Desde el jueves, el ambiente en el puerto de Inírida es de fiesta. Decenas de botes han llegado llenos, con personas provenientes de las comunidades indígenas que habitan a lo largo de los ríos y caños de la región. En la orilla, personas vestidas con camisetas de distintos partidos políticos observan con atención cada embarcación que se acerca, tratando de identificar el color de la bandera que alguno de los tripulantes sostiene.
Cuando se reconoce el color, los gritos y aplausos no se hacen esperar. Si es azul celeste, las personas identificadas con la camiseta de Cambio Radical y con el nombre de Carlos Cuenca se apresuran a recibir a los recién llegados. Si, por el contrario, la bandera es verde, las personas con la camiseta del partido de la U y con el nombre de Beatriz Castaño hacen lo propio. Aquí, al parecer, no existe el voto secreto. Cada persona que llega es un número más para un candidato.
Las banderas no las traen desde sus comunidades. Un indígena del pueblo Puinave cuenta que, mientras descienden río abajo, sus embarcaciones son abordadas por botes mucho más grandes que llevan los distintivos de los candidatos. En ese punto les entregan camisetas, afiches y las banderas del color con el que serán identificados al llegar al puerto de Inírida.
Una mujer que recibe a los indígenas y que porta distintivos de Cambio Radical dice que esperan a 4.000 personas del río, posibles votos para el candidato Carlos Cuenca. Cuando los botes llegan, todo se activa. Las personas se organizan, forman una cadena humana y comienzan a desembarcar. De mano en mano pasan bolsas, paquetes, colchonetas, ventiladores, ropa y bolsos, mientras todo es trasladado y acomodado rápidamente en los vehículos que esperan en la orilla.
La tarea se hace rápido, calculada, sin perder tiempo. Hay muchas personas por recibir y la logística es compleja. De las embarcaciones se bajan jóvenes, hombres, mujeres y muchos niños. Muy pocos portan algún distintivo de los candidatos. Entre ellos y quienes los reciben solo existe un vínculo: una promesa y una lista. Sus nombres están en esos documentos desde hace varias semanas. Cuando todo está listo, trasladan a los indígenas al lugar donde se hospedarán hasta el domingo 8 de marzo, día de las elecciones al Congreso. Las casas y hoteles de la capital están llenas de los votantes que cada candidato ha traído desde los ríos.
Las curules se ganan en los ríos
Desde hace un mes comenzaron a llegar en grupos. Los indígenas vieron a estas personas navegar ríos que rara vez visitan y entrar a comunidades de las que solo se acuerdan cada cuatro años. En algunas ocasiones llegaron los candidatos; en otras, solo sus emisarios, con el rostro del aspirante y el logo del partido impresos en camisetas. Más que a hacer campaña, parecían llegar a ofrecer transacciones: votos a cambio de algo.
Hernán* pertenece a una de las comunidades indígenas que habitan sobre el río Inírida y no recuerda haber votado por convicción: “la política ha estado aquí con nosotros ya manipulada”.
Según afirma, desde que tiene memoria, siempre ha funcionado igual: los políticos llegan, ofrecen dinero o trabajo, los llevan a Inírida, les dan comida y hospedaje, votan, regresan a sus comunidades, y no vuelven a saber de los partidos o los candidatos hasta cuatro años después.
Los padres de Hernán, muchos de los miembros de su comunidad, sus abuelos e incluso él mismo han aprendido que las elecciones legislativas son la oportunidad para ganar algo de dinero: comprar el mercado que hace falta, conseguir un par de galones de gasolina para salir a pescar o adquirir algún objeto deseado al que normalmente no pueden acceder. Esta ha sido la realidad de Guainía durante décadas.
Este año no ha sido la excepción: “tenemos el encuentro con los candidatos en una casita donde nos dan el pago. Hacemos la fila, cada uno con su cédula y se les tira 100 o 200 mil pesos a cada votante para que puedan votar al partido que les paga. Y cuando vamos a Inírida, bajando a votar a los puestos de votación, allá nos reciben los miembros del candidato y nos dan un desayuno y un almuerzo para ese día, y nos dan transporte para ir a votar al sitio”, señala Hernán.
Lo que durante estos días se ha visto en el puerto de Inírida, con los grupos de personas que reciben a las embarcaciones, tiene las características que él menciona y que podrían ser parte de la cadena de compra de votos que inició por lo menos un mes antes. Como señala otro integrante de las poblaciones locales, hasta su territorio llegaron personas de diferentes partidos, hablaron con los líderes y realizaron acuerdos con los capitanes de las comunidades.
Agrega que cada persona tiene un precio, y por eso las ofertas van desde los 100 mil hasta los 300 mil pesos. Cuando el acuerdo se cierra, el capitán entrega un listado con nombres y números de cédula, que le permite a los partidos verificar el lugar en el que están inscritos y saber si cuentan con ese voto. Con base en el listado final se calcula el dinero que se debe entregar por comunidad.
Afirma esta persona que el dinero lo reciben de manera posterior, cuando la comunidad esté en Inírida y se verifique la cantidad total de votos. Desde el sábado 7 hasta el domingo 8 de marzo, al mediodía, se realiza la transacción.
En medio del río, antes de llegar a Inírida, o en las casas en las que se hospedan, las comunidades son abordadas por personas que traen el dinero en efectivo. Cada uno recibe su parte y se recuerda el compromiso de votar por el candidato.
“Los del partido Radical y el Partido de la U sí van a pagar voticos, van a tirar plata. Los otros partidos todavía no han anunciado si van a pagar o si solo van a dar mercado o transporte para ir a votar. Esa es la opción de algunos partidos. Pero Radical y la U sí le van a meter plata a eso”, señala Hernán, basado en la experiencia de todos los años en los que ha visto repetirse estas prácticas que parecen no cambiar.
Él sabe que esta transacción no es correcta. Dice que la política “manipula la mente de los votantes con esas prácticas de comprar el voto”; pero también reconoce que para ellos es un privilegio aprovechar esta oportunidad para tener algo de dinero “porque no hay trabajo, y la única opción es recibir esa platica porque ahí es donde se gana algo”, afirma.
“Este año están haciendo muchas propuestas en las cuales nos dicen que nos van a ayudar. Nos tienen en cuenta por el momento, pero después de que pase las elecciones ya no nos tienen en cuenta. Solo nos van a tirar para la gaseosita o un mercadito para unos 10-15 días. Eso es lo que se ha venido practicando en esta política”, afirma.
Alberto* es contratista de la Gobernación de Guainía; ha visto de cerca esta dinámica propia de la época electoral. Además de dinero sabe que hay otro tipo de ofertas que los candidatos le hacen a las comunidades: “en materiales de construcción, en trabajos con el Estado, en algún tipo de beneficio o trámite que tenga a cargo el Estado, en una omisión inclusive por parte del Estado”. Así se compra la conciencia acá, en un municipio en donde casi todo gira en torno al sector público”, señala.
El problema, según Alberto, es que se trata de una práctica normalizada, especialmente en las comunidades indígenas que constituyen la mayor parte de la población del departamento. Considera que las condiciones geográficas facilitan que esto ocurra, pues las comunidades se ubican en zonas dispersas, a las que solo se puede acceder por vía fluvial y con poca presencia de autoridades. Pero hasta allí logran llegar algunos simpatizantes de partidos políticos, aprovechando estas condiciones particulares. “Con 200 o 300 mil pesos usted no va a suplir las necesidades de 4 años; por el contrario, va a ahondar en su pobreza, va a ahondar en esas necesidades. Entonces, no se justifica de ninguna manera y lo que está es cediendo derechos en los siguientes 4 años por cualquier peso”, dice.
El juego del “todo vale”
A pesar de la intención de algunos candidatos de ir en contravía de esas prácticas, los demás podrían estar incurriendo en delitos electorales ante los ojos de la comunidad, incluso con el conocimiento de las autoridades, según varias fuentes consultadas.
En la Gobernación de Guainía podrían estar ocurriendo casos de presunto constreñimiento al sufragante. Alberto, funcionario de esta entidad que pidió la reserva de su nombre, le contó a Consonante que en su oficina les dieron una orden clara: votar por el candidato que, como es vox populi en el municipio, cuenta con el respaldo de la actual administración.
“Eso es completamente injustificable, no hay autoridad en el territorio, es evidente, enfrente de todo el mundo, no solo esta entidad, sino también otras, de otras campañas. El Ministerio Público, la rama Judicial y la misma Fuerza Pública están cooptadas acá por esos ejercicios tradicionales políticos que permiten que libremente sigan haciendo este tipo de cosas en el territorio y no pase nada”, afirma.
Las mismas condiciones de carencias en el territorio generan un escenario propicio para las maquinarias, pues convierten la oferta institucional en beneficios con los que pueden transar. “Eso le da un plus a esas campañas tradicionales (...).
Entonces, si usted tiene una alcaldía, una gobernación, un Sena, un Icbf, una corporación ambiental, que son entidades grandes del territorio, en donde son más de 3.000 contratistas, entonces usted está jugando con 3.000 votos y sus familias. Contar con esa maquinaria en gran medida asegura la continuidad de esos proyectos en el territorio”, dice Alberto.
De hecho, recuerda que el año pasado a causa de la emergencia por inundaciones en el departamento, recibieron ayudas humanitarias por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y que estos elementos se utilizaron para hacer actividades de proselitismo.
Aunque estas situaciones son conocidas por la población del departamento, considera que la práctica está tan arraigada que no se ve como algo malo. Por eso no se denuncia, aunque también puede ser efecto de la desconfianza o temor. Él se atreve a decir que hay un riesgo para la vida de quienes denuncian: “Aquí han habido varios casos de personas que han fallecido fuera de la ciudad y que estuvieron relacionadas con campañas, de los que poco se habla. En el territorio, personas que eran muy activas en redes y en denuncias públicas ya no nos acompañan”, señala.
Para él la cooptación de las instituciones está en el centro del problema: “Quienes ejercen el Ministerio Público, el poder electoral y el poder militar y Policía inclusive, a veces, me atrevo a decirlo, pues son de esas mismas casas políticas tradicionales. Entonces es muy difícil. Y por eso la gente tiene miedo o desinterés en acudir allá porque es el amigo del amigo de tal casa política”, afirma.
Aunque las personas que consultamos hablan de desinterés o falta de confianza en la institucionalidad para denunciar, el mayor Mauricio Díaz Castro, comandante operativo del departamento de Policía de Guainía, dice que las instituciones correspondientes están preparadas para recibir las denuncias en caso de que existan.
Díaz Castro agregó que frente a un delito electoral esa institución puede actuar de dos formas: cuando se descubre el delito en flagrancia, o mediante orden judicial previa investigación. “¿Qué hacemos nosotros como Policía Nacional en caso de una flagrancia, de que alguno de nuestros policías logre evidenciar que se está consumando un delito electoral? Inmediatamente actuaremos y haremos la captura y pondremos a disposición. Pero siempre y cuando nosotros veamos la flagrancia, mientras tanto están todos los agentes de control que hacen todas esas verificaciones”.
¿Quiénes son los candidatos a la Cámara de Representantes?
20 candidatos de ocho partidos se disputarán las dos curules disponibles para el departamento de Guainía en la Cámara de Representantes. Algunos nombres de los que aparecen son nuevos o poco conocidos, otros son personas con trayectoria política o que se han hecho populares por las alianzas que han tejido en el departamento.
Entre ellos, uno de los más mencionados es Carlos Alberto Cuenca Chaux, candidato por el partido Cambio Radical, quien aspira a ser reelegido. Ha estado en este cargo desde el 2008. En el último periodo quedó elegido con 5.349 votos, el 29,95 por ciento del total de la votación. Según fuentes consultadas en las comunidades indígenas de Inírida, ha sido uno de los políticos con mayor actividad en campaña en las últimas semanas.
Este congresista está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. En enero del 2025 fue condenado en primera instancia como responsable del “delito de corrupción al sufragante agravado en la modalidad de continuado”, porque se demostró que en 2014, en plena campaña, le entregó a comunidades indígenas bultos de cemento y tejas de zinc para que votaran por él. Aunque se dictó una pena de 7 años de prisión, inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa de 588,90 salarios mínimos, está pendiente la decisión en segunda instancia.
Otro de los candidatos más sonados en esta campaña es Jhonn Alexander Molina Betancur, quien aspira a una curul por el Partido de la U. Molina tiene experiencia en el sector público, fue concejal de Inírida y ocupó diferentes cargos públicos, uno de ellos como funcionario del exgobernador Juan Carlos Iral Gómez, de quien se dice que tiene el apoyo para llegar al Congreso, así como del actual gobernador Arnulfo Rivera Naranjo.
Por otro lado, está Diego Alexander Rodríguez, candidato por el Partido Liberal. Es hermano del exgobernador de Guainía, Óscar Rodríguez, quien en 2023 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, que lo encontró culpable de delitos de corrupción relacionados con la contratación pública. Actualmente paga una pena privativa de la libertad de 11 años, con una multa de 4.100 millones de pesos. El nombre de Diego Alexander Rodríguez no es conocido en la política, por eso su aparición ha generado algo de sorpresa en el departamento, especialmente por la relación familiar con una persona condenada por corrupción.
La Registraduría Nacional confirmó que para estas elecciones hay un incremento del 15,79 por ciento del censo electoral en Guainía, lo que implica que 5.000 personas más tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto. En total, el censo de Guainía es de 36.929 votantes. En esta oportunidad se contará con 25 puntos de votación y 122 mesas, tanto en las cabeceras municipales de Inírida y Barrancominas, como en las áreas no municipalizadas.
Según el mayor Mauricio Díaz Castro, comandante operativo del departamento de Policía de Guainía, la seguridad en las áreas no municipalizadas estará a cargo de las Fuerzas Militares, que cubrirán 19 puestos de votación, mientras que la Policía se encargará de seis puestos en los dos municipios del departamento. Pero debido a la extensión territorial el acompañamiento de la institucionalidad será un reto.
*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.
