Entre llamas, ramas y escombros, se apagaron varias vidas el pasado jueves 21 de agosto. En inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, Valle del Cauca, un acto terrorista dejó un saldo de seis personas muertas, 76 heridas y decenas de viviendas y locales del barrio La Base damnificados.
El comandante de la Policía de Cali, Henry Yesid Bello, precisó en la tarde de ayer que los dos camiones usados para transportar y ocultar los explosivos venían desde Corinto, Cauca, habían sido robados y tenían placas plagiadas para engañar a las autoridades. El general explicó durante la rueda de prensa que los cilindros empleados en estos hechos pesaban cerca de 40 libras y estaban cargados con amonal, un potente explosivo que consiguió causar daños a la infraestructura de la base militar y a las residencias del sector. Las autoridades señalaron que pudo ser mayor la tragedia, de haber estallado una segunda carga que se mantuvo inactiva.
“Si bien era un atentado que se hizo en inmediaciones de la base, el que se haya hecho pasado el mediodía tenía una clara intención de afectar a la población civil”, lamenta Inge Valencia, directora de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización de la Universidad Icesi de Cali. “Esta es una acción que va contra todas las vías de Derecho Internacional Humanitario”, agrega.
A pesar del caos, la comunidad logró detener a un hombre señalado de estar involucrado en los hechos y, poco después, la Policía capturó a un segundo sospechoso. Se trata de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, quienes fueron presentados por la Fiscalía ante un juez de control de garantías como responsables de trasladar y activar los dos camiones cargados con ‘tatucos’. Uno de ellos, conocido con el alias de ‘Sebastián’, haría parte del Estado Mayor Central (EMC), facción disidente de las extintas Farc. La autoría del ataque se atribuye a una estructura del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, comandada por Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon’, que opera bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’.
Como líder de la estructura Jaime Martínez, a ‘Marlon’ se le responsabiliza de direccionar y ejecutar ataques armados, difundir propaganda ilegal e incitar el reclutamiento forzado en el norte del Cauca, especialmente en los municipios de Buenos Aires, Suárez y Morales; algunos municipios de Nariño; y en Jamundí, Valle del Cauca. Además, se le señala de controlar corredores de economías ilegales en El Cañón del Micay, una subregión al occidente del Cauca conformada por cinco municipios —Argelia, El Tambo, López de Micay, Guapi y Timbiquí— que conduce hacia el Océano Pacífico, y se le conoce como el “amo de Jamundí” por imponer extorsiones a empresarios y hacendados en ese municipio.
Precisamente por las operaciones militares que el Gobierno ha desplegado en el Cañón del Micay contra las disidencias, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y el presidente Gustavo Petro atribuyeron a estas estructuras los recientes hechos terroristas en la capital del Valle. En los últimos meses, la Columna Carlos Patiño ha recibido duros golpes por parte de la Fuerza Pública en el marco de la Operación Perseo II, con la cual busca recuperar el control del Cañón del Micay, donde esta facción ha mantenido durante años su retaguardia militar y económica, basada en los cultivos de coca y la minería ilegal. Como respuesta articulada, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, con presencia en Cali, han ejecutado acciones terroristas en la ciudad en resonancia con los ataques contra el Bloque Occidental —en particular, el Frente Carlos Patiño— en el Cauca.
“El Ejército está en la vereda Honduras —en el municipio de El Tambo, Cauca— que es el corazón de El Cañón del Micay —y principal centro de operaciones del Frente Carlos Patiño—. Las disidencias están sintiendo una presión fuerte y puede que hayan decidido desde hace un tiempo responder con este tipo de ataques”, señala Kyle Johnson, cofundador e investigador de Conflict Responses (Core).
La investigadora de la Universidad Icesi explica que lo que pasa en departamentos como Cauca o en varios municipios del Litoral Pacífico —como Buenaventura o Tumaco— impacta en esa ciudad. “A Cali hay que pensarla como una ciudad-región, en términos de muchas cosas, entre ellas, de las dinámicas de conflicto. Cali es un cruce de caminos, entre rentas ilícitas, que están cobrando cada vez mayor relevancia, y la articulación entre distintos fenómenos de macro y microcriminalidad, y que hacen que la ciudad sea un epicentro de negocios de lavado de activos, pero también es un lugar donde grupos, como las disidencias asociadas al Estado Mayor Central, hacen presencia de alguna manera en la ciudad”, señala Valencia.
‘Marlon’ lleva más de 15 años en la guerra, a pesar de haber recibido los beneficios de indulto tras la firma del Acuerdo de Paz. En 2019 volvió a las armas por encargo de ‘Mordisco’, quien le encomendó la misión de recuperar el control en Cauca. Las autoridades lo responsabilizan de al menos ocho atentados y de su participación en homicidios, incluidos los de líderes sociales. También se le señala de estar detrás del secuestro de Lyan Hortúa, el menor de edad raptado en su casa en Jamundí a comienzos de este año y liberado 19 días después.
Tras un consejo de seguridad en el aeropuerto Bonilla Aragón, liderado por el presidente Gustavo Petro, se descartó la declaratoria de conmoción interior y se activó una estrategia de inteligencia y judicialización para dar con los responsables.
Durante este año, otros hechos terroristas han tenido lugar en la capital del Valle. El pasado 10 de junio se activaron artefactos explosivos cerca de la estación de Policía de Meléndez y el CAI de Manuela Beltrán. A finales de julio, atacaron con explosivos cámaras de fotomulta en el sur de Cali.
“La violencia en Cali se ha venido escalando y el hecho de que hacen varios atentados dentro de Cali en las fechas importantes para el grupo expone problemas serios de actuar sobre la información de inteligencia, incluso la que es predecible”, lamenta Johnson.
“Desde el inicio de este año enfrentamos la amenaza del Frente Jaime Martínez, narcotraficantes que usan a Jamundí de negocio y vienen a violentar a Cali. No vamos a parar hasta capturarlos”, expresó el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, en su cuenta de X.
Derriban un helicóptero en el Nordeste
En el municipio de Amalfi, en la subregión del Nordeste antioqueño, 13 policías perdieron la vida en un ataque atribuido al Frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, jefe del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). Otros uniformados resultaron gravemente heridos. Según explicó el presidente Gustavo Petro, la misión de la tropa era erradicar cultivos de coca en la zona, pero fueron emboscados mientras cumplían esa labor. Una aeronave de la Fuerza Pública tuvo que ser enviada para evacuar a los uniformados, pero la misión tuvo un fatal desenlace.
Según un video, justo cuando un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional se precipitaba a tierra para recoger a los uniformados, explotó. La hipótesis que las autoridades manejan es que las disidencias emplearon explosivos con la ayuda de un dron.
Datos del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia enseñan que para 2023 Amalfi había presentado una superficie de 382,59 hectáreas de coca, pero para comprender el fenómeno debe leerse a la región del Nordeste antioqueño integralmente. Así, es preciso reconocer que justo al lado, en el municipio de Anorí, se registraron 2.089,32 hectáreas de coca para el mismo año, lo que lo posiciona como el cuarto municipio con mayor cantidad de cultivos de uso ilícito de Antioquia.
El investigador de Core señala que los hechos del Valle del Cauca y Antioquia no tienen relación. Lo mismo opina de la explosión en Florencia, Caquetá, en la mañana de ayer. Este último sería una advertencia por incumplir extorsiones impuestas por algunas de las facciones disidentes de las Farc que operan en ese departamento.
El surgimiento de las disidencias en Antioquia se dio inicialmente con los frentes 18 y 36, en el municipio de Ituango —subregión Norte— y en varios municipios del Nordeste antioqueño. Estas estructuras nacieron bajo la coordinación de la Segunda Marquetalia, pero en 2023 pasaron a manos de ‘Gentil Duarte’. Tras su muerte, quedaron bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ y, debido a las alianzas que los grupos armados venían consolidando, en 2024 terminaron subordinados a ‘Calarcá Córdoba’. El conocimiento del territorio que maneja este grupo armado se remonta a los tiempos en que el Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc operaba en la región y controlaba corredores de movilidad hacia el Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca.
“Con el apoyo financiero que le dio ‘Iván Mordisco’ y ahora alias Calarcá, esas estructuras tienen una capacidad logística sin precedentes, en una región que abarca un vasto territorio desde el nordeste de Antioquia, parte del Magdalena Medio, por el sur de Bolívar y los santanderes”, explica un vocero de la Fundación Sumapaz que pidió la reserva de su nombre por seguridad.
Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), precisa que la plataforma de derechos humanos del departamento ha denunciado los latentes riesgos que empezaron a tomar fuerza en Antioquia tras la firma del Acuerdo de Paz —y los incumplimientos sobre lo acordado—, con oficios que reposan en los escritorios de la Gobernación de Antioquia, la Fuerza Pública y el gobierno nacional. La vereda en la que ocurrieron los hechos limita con el municipio de Anorí, en donde la organización ha podido conocer sobre más de 200 familias desplazadas durante este año y han advertido que también los civiles se encuentran en inminente riesgo.
“No somos escuchados y este actual gobernador nos ha excluido prácticamente del escenario en la medida que no atiende ninguna de las denuncias”, lamenta el líder de la Fundación Sumapaz. “Se sabe de la presencia del Clan del Golfo, de las disidencias, del Eln en esta zona; de su interés por la minería ilegal, por los corredores de movilidad y por el tráfico de sustancias ilícitas, pero no son hechos nuevos”, agrega.
Sobre lo ocurrido, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arremetió contra el Gobierno nacional, dejando en evidencia su oposición a la manera en que se están adelantando las negociaciones de paz. Esta postura genera preocupación en la Fundación Sumapaz, que cuestiona la falta de articulación entre el nivel nacional y el regional. “Independiente de sus diferencias políticas, la ciudadanía pierde cuando el gobernador no reconoce al actual presidente de la República y no coordina acciones”, señaló un vocero de la organización.
La Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana 23 de 2022, ya había advertido el riesgo que podría presentarse en la vereda Los Toros, donde tuvo lugar el ataque contra el helicóptero, así como otros territorios cercanos. Se trata de una región en disputa, en la que las disidencias y el Eln han llegado a acuerdos para hacerle frente a la expansión y el poder del Clan del Golfo, mantener su control y continuar ganando terreno.
‘Calarcá’ le precisó a Colombia +20 que estos hechos no se trataron de un ataque premeditado, sino que fueron una consecuencia de los enfrentamientos entre sus hombres y el Clan del Golfo en la zona, justo en el momento en que un helicóptero de la Policía descendía durante la operación de erradicación de cultivos ilícitos.
Paz en crisis y nuevos ciclos
“Si bien nosotros le apostamos a la paz, hay que cuestionar realmente si estos grupos desean un cambio o un escenario de diálogo con el gobierno nacional, que para nosotros sería la mejor decisión, pero ese tipo de acciones que rechazamos de manera contundente demostrarían que no hay realmente una verdadera voluntad en el escenario de la paz”, lamenta el vocero de la Fundación Sumapaz.
Quijano, vocero de Corpades, advierte que uno de los grandes errores del proceso es adelantar las negociaciones sin que cesen las hostilidades. “Cuando se dieron los ceses bilaterales no se presentaban este tipo de situaciones. Ahora están dialogando en medio de la confrontación. Lo único que uno se puede preguntar es: ¿hasta dónde llega hoy la verdadera intención de paz del Frente 36, de la gente del Estado Mayor de Bloques y Frentes, de quienes están bajo el mando de ‘Calarcá’? ¿Acaso creen que la muerte de tantos policías va a tener un impacto positivo para el proceso de paz?”, cuestiona el defensor de derechos humanos.
Valencia, investigadora de la Icesi, reconoce que la propuesta de Paz Total fue innovadora, pero ha alcanzado más retrocesos que avances. A estos se suma la deuda en la implementación del Acuerdo de Paz en estas regiones, sobre las que el gobierno Petro también se quedó corto. “Desafortunadamente, la Paz Total no hizo una sinergia con el programa de sustitución o el de desarrollo territorial”, señala y, ante la deuda institucional, las violencias van a afianzarse en estas regiones. “Esas deudas no se van a resolver solamente con la militarización, pero también es necesario, en medio de lo que ha pasado, responder con el fortalecimiento de estas gobernanzas armadas”, agrega.
‘Iván Mordisco’ se había retirado de la mesa de negociación desde hace más de un año, mientras ‘Calarcá’ comanda las estructuras que continuaron en la negociación, pero esa mesa se encuentra suspendida desde hace un tiempo y un mes atrás había empezado a tomarse acciones para reactivarla y pasar al séptimo ciclo de la mesa de diálogos.
Entre ayer y hoy se llevó a cabo una reunión en la vereda El Diamante, en las sabanas del Yarí, para retomar los diálogos con las estructuras comandadas por ‘Calarcá’, quien estuvo presente en este espacio y señaló que ya hay fecha para el nuevo ciclo de conversaciones: el 24 y 25 de agosto, también en el Yarí. Para el investigador de Core persiste la duda de que estas acciones vayan a cambiar en algo la respuesta de la posición del gobierno con este grupo ilegal, aun con la presión de aproximarse la época preelectoral. “No ayuda lo que pasó, sin duda, pero creo que no van a pararse de la mesa”, agrega Johnson.
El reto será que este tipo de atentados creen condiciones para que las nuevas propuestas de gobierno que se disputarán la presidencia busquen continuar con lo avanzado en las mesas de negociación de la Paz Total. “El debate público de los candidatos hoy en día gira alrededor de que la Paz Total es la causa de la inseguridad en el país. Eso es parcialmente cierto, pero es sobresimplificada como explicación porque hay otras políticas y otros factores que influyen. Ni siquiera hay una mesa como ‘Mordisco’, es decir, los candidatos no diferencian que los responsables de algunos de estos atentados no estén negociando con el gobierno”, concluye el investigador de Core.
