En los últimos días, mientras el país seguía su rutina, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a iluminar una de las regiones que la guerra dejó más fracturadas. Lo hizo con una decisión que remueve capas profundas de la memoria: la imputación de responsabilidad a los comparecientes del Caso 04, el que recorre los ríos, los caminos y los silencios del Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano entre 1986 y 2002. Allí, donde el conflicto dejó marcas que todavía no terminan de cicatrizar, ocho antiguos miembros de las Farc, 21 integrantes de la fuerza pública y cinco civiles fueron señalados como máximos responsables.
Es la primera vez que la JEP vincula conjuntamente a quienes representaron orillas distintas —y a veces enfrentadas— de la guerra, como responsables de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en un territorio que aún intenta contarse a sí mismo sin romperse. Esa decisión abre un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad y obliga a mirar de frente una historia que, por años, se narró en fragmentos.
Los civiles imputados son personas que actuaron en coordinación con el Fondo Ganadero de Córdoba (FGC) y en connivencia con grupos paramilitares, para cometer crímenes que permitieron impulsar proyectos de ganadería extensiva y agroindustria en la zona.
Este territorio fue una pieza clave en el ajedrez del conflicto armado en Colombia: un lugar donde confluyeron intereses económicos, rutas estratégicas y la presencia simultánea de múltiples actores armados. Allí nacieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que más tarde se convertirían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los grupos paramilitares más poderosos y violentos del país.
La guerra en esta región generó graves afectaciones a la población civil que quedó en medio del conflicto. De hecho, la JEP señala que la violencia tuvo un profundo impacto en los pueblos indígenas Emberá Dóbida, Emberá Eyábida, Emberá Katío, Guna Dule, Wounaan y Zenú, y también en el pueblo negro y afrocolombiano.
La investigación permitió identificar tres patrones macrocriminales: formas de conducta recurrentes, sistemáticas y organizadas que no ocurrieron de manera casual ni aislada, y que permiten entender cómo ocurrió la violencia en ese territorio. También reveló un conjunto amplio de conductas violentas, entre las cuales las más frecuentes fueron el desplazamiento forzado, el asesinato selectivo, el acceso carnal o acto sexual violento y el homicidio múltiple.
Estos hallazgos son solo una parte del caso, pues aún está en curso la investigación del periodo que comprende los años 2002 a 2016, que arrojará otros elementos para entender el panorama completo del conflicto en esta zona. Para entender estas decisiones y lo que sigue en el proceso, conversamos con la magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del Caso 04.
Consonante: ¿Qué revelan los patrones macrocriminales sobre las lógicas de guerra en los territorios incluidos en el caso 04?
Nadiezhda Henríquez: En cada uno de los patrones estamos analizando la responsabilidad de Farc, fuerza pública, terceros civiles y funcionarios públicos que están vinculados al caso, encontrando en ellos unas formas de cometer la guerra y unas intencionalidades que pueden ser similares, por ejemplo, el patrón de prejuicio enemigo; y que pueden ser específicas de un grupo de actores como, por ejemplo, en el vaciamiento del territorio con fines de despojo, que fue realizado en asocio entre la fuerza pública, paramilitares y civiles.
En esos dos patrones podríamos también plantear el tercero de control social y territorial. Aquí está la forma de cooptar los territorios, de controlar la representatividad de la autoridad tradicional de los pueblos.
Las formas de violencia fueron muy variadas, muy complejas, muy masivas y realizadas de forma sistemática.
Tenemos una buena cantidad de masacres cometidas tanto por las extintas Farc como por los paramilitares en asocio con la fuerza pública. Las masacres son características de este periodo de tiempo. Los grandes desplazamientos forzados de poblaciones enteras atravesando la selva exponiéndose a todos los tipos de peligro. Son los años más duros del desplazamiento forzado de nuestro país.
Los asesinatos selectivos que se hicieron tanto en uno u otro grupo bajo la acusación de ser adeptos o parte del grupo contrario. Eso está acompañado de muchas desapariciones forzadas, como una estrategia de evitar que se conozcan los crímenes, que se investiguen, que se tenga certeza de que se cometieron.
Esto afectó profundamente a nuestras comunidades, que viven muy lejos de las cabeceras municipales; denunciar en esas condiciones y lograr que se investigue una desaparición forzada es prácticamente imposible. Fueron crímenes que quedaron en la impunidad por ese abandono institucional. Y, en medio de todo esto, hay una serie de hechos de violencia sexual cometidos con múltiples intencionalidades por todos los actores armados.
Tenemos casos de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una multiplicidad de conductas que convergen y que nosotros denominamos el hecho total: un conjunto de violencias que, en su acumulación, buscaban que cada actor armado alcanzara sus objetivos criminales.
C: ¿Cuál fue el lugar de los pueblos indígenas y afrodescendientes dentro del conflicto en el Urabá?
N.H.: Es lo distinto, lo desconocido, lo que despierta desconfianza en los actores armados. Todos ellos vieron en la población indígena, campesina y negra de estos territorios una pieza dentro de un juego permanente de amigo–enemigo: querían controlarlos, dominarlos, poseerlos, someterlos, humillarlos, asesinarlos o desplazarlos para imponer un orden propio que les permitiera afirmar que controlaban el territorio para la guerra, que esas comunidades eran su base, su retaguardia en la confrontación con los otros grupos presentes en la región.
Hubo una intención de transformarlos culturalmente, de cambiar su espiritualidad, de disminuirlos en su condición humana y moral. Y todo eso, en conjunto, es tortura.
C: ¿Qué significado tiene que esta sea la primera vez que la JEP vincula de manera conjunta como responsables a fuerza pública, Farc y civiles?
N.H.: Es la primera vez que sale una decisión que trata de entender las relaciones que se daban en el marco de la guerra, las relaciones conflictivas, pero también las relaciones que se estaban desarrollando en una puja de intereses y de poderes en la cual la forma violenta fue una de las maneras de imponer la voluntad de unos sobre otros.
Y estamos entonces en medio de mucha reflexión sobre esas intencionalidades y sobre esas relaciones conflictivas que se dan en el territorio. Cómo desde allí, desde una idea del conflicto y de la solución pacífica de los conflictos, poder abordar nuestro conflicto armado de cara a la restauración, a la reconciliación y a la paz. Por eso el enfoque es relacional. Y claro, están los tres actores y eso no se había hecho nunca antes en ningún tribunal.
C: ¿Cómo habla esto de la complejidad del conflicto que se vivió en el Urabá, y de las zonas grises en las relaciones entre actores que marcan el conflicto armado en Colombia?
N.H.: Esa es la manera de entender qué fue lo que realmente pasó y por qué pasó. Comprenderlo nos permite buscar soluciones, poner cada cosa en su justa dimensión y evitar que esto se convierta en una puja de poderes, donde incluso la justicia puede ser usada para intereses particulares.
Lo que buscamos es que, a partir de entender lo ocurrido en el conflicto armado en Urabá, se siembren las bases para construir la paz: reconstruir relaciones, recomponer los tejidos sociales, recuperar las confianzas y, ¿por qué no?, también las esperanzas de que es posible salir de este conflicto.
Poniendo sobre la mesa los intereses que están en juego y lo que se está dispuesto a ceder, lo que se está dispuesto a otorgar, a conceder al otro para construir paz juntos, ¡es que no podemos seguir así! Es que si se parte de la eliminación y de la exclusión de campesinos, indígenas, negros para imponer proyectos de desarrollo, no es posible construir paz. Y tenemos que entender que eso también está en las motivaciones de lo que sucedió en Urabá.
C: Los hallazgos y decisiones que se están tomando en este caso, ¿qué impacto pueden generar a largo plazo en los territorios?
N.H.: Lo que estamos trabajando aquí viene de las metodologías de las formas alternativas de solución de conflictos, de las teorías que hay sobre la solución de conflictos.
Estamos inmersos en un conflicto que queremos solucionar, y es desde ahí que vamos identificando los actores, los intereses, los juegos de poder, las líneas de tiempo y las características que nos permiten comprender cómo se configuraron las relaciones: relaciones conflictivas, violentas, profundamente atroces, pero que, al final, son relaciones entre seres humanos. Y justamente por eso debemos encontrar formas de diálogo que permitan reconstruirlas y abrir camino a nuevas formas de relacionamiento, más democráticas.
Ese proceso solo es posible con verdad y con justicia, pilares que devuelven confianza, que recuperan la credibilidad en el Estado y que también reavivan esperanzas.
Son apuestas colectivas que terminan convirtiéndose en pactos. Y eso es lo que viene ahora: empezar a construir esos pactos para salir de este conflicto, al menos en una región del país. Así como Urabá fue laboratorio de guerra, hoy puede ser laboratorio de paz.
C: ¿Cuáles son las implicaciones inmediatas que tiene la imputación para los comparecientes y qué sigue en el proceso?
N.H.: Que reconozcan responsabilidad y que se preparen para un hermoso proceso restaurativo, reconciliatorio y de reconstrucción de tejidos sociales en la región. Contamos con ellos para hacerlo, que sean los primeros, los abanderados a partir del reconocimiento de responsabilidad. Tienen la oportunidad.
Tienen 60 días para que reconozcan la responsabilidad. En ese tiempo empezamos los procesos en diligencias dialógicas restaurativas. Vamos entonces a ir facilitando el camino hacia lo restaurativo, desde el reconocimiento.
Ahora bien, nuestro caso tiene otra mitad, que es 2002-2016, en la cual ya llevamos un tiempo versionando, haciendo versiones voluntarias, investigando, organizando la información, clasificándola, analizando, sistematizando, haciendo el análisis. Y en versiones voluntarias con bastantes comparecientes a la fecha que nos dan cuenta de lo que sigue, de cómo esas pasarelas temporales siguen impactando y siguen desarrollándose nuevas victimizaciones, pero también la consolidación de nuevos poderes y nuevos actores y nuevas relaciones en el territorio, relaciones violentas. Así como las posibilidades que tenemos para reconstruir. Así que nosotros seguimos investigando 2012-2016.
Tenemos unos grupos grandes de personas que próximamente van a ser remitidas a la sala de definición de situaciones jurídicas por no tener una participación determinante.
C: Dado el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio y la preocupante situación de seguridad para personas y comunidades víctimas, ¿cómo está garantizando la JEP su protección en el marco de este proceso?
N.H.: Efectivamente, hay unas condiciones que deben ser atendidas por distintas instancias del Estado colombiano. Existen compromisos que requieren la participación de otras instituciones, no solo de la JEP. Desde la Jurisdicción, junto con la Unidad de Investigación y Acusación y con apoyo de la UNP, hemos adoptado medidas de protección individuales y colectivas en los lugares donde hemos identificado mayores niveles de riesgo. Pero no se trata únicamente de proteger personas: también estamos protegiendo cementerios y documentos, como los archivos de la Justicia Penal Militar, que en su momento también estuvieron en riesgo.
C: ¿Qué considera esencial que el país comprenda sobre las verdades que están saliendo a la luz en este caso?
Que esto que está saliendo a la luz en Urabá es lo mismo que ha ocurrido en muchas otras regiones del país.
Urabá es una muestra, un espejo que nos permite vernos todos.
Esta guerra no se puede seguir entendiendo como una competencia por establecer quién tiene más culpa o quién carga con la responsabilidad mayor. Lo esencial es asumir, entre todos, la tarea de sanar, reconstruir, perdonar, reconciliarnos y buscar aquello que aún podemos hacer juntos para salir de este conflicto. Debemos reconocer que, en cualquier región del país, estamos atravesados por el mismo problema y que nos corresponde construir juntos. Porque la fórmula violenta —la que se basa en eliminar, destruir o derrotar militarmente al otro— no ha funcionado. Así que necesitamos buscar otras maneras.
