Durante cinco días las voces de los mineros tradicionales del Chocó se tomaron la carretera que une a Quibdó con Medellín. Decían estar cansados de las promesas incumplidas del Gobierno y de los operativos de la Fuerza Pública en los que, según ellos, los tratan como criminales.
No era la primera vez que lo hacían. Desde 2012, hace más de una década, los pequeños mineros del departamento repiten la misma exigencia: que se les reconozca su oficio, que se les acompañe en la formalización y que se les permita trabajar sin miedo.
El paro terminó con un acuerdo. En un corto comunicado, el Ministerio de Minas y Energía anunció cuatro compromisos: brindar protección diferenciada a los mineros tradicionales, avanzar en la formalización de su labor, priorizar a quienes estén organizados en cooperativas y consejos comunitarios, y crear una mesa permanente de diálogo para garantizar que los pactos no queden, una vez más, en el papel
A su vez, Nubia Córdoba Curí, gobernadora del Chocó, indicó que quienes participen en minería ilegal “serán objeto de acciones contundentes por parte de la Fuerza Pública”.
En Tadó, muchos mineros todavía dudan de que los acuerdos se cumplan. Algunos aseguran que no fueron escuchados durante las negociaciones y que, hasta ahora, nadie los ha convocado a la mesa de diálogo prometida. Para entender qué hay detrás de estas inquietudes, Consonante consultó a la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó (Asomachó), a la Federación Minera del Chocó (Fedemichocó) y al Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quienes ayudan a responder las principales preguntas de los pequeños mineros.
¿De qué tratan los acuerdos?
Los acuerdos entre el Gobierno y el gremio minero del Chocó se centraron en cuatro puntos principales. El primero plantea una protección diferenciada para los pequeños mineros tradicionales, con el propósito de combatir la minería criminal y destructiva sin afectar a quienes ejercen su labor de forma artesanal y con vocación de legalidad.
El segundo busca fortalecer el Plan Único de Legalización y Formalización Minera, establecido en la Ley 2250 de 2022, que incluye una Ruta de Preformalización para que los mineros puedan manifestar su intención de formalizarse y recibir acompañamiento técnico.
El tercer compromiso consiste en la radicación de una nueva Ley Minera para la Transición Energética Justa, que reconoce formalmente la minería ancestral y tradicional, prohíbe el uso de mercurio, promueve la participación comunitaria y prioriza a los mineros organizados en cooperativas y consejos comunitarios.
Finalmente, se acordó la creación de una Mesa Permanente de Diálogo, con la participación de entidades de control y organizaciones sociales, para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados.
¿Qué dicen los pequeños mineros?
“Nosotros, los pequeños mineros artesanales que hacemos uso de una batea, una barra y un almocafre para ganarnos la vida, no entendemos nada de esos acuerdos”, indica Gregorio Palacios Perea, minero de Tadó.
Recuerda que años atrás solían ser convocados a las movilizaciones del gremio, pero eso cambió. “A los barraqueros y a los mineros de motobombas nos invitaban, pero ahora no sabemos nada de los acuerdos ni de quiénes están en esas mesas. Queremos participar en las negociaciones para que después no nos persigan como si fuéramos delincuentes”, reclama. Y añade, con frustración: “Ni el Gobierno ni la gobernadora nos ha invitado a sentarnos ahí. No hemos tenido la oportunidad y no sabemos qué se está negociando”.
Palacios advierte que, como pequeños mineros, esperan ser incluidos en los acuerdos de las mesas de diálogo: “Queremos que se nos permita realizar nuestra actividad sin temor a ser perseguidos por la Fuerza Pública”.
Estoy presto a hacer seguimiento en las mesas de diálogo y a participar en todo el proceso para mantener a los pequeños mineros y a la comunidad informada
Gregorio Palacios Perea, minero de Tadó
Otra mujer que trabaja en la minería y que pide reservar su nombre por seguridad, dice desconocer los acuerdos por completo: “No sé nada de esa mesa de diálogo porque no se nos informa”, afirma. “Nos hablan de unos temas ambientales, pero no nos han hecho acompañamiento a los mineros artesanales que trabajamos con motobombas. Nos están persiguiendo y eso nos hace ver a los policías y soldados como enemigos que atentan contra nuestro sustento”.
“En las mesas de diálogo solo se hablaba de los mineros de maquinaria amarilla, pero no de nosotros, los que vivimos de la batea, buscando el sustento día a día”, cuenta un barraquero de Tadó. Dice que esperaba ser convocado a las reuniones para expresar su punto de vista y que su voz también fuera escuchada en las negociaciones. Su vida, explica, depende de la pequeña minería ancestral y de los cultivos que siembra a pequeña escala para completar lo del diario.
¿Por qué los pequeños mineros insisten en la formalización?
Para los pequeños mineros del Chocó, formalizar su trabajo no es solo una cuestión legal, sino una forma de dejar de ser vistos como delincuentes y ejercer una minería responsable sin miedo a los operativos policiales. José Correa, representante legal de la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó (Asomachó), que agrupa a unos 3.500 trabajadores, asegura que la formalización es urgente. “A los pequeños mineros nos están criminalizando. Nuestros mineros son gente de bien, solo piden el derecho al trabajo”, afirma.
Ariel Quinto Murillo, de la Federación Minera del Chocó (Fedemichocó), coincide en que este proceso no solo beneficiaría al minero, sino también al medioambiente.
"Con la formalización se puede pedir acompañamiento institucional para frenar el contrabando, el saqueo y evitar que la Fuerza Pública nos persiga"
Ariel Quinto Murillo, Fedemichocó
Desde Tadó, el líder minero Wilson Murillo añade que la formalización podría ser una oportunidad para reducir la contaminación y mejorar las prácticas extractivas, aunque reconoce que el proceso ha estado estancado. “Han pasado tres ministerios y esto no avanza. Se otorgan títulos a multinacionales en gran parte del territorio, mientras nosotros nos peleamos con el vecino por los límites”, dice.
A esa desigualdad se suma otra preocupación: “A nosotros nos dicen que sigamos con la minería tradicional, pero a los otros sí les dan títulos, les dan concesiones, les permiten trabajar en cantidad”, reclama nuevamente Correa.
Pese a las esperanzas, algunos mineros, como Gregorio Palacios, son escépticos. “Sabemos que la formalización es un bañito de agua tibia, eso no pasará. No contamos con los equipos ni con los requisitos que pide el Gobierno para una minería grande”, advierte. De lograrse, dice, podría vender el oro a un precio justo, trabajar sin miedo y dejar de ser perseguido.
"Sabemos que la formalización es un bañito de agua tibia, eso no pasará"
Gregorio Palacios, líder minero
“Quisiéramos saber cómo es eso de la formalización, pero hasta hoy sabemos muy poco. La situación es compleja porque el Gobierno no nos ha dado charlas y la alcaldía tampoco nos orienta en estos temas”, cuenta Gregorio Palacios.
El minero insiste en que el Estado debe entender las diferencias dentro del mismo oficio. “El Gobierno no puede ponernos a todos en el mismo saco ni tratarnos como criminales —recalca—. No se puede confundir la minería artesanal con la minería criminal. La minería ancestral es la que hacemos con batea, almocafre, motor y una pequeña draga; la mecanizada es otra cosa: son las retroexcavadoras, los dragones, los planchones, las multinacionales”.
Un barraquero que pide reservar su nombre comparte la misma confusión. “No sé qué es la formalización minera ni para qué sirve. Nadie nos ha explicado cómo legalizar la minería artesanal ni cuál es la ruta para hacerlo”, dice, con tono de resignación.
¿Cómo avanza el proceso de preformalización minera en el Chocó?
Aunque la formalización es una de las principales exigencias de los mineros, aún no existe una ruta clara para hacerlo. Según les informó el Ministerio de Minas, en un plazo de dos meses deberá entregarse un protocolo con el procedimiento de formalización minera en el Chocó.
Ariel Quinto Murillo, de la Federación Minero del Chocó (Fedemichocó), advierte que estos pedidos vienen desde 2012 y ante los incumplimientos han tenido que salir a paro. “El Gobierno —el Ministerio de Minas, el de Ambiente y el del Interior— tiene que elaborar un protocolo para iniciar la preformalización. Pero si no se modifica el Código de Minas, nosotros no podríamos cumplir con las exigencias que impone la formalización”, señala.
El grupo minero espera que para la próxima semana el Ministerio de Minas los convoque a una reunión. Desde Consonante, les consultamos a este ministerio y a la Agencia Nacional de Minería sobre este proceso y, a la fecha, no respondieron.
¿Qué se les pide a los mineros para el proceso de preformalización?
Para iniciar la preformalización minera, el primer paso es realizar una caracterización de los mineros y sus territorios. Este proceso busca identificar la situación socioeconómica de quienes se dedican a la minería artesanal, cuántos son, en qué zonas trabajan, bajo qué condiciones y qué relación tienen con los títulos y el catastro minero.
José Correa, representante legal de la Asociación de Mineros Agroambientales del Chocó (Asomachó), explica que ya se han priorizado algunos municipios para empezar el proceso, entre ellos Bagadó, Yuto y El Carmen de Atrato. “El Atrato es una de las zonas que con mayor urgencia requiere proceder a la formalización”, asegura.
Aunque aún no cuentan con una caracterización oficial, Asomachó estima que en el departamento hay cerca de 40 mil mineros. “Sabemos que necesitamos con urgencia esta caracterización para poder iniciar la formalización. Por eso pedimos acompañamiento institucional para que el proceso sea más efectivo”, añade Correa.
El líder también señala que la asociación está recorriendo las comunidades para socializar los acuerdos y generar confianza. “Mucha gente no cree en estos procesos, pero hoy ven que estamos llegando a los territorios. Vamos a Lloró, Bagadó, Yuto, Medio Atrato e Istmina para informar a los mineros sobre los avances”, afirma.
¿Qué sigue para el proyecto de Ley Minera para la Vida?
El 1 de octubre, el Ministerio de Minas y Energía presentó ante el Congreso el proyecto de Ley Minera para la Transición Energética y la Reindustrialización del País, una iniciativa que busca replantear el rumbo del sector minero en Colombia. La propuesta plantea un modelo que combine la transición energética con la reindustrialización nacional, y que refuerce la soberanía del Estado sobre los recursos minerales. Además, introduce nuevas reglas ambientales, sociales y contractuales para promover una minería planificada, justa y sostenible, al tiempo que impulsa la formalización de pequeños mineros y el fortalecimiento de encadenamientos productivos regionales. (Aquí puede consultar el proyecto de ley completo).
Pablo Barrios, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), considera que se trata de un proyecto valioso, pues apunta a fortalecer a los pequeños productores y ordenar la actividad minera en el país. Sin embargo, advierte que la iniciativa no logró avanzar en su trámite en el Congreso. “Es una política totalmente diferente a la que se había tomado aquí en este país, pero no hay un ambiente favorable en el Congreso para sacar esta ley. Nosotros creemos que esa es una muy buena alternativa, pero tiene que pasar por el Congreso y ese escenario está en contra. Ojalá podamos llevar esto al debate público a propósito de las elecciones, en contraste con la narrativa de que los únicos que hacen minería responsable son las empresas mineras grandes”.
Es una política totalmente diferente a la que se había tomado aquí en este país, pero no hay un ambiente favorable en el Congreso para sacar esta ley
Pablo Barrios
Sin embargo, esta no es la única ley que se promueve a favor de los mineros, pero que en realidad queda solo en el papel. El Decreto 1396 de 2023 busca la minería en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este decreto impulsa mecanismos especiales para el desarrollo minero en estas áreas, asegurando el cumplimiento del debido proceso y respetando los derechos adquiridos por terceros.
Y, por último, el Decreto 1666 de 2016 que define la minería de subsistencia como una actividad de extracción y recolección realizada por personas naturales o grupos de personas.
¿Por qué es un tema de derechos?
Barrios sostiene que la formalización minera no puede verse sólo como un asunto técnico o económico, sino como una cuestión de derechos. Según explica, hace falta una política pública que garantice la protección integral de los mineros y sus comunidades. “Hay que generar espacios para la participación de las mujeres. Ellas han planteado la necesidad de que las escuchen, también por los roles que juegan en la práctica minera”, señala.
También insiste en que el Estado debe crear condiciones reales para que la formalización sea posible: “Hay que generar garantías para que haya una formalización minera. Es necesaria la articulación entre lo local, lo departamental y lo nacional”.
Además, advierte que en muchos territorios del Chocó la minería es la única fuente de sustento. Por eso, asegura, las políticas públicas deben incluir estrategias de transformación y diversificación productiva. “En algunas zonas las familias no tienen otra alternativa sino el oro. Se debe hacer el tránsito a economías justas; este debería ser un elemento central de las políticas de formalización minera”, afirma.
El Gobierno tiene un compromiso con la pequeña minería. Se necesitaría una asesoría importante para que la gente pueda hacer ese tránsito efectivo a la formalización
Pablo Barrios
¿Además de la formalización, cuáles son las principales necesidades de los mineros?
Aunque el principal requerimiento de los pequeños mineros es la formalización, hay otras necesidades. Los líderes piden formación, capacitación, formación educativa y acceso a créditos.
“Como somos informales, no podemos acceder a los programas o proyectos de capacitación que ofrece el gobierno. No nos abren cuentas bancarias porque no estamos formalizados”, explican desde la Federación Minera del Chocó (Fedemichocó).
Los líderes mineros insisten en que la formación también debe ser parte del proceso de formalización. Por eso proponen un acuerdo entre la universidad, los consejos comunitarios, las comunidades indígenas del territorio y las instituciones del Estado, para desarrollar procesos de capacitación que fortalezcan una minería responsable y con menor impacto ambiental.
¿Qué queda pendiente?
Ariel Antonio Quinto Murillo, de la Federación Minero del Chocó (Fedemichocó), indica que en los acuerdos no se estableció cómo se protegerá a los líderes y lideresas, teniendo en cuenta que siguen las amenazas y las extorsiones.
José Correa asegura que hay líderes que están amenazados: “Mi vida y la de otros compañeros están en riesgo. Esperamos que nos cumplan y nos protejan”.
Otro de los puntos es el control del uso de mercurio. Los líderes mineros aseguran que los consejos comunitarios prohíben su uso, pero que los grupos armados los reparten. “El problema es que los grupos armados están introduciendo y repartiendo el mercurio porque es el que tiene acceso a estos elementos (...) Hoy en la minería no se está utilizando el mercurio, pero nuestros ríos si están contaminados. Cuando se hace un estudio del río San Juan y del río Mungarra encuentran rastros de mercurio”, agrega.
