A Belisa Solano, una profesora de 37 años, la han robado tres veces en Fonseca. La primera vez, en enero de 2021, un hombre en una mototaxi la sorprendió mientras se movilizaba en la moto junto a su hija. Amenazándola con un arma le robó el celular. En la segunda, en junio de 2021, un hombre le puso un revólver por la espalda y la amenazó con matarla si no le entregaba la moto y el celular. En ambas ocasiones, Solano denunció en la Policía. En la tercera, el 10 de agosto, optó por no imponer ninguna denuncia porque no ha habido avances, hasta la fecha, sobre sus dos primeras acusaciones.
“Me mostraron una cantidad de hombres, unos cuatro o cinco, para ver si se parecían a las personas que habían realizado el atraco pero no se me pareció a ninguno de ellos. El caso quedó ahí. Lo mismo pasó en la segunda ocasión, reporté la moto y afortunadamente la encontré porque me la dejaron tirada en la entrada a Barrancas”, recuerda Solano.
En Fonseca, un pueblo al sur de La Guajira, personas como Belisa Solano encuentran una serie de obstáculos para denunciar delitos, principalmente los robos. La limitada respuesta por parte de las autoridades para realizar investigaciones exhaustivas sobre los delitos que ocurren a diario en Fonseca y en La Guajira; las fallas en las herramientas virtuales de denuncia; la desconfianza en el sistema judicial, y el desconocimiento de las autoridades encargadas de recepcionar y una oficina que trabaja solo entre semana, son algunos de los obstáculos que refieren los y las habitantes.
Otro de los casos que muestra estos obstáculos es el de Paola Blanchar, una trabajadora de 23 años. A Paola la robaron a las 3 de la mañana del 9 de julio, cuando estaba cerrando el billar donde labora. Dos hombres con la cara cubierta la abordaron y le quitaron una pulsera de oro, la cédula, el celular y una maleta con sus objetos. El valor de todos los elementos hurtados, según Blanchar, rondaba los 700 mil pesos. “Mi jefe llamó enseguida a la Policía pero ellos ni se acercaron al local. Llegué a la estación para poner el denuncio de mi cédula pero no me preguntaron mayor cosa. Creo que es una de las inconformidades que hay acá, uno le hace saber a la Policía y ellos como si no les importara nada. La Fiscalía dice que vaya primero a la Policía. Cada uno se tira la bolita”, agrega Blanchar.
"Es una de las inconformidades que hay acá, uno le hace saber a la Policía y ellos como si no les importara nada. La Fiscalía dice que vaya primero a la Policía. Cada uno se tira la bolita”
Paola Blanchar
Solano y Blanchar personifican el sentimiento compartido de gran parte de la población de Fonseca que sostiene que: ”denunciar no sirve para nada”. Esta percepción ha tomado fuerza en en el municipio al tiempo que han incrementado los robos y homicidios en el municipio de manera sostenida desde 2019. Según cifras del Secretario de Gobierno entregadas a Consonante en febrero de este año, los robos pasaron de ser 86 en 2021 a 117 en 2022, los robos de carros aumentaron de tres a doce y los hurtos a establecimientos comerciales y a motos se redujeron de ocho a siete y de 23 a 22, respectivamente.
El viacrucis para radicar una denuncia
Para denunciar en Fonseca, un habitante tiene la opción de dirigirse a la sede de la Fiscalía en el municipio que está abierta de lunes a viernes. Cuando son temas urgentes que se presentan los fines de semana, deben ir hasta San Juan del Cesar donde funciona la Unidad de Reacción Inmediata (URI), un centro de atención a la ciudadanía en donde se atienden los delitos que requieran intervención inmediata de la justicia. El ente investigador tiene, además, la página A Denunciar, donde se pueden interponer las acusaciones de forma virtual. Después de esto, los casos son dirigidos a fiscales de intervención temprana, quienes priorizan los casos y dan atención a las denuncias urgentes. Estos son los canales que la entidad tiene como puerta de entrada para acceder al sistema de justicia.
Silvia Helena Hoyos, directora seccional de la Fiscalía en La Guajira, explica que en el departamento y por lineamiento de la Fiscalía General de la Nación, se priorizó la atención de los casos de homicidio, violencia sexual y violencia intrafamiliar. “Es por eso que la violencia sexual y la violencia familiar han tomado el carácter de actos urgentes, entonces se atienden de manera inmediata”, detalla Hoyos.
Los y las habitantes del municipio aseguran que no es suficientemente claro quiénes son los encargados de recibir las denuncias. Esto lleva a que los ciudadanos se confundan y no sepan a dónde acudir y, por otra parte, a que los funcionarios no recepcionen los casos que les llegan. De esta manera, denunciar los casos termina en una cadena de ir de un lugar a otro sin obtener respuestas. “Por regla general las denuncias se colocan en la Fiscalía pero hay más autoridades que pueden recibirlas. Por ejemplo, la Inspección de Policía o las unidades Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijin) pueden recibirlas y remitirlas a la Fiscalía, que es la competente para tramitar los procesos legales”, explica Juan Jaime Peralta, personero municipal.
Para Arturo Suárez, subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, es importante tener claro que la Inspección de Policía actúa en los casos de problemas de convivencia; las Comisarías de Familia, reciben los casos de violencia intrafamiliar y maltrato a la niñez, y los Defensores de Familia y la Policía, se encargan de la captura; la Fiscalía recibe las denuncias e investiga; y los jueces, finalmente, valoran los hechos y tomar una decisión. “Al que ven frecuentemente es al policía y le exigen a la Policía que responda por todo pero no es su competencia”, afirma.
“Al que ven frecuentemente es al policía y le exigen a la Policía que responda por todo pero no es su competencia”
Arturo Suárez
Eder Huguez Peñaranda, secretario de Gobierno, reconoce este problema. “Hay dos aspectos relevantes. El primero, la cultura. Fonseca no es un pueblo de denuncia, no sé si eso lo genera el temor o la desconfianza. Lo otro es que no tenemos URI”, afirma Peñaranda para quien es evidente que hoy en día hay un subregistro de hurtos y robos. Sobre el primer caso, una habitante de un corregimiento de la Serranía del Perijá en jurisdicción de Fonseca, quien prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, aseguró que ha evitado denunciar el robo que sufrió en su finca porque conoce a los presuntos criminales y podrían agredirla.
Hoy en día, los delitos más denunciados en Fonseca son el hurto, las amenazas, las lesiones interpersonales, la falsedad en documento y la violencia intrafamiliar, según Silvia Helena Hoyos, directora seccional de la Fiscalía en La Guajira. Hoyos detalla que durante la vigencia de 2023, que comprende enero a agosto de este año, tienen entre los registros de denuncias de Fonseca: cinco homicidios, de los cuales, asegura, han esclarecido un 80 por ciento. Además, cuentan con 147 denuncias formuladas por hurto. Al respecto la Directora de la Fiscalía especifica que estos pueden ser de vigencias pasadas, es decir, de meses anteriores que hasta ahora se denuncian.
En el caso de los hurtos (cuya cuantía no supere los 150 salarios mínimos legales vigentes) y las lesiones personales, el tiempo máximo para que la justicia asuma el caso es de seis meses desde que ocurrió el delito, según la ley 1826 de 2017. Para el resto de crímenes, como lo establece el Código Penal, el tiempo máximo de prescripción es de cinco a 20 años, dependiendo del tipo de delito. Esto quiere decir, que el Estado tiene ese tiempo límite para castigar a los culpables.
A los problemas de radicar denuncias de formas tradicionales, se suman las barreras para hacerlo de manera virtual. Primero, porque no hay suficiente pedagogía sobre su existencia o sobre cómo usarla, y porque las preguntas suelen ser extensas y las personas desisten. Esto sin contar que la página de denuncias virtuales, A denunciar, suele caerse o no hay suficiente conectividad para acceder. Incluso, para llenar el formulario se debe disponer de al menos una hora para incluir los datos sobre los hechos, testigos, los presuntos culpables y los elementos hurtados.
Silvia Helena Hoyos, directora de la Fiscalía seccional La Guajira, reconoce que: “a veces la página puede colapsar, enredarse o parecerle al usuario que puede estar muy amplio el cuestionario. Pero en realidad son las preguntas básicas que necesita el fiscal para conocer los hechos y tratar de evitar al máximo estarlo citando a una ampliación”.
La impunidad
“¿Para qué denunciar si no voy a tener ningún resultado? Quienes somos víctimas no denunciamos porque no va a suceder absolutamente nada. Siento que las leyes y las autoridades no están haciendo su trabajo ni el acompañamiento a la comunidad. Es preocupante que tengamos que vivir en esta situación”, dice Belisa Solano.
La falta de acción de las autoridades en la captura, judicialización y esclarecimiento de los casos ha generado que los y las habitantes de Fonseca desconfíen en la justicia. Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, denunció en redes sociales durante una visita a La Guajira en junio que en este departamento hay una “impunidad sistemática que convierte a La Guajira en un departamento fallido en lo judicial”. Según Idárraga, al menos 85 por ciento de las investigaciones por corrupción en manos de la Fiscalía o juzgados penales han prescrito o están en inminente prescripción. El Índice Global de Impunidad, publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), detalla que La Guajira tiene un índice de impunidad de 49 por ciento.
Al respecto, la Directora de la Fiscalía seccional La Guajira asegura que la percepción negativa sobre el avance de las investigaciones por parte de la población se debe a que “los seres humanos tenemos una sensación general de insatisfacción”. Agrega que se han logrado avances significativos en el esclarecimiento. “En los cinco homicidios ya sabemos quién es el autor y tenemos unas órdenes de captura ordenadas por un juez. Estamos esperando que la Policía Nacional o la Sijin las materialicen para poder judicializar de manera concreta. Otra cosa es que el juicio todavía no se lleve a cabo y que a veces a las personas les cueste un poquito esperar y tener paciencia. Eso no depende sólo de Fiscalía porque los juicios se adelantan ante los jueces, quienes tienen grandes cargas de trabajo”.
Hoyos asegura que los casos que se presentan mayores obstáculos para esclarecer son los hurtos a pesar de que son los delitos que más se denuncian. La Directora explica que esto se debe a la debilidad en las pruebas pues en algunos casos no hay cámaras y alrededor del 50 por ciento de las que han sido instaladas por la Alcaldía están deterioradas o no funcionan.
Carmen Puche cuenta que a finales del año pasado le hurtaron de su casa una lavadora. Un testigo le contó quién había sido el presunto ladrón, ella fue hasta la casa de él y junto al joven y la Policía hizo recorridos por los barrios para que le dijera dónde había vendido la lavadora. “A las 6 de la tarde llego a la Estación de Policía y me dicen que lo van a dar salida porque no lo encontraron en flagrancia. Él se fue a dormir a la casa tranquilo. Después, reuní pruebas con las cámaras de tiendas recordando la hora del robo y pudimos seguir el recorrido que había hecho el muchacho gracias a una calcomanía de la moto y por la llanta delantera. Fueron tres días buscando hasta que ubicamos mi lavadora”, agrega. A pesar de que varios testigos lo identificaron, la Policía no tomó ninguna medida contra él.
Para Arturo Suárez, subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, este tipo de situaciones en el que las víctimas de delitos terminan por interpretar que la justicia no actuó afecta su confianza en las instituciones. Por eso, para él, no solo es necesario que la justicia opere sino que la ciudadanía entienda cómo funcionan los operadores de justicia que se deben cumplir.
El especialista agrega que el acceso a la justicia no se limita a la posibilidad de interponer una denuncia sino que son un conjunto de condiciones que impiden el goce efectivo de las personas al derecho a la justicia. “Las barreras no son solamente aquello que dificulta instaurar una denuncia o promover una demanda, sino también la comunicación e interacción que se tiene después de haber colocado la denuncia o la querella, con el sistema. Se esperaría que este le debe brindar amparo, protección y respuestas eficaces, oportunas y concretas a uno como ciudadano pero lo que se ve es que sencillamente no se mueve”, afirma Suárez.
Las salidas
Para recuperar la confianza en el sistema de justicia y acceder a este derecho, Arturo Suárez asegura que se debe priorizar la atención de los casos. “Pasan hasta dos o tres años y las víctimas no reciben una llamada de parte de la Fiscalía y cuando la reciben, en la mayor parte de los casos, es para ver si uno tiene información para ampliar la denuncia”, afirma Suárez. Además, agrega que se debe tener en cuenta el papel de la justicia comunitaria y su potencial para resolver conflictos comunitarios a través de la mediación y la conciliación.
"Pasan hasta dos o tres años y las víctimas no reciben una llamada de parte de la Fiscalía y cuando la reciben, en la mayor parte de los casos, es para ver si uno tiene información para ampliar la denuncia"
Arturo Suárez
El subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional considera que se debe hacer una caracterización de los delitos para entender qué factores influyen en el incremento de ciertos casos. “Podemos decir si los hurtos obedecen a redes transnacionales o si lo que más se produce son las lesiones personales, producto del consumo de alcohol. Esto permite leer el contexto local e interpretarlo para construir estrategias de acceso y resolución”, explica Suárez.
Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia para la Justicia (CEJ), añade que se debe trabajar en tres frentes: la reforma a los código penales para que prioricen a la víctima y no a los victimarios; incrementar el número de despachos judiciales y de fiscales en los departamentos olvidados estatalmente; crear procedimientos y trámites expeditos para que el ciudadano también se sienta motivado a denunciar; y fortalecer la presencia estatal en cuanto al acceso a servicios básico e internet.
Por lo pronto, la Alcaldía de Fonseca y de Barrancas junto a la Fiscalía tienen el proyecto de ampliar la sede del ente investigador en Fonseca, para que haya una persona que pueda estar disponible las 24 horas de los siete días de la semana. Según el secretario de Gobierno, la inversión que se realizará será de aproximadamente 880 millones de pesos. De estos, Fonseca aportará 400 millones de pesos y Barrancas, los otros 480 millones de pesos restantes. Aunque ya el proyecto tiene los Certificados De Disponibilidad Presupuestal (CDP), que garantizan la asignación de los recursos, aún no se ha firmado el convenio.
La Fiscalía asegura que junto al Ejército y la Policía están investigando las estructuras criminales que cometen estos delitos para esclarecer los robos en el municipio y en La Guajira. Mientras las autoridades muestran resultados frente a los delitos denunciados, los y las habitantes del municipio temen que cada día se pierda aún más la credibilidad en el sistema judicial y se tome justicia por cuenta propia. “Le provoca a uno tomar justicia por mano propia. De pronto por la manera de crianza, por los valores, uno no es capaz de decirle palabras vulgares o darle una ‘palotela’ a esa persona, pero eso es lo que en realidad provoca al ver la injusticia del sistema judicial de Fonseca”, agrega Solano.
