Como en otras temporadas de elecciones, el pasado domingo, grupos de simpatizantes se quedaron en los comandos de campaña hasta conocer los resultados. Al final del día, la euforia se desbordó: fuegos artificiales y disparos al aire resonaron en varias comunidades de la zona rural en celebración de la victoria de los candidatos, varios de apellidos conocidos por su poder político. La fiesta se trasladó a los billares y estaderos de los pueblos, pese a la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas durante los comicios.
Carteles en una casa de la zona rural de Fonseca. Foto: cortesía.
En contraste con los puntos rurales, en las áreas urbanas la jornada electoral se vivió de manera diferente: más tranquila y organizada. José Armando Olmedo, economista y escritor de Fonseca, cuenta que a pesar de las dificultades y las irregularidades, “hubo un buen comportamiento por parte de la sociedad, a pesar de que hubo intentos frustrados de compra de votos", afirmó.
Si bien el departamento alcanzó tres representantes directos en el Senado, Olmedo destaca que La Guajira enfrentará desafíos importantes en materia de gobernanza y representación, debido a que los candidatos electos son de distintas corrientes políticas y proponen distintos modelos económicos para los recursos de la región.
“Aquí, la clave es que estas personas trabajen en conjunto. Dejen las diferencias a un lado y podamos construir soluciones para los problemas que tiene La Guajira”, enfatizó Olmedo.
Se trata de Alfredo Rafael Deluque Zuleta, por el Partido de la U; Martha Peralta Epieyú, quien ocupó una de las dos curules indígenas del Senado con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais); y la sorpresa de la contienda: Deisy Johana Osorio Márquez, por el Pacto Histórico.
Deluque destaca por alcanzar su quinto periodo en el Congreso —tres en la Cámara y dos en el Senado—. Sin embargo, a pesar del respaldo que volvió a recibir en las urnas el pasado fin de semana, distintos sectores cuestionan que, durante todos esos años de trayectoria legislativa, no haya impulsado con suficiente fuerza en el Capitolio las problemáticas estructurales de La Guajira ni las demandas históricas de sus comunidades. Sus críticos señalan que buena parte de su actuación reciente se ha concentrado en ejercer oposición al gobierno de Gustavo Petro. En esta nueva campaña, por su parte, Deluque puso el énfasis en una agenda enfocada en la digitalización y la llamada “modernización económica”.
El riohachero ha enfrentado señalamientos públicos y denuncias periodísticas por supuesta influencia en la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira. El senador ha respondido públicamente negando cualquier irregularidad en estos manejos. En su familia resalta el caso de su padre, David Deluque Freyle, exgobernador de La Guajira, a quien la Corte Suprema de Justicia le ratificó una condena de más de ocho años de prisión por ejecutar contratos de alcantarillado y obras públicas de manera indebida en Maicao y Riohacha mientras era gobernador.
También, Martha Peralta repite curul en el Senado, después de haber estado en la lista del Pacto Histórico para el periodo 2022-2026. Aunque ha apuntado a representar las necesidades de las comunidades más vulnerables relacionados con el acceso a agua y alimentos, la mujer Wayuú se encuentra investigada por posible tráfico de influencias dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), investigación en la que buscan determinar si la senadora jugó un papel determinante para beneficiar congresistas a cambio de que respaldaran las reformas del gobierno Petro, así como por el direccionamiento de contratos en esa entidad.
La sorpresa, sin duda, fue la candidata del Pacto Histórico, Johana Osorio, quien ocupará el puesto 21 en el Senado, una curul definida por la lista cerrada de esa colectividad, cuyo orden se estableció a partir de la consulta interna realizada en octubre de 2025. Con apenas el 0,7 % de los votos (16.981), logró ubicarse en esa posición dentro de la lista.
Osorio es administradora de empresas y contadora pública. Se presenta como “coach ontológica” y como lideresa social de Maicao, además de feminista y defensora del agua. Ha ocupado el cargo de edilesa y, en las elecciones de 2023, aspiró al Concejo de ese municipio, pero no logró obtener una curul. En los últimos años también se ha desempeñado como vicepresidenta de Mujeres y Géneros de Colombia Humana.
En 2024, el foco mediático le había puesto atención a la candidata y a su esposo, Félix Humberto Rosania Aguirre, administrador de empresas y exdirector departamental de la Ungrd, por un presunto escándalo en el departamento. Según denuncias de habitantes de Maicao, el programa de ollas comunitarias en La Guajira —a través del cual la Ungrd buscaba asistir con alimentos a cientos de comunidades vulnerables del departamento— se utilizó para hacer campaña política a favor de Osorio cuando aspiraba al Consejo del municipio. La pareja ha negado estas acusaciones. Consonante conoció que algunas madres comunitarias denunciaron incumplimientos en los pagos y los beneficios del programa, deudas que, al día de hoy, no se han solucionado.
Para la Cámara de Representantes, las dos curules del municipio quedaron en manos de Jorge Armando Figueroa Angarita, ‘Nenón’, por el Partido de la U, y de Juan Loreto Gómez Soto, ‘Juanlo’, por el Conservador. Ambos oriundos del municipio de Barrancas, se llevaron el mayor número de sufragios, con más de 60 mil votos cada uno. Mientras algunos líderes describen a Figueroa como un “aparecido político” aliado de la casa Deluque, Gómez Soto se destaca por presuntos escándalos de corrupción y de compra de votos.
Olmedo resalta que la polarización política en Colombia puede afectar la relación entre los representantes de La Guajira y el Gobierno nacional, dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales. “La derecha del país habla de devolver al carbón, la minería, al gas como motor económico para este departamento; mientras que la izquierda se va más por el modelo económico del turismo y la energía renovable”, advirtió.
También la curul de paz que abarca los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira ha sido uno de los focos de atención en estas elecciones. Estos escaños fueron creados en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 con el propósito de que las víctimas y las comunidades más afectadas por el conflicto armado tuvieran representación directa en el Congreso.
Sin embargo, la elección —y ahora reelección— de Jorge Rodrigo Tovar Vélez en esta curul ha sido cuestionada. Tovar es hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, quien comandó el Bloque Norte de las Auc. Para distintos sectores y organizaciones de víctimas, su presencia en este escaño resulta problemática, no solo por ese vínculo familiar, sino también por las marcadas desigualdades económicas y de visibilidad política frente a otros candidatos provenientes directamente de comunidades afectadas por la violencia, quienes aspiraban a esa representación.
Las fuerzas de siempre en la Cámara
La contienda por la Cámara estuvo dividida por las dos grandes fuerzas de siempre. Por un lado, el senador Alfredo de Luque busco mantener su hegemonía apoyando tres fórmulas para la Cámara de su partido: el exalcalde de Albania, Pablo Parra Córdoba —vinculado políticamente a la exgobernadora Oneida Pinto—; el empresario Jorge Armando ‘Nenón’ Figueroa —exsecretario de Desarrollo Económico de la actual Gobernación de La Guajira—; y la líder Hortensia Bernier Sánchez —quien es reconocida por su trabajo social con comunidades Wayúu—.
Este primer bloque cuenta con el respaldo de sectores de la administración departamental, en cabeza del gobernador, Jairo Alfonso Aguilar Deluque —familiar de Alfredo Deluque—, y el exgobernador, Raúl Roys Garzón. Sin embargo, algunos expertos señalaron ciertas preferencias dentro del partido. Según información de Seminario La Calle, por decisión del senador Deluque se habrían realizado maniobras para debilitar la candidatura de Pablo Parra para favorecer de ‘Nenón’ Figueroa, una decisión que habría sido motivada por el músculo financiero con el que cuenta este último por encima del capital político que Parra ostenta.
La cercanía política de Figueroa con el clan Deluque se hizo evidente, al menos, cuando decidió renunciar a su aspiración a la Gobernación y respaldar la campaña de Alfredo Deluque Zuleta. Antes de incursionar en la política en 2023, había trabajado durante varios años en el sector privado: primero en la empresa de su padre, Octavio Figueroa, y luego en su propia compañía del sector de la construcción.
Tiene 36 años, es administrador de Negocios con énfasis en Alta Gerencia de Toronto Metropolitan University, en Canadá, y especialista en Negociación de la Universidad de los Andes. Durante la campaña, Figueroa centró su discurso en propuestas relacionadas con el desarrollo regional y el fortalecimiento de las oportunidades económicas.
En la otra orilla estaba el oficialismo con el Pacto Histórico, liderado por la senadora Martha Peralta. A este sector se le vincula con figuras como Juan Loreto Gómez, cuya candidatura ha sido cuestionada —junto a Peralta— por presuntos nexos en el escándalo de la Ungrd, investigación en la que aún se busca determinar la responsabilidad de congresistas en el direccionamiento de contratos para la aprobación de las reformas del actual gobierno, dineros que se habrían trenzado a partir de sobrecostos en la compra de carrotanques para el departamento.
A la campaña de Peralta y Gómez se sumó el respaldo de Samuel Santander Lopesierra, más conocido como ‘El hombre Marlboro’, un reconocido traficante de licor y cigarrillos en siglo pasado —mientras ejercía la política— y condenado por narcotráfico en Estados Unidos quién estuvo 20 años en prisión. A su regreso al país, tras purgar su condena, retomó el ruedo de la política en Maicao, pero por su pasado delictivo se encuentra inhabilitado para ejercer puestos públicos y desde hace unos años apoya al clan Soto.
‘Juanlo’ es ingeniero industrial y especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Norte. Fue secretario de Planeación de la Gobernación de la Guajira y, a sus 40 años, repite puesto en la Cámara, después de 4 años de haber hecho parte de la Comisión Cuarta, que se encarga de asuntos del presupuesto nacional.
Es hijo de la exrepresentante a la Cámara María Cristina ‘Tina’ Soto de Gómez, elegida en 2018 por el Partido Conservador Colombiano. Soto renunció a su curul en abril de 2022 en medio de una investigación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia por presunta corrupción electoral. En ese proceso también se mencionó a su hijo: durante su primera candidatura al Congreso, la Corte compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigara su posible participación en estos hechos.
En elos anteriores comicios legislativos, Juan Gómez llegó al Congreso con el apoyo de su primo, Iván Mauricio Soto, entonces alcalde del municipio de Barrancas (2020-2023) —e investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades en el nombramiento desi gabinete—. Loreto también ha sido investigado por presuntas irregularidades en contratos viales direccionados a congresistas aliados. Además, también cursa contra él una investigación cuando las autoridades encontraron armas y municiones en un vehículo de su esquema de protección.
Durante la campaña, algunos candidatos estuvieron en vilo por la incertidumbre jurídica, sin embargo el Consejo Nacional electoral dejó firme las candidaturas de dos aspirantes: Límbano Alfonso Díaz por el Pacto Histórico —al cual se le desestimó una denuncia por doble asignación del tesoro público relacionada con su trabajo en el Congreso y la Universidad de La Guajira— y la de Pablo Parra del Partido de la U —quien superó una solicitud de revocatoria por presunto proselitismo indebido en la asamblea departamental—.
Votos, en cifras
De acuerdo a los datos de la Registraduría Nacional, había 708,871 ciudadanos habilitados para votar en el departamento, más de 63 mil personas en comparación con las elecciones de 2022. Las autoridades dispusieron 218 puestos de votación y 2.155 mesas en los 15 municipios. Según el preconteo de votos, la participación de los guajiros rondó el 50 por ciento del censo electoral del departamento —un ligero aumento a las de hace cuatro años, donde se registró un 47,9 por ciento de participación—, de los cuales se registraron 304.735 votos válidos (93 por ciento) para la Cámara de Representantes y 277.216 votos válidos (92,6 por ciento) para el Senado.
A la Cámara de Representantes de La Guajira, el Partido de la U, arrasó, con 144.573 votos
(47,44 por ciento) y el candidato Jorge Armando Figueroa, quien sacó 65.157 votos, se quedó con el primer escaño. El partido Conservador sumó 84.633 votos (27,7 por ciento) y la curul se la volvió a quedar Juan Loreto Gómez, con 64.658 votos —quien aumentó su capital político en comparación con 2022, cuando había alcanzado 53.164 votos—.
En los municipios donde hace presencia Consonante, el Partido de la U se consolidó como la fuerza mayoritaria. En San Juan del Cesar obtuvo 10.007 votos (52,5 por ciento de la votación válida) y en Fonseca, 7.186 votos (47,8 por ciento).
Los siguientes puestos muestran tendencias distintas en estos dos municipios, a pesar de que el Partido Conservador se quedó con el segundo puesto en ambos. En Fonseca el Partido Conservador le ganó al Pacto Histórico solo por 72 votos; allí el partido tradicional obtuvo 3.223 votos (21,4 por ciento) y el partido de oposición 3.151 votos (20,97 por ciento). En San Juan del Cesar, la diferencia entre ambos partidos fue mayor: el Conservador se llevó 5.508 votos (28,89 por ciento) y el Pacto histórico 2.024 votos (10,61 por ciento).
En San Juan del Cesar y Fonseca, la mayor votación fue a favor de Figueroa. En Fonseca, el representante a la Cámara por el Partido de la U, obtuvo 3.234 votos (21,52 por ciento) y Gómez, 2.430 (16,1 por ciento). Mientras que en San Juan del Cesar, Figueroa sacó 7.150 votos (37,51 por ciento) y Gómez, 4.649 (24,39 por ciento).
Para el Senado, el 36,2 por ciento de los votos del departamento fueron para el Partido de la U (100.541 votos), el 20,3 por ciento para el Conservador (56.292) y el 13,4 por ciento para el Pacto Histórico (37.377). Por quinta vez, el guajiro Alfredo Deluque vuelve a ocupar una curul en el legislativo y el departamento le aportó más de la mitad de los votos: 63.962 de los 113.091 que lo posicionaron en el tercer lugar de los congresistas más votados en la lista de la U —sus número enseñan mayor respaldo a nivel departamental y nacional, pues en las elecciones de 2022 en La Guajira se había llevado 51.425 votos, con un total nacional de 81.300—. Por el mismo partido, el cartagenero Antonio Correa Jiménez —quien ya había ocupado ese escaño en 2010 y 2022— recibió 3.766 votos desde La Guajira, de los 84.239 que lo llevaron al Congreso.
En el Partido Conservador los candidatos más apoyados por los guajiros y que llegaron al Congreso fueron, el cordobés Wadith Alberto Manzur Imbett, que sacó 14.182 votos en el departamento de los 134.914 de todo el país —y quien dio el salto desde la Cámara por Córdoba—; y el antioqueño Daniel Restrepo Carmona, que contó con 13.867 de La Guajira, de los 122.380 a nivel nacional.
Martha Peralta alcanzó uno de los escaños indígenas del Senado al reunir 61.098 votos en todo el país con el partido Mais, de estos, el 55 por ciento fueron puestos por La Guajira (33.922 votos). Vuelve al Congreso, tras haber formado parte de la lista cerrada del Pacto Histórico en 2022, donde fue puesta en el sexto puesto y fue elegida como la primera mujer Wayuú al Senado.
En La Guajira también hacía parte de la contienda por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Fruto del acuerdo de paz, las víctimas de tres municipios del departamento y otros 10 más pertenecientes a Cesar y Magdalena votaron para elegir a quien, por última vez, ocuparía ese espacio en el Congreso. Como muchos sectores lo advertían, la suerte de esas elecciones estaba anunciada.
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En los tres departamentos, la Asociación Paz es Vida obtuvo 26.937 votos (53,5 por ciento de toda la votación), de los cuales 23.989 fueron para el candidato Jorge Rodrigo Tovar —solo en La Guajira obtuvo 7.464 sufragios—. Las listas que le siguen, juntas, rondan sólo el 15 por ciento de las votaciones. Cada una la lideran Hilary Sorani Sánchez Arengas, con 2.247 votos, y Carlos Alfonso Cassiani Barrios, con 3.210, conocidos en la región por ser liderazgos comunitarios.
El precio de las elecciones
En la vereda Pondores, zona rural del municipio de Fonseca, las elecciones del domingo se desarrollaron con una particularidad: el colegio de Almapoque fue habilitado por primera vez como punto de votación. Desde este lugar se buscaba garantizar el derecho al voto de familias de ese corregimiento y las comunidades como Lourdes, El Rincón o Las Bendiciones. En los anteriores comicios estas familias solo contaban con el puesto del corregimiento de Conejo.
Soldados y policías se hicieron presentes desde temprano en la institución para escoltar la única mesa de votación que se habilitó en el comedor de la pequeña escuelita y aunque recibieron con gusto el nuevo puesto, a los líderes de la región les inquietó ver decenas de caras nuevas llegando a votar. Varias llegaron en carros y camionetas que no usan las familias de la región por no estar aptas para moverse en las trochas de esa parte de la Serranía de Perijá, incluso, un grupo de personas apareció a bordo de un camión, se reunieron en una finca de la zona y votaron allí.
Desconfían porque han visto cómo año tras año se pagan los votos. Explican que así lo vivieron al salir del colegio: tras ejercer su derecho al voto, muchos electores utilizaron sus teléfonos celulares para compartir información sobre el proceso y comentar cómo avanzaba la jornada. Otros aprovecharon para mencionar acuerdos económicos vinculados al sufragio.
Coincidieron en que los compradores ahora operaban de manera más discreta, con fachadas más hábiles, y el único movimiento masivo que observaron en zona rural en esa parte del municipio fueron las carpas de los candidatos más fuertes del departamento que servían para indicarles a las personas cómo votar por esos candidatos, repartir tarjetas discretas con la información de cómo votar y ofrecer un refrigerio.
Para el departamento, la Policía señaló mayores resultados para desmantelar la criminalidad electoral, en comparación con los operativos durante los comicios de 2022. Para este año, indicó que 46 personas fueron capturadas por delitos electorales, $3.761 millones, y 52 fueron capturadas por incautación de dinero. Sin embargo, pese a las campañas en favor de la transparencia y contra la compra de votos, persisten prácticas asociadas a las viejas maquinarias políticas.
Unos días antes de estas elecciones, el municipio de Hatonuevo, sobre la vía que une los municipios de Distracción con Albania, quedó expuesto como un posible indicio sobre estos delitos electorales. En un vehículo, la Policía descubrió 145 millones de pesos en efectivo, cuidadosamente guardados en sobres marcados con los nombres de municipios del departamento. Junto al dinero apareció propaganda política de Daniel Restrepo, oriundo de Itagüí, Antioquia, actual representante a la Cámara por ese departamento y candidato al Senado por el partido Conservador.
La sorpresa fue mayor cuando se conoció que uno de los capturados hacía parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, el abogado guajiro Jaime Luis Lacouture. Sin embargo, un juez ordenó la libertad inmediata del escolta y la devolución del dinero, al considerar que la detención no se ajustó a la ley. Lacouture y su escolta afirmaron que los sobres fueron marcados por la Policía y que el dinero estaba destinado a comprar un vehículo.
La trayectoria de Lacouture ha estado manchada por cuestionamientos: antes de asumir el escaño en la Cámara para los periodos 2018-2022 y 2022-2026, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, donde entregó credenciales a congresistas apenas un día antes de su cambio de función. En su círculo cercano figura el senador conservador Carlos Trujillo, hoy involucrado en el escándalo de la Ungrd.
Estos delitos electorales buscan influir en la decisión de los votantes y aprovecharse de las necesidades de algunas familias, una situación especialmente sensible en el municipio.
