En San Vicente del Caguán, la temporada de lluvias anticipa las emergencias por inundaciones. El río Caguán se desborda, provoca deslizamientos de tierra y los habitantes reviven la misma pesadilla cada año: el agua entra a sus hogares, destruye sus viviendas y cultivos, y ahoga sus animales. Así ocurrió el pasado 12 y 13 de julio, cuando 635 familias y 65 locales comerciales amanecieron completamente inundados, según datos de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Caquetá.
Los barrios más afectados por los deslizamientos fueron El Campín, El Coliseo y La Paz, mientras que El Jardín y José María Camargo resultaron los más inundados, informó la Secretaría de Planeación Municipal. En los dos últimos episodios, el agua alcanzó hasta dos metros de altura, lo que obligó a evacuar a 40 personas hacia albergues temporales habilitados voluntariamente por la red hotelera del municipio. El resto de las familias se organizó para intentar salvar sus enseres y sacar el agua de sus casas, que en muchos casos les llegaba por encima de las rodillas.
“Hubo una oleada de lluvias bastante fuerte que hizo que aumentara el nivel del río Caguán y las fuentes hídricas dos metros más de lo normal en comparación con otros años”, explica el secretario de Gobierno de San Vicente del Caguán, César Monje. Antes, el agua alcanzaba apenas “uno o dos ladrillos” dentro las casas, recuerda Fabio Garzón, habitante del barrio El Jardín hace 12 años. Esta vez “faltaron tres ladrillos para llegar al techo, así que se perdió todo: camas, neveras, congeladores”, cuenta.
Por esta razón, algunos habitantes como Emidio Plaza Gutiérrez, residente del barrio hace ocho años, piden ser reubicados en otros sectores. “Perder las cosas así da ganas de irse para otro barrio”, asegura. Para él, esta creciente ha sido la más devastadora, pues “prácticamente” lo dejó sin nada.
En eso coincide Wilman Fierro, diputado del Caquetá y exconcejal de San Vicente del Caguán, quien reconoce que, aunque las crecientes son parte de la historia del municipio, “nunca se había visto un caudal tan alto”. La emergencia sorprendió a todos: “Ocurrió en la noche, cuando muchos estaban dormidos, por fuera de la casa o desprevenidos. No había equipos ni recursos suficientes, y el municipio no estaba preparado para atender una situación así”, lamenta.
Para otras familias fue la primera vez que el agua entró en sus casas. Elisenia Aguirre, profesora, madre de tres niños y habitante de El Jardín desde hace más de 30 años, cuenta que nunca había vivido una calamidad así. “Yo estaba tranquila. Ya muchas personas saben hasta dónde se les inunda la casa, entonces dejan todo organizado, buscan cómo proteger sus pertenencias y hasta abandonan la casa, porque al otro día la inundación ha bajado. Pero para nosotros fue la primera vez en todo el tiempo que llevo viviendo en el barrio”, cuenta. Según Aguirre, a eso de las tres de la mañana los vecinos empezaron a advertirles y “efectivamente, al bajar los pies al piso ya teníamos el agua en los tobillos”.
Sin recursos para una emergencia anunciada
Además de San Vicente, otros ocho municipios del Caquetá resultaron afectados por las inundaciones: Curillo, Solano, Solita, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Albania, San José y Milán, según información de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres.
En varios de ellos, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido desde junio de la probabilidad de crecientes súbitas en el Alto Caguán y sus afluentes, en especial en San Vicente del Caguán y Puerto Betania. También había emitido alertas naranjas y amarillas debido al riesgo por deslizamientos de tierra, razón por la cual había recomendado realizar un plan de emergencia familiar, así como abrir zanjas, alcantarillas y cuencas firmes para permitir un adecuado desagüe de agua.
Sin embargo, el margen de acción para los municipios del Caquetá “es muy poco”, lamenta Wilson Silva, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en el Caquetá. “El presupuesto de gestión del riesgo no es suficiente, los municipios son de sexta categoría, son pobres, entonces no cuentan con suficientes recursos para atender emergencias, por eso siempre se solicita apoyo departamental y de la nación”, explica Ospina.
"El presupuesto de gestión del riesgo no es suficiente, los municipios son de sexta categoría, son pobres, entonces no cuentan con suficientes recursos para atender emergencias".
Sobre esto también se ha referido el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, quien advirtió desde junio sobre la falta de recursos del presupuesto nacional para hacerle frente a las emergencias en el país. En sus palabras, la entidad se quedaría sin financiación “en semanas o meses” de no recibir recursos adicionales, teniendo en cuenta el recorte de 2,1 billones de pesos en la disponibilidad presupuestal efectuado en 2024.
La respuesta local es rápida, pero insuficiente
En medio de la emergencia en San Vicente del Caguán, organismos de socorro como bomberos, Defensa Civil, Ejército y Cruz Roja evacuaron a las personas afectadas. Al día siguiente, la Alcaldía declaró la situación de calamidad pública mediante el decreto 081 de 2025. A través de este recurso, la administración ordenó al Concejo Municipal elaborar un plan de acción y se comprometió a adelantar las gestiones necesarias para atender a las familias afectadas.
Por su parte, el gobernador del Caquetá Luis Francisco Ruiz visitó las zonas y prometió acciones una vez bajara el caudal del río. Mientras tanto, a través de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, se entregaron 600 kits de asistencia alimentaria y 250 paquetes con colchoneta, almohada y frazada, según información suministrada por la Gobernación del Caquetá.
Estas respuestas, sin embargo, son consideradas por muchos como insuficientes. En palabras del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres en el Caquetá Wilson Silva, “en una emergencia nunca es suficiente la atención para los daños tan grandes que sufren las familias: económicos, psicológicos”, asegura. “A las familias se les dañaron los electrodomésticos, ni el municipio ni el departamento ni la nación tienen recursos para reemplazar todos sus electrodomésticos”, añade.
Para empezar a cambiar eso, desde la Asamblea Departamental se aprobó una adición presupuestal por 232 millones de pesos destinada a mejorar la prevención, atención y recuperación de emergencias. En palabras del gobernador, “este recurso permitirá financiar planes de contingencia, procesos de capacitación comunitaria y coordinación interinstitucional con los municipios”. Sin embargo, el diputado Wilman Fierro cuestiona su alcance: “no es mucho, pero se puede distribuir bien”, dice.
El plan está en proceso de elaboración por parte del Consejo, que ya ha realizado dos sesiones de trabajo, asegura el secretario de Gobierno César Monje. El documento debe ser una hoja de ruta que permita fortalecer los planes de contingencia municipales y departamentales, capacitar a las comunidades en gestión del riesgo, prevención y autoprotección, y gestionar recursos y cooperación interinstitucional para obras de mitigación. “Con estas medidas se busca garantizar una atención más eficiente y una reducción progresiva de la vulnerabilidad de las familias frente a futuras inundaciones y otros eventos naturales”, asegura el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz.
A nivel local, la Alcaldía de San Vicente del Caguán cuenta este año con un presupuesto de alrededor de 100 millones de pesos para atender este tipo de emergencias. De ese monto, la administración municipal destinó 25 millones de pesos para brindar ayudas a las familias damnificadas, precisó el secretario de Gobierno. Aunque considera estos recursos como “muy importantes” para responder a las afectaciones, Monje reconoce que el gran desafío está en establecer acciones de prevención y mitigación a largo plazo.
“Sabemos que el río Caguán es una fuente hídrica que abraza a San Vicente del Caguán, eso significa que siempre va a existir el riesgo de que haya inundaciones. Las instituciones debemos ser más estrictas con el PBOT, que identifica las zonas con mayor amenaza, para no permitir que se construyan viviendas en estas áreas”, asegura el secretario.
Dos soluciones: reubicar a las comunidades y hacer obras de contención
Una de las acciones urgentes es justamente la construcción de un sistema de contención para mitigar el impacto de las inundaciones, reconoce Monje. Sin embargo, “esas obras tendrían un costo muy alto que el municipio no puede asumir”, advierte. “Es ahí donde toca pedirle a la Gobernación y a la nación que nos apoyen, eso debe quedar en el plan que elabora el Concejo”, explica el secretario .
Sobre esa posibilidad, el diputado del Caquetá Wilman Fierro también es tajante. “No se pueden prometer obras tan grandes sin los recursos ni competencia directa. En municipios como Valparaíso, donde existe un riesgo aún mayor, llevan tres años esperando respuesta y nada sucede”, dice Fierro.
Mientras tanto, para las comunidades que habitan barrios como El Jardín, la solución no sólo está en las obras de contención, sino en la reubicación de las familias en otros sectores. “La gente ya no quiere vivir allí, pero el municipio tiene un déficit de más de ocho mil viviendas, entonces se necesita una gran inversión nacional y subsidios de vivienda para reubicar a las familias. Es algo difícil de lograr solo con fondos locales”, explica el diputado.
“La emergencia fue noticia unos días, pero luego pasó al olvido. Las familias limpiaron sus casas, sacaron el barro y siguieron adelante como pudieron. Muchos comerciantes perdieron sus herramientas de trabajo y no recibieron ningún apoyo real”, lamenta.
En medio de esa incertidumbre, las familias siguen trabajando como pueden. Emidio Plaza compró un motocarro para sostener a su esposa y tres hijos; Fabio Garzón, vendedor de helados, está en busca de un nuevo empleo tras perder su congelador; Lizeth Mejía intenta sacar adelante el negocio que salvó por poco.
