Los Consejeros de Juventud siguen frenados y sin apoyo de las alcaldías

A casi dos años de la elección de los Consejos Municipales de Juventud, los consejeros y consejeras aseguran que la promesa de representar y lograr cambios significativos a favor de los y las adolescentes y jóvenes en sus municipios se ha ido diluyendo entre la falta de voluntad política de las autoridades locales y el desconocimiento del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 

Los Consejos Municipales de Juventud revivieron en 2021 con una misión principal: canalizar el inconformismo de miles de jóvenes que protestaron a lo largo del país contra la reforma tributaria del expresidente Iván Duque y la violencia policial durante las manifestaciones, y a favor de la gratuidad en la educación superior. Motivados por esa ilusión, Diana Cuayal del Valle de Guamuez, Putumayo; Elías Jiménez de San Juan del Cesar, La Guajira, y Juan Guillermo Romero de Ovejas, Sucre, se postularon y fueron escogidos como consejeros de juventud el 5 de diciembre de 2021.

“A los consejeros nos tocó el papel más difícil entre la política porque la administración no nos presta atención porque no lo considera importante y los jóvenes tampoco se interesan en escucharnos de la manera en la que queremos. Estamos trabajando a medias con las personas que sí se interesan y con aquellos que sí quieren trabajar con la juventud”, dice Elías Jiménez, un joven de 23 años quien es consejero de juventud de San Juan del Cesar, La Guajira.

Si bien en el año 2021 se impulsó la creación de los Consejos de Juventud en todo el país, basados en la Ley Estatutaria 1885 de 2018, desde 1997 ya se había empezado a hablar en Colombia sobre el Sistema Nacional de Juventud para garantizar la participación y el bienestar de los y las jóvenes. Los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) deberían ser uno de los espacios autónomos para encontrar soluciones a las necesidades y problemáticas que viven. En estos deberían tener participación, además, representantes de las organizaciones juveniles campesinas, de comunidades étnicas y población víctima del conflicto armado. 

Aunque todos iniciaron con un número de siete a 17 consejeros, aproximadamente, a lo largo de los dos últimos años sus integrantes han empezado a desertar. Por ejemplo, en el municipio El Carmen de Bolívar, Bolívar, pasaron de 17 a once y en San Juan del Cesar, La Guajira, de 15 a cinco consejeros. Esto se debe a que no han encontrado eco en sus peticiones, no han tenido las garantías para movilizarse y asistir a las sesiones, y otros han hecho sus proyectos de vida fuera de sus municipios. Quienes se mantienen temen que las debilidades en los Consejos de Juventud y el desencanto que han encontrado quienes fueron elegidos repercuta en la desaparición de este espacio de participación que se había logrado abrir.  

“La mayoría manifiesta que sienten que la administración no les brinda la atención necesaria y eso dificulta el proceso. Muchos se han desanimado. Algunos no asisten porque tienen sus ocupaciones. Sí es incómodo que uno trate de llevar el proceso de la mejor manera y que la entidad gubernamental no ponga de su parte”, dice Elías Jiménez.

Juan Guillermo Romero, un joven de 20 años de edad quien representa a los y las jóvenes víctimas del conflicto armado en el CMJ de Ovejas, Sucre, teme que esto repercuta en las urnas dentro de dos años cuando se escojan nuevamente a los consejeros. “Si las cosas continúan como están, la participación va a ser más baja porque los consejos y las plataformas no se han posicionado en los territorios como debería haberse dado durante estos dos años. Mucha gente no sabe qué es un Consejo de Juventud. Creo que las elecciones que se aproximan van a ser muy duras en términos de participación de jóvenes”, lamenta 

Las autoridades los dejan “en visto”

Elías Jiménez cuenta que han tenido que sesionar algunas veces en su casa porque no tienen las garantías para hacerlo en un lugar adecuado dentro del municipio. Por ley, recuerda, deberían tener las sesiones en las instalaciones del Concejo Municipal pero desde que se posesionaron no han encontrado eco en esa exigencia. “Sesionamos parcialmente. Hay momentos en los que hemos sesionado hasta en mi casa, porque muchas veces no logramos conseguir el espacio. Hay unos consejeros que pertenecen a la zona rural y no cuentan con los viáticos para desplazarse hacia el municipio a la sesión. En la zona rural, la conectividad no es muy buena tampoco. Entonces también se dificulta que estén de manera virtual”, agrega Jiménez.

Según la Ley Estatutaria 1885 de 2018, las administraciones municipales deberían proveer el espacio físico con todos los elementos necesarios y destinar recursos que garanticen el funcionamiento de los consejos. Sin embargo, Cuayal, Romero y Jiménez coinciden en que son las Alcaldías, como primeras autoridades de sus municipios, con quienes han tenido mayores dificultades para interlocutar y lograr que cumplan con sus funciones. Estas, además, contemplan: instalar las sesiones de las Comisiones de Concertación y Decisión, donde se exponen las necesidades de la juventud y se hace seguimiento a los planes y programas en su favor; implementar políticas públicas de juventud; y dar respuesta a las peticiones de información hechas por los consejeros.

“Lastimosamente la administración de mi municipio ha estado muy alejada desde el inicio. No se han sacado proyectos específicos para jóvenes. Hemos sugerido que se destine presupuesto pero no lo han hecho. Intentamos proponer y hacer pero no hemos sido escuchados de forma vinculante. Nos escuchan pero no hay resultados”, dice Diana Cuayal, una joven de 26 años consejera del Valle del Guamuez.

Por su parte, Jiménez cuenta que solo hasta hace dos meses, durante una reunión con la Defensoría del Pueblo, se enteraron que había un presupuesto destinado para la juventud a pesar de que la Alcaldía había sido insistente en que no había. “El Enlace de Juventud llegó con que el Consejo contaba con un presupuesto, sino estoy mal, de 17 millones de pesos y con eso era que se iba a realizar la Semana de la Juventud y posiblemente la asamblea”, agrega.

Al respecto, Snick Olivella, enlace de Juventud de San Juan del Cesar, cuenta que como administración han logrado darle las garantías a los y las consejeras. Asegura que han destinado la biblioteca municipal y la sala de juntas de la Alcaldía para las sesiones, se han reunido tres veces para coordinar la Semana de la Juventud, y él se ha encargado de gestionar ante la Alcaldía los transportes hacia Riohacha o El Molino. Sin embargo, reconoce que los tiempos del Alcalde han sido un limitante para avanzar en más acciones este año. “Hemos quedado que se va a hacer la Asamblea, la Mesa de Concertación y no se hace. Toca esperar que el Alcalde tenga tiempo porque se la pasa ocupado y él debe estar en eso”, explica Olivella.

Vanesa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, recalca que las obligaciones de la administración municipal no deben limitarse a realizar la Semana de las Juventudes, sino que deben generar proyectos y destinar presupuestos para desarrollar acciones concretas. Agrega, que no se puede señalar solo a las autoridades locales por las debilidades en el proceso pues el funcionamiento depende de ambos actores: Alcaldía y Consejo Municipal de Juventud. 

“Debemos insistir y persistir en el cumplimiento de la Ley Estatutaria a nivel de alcaldías, porque es el primer respondiente en el territorio. Entonces los CMJ acuden directamente a estas entidades. Pero también les hemos sugerido a los CMJ que se estructuren y que presenten propuestas para que eso blinde un poco el proceso”, afirma Martínez.

Avances a paso de tortuga

A pesar de las dificultades, Diana Cuayal, Elías Jiménez y Juan Guillermo Romero reconocen que han logrado realizar algunas acciones concretas en sus municipios. Por ejemplo, Romero destaca que durante la Semana de la Juventud en Ovejas, Sucre, y, con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizaron la jornada “Consejo al colegio”, un espacio de sensibilización en las aulas para informar sobre el Estatuto de Ciudadanía, la función del Consejo y la Plataforma Municipal de Juventud, y construir propuestas con los y las estudiantes con base en sus problemáticas. “Hemos encontrado que no se limitan a las instituciones y comparten realidades de su barrio, su comunidad e incluso, su misma familia. Con esto estamos construyendo la agenda”, detalla Romero. 

Por su parte, Cuayal destaca que esta experiencia les ha permitido acercarse a la institucionalidad, interactuar con otros actores de su municipios, entender cuáles son las transformaciones que se pueden y se deben realizar en estos escenarios que antes eran ajenos para ellos y ellas y llevar a cabo las Asambleas de Juventud. “Otro de los logros ha sido mantenernos, resistir y ser activos a pesar de que ha sido un ejercicio difícil y la mayoría de Consejos no están funcionando. Hay una violencia institucional muy fuerte de estigmatización, de infantilización, pero los jóvenes venimos construyendo procesos muy lindos”, afirma. 

Elías Jiménez agrega que en su caso han avanzado en el último año en la construcción de la política pública de juventud gracias al contacto que han establecido con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. Esta, detalla, el consejero, tendrá seis líneas: acceso a la educación, emprendimientos, deportes, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, salud y educación sexual. Además, cuenta, que tienen un proyecto para “descentralizar la información de la juventud en su municipio para que llegue a cada territorio” y así saldar los vacíos y la falta de articulación entre el Consejo, la Plataforma y la Alcaldía. 

Sin embargo, estos avances contrastan con la situación de derechos humanos de los y las jóvenes en Colombia. Según Carlos Camargo, defensor del Pueblo, el 43,7 por ciento de los homicidios ocurridos durante el 2022 en el país se concentró en el rango de 14 a 28 años de edad. Además, aseguró durante el lanzamiento del informe de seguimiento al Sistema de Juventud, que: “se evidencia que en razón a sus liderazgos, tanto quienes integran los Consejos como quienes forman parte de las Plataformas de Juventudes, presentan un incremento de amenazas y riesgos a su vida e integridad”. A esto se suma la falta de acción estatal. "Solo el 73 de los 1.102 municipios que tiene Colombia cuentan con una política pública de juventudes y de ese reducido porcentaje no todos tienen planes de acción o indicadores”, agregó Camargo.

Una ley llena de vacíos

Los consejos y consejeras de juventud; Vanesa Martínez, la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, y Fabián Acosta, director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional coinciden en que hay falencias de fondo sobre el Sistema Nacional de Participación Juvenil y la Ley Estatutaria 1885 de 2018. La primera debilidad es que no son vinculantes las decisiones y propuestas de los y las jóvenes. Esto quiere decir, que queda a discrecionalidad de las administraciones municipales incluirlas en sus planes de gobierno. 

Al respecto, Acosta asegura que es necesario una reforma que le dé más fuerza a la Ley Estatutaria. “Ojalá puedan consolidarse un poco más con una reforma que les dé recursos y que los haga más decisorios en términos de las demandas de los jóvenes. Esto podría ayudar también a mover las problemáticas juveniles a nivel institucional y a consolidarlas como política pública”, dice Acosta. Diana Cuayal comenta que en estos momentos están recogiendo insumos en distintos municipios del Putumayo para articular con Colombia Joven, la Consejería Presidencial para la Juventud y el Consejo Nacional de Juventudes con el fin de modificar la ley y otorgarle mayor poder a los Consejos.

Vanesa Martínez, delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, agrega que hay tres deficiencias principales que repercuten en el funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud: el desconocimiento de la Ley, la transición de los gobiernos locales, que dificulta la continuidad de los procesos, y la desarticulación de los distintos actores al no tener claras sus funciones. 

“Si todas las autoridades cumplen con su parte, si se conforma el Consejo Municipal de Juventudes y si tienen las garantías, eso va a generar unas acciones a nivel del territorio que va a impactar a las juventudes en general. Eso va a representarse en el Consejo Nacional y a nivel de los departamentos para que se den los diálogos con el gobierno en todos los niveles y se tengan unos compromisos, a los cuales hacerle seguimiento con una asignación presupuestal real”, detalla Martínez. 

Finalmente, jóvenes como Elías Jiménez consideran que para terminar de blindar el proceso de participación de los Consejos Municipales de Juventud es necesario que más jóvenes apoyen a sus voceros. “Si no nos acompañan no podemos hacer nada. Necesitamos que se interesen por el proceso. Es necesario que, además, la administración y los padres le presten atención a los jóvenes como el futuro y el presente del país”, afirma Jiménez.