En la casa de Mary Sijona y Antonio Jiménez no hay luz eléctrica desde febrero. El único abanico que tienen permanece apagado y la nevera está desconectada. Los alimentos se refrigeran en la casa del vecino y, en las noches, duermen con las ventanas abiertas para que entre la brisa. Aunque no cuentan con el servicio de energía, cada mes reciben una factura cuyo costo sube, a veces se estabiliza y luego vuelve a subir. Ha llegado en 84, 176, 179, 180, 204 y 211 mil pesos.
A finales del año pasado, María Micaela Jiménez, la hija responsable de pagar el servicio, se quedó sin trabajo y no pudo cumplir con el pago de las facturas de diciembre y enero. El 15 de febrero, un funcionario de la empresa Air-e llegó para cortar el suministro, recuerda. Su madre se quedó incluso con el pedazo de un cable cortado. “¿Cómo es posible que nos sigan cobrando un servicio que no tenemos?”, se pregunta María Micaela Jiménez mientras rebusca entre la casa de sus padres, en el barrio Las Tunas, todos los recibos de este año. La deuda suma un total de $1.578.770.
Aunque el caso de la familia Jiménez Sijona parece excepcional, en la oficina de la Personería de Riohacha, La Guajira, están acostumbrados a recibir este tipo de denuncias. De hecho, el 60 por ciento de quejas presentadas son en contra de Air-e, dice el personero municipal Yeison Deluque. “Toda la ciudadanía está cansada de los abusos y de las imposiciones de la empresa, el alza en las facturas, las fluctuaciones y el mal servicio que se presta en la región Caribe. La gente deja de comer o de hacer mercado para pagar las altas tarifas de energía”, cuenta.
Un informe de la agencia S&P Global Ratings lo ratifica: el precio de la energía en Colombia es el más alto de América Latina. En septiembre, el costo alcanzó un máximo de $932,5 por kilovatio-hora, según la firma XM, que administra el mercado eléctrico mayorista en el país. La situación es más crítica en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, donde opera Air-e. Y en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, donde opera Afinia. Ambas empresas llegaron hace cuatro años como una solución ante la liquidación de Electricaribe.
Desde entonces, las tarifas han seguido subiendo. A pesar de los esfuerzos para que sean más justas para la ciudadanía, lo cierto es que ni la intervención del Gobierno a la empresa Air-e, ni la eliminación del cobro de la opción tarifaria en las facturas, ni los descuentos de algunas generadoras, son una verdadera solución. En este reportaje, Consonante explica las razones por las cuales persisten los altos costos y un posible camino para empezar a regularlos.
No hay suficientes contratos y buena parte de la energía se compra al precio más caro
Uno de los mayores problemas encontrados durante la intervención a Air-e es que los contratos actuales solo aseguran el 50 por ciento de la energía que requiere la región, según lo reconoció el agente interventor, Carlos Diago, en una entrevista publicada en El Heraldo. Esto significa que el 50 por ciento restante deberá cubrirse a través de la compra de energía en bolsa y al precio más caro del mercado.
“La empresa nos la entregaron con los contratos de suministro de energía cancelados. ¿Qué significa? Que no tenemos forma de entregar una tarifa que pudiese ser mucho más pagable, por cuanto vamos a tener que comprar una cantidad muy importante de nuestra energía en la bolsa”, explicó Diago. Según sus cálculos, esto significa comprar la energía a 900 pesos el kilovatio-hora, aún cuando el precio estaba en 120 pesos a comienzos de julio. Al final, ese costo se traslada al usuario y hace, en palabras de Diago, “que las tarifas definitivamente sean impagables”.
“La empresa nos la entregaron con los contratos de suministro de energía cancelados. ¿Qué significa? Que no tenemos forma de entregar una tarifa que pudiese ser mucho más pagable, por cuanto vamos a tener que comprar una cantidad muy importante de nuestra energía en la bolsa”
Para Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, ese método de compra de energía es “perverso” y debería reducirse al máximo. “La compra en bolsa permite la especulación, porque el precio se va formando en el transcurso del día y dependiendo de los oferentes, entonces es el más volátil. Por lo mismo, la energía se compra generalmente en un 80 por ciento a través de contratos bilaterales y solo un 20 por ciento en bolsa”, explica Alarcón.
“Las empresas tenían la potestad de cobrar la deuda en diez años, a modo de gota a gota cada mes, pero Air-e la cobró en un año”.
En esto coincide Ricardo Núñez, abogado y miembro del Comité Tarifas Justas para el Caribe ya, quien considera un “problema” la falta de regulación que favorece a las generadoras de energía. “Hay un oligopolio en la generación de energía que nos somete a un precio de mercado que hoy nos tiene en una crisis”, advierte.
La eliminación de la opción tarifaria es engañosa
El 16 de septiembre, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció la eliminación del cobro de la opción tarifaria en las facturas de los hogares en La Guajira, Atlántico y Magdalena. Este componente es una especie de deuda, principalmente de los estratos 1 y 2, que empezó a crecer durante la pandemia luego de que el Gobierno de Iván Duque congelara una parte de las tarifas de energía para aliviar, en su momento, el bolsillo de los usuarios.
Con el tiempo, ese dinero se convirtió en un déficit de $4,9 billones, de los cuales $987.520 millones correspondían a Air-e y $1.507.566 millones a Afinia, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Para recuperarlos, ambas empresas comenzaron a cobrarlos en las facturas.
El problema es que “los dueños de Air-e tomaron la decisión malévola de cobrar esos dineros precipitadamente”, señala Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. “Las empresas tenían la potestad de cobrar la deuda en diez años, a modo de gota a gota cada mes, pero Air-e la cobró en un año”. Por esta razón, la opción tarifaria representaba un 24 por ciento de la tarifa total.
Con la suspensión de ese cobro, que empezó a regir el primero de octubre, el Gobierno busca aliviar la situación de más de 5 millones de usuarios. Pero la realidad, advierte Alarcón, es que “ya nosotros lo pagamos en su mayoría”, pues se han cobrado 10 de las 12 cuotas. En otras ciudades, ese pago se difirió a diez años. Por eso, dice Alarcón, la propuesta es que el Gobierno asuma esas pérdidas y regrese el dinero a los usuarios de Air-e.
Las tasas adicionales son injustas
Además de la tarifa de energía, en las facturas de la región Caribe se cobran otros servicios. En La Guajira se incluyen tarifas de aseo, alumbrado público y se cargan las pérdidas técnicas y las pérdidas por robo a los usuarios. En el Atlántico se cobra, además, una tasa de seguridad. Estas adiciones, aunque no impactan el precio de la energía, suben el valor de la factura hasta un 30 por ciento.
“Lo que hacen es amarrar otros servicios en la factura de energía e inflarla. Esto obliga al usuario a pagar esos rubros adicionales por temor a que le corten la luz. Es un modelo perverso porque la gente está pagando un servicio de aseo que debería existir y ser óptimo, pero eso no ocurre. Lo mismo pasa con el alumbrado público; tú pasas por muchas calles y no hay”, cuestiona Juan Barrero Berardinelli, director del consultorio jurídico de la Universidad del Norte y quien lidera la demanda de acción popular contra el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
En el caso de los cobros por pérdidas técnicas y pérdidas por robo, opina Yeison Deluque, personero de Riohacha, “al ciudadano le están cobrando algo que ni siquiera consume, entonces ahí no hay justicia tarifaria”. Para Deluque, “esa responsabilidad la debe asumir el Estado o el ente territorial, pero no el usuario, porque le incrementan el valor de la facturación”.
Este 2 de septiembre, el agente interventor Carlos Diago anunció que, al menos en Atlántico, Air-e dejará de recaudar la tasa de seguridad, alumbrado público y aseo para los usuarios, al considerar estos cobros "anticonstitucionales".
Las condiciones climáticas en el Caribe y el desabastecimiento de los embalses
Una de las razones más evidentes por las cuales las facturas de energía son más costosas en el Caribe son las altas temperaturas, que exigen un mayor gasto energético. “El calor hace que necesitemos climatización de una manera distinta”, dice Ricardo Núñez, abogado y miembro del Comité Tarifas Justas para el Caribe Ya. “Nosotros necesitamos abanicos y aires acondicionados. A los aires y las neveras les cuesta más encontrar una temperatura para enfriar. Eso hace que, obviamente, consumamos más energía”, explica.
De las diez regiones del país medidas por XM, es el Caribe la que registra el mayor consumo de energía, con 2.001,58 gigavatio-hora, según cifras de agosto de este año. Le siguen los departamentos del centro, con 1.600,14 gigavatio-hora, y oriente, con 979,18 gigavatio-hora.
Ahora, con el fenómeno de El Niño, los niveles de los embalses bajan debido a la reducción de las lluvias, lo que podría impactar los precios de la energía en bolsa y generar una presión al alza en la tarifa de energía. El panorama es tan desalentador que las condiciones hidrológicas de agosto y septiembre han sido las más desfavorables de los últimos 40 años. Esto podría afectar la operación del sistema eléctrico hacia finales de 2024, advirtió XM.
Debido a lo anterior, la Creg y el Ministerio de Minas y Energía anunciaron que el sistema eléctrico nacional pasa de estado de vigilancia a estado de riesgo, por lo que se activarán las generadoras térmicas de energía para permitir que los sistemas de embalses descansen y recuperen sus niveles de agua.
Un camino para solucionar el problema
Para exigir tarifas más justas, los personeros de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla presentaron una acción popular en contra del Gobierno nacional. El 26 de agosto, el Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de la ciudadanía y le ordenó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisar y ajustar los componentes de la fórmula tarifaria.
En cumplimiento de este fallo, el 16 de septiembre se llevó a cabo una audiencia pública de la Creg en Barranquilla. Allí, el gobernador del Atlántico y exdirector general de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Eduardo Verano, solicitó al Gobierno Nacional que asuma los costos de las pérdidas en vez de trasladar esos rubros a la ciudadanía. "La solicitud que estamos haciendo es que a los usuarios de la región Caribe se nos compense; puede ser con una obra que el sector eléctrico debe hacer en la región para mejorar la calidad, las condiciones, las mediciones y la eficiencia del servicio”, dijo Verano.
Durante el encuentro se acordó que, en un plazo de diez días, la Creg deberá presentar los actos administrativos que serán expedidos para ajustar las tarifas de energía.
Para Juan Barrero Berardinelli, director del consultorio jurídico de la Universidad del Norte y quien lidera la demanda de acción popular contra el Ministerio de Minas y la Creg, estas medidas “deben ser la solución a un modelo que es perverso para el usuario y que enriquece a un empresario en detrimento de toda una población”.
