Tras el receso de mitad de año, miles de estudiantes de los municipios no certificados en educación del departamento deberían haber regresado a clases el 7 de julio. Sin embargo, tres días antes de la fecha prevista para el regreso a clases, la Gobernación expidió un decreto que amplió las vacaciones escolares hasta el 21 de julio. La razón oficial fue la declaratoria desierta del proceso de contratación del transporte escolar, un servicio clave para garantizar el acceso a las escuelas en zonas rurales e indígenas. Aunque se trata de un servicio esencial que debería asegurarse con anticipación cada año, el problema persiste: retrasos, improvisación, empresas favorecidas y estudiantes que siguen sin clases.
Consonante explica por qué sigue fallando este proceso y qué consecuencias tiene para niñas, niños y adolescentes.
¿Qué pasó exactamente con el calendario escolar?
El 27 de junio, la Gobernación de La Guajira emitió la Resolución 1215 de 2025, que modificó el calendario académico al ampliar por dos semanas más el receso escolar de mitad de año. Esto ocurrió porque el servicio de transporte escolar no fue contratado a tiempo, debido a que la licitación fue declarada desierta. Aunque el calendario inicial establecía que los estudiantes debían regresar a las aulas el 7 de julio, ahora lo harán el 21 de julio, si se adjudica el nuevo contrato.
¿Qué explicó la Secretaría de Educación Departamental?
Según la Secretaría, ninguno de los proponentes que participaron en la licitación pública LP-004-2025 cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos para prestar el servicio en los 12 municipios no certificados en educación. Por esta razón, el proceso fue declarado desierto y se tuvo que modificar el calendario escolar. Ahora se espera adjudicar el nuevo contrato mediante la modalidad de “selección abreviada” y ponerlo en marcha a más tardar el 21 de julio.
Esto significa que desde la Gobernación van a escoger directamente el nuevo operador del transporte escolar, sin pasar por un proceso de selección.
¿Qué pasó con la licitación del transporte escolar?
La licitación LP-004-2025, que contaba con un presupuesto de 49.629 millones de pesos, fue declarada desierta el 18 de junio. Según el comité evaluador, ninguna de las empresas participantes cumplió con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en el pliego de condiciones.
Al proceso se presentaron dos proponentes. El primero denominado “Unión Temporal ALEEWAA ANOUTA 25-26”, cuya representante legal es Fabiola Margareth Movil, y estaba conformada en un 65 por ciento por la empresa Transportes Relaturg —una vieja conocida en la contratación del transporte escolar en La Guajira— y en un 35 por ciento por la empresa Transportes Atlantic Plus S.A.S.
El segundo proponente era el Consorcio Transgreen, conformado en un 95 por ciento por la Empresa de Transporte Terrestre Nacional Transcar S.A.S. y en un cinco por ciento por la Fundación Green House Global. Su representante legal es Jorge Andrés Pacheco Saldarriaga.
El proceso buscaba beneficiar a más de 10.800 estudiantes en zonas rurales de municipios como Fonseca, Dibulla, Hatonuevo y Manaure. El plazo estimado del contrato era de 129 días calendario, o hasta que se agotara el presupuesto. Iniciando a partir del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para su perfeccionamiento y ejecución, para la suscripción del acta de inicio.
Sin embargo, desde mayo —antes de que el proceso fuera declarado desierto— ya se habían encendido las alertas sobre un posible favorecimiento en los requisitos de la licitación. El 20 de mayo de 2025, la Asociación Nacional de Transporte Especial y Turismo (Asonaltet) envió un oficio a la Presidencia de la República, la Contraloría General y otros entes de control, en el que advertía que los pliegos parecían estar diseñados para beneficiar a la empresa Relaturg, que ha manejado buena parte del transporte escolar en La Guajira desde 2018. La denuncia se dio luego de que Transportes Sensación —otra antigua competidora por este contrato— también manifestara su preocupación.
Según la Asociación, uno de los requisitos más desproporcionados era la exigencia de una experiencia general que pocas empresas podían acreditar: se pedía que los oferentes presentaran tres contratos ejecutados, terminados y liquidados —celebrados con entidades públicas o privadas— que estuvieran debidamente registrados en el RUP (Registro Único de Proponentes), cuyo objeto fuera el transporte de estudiantes y que, en conjunto, sumaran al menos el 150 por ciento del presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
En otras palabras, según cuentas de la Asociación, la empresa tenía que haber firmado tres contratos por aproximadamente 24.814 millones de pesos.
“Se hizo una búsqueda selectiva de base de datos, filtrando los contratos de transporte escolar y/o de estudiantes que superaran los 20.000 millones de pesos, encontrando que el único departamento que ha sacado más de tres contratos de transporte escolar y/o de estudiantes por valores superiores a los 24.000 millones de pesos es el de La Guajira. Y el único operador de transporte escolar y/o de estudiantes a nivel nacional que ha ejecutado más de tres contratos superiores a los 24.000 millones de pesos es Transportes Relaturg”, dice el oficio.
La asociación solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y otros organismos de control para garantizar la transparencia del nuevo proceso: “Es de precisar que, al cerrar el proceso de esta forma, evitan que haya una libre concurrencia de participantes en el proceso, teniendo que adjudicar al único oferente que se puede presentar, esto es a la Asociación de relacionista y transportadores de La Guajira - Transportes Relaturg, que si bien pertenece al sector de transporte público y cuenta con las habilitaciones correspondientes para prestar el servicio de transporte escolar, resulta injusto que no haya una sana competencia”, concluye el documento.
Casi dos meses después del envío del oficio, la Gobernación declaró desierta la licitación. En el caso de la Unión Temporal que incluía a Relaturg, se argumentó que no contaba con la capacidad técnica requerida. El otro oferente, como ya se había advertido, no cumplió con ninguno de los cuatro requisitos establecidos.
¿Esta situación es nueva?
No es la primera vez que surgen controversias en torno al pliego de condiciones para contratar el transporte escolar, ni que se enfrentan Relaturg y Transportes Sensación. En junio de 2022, la Gobernación de La Guajira abrió una licitación por más de 18 mil millones de pesos para adjudicar este servicio. Al proceso se presentaron ambas empresas: Transportes Relaturg y Transportes Sensación.En medio del proceso, el 28 de agosto de ese año, transporte Sensación denunció que uno de los documentos aportados por Relaturg era falso. Esto llevó a que el juez declarara desierto el proceso de licitación el 19 de septiembre después de verificar las pruebas y adelantar una audiencia pública. Es decir, ninguno de los proponentes sería contratado y debía comenzar de nuevo el proceso. Para ese momento pasaron más de dos meses sin la firma de un nuevo contrato.
Además, en el 2019, la firma del contrato se retrasó cuatro meses pues Jhon Fuentes, en ese entonces gobernador encargado de La Guajira, revocó la apertura de la primera licitación pública después de que la Procuraduría hiciera varias observaciones sobre el proceso. Entre estas, el ente de control pidió aclarar cómo se definieron los requisitos para escoger esta empresa.
¿Quién es Relaturg y por qué genera tantas alertas?
Una investigación de Consonante del año pasado reveló que Relaturg ha concentrado contratos de transporte escolar durante años, con vínculos evidentes a clanes políticos como los Deluque y el clan Nueva Fuerza Guajira. A pesar de cambiar de nombre en las Uniones Temporales, la estructura detrás sigue siendo la misma: una red de empresas familiares y socios que se turnan los contratos. Además, la interventoría del servicio también ha recaído en personas cercanas a estos grupos, como exfuncionarios de la Gobernación. Esto ha generado una supervisión débil o inexistente.
A 2024 la empresa acumuló tres contratos para prestar el servicio escolar en los 12 municipios no certificados. En 2018 y 2019 —periodo que se alargó hasta 2022 por la pandemia— la empresa resultó ganadora de los contratos en medio de licitaciones públicas que tuvieron varios reparos. El común denominador en cada proceso fue que el gobernador o gobernadora de turno tenía el respaldo político del clan Nueva Fuerza Guajira, liderado por Alfredo Deluque. Hoy Jairo Alfonso Aguilar Deluque se desempeña como Gobernador de La Guajira.
¿Qué implicaciones tiene la modificación del calendario?
Milath Estrada Fonseca, presidente del Sindicato de Educadores de La Guajira (Asodegua), cuestiona la legalidad y el procedimiento con que se hizo este cambio. “Las modificaciones al calendario académico sólo pueden darse por causas de fuerza mayor, como una calamidad pública, no por errores administrativos”, señala. Además, advierte que el secretario que firmó la resolución no tiene competencia legal, ya que el acto no fue emitido por un ente certificado en educación.
A esto se suma que, a pesar de que en el pasado ya se ha atrasado en varias ocasiones la prestación del servicio de transporte escolar en el departamento hasta por 50 días, esta es la primera vez que se modifica el calendario escolar por esta razón.
Asodegua advierte, además, que se están afectando las cinco semanas de desarrollo institucional destinadas a la planeación pedagógica, trabajo administrativo y actualización docente. De esas cinco semanas, ya se usaron tres al inicio del año y solo quedan dos para el segundo semestre. Si el calendario se extiende más allá de diciembre, se trastocará el trabajo de docentes y directivos, y se alterará el receso legal de los estudiantes, que según la Ley 115 debe ser de al menos 12 semanas al año.
Por su parte, Francisco Núñez, rector de la Institución Técnica Agropecuaria de Fonseca, afirmó que esta medida altera completamente la planificación escolar: “Nos toca reorganizar actividades, evaluaciones, entrega de informes y eventos institucionales que ya estaban previstos”. Aunque confía en que el contrato se adjudique antes del 21 de julio, advierte que si no se resuelve, habrá un impacto mayor en la calidad educativa y en las condiciones laborales del cuerpo docente.
Asodegua insiste en que el problema no es sólo la falta de transporte, sino el manejo irresponsable y politiquero del proceso de contratación. “No puede ser que cada semestre tengamos que esperar a que algo falle para que el gobierno reaccione”, señala Estrada Fonseca. El sindicato ha exigido que el nuevo contrato se adjudique de inmediato y que el calendario escolar no se extienda más.
¿Qué consecuencias tiene esta situación para los estudiantes?
Cuando no hay transporte escolar, miles de niños de zonas rurales e indígenas no pueden asistir a clases. Algunos caminan durante horas; otros simplemente se quedan en casa. En municipios como Fonseca, padres de familia han tenido que organizar colectas para pagar motos o vehículos improvisados. La ausencia del servicio vulnera el derecho a la educación, genera deserción escolar y pone en riesgo la seguridad de los estudiantes.
¿Qué se necesita para evitar que esto se repita?
Para romper este ciclo de improvisación y posibles favorecimientos, se necesita rediseñar los procesos de contratación con criterios más justos y abiertos. Las veedurías ciudadanas, los órganos de control y las comunidades deben ejercer vigilancia efectiva. También es urgente que el Ministerio de Educación intervenga estructuralmente en la planeación y supervisión del transporte escolar, especialmente en departamentos donde la corrupción ha dejado de ser una sospecha para convertirse en un patrón.
A esto se suma, como lo ha denunciado Consonante en varias ocasiones, las constantes deficiencias del servicio. El transporte escolar en Fonseca, por ejemplo, sigue a medias. En algunas veredas del municipio no hay suficientes rutas, o los estudiantes simplemente no tienen acceso al servicio de transporte escolar. En la comunidad de Almapoque, por ejemplo, las camionetas doble cabina con platón han reemplazado a los buses que deberían estar asignados. Estos vehículos, diseñados para un máximo de 10 pasajeros, transportan hasta 25 niños en condiciones de evidente sobrecupo.
Lo mismo sucede en San Juan del Cesar donde Consonante verificó los requerimientos del contrato de transporte escolar y comprobó que vehículos con capacidad para 42 personas transportaban entre 80 y 100 estudiantes todos los días. Además, ninguna autoridad vigila el cumplimiento de las normas de seguridad vial.“Aquí hay un problema estructural de acceso: las vías terciarias del departamento están en mal estado o, en algunos casos, han desaparecido. En zonas como Manaure es muy difícil prestar el servicio con los vehículos autorizados por el Ministerio de Transporte. Por eso, se han tenido que adaptar otros medios, como también ocurre en Fonseca y en varios municipios PDET, donde encontramos vehículos como las llamadas copetrans o camionetas que no están habilitadas para este tipo de transporte”, explica Adaulfo Manjarrez Mejía, exsecretario de Educación Departamental de La Guajira.
