El 31 de julio quedó radicado en el Congreso el proyecto de Ley Integral de Identidad de Género, que para el movimiento trans y no binario de Colombia es un hito en su historia y su lucha. La iniciativa legislativa tiene un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de las personas con identidades diversas a través de acciones para garantizar los derechos humanos que les han sido negados en el país.
El proyecto de ley es resultado de una juntanza sin precedentes a través de 100 procesos colectivos en los que participaron distintos líderes y lideresas del movimiento. En total se escucharon las voces de más de 1.300 personas trans, travestis y no binarias, activistas independientes, madres, padres y familiares de infancias trans de distintas regiones. El proceso incluyó a personas en la ruralidad, con pertenencia étnica y en condición de discapacidad.
De esta forma, la ley acoge sus principales demandas frente a temas como identidad, salud, educación, trabajo, cultura, recreación y deporte. Además, incluye un capítulo sobre el conflicto armado en el que se proponen medidas para garantizar que sean incluidas en los procesos de reparación y memoria.
En esta entrega de El Explicador, cinco líderes y lideresas trans del Chocó, Caquetá, Cesar, Valle del Cauca y Cundinamarca nos explican los puntos clave y la importancia que tiene esta iniciativa para sus vidas en las regiones.
¿Qué es y qué no es la Ley Integral de Identidad de Género?
En primer lugar, es un proyecto de ley ciudadano. Uno ambicioso, que busca establecer un marco integral para llenar los vacíos legales en la protección de los derechos humanos de las personas trans y no binarias en el país. En ese sentido, consideran que representa un acto de reparación histórica para una población que ha sido —y sigue siendo— vulnerada y discriminada.
“Es una oportunidad para la pobrería del país que se identifica como transgénero o no binaria, para que se establezcan medidas de erradicación de la violencia por ser distintas y se garanticen los derechos que nos han negado”, dice Aurora Iglesias Lara, defensora trans amazónica de Florencia.
Por el contrario, “no es un conjunto de acciones que pretenda privilegiar o incitar a transformaciones corporales o mentales”, precisa Linda Sofia Baquero, mujer trans y coordinadora de Orígenes, organización social de mujeres étnicas afro de Valledupar. “Tampoco buscamos atacar a la familia tradicional, sino reconocer que hay otras formas de organización social”, agrega Christopher Derek, persona transmasculina de Buenaventura.
¿Por qué es importante y necesaria?
Para Lina Quevedo, activista transmasculino y líder de la plataforma Ley Integral Trans, una de las principales razones tiene que ver con los enormes riesgos y peligros que enfrenta la población trans en el país. De acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años, “algo que la humanidad superó en la Edad Media”, asegura Quevedo.
Aunque en Colombia la identidad de género es un derecho constitucional, la realidad es que la violencia contra las personas LGBTIQ+ no se detiene. Este año, 26 personas con orientación sexual e identidad de género diversas han sido asesinadas, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos Caribe Afirmativo. La Defensoría del Pueblo, por su parte, registró 290 casos de violencia entre enero y mayo.
“Tenemos un sistema jurídico con vacíos que necesita ajustes para garantizar nuestros derechos. Es una reparación histórica y un camino hacia la reconciliación con un Estado que, antes de la Constitución de 1991, tenía medidas que criminalizaban las identidades trans. Ya no las tiene, pero al no estar actualizado, sigue generando violencias”, explica Quevedo.
¿A qué se enfrenta exactamente el proyecto de ley?
La iniciativa legislativa deberá ser debatida en el Congreso, que en este tercer año tiene la agenda llena de proyectos. Allí se enfrentará a los partidos más conservadores y al poder del lobby religioso, que suele oponerse radicalmente a las iniciativas de la comunidad LGBTIQ+.
Este año, por ejemplo, la Comisión Primera del Senado hundió por segunda vez un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual. La iniciativa quedó archivada por falta de apoyo y tiempo, luego de que los senadores opositores modificaran el orden del día para evitar que se debatiera. Quevedo explica que esto ocurre, en gran parte, debido a la desinformación que existe alrededor de las identidades de género diversas.
“Nos enfrentamos a un panorama de desinformación sobre las experiencias de vida trans y sobre lo que busca el proyecto. Muchos creen que solicitamos derechos especiales, pero no es así; lo que buscamos es garantizar los derechos humanos que tienen todas las personas”.
Lina Quevedo, sociólogo y activista transmasculino.
¿Cómo podría impactar las vidas de las personas trans en la ruralidad?
Para Aurora Iglesias Lara, defensora trans amazónica de Florencia, es fundamental que se reconozca la existencia de las personas trans en el campo y se garantice su permanencia en los territorios. “En la ruralidad también existimos, pero no podemos ser por toda la violencia social”, dice Iglesias.
“Debemos ser sujetas de protección en la ruralidad, para que, por ejemplo, quienes quieran acceder a la tierra y beneficiarse de la Reforma Rural o participar en la titulación de la tierra, también puedan”, asegura.
En ese sentido, el proyecto de ley plantea promover la inclusión de la población trans en el desarrollo rural y ambiental, así como la creación de lineamientos para asegurar que las políticas agrarias y ambientales tengan en cuenta sus experiencias de vida.
¿Qué propone en materia de salud?
El proyecto busca garantizar el acceso inclusivo a servicios de salud integral, incluyendo la atención médica especializada, los tratamientos de afirmación de género y los servicios de prevención de enfermedades de transmisión sexual y apoyo psicológico.
“Uno va al médico como persona trans y el sistema no lo registra, entonces nos niegan la atención por un asunto burocrático. Yo no he podido hacerme ningún proceso ginecológico porque el sistema no lo permite por ser una persona transmasculina. Eso es muy violento”, considera Christopher Dereck, de Buenaventura.
¿Qué propone en materia de educación?
“Yo era un niño gordo, gafufo, marica y muy estudioso, así que te puedes imaginar los hostigamientos que sufrí en el colegio porque mi expresión de género estaba más cerca de lo femenino que de lo masculino. Era un foco de violencias, persecución y discriminación”, recuerda Linda Sofía Baquero, mujer trans de Valledupar.
Para proteger a las infancias y juventudes, la iniciativa plantea mecanismos para que puedan acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de condiciones. Para esto, proponen medidas de prevención y atención de las violencias, lo que incluye la formación del personal docente para crear entornos seguros y libres de discriminación.
¿Qué propone en materia de trabajo?
La Ley Integral Trans promueve la inclusión laboral de personas con identidades de género diversas, especialmente de las poblaciones más vulnerables. La iniciativa busca que las políticas públicas y de empleo contemplen capacitaciones, asesorías e incentivos para las empresas que deseen contratar personas trans. También establece medidas para prohibir cualquier forma de discriminación en este campo.
“A nosotras se nos ha permitido ocupar sobre todo los espacios de trabajo sexual y belleza, y pasa que cuando estamos puteando nos matan y cuando intentamos salir adelante en la peluquería tenemos que pagar vacunas. Necesitamos poder acceder también a otros espacios laborales”.
María Victoria Palacios, mujer trans afro y directora de Latidos Chocó, organización que acompaña y asesora a las personas LGBTIQ+ en esta región.
¿Qué propone en materia de reparación?
La plataforma reconoce que las personas con identidades de género diversas han sido discriminadas y excluidas sistemáticamente por la sociedad y el Estado. Por eso, como una forma de reparación, propone la implementación de políticas que aseguren la igualdad y no discriminación en el presente y futuro.
Además, en un país que ha vivido un conflicto armado prolongado, estas medidas se conectan con un marco más amplio de justicia y reparación para las víctimas, para que estas se integren mejor a los procesos de paz.
“Es un reforzamiento constitucional frente a hechos victimizantes y a procesos de victimización en el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Fuimos unas de las poblaciones más violentadas, atacadas, borradas y aniquiladas”, asegura Aurora Iglesias Lara, defensora trans amazónica de Florencia.
¿Qué propone en materia de cuidados?
Esta iniciativa apuesta por la generación de entornos familiares seguros en los que se reconozca el valor del trabajo de cuidado y el derecho a recibir atención de calidad durante todos los ciclos de vida, a partir del apoyo guiado a las familias durante procesos como el tránsito de género.
Por otro lado, busca que, desde el Sistema Nacional del Cuidado y en enlace con otras políticas públicas, se genere una cobertura para personas con identidades de género diversas en condiciones de vulneración socioeconómica.
“Hay madres trans que cuidan a aquellas que son desterradas y condenadas al ostracismo. Les dan un nombre, identidad, techo, ropa y todo lo necesario para desarrollarse, aunque desde sus limitaciones porque ellas también hacen parte de un ciclo de violencia”, cuenta Christopher Derek, persona transmasculina de Buenaventura. Esas experiencias están recogidas en el informe El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas*: prácticas de cuidado que han creado las personas trans ante la ausencia estatal, una investigación de la Liga de Salud Trans.
¿Cuáles son las expectativas con este proyecto de ley?
De acuerdo con Lina Quevedo, activista transmasculino y uno de los líderes de la plataforma, el sueño de la población trans y no binaria es “que sea ley”. “Queremos generar un consenso nacional con actores políticos clave. Para esto, buscamos establecer un mayor relacionamiento con actores estratégicos en los territorios, pero también con congresistas, para pedagogizar y lograr un voto favorable”, dice Quevedo.
