Por qué es importante
Han transcurrido ocho meses desde que Cristian Copete asumiera nuevamente el poder, después de que fuera destituido por una supuesta inhabilidad que, logró demostrar, no existía. Sin embargo, una nueva acción jurídica abre la puerta a una posible anulación de su elección que, al final, significa más inestabilidad política en un municipio que, en dos años y medio, ha tenido tres alcaldes: Copete, Rafael Bolaños, designado como alcalde encargado y Yocira Lozano, elegida en unas elecciones atípicas.
Qué está pasando
El martes 28 de junio el Consejo de Estado le notificó al Tribunal Administrativo del Chocó que tiene 20 días para dictar un nuevo fallo en el proceso por trashumancia electoral o trasteo de votos que pide anular la elección de Cristian Copete como alcalde de Tadó. Esta vez, el Consejo de Estado le dijo al Tribunal que debe, por fin, evaluar las pruebas que indican que hubo 41 personas que votaron en las elecciones locales de alcaldes de 2019, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les había cancelado las cédulas considerando que podrían configurar trashumancia.
Este caso lleva dos años y medio andando, y en este tiempo el Tribunal ha dictado dos sentencias que han sido reversadas por el Consejo de Estado, pues este organismo encontró que estaban equivocadas. Este hecho ha abierto nuevamente el debate sobre si el alcalde se va o se queda, y si su elección es legítima o no.
Entonces, ¿qué podría pasar?
El fallo del Consejo de Estado es claro. El ente pudo evidenciar que “en 40 casos el Tribunal Administrativo del Chocó erróneamente señaló que la inscripción de la cédula de ciudadanía para los comicios de 27 de octubre de 2019 no había sido cancelada” y uno más no lo valoró, a pesar de que las cédulas de los votantes están incluidas en un listado de personas excluidas del censo electoral en Tadó, mediante una resolución del Consejo Nacional Electoral. Por esto le pide al Tribunal que valore “la totalidad de las pruebas aportadas de manera legal y oportuna al proceso”.
Con esas claridades, el Tribunal puede tomar dos decisiones.
- Determinar que hubo trashumancia electoral. Para Danilo Sepúlveda, subdirector del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), esta es la decisión más probable, pues “el Consejo de Estado marca el camino que debe seguir el Tribunal. No le dice cómo debe fallar, pues esto hace parte de la autonomía del juez, pero ya es claro que no valoraron bien las pruebas”. Según esta posibilidad, el juez tendría que anular los 41 votos que no valoró en la sentencia anterior. Esto, sin embargo, no necesariamente significa que se anulará la elección de Cristian Copete.
El Consejo de Estado señala que, si el Tribunal anula los votos, debe determinar si esos votos tuvieron incidencia en el resultado. Se tendría que aplicar un método que existe desde 1999, por medio del cual los votos anulados se restarían de las mesas en las que ocurrieron, pero aplicando una fórmula basada en el cálculo de porcentajes que representa cada voto en cada mesa. El proceso, que detalla la sentencia, podría modificar el resultado final de la elección. Aunque fueron 41 votos trashumados y solo 8 votos de diferencia entre los candidatos, las matemáticas no son tan sencillas. O sea, podría ser que aún restando los votos, el ganador sea Cristian Copete.
- Determinar que no hubo trashumancia electoral y mantenerse en su decisión. Esta posibilidad, aunque existe, se ve complicada. Danilo Sepúlveda sostiene que el fallo del Consejo de Estado es bastante claro y señala los dos errores que han tenido las dos sentencias del tribunal, por lo que ignorarlo sería complicado. Sin embargo, el juez, en su autonomía, lo puede hacer.
En todo caso, en la sentencia que se debe conocer en los próximos días se sabrá quién es el alcalde del municipio.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
- Cristian Copete fue elegido el 27 de octubre de 2019, pero su elección ha estado en entredicho desde el principio, pues la diferencia de votos con su contrincante política, Yocira Lozano Mosquera, fue de apenas ocho votos.
- Tras la elección, Lozano presentó una demanda de nulidad electoral por una supuesta inhabilidad de Copete y otra por presunta trashumancia. En esta última argumentaba que hubo 43 votos fraudulentos que habrían sido decisivos para la elección.
- El 26 de febrero de 2021, más de un año después de haber interpuesto la segunda demanda, el Tribunal Administrativo del Chocó negó la pretensión de Yocira Lozano. La respuesta del Tribunal fue que no se podía calcular el impacto de esos votos en el resultado de las elecciones, pues Lozano no aportó copias de los formularios E-24 de las mesas en las que esas 43 personas votaron.
- Pero esta seguidilla de acciones legales no paró ahí. La Procuraduría 186 Judicial I para Asuntos Administrativos de Quibdó interpuso una tutela contra la decisión del Tribunal, pues consideró que no se respetó el debido proceso. La Sección Primera del Consejo de Estado resolvió la tutela y le dio la razón al Ministerio Público el 8 de abril de 2021. En ese momento le ordenó al Tribunal del Chocó que profiriera una nueva decisión en la que valorara los formularios E-24 que sí estaban en el expediente.
- 19 días después de esta orden, el Tribunal dictó una nueva sentencia: nuevamente negó la petición de Yocira Lozano de declarar nula la elección. El argumento fue que solo encontraron dos votos fueron fraudulentos.
- La Procuraduría, entonces, presentó una nueva tutela contra el Tribunal, pero el Consejo de Estado la declaró no la aceptó y la declaró improcedente el 20 de enero de 2022. La Procuraduría impugnó la decisión del Consejo de Estado. Esa impugnación la resuelve la sentencia del Consejo de esta semana.
¿Qué dice esto de la justicia electoral?
En estos dos años y medio, el Consejo de Estado ha tenido que resolver dos tutelas, dos equivocaciones del Tribunal Administrativo del Chocó y una equivocación del mismo Consejo en el mismo caso de trashumancia electoral.
Higinio Mosquera, director de la Veeduría Ciudadana del Chocó, dice que este caso debería representar una alerta sobre la actuación del Tribunal. “No entendemos todo lo que está pasando ahí, pero nos parece que eso no es una actividad santa, que ese fallo tiene unos intereses más particulares que jurídicos o basados en la ley”. Mosquera espera que el Tribunal haga “un fallo un derecho”, pues “el concepto del Consejo de Estado en esta tutela ya es muy claro”.
Para el veedor, este problema tiene a Tadó “una interinidad mental” que genera un traumatismo en la administración pública y “una inseguridad en el manejo de los recursos públicos”, además de que no continúan las acciones o compromisos de la administración anterior. Por esta razón, según él, muchas personas ya no creen en la justicia. Esto es precisamente lo que dicen algunos habitantes de Tadó, que no confían en ningún tribunal.
Además de las sospechas sobre intereses particulares, de este fallo llama la atención que 41 personas hayan ido a votar a pesar de que la inscripción de sus cédulas fue anulada por el Consejo Nacional Electoral ese mismo año. Para Danilo Sepúlveda, subdirector del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), esto evidencia las pocas herramientas del Estado para controlar el trasteo de votos. “Hay un cortocircuito porque el CNE anula, pero es posible que esa información no se pase a la Fiscalía para que entre a determinar si hay un fenómenos de trashumancia y cómo opera en ese caso concreto”.
¿Qué sigue?
Más allá del sistema judicial, las consecuencias para los tadoseños son graves. Aunque nadie se atreve a hablar con nombre propio sobre este tema, pues en el pueblo todo lo mueve la política y muchos temen perder su trabajo o no conseguir uno, sí se comenta que tantos procesos judiciales parecen poner en pausa las necesidades del pueblo: la crisis del Hospital San José de Tadó, la dura situación de los productores agropecuarios, la falta de empleo y la prestación de servicios públicos. Falta un año y medio para que el mandato termine y la gente no ve avances. “Los enredos judiciales no le han permitido (al alcalde) pensar en adelantar grandes proyectos para el municipio, yo estimo que estos cuatro años se fueron sin obras importantes”, dice un ciudadano que pidió no ser citado. Además, algunos temen que, en caso de que el fallo del tribunal anule la elección del alcalde, haya enfrentamientos entre los seguidores de Copete y Yocira, como pasó en octubre del año pasado, cuando el primero volvió a la Alcaldía. “Es un retroceso para la gobernabilidad del municipio y esto retrasa el desarrollo del mismo”, dice otro tadoseño.
La veeduría del Chocó esperará el fallo del tribunal, pero Mosquera asegura que están dispuestos “a hacer la denuncias respectivas para que se revisen las actuaciones de las personas que actúan en ese tipo de intervenciones de la autoridad competente, en este caso el Tribunal Administrativo del Chocó”.
