El personero es el funcionario público que vela por la protección de los derechos de una comunidad y vigila a la administración local. Es, también, quien debe promover la transparencia de la ejecución del presupuesto público y la creación de las veedurías ciudadanas. Su elección es una tarea del Concejo municipal y debe hacerse de forma pública a través de un concurso en el que, se supone, debe ganar el mejor calificado.
El proceso comienza a partir de una convocatoria en la que se presentan universidades de todo país. La institución que cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley es la contratada para realizar el concurso de méritos. De ese concurso, se elige una terna sobre la que el Concejo decide quién será el personero.
A más tardar el 10 de enero del mismo año en el que empiezan los períodos de Concejo y Alcaldía tiene lugar ese mecanismo pero en San Juan del Cesar hay irregularidades.
El retraso en la elección
En 2023, el entonces presidente del Concejo, Eduardo Mendoza, firmó un contrato con vigencia de cinco meses por un monto de 4,2 millones de pesos con Orlando Gregorio Seoanes, representante legal de la Universidad Popular del Cesar (UPC) y quien se desempeñó como vicerrector administrativo de esa institución.
El cronograma propuesto por la universidad, que iba desde el 17 de julio hasta el 10 de enero, estaba marchando y los avances eran públicos en la página web del Concejo. Pero, el 23 de diciembre, el contrato fue revocado por medio de la resolución 077.
Según el exconcejal Leonardo Gamez, la UPC se declaró impedida. “El proceso se cae, la mesa directiva del Concejo nos notifica que la universidad, en cierto punto, se declara impedida por problemas internos. Es por esto que el Concejo da por terminado de manera bilateral el contrato que se había realizado”.
Según un reportaje de Caracol Radio que retrata lo sucedido en el municipio de Corozal, Sucre, el vicerrector Orlando Gregorio Seoanes firmó contratos con más de 30 municipios para apoyar el proceso de escogencia de personeros sin contar con la autorización del rector, Rober Romero Ramírez.
En un comunicado del 9 de enero de 2024, la universidad asegura que no ha autorizado la ejecución de contratos ni convenios relacionados con el concurso público de méritos para la selección de personeros. “Por lo tanto, no se validará ningún proceso que se haya adelantado utilizando el nombre de la Universidad Popular del Cesar”, dice la publicación formalmente.
Aunque desde Consonante intentamos comunicarnos con el rector de la universidad, Romero Ramirez, para conocer más detalles sobre este caso, al momento de publicar la historia no contestó llamadas ni mensajes.
El exconcejal Gámez, por su parte, asegura que no hubo pérdida de dinero público (detrimento patrimonial) porque no hubo anticipos y el cobro total del dinero estaba pactado para girarse cuando finalizara el proceso.
Empezar desde cero
Al Concejo entrante le corresponde iniciar de nuevo el proceso de elección. Lo está haciendo mediante una resolución emitida el 19 de enero con la que invita a las universidades e instituciones de educación superior, públicas o privadas, y a entidades especializadas en procesos de selección laboral, a presentar propuesta para el concurso de méritos de escogencia del personero.
Pese a que el cronograma de la resolución indica que desde el 22 de enero se publicó la invitación y que a partir del 8 de febrero se daría a conocer la entidad a la que se le adjudicaba; no ha sido así. El cronograma ha empezado a correrse. Por ejemplo, la adjudicación del contrato quedó para el 12 de febrero porque la mesa directiva del Concejo argumentó que, por “fuerza mayor”, tuvo retrasos
Ricardo Zuluaga Gil, experto en división Político-Administrativa de Colombia, explicó que ese proceso puede tardar entre dos y cuatro meses: “Como es un concurso abierto, se pueden presentar muchos candidatos. Hay municipios en los que hay hasta 700 aspirantes, y luego viene el proceso de impugnaciones y revisiones. Por bien que les vaya, son dos meses”.
Lo que sigue
La actual personera va hasta el último día del mes de febrero. A partir de entonces, al Concejo le corresponde nombrar un personero encargado porque la Personería no se puede quedar sin el funcionario que la encabeza.
El Concejo ha dicho que la única institución que se postuló a la convocatoria fue el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) de La Guajira. Aunque el proceso de elegir personero se ha planteado como un concurso de méritos en el que las instituciones de educación superior tienen un papel importante, sigue siendo un proceso que tiene los ojos encima y que, en ocasiones, es cuestionado.
“Se supone que se trata de un concurso de méritos para que sea un proceso más transparente pero, muchas veces, quien termina elegido es el candidato cercano al alcalde, el que le conviene o por el que hizo lobby y le interesa que no le pise los talones en su gestión”, dice Zuluaga a consonante, refiriéndose a que el control disciplinario o la vigilancia del funcionario sea más suave con el alcalde de turno.
Zuluaga agrega que los cuestionamientos son de lado y lado. Por ejemplo, dice que hay Concejos que ponen requisitos amañados para beneficiar a determinado candidato, así como universidades que también juegan en esos espacios políticos.
“Las universidades tienen cierto margen de maniobra para calificar, entonces, lo que hacen algunas, es que entran en contacto con el político que está manejando el proceso y quitan, suman o asignan determinados puntajes o no validan ciertas credenciales para beneficiar o perjudicar a un aspirante. Eso lo hacen, por ejemplo, a cambio de dinero”, explica.
Por eso la elección del personero es un proceso largo y lleno de suspicacias que, al menos en San Juan, inquieta a la ciudadanía.
