de los comerciantes establecidos y la visión institucional del Estado siguen siendo capítulos abiertos de un debate que apenas comienza.
