Desde finales de enero la Organización Nacional Indígena de Colombia– Onic tuvo que parar parte de su trabajo en Nariño, La Guajira, El Valle del Cauca, Chocó y el Amazonas. Sus proyectos para fortalecer a los pueblos indígenas en temas económicos, de diplomacia, paz y género, se detuvieron por una decisión que se tomó a miles de kilómetros de estos territorios: cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, congeló por 90 días toda la ayuda exterior. Hoy no está claro cómo se va a continuar con estos procesos que buscaban fortalecer a las comunidades en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
La Onic es una de las cientos de organizaciones que se apoyaban del dinero que entregaba el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid); la responsable de más de la mitad del dinero que entraba por cooperación internacional al país.
Hoy 82 programas relacionados con el trabajo humanitario, el apoyo al proceso de paz, sustitución de cultivos, seguridad alimentaria, fortalecimiento institucional a nivel regional, medio ambiente, entre otros temas, están a la deriva en todas las regiones del país.
“El Estado no tiene la capacidad económica, ni institucional, para hacer presencia en todo el territorio colombiano. En ese sentido el rezago en materia de implementación de política social y de presencia tradicional en el territorio es bastante grande y la cooperación internacional ayudó a que de alguna manera se hiciera presencia a través de ciertas políticas sociales. Hoy no logro dimensionar cómo podrían cubrir ese hueco”, explica Ivonne Elena Díaz, coordinadora en el área de regionalización de Dejusticia.
Según la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), en 2023 se registraron 518 iniciativas de cooperación internacional de varios países del mundo, que sumaban recursos por aproximadamente 1.338 millones de dólares. La región Pacífico fue una de las principales receptoras de este dinero, especialmente en áreas clave como el desarrollo económico y la superación de la pobreza. A nivel departamental Norte de Santander fue el receptor de la mayor cantidad de recursos, principalmente para atender la migración. Por su parte, Bogotá, Villavicencio, Florencia, Tibú y Montería están en el top de municipios con mayor cooperación. De toda esta inversión, Estados Unidos entregó más de la mitad: 652 millones de dólares.
A continuación, le explicamos qué repercusiones tienen las decisiones del presidente Trump en estos municipios y, en general, en las regiones alejadas del centro del país.
Hay incertidumbre sobre la implementación del Acuerdo de paz
Según un estudio de la APC, Estados Unidos fue el principal emisor de los recursos de la Cooperación Internacional destinados a la paz desde el año 2018 al 2021 . Recursos que se invirtieron fundamentalmente en atender la línea de Reforma Rural Integral y en menor proporción en otras cinco líneas: participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas, reparación de víctimas e implementación, verificación y refrendación. Fue el responsable del 38,33 por ciento del total de la cooperación en ese periodo.
En total, Estados Unidos ha aportado casi la mitad de todos los recursos de cooperación internacional destinados para la paz en Colombia desde el 2018 hasta el año pasado. Fueron 1.260 millones de dólares, que corresponden al 42 por ciento del total de la cooperación en este tema. Además, Ivonne Díaz explica que a través de Usaid se fortalecieron otros procesos en las regiones, adicionales al acuerdo de paz firmado con las Farc: “ayudó a que después de la movilización paramilitar muchas organizaciones volvieran a reunirse, a fortalecer el movimiento social y ha venido impulsando en las distintas etapas de los procesos transicionales en el territorio; no solamente con el acuerdo de paz firmado entre la Farc y el Estado”.
Con este panorama, la afectación en la implementación de proyectos ligados al tema del acuerdo de paz todavía es muy difícil de dimensionar, pero hay mucha incertidumbre.
“Afecta la inversión a nivel territorial para poder entregar territorios baldíos y con ello permitir que la gente que regresó al campo tenga la capacidad y la posibilidad de invertir, para poder levantar esos territorios y producir. Pero también afecta, por ejemplo, programas de sustitución de cultivos ilícitos especialmente en un momento en el que también hay una crisis de producción de coca y que lleva a que, eventualmente, la situación de la población en territorios tan afectados como el Cauca o el Catatumbo termine siendo mucho peor”, dice Alejandro Chala, Investigador de la línea Democracia y Gobernabilidad de Pares Colombia.
También están en riesgo la investigación de tres macro casos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según Alejandro Ramelli Arteaga, presidente de la jurisdicción, son 15.000 millones de pesos los que están en vilo con la decisión de Trump de detener la cooperación. Estos recursos iban para el caso 06 que investiga el genocidio de la Unión Patriótica, el caso 11 que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva y el caso 09, que investiga crímenes contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado.
¿En qué queda la conservación de la Amazonía?
Desde el primer día que Trump llegó a la presidencia decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, un tratado internacional adoptado en el 2015 que busca reforzar el compromiso de los distintos gobiernos frente al cambio climático. Para esto, propone un plan de acción para todos los gobiernos en tres puntos principales, entre estos, la mitigación o reducción de emisiones de CO2.
La salida del país de este tratado preocupa porque Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero. Pero, además, porque el presidente norteamericano niega la crisis climática, por lo que aportar recursos para detenerla no hace parte de sus prioridades.
Para la conservación de la Amazonía, por ejemplo, la retirada de la cooperación internacional pausa programas específicos en el tema de la contención de delitos ambientales y estrategias de contención de la deforestación, como los pagos por servicios ambientales. Natalia Escobar, coordinadora de la línea de Justicia Ambiental en Dejusticia, explica que aunque hay otros aportantes, hay incertidumbre sobre qué decisiones tomarán estos países con la salida de Estados Unidos:
“En el caso particular de la Amazonía, Estados Unidos no es el único aportante en materia de conservación. La información que conocemos es que, por ejemplo, en todo el proyecto de corazón de la Amazonía los principales países aportantes son Reino Unido, Alemania y otros países europeos. El asunto es que no se trata solamente de porcentaje, hay una condición simbólica de la salida y es la incertidumbre de qué va a pasar con los otros cooperantes”
Natalia Escobar, coordinadora de la línea de Justicia Ambiental en Dejusticia
Además de los proyectos directamente ambientales, también quedan interrumpidos otros procesos relacionados con el tema de tierras y proyectos de conservación con comunidades campesinas en parques ambientales. “Son agendas que parecen más agrarias, pero que tienen impacto ambiental también. Por ejemplo en temas de reforma rural integral y los apoyos a tierras, proyectos como catastro multipropósito, que tenían efectos también colaterales en materia ambiental porque son fundamentales para el tema de contención a la deforestación y para la definición de áreas deforestadas como tal”, agrega Escobar.
Aunque casi el 70 por ciento de la mitigación en materia climática está en la región amazónica, hay otros frentes de trabajo que también quedan suspendidos. Entre esos, el cuidado de los páramos en la región andina, especialmente en lo relacionado con conflictos socioambientales de población campesina en estos territorios.
Se reduce la atención humanitaria en zonas de conflicto
La operación de varias organizaciones internacionales que trabajaban en Colombia gracias al dinero de la cooperación de Usaid también está suspendida. Save the children, Oxfam y el Consejo Noruego para Refugiados implementaban programas sociales en zonas donde hay presencia de grupos armados, la mayor parte de estos lugares no tienen acceso a políticas sociales del Estado que protejan sus derechos fundamentales.
Al suspenderse los programas, expertos como Sergio Chaparro, coordinador internacional en Dejusticia, y encargado de incidencia y política internacional en la Tax Justice Network, dicen que es inevitable el recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales: “Se suspende casi que inmediatamente buena parte de esas actividades en lugares como el Catatumbo, una zona donde con esta ola reciente de violencia han muerto más de un centenar de personas y se estima que 50.000 personas han sido desplazadas. Al tener que cancelar los contratos de las personas que trabajaban en estas organizaciones locales y tener que cerrar las oficinas, porque no pueden pagar los arriendos de las instalaciones, repercute directamente en la población víctima que puede beneficiarse del trabajo que estaban haciendo estas organizaciones”.
Adicionalmente, Usaid también entregaba recursos al Estado para el sector defensa. Aunque no se conoce el monto, por ser información clasificada, también tendría repercusiones en temas de armamento. “Había recursos que llegaban para, por ejemplo, la puesta en operación de aviones y helicópteros, que es muy costoso elevarlos del suelo. Porque estos aviones y estos helicópteros utilizan todo un sistema de radares y todo una especie de coordinación tierra-aire que es necesario pagar, también por el combustible. Colombia trata de sostener, actualizar y recolectar estas armas para poder confrontar los riesgos de seguridad que tiene a nivel interno, pero la puesta en operación de muchos de estos elementos de seguridad dependía precisamente de la cooperación internacional”, agrega Chala.
Se acaba el fortalecimiento institucional en las alcaldías locales
Entre los lineamientos de Usaid estaba el programa de Gobernabilidad Regional (RGA) que buscaba mejorar la gobernabilidad de 40 municipios en nueve departamentos que fueron afectados por el conflicto armado en Colombia. Con su suspensión, este y varios programas que buscaban fortalecer la democracia y los movimientos sociales en municipios de sexta categoría se detuvieron.
“Estos municipios fueron los que recibieron los efectos más directos del conflicto armado, pero que son los que menos capacidad institucional tienen. Había apoyo en materia de asistencia técnicas para estas alcaldías, para las gobernaciones, e incluso instituciones del orden nacional, pero que tienen oficinas regionales como la Unidad de Tierras o la Unidad de Víctimas”
Ivonne Elena Díaz, coordinadora en el área de regionalización de Dejusticia.
Alejandro Chala explica también que la inversión buscaba impulsar políticas como el catastro multipropósito, la recuperación de distritos de mini riego, la instalación de comités, procesos de acceso a la justicia, programas con enfoque de género, entre otras formas de llegar a los municipios donde el Estado históricamente no ha llegado. Incluso el apoyo a los concejos municipales de juventud que buscaba el fortalecimiento de la participación política y procesos anticorrupción.
“En la región Pacífico hay varios procesos que se estaban llevando por fondos de Usaid, que iban precisamente al fortalecimiento de la participación ciudadana y de la transparencia, hay una cuenta anticorrupción bastante fuerte y una incidencia por ese lado. Pero también el financiamiento de organizaciones centrales que tienen esa capacidad de precisamente hacer seguimiento a temas de transparencia y corrupción a nivel nacional y a nivel también territorial, como son los medios”, agrega.
Menos oportunidades para los campesinos, la agricultura y la seguridad alimentaria
La cooperación de Estados Unidos también financiaba procesos de proyectos productivos en varias regiones. Según datos de ForeignAssistance.gov, el sitio web del gobierno americano sobre los datos de asistencia exterior, en 2024 la agricultura fue el tercer sector que más recibió cooperación de Usaid en Colombia: una inversión de 17.05 millones de dólares.
En cambio, en 2023 la asistencia alimentaria fue la actividad en la que más invirtió Usaid, fueron 40 millones de dólares. “Muchas comunidades tenían procesos de proyectos productivos que les permitían dos cosas, por un lado satisfacer alimentos de pancoger, pero de otro lado también en algunas ocasiones les permitía a esas comunidades comercializar”, dice Ivonne Diaz
En el Cauca, por ejemplo, estaba el proyecto Finanzas para la Equidad que ofrecía acceso a servicios financieros para proyectos productivos. En coordinación con Finagro, Usaid buscaba la implementación de iniciativas que facilitaran la profundización financiera desde la oferta y demanda de crédito agropecuario y rural en los municipios PDET y corredores de intervención priorizados.
¿Y ahora?
A pesar de la importancia de la inversión que ha tenido Usaid en Colombia, no todo ha sido color de rosa. Inicialmente su llegada a las regiones causó mucha desconfianza por su relación con el Plan Colombia y una de las críticas ha sido su mirada centralista: “Este tipo de programas de cooperación se acercaron a los territorios con ciertos sesgos centralistas. La forma de aplicarlos eran muy verticales y no tenían en cuenta en principio esas necesidades que las comunidades como tal tenían. Los intereses de este tipo de cooperación no siempre están alineados directamente con los intereses de las regiones y de los territorios”, comenta Ivonne Diaz.
Una de las reflexiones que plantea la salida de estos recursos, explica Natalia Escobar, es la falta de fortalecimiento de los procesos de gobernanza local que ya existen, y reducir la dependencia de los recursos externos. Así como tener en cuenta el contexto local que queda por fuera de la agenda internacional, como el conflicto armado interno y un proceso de negociación suspendido con el ELN:
“Esto nos pone de presente una pregunta, que sigue siendo una deuda vigente, y es ¿cómo fortalecemos los procesos de gobernanza ambiental que ya existen en los territorios?. Porque las demandas que existen no muchas veces están asociadas con la agenda del norte global, sino que hay una agenda propia con unos intereses de conservación muy particulares que no necesariamente tienen que ver con la deforestación, pero tienen que ver con otros aspectos internos como la protección del agua”.
Adicionalmente, plantea Alejandro Chala, la necesidad de fortalecer los procesos de cooperación en latinoamérica: “Esto pone de manifiesto la urgencia y la necesidad de que se planteen procesos reales de integración continental y que tengan como efecto precisamente la consolidación de procesos de cooperación sur-sur que funcionen precisamente por un lado para el fortalecimiento de capacidades territoriales dentro del continente, que también alivien situaciones humanitarias que se van a presentar en el futuro y que cubran precisamente todo ese hueco que la cooperación internacional está dejando atrás”.
